“Lo que está ocurriendo en Tartagal es gravísimo. En un país y una provincia donde reina la impunidad para quienes violentan al pueblo y a las mujeres y diversidades -como en los casos de gatillo fácil, el narcotráfico, la trata de personas, los abusos y femicidios- sin ninguna dilación y ante la denuncia de ´un tercero´, detienen a la única médica de la localidad que da cumplimiento a una ley que conquistamos con la lucha de años”.
“Al sancionarse la ley de aborto legal en diciembre pasado, el gobierno de Alberto Fernández negoció con el lobby clerical la incorporación de la objeción de conciencia -que permite a las iglesias violentar este derecho en el sistema de salud. La médica presa en Tartagal, integrante de la Red de Profesionales por el derecho a decidir, es la única en toda la localidad que lo garantiza. Esta persecución judicial y su detención, es un ataque no solo contra ella, sino contra toda la marea verde”.
“Esto sucede porque tenemos un sistema de salud y un sistema judicial colonizado por las iglesias. En Salta este oscurantismo está exacerbado, tras décadas de gobiernos peronistas fuertemente aliados a las iglesias. Pero no ocurre solo en Salta y en el NOA. En todo el país las iglesias bloquean la ESI en el sistema educativo, los derechos sexuales y reproductivos en clínicas y hospitales, y son privilegiadas con subsidios, exenciones impositivas y entrega de terrenos.”
Del Plá concluyó: “Esta lucha por los derechos de las mujeres y diversidades y por la separación de la Iglesia del Estado que se manifiesta en las movilizaciones convocadas del día de hoy, que logró la liberación de la médica detenida, también debe expresarse en las urnas. El único frente que plantea llevarla al Congreso y a todas las legislaturas es la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad”.
Romina Del Plá 11 4042-9791
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Romina Del Plá: “El Gobierno tuvo que dar quórum por la presión social de millones de familias endeudadas y la lucha del colectivo de discapacidad”
Durante la sesión especial convocada este miércoles para tratar el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad, la docente y diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad denunció la responsabilidad del gobierno de Milei y llamó a profundizar la movilización.
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Amanda Martín: “Los resultados de PISA son el resultado de años de ajuste y de vaciamiento educativo”
La secretaria gremial de Ademys y legisladora porteña del Partido Obrero - Frente de Izquierda, Amanda Martín, se refirió a los resultados de las pruebas PISA que el Ministerio de Capital Humano utilizó para evadir la responsabilidad del vaciamiento en educación.



“Milei pisó por primera vez en su vida la Villa 31 con guardaespaldas para poder hacer una foto de campaña. Nosotros recorremos todas las villas de la ciudad con los vecinos y vecinas. No sabemos cómo le da la cara de ir a la 31 si lleva en las listas a los defensores de los genocidas que quisieron erradicar la villa apelando a la intervención directa de las fuerzas armadas. Y todos los gobiernos posteriores tanto de Ciudad y Nación quisieron erradicar las villas sin darle una solución habitacional real a la gente. De hecho, la ley de urbanización que votó Juntos por el Cambio lo único que hace es endeudar a las familias y finalmente quitarle las viviendas porque no pueden pagar los créditos.”





Gabriel Solano expresó: “Juan Cabandié tiene que renunciar ya. Parece más el ministro de contaminación que de ambiente y desarrollo sustentable de la nación. Sus dichos al respecto de que es imposible pagar la deuda o generar divisas sin contaminar demuestran a las claras cuales son los intereses que defiende el ministro y todo el gobierno de los Fernández. Mientras crecen las luchas en contra de los agrotóxicos, movilizaciones masivas contra la deforestación, la devastación de bosques y humedales, el gobierno avanza con el acuerdo porcino con China, subsidia y fomenta el fracking en Vaca Muerta y en todo el país, avanza en las construcciones de countries y viviendas de elite en espacios verdes. Entonces la propuesta de “canje de deuda por acción climática” del gobierno es un fraude. Los únicos beneficiados con estas políticas son los pulpos mineros, petroleros y agroindustriales y por supuesto el FMI.”









María del Carmen Díaz informó: “Convocamos a una asamblea en las puertas del Ministerio de Trabajo, medida que también se replicará en otros puntos del país porque las TCP estamos en una situación de emergencia. En junio, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares en la que el gobierno tiene la mayoría resolvió un aumento del 42% en cuotas sobre un salario tan miserable que, todavía hoy, seguimos por debajo de la línea de indigencia. Planteamos que se adelanten las cuotas del aumento pactado tal como sucedió con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, ya que la última cuota recién se cobraría en marzo 2022. Y que se reabra la negociación salarial inmediatamente para exigir un 100% de aumento salarial y el reconocimiento de la antigüedad retroactiva que se nos está negando. Somos trabajadoras, no esclavas por ello nos estamos organizando para formar un sindicato propio, que verdaderamente nos represente y luchar por nuestro aumento salarial y por las condiciones de trabajo.”
Por su parte, Vanina Biasi declaró que “Hay un 70% de trabajadoras de casas particulares no registradas, sin ningún derecho laboral. Frente al trabajo no registrado no ha habido grietas entre macristas y kirchneristas: ninguno movió un dedo. El gobierno de Fernández que ‘venía a terminar con el patriarcado’ mantiene a este colectivo de un millón y medio de mujeres trabajadoras en la más absoluta miseria y las deja desamparadas frente a los abusos patronales. Rechazamos el encuadre bajo el ‘régimen especial’ que discrimina a este colectivo de trabajadoras y las deja sin paritarias, sin acceso al seguro al desempleo, recorta licencias y otros derechos laborales. El viernes vamos a acompañar el reclamo en el Ministerio de Trabajo por el aumento salarial de emergencia.”
Gabriel Solano expresó desde el acto: «Desafío a que vean los programas de todos los frentes y partidos que se presentan, ni el FdT, ni JxC, ni los Milei plantean la separación de la Iglesia del Estado. Solo los socialistas del Frente de Izquierda defendemos el laicismo en estas elecciones. Todos los demás son clericales. Todos los partidos tributarios del FMI prefieren subsidiar a instituciones como las Iglesias que pretende mantener adormecida a una población que es ajustada, es empobrecida y oprimida que sacar esa herramienta y que se desarrollen todas las tendencias a la rebelión popular.»
Vanina Biasi dijo: «Este es un reclamo que levantamos las mujeres con la ola verde de a miles en el 2018. Reclamamos concretamente que se termine con la educación clerical que es discriminatoria con las diversidades de género y sexuales. Y que se aplique una ESI laica y científica como se aprobó hace 15 años y la iglesia católica en alianza con los gobiernos impiden. Queremos que se ponga fin a los abusos de los curas y pastores contra las infancias. Esto es fundamental, nadie habla de esto, los niños no tienen voz y el Estado les impide que puedan denunciar.»
Amanda Martin agregó: «Hoy presentamos la iniciativa en la Legislatura de apropiación del predio del Opus Dei y que allí se construya un refugio para atender la violencia que sufren mujeres y diversidades. Y otro proyecto para que se deroguen los beneficios fiscales de estas instituciones.»
Gabriel Solano expresó: “La única fuerza que se presenta a elecciones y plantea la separación de la Iglesia y el Estado. Lo que implica concretamente en la Ciudad de Buenos Aires y en el país, con todos los beneficios económicos, impositivos y de subsidios que tiene la iglesia especialmente católica. En el proyecto que presenté cuando fui legislador demostré que la Iglesia no paga ingresos brutos, ABL, ni ninguna carga tributaria. Lo mismo pasa a nivel nacional con el IVA. En CABA el macrismo y el kirchnerismo votaron juntos la cesión de 17 predios que suman miles de millones de pesos a las iglesias. Esto sucede porque estas instituciones funcionan como contención para dejar pasar el ajuste, el hambre y la pobreza que los gobiernos llevan adelante.
Vanina Biasi agregó: “El problema de la separacion de las iglesias del Estado es clave. En este país hace 15 años se aprobó una ley de educación sexual integral que no se implementó nunca sencillamente porque la iglesia católica en particular, se interpone. Por otra parte el Estado ya no sólo es cómplice de desviar millones del presupuesto en subsidios y pago de sueldos a la curia, sino que cada gobierno es responsable de haber tercerizado en la curia la asistencia a niñxs que han sido abusados. Desde el caso Grassi, quien fuera defendido fuertemente por el actual Papa Bergoglio cuando era presidente del episcopado, pasando por lxs niñxs hipoacúsicos del Próvolo hasta Gustavo Zanchetta, nombrado por Bergolgio en un alto cargo del vaticano, quien será juzgado por dos casos de abuso sexual en el mes de octubre.»
Amanda Martín dijo: “En nuestro proyecto, desde la banca que me toca ocupar por el FIT-U, propongo terminar con las cesiones y permisos de uso a título precario y gratuito, un eufemismo para poner a disposición de la Iglesia el patrimonio de tierras e inmuebles de la Ciudad. Ponerle fin a los subsidios y poner a disposición ese presupuesto para las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras de CABA.”
Gabriel Solano expresó: “Venimos recorriendo todos los barrios de la ciudad y lo que nos acercan las y los vecinos es un gran descontento con la situación económica y social. Nosotros queremos ser un canal de expresión de esa bronca y desilusión. En medio de esta crisis social sin precedentes, donde el 60% de los pibes son pobres y miles se movilizan por trabajo contra el hambre y la pobreza. El gobierno nacional y la oposición tradicional se tiran fotos y videos violando la cuarentena y vacunando privilegiadamente a los amigos del poder. Mientras hacían responsables a las y los trabajadores de la circulación del virus. Cuando la realidad es que fue un fracaso de las políticas que llevaron adelante tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández, como de Larreta en la Ciudad.” 





Gabriel Solano dijo: «Alberto Fernández no se cansa de repetir que entre los bancos y los jubilados se queda con los segundos. Pero la verdad es que en diciembre, incluso antes de que se desate la pandemia, Alberto, les quitó la movilidad jubilatoria. Esa movilidad era penosa e insuficiente pero peores son los aumentos miserables que les están dando. Ni siquiera con los aumentos de septiembre la jubilación mínima alcanza los $26.000, cuando la canasta básica de la tercera edad está en $64.039. Mientras en lo que va del año, el gobierno ya pagó 720 mil millones de pesos en intereses de las Leliqs.»