Proyecto de Ley
Artículo 1º.- Derógase la ley 4896, que aprueba la addenda al convenio celebrado el 30 de octubre de 2003 entre la Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciduad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Facúltase al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la denuncia del citado convenio.
Artículo 3º.- Se establece la plena vigencia de la ley 2997, en lo que refiere a la percepción del impuesto a los ingresos brutos en las salas de juego y recreación.
Art. 4º.- Confórmase una comisión auditora especial, con el propósito de establecer los ingresos de los Casinos flotantes y salas de tragamonedas así como sus reales costos operativos. La Comisión estará integrada por peritos y profesionales de la Universidad pública en los campos de Ciencias Económicas e Informática.
Artículo 5.- La Comisión instituída en el art. 3º contará con plenos poderes para acceder a la información técnica y contable del (o los) concesionario(s) de salas de juego, tales como:
a) Libros contables
b) Programas de computación relacionados con las máquinas slot
c) Testimonios y denuncias de trabajadores y ex trabajadores de los establecimientos de juego.
Artículo 6º.- De forma.
Fundamentos
En las últimas dos décadas, el juego privado en la Ciudad ha crecido exponencialmente. En 1999, se instala el primer casino en la zona de Puerto Madero. Aunque en la Ciudad de Buenos Aires no estaba legalmente permitido el juego privado, el casino comenzó a operar bajo el subterfugio legal de considerarlo en “aguas nacionales”. Las autoridades de entonces prometieron “colocarle faja de clausura”, pero lo cierto es que el Casino continuó operando. En el 2002, se adicionaron las primeras máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo, autorizadas también por la Lotería Nacional.
La capitulación de la Ciudad ante esta expansión del juego privado no tardaría en llegar: en 2003, bajo el gobierno de Aníbal Ibarra. se firma un convenio entre la Lotería Nacional y el Instituto de Apuestas y Juegos de Azar de la Ciudad. Este convenio, homologado luego por la Legislatura a través de la ley 1192, establece el reparto igualitario entre Ciudad y Nación de lo que el Estado percibía por la explotación del juego en el distrito. Pero a cambio de esa participación, la Ciudad renunciaba explícitamente a toda “pretensión en todos los expedientes judiciales y administrativos actualmente en trámite entre ambas jurisdicciones relacionados con la constitucionalidad de normas, validez de actos administrativos o conflictos de competencias entre ambas partes con relación a la explotación del juego en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
A partir de este acuerdo, el juego privado en la Ciudad creció exponencialmente. El primer puñado de tragamonedas instalado en Palermo se elevó hasta alcanzar un total de 4500 máquinas slot, probablemente la mayor acumulación en el mundo de este tipo de máquinas en un mismo establecimiento. Mientras tanto, en el Casino de Puerto Madero se instalaba otro barco con sendas salas de juego.
En 2007, cinco días antes de dejar el gobierno, el ex presidente Néstor Kirchner firmó un decreto por el cual se prorrogaba la concesión de las máquinas del Hipódromo desde el 2017 al 2032.
El actual gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad no revisó el acuerdo de 2003, y habilitó a nuevos negocios a favor del mismo Cristóbal López, titular de los Casinos de Puerto Madero y socio –junto a Federico Achával- de las instalaciones del Hipódromo. En 2009, la Lotería Nacional licitó a favor del mismo grupo la captura de apuestas on line en la Ciudad, en medio de manifiestos favoritismos e irregularidades denunciadas a la Justicia. El Instituto del Juego porteño guardó completo silencio. Mientras se habilitaban estos nuevos negocios, el mismo Cristóbal López obtenía en la justicia medidas cautelares para eludir el pago del impuesto a los ingresos brutos, según lo establece la ley 2997 para las salas de entretenimiento de la Ciudad
La larga lista de concesiones se completa con la aprobación de la “addenda” al convenio del año 2003, refrendada por la Legislatura en la sesión del 9 de diciembre de 2013 horas antes de que numerosos legisladores oficialistas y de la oposición completaran sus mandatos y dejaran sus bancas. En este acuerdo, la Ciudad renuncia definitivamente a la percepción del impuesto a los ingresos brutos a la recaudación del Casino y de las salas del Hipódromo. Además de perdonar el pago de los impuestos –una deuda que algunos especialistas sitúan en los 2500 millones de pesos-, el convenio establece que la Ciudad desiste en reclamar en el futuro tal impuesto. O sea que se le cedió tal prerrogativa hasta el año 2032.
Se ha justificado este verdadero indulto impositivo en nombre de un régimen de distribución de utilidades y de la percepción de “un canon especial y suplementario neto de deducciones”. Pero ocurre que el Estado desconoce cuáles son los ingresos reales de las salas de juego en la Ciudad, y se guía por lo declarado por la propia empresa concesionaria. Todos los pedidos de informes al respecto han sido rechazados. El gobierno y los legisladores que votaron la “addenda” de diciembre de 2013 no exigieron siquiera la imposición de un método de control sobre los ingresos del juego en la Ciudad.
La hipertrofia del juego privado no es patrimonio del Estado porteño. En el interior, oficialistas y opositores, desde Santa Cruz hasta Santa Fe, han permitido esta expansión con las consecuencias conocidas.
Los casinos son uno de los canales característicos para el lavado de dinero, puesto que el cambio de dinero por fichas (y la posterior operación reversa) permite que grandes sumas de dinero negro sean justificadas como “ganancias de juego”. Así, el desarrollo de casinos es inseparable del crecimiento del delito organizado y la inseguridad ciudadana.
Pero asimismo, casinos, bingos y tragamonedas constituyen un gigantesco gravamen a la miseria popular, donde el trabajador que no llega a fin de mes apuesta a un golpe de fortuna. La descomposición del régimen social imperante, expresada en la criminalización de las finanzas y en el derrumbe social de las masas, tiene en el juego a uno de sus síntomas más exasperantes.
El presente proyecto plantea un primer paso hacia la reversión completa de esta lacra social –que debería llegar finalmente a la abolición del juego y a la conversión de sus salas con fines culturales y formativos.
El paso que planteamos aquí consiste en la anulación del convenio instituído por la ley 4896, recuperando para la Ciudad las facultades plenas de percepción del impuesto a los ingresos brutos. Asimismo, planteamos la formación de una comisión investigadora de los ingresos de las salas de juego y la plena apertura de los libros contables y de los dispositivos técnicos del concesionario, con el fin de determinar sus verdaderos costos e ingresos. Un debate posterior debería conducir, sin duda, a la revisión y derogación del convenio del año 2003.
Esperamos que quienes en los últimos días han manifestado “preocupación e inquietud” por la expansión del juego en la Ciudad aprueben la convocatoria a una sesión especial para la discusión de este cuestión crucial.
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