Las propuestas y reclamos del PO-FIT al ministro Arroyo

31/03/2020


Señor ministro:


La lucha contra la pandemia del coronavirus exige medidas integrales que permitan garantizar efectivamente el aislamiento social y la preservación de la salud de toda la población, lo cual está severamente cuestionado en las actuales condiciones, en un país con casi un 40% de trabajadores informales (a quienes la cuarentena los priva de su fuente de ingresos para la subsistencia) y más de dos millones de desocupados -de los cuales sólo 556.000 perciben planes sociales con montos muy desactualizados frente al aumento del costo de vida. Los anuncios realizados hasta ahora por el Gobierno Nacional no son suficientes para dar respuesta a la situación que enfrentan los trabajadores precarizados y desocupados, mientras la pandemia agrava la pobreza.


Diversas organizaciones sociales –que no han sido convocadas por su Ministerio- han elaborado una serie de reclamos dirigidos a su cartera, que atienden estas problemáticas, y que son las inquietudes y propuestas que desde nuestra banca le queremos presentar.


1 – ¿Por qué se excluye a las organizaciones sociales no oficialistas de las convocatorias del Ministerio de Desarrollo Social donde se discuten medidas ante la situación de emergencia que se está viviendo? El Frente de Lucha Piquetero y casi todas las demás organizaciones, que están por fuera de la UTEP (alineada con el Gobierno), denuncian que se mantiene la práctica de exclusión ya implementada por la anterior ministra Carolina Stanley.


2 – Entre las medidas que ha adoptado el Gobierno en el marco de la cuarentena, para los desocupados/as que perciben algún programa social de $8500 (que vienen de perder el 20% del poder adquisitivo el año pasado y un 10% más en lo que va de 2020) se paga un bono de $3000 por única vez -que resulta sumamente insuficiente para cubrir necesidades básicas. Organizaciones sociales reclaman 30.000 pesos para los trabajadores desocupados ¿Tienen pensado ampliar la ayuda económica para este sector? ¿Van a actualizar el monto de los planes sociales?


3 – Los $10.000 del programa Ingreso Familiar de Emergencia anunciados como ayuda para todo el mes son menos que la canasta de indigencia y excluyen a los que tienen planes sociales en el grupo familiar, es decir que una familia que tenía un ingreso de $8500 de un plan será excluida de la IFE aunque su pareja haya perdido su trabajo. ¿Por qué no amplían el alcance y el monto del programa IFE? ¿Por qué no se implementa su pago en forma urgente, dado el cuadro creciente de miseria social?


4 – ¿Van a abrir la inscripción a los planes sociales para los cientos de miles de desocupados que no son beneficiarios? ¿Van a aumentar el monto que se cobra por ellos o van a seguir congelados? 


5 – ¿Contemplan disponer un aumento para el seguro al desocupado? Si fuera así, ¿de qué valor?


6 – Hay denuncias de empleadas domésticas y de otros rubros que afirman que la asignación de $10.000 del IFE por única vez es tomada en muchos casos como un subsidio a sus empleadores, que retienen la totalidad o un porcentaje de ese monto del salario que deben abonar habitualmente. ¿Qué relevamiento tienen del tema? ¿Qué medidas piensan tomar para evitar este fraude contra las empleadas? ¿Qué pasa con el amplio universo de empleadas de casas particulares que no están registradas y que están privadas de acceder a la asignación? ¿Cómo contemplan alcanzar a este importante sector?


7 – Numerosas organizaciones sociales denuncian que aún no se ha concretado el refuerzo alimentario para los comedores sociales que usted anunció ni bien se decretó el aislamiento social obligatorio. Sostienen que no llegan elementos de higiene y elementos  sanitarios ante el riesgo de contagio, ni para los comedores ni para las personas que no tienen recursos, ni siquiera se ha abastecido de agua potable para barrios que tienen una canilla colectiva. No se ha aumentado en el porcentaje del mes pasado la entrega que se está realizando en estos días. ¿Cuándo se va a concretar el refuerzo alimentario? ¿Contemplan incluir el reparto de más alimentos frescos? ¿Cuáles son los plazos? ¿Van a incluir la provisión de elementos de higiene? ¿Cuál es la distribución en todo el país y en qué cantidades? ¿Cuál es el presupuesto que se destinará a atender estas necesidades?


8 – ¿Tiene contemplado garantizar la provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia? ¿Con qué plazo? 


9 – En los barrios más empobrecidos de todo el país, el dengue es una amenaza y una problemática central. ¿Existe algún plan de fumigación y descacharrización de basurales y descampados? Si lo hay, ¿en qué localidades y provincias? ¿Cuáles son las fechas y plazos? ¿Está previsto que las cuadrillas para el descacharrado tengan elementos de protección contra el Covid-19?


10 – Proliferan las denuncias, desde distintas provincias del país, sobre abusos, amedrentamiento y atropellos por parte de las fuerzas de seguridad sobre la población más empobrecida. ¿Por qué no disponen un servicio de camiones con trabajadores de áreas de desarrollo social o afines para el reparto urgente de alimentos y elementos de higiene, en lugar de emplear para ello patrulleros y personal entrenado para la represión? ¿Por qué, como se ha denunciado en muchos casos, se aísla a barrios enteros como si fueran ghettos?


11 – En los últimos días se ha verificado un aumento muy marcado en alimentos y productos de higiene, que demuestra que los controles de precios en comercios no tiene efecto real frente a una población que ve mermados sus ingresos. ¿Está contemplada una política de control de los costos de producción de los artículos de la canasta básica, en base a la apertura de los libros contables de las industrias correspondientes, para evitar el aumento abusivo de los productos esenciales?.  


Antes del anuncio del aislamiento social obligatorio, hemos entregado al señor presidente Alberto Fernández un pliego con 20 puntos con planteamientos que creemos necesarios para encarar la lucha contra la pandemia, que tienen como punto de partida la anulación unilateral del pago de la deuda externa (a excepción únicamente de aquella que está en manos de la ANSES) para concentrar los recursos nacionales en las verdaderas necesidades sociales. De ese pliego, extractamos 5 puntos que tienen que ver directamente con su área, y que dan respuesta en buena medida a muchas de las preguntas y problemas que hemos detallado hasta aquí. ¿Que respuesta puede dar al respecto?


1) Prohibición de despidos y suspensiones con reducción salarial. La demora en adoptar una medida de este tipo arroja a miles de trabajadores a engrosar la lista de desocupados y de asistentes a comedores sociales. 


2) Reparto gratuito a la población sin recursos de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. Provisión de agua potable en todos los barrios.


3) Asignación de $30.000 en el mes de marzo a todos los trabajadores desocupados y monotributistas. Elevación a ese monto de los 556.000 planes sociales vigentes y a las empleadas domésticas con garantía del Estado para complementar el ingreso. Elevación del salario y la jubilación mínima al mismo monto. Duplicación del monto de la AUH y de la Asignación por Hijo. 


4) Apertura de los planes sociales –o subsidio a cargo del Estado- para todo trabajador, eventual y/o informal, que se ve obligado a suspender su actividad. Licencia paga y cobertura médica para todos los trabajadores de reparto. Licencia total para todo el personal doméstico y obligatoriedad del empleador de continuar el pago de ingresos. Pago por parte del Estado para todos los casos de incumplimientos.


5) Extensión de la tarjeta alimentaria a todos los desocupados con hijos hasta los 18 años y población de la tercera edad con ingresos por debajo de la canasta de pobreza.

Gabriel Solano: “Los empresarios reclaman que se levante la cuarentena”

El dirigente de Partido Obrero y legislador de la Ciudad, Gabriel Solano, se refirió al anuncio de Paolo Rocca de despido de 1450 trabajadores de Techint que planteó que se trata de una extorsión: “que se abran los libros de las empresas y se analicen las ganancias acumuladas”

30/03/2020


Solano dijo: “El comunicado de Techint es claro: dice que con cuarentena habrá despidos. Es una presión hacia el Gobierno para que levante el aislamiento obligatorio, a sabiendas también del impacto que tendrán estos despidos que, si pasan, serán la apertura a que lo imiten los principales empresarios del país, dejando un tendal de despidos y suspensiones. Techint también tiene trabajando a sus empleados del puerto de Campana y redujo el salario de los de otras plantas.”


“Para los empresarios industriales, los bancos y las cámaras de comercio la que causa daños es la cuarentena, no el Coronavirus. Su preocupación son las ganancias, no la salud y vida de los trabajadores que se exponen al contagio de ellos y de sus familias yendo a trabajar.”


“Los que quieren terminar con la cuarentena son los empresarios, no los trabajadores cuyos barrios se han militarizado. Lo que se viene son despidos y recortes salariales. Planteamos que se abran los libros de las empresas y se analicen sus ganancias acumuladas. El Gobierno puede evitar la crisis social que producirán los despidos si deja de pagar la deuda y pone esos recursos en salarios, asistencia a desocupados de $30.000, inversión en salud y condiciones de higiene y salubridad en los barrios más pobres.”


 

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre la situación educativa y la pandemia

Presentación al Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta

30/03/2020


A- Situación laboral de los trabajadores de la educación. 


 


La suspensión del dictado de clases como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio produjo una serie de efectos sobre la situación laboral de los trabajadores de la educación, que amenazan con afectar de un modo irreparable las condiciones de vida de les docentes, auxiliares y sus familias. Es imprescindible que el Ministerio de Educación recoja los siguientes reclamos para resolver esta problemática:


 


1- Sobre salario y desempeño laboral:


 


Continuidad en el cobro de los docentes en todo el país en tiempo y forma. Tomar las medidas, junto a los gobiernos provinciales, para la liquidación en tiempo y forma de los salarios, que en muchas jurisdicciones peligra, sea porque se escudan en bajas de recaudación, sea por cuestiones administrativas. Persisten políticas preexistentes como la falta de pago de los salarios en la provincia de Chubut. En el caso de la docencia universitaria, retrotraer la anulación de la cláusula gatillo correspondiente a la paritaria 2019, que ya era un derecho adquirido y que este gobierno anuló.


 


Continuidad de provisionales y suplentes cesados. La suspensión de actos públicos y designación de cargos coloca a miles de docentes en todo el país en la desocupación total o parcial. Es imperioso que se adopten las medidas en todo el país para la continuidad a efectos del cobro de todos los docentes en esa situación mientras dure la pandemia. Un reciente anuncio de CABA en relación a suplentes iría en ese sentido. 


 


Continuidad de Planes FinEs, Patios Abiertos, Contexto de Encierro y otros programas socioeducativos mientras dure la emergencia. Extensión del pago del receso del ciclo lectivo 2019 a todos los docentes de estos programas que hayan tomado cargos el año anterior. Este pago deberá ser abonado desde el mes de marzo de 2020 hasta el inicio de los actos públicos y designaciones 2020, y la puesta en marcha efectiva de las clases, garantizando el cobro completo del primer cuatrimestre con independencia del número de clases dadas. Garantizar estabilidad laboral y encuadre en los derechos del Estatuto del Docente. Implementación inmediata del presupuesto de Nación para la puesta en marcha de programas como Areya o Contexto de Encierro, cuya demora provoca despidos como los 56 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Continuidad de cobertura de la obra social de cada jurisdicción a los docentes en estas situaciones.


 


Garantizar el conjunto de las prestaciones de las obras sociales de todas las jurisdicciones, incluyendo las que corresponden a los docentes universitarios. 


 


Obligación de las ART de garantizar las prestaciones durante la pandemia, respetando las medidas de protección de la salud de los trabajadores bajo tratamiento.  Las ART no están respetando las condiciones de aislamiento social en el traslado de los trabajadores (por ejemplo: remises con 4 o 5 pacientes), ni en la espera y atención, que eviten el posible contagio. 


 


Garantizar el cobro en tiempo y forma de los trabajadores de la educación no bancarizados de todo el país mientras dure la suspensión de atención de los bancos. 


 


Garantizar sueldo mínimo de emergencia de $30000 a todo docente desocupado o cuyos ingresos no lleguen a ese monto, como se reclama para el conjunto de los desocupados y trabajadores informales. Que se complete el pago a los contratados y ad honorem que corresponde de acuerdo a la paritaria 2019 de la docencia universitaria. 


 


Rechazo a cualquier intento de modificación de los sistemas jubilatorios docentes. Urgente solución a los problemas administrativos que demoran la culminación de los trámites en distintas jurisdicciones. 


 


B-  El sistema educativo frente a a la pandemia: 


 


Rechazamos la definición de la educación como servicio esencial. La emergencia ha sido utilizada como excusa para avanzar sobre los derechos laborales, sindicales y el Estatuto del Docente. Durante la pandemia, la colaboración de les trabajadores de la educación en tareas imprescindibles que no se hayan garantizado desde el Estado con otros mecanismos (reparto de alimentos, etc) es voluntaria y debe realizarse con los elementos de protección necesarios frente a la emergencia, que deben extenderse al funcionamiento regular de las escuelas: agua potable, lavandina, jabón, repelente, alcohol en gel, instrumentos de limpieza, etc. En las universidades nacionales no puede generalizarse en todo el país el comienzo de un cuatrimestre como si hubiera normalidad educativa, dado que son inmensas las diferencias en educación virtual entre las universidades y dentro de cada una de ellas en las distintas unidades académicas. También rechazamos la virtualización forzosa a que se está sometiendo a los docentes, en su mayoría no capacitados a ese efecto, que no contempla las posibilidades técnicas ni de docentes ni de estudiantes y que flexibiliza la tarea del trabajador docente.


 


Garantizar la continuidad pedagógica implica reforzar los recursos que el Estado pone a disposición, respetar el horario laboral y reconocer a la escuela como irremplazable para el proceso educativo. El Gobierno Nacional ha lanzado varios programas por TV y redes de enseñanza a distancia, y se refuerza la propaganda que pretende crear la idea de que los recursos tecnológicos garantizarán la continuidad de la educación mientras dure el aislamiento social obligatorio. Esta idea es peligrosa porque retoma una tendencia más general a reducir la labor del docente a la de un simple tutor a distancia, que está presente en diversas iniciativas de reformas educativas, todas vinculadas a una mayor mercantilización de la educación, como la llamada Secundaria 2030. La brecha digital preexistente a la pandemia no se resuelve con la misma, al contrario, se agudiza. El Estado debe garantizar el acceso universal y gratuito a la red de internet para docentes y estudiantes, todas las instituciones y todos los hogares. Capacitación concreta, efectiva y real de alumnos y docentes. La tarea de los docentes en la consulta -corrección, intercambio, etc- por vía digital en las distintas tareas de continuidad pedagógica debe respetar el límite de los horarios de trabajo diarios y semanales, y el uso de redes y plataformas institucionales para esta relación a distancia. El uso de correos, redes y teléfonos particulares introduce un problema de enorme gravedad que han ignorado las autoridades que indicaron estos mecanismos y contradice cualquier política de cuidado, y de protección de los trabajadores de la educación. 


 


Universalización del servicio alimentario escolar para los niveles y modalidades en todas las jurisdicciones. Durante la pandemia y para garantizar el aislamiento obligatorio, debe ser garantizado mediante la entrega de bolsones, y/o mediante el aumento de los montos de la Tarjeta Alimentar y de la AUH para enfrentar el aumento de los precios de la canasta básica y las consecuencias del parate económico. 


 


Reparación de los edificios escolares y construcción de nuevos edificios escolares necesarios en todo el país. Garantizar en los establecimientos educativos los 12 puntos de escuelas seguras que Ctera reclamó luego del asesinato laboral de Sandra y Rubén. Plan para las tareas de fumigación, descacharrización, desinfección y desmalezamiento en los establecimientos escolares y adyacencias. El dengue, el sarampión y otras enfermedades preexistentes asolan a nuestras comunidades. Estas medidas extraordinarias exigen cortar la sangría que representa la deuda externa fraudulenta, no pagarle al FMI y a los bonistas, y afectar todos los recursos del país a defender la salud, alimentación y educación del pueblo trabajador. 

La pandemia agrava la pobreza y la desigualdad social en todo el país Impulsemos los reclamos y el control popular.

Declaración de las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero

30/03/2020


La pandemia que conmueve al mundo está haciendo estragos entre los trabajadores y trabajadoras más pobres.


Los/as precarizados/as, eventuales y trabajadores/as no registrados/as se han quedado de un día para otro sin sus ingresos y se multiplicaron la desocupación y la pobreza. Los anuncios del Gobierno nacional de ayudas excepcionales son menos que un vaso de agua en el desierto en medio de esta crisis sin precedente.


Para los desocupados/as con algún programa social de $8.500 se paga un bono de $3.000 por única vez, cuando el ingreso de los planes ha disminuido solo el año pasado en un 20 % y en lo que va de este ha perdido su poder adquisitivo un 10% más, lo que se ha agravado por los aumentos criminales de los alimentos y artículos de higiene y limpieza de los últimos días.


Los $10.000 del programa INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA anunciados como ayuda para todo el mes son menos que la canasta de indigencia y excluyen a los que tienen planes sociales en el grupo familiar. Es decir que una familia que tenía un ingreso miserable de un plan será excluida de la IFE aunque su pareja haya perdido su trabajo.


Por otro lado, se anunció que recién se empezará a cobrar a mediados de abril. Una eternidad para los que no tienen hoy para comer.


El muy anunciado por el ministro Daniel Arroyo refuerzo alimentario NO SE HA CONCRETADO LUEGO DE UNA SEMANA DE CUARENTENA, no llegan elementos de higiene ni sanitarios para los comedores ni para las personas que no tienen recursos. Tampoco se ha abastecido de agua potable para barrios que tienen una canilla colectiva.


En lo que sí ha sido rápido el Gobierno fue para desplegar un enorme operativo represivo conjunto en los barrios, no precisamente para cuidar la cuarentena. Las fuerzas represivas están siguiendo precisas instrucciones gubernamentales para amedrentar, humillar, torturar, balear y reprimir a los/as trabajadores/as que viven en los barrios más pobres para evitar que se organicen y reclamen la ayuda imprescindible que no llega. No se trata de excesos o de algún milico desbocado, es un plan para evitar que la bronca popular tome forma de protesta y rebelión ante el abandono del Estado. Necesitamos camiones con agua, lavandina, alcohol, alimentos, no patrulleros e itacazos.


En este marco, el ministro Daniel Arroyo convocó a una reunión con “los actores sociales” que constituyo un Comité de Emergencia. Estuvieron -dicen los diarios-, “representantes de cultos, Intendentes y organizaciones intermedias”. Otra vez, igual que lo que ocurrió con su antecesora Carolina Stanley, se convoca a unos y se excluye a otros, el Frente de Lucha Piquetero y casi todas las demás organizaciones, que están por fuera de la oficialista UTEP -antes llamado Triunvirato de San Cayetano-. Dejan afuera a nuestro frente porque saben que somos un factor de cuestionamiento hacia sus políticas de fondo. El Ministro no escucha, de hecho nunca se reunió con nuestro frente, y tiene que dar respuestas concretas para los que no pensamos igual a los oficialistas y que tenemos un programa y propuestas ante la emergencia.


Los recursos que el Estado Nacional está enviando a los gobernadores e intendentes DEBEN ESTAR BAJO CONTROL DE TRABAJADORES/AS Y VECINOS/AS, única garantía de que no se malversen o desvíen como nos tienen acostumbrados los funcionarios.


Los 1000 millones de pesos anunciados son una miseria en la actual crisis, hacen falta muchos más recursos y los hay.


¡El Frente de Lucha Piquetero denuncia que mientras se retacean los recursos a las necesidades populares se han pagado en lo que va del año 130 mil millones de pesos en intereses de la deuda externa y el ministro Martín Guzmán insiste en que anunciara en los próximos días un Plan de pagos a bonistas y al FMI!


¡HAY QUE DEJAR DE PAGAR LA DEUDA YA!


LAS ORGANIZACIONES QUE INTEGRAMOS EL FRENTE PIQUTERO RECLAMAMOS:


·         Provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia.


·         Fumigación y descacharramiento de basurales y descampados.


·         Provisión de elementos de higiene para los comedores populares: barbijos, guantes, cofias, batas descartables, alcohol en gel, lavandina, desinfectante en aerosol y repelente.


·         Provisión de kits de higiene a la población vulnerable en los barrios más pobres.


·         Aumento de las partidas alimentarias para los comedores populares, para hacer frente al aumento de la demanda ante la desocupación y la caída de la actividad económica.


·         Extensión de la tarjeta Alimentar a todos los/as desocupados/as con hijos de hasta 18 años de edad.


·         Prohibición de despidos y suspensiones.


·         Apertura de los programas sociales para desocupados/as.


·         Duplicación de los montos de los programas.


·         Creación de un seguro para desocupados/as de $30.000, indexado por costo de vida


·         Control Obrero-vecinal de la ayuda social y la distribución de los recursos.


·         No al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia.


FIRMAS


POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba. M.T.R.- M.I.D.O.– MAR, MOV 29 DE MAYO -BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU, BUEL, A TRABAJAR, – AGRUP 17 DE NOVIEMBRE – M.V. y J.S.


Eduardo Belliboni: 11 5690-1599

Los 20 puntos del FIT para enfrentar la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires

Gabriel Solano presentó un informe sobre el estado del sistema de salud y 20 puntos para enfrentar la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires

26/03/2020

Ante la reunión convocada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a los presidentes de bloque de la Legislatura

La pandemia del coronavirus es un fenómeno internacional, que afecta a los distintos países y ciudades de acuerdo a la situación preexistente tanto de su sistema de salud como de su infraestructura, de la situación laboral de sus trabajadores y de las condiciones más generales de vida de la población. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires impacta de un modo agravado, porque afecta a un sistema de salud pública muy debilitado como consecuencia de la asfixia presupuestaria y la precarización de sus trabajadores, que ha sido funcional al crecimiento del negocio del sistema de salud privada. Como botón de muestra alcanza con señalar que en la actualidad existen en todo el sistema público de salud solo 120 camas de terapia intensiva. En la comuna 8, la de menores recursos de la Ciudad, no hay una sola cama de terapia intensiva ni de internación general, porque el hospital de Lugano votado en la Legislatura hace más de 10 años el gobierno sigue sin finalizar las obras. En materia de los trabajadores de la salud entramos a esta crisis con falta de personal, porque el gobierno se ha negado sistemáticamente a pasar a la carrera profesional a las enfermeras y enfermeros y porque mantiene un régimen de superexplotación de residentes y concurrentes. En materia habitacional el crecimiento de la población en las villas, que ya supera las 300.000 personas, agrava la crisis sanitaria ya que la población no solo vive hacinada sino que carece de medidas básicas de sanidad, empezando por el agua potable. En la villa 31, por ejemplo, una parte muy importante de las 40.000 personas que viven allí no tienen agua desde hace meses. Antes incluso que la pandemia del coronavirus las villas están sufriendo una epidemia de dengue, que multiplica los casos de los últimos años. La situación laboral caracterizada por un crecimiento generalizado de la precarización bajo distintas modalidades no solo llevó a un crecimiento de la pobreza. Ahora, ante el parate de la economía, las decenas de miles de trabajadores precarios se han quedado sin ingresos y no tienen lo mínimo y necesario para asegurar su subsistencia. Este universo alcanza a trabajadores sin registrar en el comercio, a quienes desarrollan las tareas de las APP, a los monotributistas dentro de los cuales hay también gran número de profesionales. En materia del sistema educativo, la pandemia ha agravado el muy deficitario sistema de alimentación de los alumnos, que ha sido cuestionado de modo sistemático por la comunidad. Es necesario agregar que la precariedad laboral también alcanza a la docencia. Ahora, como resultado de la suspensión de los actos públicos, muchos docentes suplentes se han quedado sin poder tomar cargos afectando su salario de por sí ya muy insuficiente. Ante este cuadro de situación general planteamos:

Centralización de todo el sistema público, de obras sociales y privado, mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores mencionados, con el objeto de articular junto con el Estado Estado Nacional y los Estados provinciales y municipales. El sistema íntegro, con todos sectores centralizados, se pone a disposición de la atención de la población en general, sin restricciones de cobertura.

Como el sector privado supera en un 500% o más la capacidad de camas de terapia intensiva que tiene el sistema público, es fundamental la intervención por parte del estado sobre el sector privado, para disponer de la totalidad de los recursos y para que la asignación de los mismos sea sobre una base sanitaria y no de la capacidad de pago de la población. Debe decidirse también las prioridades de consultas, operaciones e internaciones a partir del combate a la pandemia, lo que debe llevar a que se pospongan otro tipo de intervenciones que pueden ser reprogramadas. Es el Estado también quien debe velar porque se cumplan las normas de seguridad e higiene en todo el sistema de salud porque los contagios que se realizan en el sector privado repercuten sobre toda la población. Debe tenerse en cuenta las denuncias realizadas por los trabajadores del Hospital Italiano sobre la falta de un protocolo de seguridad, y también el hecho de que la enfermera del Hospital Zubizarreta contagiada de coronavirus habría contraído la enfermedad en un segundo trabajo realizado en una clínica privada en Avellaneda.

Aumento inmediato del presupuesto de salud, educación y para la asistencia social que permita cubrir los gastos extraordinarios que exige el combate a la pandemia y la ayuda social por sus efectos económicos.

Simultáneamente al combate a la pandemia del CoVid19 debemos enfrentar la epidemia regional de dengue. Para esto es necesario proceder a un plan de descacharreo con especial énfasis en las barriadas populares y villas, que concentran la mayor cantidad de contagios. Planteamos también la distribución gratuita de repelente y la fabricación masiva de dicho insumo en los Talleres Protegidos de la Ciudad.

Es necesario una coordinación con la Universidad de Buenos Aires, para utilizar también su red hospitalaria, empezando por el hospital de Clínicas, y el uso de los laboratorios que poseen varias facultades. Debemos promover un convenio para que estos hospitales se incorporen a la red hospitalaria general de la Ciudad. Los dispositivos y la infraestructura de las universidades privadas de medicina que ser puestas bajo control estatal.

Construcción inmediata de hospitales de campaña para multiplicar las camas de terapia intensiva y compra de respiradores. El plan de duplicación de camas de terapia anunciada por el gobierno de la Ciudad es claramente insuficiente y dejará a la población expuesta en caso de un crecimiento exponencial de los contagios. Es urgente dotar de camas al hospital de Lugano Cecilia Grierson habilitando de modo inmediato 200 camas de internación y 80 de terapia intensiva, más el personal de salud necesario para su atención. Llamamos la atención sobre la situación del hospital Ferrer, que actualmente actúa como centro de referencia, pero tiene solo 8 camas de terapia de las cuales una sola es de aislamiento y tiene un grave faltante de profesionales.

Es necesario que el sistema de salud de la Ciudad garantice la realización de los test de detención del virus. Para ello es necesario disponer de los laboratorios tanto públicos como privados, garantizando el acceso a los tets a todas las personas que presenten síntomas compatibles con el Cod-19 o que pueda existir algún indicio de que pueda ser portador pasivo del virus. Los 45 Cesac que cuenta la Ciudad en todos los barrios deben ser centros de realización de los tests en todos los casos que el personal de salud lo prescriba.

Pase a la carrera profesional de las enfermeras y enfermeros de la Ciudad, lo cual ayudará no solo a mejorar sus magros ingresos sino también a reducir la jornada laboral y con ello también la posibilidad de contagios. La experiencia internacional muestra que los trabajadores de la salud son las principales víctimas de contagio y siendo un `bien escaso` es necesario tomar medidas que permitan preservarlo para no afectar la atención de la población. Dado el número claramente insuficiente del personal de enfermería (sólo 8.000 aprox.) planteamos la convocatoria inmediata a los estudiantes de los años superiores de las carreras de enfermería para que sean incorporados con plenos derechos laborales. Debe dejarse sin efecto la convocatoria al personal jubilado, pues se trata de un grupo de riesgo.

Sobre los residentes y concurrentes planteamos en primer lugar que se atiendan la totalidad del petitorio presentado por los representantes de todos los hospitales en las reuniones ya realizadas con los funcionarios del ministerio de salud. El régimen de superexplotación laboral actual es incompatible con una atención adecuada a la población y con la preservación de la salud de los propios profesionales. Es necesario que los 1.400 residentes que concluyen sus exámenes en el próximo mes sean incorporados de inmediato a la planta hospitalaria con los mismos derechos que todos los profesionales de la salud. En relación a los concurrentes planteamos el pago de salario proporcional a la jornada laboral y que se le otorgue a ART, algo que aunque parezca elemental aun no sucede. Planteamos jornada laboral de 30 horas para todos los años y guardias pagas.

Provisión masiva de Elementos de Protección Personal (EPP) para proteger a los trabajadores de salud del contagio. Ya se han confirmado contagio de enfermeras y se ha puesto en aislamiento a los trabajadores de su servicio lo que además resiente la atención. Formación en los 34 hospitales de la Ciudad y en los 45 Cesac de comités de seguridad e higiene compuestos por trabajadores de las distintas áreas, incluyendo los administrativos que en muchos casos son los primeros en recibir a los pacientes. Estos comités deben velar por el cumplimiento de los protocolos por parte de las autoridades y deben informar de inmediato el faltante de suministros o material de seguridad. También deben asegurar que todos aquellos trabajadores de la salud que puedan tomarse las licencias en los casos que le corresponda. Denunciamos que es criminal la presión que están realizando los directores y personal jerárquico en los hospitales prohibiendo a los trabajadores el acceso a las licencias. Reducción de jornada laboral y pase a planta del personal tercerizado de limpieza y mantenimineto. Eximición de ganancias y transporte gratuito para todo el personal de salud. Sector especial para cambio de ropa del personal al ingreso y egreso de la jornada laboral, lavado del equipo de trabajo en lavanderías hospitalarias.

Reparto gratuito en todas las villas y barrios populares de la Ciudad de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. Provisión de agua potable en todos los barrios. Comités de control de los vecinos para verificar el cumplimiento de estas tareas.

Reforzamiento de asistencia a los comedores populares de las barriadas, que son un centro fundamental para asegurar la alimentación de la población más necesitada. La asistencia social debe estar bajo el control de las organizaciones sociales y no de las fuerzas de seguridad.

Asegurar a los trabajadores del transporte público de los elementos de seguridad necesarios para evitar los contagios y reducción de la jornada laboral a turnos de 4 horas tanto para el servicio de subterráneo como de las líneas de colectivos. Que las empresas dispongan de unidades suficientes para que no viaje con personas paradas, ni con todos los asientos ocupados, tendiendo a disminuir el servicio sobre la base de la disminución de la actividad general.

Garantía salarial a todos los docentes que perdieron cargos y no accedieron a nuevos por la suspensión de los actos públicos. La garantía salarial debe ser equivalente a los cargos que tenían a noviembre del 2019. Percibimiento salarial de aquellos docentes que no hayan podido realizar la toma de posesión de cargos titularizados, trasladados o permutados. En ningún caso puede estar por debajo del salario mínimo garantizado para los trabajadores de la educación. Continuidad de pago de haberes a trabajadores del Plan Fines y de los programas socioeducativos que ven afectado su inicio por las medidas adoptadas. Cobertura de la asistencia de la obra social ObsBA a todo docente y personal auxiliar de limpieza que haya revistado algún cargo en las diversas áreas, juntas y programas socioeducativos del sistema educativo del GCABA a febrero 2020. Pago en tiempo y forma de todos los salarios adeudados. Extensión del artículo 73 del Estatuto del Docente para aquellos docentes suplentes que se encontraban en usufructo de licencias art 70 a, b, e, ch, hasta que se reanude el funcionamiento regular de clases.

Ante la imposibilidad de continuar con el servicio de comedor en las instituciones educativas planteamos la entrega de viandas y alimentos que aseguren una alimentación saludable, cuya distribución se realice en las escuelas cabeceras de distrito con personal especializado en la manipulación de alimentos. Partida presupuestaria extraordinaria para, cuando se disponga la reanudación de la actividad educativa, abastecer a todos los establecimientos educativos de todos los niveles de todo el territorio nacional, de los insumos para prevenir el contagio de coronavirus, sarampión y dengue (jabón, alcohol en gel, toallas, desinfectantes, repelentes, guantes, etc.) y para la contratación de personal auxiliar para garantizar la limpieza e higiene de cada establecimiento.

Cese del cobro del impuesto inmobiliario y el ABL sobre la vivienda única a toda la población afectada por el cese de actividades. Impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas.

Congelamiento de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios por seis meses. Prohibición de los desalojos o remates. Disponer de un fondo estatal para ayudar al pago de las expensas a las familias de menores recursos.

Prohibición de los despidos y de suspensiones con reducción salarial en el ámbito de la Ciudad.

Cese o reducción de todas las áreas de la actividad económica estatal y privada no esenciales a la alimentación y la salud, bajo supervisión de comités electos por los trabajadores. Garantías de salubridad e higiene de aquellas actividades que sean imprescindibles, por el período establecido, prorrogable según la evolución de la pandemia en el país, bajo supervisión del comité de médicos expertos y científicos. Intervención gremial allí donde se pretenda anteponer el interés de lucro particular a la necesidad de reducir la circulación general.


Interrupción inmediata de todos los pagos de la deuda pública en pesos y en dólares en todas las jurisdicciones (solo en enero y febrero se han pagado $157.000 millones en servicios de la deuda), en el marco de un plan económico integral que incluya la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos del país, sin indemnización, para que todo el ahorro nacional sea destinado a la emergencia y las medidas descriptas, y a las necesidades sociales y de desarrollo productivo que se ponen de relieve con mayor crudeza en el marco de la pandemia y de la crisis económica y social

[Coronavirus] Del Plá reclama Sesión Especial inmediata

Por tercera vez, en el marco de las teleconferencias y WhatsApp de los jefes de bloque, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda reclamó sesión especial inmediata para tratar múltiples urgencias que plantea la pandemia y la crisis económica para la gran mayoría de la población. La Diputada afirmó:

26/03/2020


“No simulen que el Congreso funciona, sesionemos ya en función de las necesidades populares, tomando los recaudos de higiene y protección necesarios. Queremos un debate público porque ni los intereses sociales antagónicos ni las ideologías políticas se archivaron por la pandemia, como lo demuestra la posición de Pichetto, de 'sacar a las organizaciones sociales del medio' y meter el Ejército en las villas”.


Romina Del Plá presentó tres proyectos muy abarcativos y agregó: "Es urgente establecer la prohibición de despidos y suspensiones no remuneradas. $30000 ya para los siete millones de personas informales, cuentapropistas, monotributistas, desocupados y empleadas de casa de familia (registradas y no registradas), en el mes de marzo y prorrogables. Centralización del sistema de salud en uno solo que coloque la capacidad de atención de los privados, el hospital público y las obras sociales al servicio del conjunto de la población sin distinción de cobertura. Comisiones de trabajadores electas de control de las medidas de salud en la áreas esenciales".


"Es fundamental la duplicación salarial y efectivización (pase a planta) de todo el personal de salud, incluyendo a los que se incorporan ahora, y la triplicación del presupuesto del Malbrán".


"Planteamos no sólo el congelamiento, sino también la suspensión del pago de alquileres y pensiones para vivienda familiar por seis meses prorrogables, y que el Estado compense los meses caídos cuando se trata de propietarios individuales de no más de dos unidades de cien metros cuadrados como máximo, y no de empresas inmobiliarias. En el caso de los créditos hipotecarios, el no pago de las cuotas con cargo a los bancos, por el mismo plazo, sin sumarlas a la deuda pendiente".


Del Plá, quien había presentado 20 puntos por escrito ante Alberto Fernández, finalizó: "El concepto de fondo de nuestros proyectos es que esto lo arreglamos sólo con una reorganización económica de fondo para luchar contra el virus, que haga efectivo el enorme esfuerzo de la población en el aislamiento y del personal de salud en la emergencia. Una reconversión industrial para la producción de respiradores y todo lo necesario para el combate al virus, y la anulación inmediata de todo pago de deuda, sea de bonistas privados o con los organismos multilaterales, a excepción de los bonos en manos del Anses. Los recursos están pero se siguen gastando en la usura financiera".


Romina Del Plá: 1140429791


Los proyectos del PO-FIT para proteger a los trabajadores frente a la pandemia:


https://po.org.ar/comunicados/2679-proyecto-presentado-por-el-po-fit-sobre-partida-presupuestaria-y-centralizacion-del-sistema-de-salud


https://po.org.ar/comunicados/2678-proteccion-de-los-trabajadores-ocupados-precarizados-y-desocupados-bajo-la-pandemia


https://po.org.ar/comunicados/2680-derecho-a-la-vivienda-y-los-servicios-publicos-bajo-la-pandemia






Derecho a la vivienda y los servicios públicos bajo la pandemia

Proyecto de Ley presentado por la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Romina Del Plá

26/03/2020


PROYECTO DE LEY


 


Artículo 1.- Se prohíben las ejecuciones hipotecarias por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan. 


 


Artículo 2.- Se prohíben los desalojos de inquilinos (alquileres) por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan. 


 


Artículo 3.- Se congela el valor y se suspende el pago de alquileres y pensiones por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan. Los pequeños propietarios de hasta dos viviendas en alquiler, que no superen los 100 (cien) metros cuadrados cada una, recibirán un resarcimiento estatal compensatorio igual al valor de los alquileres no percibidos.


 


Artículo 4.- Se renuevan automáticamente los contratos de alquiler que venzan en los próximos 6 (seis) meses, por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses, sin costo adicional, y por el valor congelado –tal cual lo establece el Artículo 3.   


 


Artículo 5.-  Se congela el valor y se suspende el pago de cuotas de créditos hipotecarios para vivienda única por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan.


 


Artículo 6.- Se congela el valor y se suspende el pago de las cuotas de todo tipo de créditos personales, prendarios, para compra de automóviles (bajo cualquier modalidad), por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan. 


 


Artículo 7.- El congelamiento establecido en los Artículos 5 y 6 no es bonificable a futuro por parte del acreedor, sea público o privado, ni puede ser considerado como deuda para el inquilino / hipotecado / deudor. Al suspenderse la medida, no corresponderá ninguna carga de intereses por los meses congelados, sino que se tomará como valor de referencia para las actualizaciones que correspondiesen en los meses subsiguientes, el valor de la última cuota abonada en el mes de febrero de 2020.  


 


Artículo 8.- Se establece la exención impositiva a la vivienda única.


 


Artículo 9.- Se suspende el pago de las tarifas de todos los servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, de energía eléctrica, redes de agua potable, gas natural y comprimido, telecomunicaciones e internet, peajes, por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan. 


 


Artículo 10.- Se retrotrae el valor de las tarifas de todos los servicios públicos citados en el Artículo 9 al valor del 1° de enero de 2019, y se congela el mismo por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan. 


 


Artículo 11.- Los gastos que demanden estas medidas serán respondidas por rentas generales, sobre la base de la anulación unilateral de todo pago de deuda externa a bonistas y acreedores, con excepción de los vencimientos que están en manos de la ANSES.


 


Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 


 


FUNDAMENTOS


 


Señor Presidente:


 


Este proyecto es complementario de otros dos proyectos presentados por la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que expresan los 20 puntos que hemos presentado al Presidente Alberto Fernández y que detallan las medidas urgentes que consideramos se deben tomar ante la amenaza, y el avance, de la pandemia del Covid-19 (coronavirus) en nuestro país -que enfrenta esta alerta sanitaria en un contexto de vaciamiento del sistema de salud y de aguda precarización de las condiciones de vida de un amplio sector de la población trabajadora, ocupada y desocupada.


 


Hemos reclamado en otro proyecto de ley la designación de una partida presupuestaria extraordinaria para el sistema de salud y su centralización (del sector público, privado, de universidades nacionales y obras sociales) mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, bajo control de trabajadores y profesionales de los distintos sectores, involucrando a los Estados nacional y provinciales; la triplicación del presupuesto del Malbrán; el reparto masivo y gratuito de todos los insumos de higiene y de prevención necesarios; la creación de comités de higiene y salubridad interdisciplinarios en cada hospital, centro de salud y establecimiento educativo, con miembros electos por los profesionales y trabajadores de la salud, y la creación de comités electos por los trabajadores en cada lugar de trabajo para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias en todos los establecimientos laborales –entre otras medidas. Medidas que tienen como punto de partida el no pago de la deuda externa, que es el requisito fundamental para concentrar todos los recursos nacionales al servicio de las necesidades obreras y populares y frenar el saqueo en beneficio de los especuladores, los bancos y los bonistas. 


 


En un segundo proyecto establecemos medidas elementales de protección de los trabajadores como la prohibición de despidos y de suspensiones con descuento salarial en todos los ámbitos de la actividad económica, formal o informal, del sector público o privado; junto con la elevación del salario y la jubilación mínima a $30.000, de igual modo que los planes sociales vigentes, y la asignación de un bono por ese monto para todos los trabajadores desocupados, precarizados, las empleadas domésticas y los monotributistas; junto con disposiciones para proteger la salud de quienes están exentos del aislamiento por integrar el rubro de “actividades esenciales”, de quienes están en tratamientos en las ART y de las personas privadas de libertad, que viven brutales condiciones de encierro en un contexto de hacinamiento, abusos policiales, y nula asistencia profesional de la salud. 


 


Este tercer proyecto de ley viene a ocuparse de otro problema fundamental, que es garantizar el derecho a la vivienda para la población trabajadora que ve mermar sus ingresos frente al derrumbe económico, y en muchos casos frente al parate de la actividad que le da un sustento diario producto del aislamiento obligatorio. 


 


Por ello, en primer lugar, se prohíben las ejecuciones hipotecarias y los desalojos de inquilinos por un plazo mínimo de 6 meses -prorrogable. Al mismo tiempo, se congela el valor y se suspende el pago de alquileres por 6 (seis) meses, atendiendo a la situación que enfrentan numerosas familias trabajadoras que son inquilinas, en situaciones desesperantes en muchos casos, como quienes viven en “hoteles” y pensiones que suelen tener aumentos abusivos cada tres meses, y donde las condiciones de vivienda son muy precarias en la mayor parte de los casos. Como existen casos en que quien alquila una habitación o una pequeña propiedad es también un trabajador, que depende de ese ingreso extra para cubrir sus gastos esenciales y llegar a fin de mes, planteamos para los mismos un resarcimiento estatal compensatorio igual al valor de los alquileres no percibidos.


 


En el caso de créditos hipotecarios de vivienda única familiar, se suspende su pago congelando su valor por el mismo período. Igual medida se dispone para otros tipos de créditos personales, prendarios o de automóviles –a los que suelen recurrir las familias trabajadoras para poder acceder al techo, a la compra de productos de necesidad o al transporte propio. Un aspecto clave de esta suspensión es que incluye el congelamiento del valor del alquiler o las cuotas hipotecarias o de créditos personales, sin que pueda traducirse esto en nuevas cargas y deudas a futuro –como sucedió con los hipotecados UVA, a quienes el gobierno de Alberto Fernández les cobra ahora el congelamiento de cuotas de los últimos meses de 2019, agravando una carga que se hace ruinosa para numerosas familias trabajadoras en todo el país. A su vez, se establece la exención impositiva para la vivienda única. 


 


El proyecto dispone asimismo la suspensión del pago de los servicios públicos por un plazo mínimo de seis meses. Junto con ello, se retrotraen los valores de los servicios a los vigentes al 1° de enero de 2019 –como medida de emergencia ante la pandemia, pero que plantea un problema de fondo, que se integra a la apertura de los libros contables de las empresas que explotan los servicios públicos, bajo control de trabajadores y usuarios, tal cual sostenemos en otro proyecto de ley presentado por esta bancada desde hace años en la Cámara de Diputados. 


 


Finalmente, establecemos la medida fundamental que debe disponerse para hacer viable todas las disposiciones aquí enumeradas y que hacen a la vía de su financiamiento, que sólo es posible sobre la base de detener el saqueo de recursos nacionales a favor de los especuladores y usureros de la deuda. Por ello incorporamos en este proyecto de ley la inmediata anulación unilateral de todo pago de la deuda, con la excepción de los vencimientos que están en manos de la ANSES –y que es dinero de los jubilados, que debe tener por destino un aumento urgente de todas las jubilaciones y pensiones, la reposición de la movilidad que le robó este Congreso con la ley de “emergencias” (mal llamada de solidaridad) de diciembre del año pasado, y el financiamiento del 82% móvil.  


 


El efectivo cumplimiento del aislamiento por parte de los trabajadores requiere en primer lugar que tengan una vivienda donde puedan preservar su salud y sus vidas, y que puedan contar con los servicios básicos necesarios para ello.


 


Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas nacionales el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.   

Proyecto presentado por el PO-FIT sobre partida presupuestaria y centralización del sistema de salud

Proyecto de Ley presentado por la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Romina Del Plá

26/03/2020


PROYECTO DE LEY


 


Artículo 1.- Se ordena una partida presupuestaria extraordinaria para el Ministerio de Salud de la Nación para abastecer los hospitales y centros de salud de los insumos faltantes necesarios para la atención de la pandemia de Coronavirus (Covid-19), Dengue y Sarampión -como barbijos quirúrgicos y N95, guantes, camisolines estériles, gafas de protección ocular, botas de quirófano, cofia, desinfectantes como detergente tri-enzimático, alcohol, alcohol en gel, repelentes, etc. También para el aumento de las camas de internación en aislamiento y/o terapia intensiva que fueran necesarias y de todos los gastos que requiera la campaña contra el virus.


 


Artículo 2.- Se dispone la triplicación del presupuesto del Hospital Malbrán, encargado de los controles epidemiológicos, a fin de que pueda cumplir plenamente la función que tiene asignada.


 


Artículo 3.- Se dispone el reparto gratuito de alcohol en gel, desinfectantes y barbijos, así como de cualquier medicación que se necesite para enfrentar la pandemia. Se intervendrán las empresas y laboratorios necesarios para garantizar esto.


 


Artículo 4.- Se dispone la centralización de todo el sistema de salud argentino, público, de obras sociales y privado, mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de cada uno de los sectores mencionados, con el objeto de articular nacionalmente la política de combate a la pandemia, involucrando al Estado Nacional y los Estados provinciales y municipales. Se ordena que los tres sectores se ponen a disposición de la atención de la población en general, sin restricciones de cobertura. Se dispone el carácter obligatorio de la vacunación preventiva de las cepas gripales existentes hasta el presente en toda la población de riesgo, por parte de todos los establecimientos de salud.


 


Artículo 5.- Se establece la suspensión de clases y el completo cese de actividades en todos los establecimientos educativos, de todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario y universitario), de todo el territorio nacional, por un plazo mínimo de 15 días –prorrogable por el tiempo que se mantenga la alerta ante las epidemias.  


 


Artículo 6.- Se ordena una partida presupuestaria extraordinaria para, cuando se disponga la reanudación de la actividad, abastecer a todos los establecimientos educativos de todos los niveles de todo el territorio nacional, de los insumos para prevenir el contagio de Coronavirus, sarampión y dengue (jabón, alcohol en gel, toallas, desinfectantes, repelentes, etc.) y para la contratación de personal auxiliar para garantizar la limpieza e higiene de cada establecimiento. 


 


Artículo 7.- El Poder Ejecutivo Nacional debe garantizar que medidas similares se tomen en todas las provincias y los municipios, asistiéndolos con recursos económicos nacionales si fuera necesario. 


 


Artículo 8.- Se establece la creación de comités de higiene y salubridad interdisciplinarios en cada hospital, centro de salud y establecimiento educativo, con miembros electos por los profesionales y trabajadores de la salud, para establecer un control sobre la aplicación de protocolos de atención y seguridad y sobre la provisión de los insumos hospitalarios necesarios para su aplicación. Al mismo tiempo se dispone la creación de comités electos por los trabajadores para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y que se brinden los elementos necesarios en todos los establecimientos privados de carácter industrial, comercial, bancario o de servicios.  


 


Artículo 9.- Se establece una licencia obligatoria con goce de sueldo de un mínimo de 14 días prorrogable por el tiempo que se mantenga la alerta ante las epidemias- para todas las trabajadoras y trabajadores de 65 años y más, embarazadas y población de riesgo en todo el ámbito público y privado de la Nación para cumplir cabalmente con las recomendaciones del Ministerio de Salud Nacional. Bajo ninguna circunstancia se aplicarán adelantos de vacaciones o cualquier otro método de licenciamiento a costo de del personal. En cualquier caso, se prohíbe todo tipo de descuento salarial.


 


Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


 


 


FUNDAMENTOS


 


Sr. Presidente:


 


El avance de la pandemia de coronavirus (CoVid19) ha generado la llegada de los primeros casos en Argentina y el primer caso mortal de un trabajador jubilado (un ex detenido desaparecido que había viajado a Francia a visitar a su familia). El ingreso del virus a nuestro país ha puesto de manifiesto rápidamente la crisis del sistema de salud y las dificultades que existen para lidiar con una posible situación epidémica que recrudecerá durante la temporada invernal.


 


Mientras llegan a Argentina los primeros casos de CoVid 19, se detecta un fuerte aumento en los casos de dengue en 11 provincias de nuestro país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se reportó un incremento semanal del 66% de los casos confirmados que hasta el 29/2 sumaban 364. Estas estadísticas dan cuenta de los casos que efectivamente llegan al sistema de salud y son testeados en laboratorio, por lo que el número real de casos es ampliamente superior, especialmente si se tiene en cuenta que muchas infecciones pueden presentar síntomas leves o son directamente asintomáticas. En más de la mitad de los casos (53%), el origen de la transmisión fue autóctono, es decir que se trata de pacientes que no viajaron a zonas endémicas sino que se contagiaron en CABA. En el resto del país, el aumento ha sido más gradual pero sostenido, en especial en las provincias cercanas a países que cursan epidemias severas como es el caso de Paraguay y Brasil (Misiones, Formosa, Salta) donde los agentes de salud y las organizaciones sociales vienen denunciando el sub-reporte de casos sospechosos. En la mayoría de los casos, el serotipo detectado ha sido el DEN-1 (el causante de la epidemia 2016) aunque también se ha confirmado la circulación de DEN-4 y DEN-2 lo que implica un mayor riesgo de casos de fiebre hemorrágica (que puede ocurrir en personas que ya han sido infectadas con un serotipo al infectarse con uno distinto).


 


El presente proyecto de ley apunta a garantizar las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Nacional para la prevención de Sarampión, Dengue y Coronavirus. 


 


Para garantizar las medidas contra las epidemias es necesario que el Estado disponga de los recursos presupuestarios necesarios de manera urgente. En todo el país los trabajadores de la salud denuncian faltantes de insumos básicos en los hospitales y de elementos de prevención del contagio en escuelas. 


 


La partida presupuestaria extraordinaria atiende la falta de insumos y camas de aislamiento -situación que denuncian los trabajadores de hospitales y centros de salud de todo el país. Lo mismo para los establecimientos educativos, para los cuales se dispone previamente la suspensión de clases y el cese de actividades por un plazo mínimo de 15 días (prorrogable por el tiempo que se extienda la alerta sobre las distintas epidemias). 


 


Para garantizar su aplicación es necesario que los propios trabajadores tomen en sus manos el control de los lugares de trabajo a través de los comités de higiene y seguridad que proponemos en este proyecto. La situación vivida en el Hospital Argerich en la Ciudad de Buenos Aires es un severo llamado de atención porque los trabajadores de salud no tenían el material necesario ni el protocolo. 


 


Los trabajadores deben jugar un rol central y conformar comités de higiene y salubridad para controlar al gobierno. A su vez las medidas restrictivas no pueden quedar en la voluntad individual de cada persona. 


 


El establecimiento por ley de estas iniciativas permitirá superar las medidas limitadas a la voluntad individual de cada persona. 


 


Esto es evidente en el caso de la recomendación de aislamiento voluntario a las personas de más de 65 años que en muchos casos trabajan y si no cuentan con una licencia se ven obligados a exponerse para mantener sus ingresos y su trabajo. 


 


Ocurre una situación similar con las mujeres embarazadas, que siendo inmunodeprimidas corren un riesgo mayor si contraen la enfermedad y sin disposiciones oficiales están obligadas a concurrir a los lugares de trabajo. 


 


Solicitamos a los y las diputados nacionales el acompañamiento al presente proyecto de ley para establecer las medidas de emergencia que la situación que vivimos requiere. 

Protección de los trabajadores ocupados, precarizados y desocupados bajo la pandemia

Proyecto de ley presentado por la diputada del Partido Obrero - Frente de Izquierda, Romina Del Plá

26/03/2020


PROYECTO DE LEY


 


Capítulo I


 


Trabajadores formales e informales


 


Artículo 1.- Se prohíbe en todo el territorio de la República Argentina, tanto en el ámbito público como privado, formal e informal, o empresas autárquicas, despedir a cualquier trabajador en relación de dependencia, por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo amerita. 


 


Artículo 2.- Se prohíbe en todo el territorio de la República Argentina, tanto en el ámbito público como privado, formal e informal, o empresas autárquicas, la reducción salarial de todo trabajador que por la pandemia deba cesar en su actividad, por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo amerita. Las suspensiones que se dictaran deben ser pagas al 100% del salario correspondiente.


 


Artículo 3.- Se prohíbe todo descuento salarial o adelanto de vacaciones para los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la emergencia dictada por el Poder Ejecutivo Nacional.  


 


Artículo 4.- Si, cualquiera fuera la causa, fuese necesario reducir las horas de trabajo, el empleador repartirá equitativamente las horas necesarias de trabajo entre todos los trabajadores de la empresa, manteniendo el mismo salario, tal cual lo establece el artículo precedente.


 


Artículo 5.- Se eleva el salario mínimo y la jubilación mínima a $30.000 (treinta mil pesos) mensuales, para todo el territorio nacional.


 


Artículo 6.- Las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) quedan obligadas a respetar de manera rigurosa las condiciones de aislamiento y prevención en la realización de los tratamientos, garantizando las prestaciones y el resguardo de la salud.


 


Artículo 7.- Las disposiciones de los artículos precedentes se aplicarán sobre todos los trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sea contratado, becario o monotributista, cualquiera fuera su forma contractual. Todo contrato laboral de cualquier carácter se prorrogará por el plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días desde la entrada en vigencia de la ley. La presente disposición contempla a los trabajadores contratados bajo la forma de monotributistas, que representan en realidad una relación de dependencia tanto en el ámbito público como privado. 


 


Artículo 8.- Se deroga el pago del impuesto a las ganancias sobre los salarios de trabajadores con ingresos menores a 100.000 (cien mil) pesos mensuales.


 


Capítulo II


 


Actividades Esenciales 


 


Artículo 9.- Las empresas que integran la nómina de “Actividades esenciales”, que quedaron exceptuadas de las medidas de aislamiento obligatorio, deben garantizar las condiciones de higiene y seguridad sanitaria para los trabajadores, bajo control y supervisión de comités de higiene y salubridad, elegidos por los trabajadores, para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Las empresas deben garantizar todos los elementos de higiene (lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y cualquier otro elemento que sea indicado por las autoridades sanitarias), en todos los establecimientos públicos y privados, sean de carácter industrial, bancario o comercial, y para los trabajadores de reparto que no cuentan con establecimientos de trabajo y se encuentran doblemente expuestos.


 


Capítulo III


 


Trabajadores desocupados, monotributistas y empleadas domésticas


 


Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos del Capítulo I, se establece la suspensión inmediata del pago del monotributo para todos los trabajadores de las categorías A, B, C y D del Nuevo Régimen de Monotributo, por un período mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan. La suspensión no se contabilizará como deuda y bajo ningún concepto el trabajador deberá abonar los meses no pagos por motivo de suspensión de su actividad laboral. 


 


Artículo 11.- Se establece la cobertura inmediata e irrestricta por parte de las obras sociales de todos los trabajadores monotributistas, trabajadores de reparto y trabajadores autónomos, cualquiera sea su actual situación fiscal. El Estado compensará económicamente los gastos extraordinarios que afecten a las Obras Sociales. 


 


Artículo 12.- Se eleva el seguro al parado a $30.000 (treinta mil pesos) mensuales.


 


Artículo 13.- Se establece una asignación de $30.000 (treinta mil pesos) en el mes de marzo, prorrogable mensualmente al período que se extienda el aislamiento obligatorio, a todos los trabajadores desocupados, a los monotributistas categorías A y B, a los trabajadores eventuales y/o informales, cuentapropistas y empleadas domésticas.


 


Artículo 14.- Se eleva a $30.000 (treinta mil pesos) el valor mensual percibido por los 556.000 planes sociales vigentes.


 


Artículo 15.- Se establece la duplicación del monto de la AUH y de la Asignación por hijo. 


 


Artículo 16.- El personal de salud (profesionales médicos y no médicos, trabajadores administrativos, de servicios de limpieza, de seguridad, etc.) constituirá comisiones de supervisión en hospitales y centros de salud para garantizar las mayores normas necesarias para proteger su salud. Todo el personal actuante (contratados, etc.) pasa de manera inmediata a planta permanente. Se duplica su salario mientras dure la emergencia de la pandemia.


 


Capítulo IV


 


Libertad de acción sindical y gremial


 


Artículo 17.- Se anula la Resolución 238/2020, publicada en el Boletín Oficial, por medio de la cual la Secretaría de Trabajo suspende por un mes las asambleas y congresos en los sindicatos. Se debe garantizar plenamente en todos los lugares de trabajo, las más amplias libertades de acción sindical y gremial, tomando los recaudos de higiene necesarios mientras dure la pandemia. En los ámbitos laborales, del sector público o privado, donde esté suspendida la actividad presencial por las condiciones de aislamiento, la actividad sindical tendrá lugar por los medios virtuales disponibles y las empresas deberán responder a los reclamos de los trabajadores, si fuera necesario, mediante intervención del Estado.


 


Capítulo V


 


Personas privadas de libertad


 


Artículo 18.- El Sistema Penitenciario Federal (SPF), las cárceles, comisarías e instituciones de encierro donde se encuentran personas detenidas privadas de libertad, en todo el territorio nacional, deben garantizar las condiciones de higiene y seguridad sanitaria para todos los detenidos, respetando el cumplimiento de las medidas sanitarias, incluida la reasignación de los espacios y celdas para garantizar las distancias de contacto recomendadas. Se debe garantizar a las personas privadas de libertad todos los elementos de higiene (lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y cualquier otro elemento que sea indicado por las autoridades sanitarias). Se debe garantizar personal profesional de la salud en todas las instituciones de encierro, del SPF, cárceles y comisarías. Se constituirá un comité de supervisión para fiscalizar la ejecución de estas normas, integrado por organizaciones de derechos humanos, que tendrá derecho a veto en resoluciones que considere violatorias del derecho a la salud de las personas privadas de libertad.


 


Capítulo VI


 


Disposiciones Finales


 


Artículo 19.- La violación de alguna/s de las prohibiciones y/u obligaciones patronales o instituciones del Estado contenidas en los artículos precedentes por parte del empleador o autoridad pública, significará la inmediata intervención estatal de la empresa, bajo supervisión de los trabajadores del sector, para garantizar que se hagan efectivas las disposiciones de esta ley, e irá acompañada de una multa económica equivalente al 10% de la facturación mensual promedio del último año –previo a la entrada en vigencia de las medidas de aislamiento. En el caso de las instituciones públicas, significará la remoción inmediata del personal jerárquico a cargo. 


 


Artículo 20.- Los gastos que demanden estas medidas serán respondidas por rentas generales, sobre la base de la anulación unilateral de todo pago de deuda externa a bonistas y acreedores, con excepción de los vencimientos que están en manos de la ANSES.


 


Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 


 


FUNDAMENTOS:


 


Señor Presidente:


 


El presente proyecto de ley es complementario de otros dos proyectos presentados por la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que expresan los 20 puntos que hemos presentado al Presidente Alberto Fernández y que detallan las medidas urgentes que consideramos se deben tomar ante la amenaza, y el avance, de la pandemia del Covid-19 (coronavirus) en nuestro país -que enfrenta esta alerta sanitaria en un contexto de vaciamiento del sistema de salud y de aguda precarización de las condiciones de vida de un amplio sector de la población trabajadora, ocupada y desocupada.


 


Hemos reclamado en otro proyecto de ley la designación de una partida presupuestaria extraordinaria para el sistema de salud y su centralización (del sector público, privado, de universidades nacionales y obras sociales) mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, bajo control de trabajadores y profesionales de los distintos sectores, involucrando a los Estados nacional y provinciales; la triplicación del presupuesto del Malbrán; el reparto masivo y gratuito de todos los insumos de higiene y de prevención necesarios; la creación de comités de higiene y salubridad interdisciplinarios en cada hospital, centro de salud y establecimiento educativo, con miembros electos por los profesionales y trabajadores de la salud, y la creación de comités electos por los trabajadores en cada lugar de trabajo para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias en todos los establecimientos laborales –entre otras medidas. Medidas que tienen como punto de partida el no pago de la deuda externa, que es el requisito fundamental para concentrar todos los recursos nacionales al servicio de las necesidades obreras y populares y frenar el saqueo en beneficio de los especuladores, los bancos y los bonistas. 


 


En un tercer proyecto disponemos otra serie de medidas de emergencia como la suspensión de ejecuciones a la vivienda única, el congelamiento y suspensión de pago de alquileres y cuotas de préstamos hipotecarios y personales de distinto orden, así como el congelamiento de los tarifazos (y su retracción a los valores de enero de 2019) y la suspensión del pago de los servicios públicos durante el período en que se extiendan las medidas de aislamiento y prevención sanitaria.


 


El aislamiento obligatorio, impuesto mediante decreto por el Poder Ejecutivo, reclama ahora, para su efectivo cumplimiento, la más amplia protección de los trabajadores, y disponer medidas urgentes que el gobierno se niega a tomar –y que presentamos en este proyecto de ley. 


 


En un país donde el déficit habitacional llega a 3,8 millones de hogares (Página 12, 1/3) un aislamiento obligatorio que no contemple cómo movilizar recursos para que las condiciones de cuidado sanitario las pueda cumplir la capa más postergada de los trabajadores, condena a millones a sufrir la cuarentena con miseria, hambre y riesgo sanitario. Más teniendo en cuenta que ésta deja sin trabajo a los albañiles, textiles, empleadas de limpieza eventuales y changarines que son mayoría en las barriadas populares. Los bonos a la asignación o los planes están lejos de cubrir el impacto de la inflación y el parate económico, ni tampoco llegan a todos. El subsidio de $10.000 a cobrar en abril para monotributistas, autónomos y trabajadores informales, no sólo llega tarde y alcanza a un sector limitado de ese universo de trabajadores, sino que resulta absolutamente insuficiente. 


 


Tenemos asimismo que a diario se multiplican las denuncias de trabajadores que sufren despidos (como en el Bingo de Pilar o en la orquesta estable de José C. Paz – por citar casos de la Provincia de Buenos Aires), o que se les quieren aplicar descuentos salariales. También crecen las denuncias de violación de la cuarentena en distintas empresas (como en la gráfica Ipesa o la cervecería Quilmes) o de las normas de higiene y salubridad necesarias en aquellas áreas de la actividad productiva que han sido declaradas “esenciales” (como denuncian trabajadores de la fruta en Río Negro y Neuquén, o trabajadores de los shopping y grandes cadenas de supermercados en distintas provincias del país).


 


Hay asimismo denuncias de violación de las normas de aislamiento y salubridad por parte de los ART, para los trabajadores que han sufrido accidentes laborales o enfermedades profesionales.


 


Todos los informes elaborados por el Gobierno pronostican un escenario de agravamiento de la pandemia en las próximas semanas y, sin embargo, se siguen sin tomar medidas elementales. Como complemento se impuso el cierre de hecho del Congreso –que sólo funciona con reuniones de presidentes de bloque sin poder de resolución- reforzando un régimen de poder personal que altera de manera autoritaria el régimen político.


 


Ante este estado de situación, el proyecto que presentamos –y que reclamamos tenga urgente tratamiento en una sesión, que se realice tomando todas las medidas preventivas del caso, para lo cual se disponen los recursos técnicos necesarios- establece una serie de medidas urgentes para proteger a los trabajadores ante la pandemia, a los ocupados y a los desocupados, a las empleadas domésticas y a los monotributistas, a los que deben atravesar las próximas semanas en aislamiento y a los que deben continuar en actividad.


 


En primer lugar, dispone la prohibición de despidos y de las suspensiones con descuentos salariales en todos los rubros de la actividad económica, pública o privada, para los trabajadores del sector formal e informal. Se prohíbe asimismo todo descuento salarial o adelanto de vacaciones para los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la emergencia. Se eleva el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias sobre salarios que sean inferiores a $100.000 mensuales. Se eleva el salario mínimo y la jubilación mínima a $30.000 (treinta mil pesos) mensuales y se establece una asignación por el mismo monto ($30.000) para todos los trabajadores desocupados, los monotributistas y precarizados, así como a las empleadas domésticas, a quienes también se les garantiza cobertura de salud por parte de las obras sociales, sobre la base de una compensación económica del Estado para evitar un desfinanciamiento de las mismas –o que los costos recaigan sobre los trabajadores en actividad de los distintos gremios. Se duplica también el monto de la AUH y se eleva el seguro al parado también a $30.000 mensuales. 


 


Para el caso de los monotributistas se establece asimismo la suspensión del pago del monotributo por un plazo mínimo de seis meses, no pudiendo convertirse esta suspensión en una deuda futura del trabajador –sino que debe ser financiada por impuestos progresivos a las grandes fortunas. Y a su vez, extendemos a las categorías C y D todas las medidas de protección –alcanzando realmente a todos aquellos que viven de su trabajo y no se encuentran en condiciones de hacer frente al aislamiento y cubrir las necesidades básicas para la subsistencia al mismo tiempo.


 


Se obliga a las empresas de la nómina de “Actividades Esenciales” a garantizar las condiciones de higiene y seguridad sanitaria para los trabajadores, bajo control y supervisión de comités de higiene y salubridad para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Lo mismo vale para las ART, que deben garantizar las prestaciones y tratamientos en estricto cumplimiento de las normas sanitarias y resguardo de la salud de los trabajadores en tratamiento por accidente laboral o enfermedad profesional; y para las cárceles e instituciones de encierro (sean o no del Sistema Penitenciario Federal), donde las personas privadas de libertad viven una altísima situación de riesgo en condiciones de hacinamiento y sin prácticamente asistencia de personal profesional de la salud. Para ello se dispone la supervisión de las medidas por parte de comités integrados por organizaciones de DDHH, con poder de veto sobre situaciones y disposiciones que consideren perjudiciales para la salud de los detenidos.


 


Se dispone el inmediato pase a planta permanente de todo el personal de salud (profesionales médicos y no médicos, trabajadores administrativos, de limpieza, de seguridad, etc.) y se dispone para todo ellos la duplicación de su salario durante el plazo que dure la emergencia sanitaria.


 


Los últimos puntos de la ley resultan aspectos también fundamentales. Por un lado, la anulación de la resolución del Secretario de Trabajo, Moroni, que prohíbe la acción sindical –en un acto extremo de regimentación del movimiento obrero, en momentos donde proliferan las denuncias por múltiples atropellos patronales en el cuadro de la crisis. Defendemos la más amplia acción sindical y gremial de los trabajadores para defender sus derechos laborales y su derecho a la salud. Por otro lado, se establecen sanciones efectivas a las patronales o instituciones públicas que violen cualquiera de estas disposiciones, sin cuya implementación las normas aquí volcadas quedarían libradas a la “buena voluntad” de los afectados –que es la vía por la que se violan sistemáticamente derechos de la población trabajadora en nuestro país.


 


Finalmente, establecemos la medida fundamental que debe disponerse para hacer viable todas las disposiciones aquí enumeradas y que hacen a la vía de su financiamiento, que sólo es posible sobre la base de detener el saqueo de recursos nacionales a favor de los especuladores y usureros de la deuda. Por ello incorporamos en este proyecto de ley la inmediata anulación unilateral de todo pago de la deuda, con la excepción de los vencimientos que están en manos de la ANSES –y que es dinero de los jubilados, que debe tener por destino un aumento urgente de todas las jubilaciones y pensiones, la reposición de la movilidad que le robó este Congreso con la ley de “emergencias” (mal llamada de solidaridad) de diciembre del año pasado, y el financiamiento del 82% móvil.  


 


Los límites que tiene el gobierno para enfrentar los escenarios catastróficos que él mismo pronostica están marcados por la defensa de los intereses y privilegios de la clase social para quien gobierna. Los trabajadores, por lo tanto, deben tomar las medidas en sus manos. Por ello todas las medidas que promovemos en este proyecto deben ser bajo el control de comités electos por los mismos en cada lugar de trabajo, cada institución educativa y de salud.


 


La situación es apremiante y requiere medidas urgentes como las que aquí describimos. Por todos estos motivos, solicitamos a los y las diputadas el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.


 


El efectivo cumplimiento del aislamiento por parte de los trabajadores requiere en primer lugar que tengan una vivienda donde puedan preservar su salud y sus vidas, y que puedan contar con los servicios básicos necesarios para ello. 


 


Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas nacionales el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley. 

Ante los anuncios del Gobierno sobre el ingreso familiar (IFE)

Comunicado de Polo Obrero

24/03/2020


El Gobierno ha anunciado un programa por el cual se asiste a los trabajadores que han tenido que cesar en sus labores. Son trabajadores eventuales, no registrados, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, empleadas domésticas, etc. Una población que alcanza el 35% de los trabajadores activos, lo que es una denuncia del grado de precarización laboral en Argentina y que se mantiene en el país hace décadas. Se trata de millones de personas que desde el aislamiento han dejado de tener un ingreso mínimo.


 


El anuncio del Gobierno es un reconocimiento tardío e insuficiente del reclamo que venimos haciendo diferentes organizaciones, entre ellas el Polo Obrero, hace de 10 días. El monto de $10.000 es un ingreso menor al de la línea de indigencia y no significa ni un cuarto de lo que se necesita para vivir.


 


Mientras, hay miles de despidos de trabajadores informales y en blanco. Esto ocurre porque no se ha tomado una medida elemental cómo es la de prohibición de despidos y suspensiones sin pago. En cambio, los gastos en materia represiva y de control de la población no tienen límite.


 


Por otro lado, ya se han cumplido varios días desde el cese de actividades y el Gobierno no ha cumplido con la distribución de mayor cantidad de alimentos a la población más necesitada, mientras los comedores populares se llenan de solicitudes de alimentos que no se pueden conseguir con el trabajo propio. La concurrencia a centros y comedores populares ha aumentado enormemente en los últimos 10 días.


 


En este cuadro, volvemos a plantear la medida que hemos propuesto un conjunto de organizaciones hace 10 días, que es la instrumentación de un seguro al desocupado con un piso mínimo de $30.000 por mes hasta el retorno al trabajo y se pague el primer salario correspondiente, manteniendo en este seguro al parado a todos los que producto de la crisis social y económica que  no puedan retornar a su trabajo.


 


Exigimos la entrega inmediata de alimentos a granel Y ELEMENTOS DE HIGIENE Y SANITARIOS para ser distribuidos por los centros comunitarios, comedores populares e inclusive habilitar lugares como escuelas y otras instituciones para distribuirlos a la población que lo necesita. Es URGENTE que se implemente el Ingreso Familiar de Emergencia sin más dilaciones, los 10 a 15 días que el Gobierno anuncia como plazo para su cobro, son INTERMINABLES para quien no tiene para comer.


 


Tampoco se han implementado fumigaciones por el dengue y no se han limpiado los basurales. Lo único que se ve en los barrios obreros es patrulleros. No hay asistencia del Estado como corresponde a esta situación.


 


Reiteramos el pliego de reclamos que le enviamos al Gobierno nacional hace 10 días.


 


• Provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia.


• Fumigación y descacharramiento de basurales y descampados.


• Provisión de elementos de higiene para los comedores populares: barbijos, guantes, cofias, batas descartables, alcohol en gel, lavandina, desinfectante en aerosol y repelente.


• Provisión de kits de higiene a la población vulnerable en los barrios más pobres.


• Aumento de las partidas alimentarias para los comedores populares, para hacer frente al aumento de la demanda ante la desocupación y la caída de la actividad económica.


• Extensión de la tarjeta Alimentar a todos los desocupados con hijos de hasta 18 años de edad.


• Prohibición de despidos y suspensiones.


• Apertura de los programas sociales para todos los desocupados.


• Duplicación de los montos de los programas.


• Creación de un seguro al parado de $30.000, indexado por costo de vida


• No al pago de la deuda externa


 

Declaración del FIT Unidad ante la crisis del coronavirus

21/03/2020


1-El gobierno nacional, con el apoyo de los 24 gobernadores, ha proclamado la cuarentena en todo el país a partir del viernes 20 de marzo hasta 31 del mismo mes. Alberto Fernández y el ministro Ginés González García pasaron de minimizar la pandemia a tomar esta medida extrema. La cuarentena se ha anunciado sin detallar dentro de qué plan estratégico de enfrentamiento al coronavirus se inscribe, mientras se están realizando una cantidad mínima de test para comprobar quienes están infectados. Previo a esta medida se fue desarrollando una parálisis de la producción en los sectores no esenciales que se fue imponiendo como un reclamo elemental para frenar la pandemia en desarrollo. Todavía se desarrollan estos reclamos, como lo hacen los trabajadores de Techint, los mineros de Santa Cruz, los trabajadores de los shopping, etcétera. Lo cierto es que estamos en presencia de un sistema de salud pública degradado por las políticas de recorte presupuestario y precarización de sus trabajadores que han llevado adelante los distintos gobiernos, todos ellos pagadores seriales de una deuda usurera y fraudulenta, incluido el actual, sin que se tomen medidas para el sector, ya que no hubo ningún anuncio al respecto. Por eso decimos, en primer lugar, que a la crisis económica y financiera desatada por el coronavirus la tienen que pagar los capitalistas, los grandes empresarios, las multinacionales y los bancos, no los trabajadores y el pueblo. Y que llegó la hora de dejar de pagar una deuda fraudulenta para destinar los recursos nacionales a combatir la pandemia y establecer un plan productivo que parta de la base de los intereses de los trabajadores y el pueblo.


 


2- Compartimos con millones de trabajadores y demás sectores populares la enorme preocupación ante las tremendas consecuencias de la crisis que se siguen descargando sobre sus espaldas. ¿Por qué no se invierten todos los fondos necesarios para los hospitales y su personal dejando de pagar ya la deuda externa? ¿Por qué no se destinan los recursos necesarios para el sistema de salud y se privilegia a los especuladores y patronales? ¿Por qué no hay disponibles los test necesarios para conocer el estado de situación y actuar en consecuencia?  ¿Por qué no se prohíben los despidos y suspensiones? ¿Por qué no hubo medidas de fondo para garantizar el sustento para los que viven de changas y los sectores más vulnerables? ¿Por qué van a tener que pagar la luz, el gas y los alquileres los sectores más afectados? ¿Por qué el gobierno no obliga a las empresas a que se hagan cargo de garantizar el salario a los monotributistas y trabajadores en negro, o por qué no destina subsidios a los cuentapropistas? Ante esta situación desesperante el gobierno de Alberto Fernández sigue gobernando con el Presupuesto 2019 de Macri, ya que ha dejado condicionada a la negociación de la deuda la elaboración de una nueva ley de presupuesto. No hay ninguna información de cantidad de camas de terapia intensiva y su ampliación, de nuevos hospitales para enfermos no graves en asilamiento, de adquisición de respiradores, de cuándo estarán en funcionamiento de los 35 laboratorios que funcionarán dependientes del Malbrán y otras esenciales del plan sanitario.


Denunciamos que no se han reforzado las partidas de los planes sociales, ya estamos viviendo suspensiones con baja o sin paga de salario y despidos y en enero hubo 42.000 nuevas pérdidas de puestos de trabajo.


La cuarentena fue anunciada también con una limitación al derecho de reunión y dispone el despliegue generalizado de las fuerzas represivas, afectando el derecho de reclamar de lxs trabajadorxs en defensa de sus condiciones de vida, fuente de trabajo y de medidas de protección en los que trabajan en los llamados “servicios esenciales”. Y de los sectores populares por sus recursos elementales, particularmente de quienes se encuentran en situación de calle y viven en condiciones de hacinamiento, es decir, entre el 5% y el 10% de la población de los distintos conurbanos. Decenas de fábricas y lugares de trabajo reclaman el cumplimiento de la cuarentena frente a la negligencia de las patronales.


 


3-La pandemia de coronavirus ha sido un factor desencadenante de la crisis capitalista mundial. Esto está generando una depresión que según la OIT implicará al menos 25 millones de nuevos desempleados. El mundo ya no será como antes. Pero el imperialismo y el FMI, como siempre, recomiendan salvatajes millonarios para los grandes empresarios y multinacionales, promoviendo que la crisis capitalista se sigua descargando sobre los pueblos del mundo. La pandemia ha puesto en evidencia las consecuencias criminales de los recortes de los sistemas de salud. En los últimos diez años se recortaron 37.000 millones de euros a los hospitales en Italia. En Gran Bretaña e Italia el número de camas disponibles bajó un 30%. En Estados Unidos, un tercio de la población no tiene acceso a ninguna cobertura de salud. Y en nuestro país durante los cuatro años de Macri el presupuesto nacional en Salud cayó un 25% en términos reales y en Provincia de Buenos Aires, del 2003 a la fecha, entre el peronismo y Juntos Por el Cambio, lo rebajaron a poco más de un 5% del presupuesto provincial. Lo mismo ocurre en todas las provincias. Por eso hubo y hay reclamos y protestas del personal del equipo de salud en diferentes hospitales y centros como el Malbrán por la falta de recursos, elementos de seguridad y régimen de licencias. El reconocimiento a esa labor profesional se vivió con el aplauso en momentos que Alberto Fernández anunciaba la medida, lo mismo que se ha hecho en Italia, Madrid y otras capitales, reconocimiento que debe ser pleno satisfaciendo las reivindicaciones planteadas.


El refuerzo de emergencia al presupuesto de salud anunciado por el gobierno ha sido increíblemente bajo: solo $ 1700  millones, menos de medio día promedio de lo que se han pagado por deuda externa desde que asumió el nuevo gobierno. Kicillof ha pagado 250 millones de dólares de un vencimiento, el gobierno nacional dispuso más de 40.000 millones de pesos para pagar intereses el mes pasado y en la propia Ley de Emergencia votada a fin de 2019 se destinaron 4.500 millones de dólares para tal fin. A lo que hay que agregar que mientras el gobierno les recortó a los jubilados, le perdonó retenciones a las petroleras, mineras y le sacó el impuesto a la riqueza a los bancos. Estas son las prioridades del gobierno.


 


4-Los gobiernos están aprovechando la situación para montar medidas represivas, con declaraciones de estados de excepción y emergencia que les permiten sacar a la calle a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para contener cualquier tipo de protesta y disciplinar la vida social. Se concentra todo el poder en los ejecutivos y se llega a cerrar en los hechos el funcionamiento del Congreso y las legislaturas, como viene ocurriendo en nuestro país por orden de Fernández y los gobernadores, los supuestos “republicanos”. El gobierno llama a “quedarse en casa” pero sigue sin solucionar el desastre en el que está el sistema público de salud y no toma las medidas estructurales para combatir la crisis. Lejos de denunciar aunque sea en parte los males del pueblo trabajador, la CGT y las CTA siguen en el apoyo al gobierno y las patronales, cuando deberían abandonar su complicidad y hacerse eco de las demandas y denuncias de las y los trabajadores para que la crisis no la pague el pueblo trabajador.


 


5-El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad levanta un programa anticapitalista y socialista de respuesta integral frente a la pandemia y ante esta crisis que es tanto sanitaria como económica, social y política, planteamos:


-Todos los recursos necesarios para los hospitales públicos, camas, aparatología y aumento de salarios a los profesionales y trabajadoras y trabajadores de la salud, no para la deuda externa y el FMI.


-Unificación y centralización del sistema de salud a nivel nacional, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la Universidad, bajo control de los trabajadores y profesionales. Implementación de comités de emergencia (o crisis) central y locales, con participación de lxs trabajadorxs.  Implementación de testeos y pruebas en todo el país.


-Todo el presupuesto necesario, comenzando por la inmediata triplicación del presupuesto de salud a nivel nacional, de las provincias y los municipios y el Malbrán para la compra inmediata de suministros, tests de prueba,  insumos y aparatología, la toma de personal especializado y la construcción de hospitales de campaña. Atención de los reclamos de los trabajadores de salud, los más expuestos ante la pandemia (licencias, condiciones laborales, bioseguridad).


-Prohibición de despidos y suspensiones en todo el país. Reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores. Solución ya a la población bajo la economía informal Implementación de un seguro al desocupado y al monotributista de $30.000. Exención de pagos de servicios mientras dure la emergencia Elevación a ese monto del salario y  jubilación mínimos y los planes sociales. Movilidad automática mediante cláusula gatillo. Duplicación de la tarjeta alimentaria sin restricciones. Cumplimiento del aumento prometido de la asistencia alimentaria a los comedores. Programa especial para la población en situación de calle y de hacinamiento. Ocupación temporaria de los inmuebles vacíos durante la emergencia mientras se realiza un plan de construcción de viviendas populares ni bien lo permitan las condiciones sanitarias.


-No al negocio especulativo con el alcohol en gel, alimentos y medicamentos específicos. Declaración de utilidad pública de los mismos, sujetos a expropiación para garantizar su distribución gratuita.


-Fijación de precios máximos en base al costo real de producción, con control popular. Que los retrotraigan al valor de principio de año, se castigue a los remarcadores e incauten los productos y alimentos para ponerlos a disposición de millones que lo necesitan.


-No al pago de la deuda externa, para que los recursos del país se utilicen para atender la emergencia. Nacionalización de la banca, el comercio exterior, los hidrocarburos y los recursos estratégicos bajo control obrero. En la emergencia implementar un impuesto especial a los grandes empresarios, bancos, oligarcas y multinacionales para hacer frente a la crisis. Puesta en acción de un plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo.


-Formación en todos los lugares de trabajo de comités de higiene y salubridad, con poder de implementar ceses de tareas en todas aquellas actividades no esenciales o que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias. Reorganización general de la producción en función de las necesidades de la emergencia sanitaria, bajo control obrero.


-Plenos derechos de organización y reunión para la clase trabajadora. No a la limitación a la realización de asambleas y reuniones. Que se realicen libremente tomando todos los recaudos sanitarios necesarios. Defensa irrestricta de las libertades democráticas.


Frente de Izquierda Unidad, 21 de marzo de 2020

Los obreros de Tenaris garantizaron el aislamiento, la causa penal para Paolo Rocca ¿para cuándo?

Declaraciones de Néstor Pitrola sobre el aislamiento obligatorio no respetado por el empresario Paolo Rocca

21/03/2020


Néstor Pitrola declaró: “Hay profusa cobertura de los imbéciles que se fueron de paseo, entre ellos Tinelli, pero no se está diciendo una palabra de empresas enteras de actividades, en absoluto esenciales, que obligan a sus trabajadores a cumplir tareas como Tenaris (Siderca) de Campana. Allí, primero se negaban las licencias al personal de riesgo, cosa que se terminó aceptando ante la protesta de los compañeros. Pero desde la 0 hora del viernes 20, la planta siguió obligando a trabajar. Primero el turno noche fue obligado a seguir sus tareas hasta las 5 de la mañana, cuando el aislamiento social decretado empezaba a la media noche. Pero después, fueron convocados los tres turnos del viernes desde la mañana, con la peregrina interpretación del decreto de que se trata de “exportaciones”.


Tenaris produce tubos sin costura para la industria petrolera. ¿Se puede considerar eso una “exportación impostergable”, como reza el decreto presidencial en su artículo 6°? ¿Dependen vidas de ello, cuando además la industria petrolera se está paralizando en todo el mundo con un derrumbe sin precedentes en décadas del precio de los hidrocarburos? El Partido Obrero denuncia a la patronal que hace trabajar a miles de obreros, simplemente para mantener sus ganancias, cuando además hay trabajadores suspendidos con rebaja salarial simultáneamente. Por otro lado el intendente de Campana Sebastián Abella, habilitó el transporte y la circulación en complicidad con la patronal de Paolo Rocca. La UOM Campana sacó tardíamente un comunicado diciendo que la actividad de Tenaris no encuadra en el decreto, pero no organizó la no concurrencia de los trabajadores, que impusieron la inasistencia masiva desde abajo impidiendo la producción en la planta.


Pitrola finalizó “La causa penal debe ser abierta de inmediato contra los dueños y gerentes de una empresa que pone en riesgo la salud de toda la población para mantener sus enormes ganancias."


 

Aislamiento obligatorio: no hay prohibición de despidos ni protección a los trabajadores en negro

Comunicado de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Obrero frente a la resolución del gobierno nacional

20/03/2020


El anuncio de Alberto Fernández estableciendo un aislamiento obligatorio representa una parálisis de la producción en los sectores no esenciales que se fue imponiendo como un reclamo elemental para frenar la pandemia en desarrollo. La medida no sólo había sido planteada por Romina Del Plá en la reunión realizada en la Casa Rosada entre el presidente de la Nación y los presidentes de los bloques del Congreso, sino que además había sido impuesta por la acción directa de los trabajadores en varios sectores de la industria, el comercio y el transporte.


Sin embargo, esta medida de Fernández vuelve a trasladar la responsabilidad a la población mientras su gobierno no otorga respuestas a la crisis social que se ha agravado notablemente como resultado de la pandemia. Su anuncio estuvo muy lejos de tomar medidas de fondo para resguardar los ingresos y la salud de los trabajadores, ante la crisis social y la muy delicada situación sanitaria.


En el decreto de Fernández no se contempla la prohibición de despidos, ni de las suspensiones con reducción salarial o directamente sin salario, que ya se están produciendo en el marco de la crisis. Tratándose de un decreto de emergencia se podría haber incluido la defensa de los puestos de trabajo y el reparto de las horas disponibles entre todos los trabajadores. Nada de eso se ha hecho, a sabiendas de que las suspensiones sin pago y los despidos van a ser una herramienta patronal por excelencia para descargar la crisis sobre los trabajadores. Especialmente, esto vale para los trabajadores en negro, que están inermes y corriendo la peor de las suertes en una crisis sin precedente.


Tampoco se anuncian medidas de fondo para los millones de desocupados que changuean y que verán cerradas sus magras fuentes de ingresos. Los anuncios de reforzamiento de la AUH o las jubilaciones son totalmente insuficientes frente a la situación de miseria creciente que ya se está viviendo en los barrios. La cuarentena no va a frenar la propagación en viviendas y barriadas hacinadas, donde no hay hasta ahora acceso al agua potable, ni que hablar de lavandina, alcohol en gel o los recursos necesarios para garantizar las condiciones sanitarias. Son necesarias obras de ampliaciones para paliar el hacinamiento reinante en muchos barrios. Un seguro de desempleo generalizado, que como mínimo debiera estar fijado en $ 30.000, salta a la vista como la única medida defensiva para evitar un crecimiento del hambre y la indigencia.


En estas condiciones, se anuncia que el aislamiento estará garantizado por las fuerzas represivas. Rechazamos toda utilización de las fuerzas de seguridad para reprimir los reclamos populares, que se van a volver más urgentes en la medida que se desarrolle la crisis económica y sanitaria. Defendemos el derecho a la organización y acción política y sindical de los trabajadores.


La mención al problema fiscal por parte del presidente omitió reconocer que se siguen pagando las onerosas cargas de la deuda externa, que deberían volcarse de inmediato al fortalecimiento del sistema sanitario y a compensar los enormes perjuicios que ocasiona la crisis a la población más necesitada. Tampoco se ha propuesto tocar ni un centavo de los millones del presupuesto que se pierden en exenciones de pagos de impuestos a los negocios de la iglesia católica y en subsidios de todo tipo.


Tampoco se anunció un comando único del sistema de salud, otra propuesta de fondo que el Frente de Izquierda llevó a la Casa Rosada. En la situación actual, el Estado no cuenta con los recursos del sistema privado de salud para garantizar la atención sanitaria de toda la población. La centralización es una medida fundamental para planificar y llevar adelante la atención de emergencia, que choca con los lobbys e intereses de la salud privada y los laboratorios que buscan hacer de la pandemia un terreno de lucro. Es necesario, asimismo, intervenir en todos los laboratorios privados con capacidad de realizar los testeos, para garantizar el testeo masivo que permita aplicar el aislamiento y la atención sanitaria de todos los infectados por Covid–19.


El cierre virtual del Parlamento y el anuncio por decreto del aislamiento obligatorio apuntan a consolidar un régimen de arbitraje personal en una enorme crisis económica y social. El Gobierno cuenta para ello con el apoyo de la oposición patronal. Advertimos que la parálisis de la burocracia sindical favorece que la situación de crisis sea explotada por las patronales o incluso el gobierno para atacar las condiciones de vida de las masas.


El Partido Obrero plantea: todos los recursos a la atención de la crisis social y sanitaria. Abajo el pago de la deuda externa. Centralización y comando único del sistema de salud. Comités electos de trabajadores de la salud y expertos para poner en marcha las medidas necesarias y orientar las prioridades. Prohibición de despidos y suspensiones, que el estado garantice los puestos de trabajo en el caso de los trabajadores en negro, seguro al desocupado de 30.000 pesos, igual para monotributistas y elevación a ese importe de la jubilación y salario mínimos. Congelamiento de alquileres y de cuotas hipotecarias mientras dure la emergencia.

El planteo del Frente de Izquierda tras la convocatoria en Casa Rosada

Romina Del Plá dijo tras la convocatoria a los jefes de bloque de la Cámara de Diputados hecha por el presidente de la Cámara Sergio Massa en Casa Rosada:

19/03/2020


“Ante el Presidente rechazamos un régimen político enfocado en pagar la deuda a expensas del pueblo. El Frente de Izquierda planteamos el no pago de la deuda y concentrar los recursos nacionales en la atención de la población frente a la emergencia sanitaria, que pone blanco sobre negro en qué se disponen los recursos del país, al servicio de qué están y quién paga la crisis.”


“Como medidas urgentes planteamos que se centralice todo el sistema de salud, público, privado y de obras sociales; partida presupuestaria para equipamiento e insumos en todo el sistema de salud; se triplique el presupuesto del Hospital Malbrán y se garanticen $30.000 para todos los trabajadores desocupados, monotributistas y en negro, elevando a ese importe el salario y la jubilación mínimas, así como los planes sociales. Esto, entre otras medidas fundamentales como prohibición de despidos y suspensiones, condiciones de higiene y seguridad en el transporte, organización de las guardias docentes, licenciamiento de trabajadores con hijos en edad escolar, etc.”


“Todo el ahorro nacional debe ser destinado a la emergencia y las medidas planteadas, y a las necesidades sociales y de desarrollo productivo que se ponen de relieve con mayor crudeza en el marco de la pandemia y de la crisis económica y social.”


 

[Coronavirus] Las 20 medidas que reclamará Romina Del Plá en Casa Rosada

Ante la reunión convocada en la casa de gobierno, de la que participarán los jefes de bloques de Diputados y Senadores, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, elevará un programa de medidas urgentes para atender la crítica situación que se vive en el país.

18/03/2020


Estos son los 20 puntos urgentes que refieren a medidas en torno a la crisis de salud provocada por la pandemia, la defensa los trabajadores formales, precarizados, no registrados y desocupados, como parte de una plan económico de conjunto frente a la crisis económica y social.



1. Centralización de todo el sistema de salud argentino, público, de universidades nacionales, de obras sociales y privado, mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores mencionados, con el objeto de articular nacionalmente la política de combate a la pandemia, involucrando al Estado Nacional y los Estados provinciales y municipales. El sistema íntegro, con todos sectores centralizados, se pone a disposición de la atención de la población en general, sin restricciones de cobertura. Nuestro país debe hacer frente al mismo tiempo a la pandemia del CoVid19 y a la epidemia regional de dengue. Los hospitales militares pasarán a depender de esta dirección centralizada del sistema de salud, al igual que todo su material rodante y de salud. También será incluida toda la infraestructura turística del país a disposición del operativo sanitario.


2. El Ministerio de Salud de la Nación dispondrá de todos los recursos necesarios provistos por partidas especiales del Presupuesto Nacional para abastecer los hospitales y centros de salud de los insumos faltantes necesarios para la atención de la pandemia de Coronavirus (Covid-19), Dengue y Sarampión -como barbijos quirúrgicos y N95, guantes, camisolines estériles, gafas de protección ocular, botas de quirófano, cofia, desinfectantes como detergente tri-enzimático, alcohol, alcohol en gel, repelentes, etc.- y para el aumento de las camas de internación especializada, de terapia intensiva y/o aislamiento que fueran necesarias como así también de todos los gastos que requiera la campaña contra el virus y las enfermedades infecciosas que afectan a la población. Asimismo para la ampliación drástica de la planta de personal de salud en todo el sistema, de manera paga y con las garantías de convenio profesional correspondiente.


3. Triplicación del presupuesto del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán, encargado de los controles epidemiológicos, a fin de que pueda cumplir plenamente la función que tiene asignada. Intervención del Estado de los 35 laboratorios que tienen que funcionar asociados al Instituto Malbrán, con el presupuesto necesario para su operatividad, de modo que nuestro país pueda conocer certeramente el total de los casos del virus que se produzcan, información fundamental para afrontar la evolución del contagio y para tomar medidas preventivas.


4. Reparto gratuito a la población sin recursos de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. Provisión de agua potable en todos los barrios.


5. Intervención estatal, bajo control de un comité electo por trabajadores del sector, de los laboratorios y empresas que producen los distintos insumos mencionados en los puntos 2 y 4, así como los respiradores, tests de detección del virus, y todos los elementos que resulten necesarios para la atención sanitaria ante la pandemia.


6. Asignación de $30.000 en el mes de marzo a todos los trabajadores desocupados y monotributistas. Elevación a ese monto de los 556.000 planes sociales vigentes y a las empleadas domésticas con garantía del Estado para complementar el ingreso. Elevación del salario y la jubilación mínima al mismo monto. Duplicación del monto de la AUH y de la Asignación por hijo. Exención de aportes y cobertura de obra social a los monotributistas.


7. Cese o reducción de todas las áreas de la actividad económica estatal y privada no esenciales a la alimentación y la salud, bajo supervisión de comités electos por los trabajadores. Garantías de salubridad e higiene de aquellas actividades que sean imprescindibles, por el período establecido, prorrogable según la evolución de la pandemia en el país, bajo supervisión del comité de médicos expertos y científicos. Intervención gremial allí donde se pretenda anteponer el interés de lucro particular a la necesidad de reducir la circulación general.


8. Apertura de libros de todas las empresas formadoras de precios. Intervención del Estado de las principales cadenas de producción de alimentos y elementos de salud esenciales, bajo control de comités de trabajadores para producir en toda la capacidad instalada y garantizar su comercialización al costo.


9. Licencia con goce de sueldo para todos los docentes, auxiliares y personal administrativo, de todos los niveles educativos, mientras dure la emergencia. Aplicación de la cláusula gatillo ya firmada por los gremios en 2019. Guardias mínimas para la atención de las viandas en comedores escolares. Licencia efectiva y paga para todas personas que están al cuidado de sus hijos mientras dura la suspensión de clases, y castigo inmediato a las empresas y entes del Estado que entorpecen su aplicación. Licencia para toda persona que convive con población de riesgo.


10. Prohibición de despidos y suspensiones con reducción salarial. Las licencias por cuarentena total o parcial de las distintas actividades económicas estarán a cargo del empleador, privado o estatal.


11. Aumento de la partida presupuestaria para reforzar los subsidios para los comedores y para la elaboración de dispositivos que permitan su efectivo reparto atendiendo a las necesidades de alerta y prevención por la pandemia.


12. Partida presupuestaria extraordinaria para, cuando se disponga la reanudación de la actividad educativa, abastecer a todos los establecimientos educativos de todos los niveles de todo el territorio nacional, de los insumos para prevenir el contagio de Coronavirus, sarampión y dengue (jabón, alcohol en gel, toallas, desinfectantes, repelentes, guantes, etc.) y para la contratación de personal auxiliar para garantizar la limpieza e higiene de cada establecimiento.


13. Creación de comités de higiene y salubridad interdisciplinarios en cada hospital y centro de salud, con miembros electos por los profesionales y trabajadores de la salud, para establecer un control sobre la aplicación de protocolos de atención y seguridad y sobre la provisión de los insumos hospitalarios necesarios para su aplicación. Llamado a incorporarse a los hospitales para cubrir al personal al que le corresponde alguna de las licencias establecidas, a los últimos años de las carreras de enfermería y a los residentes recién egresados (la mayoría de ellos incorporados al sector privado).


14. Creación de comités electos por los trabajadores para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y que se brinden los elementos necesarios en todos los lugares de trabajo, dependencias públicas y establecimientos privados de carácter industrial, comercial, bancario o de servicios.


15. Prohibición de descuentos salariales, o adelanto de vacaciones, para los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la emergencia. Congelamiento de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios por seis meses. Exención impositiva a la vivienda única. Impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas.


16. Apertura de los planes sociales –o subsidio a cargo del Estado- para todo trabajador, eventual y/ o informal, que se ve obligado a suspender su actividad (como sucede por ejemplo en el ámbito de la cultura). Licencia paga y cobertura médica para todos los trabajadores de reparto. Licencia total para todo el personal doméstico y obligatoriedad del empleador de continuar el pago de ingresos. Pago por parte del Estado para todos los casos de incumplimientos.


17. Bonificación del 100% del monotributo para todos los trabajadores inscriptos en esta modalidad durante 3 meses, prorrogable al período que se extienda la emergencia. Cobertura inmediata e irrestricta de las obras sociales para todos los trabajadores monotribustistas.


18. Extensión de la tarjeta alimentaria a todos los desocupados con hijos hasta los 18 años y población de la tercera edad con ingresos por debajo de la canasta de pobreza.


19. Elementos de higiene y seguridad para todo el transporte público, unidades suficientes para que no viaje con personas paradas, ni con todos los asientos ocupados, tendiendo a disminuir el servicio sobre la base de la disminución de la actividad general


20. Interrupción inmediata de todos los pagos de la deuda pública en pesos y en dólares en todas las jurisdicciones (solo en enero y febrero se han pagado $157.000 millones en servicios de la deuda), en el marco de un plan económico integral que incluya la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos del país, sin indemnización, para que todo el ahorro nacional sea destinado a la emergencia y las medidas descriptas, y a las necesidades sociales y de desarrollo productivo que se ponen de relieve con mayor crudeza en el marco de la pandemia y de la crisis económica y social. Plan de Obras públicas y viviendas populares a tasa cero.

Coronavirus: Gabriel Solano participó en la reunión con funcionarios del Ministerio de Salud en la Legislatura

El diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda participó de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña a la que asistieron los funcionarios Daniel Ferrante, Julián Antmany Patricia Angeleri, de la cartera de salud para informar sobre las epidemias de dengue y coronavirus

17/03/2020


En primer lugar Solano señaló que “un tema clave que nos preocupa es la capacidad de realizar los análisis y test de detección del Coronavirus. En la actualidad ninguna institución del estado de la Ciudad realiza estos análisis. Solo lo hace el Malbrán, que es nacional, con una capacidad limitada de 60 por día para atender a toda la población del país. La experiencia de Corea del Sur muestra que la realización masiva de estos test es indispensable para enfrentar con éxito la pandemia”.


Los funcionarios confirmaron que solo el Malbrán realiza estos test y dijeron que estaban buscando coordinar con laboratorios privados para proceder a una descentralización que permita incrementar la cantidad de análisis. Sin embargo no hay fecha clara de cuándo esto sucedería ni precesión sobre la cantidad de test que se podrían realizar con esta descentralización.


En segundo lugar Solano cuestionó que la medida anunciada por Larreta de incorporar 200 enfermeras retiradas ya que por su edad están dentro de la población de riesgo. Señaló además que el déficit de enfermeras es previo y que las 200 contrataciones son un número completamente insuficiente. Ante esto planteó la necesidad de que se les reconociera su labor profesional atendiendo el reclamo de enfermería de pasar a la Carrera de Profesionales de la Salud y que se convoque de emergencia a los estudiantes del último año de las carreras de enfermería para que sean contratados con iguales derechos en el sistema público de salud.


Luego Solano denunció que “el Hospital Ferrer, uno de los tres hospitales de derivación, cuenta con solo 8 camas de terapia intensiva y que la ampliación de 12 camasadicionales que plantean los funcionarios además de ser insuficientes no va acompañado de la incorporación del personal necesario”. Como ejemplo citó que la actualidad ya faltan 4 kinesiólogos para el sector de terapia intensiva.


Solano denunció además la situación de los concurrentes de la Ciudad que “no tienen remuneración, ART ni reciben las viandas que sí reciben el resto de los profesionales, se corre el riesgo de que los concurrentes dejen de asistir para no contagiarse ya que no cuentan con ninguna cobertura y se resienta aún más la atención”.


Los funcionarios dijeron que iban a estudiar la posibilidad de brindarles una ART pero nada sobre la necesidad de remunerar a ese personal del cual dependen muchos servicios.


En relación a la situación del sistema público de salud Gabriel Solano expresó su preocupación porque en la actualidad solo tiene 120 camas de terapia intensiva. La promesa de crear 100 camas adicionales sin plazo preciso fue caracterizada como completamente insuficientes en caso de que avance la pandemia. Ante esto planteo que “es necesario centralizar a través de un comando único todo el sistema de salud, interviniendo en el sector privado y de obras sociales que tiene una capacidad muy superior en la Ciudad al sistema público. Solo en un sanatorio privado de la Ciudad existe una cantidad de camas de terapia intensiva equivalente al 40% del total de las que existen en el sistema público. Es necesario un relevamiento de recursos unificado y una intervención para poder utilizarlos centralizadamente. Esto ya está ocurriendo en otros países frente al avance de la enfermedad.” Los funcionarios contestaron que están coordinando acciones y la posibilidad de utilizar hoteles sindicales para internación pero descartaron una intervención mayor en el sector privado.


Al finalizar la interpelación Solano se reunió con su equipo de asesores de salud y trabajadores de distintos hospitales de la Ciudad y ante la limitación de las medidas tomadas hasta el momento por los funcionarios resolvieron presentar un proyecto de ley para fortalecer la atención en los hospitales.


Los puntos centrales del proyecto son:


• Incorporar a la planta hospitalaria a los más de 1400 residentes médicos y profesionales de la salud que egresan dentro de un mes.


• Incorporar 1000 enfermeras y enfermeros recién recibidos o en el último año de formación a la planta hospitalaria de la Ciudad.


• Remuneración proporcional y ART para Concurrentes.


• Duplicación del personal de atención del 107 para atender la enorme demanda existente.


• Formación de un comando centralizado por parte del Estado y bajo control de los trabajadores para utilizar el conjunto de los recursos de salud de la Ciudad, tanto públicos, privados y de obras sociales para atender al conjunto 


 


Gabriel Solano, legislador, 1556901514

[Coronavirus] Reclamamos medidas urgentes para los desocupados ante la crisis sanitaria

Frente a la emergencia sanitaria del Coronavirus y el dengue, las organizaciones de desocupados reclamamos al Estado Nacional medidas de emergencia para los sectores más vulnerables de la población.

16/03/2020


Es imprescindible que los trabajadores desocupados que no tienen recursos para llenar sus aparadores con stock de alimentos y elementos de higiene sean asistidos en forma urgente.


Los desocupados sobreviven con changas y trabajos eventuales, los que directamente desaparecieron o desaparecerán en los próximos días.


Vendedores ambulantes, cartoneros, empeladas domésticas, compañeras que atienden comedores y merenderos, etc., ven reducidos sus ingresos drásticamente. La contracción económica mundial golpea mucho más a aquellos que viven al día, son aquellos que están más indefensos ante la crisis.


Hay 3 millones de desocupados y 16 millones de pobres que no tienen como defenderse frente a la crisis.


El Gobierno  no ha tomado ninguna medida hasta la fecha con un sector muy vulnerable y sin los elementos y recursos de otros sectores que urge atender .


PARA LA EMERGENCIA RECLAMAMOS:


 


1)            PROVISION DE AGUA POTABLE  EN ASENTAMIENTOS Y VILLAS DE EMERGENCIA.


2)            FUMIGACION Y DESCACHARRAMIENTO DE BASURALES Y DESCAMAPADOS.


3)            PROVISIÓN  DE ELEMENTOS DE HIGIENE PARA LOS COMEDORES POPULARES, BARBIJOS, GUANTES,  COFIAS, BATAS  DESECHABLES,  ALCOHOL EN GEL, LAVANDINA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL, REPELENTE.


4)            PROVISIÓN DE UN KITS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN VULNERABLE  EN LOS BARRIOS MAS POBRES.


5)            AUMENTO  DE LAS PARTIDAS ALIMENTARIAS PARA LOS COMEDORES POPULARES, YA QUE AUMENTA LA DEMANA ANTE LA CAIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.


6)            EXTENSION DE LA TARJETA ALIMENTAR  A TODOS LOS DESOCUAPDOS CON HIJOS  HASTA LOS 18 AÑOS.


7)            PROHIBICIONES DE DESPIDOS Y SUSPENCIONES.


8)            APERTURA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, PARA TODOS LOS DESOCUAPDOS


9)            DUPLICACION DE LOS MONTOS PROGRAMAS.


PROPONEMOS CONFORMAR COMISONES DE VECINOS Y TRABAJDORES PARA EL CONTROL Y DISTRIBUCION DE LAS TAREAS DE HIGIENE Y SEGURUIDAD.


 


 


MESA NACIONAL  DEL POLO OBRERO.


Contacto:  


Eduardo Belliboni 155 690 1599


 

[Coronavirus] Romina Del Plá presenta proyecto por medidas urgentes ante la pandemia

Romina Del Plá, diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados por presupuesto de emergencia, suspensión de clases, reparto de alcohol en gel, licencias obligatorias y comités electos de trabajadores para control y planificación de su cumplimiento, entre otras medidas urgentes ante el Coronavirus.

14/03/2020


Del Plá afirmó: “Este proyecto apunta a garantizar las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la prevención no sólo del Coronavirus, si no también del Sarampión y el Dengue. Para garantizar estas medidas, es necesario que el Estado disponga de los recursos presupuestarios necesarios de manera urgente. Los trabajadores de la salud denuncian faltantes de insumos básicos en los hospitales y de elementos de prevención del contagio en escuelas”. 



“La partida presupuestaria extraordinaria atiende la falta de insumos y camas de aislamiento. Para los establecimientos educativos, se dispone previamente la suspensión de clases y el cese de actividades por un plazo mínimo de 15 días”. 



"Para garantizar su aplicación es necesario que los propios trabajadores tomen en sus manos el control de los lugares de trabajo a través de los comités de higiene y seguridad que proponemos en este proyecto. La situación vivida en el Hospital Argerich en la Ciudad de Buenos Aires es un severo llamado de atención porque los trabajadores de salud no tenían el material necesario ni el protocolo. El establecimiento por ley de estas iniciativas permitirá superar las medidas limitadas a la voluntad individual de cada persona”.


Romina Del Plá: 1140429791


 

Un nuevo escenario en Latinoamérica y la necesidad de una salida socialista y revolucionaria

Convocatoria a la conferencia latinoamericana

12/03/2020


El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad de Argentina convoca a la realización de una conferencia latinoamericana en Buenos Aires para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo. Sobre la base de la presente declaración política llamamos a los partidos y organizaciones políticas de América Latina a impulsar y adherirse a esta convocatoria. Llamamos también  a militantes, dirigentes y organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres y sindicales a discutir, participar y sumarse a esa iniciativa. Aspiramos a abrir un profundo intercambio ante la el agravamiento de la crisis capitalista mundial y la actual oleada de luchas contra los planes de ajuste y el FMI que han tenido su epicentro primero, en Ecuador y luego en Chile, donde aún perdura. Y en especial sobre cómo coordinar esas luchas obreras y populares.


Ingresamos en un nuevo escenario mundial signado por la irrupción de grandes levantamientos obreros y populares. La disputa por los precios del petróleo y las consecuencias de la epidemia del coronavirus detonaron una caída generalizada de las bolsas el 9 de marzo mostrando un agravamiento de una situación de crisis de la cual ya había múltiples señales. Los efectos de estos acontecimientos están en pleno desarrollo pero seguramente agravarán las tendencias a los choques entre las clases.


La polarización social se combina con una onda ascendente de la lucha de clases que marca la situación y tiene sus expresiones en los lugares más diversos del mundo, con sus particularidades y puntos más altos en Medio Oriente y en América Latina que es otro de los epicentros de este proceso. Francia en Europa es otro puntal del ascenso de la lucha de clases. En estas zonas del mundo hay fuertes elementos y tendencias que marcan la apertura de un salto a situaciones de grandes luchas y avances del movimiento de masas. 


Dentro de nuestro continente latinoamericano, que refleja varios de los mejores ejemplos de este nuevo momento, Chile es sin dudas la expresión más álgida de este fenómeno, al que se han sumado también los trabajadores y el pueblo colombiano, antecedidos por las rebeliones populares en Puerto Rico y Ecuador, y la huelga de los trabajadores públicos en Costa Rica. La lucha en Bolivia contra el golpe reaccionario recorrió  el continente. En estos días los petroleros de Brasil protagonizaron la primera gran huelga obrera contra el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro (siguiendo la huelga que desarrollaron los trabajadores del Correo contra el ajuste y la privatización). Estos levantamientos son inseparables de la crisis capitalista que viene haciendo su trabajo implacable de topo y cuyos efectos devastadores se hacen sentir sobre las masas, que reaccionan y ganan las calles para enfrentar brutales planes de ajuste y austeridad, así como frente al alarmante cambio climático.  


La actual oleada mundial de levantamientos y movilizaciones populares de los cuales son parte los  procesos latinoamericanos que hemos mencionado, viene desarrollándose desde 2018. Comenzó con la violenta y masiva irrupción de los “chalecos amarillos” en Francia, el levantamiento independentista en Cataluña y movilizaciones de masas en países de África (Argelia y Sudán), las movilizaciones y acciones violentas en Hong Kong contra el régimen de China que encabeza Xi Jinping, así como los levantamientos en Líbano, Irán e Irak. La resistencia del pueblo palestino al “acuerdo del siglo” de Trump. En EEUU las luchas de sectores de trabajadores marcaron un récord histórico en 2019. Estos procesos fueron precedidos por el desarrollo de un movimiento internacional de mujeres y por el despertar de la juventud que enfrenta la precarización de la vida y la amenaza de la destrucción del planeta por la irracionalidad capitalista. 


En Francia se da un fenómeno particular, ya que allí sí la clase trabajadora mostró más claramente su potencial de lucha estratégico: las huelgas contra la reforma de las pensiones de Macron paralizaron las principales ciudades, en especial París, mostrando el poder de las y los trabajadores, que la burocracia sindical no quiso utilizar para organizar una verdadera huelga general que aglutinara al conjunto de explotados y oprimidos franceses (empezando por los “chalecos amarillos”) y derrotara al gobierno. Pese a esto Macron ha quedado muy debilitado y el proceso de lucha no está cerrado, con ejemplos de coordinación entre distintos sectores en lucha. 


A la vez este ascenso y proceso de luchas que combina fuertes reclamos sociales con demandas democráticas en algunos casos, tiene sus debilidades y límites. Por ejemplo, por fuera de Francia y alguna otra excepción, la clase obrera que es un factor determinante, aparece de arranque interviniendo cada vez con más fuerza, pero por el rol nefasto de las direcciones burocráticas no lo hace de forma organizada como actor central, sino como parte del movimiento popular. Esto, sin embargo, no ha evitado que en varios países hayan tenido que convocar a paros generales. Este proceso y ubicación de la clase obrera hace que no haya todavía organismos de doble poder a escala nacional, aunque sí formas embrionarias de coordinación y autoorganización y la fuerza expresada en las acciones masivas en las calles.


La crisis capitalista genera el profundo descontento de las y los trabajadores y sectores populares quienes con sus luchas reflejan el nuevo momento que vivimos. A la vez la misma crisis manifiesta como parte de la polarización que existe otras salidas por derecha, nacionalistas, xenófobas, imperialistas. Son los casos de las fuerzas dirigentes del Brexit (la salida de Gran Bretaña de la imperialista Unión Europea) o Trump desde la presidencia de los Estados Unidos. Trump ha redoblado medidas ofensivas de competencia con China, con una “guerra comercial” que encubre la disputa de fondo por el predominio en áreas claves de la economía capitalista (como la tecnología) donde pretende mantener su supremacía. En el terreno político y militar, no ha disimulado su apoyo al Brexit, con el fin de debilitar a la Unión Europea, y ha aumentado las acciones guerreristas en varios países del Medio Oriente. En Latinoamérica, Bolsonaro, Piñera o Duque son expresiones políticas de este fenómeno a derecha al igual que el golpe reaccionario en Bolivia.


La economía mundial muestra aceleradas tendencias a una recesión, que es lo que a duras penas lograron evitar apelando al monumental rescate de los bancos por parte de los Estados luego de la crisis del 2008. La pandemia del coronavirus, originada en China pero que está afectando a varios países, llevando a paralizaciones de la producción, el comercio y el turismo, caída de las bolsas ha agudizado las tendencias recesivas en una dinámica impredecible. Las medidas de austeridad, los recortes presupuestarios son un común denominador en todo el mundo, incluidas las metrópolis, provocando un deterioro creciente de los sistemas de salud; si esto vale para países como Italia, con más razón para Latinoamérica.


Los síntomas de una debacle financiera como la del 2008 están a flor de piel. La capacidad de hacer frente a la perspectiva de una recesión internacional es sensiblemente inferior a la de diez años atrás. Los recursos de los estados para rescatar el capital se han ido agotando. Esta crisis capitalista es lo que está en la base de la intensificación de las guerras comerciales y es el caldo de cultivo para la intensificación de escaladas y conflictos bélicos, en desarrollo.


Las elecciones presidenciales norteamericanas definirán quién conduce la principal potencia imperialista. En el Partido Demócrata la candidatura de Bernie Sanders expresa buena parte del descontento de la juventud con el establishment político y más en general con el capitalismo, recibiendo también el apoyo de la gran mayoría los votantes latinos en la interna demócrata. Programáticamente, Sanders pretende conciliar los reclamos de las masas e incluso la reivindicación del “socialismo” con la defensa del estado imperialista norteamericano y sus instituciones. Una prueba de ello fue el apoyo a la provocación del imperialismo yanqui a Venezuela camuflada bajo la forma de ayuda humanitaria. Es una ilusión pretender que el Partido Demócrata represente una alternativa a las políticas imperialistas, antiobreras y depredadoras del medioambiente. Está planteado buscar caminos hacia la construcción de una alternativa independiente de trabajadores, mujeres, la juventud y migrantes en los propios Estados Unidos, socialista y revolucionaria.


América Latina: Ecuador y Chile marcan un salto en la lucha de clases regional 


La crisis capitalista golpea fuerte América Latina sobre todo a partir de 2013/14, consecuencia de la caída de los precios de las materias primas que constituye el grueso de las exportaciones latinoamericanas; de las tendencias recesivas y del freno del comercio mundial, agravado por las mayores barreras comerciales y tensiones entre EEUU y la Unión Europea y China; del encarecimiento del crédito y las fugas de capitales hacia las metrópolis imperialistas. La etapa anterior de superávit a partir del precio internacional de las materias primas fue utilizada por los gobiernos nacionalistas o frente populistas para rescatar a los capitales internacionales.  El mecanismo usurero, opresor y confiscatorio de las deudas públicas, dejó a países como la Argentina, nuevamente en un escenario de quebranto. De conjunto, los acontecimientos en América Latina ponen de relieve la incompatibilidad entre el sometimiento del FMI y el imperialismo, con la satisfacción de las necesidades populares. Y muestran el rol de los gobiernos capitalistas de la región en gobernar para que la crisis la paguen los trabajadores y los sectores populares. 


Las luchas en curso son una bocanada de aire fresco combativo para derrotar los ajustes y ponen al rojo vivo la necesidad de una reorganización integral de la región sobre nuevas bases sociales. La lucha por la expulsión del FMI, para que la crisis la paguen los capitalistas, por el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, con un salario y jubilaciones que partan de cubrir la canasta familiar, por el no pago de las deudas externas; por la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, sin indemnización y bajo control obrero, para terminar con las devaluaciones y la fuga de capitales y poner los recursos al servicio de un plan de industrialización y la satisfacción de las necesidades apremiantes del pueblo y de protección del medioambiente, tienen vigencia en toda América Latina.  


El pueblo ecuatoriano a mediados del 2019 obteniendo un primer triunfo con la derrota del aumento de la gasolina y el plan dictado por el FMI, marca un cambio y un impacto, en especial en Sudamérica, que empieza a extenderse en distintos países de la región. El gobierno de Lenin Moreno debió retirarse de la capital tomada por el pueblo indígena, apoyado por el movimiento estudiantil, trabajadores y sectores populares. El gobierno debió ceder para retomar el control. 


La consecuencia inmediata fue el sorprendente levantamiento popular iniciado el 18 de octubre en Chile. Miles y miles de jóvenes, trabajadores y mujeres se rebelaron contra el gobierno de derecha liberal de Piñera, sorprendiendo a toda la burguesía y al imperialismo, incluso a las direcciones reformistas. La movilización tomó un carácter permanente y nacional. Pese a que el gobierno de Piñera retrocedió en el aumento de las tarifas del metro, la población sigue en las calles reclamando fuera el gobierno y contra toda la herencia económica del pinochetismo y los gobiernos posteriores, desconociendo el estado de emergencia y el propio toque de queda. La represión del gobierno de Piñera dejó decenas de muertos, centenares de heridos y miles de detenidos. Tal ha sido la fuerza de la movilización que pese a esa represión la lucha y los intentos de desmovilizar del gobierno y de todos los partidos del régimen la lucha continúa desde octubre, con los bajones propios del desgaste, sin que la situación se cierre. Hubo movilizaciones de más de un millón de personas, huelgas generales y violentos choques con los carabineros. La movilización no solo reclama Fuera Piñera sino la estatización de todos los servicios públicos, la condonación de la deuda universitaria y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana para liquidar la constitución de Pinochet. El “Acuerdo por la Paz” en Chile, rubricado por casi toda la oposición para llevar adelante un “proceso constituyente” apunta a un salvataje del gobierno de Piñera y a sacar a las masas de la calle. Este “desvío” fue lanzado luego del gran paro nacional del 12 de noviembre, en una gran acción donde confluyó la juventud combativa que enfrenta valientemente la represión con sectores claves del movimiento obrero. 


La perspectiva de una verdadera huelga general política que uniera a toda la juventud y el pueblo en lucha alrededor de la clase obrera para hacer saltar por los aires el régimen pos-pinochetista, fue contenida por las direcciones sindicales y sociales, en particular la CUT, el PC y el Frente Amplio (que además firmó el “Acuerdo por la Paz”). Denunciamos la reforma constitucional que se está cocinando y la convención constituyente amañada emanada de ese pacto. Llamamos a reforzar la lucha para que se vaya Piñera mediante el impulso de las movilizaciones masivas en las calles y de una huelga general política y por los reclamos sociales, por una Asamblea Constituyente libre y soberana que discuta un programa para reorganizar el país sobre otras bases sociales, en la perspectiva de lograr un gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado que garantice los cambios de fondo que reclama el pueblo en las calles. 


En Chile se hace necesario el impulso a toda forma de coordinación y autoorganización democrática de los sectores de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y de mujeres en lucha (tendencia que se puede ver en las asambleas populares y territoriales o en los comités de emergencia y resguardo) apuntando a que la clase obrera, por su capacidad de paralizar el funcionamiento de la economía y el estado capitalista, asuma el liderazgo.  


Ecuador y Chile marcan un antes y un después para América Latina porque se demuestra que la movilización de masas puede derrotar medidas de ajuste ordenadas por el FMI y enfrentar en las calles a los gobiernos que aplican ajustes, abriendo una nueva perspectiva de lucha en 2020. Contagiados por Ecuador y Chile los trabajadores y la juventud han salido a las calles en Colombia contra el gobierno liberal de derecha de Iván Duque. El gobierno colombiano ha intentado asentarse en el poder por medio de un plan de reformas ajustadoras: una reforma laboral que instituye la contratación por horas, la elevación de la edad jubilatoria, la formación de un holding financiero con empresas estatales, la privatización de Ecopetrol, y la regimentación de la protesta social. Desde fines de 2019 la respuesta han sido huelgas generales y multitudinarias movilizaciones de rechazo. Esta convocado a un paro nacional para el 25/3. 


En Brasil el gobierno ultra reaccionario de Bolsonaro, agente de Trump en la región hizo aprobar en el Congreso una nueva reforma jubilatoria, precedida por la aprobación de la reforma laboral bajo el gobierno de Temer, sin que los grandes sindicatos (orientados por el PT) hayan llamado a la menor lucha de resistencia. Bolsonaro ha llenado el gabinete de militares y utiliza la movilización de sectores fascitizados para fortalecer su presidencia e imponer su agenda política. Pero la ola de luchas se está haciendo sentir en Brasil. El  año pasado, tuvo lugar  una  gran rebelión educativa contra los planes  del gobierno. En febrero  de este año, se ha lanzado una dura huelga de los trabajadores petroleros contra los nuevos intentos de privatizar la industria y atacar las conquistas laborales. Nuestra solidaridad está con los trabajadores petroleros, que fueron dejados aislados por las principales centrales sindicales como la CUT y la CTB. 


En Bolivia asistimos a un golpe de Estado llevado adelante por el imperialismo yanqui, las burguesías latinoamericanas y las FFAA y la oligarquía local. El objetivo de este golpe es establecer un régimen de ofensiva contra las masas que permita un copamiento imperialista del país en mayores proporciones. Ante este golpe, la salida del país de Evo Morales y los consensos del MAS con el gobierno reaccionario estuvieron en contradicción con la heroica resistencia popular, como la de los trabajadores, pobladores y jóvenes de El Alto, con los bloqueos a La Paz (en particular a la planta de combustibles de Senkata), mostraron su capacidad de afectar el conjunto del funcionamiento de la capital. Pero la burocracia de la COB impidió la confluencia y a su vez Morales decidió renunciar sin promover una rebelión en nombre de evitar un "derramamiento de sangre". Como parte de esta adaptación votaron en el Congreso una convocatoria a elecciones sin que por ello el gobierno golpista cese en las persecuciones, encarcelamiento y las proscripciones. Repudiamos esta política represiva y que se le niegue a Morales y a otros dirigentes sus derechos políticos y civiles sin que esto signifique prestarle apoyo político a su gestión pasada o a la política actual de dirigentes y parlamentarios del MAS. En Bolivia es necesaria la lucha independiente de la clase obrera, de la juventud y los campesinos por la expulsión de las multinacionales del litio, de la soja y por la expropiación del gran capital agrario. 


Nuestra total oposición al golpe y al gobierno golpista de Añez no implica dejar de señalar un balance crítico respecto de los gobiernos de Evo Morales y el MAS, que llegaron al poder luego de los grandes levantamientos e insurrecciones que sacudieron Bolivia al comienzo de la década de los 2000. Medidas antipopulares (como el gasolinazo, el enfrentamiento a los pueblos originarios del TIPNIS o la reforma de ley de pensiones) y el carácter cada vez más personalista y discrecional del gobierno (como el desconocimiento del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016) le hicieron perder base social y favorecieron el rearme de la derecha y su ofensiva reaccionaria y pro imperialista, que cínica y demagógicamente utilizó planteos democráticos para preparar el golpe reaccionario. Las elecciones pactadas entre el gobierno de Añez y el MAS de Evo Morales apuntan a dar a la crisis una salida reaccionaria. También en Bolivia urge la organización política independiente de la clase trabajadora.


No se nos puede escapar que en los acontecimientos en desarrollo van a tener incidencia en los planes de militarización en marcha, de los cuales Bolivia es un laboratorio. Llamamos a enfrentar las tendencias a la “bolsonarización” que existen al interior de diferentes Estados latinoamericanos y, más de conjunto, al reforzamiento del aparato represivo y la criminalización de la protesta social que se viene constatando en el continente. 


El atropello, la violencia y la saña contra las comunidades indígenas refleja el odio y prejuicios de clase ancestral de las clases acomodadas contra los sectores más humildes y postergados. Pero el racismo actual, asimismo, está asociado además a la concentración de la tierra y la expulsión de los campesinos y las poblaciones aborígenes que la habitan al servicio de una depredación sin precedentes. Detrás del golpe de Bolivia están los sojeros de la medialuna occidental, fuertemente entrelazados económicamente con los hacendados brasileños que vienen llevando adelante el desmonte y la desforestación de la región a niveles récord, sectores con los cuales Morales había pactado.


Enfrentar el golpe en Bolivia significa también denunciar a las Iglesias, católica y  evangélicas, que jugaron un papel activo en los preparativos y en el sostenimiento del golpe. Al igual que los viejos conquistadores, los golpistas han consumado esta conspiración enarbolando la biblia y la cruz. Bolivia desnuda como nunca al clericalismo, en sus diversas variantes, como un bastión de la reacción, del mismo que los tiene como enemigos número uno de los derechos de la mujer, encabezando en todos los rincones del continente las cruzadas contra el derecho al aborto, la educación sexual y cualquier otra reivindicación democrática. 


El carácter reaccionario y proimperialista de la ofensiva golpista en Venezuela, emprendida por la oposición de los Guaidó y el imperialismo, no exime a los revolucionarios de balancear la experiencia chavista. Quien supo ser la expresión más radical de los llamados gobiernos “progresistas” latinoamericanos, incluso utilizando la bandera del “socialismo del siglo XXI”, aunque nunca terminó con la estructura capitalista ni rompió definitivamente con el imperialismo, carga con sus propias responsabilidades por la crisis venezolana. Con el derrumbe de los precios de las materias primas, quedó al desnudo que su esquema se basaba en el monoextractivismo, y el régimen chavista fue degenerando de concesiones parciales al movimiento de masas apoyada en la movilización controlada y en las FF.AA. en el marco de los choques con el imperialismo yanqui, a tener con Maduro un régimen bonapartista autoritario y represivo, con características cuasi-dictatoriales, aplicador de brutales ajustes y un giro entreguista que generó un gran descontento que alentó la ofensiva derechista. Además avanzó en los acuerdos y concesiones a multinacionales extranjeras tanto para la explotación petrolera (donde varios venían de la época de Chávez) como de distintos minerales, en este último caso en el llamado Arco Minero del Orinoco, bajo las llamadas “empresas mixtas”.


Maduro lleva años aplicando muy duros ajustes que padecen los trabajadores y el pueblo, pagando deuda externa hasta dejar al país carente de las cuestiones más elementales y en la ruina, imponiendo por decreto una brutal contrarreforma laboral sin precedentes en el país, llevando el salario a niveles insignificantes y respondiendo a las luchas obreras con persecución, encarcelamiento de dirigentes y uso de organismos militares. Sobre la catástrofe económica y social se monta la reaccionaria agresión imperialista que busca sencillamente una recolonización de Venezuela para aplicar otra modalidad de los drásticos ajustes y el entreguismo al capital transnacional que ya Maduro viene aplicando. Una ofensiva apoyada en una oposición de derecha lamebotas de EE.UU.  


En México, como en Argentina, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se presenta como una vía “progresista” para canalizar de forma “institucional” la bronca de los explotados y oprimidos. Lo ilusorio de este proyecto se demuestra en que terminó firmando un nuevo tratado de libre comercio (TMEC: México, EEUU, Canadá) con mayores concesiones al imperialismo, mientras Trump continúa la construcción del Muro en la frontera y otras políticas xenófobas contra los migrantes desde el sur del Río Bravo y el gobierno mexicano reprime las caravanas que marchan desde Centroamérica. Además implementó un fuerte ataque contra trabajadores estatales con más de 300 mil despidos (en su mayoría eventuales) y profundización de la precarización laboral. Ambos gobiernos “progresistas” impulsan como “alternativa”, megaproyectos de explotación minera y petrolera. En Argentina, fue el pueblo de Mendoza el que frenó la derogación de la ley de protección del agua, impulsada por el gobernador macrista/radical en acuerdo con Alberto Fernández. 


El movimiento de mujeres y disidencias sexuales ha tenido especial protagonismo en gran parte de nuestros países latinoamericanos, empezando por Argentina y Chile. Este 8 y 9 de marzo en el marco de un nuevo paro internacional de mujeres ha habido movilizaciones multitudinarias en Chile, México, Argentina y otros países. Las organizaciones convocantes a esta Conferencia estamos en primera fila de la lucha contra los femicidios, la discriminación de todo tipo, por los derechos de las mujeres trabajadoras, por el aborto legal, seguro y gratuito, contra la injerencia de las Iglesias en las vidas y derechos de las personas. Levantamos un programa de reivindicaciones para la lucha, a la vez que sostenemos que la lucha por terminar definitivamente con el patriarcado es inseparable de la lucha socialista por terminar con el capitalismo.  


Latinoamérica tiene la tradición de la lucha de negros y negras marcada desde la revolución haitiana hasta las revueltas en Brasil, país con la mayor población negra fuera de África. Ahora se expresa nuevamente en la rebelión en curso en Haití, que renueva la necesaria lucha contra el racismo que es indisociable de la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. 


Los acontecimientos en América Latina muestran la incompatibilidad entre el sometimiento del FMI y el imperialismo y la satisfacción de las necesidades populares. La amenaza de pandemia  del coronavirus lo  pone más al rojo vivo. Ya enfermedades como el  dengue y sarampión, erradicado años atrás, se vienen multiplicando. Su proliferación se potencia por las deficiencias y precariedad en la atención sanitaria, la falta de vacunas y el encarecimiento que han experimentado los medicamentos. Nos estamos refiriendo a enfermedades conocidas y evitables. Con más razón vale para el coronavirus. Llamamos  la atención  de la  vulnerabilidad  en que se encuentran los países de Latinoamérica para hacer frente a este flagelo en momentos que los recursos se direccionan al pago de la deuda y subsidiar a  los capitalistas.


La expectativa que abriga el nuevo gobierno de Fernández en la Argentina de llevar adelante una reestructuración de deuda en la cual el FMI y los acreedores privados aceptarían extender plazos de pagos sin poner condiciones draconianas, se viene revelando infundada. Su discurso basado en repetir la experiencia de Néstor Kirchner del 2003 carece de una base “realista”, porque la situación de la economía mundial y en particular su impacto en los países periféricos es muy diferente. Sus primeras medidas apuntaron a “ahorrar” recursos fiscales reduciendo los aumentos que les correspondían a las y los jubilados, es decir un nuevo ajuste, impedir que los trabajadores recuperen el poder de compra del salario que se perdió en los últimos años y ya se habla de nuevos tarifazos. 


El Gobierno de Fernández cuenta, para estas medidas de ajuste, con todas las alas de la burocracia sindical de la CGT y las CTA y, el triunvirato piquetero cooptado, que pretenden imponer una paz social contra los trabajadores y en favor del pago de la deuda externa. Es la misma burocracia que le garantizó al gobierno de Macri la “gobernabilidad” en el marco del brutal ajuste y la devaluación. Contra esta política de entrega, reivindicamos las grandes luchas de la etapa. La lucha contra la reforma jubilatoria que llevó a las grandes jornadas de lucha del 14 y 18 de diciembre de 2017. Las luchas contra los despidos, con ocupaciones de lugares de trabajo. Las luchas por el salario, como las grandes huelgas docentes en Chubut, Chaco, Neuquén o Tucumán. La lucha de las fábricas bajo gestión obrera contra el ahogo económico y las amenazas de desalojo. Luchamos por sindicatos clasistas y por la expulsión de la burocracia sindical. Defendemos la pelea de los sindicatos, comisiones internas, delegados y agrupaciones del sindicalismo combativo. La lucha del movimiento piquetero combativo, que ganó la calle con piquetes contra el hambre movilizando en todo el país a miles de compañeros. Por supuesto, la enorme movilización de la ola verde por el aborto legal y por la separación de la iglesia del Estado. Sobre la base de esta experiencia, llamamos a enfrentar y derrotar todas las medidas de ajuste del gobierno de Fernández, organizando asambleas y plenarios de delegados y poniendo en pie al movimiento obrero y popular para quebrar la política de pago de la deuda a costa de las necesidades populares más urgentes. 


La lucha por la independencia de clase


Importa señalar que los ajustes de cuño fondomonetaristas, ya sea con el acuerdo formal o no del FMI, no sólo han sido llevados adelante por gobiernos que se reclaman derechistas -como los de Piñera en Chile, Duque en Colombia, Macri en Argentina, o Bolsonaro en Brasil- sino también por los “nacionales y populares” y frente populistas, como los de Lenin Moreno en Ecuador, Maduro en Venezuela, el Frente Amplio en Uruguay y el sandinista Ortega en Nicaragua. Evo Morales, pactó en 2008 con los que ahora le dieron el golpe: los “cívicos”, empresarios, Fuerzas Armadas, garantizando las ganancias capitalistas y profundizando la dependencia de la exportación de materias primas (agroindustria y minería). Esto habla del callejón sin salida  que representan estas experiencias para proceder a una emancipación nacional y social de los países latinoamericanos. Sus ataduras de clase les impide dar una respuesta y una salida favorable al pueblo trabajador frente a las tendencias dislocadoras de la crisis capitalista, Esto conduce a una desorganización y descalabro económico, a penurias para las masas y abre paso o pavimenta el camino a la reacción derechista. 


La política de colaboración de clases es un escollo para conducir la lucha de los trabajadores y las masas a la victoria. La izquierda latinoamericana mayoritariamente ha terminado siendo arrastrada como furgón de cola de esta política. Hoy vemos en Argentina al conjunto de la “izquierda popular” integrarse al gobierno de Fernández, repitiendo la triste historia del “ministerialismo” (ocupar cargos de gestión estatal para “garantizar” determinadas políticas, prestando aval al gobierno capitalista en su conjunto) que ya fuera condenado en el movimiento socialista a fines del siglo XIX. Es el camino que llevó a Syriza en Grecia a traicionar las expectativas y el mandato popular que tenía y convertirse en un gobierno ajustador, o más recientemente a Unidas Podemos en el Estado Español a terminar siendo parte del gobierno imperialista subordinados a los “social liberales” del PSOE.  


Cómo luchar por la independencia política de los trabajadores y postular a la izquierda socialista será un punto importante del debate en la Conferencia Latinoamericana. Todas las organizaciones convocantes reivindicamos la independencia de clase, que enarboló el anterior FIT y también nuestro actual FIT-U, con un programa de reivindicaciones transicionales que agitamos con el fin de contribuir a movilizar a las masas en la perspectiva de lucha por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Nuestro compromiso es a tomarlo como ejemplo internacional de defensa de la independencia política de la clase trabajadora.


La experiencia de un frente de izquierda de estas características la ponemos como un aporte, en el plano internacional, claramente opuesta a toda estrategia de colaboración de clases, que más tarde o más temprano siempre terminan adaptándose a las fuerzas burguesas en pugna.


En el FIT-U además del programa común que tenemos, hemos acordado declaraciones y acciones comunes ante acontecimientos nacionales y varios de escala internacional, estamos presentes en las luchas y nuestros diputados, diputadas y referentes públicos han mantenido en lo esencial una conducta acorde al programa de nuestro frente, apostando a la movilización en las calles y lugares de trabajo y estudio, impulsando la más amplia organización obrera y popular, con el objetivo estratégico de pelear por la perspectiva de la revolución. 


No se nos escapan sin embargo, las contradicciones y límites del FIT-U: somos partidos que mantenemos diferencias políticas en cuestiones nacionales e internacionales y de práctica política en el movimiento obrero, de desocupados/as y estudiantil. Tenemos como desafío hacer todos los esfuerzos por mejorar y ampliar el horizonte de acción del FIT-U a todos los terrenos de la lucha de clases y la lucha política, reivindicando el debate político franco, para clarificar diferencias. 


En el plano latinoamericano, tenemos diferencias en torno a Venezuela y como desarrollar ahí la lucha contra el imperialismo y, simultáneamente, la delimitación con el régimen de Maduro. También de análisis y política en el período previo a Bolsonaro en Brasil sobre la caracterización de lo que estaba ocurriendo. Hay debates y distintas visiones sobre la caracterización actual del grado de la restauración capitalista en Cuba. Hay discusiones sobre cómo utilizar la consigna de Asamblea Constituyente y su relación con las consignas de poder. Hay distintas apreciaciones sobre la caracterización de los procesos en la región, en el marco de las visiones comunes que expresamos en este documento. Tenemos debates en torno a qué políticas adoptar desde la izquierda en distintos países, por ejemplo, frente a alianzas, partidos y nucleamientos con fronteras de clase difusas y frente a la emergencia de “partidos amplios” que se reivindican anticapitalistas y/o socialistas. Hay entre nosotros distintas valoraciones en la relación de dichas experiencias con la batalla a favor de la independencia política de los trabajadores y la construcción de partidos revolucionarios de la clase trabajadora a nivel nacional e internacional, que todos los firmantes  reivindicamos, aunque, hay diferencias de caracterización y método en relación a dicho objetivo. Es un debate que llevamos a la vanguardia obrera y juvenil para verificar las posiciones sobre la base de la experiencia común en la lucha.


Enfrentando a todos los gobiernos y sectores de la derecha, partidos tradicionales o llamados progresistas, y en oposición a la política de colaboración de clases, reivindicamos el método de la lucha de clases y la estrategia obrera y socialista. E invitamos sobre esta base a la izquierda que se reivindica clasista, al movimiento obrero combativo, a la juventud que se rebela, al activismo feminista y ambiental, y a la intelectualidad comprometida a ser parte de esta Conferencia Latinoamericana. 


Las actividades y campañas que puedan surgir fruto de esta conferencia, apuntarán a fortalecer todo el proceso de luchas en curso y a colaborar con el esfuerzo que vienen realizando los trabajadores que están desafiando la contención y los pactos que se están cocinando a sus espaldas. 


Está planteado, por ejemplo, impulsar una gran campaña contra el FMI, el pago de las deudas externas y los planes de ajuste de los gobiernos.  


También redoblar nuestro apoyo a los reclamos del movimiento feminista, de las disidencias y de la juventud que se moviliza contra la destrucción ambiental.  


Por supuesto el apoyo a los pueblos de Chile, Colombia y otros que siguen realizando acciones de lucha. 


Un aspecto fundamental que pone al rojo vivo las grandes rebeliones en curso es la cuestión decisiva de la dirección del movimiento obrero.  


La batalla por recuperar las organizaciones de masas, en primer lugar los sindicatos, expulsando a las burocracias entreguistas reviste un carácter estratégico. Esto plantea alentar en el propio curso de las irrupciones populares todo tipo de organismos (comités de huelga y todos los que, en forma embrionaria, hemos visto surgir en Francia, Chile, Bolivia) que permitan coordinar la lucha y llevarla al triunfo. El escenario convulsivo de Latinoamérica le otorga especial vigencia al fortalecimiento de espacios democráticos del sindicalismo combativo,  al llamado a congresos o coordinadoras de delegados de base de los sindicatos, de las y los ocupados (incluyendo a toda la gama de precarizados/as) y desocupados, y de las masas que luchan, lo que va unido a la batalla por una nueva dirección clasista en el movimiento obrero. Esto apunta a que la clase obrera emerja como un factor independiente en la crisis y se desarrolle como alternativa de poder, al frente de una alianza de todos los explotados y oprimidos. El equilibrio y la conciliación de intereses entre el capital y los trabajadores, que pregona el nacionalismo burgués y la centroizquierda, no es más que una utopía reaccionaria, que apunta a entrampar a los trabajadores como furgón de cola de la burguesía. En oposición a eso, planteamos la lucha por una salida anticapitalista y una transformación integral del continente bajo la dirección de la clase obrera.   


Llamamos a luchar por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina y el Caribe 


Avancemos mediante la conferencia en el debate político común, el intercambio de opiniones y experiencias y en acordar formas de unidad y coordinación para apoyar las luchas en curso y las que vendrán. En momentos que la derecha continental se organiza en el Grupo de Lima, por  un lado y la irrupción del Grupo Puebla, por el otro, que se presentan así mismo como un polo “alternativo” pero que ha  revelado su impotencia, desde la izquierda que defiende la independencia política de los trabajadores  necesitamos construir espacios comunes de coordinación internacional y latinoamericana, para fortalecer un polo por una salida obrera y socialista.


Aportamos para el debate  los puntos de un programa de lucha que hemos ido consensuando en el FIT-Unidad como una base para la discusión. 


  1. Por la ruptura con el FMI y el no pago de las deudas externas para que la crisis la paguen los capitalistas, por el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, con un salario y jubilaciones que partan de cubrir la canasta familiar; por la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, sin indemnización y bajo control obrero, para terminar con las devaluaciones y la fuga de capitales y poner los recursos al servicio de un plan de industrialización y la satisfacción de las necesidades apremiantes del pueblo y de protección del medio ambiente. 


 


  1. Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar


 


  1. Por la defensa del Amazonas brasileño, boliviano y venezolano, la Patagonia y los Andes de la depredación capitalista: defensa de los derechos de las comunidades indígenas, no al fracking y a la megaminería contaminante. Fuera las multinacionales mineras, petroleras o del agro negocios. Apoyo a las luchas campesinas contra la expulsión por los latifundistas y el capital financiero. Por la expropiación del gran capital agrario y la nacionalización de la tierra, respetando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños chacareros. Basta de trabajo en negro para los trabajadores rurales.  Por el derecho a la vivienda y contra los negociados de los especuladores inmobiliarios.


 


  1. Por la anulación de las privatizaciones de los servicios de energía, salud, educación, agua, puertos, entre otros, como lo reclama la lucha del pueblo chileno. Por la expropiación sin indemnización de las empresas privatizadas y la estatización de los servicios bajo el control y gestión de los trabajadores y los usuarios. En defensa de la educación y la salud pública. Abajo  los ajustazos  Por  un  aumento de emergencia de los presupuestos de salud para hacer frente a la epidemia del coronavirus y las restantes epidemias y enfermedades.


 


  1. No a la criminalización de la protesta social. Reclamamos la libertad de todos los presos políticos de la clase trabajadora. No a la militarización de la lucha contra el narcotráfico; derogación de todas las leyes que criminalizan la protesta social y permiten el espionaje contra el pueblo. Fuera el ejército de Río y las favelas, de La Paz y de Bogotá; disolución de las bandas parapoliciales, Impulsamos el frente único de las organizaciones de trabajadores y populares para luchar contra la represión estatal y por el desarme de los ‘grupos de tareas’ y ‘escuadrones de la muerte’, mediante la acción directa y la organización de la autodefensa. Justicia por Marielle Franco. Absolución de todos los y las procesados en Chile, como Dauno Tótoro acusado por “delito de opinión”, así como de Daniel Ruiz, Sebastián Romero y César Arakaki, luchadores obreros y militantes de la izquierda revolucionaria, enjuiciados por luchar contra la reforma jubilatoria en Argentina. Reclamamos la máxima libertad de organización de los trabajadores y el pueblo en Venezuela y Nicaragua, y denunciamos la represión estatal y paraestatal. Planteamos la libertad a los presos estudiantiles y populares por las protestas en Nicaragua. Libertad al obrero Rodney Alvarez en Venezuela, que ya lleva 9 años injustamente detenido, del dirigente obrero Rubén González y otros trabajadores petroleros. Denunciamos las amenazas de muerte y los ataques contra los dirigentes estudiantiles y docentes universitarios en Colombia por parte de grupos fascistas y los asesinatos de decenas de dirigentes sociales.


 


  1. Fuera las bases militares extranjeras de América Latina. Derogación de la ley antiterrorista en Argentina y toda América Latina Llamamos a luchar y derrotar el criminal bloqueo imperialista contra Cuba, lo mismo que las sanciones que pesan sobre otros países de la región como Venezuela, que son un arma de guerra de Estados Unidos para someter aún más a nuestros pueblos. 

     

  2. Apoyamos e impulsamos el conjunto de las luchas y reivindicaciones del movimiento de mujeres. Llamamos a impulsar la movilización por la separación de la Iglesia y el Estado
     

  3. Por la recuperación de las organizaciones de masas, en primer lugar de los sindicatos, expulsando a la burocracia sindical entreguista. Por una nueva dirección sindical clasista, combativa y democrática del movimiento obrero. Llamamos a impulsar todo tipo de organismos (asambleas barriales/territoriales como en Chile, comités de huelga, coordinadoras de delegados de base de los sindicatos) que permitan coordinar la lucha para llevar a su triunfo  las huelgas y las irrupciones populares en desarrollo, peleando por el liderazgo de la clase trabajadora en una perspectiva revolucionaria.  

     

  4. Por la independencia política de la clase trabajadora. Por la unidad de la izquierda que defiende la independencia política  de los trabajadores y las/los trabajadores en el terreno de la lucha y también en el plano electoral para impulsar esta perspectiva anticapitalista y socialista. No a las alianzas políticas de colaboración de clases. 

     

  5. Por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina y el Caribe. Al fracaso y desmoronamiento del Mercosur, que no pasó de ser una integración de los monopolios radicados en la región y los crecientes enfrentamientos, tensiones y rivalidades entre las naciones latinoamericanas, le oponemos una acción común entre los pueblos del continente contra el imperialismo, sus multinacionales y sus agentes locales, buscando la unidad con la clase obrera multiétnica y la juventud de Estados Unidos, como parte de la lucha por gobiernos de trabajadores


 


Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) – Partido Obrero (PO) – Izquierda Socialista (IS) – Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)


Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad


 


 

Gabriel Solano presentó proyecto de ley: «para garantizar las medidas contra la pandemia de Coronavirus es necesario que el Estado ponga los recursos necesarios»

El diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda Gabriel Solano presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que exige partidas presupuestarias de emergencia, comités de salubridad y licencia obligatoria para mayores de 65 años y embarazadas.

11/03/2020


El proyecto presentado será tratado en  las próximas reuniones de la Comisión de Salud y establece las siguientes medidas:


  1. Una partida presupuestaria de emergencia para abastecer de insumos a hospitales y escuelas en los cuales se han denunciado faltantes básicos como alcohol en gel, barbijos, guantes y desinfectantes.

  2. La creación de comités de higiene y salubridad interdisciplinarios compuestos por trabajadores de cada hospital y escuela para controlar la aplicación de los protocolos establecidos y la provisión de los insumos necesarios.

  3. Establecer la licencia obligatoria con goce de sueldo de 14 días para los trabajadores mayores de 65 años y más, embarazadas y población en riesgo en el ámbito público y privado.

  4. Suspender por 14 días todas las actividades públicas y privadas que congreguen más de mil personas.


 


Solano afirmó que: “para garantizar las medidas contra la pandemia de Coronavirus es necesario que el Estado ponga los recursos necesarios. Hemos detectado faltantes de insumos básicos en los hospitales y de elementos de prevención del contagio en escuelas, denunciados por sus propios trabajadores. Es por eso que los trabajadores deben jugar un rol central y conformar comités de higiene y salubridad para controlar al gobierno. A su vez las medidas restrictivas no pueden quedar en la voluntad individual de cada persona. Muchos mayores de 65 años trabajan y tienen una presión para seguir haciéndolo por parte de sus patrones, lo mismo con las personas embarazadas o inmunodeprimidas, es por eso que planteamos una licencia con goce de sueldo obligatoria para todos ellos. Finalmente detectamos una presión por parte de empresarios para no suspender actividades que implican un público masivo ya sean culturales o de otro tipo para no afectar sus ganancias, es por eso que planteamos suspenderlas por ley”, finalizó.


A su vez en el día de mañana el cuerpo legislativo aprobará dos pedidos de informes que presentados por Solano para que el poder ejecutivo responda sobre las medidas adoptadas hasta el momento para contener de las epidemias de dengue y coronavirus


En tercer lugar y recogiendo las denuncias de los trabajadores de los hospitales porteños sobre la falta de insumos y preparación para hacer frente a la pandemia, Solano convocó a una audiencia pública el día viernes 13 de marzo para tomar iniciativas y exigir al gobierno de la Ciudad las medidas necesarias.




 






[JUBILADOS] Miércoles, 15h concentración frente al Congreso

Comunicado de organizaciones de jubilados

10/03/2020


En defensa de la movilidad jubilatoria, del 82% móvil para todos los trabajadores, de los $40000 de mínima equivalente a la canasta de jubilado, de los regímenes especiales y cajas provinciales.


Rechazamos el robo de la movilidad al conjunto de los jubilados consumado por la mega ley de emergencia de diciembre del 2019, que la suspende hasta junio 2020.


Nos robó Macri parte de la movilidad en el 2017. Ahora lo hace el gobierno de Fernández.


Apoyamos el amparo presentado por el Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino.


No aceptamos la imposición por parte del gobierno y del Congreso de una “solidaridad” de los jubilados que más ganan con los que ganan menos.


En momentos en que la canasta mínima de la tercera edad ronda los $40000, los de la mínima han pasado de $14068 a $15892 y el “aumento” es decreciente, es decir menor ante mayor haber jubilatorio.


Junto con esta confiscación de la movilidad, vienen por los regímenes especiales y por las cajas provinciales como se han pretendido presentar en las recientes medidas, disfrazándolas de jubilaciones de privilegio.


Y siguiendo el lineamiento del FMI y de los acreedores internacionales, también pretenden el aumento de la edad jubilatoria junto con la transformación de las jubilaciones de salario diferido a bono a la ancianidad.


Francia y Chile son el espejo de la lucha jubilatoria, con huelga general y rebeliones populares.


Cumpliendo con lo acordado en la Audiencia Pública en la Cámara de Diputados en defensa de la movilidad realizada el 28 de febrero, diversas organizaciones de jubilados nos autoconvocamos para ganar las calles, en forma unitaria el 11 y el 18 de marzo. Y por la preparación de un plan de lucha de medidas nacionales.


El 11 a las 15hs en Congreso:


Vamos por


*Defensa de la movilidad. Restitución inmediata.


*Jubilación mínima equivalente a la canasta de jubilados, hoy en $40000


*82% móvil para todos los trabajadores. Cálculo de haberes sobre los mejores años trabajados.


*Defensa de los regímenes especiales y de las cajas provinciales.


*Restitución de los aportes patronales. Basta de trabajo en negro. Todos a planta y bajo el mejor convenio.


*El Pami y el ANSES bajo gestión y control de trabajadores y jubilados.


*Plata para los jubilados y trabajadores. No para el FMI


El 18, movilización nacional al Congreso y plazas del país por estos puntos y por las leyes presentadas a beneficio de los jubilados, de 82% móvil, Pami, viviendas, judiciales y otras


 


Jubilados TV


Plenario de Trabajadores Jubilados. CSC


Jubilados de Izquierda. ANCLA. MST


Unión de Trabajadores Jubilados En Lucha (UTJEL)


Jubilados MTR 12 de abril


AGD-UBA


 


Para comunicarse:


Nora Biaggio 1131651321


Fernando Sacarelo 1151054094


Santiago Dell`Agnola 2616962694


Ana Valverde 1157369202


Cristina Mena 1141493213

9M: 17h, movilización de Plaza de Mayo a Congreso

La concentración será a partir de las 15h, para marchar a las 17h desde Plaza de Mayo a Congreso con la consigna: “la deuda es con nosotras, no con las Iglesias ni con el FMI”.

09/03/2020

Romina Del Plá, dijo: “Hoy, estamos llevando adelante el Paro Internacional de Mujeres en un nueva nueva jornada de lucha por nuestros derechos, seremos miles de mujeres nuevamente en la calle, para reclamar al poder político el derecho efectivo al aborto legal, seguro y gratuito, sin restricciones y sin acuerdos que sometan nuestros derechos antes las iglesias, por la separación de la Iglesia del Estado y por la Educación Sexual Integral laica y científica. Por eso, marchamos a las 17h de Plaza de Mayo al Congreso nacional."


 


"Frente los femicidios que dejan de relieve el abandono estatal ante la violencia de género volveremos a gritar Ni Una Menos, el Estado es responsable. Pedimos justicia por Fátima Acevedo, cuyo caso debe llegar hasta los estamentos del Estado responsables de su crimen."  


 


"Hoy también reclamamos trabajo genuino, salario igual a la canasta familar y derechos laborales de les trabajadores, reclamando la ruptura con el FMI, el desconocimiento de la deuda usuraria y fraudulenta, que nos tiene a las mujeres y disidencias sexuales en la primera línea para pagar el ajuste y que tiene como socia a la Iglesia para la función de la contención social."


 


"La marea verde que contagió al movimiento de mujeres en todo el mundo, que el 19F copó el Congreso demostrando la convicción de lucha por nuestros derechos, puede ir por todo. Sigamos adelante para que sea ley y por todas nuestras reivindicaciones."


 


Romina Del Plá: 1140429791

Justicia por Fátima: 13h concentración en la Casa de Entre Ríos

Hoy, a las 13h se realizará una concentración frente a la Casa de Entre Rios en CABA (Suipacha 844) en reclamo de justicia por el femicidio de Fátima Acevedo.

09/03/2020


Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras, explicó: “El caso de Fátima no se termina en una condena hacia el femicida. Debe llegar hasta los estamentos e instituciones del Estado que son responsables de no haberla protegido a pesar de todas las denuncias que hizo Fátima, que constan claramente en sus audios, en los que anticipa estar harta de denunciar y de que no hagan nada. Su muerte, luego de un sinfín de denuncias y el padecimiento constante es absoluta responsabilidad del Estado, al cual ella recurrió solicitando ayuda. Ese es el reclamo que llevaremos hoy a las puertas de la casa de la provincia de Entre Ríos.”


Vanina Biasi: 11 5485-9472


 

8M: El movimiento de mujeres se plantó frente a la Catedral y en la Plaza de Mayo

La diputada Romina Del Plá respondió al monseñor Oscar Ojea

08/03/2020


El, domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones de mujeres realizaron un pañuelazo por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado frente a la Catedral de Buenos Aires.


El lunes 9, concentrarán a partir de las 15h en Plaza de Mayo e para movilizar al Congreso nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y con la consigna: “la deuda es con nosotras, no con las Iglesias ni con el FMI”.


Romina Del Plá, dijo: “Desde las puertas de la Catedral y en Plaza de Mayo venimos a defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y respondemos a los dichos de la misa de hoy de Monseñor Ojea. Ojea dijo que la Iglesia defiende la vida. Sin embargo, es una institución que en todo América latina apoya los planes de ajuste y los pagos a los usureros internacionales y el FMI que condenan la vida de las mayorías populares y el sometimiento de los pueblos. Dijo defender la educación sexual pero es para mantener la ley actual, cuyo artículo 5to permite impartir contenidos de acuerdo a los preceptos religiosos que violentan ponen a la mujer en un lugar de sometimiento. Venimos a reclamar la separación de la Iglesia del Estado. Las mujeres vamos a rodear el Congreso y todas las instituciones del Estado para arrancar el aborto legal y todos nuestros derechos.”


Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras, agregó: “La defensa de la vida de la que habla Ojea es incompatible con una institución que promueve y ejecuta la violencia contra los niños y niñas y hasta las mayores cúpulas clericales y el Vaticano encubren los abusos. Su rechazo al aborto legal es para mantener una estructura de opresión sobre la que se sostienen. En ese sentido quieren una educación sexual que permita contenidos oscurantistas y anticientíficos. Por eso, en defensa de los derechos de las mujeres, es necesaria la separación de la Iglesia y el Estado.”


 

8M: Pañuelazo frente a la Catedral

9M: movilización de Plaza de Mayo a Congreso

06/03/2020


Este domingo, 8 de marzo, desde las 12h se realizará un Pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito frente a la Catedral de Buenos Aires (San Martín 27). Estarán presentes organizaciones de izquierda e independientes del movimiento de mujeres, la diputada nacional Romina Del Plá junto con otras dirigentes y referentes. El 9, convocan a parar y movilizar desde Plaza de Mayo a Congreso con la consigna “La deuda es con nosotras, no con el FMI ni las Iglesias”.


Romina Del Plá dijo: “Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Iglesia lanza su campaña contra la legalización del aborto, a pedido expreso del Papa Francisco que reclamó más acción contra el aborto. Hacemos el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito y por la necesaria separación de la Iglesia del Estado. Para tener educación sexual laica y científica y acceso a la salud sin injerencia de elementos clericales. Las Iglesias son incompatibles con la vida y los derechos de las mujeres.”


“Resaltamos que los intereses del clero no son ´la defensa de la vida´ sino rechazar cualquier medida que desafíe la subordinación de las mujeres. No es una cuestión de convicciones sino de mantener la estructura de opresión social sobre la que se sostiene el régimen social. Por eso, las Iglesias rechazan el aborto, la ESI y hasta el aborto no punible. Como antes rechazaron el divorcio y el voto femenino. Del mismo modo juegan un rol fundamental en la contención social y la tercerización de la asistencia social y, por ello, en el sometimiento de la población en favor de soportar las consecuencias sociales críticas producto de los pactos de los gobiernos con el FMI y los organismos de crédito.”  


 

Solano: “no votamos este impuestazo dictado por el FMI”

El legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano (PO) rechazó la suspensión del Consenso Fiscal pactado entre el Gobierno Nacional y las provincias.

05/03/2020

“Esta primera sesión de la Legislatura resulta muy instructiva. Oficialismo y oposición han pactado y votarán juntos un impuestazo dictado por ¿Alberto Fernández? ¿Larreta? No, por el FMI” denunció.


 


“Tenemos al FMI viviendo en nuestra casa, lo trajo Macri quien tomó una deuda fraudulenta para pagar deuda y financiar fuga de capitales. Y Alberto Fernández “lo invitó a vivir” aprobando la cláusula 4 que le permite revisar todas las cuentas nacionales y asegurar un superávit fiscal para pagar la deuda” continuó Solano.


 


“La quita de un punto de coparticipación que negocian Fernández y Larreta a espaldas del pueblo será compensada con este impuestazo inflacionario, porque los empresarios lo trasladarán a los precios y lo pagarán los trabajadores con una pérdida de su poder adquisitivo ya que se han eliminado las cláusulas gatillo de las paritarias”.


 


“Larreta a su vez acaba de darles a los docentes un aumento completamente insuficiente, por eso fueron al paro el lunes. Los sindicatos que responden a Alberto Fernández no pararon porque defienden el ajuste nacional y por eso dejan pasar el de la Ciudad. Desde el Frente de Izquierda planteamos el no pago de la deuda, basta de ajuste, fuera el FMI” finalizó Solano.

8 y 9M: una propuesta para avanzar en una gran jornada unitaria de lucha por los derechos de las mujeres y la diversidad

Llamamos a todas y todes a poner en pie una nueva asamblea este martes a las 19hs en la Mutual Sentimiento.

03/03/2020

Luego de que las organizaciones kirchneristas que integran las asambleas de mujeres (NUM, Patria Grande, Mov. Evita) se retiraran de la última asamblea que debatía la organización del próximo 8 y 9 M, se difundió la convocatoria unilateral del Colectivo Ni Una Menos, que desconoce los acuerdos previos logrados tras arduos debates en cuatro asambleas consecutivas. 


 


Esos acuerdos contemplaban una consigna que coloca al movimiento en el campo del rechazo al pago de la deuda, el FMI y las iglesias (mediante una aproximación de consenso – la consigna original de este sector era “vivas, libres y desendeudadas nos queremos”), realizar el domingo 8 una acción frente a la catedral (contra la propuesta original de las organizaciones integradas al gobierno, de hacer  “acciones en los barrios”, diluyendo la denuncia a las iglesias y la misa contra nuestra lucha por el derecho al aborto legal), y organizar y reclamar a las centrales sindicales un paro con movilización el lunes 9 de marzo.  Esos acuerdos, que reflejan una conquista política de la izquierda, fueron sin embargo boicoteados por el PTS y el MAS, que actuaron en un cuadro de total desorientación: su eje era hacer una marcha el domingo y entregar la lucha por la organización de un paro de la clase obrera por las mujeres el lunes 9. El grupo de Altamira fue con igual orientación. El MST también sostuvo largamente como eje central el domingo 8, aunque luego se avino a incorporar el 9.


 


El debate la última asamblea giró sobre el recorrido de la marcha, y si ésta debía dirigirse a Plaza de Mayo o a Congreso. Las compañeras del PdT dimos una ardua lucha política en defensa de la movilización a Plaza de Mayo, orientando nuestras demandas al poder político, mientras el kirchnerismo proponía consensuar salir desde la Plaza hacia Congreso.


 


Desde la última asamblea hasta ahora, en pocas horas el escenario político cambió. Las organizaciones K se lanzaron a una ofensiva para, aprovechando la fuerza de su aparato comunicacional, su poder de convocatoria y las expectativas que generó el anunció de Alberto Fernández en la apertura de sesiones sobre la legalización del aborto en el parlamento en un corto plazo, lanzar la jornada del 9 en el Congreso. Acto seguido, la dirigente del NUM se fue del grupo de coordinación de las asambleas anunciando que no habría nueva instancia de coordinación de nada.


 


La convocatoria lanzada ahora de manera unilateral por estos sectores borra por completo la Plaza de Mayo del recorrido. El retroceso es brutal, porque el centro del Poder Político queda completamente desdibujado como responsable por nuestras demandas y derechos vulnerados. El NUM convoca a concentrar sólo en Congreso y a hacer concentraciones barriales el domingo 8. 


 


La ruptura del movimiento sobre la base de estas premisas es a todas luces negativa, y sellaría la ruptura con un principio muy caro para la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras, nada menos que su independencia política, que es lo que le da el carácter progresivo a este movimiento -que ha sido el más combativo y movilizado en los últimos años en nuestro país, que organizó los paros y acciones de lucha más importantes contra los distintos gobiernos, ante la deserción completa de la burocracia sindical y el peronismo en todas sus variantes. La pretensión de responsabilizar a la izquierda por la ruptura del movimiento no puede ser leída más que como una maniobra para liquidar su carácter independiente de todos los gobiernos ante la asunción de un Alberto.


 


Este escenario crea una nueva situación, porque es una ofensiva del kirchnerismo envalentonado para bloquear a la izquierda, que ha logrado importantes conquistas en términos de posicionamientos políticos dentro del movimiento en todos los últimos años. Para ellas, nuestra presencia es un factor de crisis, que impide alinear al movimiento de mujeres detrás del peronismo y que lo lleva a un choque con las centrales sindicales de las cuales son aliadas.   


 


Ante ello, las organizaciones de izquierda e independientes hemos suscripto una propuesta –que enviamos ayer al grupo de coordinación de las asambleas- para organizar una nueva asamblea en el día hoy a las 19hs en la Mutual, defender los acuerdos previos y organizar una jornada lucha común este 8 y 9 de Marzo,  en el marco de un nuevo Paro Internacional por las Mujeres, en el día internacional de la mujer trabajadora. Frente a ese escenario, defender una marcha común que contemple a la Plaza de Mayo como punto de referencia se impone como una lucha de vital importancia. Proponer hoy marchar desde Plaza de Mayo a Congreso es una concesión y al mismo tiempo una conquista, en defensa de la lucha por nuestras posiciones dentro de un movimiento fuertemente heterogéneo, con fuertes ilusiones en el nuevo gobierno, pero firme voluntad lucha por sus derechos.


 


Reproducimos a continuación la propuesta que fue girada con firmas de un amplio espectro de organizaciones que defendemos una jornada independiente y de lucha. 


 


8 y 9M: una propuesta para avanzar en una gran jornada unitaria de lucha por los derechos de las mujeres y la diversidad


 


Desde hace 4 años nuestro movimiento viene construyendo multitudinarias movilizaciones y paros que instalaron en las calles la agenda de lucha por nuestros derechos. Con el debate en asambleas hemos acordado importantes definiciones para actuar en unidad y fortalecer nuestras demandas: somos un movimiento antipatriarcal, antiimperialista, anticapitalista, anticlerical, antirracista, antibiologicista e independiente de todos los gobiernos. Con estas banderas, hemos logrado actuar en común a pesar de nuestras divergencias, porque todas y todes anteponemos la lucha por nuestras demandas a la subordinación a cualquier sector del poder político de turno.


 


Para darle continuidad a nuestra organización, necesitamos una pronta nueva asamblea para poner en pie las jornadas de lucha del 8 y 9 y ser millones en un nuevo Paro Internacional por las mujeres y las disidencias.


 


Este año tenemos enormes desafíos y nos sobran los motivos para volver a salir masivamente a las calles, como lo hicimos recientemente en el 19F en apoyo al proyecto de la Campaña. Porque debemos conquistar movilizadas el derechos al aborto legal, la separación de la iglesia del Estado, el rechazo al ajuste y al pacto con el FMI, contra los femicidios, trans-travesticidios y todas las formas de violencia patriarcal, por el trabajo genuino y los derechos laborales de les trabajadores.


 


En las asambleas realizadas este año logramos acuerdos importantes, en un esfuerzo común por defender una jornada de lucha masiva y unitaria. Quienes firmamos este llamamiento, proponemos partir de esos acuerdos: organizar un contundente pañuelazo este domingo 8 de marzo frente a la catedral, en la Plaza de Mayo, y organizar y reclamar el paro a las centrales sindicales este lunes 9 de marzo, marchando desde Plaza de Mayo a Congreso, con la consigna “la deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI ni con las iglesias”, “aborto legal ya, apoyamos el proyecto de la Campaña”. Y consideramos que la mejor manera es realizando una radio abierta para que todas las voces puedan expresarse al final de la jornada –propuesta que ponemos a consideración para un intercambio entre todas y todes.


 


Sobre la base de esta propuesta, que busca defender una jornada unitaria, llamamos a todas y todes a poner en pie una nueva asamblea este martes a las 19hs en la Mutual Sentimiento.


 


Campaña Nacional contra las violencias hacia las mujeres


Agrupación Las Rojas


Agrupación de mujeres Pan y Rosas


Poder Popular Corriente de Izquierda


Isadora, mujeres en lucha


Juntas y a la Izquierda


La Red Feminista Cannabica


Plenario de Trabajadoras


Polo Obrero


MTL – Rebelde


Movimiento Teresa Vive

Del Plá: “Fernández confirmó que la política nacional está subordinada a la deuda, el FMI y los bonistas”

La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad se refirió al discurso de Alberto Fernández.

01/03/2020


Del Plá dijo: “Fernández reivindicó toda la política que viene llevando adelante de subordinar el destino del país a los dictados del capital financiero internacional. Fue ilustrativo que hablara del Presupuesto 2021 sin mencionar qué pasa con el Presupuesto 2020, cuyo tratamiento sigue postergado en función de privilegiar el pago de la deuda. Criticó el endeudamiento ´al servicio de los especuladores´ pero ratificó que va a pagar la deuda usuraria y fraudulenta. Los ´acuerdos nacionales´ son el eufemismo de un pacto con la oposición macrista en favor de una política delineada por el FMI.”


“La creación de un Consejo Económico y Social, mientras quieren imponer paritarias a la baja y no se crea trabajo genuino, es una nueva ofensiva de estatización de las organizaciones sociales para hacer pasar el robo a los jubilados y el tope ruinoso a las paritarias como pasa con los docentes, que van mañana al paro en 10 provincias. Si se escucha con atención, Fernández ratificó que van por los regímenes especiales de jubilaciones de los trabajadores”


“Sobre el aborto, no aislamos el especial agradecimiento al Papa de la presentación de un proyecto propio que aún el movimiento de mujeres no conoce, cuando ya está presentado el proyecto que defiende el movimiento de mujeres que es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El aborto debe ser legal, seguro, gratuito y sin restricciones. Por eso es necesaria la separación de la Iglesia del Estado. Lo mismo vale para la ESI: sin separación de la Iglesia del Estado no hay educación sexual científica. Por eso planteamos que debemos seguir movilizadas y en las calles y organizar una masiva movilización, con pañuelazo el próximo 8 y un paro y movilización hacia la Plaza de Mayo el 9 de marzo.”


 

Solano: «El diálogo de Larreta con el gobierno nacional lleva a un ajustazo en la Ciudad»

Tras la apertura de sesiones de la Legislatura porteña, el diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda Gabriel Solano se refirió al discurso de Horacio Rodríguez Larreta

01/03/2020


“El diálogo que Larreta reivindicó con el gobierno nacional está llevando a un ajustazo en la Ciudad. El recorte de la coparticipación federal que Alberto Fernández va a disponer buscará ser compensado por un nuevo impuestazo, que pagarán quienes viven y trabajan en la Ciudad. El gobierno de Larreta ya envió a la Legislatura un proyecto para aumentar el impuesto de Ingresos Brutos, que será trasladado directamente a los precios, agravando la inflación y la desvalorización del salario. Así, en forma conjunta Alberto Fernández y Larreta quieren que los trabajadores terminen poniendo los recursos para pagar la deuda”.


“Este ajustazo ya está en marcha y desmiente el cuadro idílico presentado por Larreta. Habló de la educación pero ocultó que mañana hay paro docente convocado por Ademys porque el aumento otorgado es de solo 12%; habló de la construcción de escuelas pero no se refirió al faltante de más de 20.000 vacantes, especialmente en el ciclo inicial; habló de la villa 31 de Retiro cuando en ella no hay agua desde hace varios meses; reivindicó su política de salud pública cuando en el día de mañana las enfermeras y enfermeros y los profesionales residentes realizaran un paro y movilización para reclamar por sus condiciones de trabajo y de salario. No hizo mención al dengue, que afecta con mayor fuerza a las villas donde viven más de 300.000 personas; concluyó hablando de la juventud, sin nunca mencionar a la aplicación de la ESI, ni al reclamo del aborto legal, siendo que la Ciudad no tiene aún aprobado un protocolo de adhesión al ILE, ya que el gobierno del PRO vetó en el pasado una ley aprobada por la Legislatura; sobre el subte no hizo ninguna referencia a la contaminación de los trabajadores con asbesto y a qué pasará con la concesión que ya está vencida y sigue a cargo de la empresa Metrovías, corresponsable junto con el gobierno de un servicio defectuoso e inseguro”.


Gabriel Solano: 1556901514