1° de mayo: acto del Frente de Izquierda vía redes sociales a las 17h

El Frente de Izquierda-Unidad realizará este viernes 1° de mayo un acto en el día internacional de los trabajadores que se transmitirá por Facebook, YouTube e Instagram. Se podrá ver también en www.PrensaObrera.com

30/04/2020


El acto lo abrirá Romina Del Plá. Hablará también Nicolás Del Caño. También Juan Carlos Giordano y Celeste Fierro.


En la previa, que comienza a las 16.15h habrá saludos internacionales de dirigentes obreros de Chile, Brasil, México, Costa Rica, Francia, Perú y Bolivia y referentes del sindicalismo clasista y trabajadores en lucha de Argentina


Romina Del Plá dijo: “Será un 1° de mayo original pero cuya vigencia política es absoluta, en medio de la enorme tensión que en todo el mundo enfrenta al capital y los Estados y los trabajadores. Argentina no se queda atrás: los costos de la crisis económica, que era previa a la pandemia del Coronavirus, pero con ella se profundizó de forma acelerada, la están cobrando a los trabajadores con despidos, suspensiones, recortes salariales pactados por las cámaras empresariales y la burocracia sindical con el Gobierno, congelamiento salarial y una destrucción violenta de las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras, no hay siquiera aumento de partidas en los comedores y para los sectores más empobrecidos bonos de miseria. Los hospitales no tienen elementos suficientes para atender. Mientras, a las empresas no se les reclama siquiera la apertura de sus libros para evaluar sus ganancias. Hasta el planteo de un impuesto a la riqueza desapareció del mapa. Sin recursos, el Gobierno busca el modo de garantizar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta a costa de los recursos nacionales. Esa orientación política nos llevará al hundimiento de los trabajadores en la miseria y a la quiebra del país. Son necesarias la centralización del sistema sanitario, la organización de la industria para atender la pandemia y la nacionalización de los recursos estratégicos y la banca y el cese del pago de la deuda externa.”


“Cuando queda en evidencia en todo el mundo la responsabilidad del régimen capitalista de la pandemia del Coronavirus y en la catástrofe social que se produce que enfrenta la vida a la ganancia capitalista, la lucha por una transformación social de fondo y un régimen obrero y socialista se muestra como una necesidad en nombre de la vida y del futuro de la humanidad.”


 

1° de MAYO: EL POLO OBRERO SE MOVILIZA EN TODO EL PAÍS

11h Plaza de Mayo y más de 500 movilizaciones, ollas y piquetes en 16 provincias.

30/04/2020

Otra semana más concluye sin provisión de alimentos a los comedores populares, que cada vez reciben más reclamos de familias que han perdido sus ingresos y se siguen sumando desocupados por las decenas de miles de despidos que se produjeron en los últimos meses, ante la tolerancia absoluta del gobierno de Alberto Fernández. REPETIMOS LO QUE DENUNCIAMOS VARIAS VECES: ¡HACE MAS DE 20 DIAS QUE NO INGRESA UN SOLO KILO DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES POPULARES!


 


Mientras, la burocracia CGT pacta (sin ninguna consulta a sus bases) con las patronales y el Gobierno rebajas salariales que atacan el salario, en medio de una inflación del 50% anualizado.


 


El Ingreso Familiar de “Emergencia” lleva más de 40 días de idas y vueltas y los insuficientes $ 10.000 aún no lo cobraron los que lo necesitan. Además, hay 4 millones de excluidos del mínimo beneficio. Luego de más de 40 días de desatinos, la renuncia de Vanoli al ANSES (que está siendo saqueado) nos da la razón sobre la denuncia que hicimos sobre las demoras y exclusiones injustificadas de millones de personas.


 


Mientras, se paga la deuda externa como si no pasara nada.  


 


Se acaba la paciencia de los trabajadores ante tanta desidia y falta de respuestas, como lo muestran los obreros mineros de Neuquén, los del frigorífico PENTA, la textil Iberoamericana, o la marcha de textiles en Chubut y las ollas populares que salen a la calle en todo el país. 


 


Sin alimentos y sin ingresos, el Gobierno apuesta al “control social”, que, en los barrios populares ejerce con mano dura la policía de Berni y la Gendarmería de Fredrich.


 


En las villas de la Capital se han producido varios casos COV19, en varias NO HAY AGUA: ayer hubo una enorme protesta en muchos barrios reclamándole al Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta medidas de higiene, agua potable y alimentos imprescindibles para la vida.    


 


¡CON HAMBRE NO HAY CUARENTENA!


 


¡Vamos a la calle! Con barbijo, guantes y distanciamiento social, vamos a levantar nuestros reclamos el 1° de Mayo, día internacional de los obreros del mundo, para que la crisis no la paguemos los trabajadores con nuestra vida y que la paguen los capitalistas con la acumulación de sus ganancias.  


 


MESA NACIONAL POLO OBRERO


 


Eduardo Belliboni:  1156901599

Gabriel Solano: “El jueves 7 habrá una gran movilización contra los salarios en cuotas en la Ciudad de Buenos Aires”

El legislador del Frente de Izquierda rechazó el pago escalonado de salarios al 75% de los trabajadores de la Ciudad

29/04/2020


Luego  de participar de la reunión de la Comisión de Presupuesto que despachó el  proyecto de Emergencia enviado por el ejecutivo, el legislador Gabriel Solano (FIT-PO) sostuvo que “el piso de 3 salarios mínimos para habilitar el pago escalonado es un engaño, alcanzará al 75% de los trabajadores de la Ciudad como informó  el propio presidente de la Comisión. La insistencia del oficialismo en colocar esta habilitación adelanta que pretenden usarla efectivamente. Se trata de un golpe enorme contra decenas de miles de trabajadores docentes y municipales. Para los trabajadores de la salud no hay nada, ni refuerzo de los salarios de pobreza con los que atienden  la pandemia, ni salario para los 1400 concurrentes, ni pase a planta para residentes ni reconocimiento profesional para enfermería. Es una emergencia en la que  la carga la soportan solo los trabajadores, por lo tanto llamamos a rechazarla el jueves  7 cuando  se trate”.


“Desde el Frente de Izquierda planteamos que la crisis la paguen los  capitalistas, y propusimos que en la Ciudad se aumente el impuesto a los ingresos brutos a los  bancos llevándolo del 5,5% al 14% como establecieron recientemente en La Pampa, un revalúo fiscal y duplicación del ABL para que paguen los especuladores inmobiliarios y terminar con los beneficios impositivos de la Iglesia. Se trata de afectar a los grandes beneficiarios del esfuerzo  de los trabajadores de la Ciudad y obtener así los recursos necesarios para dotar de elementos a los hospitales y atender la gigantesca crisis  social en una Ciudad donde en las villas falta hasta el agua para lavarse las manos. finalizó Solano.


 

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre medio ambiente

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, envió preguntas y reclamos al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para que responda en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano

29/04/2020


Del Plá afirmó: “Los efectos devastadores sobre el ambiente que producen los agronegocios, la gestión privada de las cuencas y la energía, los desmontes y las emisiones contaminantes son problemas de enorme gravedad que no entraron en el ‘parate’ de la cuarentena. La continuidad de una actividad altamente contaminante como la minería, de improbable ‘esencialidad’, da cuenta de que las prioridades que fija el Gobierno no están asociadas a revertir esta problemática”.


“Por eso abordamos todos estos temas en las preguntas al ministro Cabandié: el uso de agrotóxicos aún en cuarentena, los desmontes, el fracking, la explotación petrolera offshore, la emisión de gases contaminantes sin control y distintas violaciones a las leyes de protección de bosques y a la Ley de Aguas”.


“Respecto al agua, tocamos el tema de la sequía, que en momentos de lucha contra la pandemia puede agravar la situación sanitaria. Pero también abordamos la competencia entre países y sectores productivos, que presionan sobre el recurso y no favorecen la distribución adecuada. El manejo de las represas, la distribución del riego y la energía deben estar bajo control de los trabajadores y la comunidad afectada”.


“Por último, tocamos el tema de Andacollo, donde la empresa Trident Southern Exploration, que explota una mina de oro y plata, está retrasando seriamente el pago de los salarios y adeuda aportes jubilatorios y cargas sociales”.


Romina Del Plá: 1140429791


 


Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre medio ambiente:


 


https://po.org.ar/comunicados/2734-las-propuestas-y-reclamos-del-po-fit-sobre-medio-ambiente

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre medio ambiente

Presentación al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié

29/04/2020


Señor ministro:


La cuarentena ha impuesto un parate general de la actividad –que no obstante cada vez es menor, a medida que se da lugar al lobby de los grupos capitalistas por preservar un alto nivel de ganancias en torno a actividades que nada tienen de “esenciales”- y ha agudizado los problemas sociales, económicos y de distinto orden en nuestro país (y en el mundo). 


En materia ambiental, un problema que está en el centro de la escena es, sin dudas, la influencia de la crisis ambiental en la propagación del virus Covid-19 y, por otro lado, la sostenibilidad en el tiempo de la supuesta recomposición ambiental que habría traído la cuarentena a nivel mundial –que evidencia la incompatibilidad entre un desarrollo ambiental sustentable y el capitalismo, que como régimen social reposa no sólo en la explotación de la mano de obra de los trabajadores, sino también en la explotación de los recursos naturales de manera anárquica y desbastadora. La cuarentena ha revelado que el capital no tiene capacidad de estructurar una salida de la crisis ambiental que sea planificada.


En nuestro país, los efectos desbastadores sobre el ambiente  que producen los agronegocios, la gestión privada de las cuencas y la energía, la continuidad de los desmontes, y las emisiones contaminantes –son problemas de enorme gravedad que lejos están de resolverse, sino que se agravan día a día (y no han entrado en “el parate” de la cuarentena). La declaración de la continuidad de una actividad altamente contaminante como la minería, de improbable “esencialidad” en las actuales circunstancias, da cuenta de que las prioridades que fija el gobierno no están asociadas a revertir una problemática de tan alto alcance. 


Sobre las cuestiones que hacen a su cartera, entonces, le solicitamos al Ministro que responda a las siguientes preocupaciones y preguntas. 


1) Hay serias denuncias en todo el país de que los desmontes no cesan, sino todo lo contrario. La ley de bosques, de por sí muy limitada, se viola impunemente.


¿Por qué permite que se viole la ley de bosques? ¿Qué controles han dispuesto? ¿Qué penalidades se han aplicado para quienes vulneran la legislación vigente? 


¿Qué medidas van a tomar para frenar efectivamente los desmontes ilegales, como los que se han desarrollado en el impenetrable chaqueño –tal cual fuera denunciado por Greenpeace y el colectivo chaqueño Somos Monte?


¿Por qué las estadísticas son tan imprecisas que no se sabe cuántos millones de bosques nativos tenemos? 


¿Por qué han permitido recategorizar zonas amarillas en varias provincias, como por ejemplo en Salta? 


2) El Acuerdo de París, al que suscribió el gobierno argentino junto a otros 195 países en el año 2015 (con la participación de los grandes pulpos empresariales más contaminantes del mundo), estableció el objetivo de contener la elevación de la temperatura global –provocada por la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono– en un rango de 1,5 a 2°C con respecto a los niveles preindustriales. El Acuerdo (que desde el Partido Obrero cuestionamos en su momento por ser una lavada de cara al imperialismo, sin alcance real en materia de preservación ambiental) se está incumpliendo en todo el mundo, como era predecible por los planes reales de emisión de las distintas potencias y empresas, sumada a la ausencia completa de sanciones ni penalización a los infractores. 


Respecto del calentamiento global y emisiones, le solicitamos que informe:


¿Qué plan tienen para reducir las emisiones contaminantes? ¿Cuáles son los plazos?


¿Qué acciones está llevando a cabo el ministerio para cumplir con el acuerdo de Paris 2015 al que suscribió la Argentina? ¿Cuál es el plan del gobierno en materia de emisiones contaminantes?


3) Nos interesa que Ud. pueda responder sobre las acciones de control y remediación que se realizan desde vuestro sector respecto a la contaminación causada por la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén, en especial, en todo lo relacionado a la explotación por el método del llamado “fracking” (No Convencional), pero también respecto a la explotación denominada Convencional.


Desde la utilización del método de “fracking” para la extracción de hidrocarburos en las formaciones Las Lajas, Vaca Muerta, Mulichinco, etc., han comenzado una serie de movimientos sísmicos que afectan a una población cercana llamada Sauzal Bonito. Algunos de estos sismos, han tenido una intensidad importante que ha producido rajaduras de paredes, etc.


¿Qué estudios se están realizando para el registro de estos movimientos sísmicos, con qué sistema y aparatología de medición y qué acciones de mitigación se han realizado sobre la población afectada? 


¿Qué medición y qué resultados ha arrojado el control de aguas subterráneas respecto a la presencia de hidrocarburos, metales pesados y sustancias tóxicas, así como las locaciones donde se realizaron esas mediciones y qué organismo oficial científico respalda los resultados si se han realizado? 


¿Tienen entre sus planes limitar el número de fracturas por pozo, dado que la cantidad de ellas ha crecido notablemente? 


4) En la provincia de Neuquén hay muchos pozos a los cuales se les aplica el método de recuperación secundaria, que utiliza sustancias radioactivas de larga vida residual como el tritio y otras, para estudiar su factibilidad. 


¿Qué medición y qué resultados ha arrojado el control de aguas subterráneas respecto a la presencia de esas sustancias radioactivas, así como las locaciones donde se realizaron esas mediciones y que organismo oficial científico respalda los resultados si se han realizado?


¿Existen estudios sobre cómo afectan la vida humana y animal esas sustancias radiactivas a través de la contaminación de napas freáticas y suelos?


5) Existen proyectos de leyes en la Provincia de Neuquén para modificar la traza de la zona roja de las leyes de protección de bosques, sobre todo en la zona sur de la provincia en tierras cercanas a los centros de esquí, con el objeto de permitir la construcción en zonas actualmente vedadas de las llamadas “aldeas de nieve”. 


¿Qué medidas se tomaron y se tomarán desde su ministerio para impedir este intento de destrucción del bosque nativo?


6) Respecto del control de la plataforma continental y su fauna en las dos áreas de exploración petrolera off shore (fuera de costa), sabemos que la cuenca  Argentina Norte se extiendo unos 100.200 kilómetros cuadrados; la de Malvinas Oeste cuenta con una superficie de 86.400 kilómetros cuadrados, de 100 a 600 metros de profundidad; y la Austral es de 14.200 kilómetros cuadrados.


Como resultado de la licitación realizada por la Secretaría de Energía en abril de 2019, trece empresas están realizando los bombardeos generadores de sismos, propios de la actividad. La competencia entre ellas genera un fuerte impacto sobre la fauna.


¿Qué hace el Ministerio de Ambiente para controlar esta actividad que se realiza en el mar argentino? ¿Qué procedimientos se utilizan? ¿Qué instituciones y/o empresas intervienen?


7) La escasez de lluvias ha generado bajantes extraordinarias en los principales ríos de la cuenca del Plata: Paraná y Uruguay en todos sus tramos y Paraguay, en su curso medio e inferior.


Según un reciente informe del Instituto Nacional del Agua los datos de nivel correspondientes al 24 de abril para los puertos de Corrientes , Paraná, Santa Fe y Rosario se encuentran entre 1 y 0,55 metros sobre el nivel del mar mientras que la media histórica está entre 4,11 y 3,76 msnm, respectivamente. 


El principal perjuicio que ocasiona esta sequía es la dificultad en la operación de las plantas de tratamiento de agua que abastecen a las principales ciudades costeras dado que la calidad de agua empeora mucho y requiere mayor cantidad de reactivos y operaciones para su potabilización. En momentos de necesidad de agua para la lucha contra la pandemia la disminución del suministro puede agravar la situación sanitaria.


En la Bajante Paraná no se están realizando los diagnósticos de los ríos inter jurisdiccionales (monitoreo de calidad de agua), lo cual complica seriamente la operación de las plantas potabilizadoras y los usos recreativos de los ríos.


¿Por qué no se hacen los diagnósticos respectivos? ¿Cuándo se van a hacer? ¿Cuál es el plazo?


¿Qué plan tienen para garantizar la disponibilidad y calidad del agua potable, teniendo en cuenta lo que ocurre con la bajante del Paraná? 


¿Se han adoptado medidas de monitoreo de aguas, a los fines de diagnosticar el estado de los ríos y poder ejercer control sobre las actividades que los usuarios de las aguas realicen? ¿Cuáles son esas medidas?


8) Los comités de cuenca que la Ley de Aguas obliga a constituir: ¿Tienen fondos para ejercer las actividades de control de calidad y cantidad y gestión? ¿Tienen estatuto que obligue a los grandes usuarios a hacer los aportes para que las cuencas sean sustentables? ¿Cómo se define quiénes son los “grandes usuarios” que deben aportar?


9) El problema citado, originado por la escasez de lluvia y asociado a la privatización de la gestión del riego y del manejo de las represas, afectó también el sistema eléctrico argentino, ya que tanto la represa de Yaciretá, ubicada en el rio Paraná, como la represa de Salto Grande, en el rio Uruguay, no pudieron generar la cantidad habitual de energía. Y otro efecto negativo es la pesca ilegal que derivó en un aumento de la mortandad de peces.


La competencia entre países y sectores productivos, en particular la agricultura y la ganadería que están presionando sobre el recurso, no favorecen la distribución adecuada del servicio ambiental que ocasiona un río. El manejo de las represas, la distribución del riego y la energía debe estar bajo control de los trabajadores y la comunidad afectada.


¿Qué controles tienen sobre la pesca ilegal? ¿Qué medidas para revertirla? ¿Qué informe sobre el problema pueden presentar?


¿Qué control tienen sobre las empresas privadas que gestionan el riego y manejan las represas? 


¿Por qué se sigue preservando la gestión privada –organizada en torno a la ganancia capitalista y no a la preservación de los recursos- en esta materia tan sensible? 


Corresponde la nacionalización, bajo gestión de los trabajadores, de la Hidrovía y los puertos, las plantas de purificación de agua y efluentes de las ciudades costeras. 


¿Por qué no avanzan en esta dirección?


10) En materia energética: ¿Su Ministerio tiene un plan nacional que defina la exploración y explotación menos impactante para el ambiente? ¿En qué consiste ese plan? ¿Cuáles son los proyectos y las medidas a adoptar? ¿De qué modo se van a aplicar y cuál es la vía de financiamiento?


11) A través del DNU N°297, y la Resolución administrativa 49/2020, el gobierno ha exceptuado a la minería –una actividad de alto impacto contaminante- del aislamiento social obligatorio. Los grandes pulpos que explotan esta actividad están actuando asimismo con completa impunidad en un plan de ofensiva contra los derechos de los trabajadores. Esto se puede ver, por citar un ejemplo, en Andacollo (localidad de la Provincia de Neuquén), donde la empresa Trident Southern Exploration, que explota por licitación la mina de oro y plata en la localidad neuquina de Andacollo, está retrasando seriamente el pago de los salarios, adeuda los aportes jubilatorios desde agosto de 2019 y las cargas sociales desde noviembre.


¿Qué controles realiza su ministerio sobre el impacto contaminante de las distintas empresas mineras que operan en el país? ¿Qué medidas van a tomar para revertirlo?


¿Se han dispuesto medidas especiales de control de la actividad que continúa bajo la cuarentena? 


¿Qué control tienen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad para garantizar la salud de los trabajadores de un rubro que está bajo la órbita de su cartera?


¿Qué sanciones corresponden a empresas como Trident Southern Exploration que atacan el salario de los trabajadores? ¿Realizan algún tipo de gestión o medidas desde su Ministerio en relación al no cumplimiento de los derechos laborales por parte de estas empresas? 


12) Existe un debate sobre el uso de las antenas del 5G y los efectos nocivos que éstas podrían acarrear sobre la salud de la población, como por ejemplo efectos cancerígenos.


¿Qué evaluación han hecho sobre el impacto ambiental de las mismas? ¿Cuál es el alcance real del uso de estas antenas? ¿Qué medidas tomaron o van a tomar al respecto? ¿Cuáles son los controles que aplican sobre las empresas del sector?


13) El Ministerio de Relaciones Exteriores redujo aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país, en una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales productoras de herbicidas, diseñados para controlar las malezas de cultivos como maíz, soja, caña de azúcar, algodón, yerba mate y tabaco, entre tantos otros. 


Los afectados por la «rebaja» del gobierno son los compuestos químicos empleados para la fabricación de agrotóxicos: monoisopropilamina y sus sales, con un cupo de 26.282 toneladas; y dimetilamina, con un límite de 6000 toneladas.


Mientras tanto, crece el reclamo constante de gran parte de la población para reducir o eliminar el uso de agrotóxicos en los cultivos por el comprobado daño causado en la salud de los habitantes y del ambiente. En decenas de puntos del país, en especial Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, la lucha contra los agrotóxicos tiene una explicación: cáncer, abortos, malformaciones, alergias, dermatitis, enfermedades respiratorias y digestivas, entre otras patologías, son denunciadas día a día ante los funcionarios, que lejos de entregar una solución a la población financian con dinero del estado una reducción impositiva para seguir envenenando. 


¿Qué evaluación tienen del impacto ambiental de la fabricación de estos insumos en el país? ¿Cuál es la posición de su ministerio respecto a su fabricación en el territorio nacional? 


¿Qué controles van a disponer? 


¿Por qué no disponen medidas para reducir, y eventualmente eliminar, el uso de agrotóxicos en los cultivos? 


14) Más de 100 organizaciones campesinas y socioambientales denunciaron fumigaciones con agrotóxicos durante la cuarentena. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó venenos sobre la población en días de cuarentena, donde aparentemente se cuidaba la salud. El agronegocio, como se ve, es otra pandemia en ascenso.


¿Qué conocimiento tienen de estas denuncias? ¿Están habilitadas esas fumigaciones? ¿Qué controles están haciendo? ¿Qué penalidad hay para las empresas que las realizan? 


15) En el año 1996 el gobierno de Carlos Menem autorizó la primera soja transgénica con un trámite veloz de sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto, según denunció el periodista especializado Darío Aranda. Para aprobarlo, Felipe Solá invocó un dictamen jurídico que aún no se había firmado. 


Dos décadas después, el 60 por ciento de la tierra cultivada tiene un sólo cultivo y se utilizan, cada año, 200 millones de litros de glifosato. Sus consecuencias: récord de desmontes, uso masivo de agrotóxicos y sus consecuencias sobre la salud y el ambiente, inundaciones, desalojos a campesinos y pueblos indígenas, concentración de tierras en pocas manos y más pobreza.


¿Por qué siguen permitiendo que esto suceda? 

Pitrola: “La CGT no tiene mandato para el pacto con el gobierno y la UIA que rebaja los salarios”

29/04/2020


En declaraciones a Cadena 3 el dirigente del Partido Obrero en el FIT-U señaló “El pacto entre la Unión Industrial, el gobierno y la CGT es escandaloso. Condena a los trabajadores a la miseria porque es una rebaja nominal del 25% para todos los afectados por cuarentena cuando la inflación marcha al 40/50% anual. O sea que tenemos una rebaja nominal arriba de la rebaja del poder adquisitivo por la inflación que en marzo alcanzó el 3,9% en los alimentos.”


“Por otro lado a las empresas no les pidieron rendición ni apertura de sus cuentas para otorgarle un subsidio del Estado equivalente a la mitad del salario cobrado por el trabajador en febrero. Todo con plata del Anses, o sea de los jubilados, que a su vez no tendrán en mayo los $3000 de abril en el haber mínimo.”


Pitrola finalizó “El Presidente Fernández borra así con el codo lo que escribió con la mano en el decreto inicial de cuarentena donde se establece la integralidad del salario. La situación es explosiva. Los trabajadores empiezan a salir a la calle a defender sus derechos, como los jóvenes del reparto, los obreros del Frigorifico Penta, las obreras de Textilana y los textiles de Trelew que se movilizaron o los trabajadores de BedTime que ocupan la planta ahora mismo por falta de pago y despidos en puerta. Nadie le dio mandato a la CGT para entregar el salario y los puestos de trabajo. Los trabajadores tenemos que tomar nuestra defensa en manos propias.”


 

Con hambre no hay cuarentena: si no hay respuestas, nos movilizamos!

En los próximos días nos movilizamos en todo el país por estos reclamos ELEMENTALES PORQUE CON HAMBRE NO HAY CUARENTENA !!!

29/04/2020


El 07 de abril pasado se destapó una olla podrida de corrupción que hizo tambalear al Ministerio de Desarrollo Social: la compra con sobreprecios de hasta el 200%  de alimentos secos destinados a comedores populares, en medio de una enorme demanda social y con la caída de la actividad económica producto de la cuarentena llevando a millones a niveles escandalosos de hambre para la población trabajadora.


¡Desde ese día NO HAY INGRESADO UN SOLO KILO MAS DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES POPULARES!


Han pasado más de 20 días de ese escándalo y el Ministerio no ha resuelto un problema elemental como el de los comedores populares, que desbordan de demandas ya no solo de desocupados sino también de los despidos masivos, que le pasan por arriba a un decreto de prohibición, que las patronales no respetan y que el gobierno tolera sin pestañar.


Sin alimentos y sin ingresos el gobierno apuesta al "control social", que en los barrios populares, ejerce con mano dura, la policía de Berni y la Gendarmería de Fredrich.


La situación está empezando a descomponerse y los trabajadores empezaron a ganar las calles, a pesar de la cuarentena ante la situación desesperante de muchas familias, la movilización de los trabajadores del Frigorífico Penta, las ollas populares de la industria textil iberoamericana de La Matanza, la ocupación de la fábrica Hora de Dormir, la movilización de las obreras de Textilana y las ollas populares de vecinos y organizaciones sociales, que juntan lo poco que hay en las casas para hacer un guiso, lo que para algunas familias es la única comida del día.


¡El COVID 19 en las villas y los barrios populares ha comenzado a estallar! En las condiciones actuales, es una bomba de tiempo sanitaria. Mientras Larreta compra barbijos a $3.000, en las villas no hay agua potable. Así no se evitan muertes previsibles que no recibieron atención adecuada ni aislamiento.


IFE


El único subsidio que el gobierno lanzó, allá en el lejano 23 de marzo, el Ingreso Familiar de Emergencia, ha dejado a más de 4 millones afuera, no permite la reinscripción de los que no llegaron a inscribirse en el día que le tocaba, 40 días después casi nadie lo ha cobrado y una gran cantidad de beneficiarios lo cobraran recién en junio, 3 meses y medio después de lanzado el decreto.


La cuarentena significa para los trabajadores despidos, reducción salarial y ni siquiera alimentos para los comedores populares, mientras que los Techint o los Tinellis descansan en sus mansiones.


La provisión de alimentos, el pago inmediato del IFE sin exclusiones y la entrega de elementos sanitarios y de higiene, es una cuestión en la que le va la vida a millones de personas.


En las condiciones actuales no se puede esperar más.


En los próximos días nos movilizamos en todo el país por estos reclamos ELEMENTALES PORQUE CON HAMBRE NO HAY CUARENTENA !!!


POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba. M.T.R.- M.I.D.O.– MAR, MOV 29 DE MAYO -BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU, BUEL,A TRABAJAR, –  AGRUP 17 DE NOVIEMBRE – M.V. y J.S.- MTL REBELDE – CTD ANÍBAL VERÓN.


Eduardo Belliboni (Polo Obrero):  11 5690-1599


 

Del Plá: “No hay sesión, ni temario, ni proyecto de impuesto a las fortunas, a excepción del proyecto del FIT”

La diputada del PO-FIT, Romina Del Plá, realizó declaraciones ante la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el día de hoy

27/04/2020


Del Plá afirmó: “La reunión de Labor Parlamentaria convocada para hoy no tiene en su temario la convocatoria a una sesión, como si no hubiera que tratar múltiples urgencias que plantea la pandemia y la crisis económica para la gran mayoría de la población, como lo testimonian decenas de conflictos por despidos, falta de pago, reducciones salariales y violaciones patronales de la cuarentena. Tampoco se presentó hasta hoy el anunciado proyecto oficial de impuesto a las grandes rentas y fortunas. El Gobierno sigue dilatando el problema mientras cede en todos los terrenos al lobby de los grupos capitalistas”.


“En definitiva, no hay sesión, ni temario, ni proyecto de ley de impuesto a las fortunas, a excepción del presentado por el Frente de Izquierda”.


“El único proyecto existente es el del FIT, donde planteamos que se establezca un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y altas rentas, que se dispongan impuestos a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas, y la creación de un fondo especial de emergencia destinado a financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social. Queremos que el Congreso discuta con urgencia este proyecto”.


“Por otro lado, el pedido de Sesión Especial por parte del Interbloque Federal y sectores de Juntos por el Cambio no es más que una maniobra de un grupo que plantea una sesión alrededor de sus proyectos, que no son de alcance general”.


“Reclamamos Sesión Especial inmediata e insistimos: no simulen que el Congreso funciona, sesionemos ya en función de las necesidades populares, tomando los recaudos de higiene y protección necesarios”.


Romina Del Plá: 1140429791

[EmergenciaEconómica] Solano: “Larreta quiere pagar los salarios en cuotas”

El legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano participó de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura a la que concurrió el ministro de Hacienda, Martín Mura, para presentar el proyecto de Emergencia Económica

27/04/2020


En la reunión de la Comisión de Hacienda, Solano cuestionó la iniciativa oficial señalando que estamos ante un ajuste enorme, que incluye no solo el congelamiento salarial en un cuadro inflacionario recalentado, sino también el pago en cuotas o fraccionado de los salarios de docentes y trabajadores del Estado. Algo que no sucedió en la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera en la crisis del 2001-02. Además se suspende la obra pública, incluidos los planos de urbanización de villas, donde crece el dengue y ahora el coronavirus. Al Instituto de la Vivienda de la Ciudad se le roban fondos fundamentales, como ser el 70% del producto del negocio del juego ”.


Solano agregó que "mientras se pide autorización para el pago en cuotas de días o para la suspensión de la obra pública, el gobierno mantiene el pago puntual del capital y los intereses de la Ciudad, que ronda los 50,000 millones de pesos durante el año 2020" .


“Para enfrentar la caída de la recaudación impositiva presentamos un proyecto que plantea el aumento de la tasa de Ingresos Brutos al sistema financiero al 14%, y otras alícuotas a sectores empresariales que permitirán un aumento significativo de los ingresos fiscales, el orden de los 100.000 millones de pesos. Esto, junto con el ahorro que implicaría no pagar los vencimientos de capital e intereses, permitiría enfrentar los gastos sanitarios de la pandemia sin afectar los derechos sociales fundamentales ”.


Solano:  1556901514

Todo el apoyo a las y los trabajadores de Textilana y a todos los textiles en la lucha por la defensa del sustento de sus familias

Abajo el pacto contra el salario textil!

27/04/2020

La Asociación Obrera Textil firmó de manera inconsulta con la cámara empresarial un fuerte recorte salarial. El acuerdo entre las patronales y la burocracia sindical textil fue conocido públicamente este último viernes, y no contó para su concreción con ninguna instancia de consulta a los trabajadores textiles que sufrirán las consecuencias. Hablamos de un recorte de hasta el 50% del salario para aquellos trabajadores que no han trabajado desde que comenzó la cuarentena. Así, el salario de miles de textiles rondaría con este recorte, entre los $17 mil y los $20 mil, es decir por debajo de la mitad de la canasta de pobreza. Las patronales textiles que han atentado contra la cuarentena poniendo a producir plantas enteras sin ser esencial, busca de este modo darle un golpe más a la cuarentena con este robo al salario, ya que lo usarán como una nueva extorsión para retomar la producción masivamente.


 


Las partes firmantes de este pacto contra el salario textil que toma la forma de suspensiones masivas con recorte salarial, se valieron de los límites del decreto de Alberto Fernández, que prohíbe despidos y suspensiones. Tal decreto permite las suspensiones si hay acuerdo entre empleadores y empleados, léase burocracia sindical. Así han avanzado en otro rubros o empresas encuadradas en Smata, Uom, petroleros, entre otras. 


 


Las obreras y obreros de Textilana se ponen a la cabeza de una campaña contra este ataque al salario, y se movilizan al Ministerio de Trabajo de Mar del Plata, tal como lo resolvieron en la asamblea que se pronunció contra el acuerdo. Así marcan el camino para el conjunto de los trabajadores textiles. Hay que transformar el masivo rechazo a esta entregada salarial, en un plan de lucha organizado desde las asambleas de fábrica. 


 


Rechacemos este pacto inconsulto. Todo el apoyo a los trabajadores textiles. 


 


Coordinadora Sindical Clasista


María Demateis. DelegadaTextilana 223 5300228


Miguel Bravetti. Dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista 15 6112-7942

Declaración del FIT-U por el Día Internacional de los Trabajadores

24/04/2020


 


El próximo Primero de Mayo, día internacional de la clase obrera, encuentra al mundo inmerso en una crisis de magnitudes históricas.


La pandemia que azota a la humanidad en pleno siglo XXI ha puesto de manifiesto la incompatibilidad del sistema capitalista y sus intereses en base al lucro y a la ganancia privada con la preservación de la salud de los pueblos de todo el mundo. La política de vaciamiento de los sistemas sanitarios públicos llevada a cabo por todos los gobiernos ha sido una constante, no solo en los países semicoloniales sino también en las mecas del capitalismo mundial. Este proceso se ha intensificado sensiblemente luego de la crisis mundial capitalista de 2007/08, cuando los gobiernos volcaron todos sus recursos al rescate de los bancos, multinacionales y capitales en quiebra. Como consecuencia de eso se han magnificado los estragos de la propagación del coronavirus a escala planetaria. Los muertos por el virus se acercan a las 200.000 personas. La principal potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, ha pasado a ser el epicentro de la crisis sanitaria. Otras potencias como Italia, Inglaterra y Francia también se anotan dentro del pelotón de los países más afectados por la propagación del virus sin poder controlar la multiplicación de las víctimas fatales.


En un mundo atravesado por “guerras” comerciales y monetarias, el desembarco de la pandemia redundó en un salto cualitativo y en una aceleración de la crisis capitalista mundial, crisis que ya se venía gestando desde tiempo atrás. Todas las medidas de rescate y estímulos a sectores burgueses, que los gobiernos imperialistas y capitalistas practicaron desde 2008 hasta los primeros meses de 2020 y que solo apuntaron a salvar a los bancos y a una minoría de grandes empresarios, ya se habían revelado insuficientes para evitar el ingreso de la economía mundial a una recesión. La pandemia del Covid-19 puso fin a los devaneos de los escribas de la burguesía, empujando de un solo saque a la economía mundial no ya a una recesión sino directamente a una depresión. Los “inversionistas” huyeron hacia los refugios de valor, se hundieron las acciones de las principales empresas del mundo, se rompieron las cadenas de pago y se desataron procesos de quiebras. Como consecuencia de toda esta crisis se están recrudeciendo hasta niveles insoportables todos los antagonismos sociales precedentes  y donde lo único que crece son los despidos, la pobreza y la miseria de millones de trabajadores y demás sectores populares. En Estados Unidos y en Europa los despidos de trabajadores se cuentan de a millones. Y el mismo fenómeno de destrucción de empleo masivo se extiende por todo el mundo, incluido nuestro país. Aunque también hay muestras de que los trabajadores y los pueblos del mundo se preparan para enfrentar los ajustes capitalistas.


Por iniciativa de Donald Trump, el Congreso norteamericano aprobó destinar recursos billonarios para el rescate de grupos capitalistas en crisis, lo que contrasta con los escasos recursos destinados a reforzar el sistema sanitario. Asimismo, el gobierno norteamericano se ha valido de la pandemia y de la crisis capitalista para impulsar un bloqueo económico reaccionario y criminal contra los pueblos de Cuba y Venezuela, y para redoblar sus amenazas militares contra Irán. Por su parte, la Unión Europea impulsa medidas de rescate similares a las del gobierno norteamericano. Los gobiernos conservadores y derechistas de Europa, como el de Boris Johnson en Inglaterra y el de Emanuel Macron en Francia, así como los gobiernos centroizquierdistas o “progresistas”, como el de Giuseppe Conte en Italia y el de Pedro Sánchez en España, han revelado su carácter criminal, al ofrecer resistencia al aislamiento social en función de preservar la “actividad económica” de sus respectivos países. Del mismo modo, en América Latina, la pandemia borró de un plumazo las diferencias entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el “nacional y popular” López Obrador. Ambos, subestimando el impacto sanitario de la pandemia, empujan a las masas de sus respectivos países a ser víctimas del contagio masivo, con el objetivo de preservar la rentabilidad empresarial.


En nuestro país, las patronales presionan por un levantamiento total de la cuarentena en busca de una reactivación de la actividad económica para preservar sus beneficios, lo que objetivamente atenta contra la salud del pueblo trabajador. En distintos sectores y en forma progresiva, el gobierno de Fernández deja correr a los lobbies empresariales, al mismo tiempo que rechaza destinar los recursos necesarios para apuntalar el sistema sanitario e impulsar testeos masivos, y rechaza reorientar una parte de la industria a la producción de los insumos e instrumentales fundamentales para hacerle frente a la pandemia. Por el contrario, el gobierno de Fernández reafirma la política que postuló desde el día que asumió: subordinar todo a la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y los organismos de créditos internacionales, sin cuestionar el carácter “odioso” y fraudulento de esa deuda. Ese plan de reestructuración de la deuda fue votada en el Congreso con la sola oposición de los diputados del Frente de Izquierda. El gobierno no solo ha sostenido un pago riguroso de la mayor parte de los vencimientos de deuda que han tenido lugar en el curso de este año, destinando para ello los 4.500 millones de dólares previstos en la propia ley de emergencia (incluso en el marco de la llegada de la pandemia), sino que le ha presentado a los usureros internacionales, de común acuerdo con el FMI y la “oposición” patronal, un plan de reestructuración que solo establece una quita del 5% del capital adeudado y que les reconoce una tasa de interés enormemente superior a la que rige en el mercado internacional. Mientras, reconoce el conjunto de la deuda, que supera los 400.000 millones de dólares, incluida la que Macri que pactó con el FMI, dinero que fue todo a la bicicleta financiera.


Mientras el gobierno “nacional y popular” extrema los esfuerzos del país para cumplir con los preceptos del FMI y los especuladores del capital financiero internacional, el desembarco de la pandemia en la Argentina encontró al sistema sanitario público con un presupuesto congelado, heredado del gobierno de Mauricio Macri y de todos los gobiernos peronistas anteriores. Las consecuencias de este desfinanciamiento se revelaron rápidamente: Argentina tiene hoy la proporción de personal de salud infectado por Covid-19 más alta del mundo en relación al conjunto de los infectados. Los capitalistas, por su parte, descargan su crisis sobre las espaldas de los trabajadores, con decenas de miles de despidos y suspensiones y violentas reducciones salariales. Las burocracias sindicales, lejos de defender las conquistas de los trabajadores, se anotan como voceros y representantes de sus respectivas patronales, rubricando los ataques de las patronales contra los derechos laborales. Y el gobierno a la vez que permite el alza de despidos, suspensiones y rebajas salariales, premia a las empresas con subsidios estatales para que afronten parte del pago de salarios, en lugar de que utilicen sus fabulosas ganancias obtenidas en años anteriores.


En la mayor parte de los países del mundo, los gobiernos capitalistas escudados en las crisis sanitarias refuerzan y le otorgan un renovado protagonismo a los aparatos de seguridad, previendo nuevos alzamientos de las masas ante la carestía generalizada y la catástrofe sanitaria. A esa tendencia general, en nuestro país el gobierno le agregó el ciberpatrullaje, que no es otra cosa que un represivo control social preventivo desde las redes sociales, frente a posibles protestas sociales y un alza del descontento.


La pandemia ha puesto en evidencia el carácter criminal de la política capitalista de los distintos gobiernos del mundo.


Pero del otro lado, los explotados empezamos a hacer oír nuestra voz. Los trabajadores de la salud, en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, se encuentran a su vez liderando la lucha contra los vaciamientos sanitarios de los gobiernos capitalistas protagonizando todo tipo de denuncias, asambleas, abrazos a hospitales y otras acciones posibles en el marco de la pandemia. En EE.UU., México, Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Argentina; en el Reino Unido, Italia, Grecia y Francia; en Pakistán, Nigeria, Malawi, Zimbawue y Sudáfrica; los trabajadores de la salud se ponen de pie y marcan un camino para toda la clase obrera internacional. Camino del cual también comienzan a ser parte las y los jóvenes precarizados que vienen denunciando activamente los recortes salariales, como en las cadenas de comidas rápidas o en el paro internacional de repartidores, entre otros sectores.


A su vez, los trabajadores y los pueblos del mundo no ingresan a la presente crisis como una “hoja en blanco”. El 2019 ha sido un año signado por la irrupción del proletariado en importantes metrópolis y por la emergencia de grandes rebeliones populares en distintos países latinoamericanos, de Medio Oriente, del norte de África y europeos, como Francia. La pandemia ha impuesto un relativo cuadro de contención de estas enormes luchas y alzamientos de las masas, pero de ninguna manera esos procesos se han cerrado, pues todas las contradicciones sociales que motivaron esos estallidos lejos de haberse disipado se han agudizado. Y así como ya han comenzado a manifestarse algunas primeras y diversas expresiones de protesta frente a las malas respuestas gubernamentales a la pandemia, los procesos de lucha y reclamos tenderán a crecer retomando la experiencia de 2019.


Rechazamos la tesis de distintos sectores progresistas que plantea que el problema no es el capitalismo sino tan solo el neoliberalismo, dando la idea que podría haber un “capitalismo más humano”. La crisis actual evidencia el carácter irracional, decadente y destructor del ambiente y la vida, del sistema capitalista en todas sus variantes, con políticas llevadas a cabo tanto por los gobiernos denominados liberales de derecha como los llamados “nacionales y populares”, “progres de centroizquierda” o de un falso socialismo.


Por esa razón la defensa de la independencia política de los trabajadores en las batallas actuales y venideras, en oposición a la política funesta de la colaboración de clases, será fundamental para llevar las luchas obreras y populares a la victoria y para zanjar el camino que lleve, finalmente, a los trabajadores al poder.


Para reforzar esta perspectiva, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad levantamos este 1º de Mayo, día de lucha, de reivindicación de la unidad internacional de los trabajadores y de conmemoración de sus mártires, un programa anticapitalista y socialista de respuesta integral frente a la pandemia y la crisis capitalista:


 


– Que la crisis la paguen los capitalistas, los bancos, multinacionales y grandes empresarios, no el pueblo trabajador. Plata para los hospitales y los profesionales y trabajadores de la salud. Testeos masivos para poder determinar la real propagación de la pandemia. Por una cuarentena sin despidos, suspensiones y rebajas salariales. Por un inmediato Fondo de Emergencia para destinar las partidas necesarias a combatir la mayor crisis del coronavirus en base a un impuesto especial y progresivo a todas las grandes riquezas, bancos, patrimonios y dueños de la tierra y el no pago de toda la deuda externa.


-Abajo los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Pago de los jornales íntegros por las patronales. Reparto de las horas de trabajo sin reducir salarios. Apertura de sus libros contables. Licencias pagas al 100% de todo sector productivo no esencial para enfrentar la pandemia. Obligatoriedad de empresas a reconvertirse para producir insumos necesarios frente a la pandemia. Comisiones de las y los trabajadores de control de las normas de la salubridad. Subsidio otorgado por simple inscripción a todo trabajador desocupado o precarizado, igual a la duplicación de los salarios mínimos vigentes. Aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales.


-Triplicación inmediata de los presupuestos de salud para dotar de respiradores, medicinas, tomar más médicos y enfermeras, habilitar salas y camas y reactivos que puedan diagnosticar el corona virus, entre otras tantas demandas que el personal está levantando. Constitución de comités de crisis o emergencia elegidos e integradas por trabajadores hospitalarios, con derecho a veto, para garantizar la bioseguridad del personal hospitalario y diseñar la política de intervención. Distribución gratuita de alcohol en gel, desinfectantes, barbijos y toda medicina necesaria para combatir el virus pandémico.


-Unificación y centralización del sistema de salud a nivel nacional, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la Universidad, bajo control de los trabajadores y profesionales. Implementación de comités de emergencia (o crisis) central y locales, con participación de lxs trabajadorxs.


 -Control popular de precios de los alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos. Apertura de los libros de contabilidad de las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos y medicamentos. Abajo la especulación capitalista con la comida y los remedios. Castigo a los monopolios formadores de precios. Incautación, clausura y detención de los responsables.


-No a los desalojos de viviendas. Congelamiento de alquileres y no pago de los mismos mientras dure la pandemia. Compensación a los pequeños propietarios de hasta dos viviendas. Censo de viviendas ociosas y ocupación de emergencia de las mismas a ciudadanos sin vivienda o familias hacinadas (villas, etc.) que es donde más rápidamente se puede extender el contagio de la pandemia, comenzando por las personas integrantes de los grupos más vulnerables (adultos mayores, enfermedades preexistentes, etc.).


– Presupuesto de emergencia en violencia de género, para atender en forma urgente y con lugares acordes para la asistencia y resguardo de las víctimas, frente a los aumentos de casos de violencia y el crecimiento de femicidios en el marco de la pandemia.


-No al uso del coronavirus para medidas de militarización o coartar el derecho a la protesta. Defensa irrestricta de las libertades democráticas. Libertad a todos los presos políticos y a los detenidos durante el transcurso de la pandemia. Derogación de decretos y leyes que viabilizan la represión. Derogación de los toques de queda. No al ciberpatrullaje. Plenos derechos a la actividad sindical y reivindicativa y a manifestarse políticamente. Apertura obligatoria de los medios de prensa a todas las expresiones políticas para debatir las políticas con que afrontar las pandemias. No al gobierno por decreto y el cierrre del Congreso: que sesione y se pongan todos los proyectos del FIT-U a la discusión pública.


-Abajo las reformas laborales y previsionales reaccionarias y antiobreras. Nacionalización de todos los regímenes de jubilación privada, bajo control de los trabajadores activos y jubilados. Fuera la burocracia sindical entregadora de los derechos laborales.


-Desconocimiento soberano y no al pago de las deudas externas. Ninguna renegociación para pagar como está haciendo el gobierno del Frente de Todos en Argentina. Plata para salud, los hospitales y el pueblo trabajador, no para los usureros de la deuda. Ruptura inmediata de los pactos económicos y políticos que nos atan al imperialismo. Fuera el FMI de Argentina y de América Latina.


-Nacionalización sin pago de indemnización y bajo control obrero de los sistemas bancarios y los mercados de cambios para impedir la fuga de capitales y centralizar los ahorros nacionales, para impulsar planes de desarrollo al servicio del pueblo trabajador. Nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de los hidrocarburos, la minería y de todos los recursos estratégicos, así como de las empresas de luz y gas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.


-Convocamos a la más amplia unidad de acción de las organizaciones obreras, populares, juveniles, del movimiento de mujeres y en defensa del ambiente para coordinar acciones nacionales y a nivel mundial para imponer medidas de fondo en la perspectiva de luchar por terminar con este sistema capitalista-imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora. Por la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina. Por el socialismo internacional.


 


Frente de Izquierda Unidad


Partido Obrero – PTS – Izquierda Socialista – MST

Solano: “Mientras Larreta paga sobreprecios no hay elementos de seguridad e higiene para los trabajadores de la salud”

Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda, participó de la conferencia citada esta mañana en el Hospital Durand. El martes habrá un aplausazo en todos los hospitales de la Ciudad reclamando elementos de seguridad e higiene.

24/04/2020


Solano dijo: “La precariedad con la que trabajan médicos de planta, residentes, concurrentes, enfermeros y todos los profesionales de la salud de la Ciudad es responsabilidad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En todos los hospitales los testimonios denuncian la ausencia de elementos para protegerse y atender. Los residentes trabajan hasta 100 horas semanales. Los concurrentes trabajan sin salario ni ART, mientras se descubre el sobreprecio en favor de amigos y familiares de Larreta y Macri. Las condiciones en las que atienden incluso los terapistas son realmente críticas. El martes habrá un aplausazo en los hospitales de toda la Ciudad reclamando materiales y elementos para trabajar y atender pacientes.”

Pitrola: “Las rebajas salariales son mucho mayores que las que admite el ministro Moroni”

Néstor Pitrola refutó al ministro de trabajo Claudio Moroni en la mañana de hoy. El Ministro dijo que “no hay ninguna probabilidad que homologuemos rebajas salariales de la gente que está trabajando”

24/04/2020


Pitrola señaló “En la frase está la trampa, cuando la mayoría de la gente que menciona el Ministro está en cuarentena. Efectivamente está ocurriendo que la cuarentena, que según el primer decreto presidencial es con la integralidad del salario, ha dado lugar a 300.000 suspensiones con rebajas de salarios enormes, que son homologadas por el ministerio de Moroni. Pero esos son solamente los casos inscriptos de acuerdos con los sindicatos de las respectivas actividades. Son miles las empresas que pagan o dejan de pagar sin control alguno. Los sonados casos del Frigorífico Penta de Quilmes o de la Textil Ibero Americana de La Matanza, por denuncias de sus obreros en lucha sirven de ejemplos donde no aparece el ´Estado presente´ del Ministro y directamente no cobran.”


“Pero allí no terminan las rebajas –continuó Pitrola- porque no se habla en Argentina de actualización salarial por ninguna vía, ni de paritarias ni de decretos, y, más aún, se han suspendido cláusulas de actualización previstas y firmadas antes de la pandemia. Esto, mientras la inflación de marzo fue de 3,3% en el Índice General de Precios y de 3,9% en los alimentos, que es lo que más necesitamos y consumimos. A esto hay que agregar la presión inflacionaria de la devaluación del dólar paralelo que ya hemos experimentado que a la corta o la larga afecta los precios. Esto constituye una rebaja del salario real. Suspender todo mecanismo de actualización en un país de una inflación del 50% anual, es rebajar los salarios.”


“Por otra parte, se han anulado las contribuciones patronales hasta un 95% para todas las empresas, cualquiera sea su tamaño. Esto es otra disminución del salario, en este caso del salario diferido que es la jubilación, porque surge de los aportes que los trabajadores hacemos todos los meses, lo cual repercutirá decisivamente sobre las finanzas del Anses, cuyo fondo de garantía está siendo usado para el subsidio salarial.”


 Pitrola finalizó “Los trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos la defensa del salario integral que, en la emergencia y mientras no se reanuden las paritarias, debe ser actualizado de acuerdo a los índices de costo de vida. Y el Anses, como los aportes patronales, deben ser intangibles, porque los adultos mayores necesitan sus haberes actualizados más que nunca. El Estado tiene muchas otras fuentes de recursos, que no sea seguir robando a los jubilados.”


Pitrola: 1553242356

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre comercio interior

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, envió preguntas y reclamos a la secretaria de Comercio Interior del ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español, para que responda en la comisión de Comercio

23/04/2020


Del Plá afirmó: “La secretaría de Comercio Interior se convirtió en un sector fundamental del andamiaje político-económico-social de este gobierno. En este sentido, se trata de debatir cómo este cuadro nacional está repercutiendo en forma directa en la salud, las condiciones y la vida de las masas trabajadoras”.


“Por eso preguntamos sobre temas muy caros a los trabajadores, como el aumento de los medicamentos, Precios Cuidados, el encarecimiento de los insumos, los sobreprecios que pagó el Gobierno, la apertura de los libros contables, la devaluación monetaria que se está preparando, la necesaria rebaja del precio de los combustibles y la exención del pago del IVA de los alimentos”.


“En relación al IVA y los combustibles, planteamos que los impuestos al consumo personal deben ser derogados y reemplazados por impuestos a las grandes riquezas y ganancias de los capitalistas, como presentamos en un proyecto de ley”.


Romina Del Plá: 1140429791


 


Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre comercio interior:


https://po.org.ar/comunicados/2724-las-propuestas-y-reclamos-del-po-fit-sobre-comercio-interior

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre comercio interior

Presentación a la secretaria de Comercio Interior del ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español

23/04/2020


Señora secretaria:


La secretaría de Comercio Interior se ha convertido –en el cuadro de la actual emergencia de la pandemia de corona virus y de la depresión económica que se viene desarrollando con sus catastróficas consecuencias sociales- en un sector fundamental del andamiaje político-económico-social de este Gobierno.


No se trata de problemas de salud en abstracto o de puros análisis macroeconómicos lo que debemos debatir, sino de cómo este cuadro nacional está repercutiendo en forma directa en la salud, las condiciones y la vida de las masas trabajadoras.


Por ello le solicitamos que responda a las siguientes preocupaciones y preguntas. 


1) A principios de año el gobierno sacó una resolución retrotrayendo los fuertes aumentos de precios sobre los medicamentos que se vinieron dando en la última fase del gobierno de Macri. La misma implicó una retracción del 8% en los precios de ese momento, lo que resultó completamente insuficiente frente al colchón de aumentos de precios de más del 25% que se tomaron los empresarios en los meses posteriores a las elecciones de octubre del 2019. Pero además, solo en la primera semana de marzo, tuvimos un aumento de los precios de medicamentos de alrededor del 10%. 


¿Cómo van a intervenir para contener la dramática disparada de precios de medicamentos? ¿Por qué siguen permitiendo que los empresarios del rubro actúen con absoluta impunidad en la fijación de precios? 


¿Por qué no se establece una cotización dólar salud especial, mucho más baja que la oficial, para la importación (alrededor del 30% del total) de los medicamentos?


2) Luego se eliminó la exención del pago del IVA en los alimentos, por un decreto de emergencia ante la ola inflacionaria por el gobierno anterior. 


¿Cuál es el sustento de esta medida? ¿Cómo la justifican? ¿Usted y su gobierno consideran que la inflación sobre los productos de la canasta alimentaria ha sido superada? 


¿Esta reintroducción del IVA no dio, de hecho, nueva fuerza al aumento de precios que debían pagar especialmente las masas trabajadoras de nuestro país? ¿Por qué no se mantuvo la exención del IVA para el consumo popular? ¿Por qué se mantiene el otorgamiento de todo tipo de subsidios y exenciones impositivas a los monopolios capitalistas que lucran con los precios sobre el consumo popular?


Los impuestos al consumo personal (IVA, combustibles, etc., debieran ser derogados y reemplazados por impuestos a las grandes riquezas y a las ganancias de los capitalistas. 


3) En enero usted tuvo una publicitada entrevista con directivos de la Cámara de Supermercadistas. Allí dichos empresarios plantearon presentar un plan de ‘compromiso’ sobre alrededor de 60 productos de Productos Cuidados, para reemplazar el anterior que abarcaba alrededor de 550 productos.


¿Cuál es ese plan? ¿Cuántos productos abarca exactamente y cuáles son? ¿Qué evaluación hacen del mismo desde la Secretaría? ¿Por qué dejan en manos de los empresarios dueños de supermercados el cuidado “del bolsillo popular” –que es como poner al zorro a cuidar las gallinas?


En materia de productos proteicos para la alimentación: ¿es cierto que no se incluye el pescado (cuando tenemos un boom de exportaciones), ni carnes (salvo carne picada –no magra- y un par de cortes de segunda? ¿Los nuevos Precios Cuidados se dieron solo sobre primeras marcas? ¿Y las segundas y hasta terceras marcas que –lamentablemente- usan los sectores más pobres? 


4) Es evidente que el gobierno fracasó en contener los aumentos de precios a través del acuerdo voluntario con los supermercadistas. Por este motivo incluso se dictó luego la Resolución N° 100 de su Secretaría, retrayendo los precios de alimentos y artículos de consumo popular a los vigentes en fecha de 9 de marzo. Usted después caracterizó que los aumentos de precios estaban disminuyendo, pero el costo de vida de marzo tuvo un aumento del 3,3%, superando las expectativas de que iba ser (lo cual ya era alto) del 2,6%. Para peor, en el rubro de alimentos y bebidas (en la que gasta el grueso de su ingreso los trabajadores y jubilados) llego prácticamente al 4%.


¿Qué explicaciones tiene para dar al respecto? ¿Cómo van a revertir esta gravísima situación? ¿Por qué no se toman medidas efectivas? ¿Por qué se permite que los precios se sigan disparando? ¿Qué sanciones van a reclamar para las empresas?  


5) El estallido de la pandemia lanzó un proceso de encarecimiento de insumos –gel de alcohol, barbijos, etc.- en forma especulativa por parte de las patronales del ramo, tanto a nivel de la producción fabril, como de la intermediación comercial y la venta de farmacias. Precisamente esto obligó al gobierno a decretar que se debían retrotraer los aumentos al 15 de febrero –lo que fue olímpicamente violado por las empresas del sector.


¿Cómo van a frenar el desabastecimiento que se está utilizando para forzar aumentos de precios? ¿Qué sanciones van a reclamar para estas empresas? ¿Por qué no se dictamina la urgente intervención de las mismas, ante la evidencia de que actúan en la completa ilegalidad? ¿Cómo van a hacer para garantizar el acceso a los medicamentos si no se toma alguna medida de este tipo –en lugar de seguir repitiendo resoluciones sobre tope a los aumentos de precios que nadie cumple? 


6) Los sobreprecios que ha pagado el gobierno en materia de compra de alimentos de primera necesidad (aceite, arroz, fideos, lentejas, azúcar) no indican sólo un fuerte acto de corrupción de funcionarios políticos de su gobierno, sino también de empresarios. Es claro que todas las empresas que se presentaron a la licitación directa hecha por el ministerio de Desarrollo Social, constituyeron previamente entre ellas un ‘cartel’ de acuerdo para elevar los precios, y que todas ellas recibieron pedidos del gobierno con estos precios elevados. Posteriormente, la anulación de estas compras ha llevado al deterioro de los comedores populares que sostienen las organizaciones sociales y piqueteras, volviendo a introducir el hambre en numerosas barriadas.


¿Qué tipo de controles dispusieron o van a disponer para evitar que se repitan estos escandalosos negociados? ¿Por qué no se dispuso la requisa de esos alimentos a granel para distribuirlos en forma urgente en dichas barriadas?


7) La fortísima caída mundial de los precios del petróleo plantea la necesidad de imponer una rebaja drástica del precio de los combustibles. 


¿Cuál será la conducta que llevará en este terreno su Gobierno? ¿Es cierto que los planes oficiales contemplan la aplicación de un precio especial superior al del mercado mundial (barril criollo) para favorecer las ganancias de los monopolios petroleros? 


8) La Ley Nº 20.680 faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios. Pero su aplicación por parte del gobierno no se ha podido-querido efectivizar. También ha fracasado el autocontrol de la clase patronal sobre los precios, así como el control de precios de los intendentes que alentó su secretaría).  


¿No corresponde cambiar el método de intervención para frenar las maniobras especulativas y colocar en vigencia reales precios máximos? 


Las empresas que sabotearon los acuerdos en materia de precios y producción: ¿no debieran ser de inmediato intervenidas para garantizar la atención en cantidad y precios de la lucha contra el coronavirus y el hambre? ¿Por qué motivos no avanzan en esta dirección?


9) El Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad  plantean la apertura de los libros contables de las empresas bajo control de los trabajadores, para seguir el verdadero movimiento y ganancias de las patronales y denunciar sus medidas criminal-especulativas. 


¿No cree que es la única medida que podría garantizar que su secretaría deje de fracasar en el control de precios, de la producción y de la comercialización? ¿No debieran pasar las fábricas a funcionar bajo gestión y control obrero para impedir su cierre y para aumentar la producción frente a las necesidades sanitarias y sociales? 


10) Se está preparando otra devaluación monetaria, que va a  golpear nuevamente el bolsillo popular, incrementando la carestía.


¿Qué van a hacer al respecto, que no implique repetir las medidas que fracasaron hasta ahora? ¿Nuevos controles de precios que ninguna empresa va a cumplir? ¿Por qué se niegan a tomar medidas que afecten las ganancias empresarias –única manera de priorizar el consumo popular? 

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre medios y comunicación

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, envió preguntas y reclamos al secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, a la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom y al presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, para que respondan en la comisión de Comunicaciones e Informática

22/04/2020


Del Plá afirmó: “En lo que respecta al área de comunicaciones, no sólo es prioritario que se garanticen el trabajo y sueldo de los trabajadores de prensa, redes, telefónicos y cultura, sino también el acceso a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión, para que se garantice el derecho a la comunicación de todo el pueblo que se encuentra en aislamiento social obligatorio”.


“En las preguntas, abordamos toda una serie de temas: la mayor demanda de servicios de comunicación, el aumento de tarifas de Claro, Movistar y Personal, la insuficiente liberación de datos para plataformas virtuales, la realización de teletrabajo sin los elementos adecuados, el uso abusivo de la esencialidad de las telecomunicaciones, la interrupción de licencias y servicios, los despidos y cierres truchos, la situación salarial y de los medios gestionados por sus trabajadores, entre otras cosas”.


“Reclamamos la estatización de todas las empresas de medios y comunicaciones, bajo control de un comité electo de trabajadores y usuarios, para que se garantice el derecho a los medios y la comunicación para toda la población, y se avance en una real democratización de los mismos”.


Romina Del Plá: 1140429791


 


Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre medios y comunicación:


https://po.org.ar/comunicados/2722-las-propuestas-y-reclamos-del-po-fit-sobre-medios-y-comunicacion

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre medios y comunicación

Presentación al secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, a la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom y al presidente del Enacom, Claudio Ambrosini

22/04/2020


Señores funcionarios:


La lucha contra el Covid-19 ha creado una situación excepcional en nuestro país que afecta todas las áreas de la vida social y productiva. Su Ministerio no está al margen de esta realidad, sino que cumple un rol fundamental en momentos de aislamiento social que requieren plenas garantías de acceso a los medios y la comunicación por parte de millones de argentinos, en un cuadro de graves déficits en la provisión de estos servicios.  


Se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, sociales, económicas y de defensa de los trabajadores. En lo que respecta al área de comunicaciones, no sólo es prioritario que se garanticen el trabajo y sueldo de los trabajadores de todos los sectores que afectan a la actividad de prensa, redes, telefónicos y de la cultura; sino también el acceso pleno a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión, para que se garantice el derecho a la comunicación de todo el pueblo que se encuentra en aislamiento social obligatorio.


Le solicitamos que responda a las siguientes preocupaciones y preguntas: 


1) La cuarentena ha producido una mayor demanda sobre los servicios de comunicación y para la actividad postal.


En el caso del servicio de Internet se ha producido un aumento en las fallas de los prestadores, como Telecom/Fibertel, Telecentro, por nombrar algunas. El ENACOM realizó una campaña para bajar el uso de las redes apelando a que los usuario no envíen memes por whats up o videos; sin embargo, no se conocieron campañas que apunten a un mayor control sobres las empresas.


La cuarentena crea una situación de falta de controles. Es esperable que aumente la cantidad de interferencias (que no se atendieron en este período) sobre servicios esenciales (meteorología, aeropuertos, fuerzas de seguridad) y por ende todo tipo de denuncias: por incumplimiento de las empresas, perdidas de servicios, riesgo eléctrico, zonas incomunicadas. Aumentarían, como consecuencia del aumento de las denuncias, los procesos sancionatorios.


También aumenta el servicio de envío de paquetes por las compras on line y los reclamos asociados a este tipo de actividad.


¿Qué medidas extraordinarias tiene previsto garantizar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas que brindan servicios de internet?


¿Qué controles han dispuesto sobre las empresas prestadoras de estos servicios? ¿Cuál es la inversión que deberían hacer las mismas para terminar con las fallas en los servicios? ¿Por qué no los hacen? ¿No van a aplicar penalidades sobre las mismas?


¿Van a reincorporar a los 400 despedidos bajo la gestión de Macri en el ENACOM, entre ellos profesionales y técnicos? ¿O van a avalar esos despidos y el vaciamiento de las funciones que cumplían?


2) Dado el contexto de crisis que estamos atravesando, muchas familias trabajadoras se ven imposibilitadas de pagar los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, las empresas Claro, Movistar y Personal aumentaron las tarifas el 1 de marzo, agravando esta situación. Siendo las telecomunicaciones un servicio esencial y fundamental en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio:


¿Por qué no disponen la continuidad obligatoria del servicio de telefonía e internet a todo usuario residencial u organismo dedicado a combatir la pandemia por falta de pago, sin restricciones, prohibiendo que se corte el suministro? 


En el ámbito educativo se han liberado datos para ciertas plataformas virtuales. La medida resulta insuficiente porque en la enorme mayoría de los casos se requiere acceder a otros contenidos on-line para poder mantener la “continuidad pedagógica” que reclama el gobierno.


¿Por qué no se garantiza la libre conectividad para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos para que se puedan sostener el acceso a los contenidos pedagógicos?


Corresponde que mientras dure la emergencia sanitaria se retrotraiga (y en caso de haber cobrado se reintegre) a los usuarios residenciales el aumento tarifario, no sólo a los grupos que ya han sido exceptuados, sino en términos generales, tomando en consideración que la crisis creada afecta la economía de un sector más amplio que han pasado a una situación de vulnerabilidad .


¿Van a mantener los aumentos de tarifas –a todos los que quedan por fueras de las excepciones ya dispuestas- a pesar de la situación excepcional que estamos viviendo? 


3) La cuarentena llevó a la realización de muchas tareas de las telecomunicaciones a través del teletrabajo. Esta forma de trabajo debería realizarse con los elementos y herramientas adecuadas a cargo de las empresas como notebooks, silla ergonómica, auriculares, etc –que no se están garantizando.  Los trabajadores destacan a su vez una situación que tiende a agravarse como es la presión laboral en ambientes y contextos que no siempre son favorables al trabajador o no cumplen las condiciones adecuadas. A esto se suma la tendencia a aumentar y/o modificar la jornada laboral, no quedando claramente establecida, en medio de un aumento de los ritmos y objetivos en muchos casos abusivos en tareas no esenciales. De esta manera se está afectando la salud e integridad de los y las trabajadoras en un contexto de pandemia y confinamiento social y obligatorio, que por ello reclaman una reglamentación del teletrabajo y una reducción de la jornada laboral que no pueda exceder las 6 horas diarias mientras dure la pandemia, para preservar la salud física y mental de los trabajadores 


¿Qué gestiones preveen tomar frente a esta situación? ¿Qué intervención frente a las empresas bajo la órbita de sus carteras han adoptado para atender la situación de los trabajadores –que afecta a la calidad de los servicios? 


4) Las telecomunicaciones forman parte de las actividades declaradas esenciales establecidas en el decreto DNU 297/2020. Esta esencialidad es usada en muchos casos de manera abusiva por parte de las empresas para realizar todo tipo de tareas, exponiendo a los trabajadores que se desempeñan en la vía pública al contagio, con el solo objetivo de competir entre las empresas y aumentar una ganancia extra. El 26/03/2020 un trabajador tercerizado de Telecom/Cablevisión, de apellido Saucedo, falleció en la localidad de Goya provincia de Corrientes por un “accidente” manipulando un poste en una tarea que no era esencial. 


¿Están al tanto las autoridades de esta situación? ¿Cuántas denuncias similares han registrado?


¿Qué medidas piensan adoptar para evitar que Telefónica/Movistar, Telecom/Cablevisión y Claro presionen a los trabajadores efectivos, contratados y tercerizados para realizar tareas no esenciales y sobre todo nuevas instalaciones o reparaciones dentro de los domicilios, exponiendo a los trabajadores y usuarios al contagio, presionando a los tercerizados bajo amenaza de no cobrar o directamente ser despedidos?


5) Se ha establecido a nivel nacional el otorgamiento de la licencia por ausencia justificada descripta en la Resolución 207/20, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, para cuidado de hijas e hijos. En el caso de la Provincia de Mendoza, además, la misma está contemplada en los art 3 y el art 6 del decreto 384/20 del Ministerio de Trabajo y Seguridad de Mendoza. No obstante ello, no sé está aplicando en el ámbito laboral de Movistar, Personal/Telecom de la provincia luego del DNU 297/20, que estableció a las telecomunicaciones como servicio esencial. Dicho decreto fijó la modalidad de teletrabajo, para todos los trabajadores que pudiesen realizarlo. A partir de ahí se negó rotundamente la licencia por ausencia justificada, a padres, madres, tutores que tuvieran a cargo el cuidado de menores, obligando a teletrabajar en condiciones de hostigamiento, amenazando con descuentos y medidas disciplinarias en caso de solicitar dicha licencia.  A pesar de solicitarse dentro del marco indicado, con declaración jurada, explayando y certificando motivos especiales, que incluyen las condiciones habitacionales dónde se desarrolla una vida familiar, con cuidados específicos de menores, vulnerando el derecho superior del niño/a, adultos mayores de riesgo, hijos con tratamientos terapéuticos. 


¿Las empresas telefónicas fueron exceptuadas del cumplimiento de las licencias establecidas en la Resolución 207/20? ¿Están habilitadas para realizar descuentos salariales o sanciones a los alcanzados por la misma mientras dure la pandemia? 


6) Desde el 20/03/2020, con declaración del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, decreto DNU 297/2020, Telefónica / Movistar dejó de atender el Servicio de Información gratuito 110 que debe brindar según la legislación vigente a todo usuario abonado. Han interrumpido este servicio mientras mantienen el 112 que realiza el cobro de la facturación. La empresa Telefónica / Movistar se niega a hacerlo aduciendo que se puede buscar información mediante un mensaje de texto con un costo adicional o buscando por Internet. Cuando no toda la población puede acceder de esta forma a la comunicación y acceso a la información de números para poder comunicarse con usuarios, hospitales, comisarias, centros de salud, dependencias estatales, empresas, en medio del aislamiento actual. Lo que redunda en un perjuicio a la población que utiliza este servicio, que en la mayoría de los casos forma parte de los llamados “grupos de riesgo” mayores de 60 años. Esta denuncia fue presentada en el ENACOM el 16/03/2020. 


¿Podría el presidente Claudio Ambrosini, brindar información sobre las actuaciones para que se restablezca este servicio gratuito a toda la población? 


7) EL servicio de comunicación e intermediación de personas hipoacúsicas e Impedidas del Habla (HIH) de Telefónica / Movistar que se brinda desde el portal https://www.movistar.com.ar/productos-y-servicios/hih se dejó de atender desde el 20/03/2020. La empresa aduce problemas técnicos, pero hace más de un mes que no lo brinda y antes de la epidemia dejaba de atenderlo periódicamente y en distintas franjas horarias con la intención de cerrarlo. Siendo que es una obligación legal de la empresa y forma parte de los derechos de la población hipoacúsica e impedida del habla a poder comunicarse en tiempo y forma:


¿Qué medidas van a disponer para que se restablezca el servicio como corresponde? ¿Cuándo va a estar resuelto?


8) En el ENACOM se ha conocido un caso de violencia de género que fue motivo de una radio abierta el 8 de marzo de este año y distintas acciones de concientización y difusión los días previos a la cuarentena. 


Melisa Fernández, empleada de ese organismo, fue despedida luego de un proceso de hostigamiento laboral y acoso por parte de un funcionario del mismo. Inició un juicio por despido indirecto, con expediente laboral 10180/2015. Tuvo sentencia favorable en 2017, sin embargo no se dio cumplimiento al pago de la indemnización. Hay un evidente conflicto de intereses en juego, dado que quien lleva la defensa del caso por parte del ENACOM está directamente involucrado con el acosador.


Melisa fue recibida por Silvana Giudici el 06/12/2019, anterior presidenta del organismo, y el jueves 27/02/2020 por Daniel Siciliano, funcionario de su gestión. Tampoco ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Mujeres y Diversidad, mientras sigue violentada y revictimizada por el Estado y por la gestión del ENACOM. 


El aislamiento social obligatorio está siendo la nueva excusa para que no se dé una respuesta a una situación de tan largo arrastre. Más aún, cuando la violencia de género se ha puesto en el centro de la escena, como problemática social profunda agravada por la cuarentena.


¿Por qué no dan respuesta a Melisa Fernández y su justa demanda de indemnización? ¿Qué tratamiento piensan darle al tema? ¿Cuánto más deberá esperar una respuesta?


9) La irrupción de la pandemia y la cuarentena que, desde el vamos, estableció la esencialidad de la actividad periodística, en rigor, implicó un estímulo a las ganancias patronales bajo la forma de ratings récord, altos flujos de audiencia web y, especialmente, el ingreso de pauta oficial y hasta privada. Sin embargo, para las empresas generó un contexto ideal para seguir deteriorando la actividad e incluso avanzar en despidos y cierres truchos con el propósito deliberado de imponer nuevas formas contratación y nuevos regímenes laborales.


Los más de 4.500 despidos acumulados en los últimos años oficiaron también como plataforma para imponer rebajas salariales en los medios públicos y privados así como extorsión para avanzar en la vulneración del Estatuto del periodista y el convenio.


¿Qué medidas dispusieron para supervisar las condiciones de la actividad periodística en el marco de la cuarentena? ¿Qué seguimiento tienen del destino de lo recaudado por la pauta oficial?  


¿Qué actuaciones dispusieron desde su cartera en lo que refiere al cumplimiento del estatuto del periodista? ¿Qué intervención han tenido frente a las empresas, cuya actividad regulan, en relación a esta problemática?


10) Los despidos no han cesado en el gremio de prensa en medio de la cuarentena. La patronal de la revista Pronto cometió una violación flagrante de la conciliación obligatoria, despidiendo trabajadores y forzando objetivamente a un cierre para tercerizar y precarizar la labor.


El mismo día en que miles de trabajadores se manifestaban por las redes y en medio de la cuarentena, la patronal de Atlántida, que edita Revista Gente, Paparrazzi y Billiken entre otras publicaciones, haciendo caso omiso al decreto de prohibición de despidos, decidió cesantear a 45 trabajadores. La comisión interna del SiPreBA denunció “amenazas de despidos a trabajadoras y trabajadores de la editorial mediante un llamado de sus jefes directos quienes les anuncian que la empresa decidió ‘liberarlos de prestar tareas’ y les informan que se comunicarán con ellos en estos días para tener una reunión y llegar a un "arreglo"”.  


¿Por qué no se aplican sanciones contra estos atropellos? ¿Por qué se permite que se viole impunemente el DNU que prohíbe los despidos en el ámbito de sus carteras? 


11) Los gremios de prensa, Sipreba y Fatpren, vienen  denunciando las precarias condiciones y la desprotección en que los trabajadores del sector hacen frente a la pandemia. Empezando por la situación salarial, particularmente crítica si se considera que en los últimos siete años el poder adquisitivo de los trabajadores de prensa se redujo hasta un 50%. A eso se suma que la negociación de la segunda fase de la paritaria del 2019, ya atrasada fue suspendida una vez declarada la cuarentena -dejando el aumento en apenas un 15%.


¿Han dispuesto algún tipo de gestión para intervenir sobre la grave situación salarial de los trabajadores de los medios de prensa y comunicación? ¿No corresponde que se extienda a los trabajadores de prensa el bono especial por tarea esencial concedido a otros sectores?


12) Los medios gestionados por sus trabajadores no percibieron ninguna ayuda económica para atravesar la situación asfixiante que ya venían arrastrando y que, ahora, se profundiza.


¿Qué medidas van a disponer para revertir el problema que atraviesa este sector?


13) En materia de actividad periodística, es sabido que el SIPREBA reúne a la abrumadora mayoría de las comisiones internas de diarios, revistas, TV y radio -y es el sindicato de base reconocido por la Fatpren en las negociaciones paritarias.


¿Por qué ante la evidencia de que la representación legítima de los trabajadores de prensa corresponde al SIPREBA, el gobierno y las empresas siguen tomando como interlocutor válido a la UTPBA? 


14) ¿Qué inversiones se han hecho desde el Estado para el reforzamiento de las redes digitales y el acceso garantizado a ellas de los sectores populares? 


15) ¿Por qué no se abren los medios públicos para un debate plural y representativo sobre la crítica situación que estamos viviendo, donde se expresen todas las voces sociales y políticas, por ejemplo a través de la TV Pública? 


Reclamamos la estatización de todas las empresas de medios y comunicaciones, bajo control de un comité electo de trabajadores y usuarios (electo por sus pares), para que se garantice plenamente el derecho a los medios y la comunicación para toda la población, y se avance en una real democratización de los mismos. 

Romina Del Plá donó el subsidio de $100.000 al Hospital de Clínicas de la UBA y al Posadas

La diputada del Frente de Izquierda, como había anunciado junto con su compañero Nicolás del Caño, donaron de los $200.000 recibidos en concepto de subsidio en el cuadro de la crisis del Coronavirus al Hospital de Clínicas y al Hospital Posadas.

22/04/2020


Romina Del Plá dijo: “Desde nuestra bancada rechazamos la entrega de subsidios para su uso discrecional por parte de los diputados y sostuvimos que la partida debía ser íntegramente parte del presupuesto del Ministerio de Salud. En un primer momento anunciamos que de ser rechazada nuestra propuesta donaríamos el mismo al Hospital de Clínicas y al Posadas. Así lo hicimos y donamos $100.000 para la atención en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y $100.000 para el Posadas, cuya efectivización nos informaron esta semana.”


 


 

Gabriel Solano: “La rebaja salarial de Larreta es un acto de hipocresía para ocultar las denuncias de corrupción. Presentamos un proyecto para duplicar la tasa de Ingresos Brutos que pagan los bancos y otros sectores”

El legislador Gabriel Solano (FIT-PO) rechazó el paquete de medidas anunciadas por el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y anunció la presentación de un proyecto opuesto

22/04/2020

Solano apuntó en primer lugar contra el anuncio de donación del 25% del salario de los altos funcionarios, “los legisladores del Frente de Izquierda por una cuestión de principios donamos el 70% de nuestra dieta desde siempre. En el caso de Larreta se trata de una impostura, que en primer lugar busca ocultar los escándalos de corrupción que han estallado en los últimos días por las compras con sobreprecios de barbijos y alquiler de hoteles a familiares y funcionarios amigos. Y en segundo lugar busca justificar el congelamiento salarial de los trabajadores de la Ciudad, que perderán poder adquisitivo mes a mes con la alta inflación, sobre todo en alimentos, el congelamiento de la planta y la posibilidad de despidos de trabajadores precarizados. Con una inflación estimada como mínimo en el 50% el congelamiento salarial equivaldrá a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores”.


 


“Es decir que frente a la crisis, los primeros que pierden son los trabajadores mientras los sectores económicos más poderosos permanecen intactos. Dentro de estos se destacan los bancos, que obtuvieron ganancias en 2019 por más de 300.000 millones de pesos, casi el equivalente a todo el presupuesto de la Ciudad en ese mismo año, principalmente por la especulación con las Lelics y también por las tasas usurarias que cobran sobre el crédito al consumo. El último informe del Banco Central destaca la liquidez y solvencia del sector mientras desvían los recursos que les asigna el Estado a través de la emisión para atender la crisis hacia la compra de dólares. La gran industria y el comercio instalados en la Ciudad, la construcción de megaproyectos para la especulación inmobiliaria tampoco son afectados. Tampoco tocan a las Iglesias que en la Ciudad gozan de enormes beneficios impositivos, hasta en emprendimientos lucrativos” continuó Solano.


 


“Desde el Frente de Izquierda presentaremos en el día de hoy un proyecto con una lógica opuesta, defender a los trabajadores en la crisis y que se ajuste a los bancos, la gran industria y la especulación inmobiliaria aumentando las alícuotas de Ingresos Brutos. Terminar con los beneficios impositivos a las Iglesias y aumentar el ABL a las grandes locaciones de la Ciudad. Con esto se podría aumentar la recaudación en 100.000 millones de pesos, lo que equivale a casi el 25% del presupuesto de la Ciudad. El uso de esos fondos será para reforzar al sistema de salud, de educación y también atender la situación dramática de los barrios más postergados”


finalizó Solano.


 


El proyecto del PO-Frente de Izquierda establece llevar las alícuotas de ingresos brutos de los bancos del 5,5% al 12%, lo mismo que pagan los juegos de azar. En el caso de la industria pasa del 1,5% al 5% y en la construcción del 2,5% al 5% exceptuando la construcción de viviendas.

Proyecto de ley: Aumento de la beca Progresar a $10.000

21/04/2020


Artículo 1: Se establece en 10.000$ (DIEZ MIL PESOS ARGENTINOS) el monto para todos/as los beneficiarios de la Beca PROGRESAR, retroactivo al mes de Marzo, y de pago inmediato al 100%.


Artículo 2: Se prorroga la inscripción por el período que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la suspensión de clases en modalidad presencial, asignando el beneficio de forma automática a todos/as los/as estudiantes a partir de los 18 años que acrediten estar inscriptos/as en una carrera universitaria, terciaria, Plan FinEs o en los Centros Educativos de los Niveles Secundarios.


Artículo 3: De forma.


 


Fundamentos:


La extensión del Covid-19 a nivel nacional puso arriba de la mesa los problemas económicos, sociales y de salud que padece nuestro país y el mundo entero. Uno de los sectores que más sufre en el marco del avance de la pandemia son los trabajadores informales (en negro, monotributistas, cuentapropistas, etc.). Son quienes no tienen cobertura frente a la cuarentena y han quedado merced del coronavirus.


Al interior de este grupo, la juventud y los estudiantes en particular son uno de los sectores más perjudicados, por lo cual se hace necesario tomar medidas de urgencia en pos de garantizar el sustento económico, evitando un cuadro que pueda derivar en una deserción masiva, y garantizar así el derecho al acceso a la educación.


Las desigualdades sociales impiden en nuestro país el cumplimiento del “ingreso irrestricto” y la igualdad de oportunidades para la población en cuanto al acceso al conocimiento, y hoy en día esta situación se agrava con la continuación de clases con modalidad a distancia que se está llevando adelante en todo el país, por la falta de conectividad, de herramientas tecnológicas, de vivienda y hábitat necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje.


En el cuadro de emergencia que estamos atravesando, resulta más necesario que nunca que se destinen los recursos para combatir estas desigualdades y garantizar los ingresos para la juventud, lo mismo que para el conjunto de los trabajadores de nuestro país.


En ese sentido, el sistema de becas nacional debe dar una respuesta. En el año 2019 hubo más de 500.000 beneficiarios de la Beca Progresar –mostrando las imperantes necesidades de asistencia de un amplio sector de la juventud que estudia. Hoy, el parate de la actividad económica, que se impone como medida necesaria para evitar el contagio del Covid-19 y proteger la salud, afecta con particular crudeza a los jóvenes precarizados, y amplía la franja de estudiantes que necesitan la beca.


Por otro lado, la suma de $2250 mensual que otorga la beca Progresar en su enorme mayoría (existen casos en que los montos algo mayores -entre $3250 y $6900- de muchísimo menor alcance) es un monto absolutamente insuficiente, y desactualizado de la realidad de nuestro país, marcada por un enorme aumento del costo de vida en los últimos años.


Por estos motivos en el presente proyecto planteamos el aumento inmediato del monto de la beca Progresar a 10.000 pesos y que ésta sea otorgada sin restricciones a los estudiantes de entre 18 y 30 años de todos los niveles educativos.


Solicitamos a los diputados y diputadas nacionales el acompañamiento y la urgente aprobación del presente proyecto de ley.

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre ciencia y tecnología

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, envió preguntas y reclamos al ministro Roberto Salvarezza para que responda en la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva sobre la situación de precarización laboral que alcanza a miles de becarios y trabajadores administrativos

21/04/2020


Del Plá afirmó: "La lucha contra el coronavirus creó una situación excepcional que afecta todas las áreas de la vida social y productiva, y no está al margen de esta realidad el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos una preocupante precarización laboral que alcanza a miles de becarios y trabajadores administrativos, que no cuentan con un convenio que ampare derechos laborales, licencias, cobertura de salud y salarios adecuados".


"Elaboramos, junto a Jóvenes Científicos Precarizados, una serie de preguntas sobre distintos aspectos de la situación que están atravesando: el retraso salarial, los varados en el exterior, la problemática con el alta de las becas nuevas así como con la continuidad de las existentes y las que concluyen luego de la 'extensión' por maternidad, la necesaria actualización de las convocatorias y plazos que tenía pautado el ministerio, la demora crónica en la ejecución de los proyectos y las deficiencias en lo que respecta a la cobertura de salud, en particular de los becarios".


Romina Del Plá: 1140429791


 


Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre ciencia y tecnología:


https://po.org.ar/comunicados/2717-las-propuestas-y-reclamos-del-po-fit-sobre-ciencia-y-tecnologia

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre ciencia y tecnología

Presentación al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Roberto Salvarezza

21/04/2020


Señor ministro:


La lucha contra el Covid-19 ha creado una situación excepcional en nuestro país que afecta todas las áreas de la vida social y productiva. Su Ministerio no está al margen de esta realidad.  


Se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, económicas y de defensa de los trabajadores. En el caso de Ciencia y Técnica en particular, tenemos además una situación de preocupante precarización laboral que alcanza a miles de becarios y trabajadores administrativos, que no cuentan con un convenio que ampare derechos laborales, licencias y cobertura de salud acordes, salarios adecuados, entre tantos otros derechos vulnerados. 


Desde esta banca realizamos a fines del año pasado una importante Audiencia Pública organizada junto a Jóvenes Científicos Precarizados, que contó con la participación de más de un centenar de trabajadores de Ciencia y Técnica, reclamando por sus derechos laborales. Hemos elaborado junto con ellos un proyecto de ley para atender este problema, que le hacemos llegar junto al envío de estas preguntas.  


A continuación, le transmitimos las preocupaciones y preguntas de los trabajadores precarizados en la órbita de su Ministerio. 


1) Hay una cantidad de científicos e investigadores que se encuentran en el exterior -donde estaban desarrollando pasantías, estancias y distintos trabajos de investigación- que han quedado varados en distintos países y reclaman su repatriación. 


¿Tienen un relevo de cuántos son los trabajadores de ciencia y técnica que están en situación? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué medidas tomaron o piensan tomar para atender su reclamo? ¿Cuentan con algún tipo de asistencia del Ministerio? 


2) Luego del anuncio público sobre la recomposición salarial a mediados de enero de 2020 para los trabajadores de ciencia y técnica, que alcanzaría en primer lugar a los becarios, no se ha avanzado demasiado en esta dirección. Por el contrario, cada mes que pasa la capacidad adquisitiva de los salarios merma más frente a la inflación. Esta situación se agrava frente a la disparada inflacionaria que ha tenido lugar especialmente desde que se dictó el aislamiento social obligatorio, con particular impacto sobre productos básicos, como los de los alimentos. 


En este punto, exigimos que se formalice un cronograma de pagos, el cual hasta el momento no ha sido publicado y que, en el marco de la actual situación excepcional, se vuelve más que necesario. 


En el escalafón de becarios doctorales, la “recomposición” ha sido menor al 20%, pasando el mal llamado “estipendio” -por una dedicación exclusiva- de $29.800 a $36.342. La escala de los investigadores de carrera, por su parte, ha quedado sumamente rezagada con respecto al valor de la canasta básica familiar. 


En el caso de los trabajadores administrativos, quienes actualmente están realizando teletrabajo en condiciones precarias, la situación es aún más acuciante, porque las autoridades han suprimido las horas extras, las cuales representan poco menos de la mitad del sueldo (unos $7000). Asimismo, los trabajadores han recibido mails con intimaciones de apercibimiento en caso de no cumplirse las tareas.


¿Van a avanzar efectivamente en la recomposición salarial de los trabajadores de ciencia y técnica? ¿Habrá nuevos aumentos? ¿Por qué le quitaron las horas extra a los administrativos que se encuentran realizando tareas desde sus hogares? ¿Van a continuar las intimidaciones por mail sobre este colectivo precarizado de trabajadores? ¿En qué consisten los “apercibimientos” con los que se amenaza? 


3) Las becas de trabajo en investigación al momento se han prorrogado por dos meses. Todos los trabajos de las becas en curso están comprometidos, al igual que los experimentos, el trabajo de campo, las muestras que involucran seres vivos, los insumos provenientes del exterior, entre muchos otros ítems. 


¿Se extenderán estas becas el tiempo que dure la cuarentena?


4) Con años de lucha de los trabajadores investigadores se ha conquistado una licencia por maternidad para el sector de ciencia y técnica. 


¿Qué pasará con las trabajadoras cuyas becas concluyen luego de la “extensión” por maternidad? ¿Se les garantizará la continuidad en sus trabajos?


5) A los nuevos becarios que se encuentran en el trámite de alta de su beca, se les ha exigido presentar la documentación en papel para proseguir el trámite ya que, de lo contrario, su beca sería quitada y reasignada a otra persona. De forma similar, quienes han ganado cargos de ingreso a carrera (CIC), se les ha exigido presentar la documentación en papel para efectivizar una beca extraordinaria con el fin de percibir un ingreso durante los meses que el organismo demora en efectivizar el cargo.


¿Qué sucede con las altas de nuevos becarios? ¿Cuántas han sido solicitadas y cuántas han sido dadas de alta? 


¿Por qué no se habilita la entrega de documentación on-line y se garantiza un alta rápida de todas las becas en las condiciones excepcionales que estamos viviendo? 


6) La situación excepcional creada por el combate al coronavirus exige una actualización de las convocatorias y los plazos que tenía pautado el Ministerio. Las entregas deberían suspenderse y posponerse en su totalidad, lo mismo que las convocatorias a becas y carrera. En este último caso, la última comunicación del directorio del CONICET ha anunciado su apertura “como si nada”, ahondando la profunda asimetría entre las condiciones sociales de los distintos trabajadores del organismo. Sobre la convocatoria en sí, denunciamos que el número de ingresos (menos de 760), continúa muy por detrás del número de recursos humanos formados por el CONICET durante varios años y que, de este modo, terminan en la calle, desempleados.


Del mismo modo, debe darse más tiempo post-cuarentena, porque llevará un esfuerzo sideral la reorganización del trabajo científico y administrativo. 


Asimismo, advertimos que los resultados y las altas pendientes deben estar en primer orden de prioridades dentro del trabajo administrativo. 


¿Qué medidas piensan tomar para adecuar el cronograma de trabajo de acuerdo a las necesidades creadas por la particular situación que estamos enfrentando?  


7) Existe una demora crónica en la ejecución de los proyectos, los cuales en muchos casos se subjecutan, lo que lleva a que al momento en que los investigadores pueden cobrarlos, la inflación devoró sus montos originales, sin existir ningún tipo de actualización o compensación (cuando los gastos continúan su espiral ascendente). 


¿Por qué no se ejecutan la totalidad de los fondos? ¿Por qué se mantienen las demoras en el pago a los investigadores? ¿Qué medidas van a tomar para revertir esta situación? En la medida en que el problema no se resuelva, ¿Por qué no disponen una actualización o compensación para los becarios e investigadores que sufren esta situación?


8) Estamos enfrentando una emergencia sanitaria, que expone la salud de todos, y tenemos en su Ministerio una enorme deficiencia en lo que respecta a la cobertura de salud, en particular de los miles de trabajadores becarios del organismo, quienes se ven impedidos de poder incluir a su grupo familiar dentro de la obra social. Asimismo, en muchas provincias, Unión Personal (UP) ha dejado de prestar distintos tratamientos y servicios.


Frente a esta situación de crisis excepcional, ¿Van a habilitar que los becarios y becarias puedan incluir a su grupo familiar dentro de la obra social? 

Del Plá: “La situación del personal sanitario representa una amenaza de primer nivel”

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, presentó un proyecto, junto a Nicolás Del Caño, para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través del ministerio de Salud y su titular, Ginés González García, informen sobre la situación de los trabajadores de la salud en relación a las denuncias de propagación del coronavirus y a la falta de insumos y medidas de higiene y protección necesarias en diversos establecimientos

21/04/2020


Del Plá afirmó: “La situación que vive el personal sanitario adquirió una gravedad inusitada, que representa una amenaza sanitaria de primer nivel en medio de la lucha contra la pandemia. Las consecuencias de la falta de recursos están mostrando su faceta más dramática: a fines de la semana pasada, el ministerio de Salud publicó la cifra oficial de trabajadores de la salud infectados, que ascendía a 374 y 3 fallecidos. Representa el 14% de los 2.669 casos confirmados hasta ese momento y se trata de la tasa de infección más alta del mundo, superando a España con el 13%”.


“Es evidente que no se destinó el presupuesto suficiente y la situación de colapso ya se empieza a ver cuando aún estamos lejos de llegar al 'pico' de la pandemia. Su impacto es enorme no sólo porque afecta a una parte sustancial de los planteles de salud, sino porque está generando el cierre de servicios y hasta de centros prácticamente enteros”.


“En los distintos centros de salud se van reproduciendo los reclamos de los trabajadores, que participan de reuniones por servicio, delegados por sector, cartas a la dirección e incluso piquetes. En todos los casos se trata de negligencia estatal y patronal, que no atendieron los reclamos de los trabajadores para que se les garantice la provisión de elementos de protección (EPP) e insumos básicos. Además, los trabajadores denuncian la falta de personal y la precarización laboral”.


“Es una necesidad cada vez más apremiante avanzar en una centralización real del sistema de salud, que involucre en un plan común al sector público, privado, de las universidades nacionales y de las obras sociales, coordinado por el ministerio y bajo control de trabajadores y profesionales del sector, así como disponer un aumento presupuestario extraordinario para equipar seriamente al sistema de salud y a sus trabajadores en el combate a la pandemia”.


Romina Del Plá: 1140429791


 


Pedido de informes sobre la situación de los trabajadores de salud:


https://po.org.ar/comunicados/2715-pedido-de-informes-sobre-la-situacion-de-los-trabajadores-de-salud

Pedido de informes sobre la situación de los trabajadores de salud

Frente al Covid-19

21/04/2020

Proyecto de resolución


 


La Honorable Cámara de Diputados y Senado de la Nación resuelve:


 


Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio de Salud de la Nación y titular, Ginés González García, informen sobre la situación de los trabajadores de la salud (profesionales y no profesionales) en relación a las denuncias de propagación del Covid-19 y la falta de insumos y medidas de higiene y protección necesarias en diversos establecimientos de los distintos niveles del sistema (público, privado, de obras sociales y universidades nacionales), respondiendo a las siguientes preguntas: 


 


– ¿Qué controles tienen sobre el cumplimiento de los protocolos y las medidas de protección necesarias en los establecimientos de salud del sistema público, privado, de obras sociales y de universidades nacionales? Desagregue por provincias, sector y municipios.


 


– ¿Cuáles son las medidas que están adoptando para escapar al vergonzoso record de trabajadores de salud infectados en nuestro país?


 


– ¿Qué relevamiento oficial tienen sobre las múltiples denuncias que proliferaron en los últimos días respecto de la desprotección de los trabajadores, falta de insumos, de equipos de protección personal (EPP) y violación de protocolos en los distintos establecimientos? ¿Qué medidas han tomado para revertirlo? ¿Qué sanciones dispusieron por ello para autoridades de los mismos y empresas dueñas de clínicas en el sector privado? 


 


– Teniendo en cuenta que para ciertos procedimientos no alcanza siquiera el barbijo quirúrgico y se requiere de barbijos N95 ¿Cuál es la compra y distribución de dicho material? ¿Cuál es el presupuesto destinado para garantizar los EPP?


 


– Más del 50% de los centros de salud, de distinto nivel de complejidad, en la Provincia de Buenos Aires, tienen como única medida de protección barbijos de friselina. ¿Piensan permitir que esto continúe desde el Ejecutivo y el Ministerio? ¿Cuál es el plan para reemplazar ese elemento de contagio por elementos de protección?


 


– ¿Por qué no se garantizan las licencias a trabajadores de la salud que integran grupos de riesgo (cuidadores de hijes, personal con enfermedades y mayoría de 60 años), como denuncian trabajadores de CABA y distintos establecimientos? ¿Qué medidas van a tomar para que se cumpla con este derecho?


 


– ¿Cuántos trabajadores de la salud (profesionales y no profesionales) revisten en calidad de sospechosos? ¿Qué medidas se dispusieron para estos casos y qué seguimiento tienen del cumplimiento de las mismas?


 


– ¿Qué resarcimiento van a disponer para el personal de salud contagiado de Covid-19 por culpa de la negligencia patronal –sea estatal o privada?


 


– ¿Cómo se va a reemplazar el personal que deba hacer aislamiento obligatorio? ¿A quiénes van a convocar? ¿Bajo qué modalidad de contratación?


 


– ¿Cuánto se va a demorar el testeo masivo de todo el personal que se desempeña en instituciones de salud de los distintos niveles?


 


– ¿Cuál es el porcentaje de aumento salarial para los trabajadores de la salud que propone el Gobierno para la paritaria?


 


 


Fundamentos


 


Sr. Presidente:


 


La situación que viven los trabajadores del sistema de salud ha adquirido una gravedad inusitada, que representa una amenaza sanitaria de primer nivel en medio de la lucha contra la pandemia.


 


Las consecuencias de la falta de recursos están mostrando su faceta más dramática. En los últimos días se multiplicaron los casos de infectados entre los trabajadores de la salud, a niveles altísimos. A fines de la semana pasada el Ministerio de Salud publicó la cifra oficial de trabajadores de la salud infectados con coronavirus, que asciende a 374, y 3 fallecidos. Ello representa el 14% de los 2.669 casos confirmados de coronavirus en la Argentina hasta el momento. Se trata de la tasa de infección del personal sanitario más alta del mundo, superando a España donde se ubica en el 13%.


 


Es evidente que no se ha destinado el presupuesto suficiente, y la situación de colapso ya se empieza a ver cuándo aún estamos lejos de llegar al momento “pico” de la pandemia.


 


El hecho de que esto suceda cuando el pico de contagios está lejos es un dato verdaderamente alarmante. Su impacto es enorme no solo porque afecta a una parte sustancial de los planteles de salud, sino además porque está generando el cierre de servicios y hasta de centros prácticamente enteros.


 


La situación es más grave aún si consideramos que existen hospitales y clínicas que se han convertido en verdaderos focos infecciosos. En el Hospital Julio C. Perrando de Chaco hay 60 casos positivos de covid-19 entre el personal de la salud, y en el porteño Sanatorio de la Providencia son 40 y hay 200 testeos en espera. 19 se registraron en el Hospital Belgrano del distrito bonaerense de San Martín, el Hospital Italiano de Caba y el Fresenius de Chaco. También hay 8 en el Hospital Gutiérrez de La Plata.


 


Recientemente una asamblea de delegados residentes de la Provincia de Buenos Aires acaba de votar que no atenderán pacientes si no se garantiza la protección necesaria para resguardar su propia salud. Denuncian la absoluta desprotección estatal y que en la mayoría de los centros de salud el único elemento de bioseguridad es un barbijo de friselina por semana.


 


En los distintos centros de salud se van reproduciendo los reclamos de los trabajadores, que participan de reuniones por servicio, delegados por sector, cartas a la dirección, incluso piquetes como es el caso del citado Hospital Belgrano.


 


En la provincia de La Rioja, donde el 80% de los positivos son trabajadores de salud, el gobernador Ricardo Quintela, lejos de dar respuesta a sus demandas, terminó atacándolos y adjudicándoles la responsabilidad por la propagación del coronavirus en la provincia. 


 


En todos los casos se trata de la negligencia estatal y patronal, que no atendieron los reclamos de los trabajadores para que se les garantice la provisión de elementos de protección (EPP) e insumos básicos. El extremo se vive en Chaco, donde más de la mitad de los 200 contagiados es personal sanitario, y prácticamente no hay centro de salud que no tenga algún miembro del plantel contagiado.


 


En los hospitales porteños denunciaron además la pésima calidad de lo que fue entregado, como las máscaras hechas con láminas de plástico y tres banditas elásticas, en lugar de las máscaras de acrílico. 


 


Además de la ausencia la provisión de elementos básicos para evitar los contagios, en todo el país los trabajadores de los hospitales denuncian la falta de personal y la precarización laboral. En varias provincias como Mendoza no cobran sus salarios, motivo por el cual los trabajadores del Hospital de Niños Humberto Notti realizaron hoy una protesta para reclamar al gobernador Rodolfo Suárez. En la provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof viene pateando la paritaria de los profesionales. En Córdoba el 30% del personal está precarizado.


 


Otro patrón común es la ausencia de todo control sobre las clínicas privadas. Luego de que trascendiera el escándalo del Sanatorio de la Providencia, el Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, dijo que “no tiene poder de sanción”. De igual manera, en el Centro de Salud del Norte de Vicente López, donde por no respetar el protocolo con una paciente -a la que se le realizó el test recién luego de su fallecimiento y por orden judicial- se contagiaron 8 trabajadores, el intendente Jorge Macri y el Ministerio de Salud provincial se pasan la pelota pero ninguno interviene. Es un testimonio incontestable de las consecuencias de la privatización de la salud, así como de la necesidad de centralizar el sistema sanitario.


 


El gobierno sostiene que ha centralizado el sistema de salud, porque todo el sistema privado estaría centralizado y controlado también por el sector público. Pero en realidad se trata de una falacia, no existe en los hechos una centralización, porque no hay un plan que integre los recursos para atender las necesidades sanitarias. Para ello deberían afectar el negocio privado de quienes lucran con la salud, ya que una verdadera centralización al servicio de atender las necesidades de la pandemia, implica un principio de ruptura con la administración capitalista en esta área. 


 


Es una necesidad cada vez más apremiante avanzar en una centralización real del sistema de salud, que involucre en un plan común al sector público, privado, de las universidades nacionales y de las obras sociales, coordinado nacionalmente por el Ministerio y bajo control de trabajadores y profesionales del sector, y disponer un aumento presupuestario extraordinario para el equipar seriamente al sistema de salud y su trabajadores en el combate a la pandemia. 


 


Por estos motivos, solicitamos a los señores diputados que coincidan con este pedido de informes adhieran al mismo.

[Barbijos] Gabriel Solano presentó pedido de citación a Felipe Miguel por los hechos de corrupción en CABA

El legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó un pedido de interpelación al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, por las compras de barbijos con sobreprecios a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management. El mismo debe ser aprobado por la Legislatura.

21/04/2020


Solano dijo: “La compra de barbijos a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management revelaron no solamente irregularidades por sobreprecios sino un entramado de relaciones entre empresarios y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad para la adjudicación de compras y contrataciones que deben ser esclarecidas. Las renuncias del subsecretario de Administración de Salud, Nicolás Montovio y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Gonzalo Robredo no subsanan la situación: son hechos graves de los que se debe llegar al fondo de la cuestión. Reclamamos que el Jefe de Gabinete se presente ante la Legislatura para esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades de funcionarios en los delitos de cohecho y tráfico de influencias. La oposición debe pronunciarse sobre este punto. Si los bloques opositores a Cambiemos lo acompañan, el proyecto de citación para que Felipe Miguel de las explicaciones correspondientes tendrá mayoría.”


 


 

La Conferencia Latinoamericana convocada por el FIT-U se posterga

20/04/2020


La Conferencia Latinoamericana convocada por los partidos integrantes del Frente de Izquierda-Unidad, para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo del corriente año, ha sido postergada en fecha a definir. El desembarco de la pandemia del coronavirus en nuestro continente hace imposible –por el cierre de fronteras, las medidas de cuarentena, etc.- la realización de la Conferencia en la fecha prevista.


Queremos dejar en claro que se trata solo de una suspensión temporal hasta que las condiciones nos permitan realizarla. Es que la iniciativa del FIT-U, a la luz de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus y la agudización cualitativa de la crisis capitalista y sus consecuencias sociales devastadoras para las y los trabajadores y los sectores populares, ha adquirido una mayor importancia aún.


En el marco de una profunda desigualdad social, una pobreza creciente y los sistemas de salud pública deteriorados por décadas de recortes, todos los gobiernos latinoamericanos, desde los más derechistas hasta los autodenominados “nacionales y populares”, con sus matices, han actuado en defensa de los intereses capitalistas en detrimento de la preservación de la salud y la vida de los sectores populares. El imperialismo yanqui, por su parte, a pesar de que Estados Unidos ha pasado a ser el epicentro de la crisis sanitaria mundial, se ha valido de la pandemia para relanzar una nueva cruzada criminal contra los pueblos de Venezuela y de Cuba.


La burguesía, la mayor parte de ella golpeada por el parate económico forzoso, descarga su crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador y aprovecha la conmoción social para avanzar de hecho con reducciones salariales, despidos, reformas laborales y previsionales. A su vez, se acrecientan las crisis políticas y los gobiernos fortalecen los aparatos represivos, previendo nuevos levantamientos de las masas, en lugar de invertir todos los recursos en favor de un mayor equipamiento sanitario. Como consecuencia de todo esto, las enormes contradicciones sociales que motivaron las grandes rebeliones populares de 2019, lejos de haberse apaciguado se han agudizado. Ya estamos viendo muestras en nuestro continente y en el mundo de resistencia de sectores de la clase trabajadora contrala ofensiva patronal. Nuestro Frente de Izquierda-Unidad publicó ya hace un mes una declaración con un programa y una orientación para que esta histórica crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.


Este escenario, refuerza la necesidad de concretar la conferencia cuando estén dadas las condiciones para impulsar la lucha de las masas obreras y campesinas contra las consecuencias devastadoras de la crisis capitalista y el coronavirus. Más que nunca, la tarea estratégica es la lucha por Gobiernos de Trabajadores y la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.


La realización de la Conferencia Latinoamericana, a su turno, será un instrumento fundamental para impulsar esta perspectiva.


Partido Obrero – PTS – Izquierda Socialista – MST

Gabriel Solano: “Crece la demanda de alimentos en las escuelas”

El diputado Gabriel Solano ( FIT-PO) recorrió escuelas de la Ciudad - junto a otros miembros de la comisión de educación de la Legislatura portaña - para corroborar la situación de la entrega de alimentos a estudiantes de nivel inicial, primario y de educación especial, luego de haber recibido diversas denuncias por la insuficiencia de las canastas para cubrir las necesidades de los chicos

17/04/2020

"El día de hoy visité al Jardín 15, del barrio de Parque Patricios donde pude corroborar las denuncias recibidas,  los alimentos secos siguen siendo pocos, variedad de frutas y verduras no cumplen ni siquiera con el folleto de alimentación saludable que el propio gobierno de la ciudad distribuye con dicha canasta"


 


"Es necesario, y hemos presentado un proyecto en la Legislatura, para que se unifique el menú sin discriminación entre desayunos o almuerzos y que se distribuya a todas las familias de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo de la CABA que lo soliciten. Las  propias autoridades de la escuela nos comentaron que la demanda de alimentos en los barrios crece, con familias que se acercan a las escuelas a pedir alimentos"


 


"Se hace urgente pues, que los recursos de la Ciudad – que incluyen un endeudamiento de 150 millones de dolares votados la semana pasada – sean destinados a apalear las terribles consecuencias sociales y sanitarias de esta crisis, y no para la compra de material "antidisturbio" orientada a la represión interna, o la compra con sobreprecios de barbijos (!)".


 


 


Ver proyecto presentado: https://prensaobrera.com/politicas/69143-caba-vamos-por-la-mejora-y-universalizacion-de-los-bolsones-alimentarios-para-toda-la-juventud


 

“La propuesta de la deuda es un rescate de los bonos basura, no hay desendeudamiento”

La diputada del PO-FIT, Romina Del Plá, participará hoy de la reunión virtual del presidente Alberto Fernández con jefes de bloque

17/04/2020


Del Plá afirmó: "Voy a insistir con la necesidad de anular de inmediato todo pago de la deuda. La propuesta de reestructuración que se conoció en estas horas es un rescate de bonos que tienen un precio basura en el mercado de deuda. No hay casi quita de capital y, tras el período de gracia, se sostienen tasas al doble de las internacionales, el total de la quita sobre capital e intereses es apenas del 32%. No hay desendeudamiento y, hay que aclararle al pueblo argentino, la reestructuración abarca sólo el 20% del total de la sideral deuda externa de U$S 330 mil millones. No incluye la deuda con el Fondo, ni con el resto de los organismos internacionales, ni con el Club de París, ni la descomunal deuda en pesos que se siguió pagando o refinanciando en medio de la pandemia y las privaciones del pueblo argentino".


"Es significativo el apoyo cerrado de todos los gobernadores del macrismo y el radicalismo, y también los elogios del ministro Guzmán al FMI, que resultan criminales porque se coloca al máximo gendarme financiero internacional como árbitro, cuando está dominado por las potencias imperialistas y sabemos que su posición siempre favorecerá los intereses del conjunto de la especulación financiera internacional, aún cuando tenga intereses propios para cobrar su deuda".


"Como se hacía desde los tiempos de Cavallo, ahora en uso de los superpoderes que autorizó Juntos por el Cambio, se elude al Congreso para hipotecar al país, violando una disposición constitucional".


"En la dramática situación argentina, con un pueblo luchando contra la pandemia desde condiciones económicas extremas, insistiremos con la imperiosa necesidad de prohibir efectivamente los despidos por un año y con la defensa integral de los salarios de todos los trabajadores. En el país falta de todo para nuestra salud y para alimentar a millones de personas, y la propuesta se hace mientras se opera una corrida hacia el dólar que, otra vez, presiona hacia una devaluación. Tampoco se conoce el proyecto gubernamental de impuestos progresivos a las grandes fortunas, cuando desde nuestra banca ya presentamos uno que grava integralmente a los capitalistas (la renta financiera de los bancos, los terratenientes, los especuladores inmobiliarios) y propone recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares para afrontar la pandemia".


"Reclamamos el no pago de la deuda, a excepción de los bonos en manos del Anses, lo cual debe ser acompañado por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como parte de un plan de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores, en favor de la mayoría laboriosa del país".


Romina Del Plá: 1140429791

Belliboni: “El Gobierno no tiene un camino claro para reestablecer la asistencia a los comedores, que se sigue demorando”

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, tras la reunión con el Ministerio de Desarrollo Social. El lunes habrá una nueva reunión, de modo virtual.

16/04/2020


El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, tras la reunión con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social dijo que: “El Gobierno no tiene un camino para reestablecer la asistencia a los comedores. No hay órdenes de compra ni precisiones de tiempos. La presentación de reclamos depende de áreas que están en procesos administrativos no sé sabe hasta cuándo. La realidad es que, en concreto, no hay nada. Nos vamos más preocupados que satisfechos.”


Belliboni concluyó: “Hay una urgencia en los barrios que el Ministerio de Desarrollo social no se está atendiendo. La situación es de extrema gravedad. Miles de personas que se alimentan en comedores, adultos y niños no están recibiendo sus raciones de comida. No entienden la dimensión del problema y la demanda que hay en los barrios. El hambre está golpeando duramente. Mientras estábamos reunidos en un comedor en Soldati hubo un gravísimo incidente: 700 personas esperaban para comer cuando una persona entró violentamente para llevarse alimentos. La dramática situación pone de relieve la gravedad. El lunes habrá una reunión virtual. Está bien que nos atiendan, pero deben dar respuestas a la situación social.”


 

Del Plá ante Gómez Alcorta: “El negacionismo frente a los femicidios incrementa la desprotección a las mujeres”

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, envió preguntas y reclamos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta para que responda en la comisión de Mujeres y Diversidad sobre la situación de las mujeres en cuanto a violencia, femicidios, precarización laboral y despidos.

16/04/2020


“Dos semanas después, el problema se agravó. Por eso, ante la reprogramación de la comisión, insistimos: tenemos un ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que niega la gravedad de la violencia contra estos sectores, las cifras de femicidios y su incremento bajo la cuarentena. Mientras todos los delitos bajan hasta 50% bajo la cuarentena, se mantiene la cantidad de mujeres asesinadas y se incrementan casi 50% las llamadas a los números de referencia, sin embargo, entre el 8 y el 11 de abril la ministra realizó un raid mediático negacionista de la realidad que se vive, intentando minimizar la situación, como se puede ver en sus respuestas en todos los medios de comunicación. Esto es un escándalo”.


“Las críticas de distintos sectores del movimiento de mujeres a la anodina campaña del barbijo rojo desnudan una orientación que delega la responsabilidad de denunciar y actuar sobre las víctimas, y la inacción completa del ministerio. Para agravar el cuadro, responde a las críticas por su inactividad contraponiendo la asistencia a las mujeres que denuncian a través de casas refugio con la exclusión del hogar del violento, cuando ambas son políticas complementarias que debieran ejecutarse. Sin embargo, el ministerio no garantiza ni una cosa, ni la otra ni nada”.


“Una gran cantidad de mujeres no cuentan con medidas de protección, muchas excluidas del subsidio de $10.000 (Ingreso Familiar de Emergencia), que no sólo es absolutamente insuficiente, sino que no lo cobra el amplio universo de mujeres que cuentan con algún miembro del grupo familiar que tenga un plan social. No vimos al ministerio de las Mujeres hacer nada por ellas y por aquellas trabajadoras domésticas a las que sus empleadores transformaron el IFE en un subsidio patronal”.


“Lo que sí hizo el Gobierno en esta cuarentena es reforzar la presencia y el financiamiento de las iglesias más rancias y antiderechos, como la Iglesia Católica y el reagrupamiento de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que son verdaderos combatientes, no de la pobreza, sino de la libertad y los derechos de las mujeres. Este reforzamiento, que tiene una fuerte expresión en el copamiento del ministerio de Desarrollo Social por parte de estos sectores, es reaccionario en varios sentidos. Reclamamos que se presente el proyecto de aborto que debía tener preparado el Gobierno, porque lo iba a presentar el día que comenzamos con la cuarentena, para que se pueda evaluar y discutir entre el movimiento de mujeres, y para impedir que el lobby clerical, que está muy próximo al Gobierno, influya aún más en este tema".


“Toda la política del Gobierno evitó destinar fondos al ministerio, los cuales están destinados al pago de la deuda externa en una proporción infinitamente superior a los fondos destinados a la cuestión de la cuarentena”.


Romina Del Plá: 1140429791


 


Las propuestas y reclamos del PO-FIT a la ministra Gómez Alcorta:


 


https://po.org.ar/comunicados/2707-las-propuestas-y-reclamos-del-po-fit-a-la-ministra-gomez-alcorta

Las propuestas y reclamos del PO-FIT a la ministra Gómez Alcorta

15/04/2020


Señora ministra:


La cuarentena ha agravado otra pandemia preexistente: la de violencia contra las mujeres y los femicidios. Sólo el mes de marzo dejó un saldo de 34 mujeres víctimas, y los casos y denuncias se siguen multiplicando. La vulnerabilidad de las mujeres que han quedado confinadas a convivir con sus agresores, muchas veces intrafamiliares, se ha exacerbado, pero sus razones son precedentes. La precarización y la informalidad laboral que alcanza a un 40% de los trabajadores en nuestro país, tiene entre sus filas una mayoría de mujeres, que no cuentan con medidas de protección en el marco de la pandemia, con un subsidio de $10.000 (el Programa IFE), que no sólo es absolutamente insuficiente, sino que excluye a una enorme masa de trabajadoras, por ejemplo el amplio universo de trabajadoras de casas particulares que cuentan con un algún miembro del grupo familiar que sea beneficiario de un plan social. Tampoco su gestión se puso a disposición de aquellas mujeres a las que las y los empleadores han transformado el IFE en un subsidio patronal. Otra vez no apareció su ministerio. Pero no es solo esto, porque sin ser una tarea esencial, la página de su ministerio informa a las empleadas domésticas que pueden acceder a determinadas licencias, pero no les anuncia que su empleador no debe convocarlas y debe pagarles igual. Esta información lamentablemente se restringió y no se popularizó. 


Entre los 45.000 despidos que tuvieron lugar en el mes de marzo hay muchas trabajadoras, que agravan su dependencia económica y el desamparo, muchas veces viviendo en condiciones de hacinamiento, y a cargo del cuidado de niños y adultos mayores. No se ponen en marcha casas refugio, ni dispositivo de contención y ayuda real a las mujeres víctimas de violencia, mientras se afirma que han aumentado de manera exponencial (una disparada del 39%) las denuncias de la línea 144 y otras líneas telefónicas.


Sin embargo, ninguna medida específica se ha tomado hasta el momento para que la asistencia no reproduzca la asimetría que existe en el mercado laboral contra las mujeres. En este rubro no se han protegido a las mujeres que son la mayoría de las precarizadas. 


Tampoco apareció en escena el ministerio para atender la sobrecarga de trabajo al interior del hogar en los casos en los que se practica el trabajo virtual y domiciliario, en la mayoría de los casos no regulado por normas laborales o por paritarias. 


Y frente al drama de la convivencia 24 x 7 con el violento, el ministerio no sólo no dio respuestas sino que intentó con sus discursos y acciones, pretender instalar en la sociedad la idea de que el problema en curso sería la ausencia de denuncias, cuando el problema es la falta de asistencia del Estado, la revictimización permanente en todas las instancias institucionales, la ausencia de salidas materiales concretas, la ausencia de políticas destinadas a ofrecer autonomía económica fundamental para desarmar una parte de la trama de la violencia. 


Toda su política evitó destinar fondos al Ministerio, los cuales están destinados centralmente al pago de la deuda externa en una proporción infinitamente superior al conjunto de los fondos destinados a la cuestión de la cuarentena. Y lo que es peor, la política monetaria de emisión de dinero está siendo destinada a la compra de dólares y no a la asistencia a la población. 


Esta política central del gobierno es lo único que puede explicar la oblicua respuesta a las críticas recibidas por la inacción en la que ha navegado su ministerio desde sus comienzos y que plantee usted que no impulsa casas refugio porque mejor es que se vayan los golpeadores de las casas. 


Mientras la ministra enuncia máximas políticas sobre qué es lo mejor para las mujeres, en la práctica ellas se mueren frente a una acción ineficiente de su ministerio. Mucho mejor al ideal alejamiento del hombre violento del hogar, sería que no existieran los hombres educados en la violencia contra las mujeres y los niños, y que no se impartieran desde el Estado, los principios clericales que acompañan y hasta ofrecen una base religiosa a este vínculo de sometimiento.


Centralmente “lo mejor” no puede ocurrir cuando un gobierno refuerza la presencia y el financiamiento de las iglesias más rancias y antiderechos, aliadas a militares y a gobiernos golpistas, como ocurre con la Iglesia Catolica y el reagrupamiento de templos evangélicos sostenidos por el bolsonarismo y por el protestantismo yanqui, nucleado en ACIERA. 


Mientras dure la cuarentena, el Estado debe alejar inmediatamente a una mujer que denuncie violencia, y debe hacerlo en las mejores condiciones para ella y para sus hijos. Cuanto mejor si esto lo podían lograr alejando al violento del hogar. Pero no pasó ni una cosa ni la otra. 


Durante la pandemia no se han implementado dispositivos de contención y ayuda real a las mujeres víctimas de violencia y mientras se afirma que han aumentado de manera exponencial las denuncias de la línea 144 y otras líneas telefónicas (un 60% de incremento de llamadas en el caso de la PBA) se sigue repitiendo que necesitamos más denuncias. El mejor impulso a una denuncia es una asistencia adecuada,  algo que el ministerio se niega a ofrecer. 


1) ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores se desempeñan en funciones en su Ministerio? ¿Cuáles las modalidades de contratación? ¿Cuál es el salario mínimo correspondiente a cada modalidad?


¿Qué presupuesto se ha destinado en lo que va del año a enfrentar la violencia de género (por fuera de lo que involucra la atención de las líneas telefónicas, las instrucciones en el marco de la Ley Micaela y de las charlas organizadas por el Ministerio)? 


2) Se han promocionado mucho las líneas telefónicas de denuncia, como la 144, y se afirma que han crecido sensiblemente las denuncias desde que se decretó el aislamiento social obligatorio.


¿Dónde están localizadas las denuncias? ¿Por qué no se presenta un mapeo de la localización geográfica de las mismas, para que las organizaciones sociales y de mujeres puedan coordinar una red de contención –con todos los recaudos que fueran necesarios disponer para evitar ningún tipo de exposición de quienes denuncian? 


3) La política de su Ministerio para atender este flagelo ha sido la campaña del “Barbijo Rojo”, que coloca en manos de las propias mujeres víctimas  la responsabilidad de hacer la denuncia, en algunos casos frente a sus agresores. Con un mecanismo que consta en presentar la denuncia frente a gente que no tiene por qué saber cómo asistir la situación. La campaña en ciernes fue duramente criticada por su carácter anodino, cuando lo que se necesita son casas para refugios de emergencia adecuados, personal estable, (psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, gestoras, y de otras disciplinas) y dispositivos reales y materiales de atención a las víctimas, como subsidios que efectivamente cubran las necesidades.


Según ud. ha informado, en el país hay entre 120 y 125 refugios y “la inmensa mayoría son municipales, algunos son provinciales, algunos de la sociedad civil y de organizaciones religiosas”


¿Qué supervisión existe desde su Ministerio sobre el funcionamiento de los mismos? ¿Cuántas mujeres cobijan cada uno y en qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo permanecen en promedio las mujeres en estos refugios? ¿Qué asistencia reciben en ellos y qué capacitación tiene el personal? ¿Qué pasa con las mujeres cuando los abandonan, con qué garantías y asistencia cuentan? 


4) Existe una gran cantidad de inmuebles ociosos, como los de la Iglesia, o las instalaciones de la industria hotelera paralizada paralizada ante la pandemia. 


¿Por qué no se dispone la utilización de los mismos ante la emergencia que vivimos las mujeres, para poner en funcionamiento casas refugios de protección a las mujeres víctimas?


5) Las empleadas domésticas y millones de jefas de hogar están sin acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, porque el gobierno está demorando el pago o porque quedan excluidas por criterios que terminan sumergiendo en el hambre a las familias. Las extranjeras están siendo violentamente discriminadas.


¿Por qué se excluye a las mujeres migrantes de la asistencia del Estado?


6) Lejos de avanzar en el reclamo de millones por la separación de la iglesia del Estado, su gobierno no ha hecho más que estrechar lazos con el Vaticano, reforzando la injerencia de una institución que se dedica a impartir conceptos oscurantistas contra las mujeres y disidencias entre los trabajadores y los más pobres, que protege y ampara a curas abusadores, educa en la resignación ante la violencia, la imposición de un modelo familiar autoritario y defiende el aborto clandestino.  


Su Ministerio promociona campañas que pretenden “enseñarle” a las mujeres cómo construir vínculos afectivos por fuera de los esquemas tradicionales, que no tienen asidero ni alcance alguno porque las relaciones opresivas entre los géneros reposan sobre las relaciones sociales que no se pretende alterar. El refuerzo a la intervención de las iglesias contradice incluso la pretensión esgrimida.


Por el contrario, siendo que el movimiento de mujeres y disidencias lucha por combatir la influencia de una institución de enemiga sus derechos como las iglesias.


¿A qué se debe el sostenimiento, tanto económico como político, a las iglesias católica y las evangelistas, como las nucleadas en la reaccionaria ACIERA, que han sido promotoras de todas las acciones contra los derechos de las mujeres y las disidencias?


¿Qué posición tiene el Ministerio sobre el reclamo de separación de la iglesia y el Estado? ¿Contemplan algún plan de acción en la materia?


7) Desde nuestra banca, hemos planteado que para atender las necesidades de las mujeres en la cuarentena, debería re direccionarse el dinero que se destina a pagar los sueldos de la cúpula episcopal que hoy reciben de parte del Estado, a la construcción en casas refugio y medidas concretas de asistencia a las mujeres víctimas de violencia (no meras campañas publicitarias). Sabemos que las grandes fortunas de la Iglesias no radican en este aspecto (una institución que cuenta en su haber incluso con grandes negocios inmobiliarios). Además, la propia Iglesia Católica hace más de dos años que viene amagando con aceptar una modificación de estas disposiciones que vienen de la última dictadura militar. No obstante, sería un principio alentador, que al menos se empiece por redireccionar ese dinero a atender las necesidades apremiantes que tenemos. 


¿Por qué no se adopta una medida de este tipo, y se obtienen así recursos para atender la problemática de la violencia de género, que se agrava en el marco de la pandemia? ¿Por qué se mantiene el financiamiento estatal de las iglesias (a través del pago de sueldos y jubilaciones onerosas de curas y obispos, exenciones impositivas de todo tipo, subsidios de tarifas y subsidios a sus negocios en salud y educación)?


8) Recientemente, el presidente Alberto Fernández grabó un video con los curas de “la opción por los pobres” que desfilaron por el congreso en defensa del aborto clandestino en 2018. 


Está claro que una de las cuestiones que postergó la emergencia ante la pandemia, ha sido avanzar en la legalización del aborto. El gobierno ya tiene un redactado un proyecto propio, como anunció largamente y cuya presentación había sido anunciada para los días en que empezó la cuarentena, lo cual hubiera permitido da amplia difusión y conocimiento a su contenido, e incluso reforzar una campaña de adhesiones para seguir ampliando el apoyo popular a este derecho tan postergado. La preocupación del movimiento de mujeres sobre esta cuestión es muy grande, y crece a la luz del reforzamiento del papel de las iglesias en el marco de la cuarentena. 


¿Por qué no han dado a conocer el proyecto del PEN sobre aborto legal?  


¿Cuál es el contenido del proyecto que se supone ya está redactado por el Poder Ejecutivo? ¿Por qué han decidido hacer un proyecto distinto al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto? ¿En qué radica la diferencia con el último presentado por este colectivo en mayo de 2019?


9) El Ministro Trotta afirmó que están trabajando la aplicación de la ESI con las iglesias. El movimiento de mujeres y la juventud viene reclamando con masivas movilizaciones una educación sexual laica y científica, respetuosa de la diversidad sexual y de género, libre de prejuicios religiosos.


¿Qué posición tiene su Ministerio en este tema nodal para el ámbito de sus incumbencias? ¿Cómo piensa intervenir para impedir que se siga atropellando este derecho? ¿Por qué no se modifica la ley de Educación Sexual, especialmente en su artículo 5°, para impedir que el “ideario institucional” sea una traba a la educación sexual que respete y no bloquee derechos? 

Del Plá ante el ministro Moroni: “La curva que sube es la de despidos y rebaja salarial”

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, envió preguntas y reclamos al ministro Moroni para que responda en la comisión de Trabajo sobre la situación de los trabajadores, la ofensiva contra sus derechos y la necesidad de un conjunto de medidas en su defensa.

15/04/2020

Del Plá afirmó: “A medida que pasan los días, se hace cada vez más agobiante la situación de cientos de miles de trabajadores en el país, que deben hacer frente al necesario aislamiento social en un cuadro de ofensiva contra sus derechos: despidos y suspensiones con rebaja salarial, violación de las medidas sanitarias en las ‘actividades esenciales’, imposición de modalidades de ‘teletrabajo’ en muchos casos violatorias de derechos adquiridos, todo ello sin que haya control ni sanciones por parte del Gobierno”.


 


“Se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia del coronavirus, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, económicas y de defensa de los trabajadores en su totalidad: ocupados, desocupados y subocupados, registrados e informales. A pesar del DNU, no hay efectiva prohibición de despidos ni garantías salariales, como evidencian numerosas denuncias de reducción de salarios en todo el país”.


 


“La seguridad de la población trabajadora depende del cuidado de su salud y condiciones de vida, empezando por el derecho al trabajo y a un salario adecuado, y la política que impulsa el Gobierno lejos está de garantizar estos derechos, porque sus propios decretos no se cumplen”.


 


Romina Del Plá: 1140429791


 


Las propuestas y reclamos del PO-FIT al ministro Moroni:


 


https://po.org.ar/comunicados/2705-las-propuestas-y-reclamos-del-po-fit-al-ministro-moroni

Las propuestas y reclamos del PO-FIT al ministro Moroni

15/04/2020


Señor ministro:


A medida que pasan los días se hace cada vez más agobiante la situación de cientos de miles de trabajadores en el país, que deben hacer frente al necesario aislamiento social en un cuadro de ofensiva contra sus derechos. Arrecian los despidos y las suspensiones con rebaja salarial; la violación patronal de las medidas de cuidado sanitario en las consideradas “actividades esenciales” –que cada vez son más en virtud de que se ha impuesto un grosero lobby patronal que sólo persigue mantener el nivel de ganancias capitalistas; la imposición de modalidades de “teletrabajo” que en muchos casos son violatorias de derechos adquiridos (como la extensión de la jornada laboral, descansos, y licencias) y todo tipo de atropellos. Todo ello sin que haya ningún tipo de control ni sanciones por parte del gobierno.


En todo el mundo la pandemia del coronavirus ha agravado la profunda crisis económica, financiera y social que se desenvolvía previamente, y la clase capitalista quiere descargar redoblando una ofensiva contra los trabajadores, para imponer un salto en las condiciones de explotación social y una destrucción criminal de fuerzas productivas.


En nuestro país se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia del coronavirus, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, económicas y de defensa de los trabajadores en su totalidad: los ocupados, los desocupados y los sub-ocupados, los que están registrados y el casi 40% que trabaja en el circuito informal (sin ningún tipo de protección laboral). A pesar del DNU del presidente, no hay efectiva prohibición de despidos (como lo muestra, por ejemplo, la homologación de la pérdida de 1400 puestos de trabajo en Techint) ni garantías salariales, como evidencian numerosas denuncias de reducción de salarios a lo largo de todo el territorio nacional.


La seguridad de la población trabajadora depende del cuidado de su salud y de las condiciones de vida, empezando por el derecho al trabajo y a un salario adecuado, y la política que impulsa el gobierno en la actualidad lejos está de garantizar estos derechos.


Desde nuestra banca hemos presentado un extenso proyecto de ley que atiende estrictamente la protección de la clase trabajadora. Previamente, y antes de que se decrete el aislamiento social obligatorio, presentamos por escrito nuestras propuestas al presidente Alberto Fernández, que incluyen aspectos centrales como una partida presupuestaria extraordinaria para salud y la centralización de todo el sistema (público, privado, de obras sociales y de universidades nacionales), bajo control de trabajadores y profesionales, junto con otra cantidad de medidas de emergencia que tienen como punto de partida la suspensión unilateral del pago de la deuda –a excepción de la que está en manos de la ANSES-, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores, para concentrar los recursos nacional en las necesidades sociales que ponen a la orden del día el combate al Covid-19. Al final de esta presentación, reproducimos las que se refieren a su cartera, esperando que se pronuncie respecto de las mismas, del mismo modo que en relación a las preguntas que a continuación le detallamos.


1) El decreto presidencial que prohíbe despidos por 60 días, llegó después de concretarse miles de despidos y no detuvo los muchos que se sucedieron, violando flagrantemente la disposición gubernamental. En el mes de marzo los despidos alcanzaron la friolera de 45.000 puestos de trabajo perdidos. Además de los 1.450 obreros de Techint (homologados por su cartera, pese a las “quejas” mediáticas del presidente), tercerizados de Aerolíneas, municipales de la orquesta de José C. Paz, 56 trabajadores estatales de Educación en La Plata y municipales de la misma ciudad, un centenar de empleados de Vía Bariloche, 60 trabajadores de la cadena Cinemark, más de un centenar de gráficos y periodistas de Publiexpress e Ipesa, 745 operarios de la planta electrónica Mirgor en Río Grande, 800 trabajadores de la minera Livent, trabajadoras del Sanatorio Franchin de la Uocra. En Yacimientos Carboníferos Rio Turbio se produjeron 417 despidos La empresa Dánica ha llegado al colmo de despedir trabajadores por negarse a hacer horas extras en medio de la pandemia, cuando los turnos deberían reducirse. Luego de firmado el DNU, el frigorífico quilmeño Penta directamente despidió 240 operarios, al igual que la curtiembre Sadesa, de Galperín, lo mismo que la minera Livint o la metalúrgica Mirgor de Río Grande, entre muchos más.


¿Qué va a pasar con los miles de trabajadores que fueron despedidos con anterioridad al decreto? ¿Van a convalidar la pérdida de esos puestos de trabajo? ¿Dispusieron algún tipo de control o auditoría sobre las empresas que despidieron? ¿Cuál es la situación patrimonial de las mismas? ¿Por qué no disponen la retroactividad de las disposiciones del decreto al menos al 29 de febrero para proteger a todos los despedidos a partir de la nueva situación creada por el impacto de la pandemia?


¿Qué penalidad tienen las patronales que despiden? ¿Se van a revertir los despidos? ¿Qué garantías tienen los trabajadores de que se cumplirá con lo dispuesto por el decreto emitido por el presidente? ¿Se dispondrá la reincorporación de todos los despedidos desde el momento de vigencia del DNU?


2) Se estiman en centenares de miles los despidos en el sector informal hasta el 13 de abril. Solo entre las empleadas de casas de familia, en la construcción y en el empleo rural estamos hablando de millones de obreras y obreros en negro. Desde el Partido Obrero venimos insistiendo hace tiempo en una línea: amparar a los trabajadores informales en relación de dependencia mediante una cláusula de estabilidad laboral para denunciar su situación. Ahora, en medio de la pandemia, no puede aceptarse su despido sumario, que además no tiene indemnización alguna. Son personas y familias arrojadas al hambre en medio de la crisis sanitaria.


¿Los trabajadores informales podrán denunciar su despido? ¿Les brindarán desde el ministerio garantía de reincorporación? ¿Y de estabilidad laboral? ¿Qué tipo de controles sobre este sector han dispuesto desde su cartera? ¿Cuántas inspecciones se realizaron? ¿Qué registro tienen sobre los despidos en este sector? Corresponde el ‘blanqueo’ de todos estos trabajadores, bajo convenio, y el pase a planta permanente en El estado de todos los contratados bajo diversas formas laborales precarizadas. ¿Por qué no la hace?


3) La clase capitalista desconoce olímpicamente la integralidad de los salarios dispuesta en el decreto inicial de cuarentena mediante suspensiones con rebajas de salarios de hasta el 70%, y en casos sin pago alguno. Desde Aluar hasta las cadenas fast food, desde Latam hasta los pulpos mineros, pasando por miles de Pymes. Esos pagos reducidos, por otra parte son no remunerativos, es decir que no se tributan los aportes patronales al Anses, que desde la cuarentena, virtualmente han dejado de existir por el derecho o por los hechos.


¿No son ilegales esas reducciones salariales? ¿Van a permitir que continúen? ¿Qué medidas dispondrán para defender el ingreso de miles de trabajadores?


4) Hay paritarias de 2019 que aún no cerraron, como sucede en el gremio de prensa, o que tienen cláusulas de revisión pendientes, como en Foetra. ¿Qué harán a respecto? ¿No corresponde un laudo que iguale inflación en periodo?


Hay asimismo paritarias vencidas para el 2020, como el caso de subte y colectivos a 50 días de su vencimiento. ¿Qué respuesta van a dar a esta situación para que los trabajadores afectados no sigan perdiendo poder adquisitivo de sus salarios?


¿Por qué no respetan el derechos adquiridos de las clausulas gatillo pautadas en diferentes paritarias que actualizan el salario?


5) Decenas de miles de monotributistas en todo el país (que incluye desde profesionales y trabajadores independientes hasta una enorme masa de empleados –por privados o por el Estado- a quienes bajo esta modalidad se les niegan derechos laborales- se han quedado sin ingresos por el parate de la actividad en el marco del combate a la pandemia.


¿Por qué no se incluye a todos los monotributistas (no sólo las categorías A y B) en el Programa del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿Por qué no se garantiza –más que nunca en medio de una emergencia sanitaria como la que vivimos- que las obras sociales otorguen cobertura de PMO a todos los monotributistas?


6) En el marco del aislamiento social obligatorio, se ha impuesto la modalidad del teletrabajo en numerosos rubros y ámbitos de la actividad productiva. Pero ello ha ido acompañado de múltiples atropellos a los derechos laborales.


¿No corresponde que las empresas garanticen las herramientas de trabajo, como el pago de internet, silla ergonómica, y -en las actuales circunstancias- reducción de la jornada laboral? ¿Qué tipo de controles se aplican para garantizar el cumplimiento de derechos laborales por parte de las empresas que impusieron esta modalidad?


7) Entre las nuevas excepciones a la cuarentena se encuentra la producción de neumáticos. Según el reciente decreto publicado en Boletín Oficial, se trataría solo de una producción ligada a abastecer las actividades esenciales, como las ambulancias o el transporte de alimentos. Sin embargo, el sindicato del neumático denuncia que las patronales exigen rebajas salariales a los trabajadores que continúen cumpliendo la cuarentena obligatoria.


¿Qué tipo de medidas y controles dispondrá el Ministerio para garantizar que las empresas limiten la producción a lo estrictamente necesario para el abastecimiento de las necesidades “esenciales”? ¿Qué harán para impedir la reducción salarial de quienes cumplen con el aislamiento obligatorio?


8) ¿Qué piensa hacer el gobierno con las patronales que mantienen las plantas de fábricas abiertas a pesar de no realizar tareas consideradas esenciales en el DNU y por lo tanto no están exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio (algunos ejemplos: alimenticias con golosinas, Vidrio y metalúrgicas con envases de cerveza, gráficas con revistas de chismes y envoltorio de golosinas, cosméticos y cigarrillos)? ¿Habrá alguna intervención del Ministerio? ¿Van a imponer penalidades? ¿Van a garantizar que se cumpla la cuarentena que les corresponde?


9) Muchos bancos no están atendiendo con las medidas de protección e higiene necesarias, como mamparas, barbijos, desinfección continúa, termómetros para medir la temperatura de los clientes, etc. ¿Qué seguimiento le dieron desde el Ministerio al protocolo presentado por la bancaria? ¿Qué medidas de control piensan disponer para resguardar la salud de los trabajadores bancarios y de la población que recurre a las sucursales?


10) El grupo Aluar acaba de acordar con la seccional de la UOM de Puerto Madryn (que dicho sea de paso, está intervenida desde hace más de un año) una rebaja salarial, consistente en abonar los días no trabajados al 70% sobre el neto, conforme los turnos reducidos establecidos por la propia empresa previamente con el compromiso de abonar la totalidad. Aluar es una de las empresas más importantes del país. Su facturación alcanza los 1.420 millones de dólares anuales. El 75% de su producción se exporta a mercados de EE.UU., Japón, y Europa. A esto se suman sus inversiones en el área de energías renovables. Es evidente que la medida empresaria no obedece a una imposibilidad de afrontar sus compromisos salariales, sino a un aprovechamiento de la crisis, en una de las provincias más golpeadas por los ajustes y donde una parte sustancial de su población cobra sus salarios de manera escalonada o no cobra desde hace meses.


¿Cuál es el peso de la masa salarial en la estructura de costos de la compañía y que porcentaje de su facturación representan los recortes anunciados? ¿No van a disponer ninguna medida para dar garantías salariales a estos trabajadores? ¿Se van a tolerar estas reducciones de salarios en Aluar?


11) Teniendo en cuenta que Trenes Argentinos es una empresa del Estado Nacional que continúa contratando tercerizadas que precarizan la seguridad en el trabajo, así como las relaciones laborales:


¿Por qué no resolvió en favor de la reincorporación de los despedidos de MCM, tercerizada del Ferrocarril Roca, que obtuvieron fallos de reinstalación de la Justicia que la empresa no respeta y a pesar de que estos trabajadores recurrieron a varias audiencias ante su ministerio? ¿Qué piensa hacer frente a la suspensión sin pago al personal de la tercerizada Montelec, en el mismo ferrocarril? ¿Por qué admite el despido de 5 trabajadores de la tercerizada Murata, en el ferrocarril San Martín, como represalia por reclamar barbijos, guantes y alcohol en gel?


12) La gráfica Ipesa produjo despidos masivos (la mitad del personal) en octubre 2019, de manera ilegal ya que omitió la presentación del PPC. Luego, tercerizó ese sector Encuadernación. Aun así, obtuvo una licitación oficial para imprimir cuadernillos escolares destinados a ofrecer soporte pedagógico durante la suspensión de clases. Hace unas semanas anunció el cierre de la planta; y así continúa pese a la conciliación obligatoria. Pero los trabajos del gobierno son tercerizados a otros talleres (cabe suponer, embolsándose una diferencia). Es decir, se trata de una empresa que cierra obviando los procedimientos de ley, deja a cien familias en la calle y continúa cobrando de los fondos del Estado.


¿Qué piensan hacer al respecto? ¿No hay elementos fundados para penalizar a esta patronal? ¿Van a permitir que la empresa siga actuando en la ilegalidad y las consecuencias las paguen los trabajadores?


13) Abundan las denuncias respecto de la violación de las licencias a grupos de riesgo entre los docentes universitarios. ¿Por qué no interviene para que se cumplan las resoluciones que han emitido desde su propio ministerio en materia de licencias?


14) Las paritarias de los estatales de Chubut se han suspendido por tiempo indeterminado. El pago escalonado es una violación al estatuto docente y a los convenios colectivos de trabajo, sin embargo persiste desde hace tres años y cada vez en peores condiciones, sin cronograma y a cuenta gotas.


¿No corresponde que desde el Ministerio de Trabajo una intervención que impida que se sigan violando los derechos de los trabajadores estatales de la Provincia?


Como señalamos al principio de esta nota, hemos entregado al señor Presidente, Alberto Fernández, un pliego con 20 puntos con planteamientos que creemos necesarios para encarar la lucha contra la pandemia. De ese pliego, extractamos algunos puntos que tienen que ver directamente con su área. La pregunta es si usted ha recibido estos puntos y qué respuesta puede dar al respecto.


1) Asignación de $30.000 a todos los trabajadores desocupados y monotributistas. Elevación del salario y la jubilación mínima al mismo monto. Exención de aportes y cobertura de obra social a los monotributistas.


2) Garantías de salubridad e higiene de las actividades que sean imprescindibles, bajo supervisión del comité de médicos expertos y científicos. Intervención gremial allí donde se pretenda anteponer el interés de lucro particular a la necesidad de reducir la circulación general.


3) Apertura de libros de todas las empresas formadoras de precios. Intervención del Estado de las principales cadenas de producción de alimentos y elementos de salud esenciales, bajo control de comités de trabajadores para producir en toda la capacidad instalada y garantizar su comercialización al costo.


4) Licencia con goce de sueldo para todos los docentes, auxiliares y personal administrativo, de todos los niveles educativos, mientras dure la emergencia. Aplicación de la cláusula gatillo ya firmada por los gremios en 2019. Licencia efectiva y paga para todas personas que están al cuidado de sus hijos mientras dura la suspensión de clases, y castigo inmediato a las empresas y entes del Estado que entorpecen su aplicación. Licencia efectiva para toda persona que convive con población de riesgo.


5) Prohibición de despidos y suspensiones con reducción salarial retroactivo al mes de febrero.


6) Creación de comités electos por los trabajadores para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y que se brinden los elementos necesarios en todos los lugares de trabajo, dependencias públicas y establecimientos privados de carácter industrial, comercial, bancario o de servicios.


7) Prohibición de descuentos salariales o adelanto de vacaciones para los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la emergencia.


8) Bonificación del 100% del monotributo para todos los trabajadores inscriptos en esta modalidad durante 3 meses, prorrogable al período que se extienda la emergencia. Cobertura inmediata e irrestricta de las obras sociales para todos los trabajadores monotributistas

Romina Del Plá contra el ajuste en discapacidad

La diputada del PO-FIT, Romina Del Plá, presentó hoy, junto a Nicolás Del Caño, un proyecto de ley contra el ajuste de la Superintendencia de Salud en el área de discapacidad

14/04/2020


El proyecto establece que, por el período que duren las medidas de aislamiento y su posterior normalización, se debe garantizar el pago de la totalidad de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin excepción, así como el Acompañamiento Terapéutico de todos los tratamientos aprobados en 2020; la aprobación inmediata de todas las prestaciones que ya fueron presentadas con su plan de tratamiento y de presupuesto durante el año 2020; y el pago urgente de todos los planes y presupuestos que se adeudan del año 2019 y 2020.


Del Plá afirmó: “No puede utilizarse la situación extraordinaria que creó el necesario aislamiento social para combatir el coronavirus al servicio de hacer pasar un ajuste como el que pretenden en un área tan sensible. Las resoluciones de la Superintendencia de Salud -que habilitan recorte de prestaciones y no pago de salarios- no sólo son un golpe para los trabajadores, sino que ponen seriamente en riesgo la continuidad de los tratamientos que prestan profesionales de la salud de diversas disciplinas, así como el servicio que prestan los transportistas, que trasladan desde alimentos hasta materiales educativos, a quienes se les quiere dejar de pagar el salario. Estamos en presencia de una ofensiva gravísima contra los derechos de las personas con discapacidad”.


“Las obras sociales y prepagas siguen cobrando la totalidad de los aportes y contribuciones a sus afiliados. No hay ningún motivo para que dejen de pagar lo que corresponde a miles de prestadores precarizados, que ya vienen siendo castigados por el sistema, cobrando sus salarios diferidos, en el mejor de los casos con 60 días de retraso, y haciendo frente a los tributos que se les exigen mensualmente, como el monotributo, seguro de mala praxis, de accidentes personales, colegios profesionales e incluso cajas profesionales”.


“Junto con los trabajadores de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL Prestadores), con quienes elaboramos este proyecto, reclamamos la urgente marcha atrás de esta política de desguace del área de discapacidad, que atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores y personas en tratamiento”.


Romina Del Plá: 1140429791


 


Regulación de las Prestaciones de Servicios en Discapacidad durante el aislamiento social obligatorio y su posterior normalización:


https://po.org.ar/comunicados/2703-regulacion-de-las-prestaciones-de-servicios-en-discapacidad-durante-el-aislamiento-social-obligatorio-y-su-posterior-normalizacion

Regulación de las Prestaciones de Servicios en Discapacidad

Durante el aislamiento social obligatorio y su posterior normalización

14/04/2020

Artículo 1. Los Agentes del Seguro de Salud y de las Entidades de Medicina Prepaga deberán garantizar el pago de la totalidad de todas las prestaciones contempladas en la Resolución 428/99 (Nomenclador Nacional de prestaciones Básicas en Discapacidad), sin excepción alguna, como también el Acompañamiento Terapéutico, a partir de tratamientos aprobadas en 2020, durante el período que dure la medida de aislamiento y posterior a la normalización de los tratamientos presenciales. A tales efectos, se requerirá, como única documentación respaldatoria, las facturas de AFIP del mes que corresponda.


 


Todas las prestaciones que ya fueron presentadas oportunamente con su plan de tratamiento y de presupuesto durante el año 2020, quedan inmediatamente aprobadas.


 


Los Agentes del Seguro de Salud y de las Entidades de Medicina Prepaga deberán abonar, con carácter de urgencia, los planes y presupuestos que se adeudan del año 2019 y del corriente año 2020.


 


Artículo 2. Anúlese toda disposición, resolución o normativa de cualquier modalidad, que contradiga o altere lo establecido en la presente ley.


 


Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.  


 


Fundamentos:


 


El presente proyecto de ley fue redactado junto a profesionales de la salud mental y discapacidad que desarrollan su actividad a lo largo de todo el país, de la Asociación de Profesionales en Lucha –APEL Prestadores.


 


El aislamiento social obligatorio, necesario para enfrentar la pandemia del Covid-19, requiere medidas de protección urgentes para los trabajadores en general, y para sectores especialmente vulnerables en particular. Entre ellos, las personas con discapacidad, a quienes es menester se les garantice la continuidad de los tratamientos y las prestaciones que venían recibiendo.


 


Contrariamente a ello, las últimas resoluciones emitidas por la Superintendencia de Servicios de Salud (Res. N° 282/202, Res. N° 308/202), así como como la Res. N° 76/2020 emitida por el Presidente del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad; son un golpe directo a los derechos de las personas con discapacidad, e incluso violatorias de la ley nacional 24.901 del “Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”, y la “Convención Internacional de los derechos de las personas con Discapacidad” a la cual nuestro país adhiere.


 


Ninguna de estas resoluciones garantiza el pago de la TOTALIDAD de las prestaciones aprobadas. De acuerdo con las mismas, aquellas prestaciones que no puedan brindarse, justificarse o garantizarse por teleasistencia o teleconsulta, por límites presenciales de la misma, por limitaciones tecnológicas, de wifi, de consumo de datos de celulares, o de las plataformas por parte de los profesionales y usuarios, seguirán sin la posibilidad de facturar sus prestaciones aprobadas. Esto quiere decir, que mínimamente por dos meses, se castigará a miles de prestadores a no recibir ingreso alguno, por una medida que los excede.


 


Esta embestida alcanza a los transportistas de personas con discapacidad, que también hace años sufren el deterioro y la precarización laboral. Actualmente, los entes financiadores que los contratan (la Superintendencia de Salud, PAMI, ANDIS, entre otras) les han informado que no abonarán la totalidad de la prestación por el periodo que dure el aislamiento social obligatorio, a pesar de que ellos continúan su trabajo, que garantiza nada menos que la entrega de alimentos y el material didáctico y educativo, entre otros insumos, a las personas con discapacidad.


 


Estamos ante un brutal ajuste en la salud, y un ataque directo a  los derechos de sus trabajadores, que sólo puede abrir paso al desmantelamiento de las prestaciones y la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.


 


En el caso de la documentación respaldatoria, las Obras Sociales y Prepagas están pidiendo la planilla firmada por los familiares –lo cual contradice las medidas de aislamiento. Se exige asimismo el envío de plataformas con video de las sesiones online, vulnerando el secreto profesional y exponiendo a los pacientes. En oposición a ello, en el presente proyecto de ley disponemos que se presente como única documentación respaldatoria, para que sean abonadas las prestaciones y tratamientos, las facturas de AFIP del mes que corresponda.


 


Sobre las prestaciones profesionales a domicilio a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, que regula la Resolución 490/2020, se disponen requisitos legales para su continuidad, pero se omite toda garantía salarial para sus prestadores en los casos de la modalidad domiciliaria deba ser interrumpida –lo cual pone en grave riesgo su continuidad una vez finalizado el aislamiento social obligatorio, y descarga todo el peso de la situación sobre los profesionales de la salud. Se atenta de este modo contra el derecho de las personas con discapacidad a continuar con los tratamientos aprobados. Por ello en esta ley establecemos que todos los profesionales con prestaciones a domicilio seguirán cobrando por su tratamiento aprobado.


 


El Artículo 4° de la Resolución N° 282/2020 establece que “Quedará a cargo de los Agentes del Seguro de Salud y de las Entidades de Medicina Prepaga determinar la cantidad de sesiones o consultas autorizadas bajo la modalidad prevista en la presente Resolución y definir los procesos utilizados en cada caso, como así también la auditoría posterior de las prestaciones brindadas por las plataformas de teleasistencia y/o teleconsulta.” Lo cual habilita el recorte de prestaciones ya aprobadas en los casos en que se considere que no se puedan realizar bajo las plataformas de teleasistencia y/o teleconsulta. Del mismo modo, se abre la puerta al recorte de horas y sesiones ya aprobadas. Finalmente, al redefinir los procesos utilizados en cada caso y auditarlos, se impone una vulneración del derecho del profesional a decidir sobre el tratamiento y a auditarlo en estos mismos términos.


 


A su vez, hay prestaciones que no quieren ser cubiertas porque no pertenecen a la Resolución 328/99 que rige Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas en Discapacidad, como el caso del Acompañamiento Terapéutico, que se viene ejerciendo hace décadas en el país y posee leyes que regulan su actividad profesional -aprobadas y reglamentadas en muchas provincias. 


 


Por otro lado, la Resolución de la SSS contempla sólo marzo y abril, cuando ésta debería cubrir los tratamientos aprobados mientras dure la medida de aislamiento obligatorio, se estabilicen las medidas sanitarias y posterior a ésta, hasta que se normalicen los tratamientos y los familiares, y las personas con discapacidad puedan nuevamente retomar sus tratamientos presenciales. 


 


Cabe destacar que al mes de abril muchos tratamientos no han sido aprobados, es decir, miles de personas con discapacidad siguen sin sus tratamientos y miles de prestadores no cuentan con estos ingresos. 


 


La situación en la que se encuentran miles de prestadores precarizados, es ajena a los mismos. No corresponde dejar en el abandono a miles de trabajadores que ya vienen siendo castigados por el sistema, cobrando diferidos sus salarios, en el mejor de los casos 60 días, y haciendo frente a los tributos que se les exigen mensualmente, como el monotributo, seguro de mala praxis, de accidentes personales, colegios profesionales e incluso cajas profesionales. 


 


El libre albedrío a las obras sociales y prepagas sólo da lugar a la especulación y el atropello a los derechos de las personas con discapacidad y los derechos laborales de los profesionales de la salud.


 


Las obras sociales y prepagas siguen cobrando la totalidad de los aportes y contribuciones de sus afiliados. En un 15-20% éstos son derivados al Fondo Solidario de Redistribución, que es de donde salen los pagos de las prestaciones de los tratamientos de las personas con discapacidad, que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud. Es decir, que esos fondos existen y deben ser utilizados para el pago de todas las prestaciones aprobadas. No son para incrementar cajas o para realizar negocios en época de aislamiento social, preventivo y obligatorio.


 


No puede ser utilizada la lucha contra la pandemia para hacer pasar un ajuste como el que se pretende contra las personas con discapacidad y los trabajadores de la salud. Se debe garantizar el pago íntegro, al 100%, sin reducciones de ningún tipo, de TODAS las prestaciones aprobadas durante lo que dure la medida de aislamiento y posterior a la normalización de los tratamientos presenciales y la inmediata aprobación de aquellas que ya fueron presentadas oportunamente.


 


Por tales motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.