Gabriel Solano envío una carta Fernán Quirós pidiendo el reconocimiento de los enfermeros y enfermeras en la Ley 6.035

29/09/2020

El legislador del Frente de Izquierda Unidad solicitó mediante una carta al Ministro de Salud de CABA que se termine con la discriminación a los enfermeros y enfermeras y se reconozca a los mismos en la Carrera Profesional de trabajadores de la salud, que implicaría un incremento salarial de aproximadamente un 30%, una jornada laboral más reducida compatible con el trabajo que se realiza y otro tipo de derechos laborales de importancia. Hoy, los enfermeros y enfermeras son considerados trabajadores administrativos, aunque realicen tareas de profesionales de la salud para las cuales estudian y desarrollan diariamente.


 


En su carta, Solano cuestionó los argumentos vertidos por el Ministro de Salud para no reconocer a los enfermeros dentro de la ley 6.035 que establece la Carrera Profesional de Salud en la reunión que mantuvo tras la movilización de la semana pasada: “La afirmación de que el pase a la Carrera Profesional implicaría una división del colectivo de enfermería porque pasarían solo los licenciados y no los profesionales y auxiliares es un intento llamativo de nivelar para bajo.” Y propone “una solución exactamente opuesta: que pasen a la Carrera Profesional todas las enfermeras y enfermeros y que aquellos que no tienen título de licenciados puedan formarse durante el propio horario de trabajo. La propia ley 6.035 establece 6 horas semanales de formación profesional.” O, inclusive, sostiene Solano “[El Gobierno de la Ciudad] debería actuar consecuentemente y enviar una ley para que los licenciados sí pasen a la carrera profesional.”  


 


“En la actualidad existen varios proyectos presentados en la Legislatura para tratar el pase a la Carrera Profesional que nunca han sido colocados siquiera a debate, porque el bloque del oficialismo impide que eso ocurra. Ustedes mismos reconocen que faltan enfermeras y enfermeros y que estamos en la actualidad muy lejos de los estándares internacionales de cantidad de enfermeros por médico. ¿Pero no es claro, acaso, que el maltrato de su gobierno, que se expresa en las pésimas condiciones laborales no es un incentivo para que la juventud decida estudiar la carrera de enfermería?”, plantea Solano.


 


“Las verdades razones es que no quieren disponer de partidas presupuestarias para esto; no quieren aumentar los salarios que paga su gobierno, que rondan los $ 38.000 mensuales y $ 133 las horas extras; ni tampoco mejorar las condiciones laborales de enfermería, porque eso implicará necesariamente que esos beneficios deberán replicarse también al sector privado. ¿Será acaso que los empresarios de la salud presionan contra impedir el pase a la Carrera Profesional para seguir beneficiándose con el pluri-empleo que agobia a los trabajadores, que deben tener dos o tres trabajos para reunir lo necesario para vivir?”


 


“La muerte de 5 trabajadores de enfermería por covid-19 en la Ciudad y los centenares de contagiados dan una dimensión del verdadero compromiso que ellos tienen con su profesión, con los pacientes y la salud pública. Ese compromiso debe ser correspondido. Usted y su gobierno tienen la responsabilidad de atender favorablemente esta justa y necesaria demanda.”, concluye el legislador.


 


 


Carta al Ministro de Salud Fernán Quirós


Enfermería debe pasar a la Carrera Profesional


   El pasado 21 de setiembre, en el Día de la Sanidad, enfermeras y enfermeros se movilizaron a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para entregar un petitorio que tenía por reclamo central el Pase a la Carrera Profesional de la Salud (Ley 6.035). Lamentablemente la única respuesta recibida fue una brutal represión ejecutada por las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de ello, tres enfermeras terminaron ensangrentadas y debieron recibir asistencia médica. Los héroes de la pandemia, aplaudidos por la población, eran golpeados por el gobierno.


   El reclamo realizado por el colectivo de enfermería está lejos de ser nuevo. Cuando la Legislatura modificó en el 2018 la ley 6.035  más de 15.000 enfermeras y enfermeros salieron a la calle rechazando la discriminación que sufrieron al ser nuevamente excluidos de la Carrera Profesional. Esa movilización histórica mostró que la bandera “enfermería es profesional” tiene el apoyo unánime de los trabajadores del sector. La razón de ello es fácil de entender: el ingreso a la Carrera Profesional implica un incremento salarial de aproximadamente un 30%, una jornada laboral más reducida compatible con el trabajo que se realiza, y otro tipo de derechos laborales de importancia. Pero no es solo eso. También implica terminar de una vez por todas  con una discriminación que lleva décadas sobre trabajadores que se esfuerzan en capacitarse para brindar una atención de calidad a sus pacientes.


   Usted como Ministro debiera haber repudiado esa represión y defender al colectivo de enfermería que se juega la vida para enfrentar la pandemia. Sin embargo ha hecho lo contrario. Tenemos conocimiento que en una reunión que usted realizó la semana pasada con directores de los hospitales de la Ciudad, afirmó que bajo su gestión no hay ninguna posibilidad de que enfermería pase a la carrera profesional. Los argumentos que usó para justificar esa decisión fueron muy inconsistentes. La afirmación de que el Pase a la Carrera Profesional implicaría una división del colectivo, porque pasarían solo los licenciados y no los profesionales y auxiliares no puede tomarse en serio. Estamos ante un intento llamativo de nivelar para abajo, de parte de un gobierno que se la pasa hablando del mérito.


   Llamativamente, es el mismo argumento que suele usar la dirección del sindicato SUTECBA, con quien su gobierno arregla paritarias ruinosas para los trabajadores y, que pretende, en el caso de enfermería, tenerlos como rehenes para usufructuar su cuota sindical, su aporte a la obra social y la distribución de los nefastos “módulos”, a cambio de traicionar los intereses de sus afiliados.


   De nuestra parte buscamos una solución exactamente opuesta: el proyecto que presenté en la Legislatura  establece que pasen todas las enfermeras y enfermeros a la Carrera Profesional, y que aquellos que aún no tienen el título de licenciados puedan formarse durante el propio horario de trabajo. De hecho, la propia ley 6.035 establece una jornada laboral de 30 horas semanales, de las cuales 6 tienen por función específica la formación profesional. Existe además el concepto de “mérito equivalente”, muy utilizado en la Universidad, que refiere a que el propio ejercicio de la profesión supone el conocimiento de la materia en cuestión, más allá de la acreditación formal del mismo. ¿O acaso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entiende que las enfermeras y enfermeros que atienden en el sistema público no tienen la capacitación necesaria para ello?


  Ministro, quiero decirle que este mismo tema lo debatí personalmente con el Jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en noviembre del año pasado. Ante un argumento similar al suyo le planteé que si su posición es que solo son profesionales de salud los licenciados, entonces debiera actuar consecuentemente y enviar una ley para que ellos pasen a la carrera profesional. Le señalé que yo votaría a favor de una ley así, sin que eso implique dejar de luchar para que el resto pase. ¡Un paso adelante del movimiento sería visto como un triunfo de todos y todas! Pero ante esto me respondió que no podía enviar una ley de ese tipo, porque se crearían demandas judiciales, ya que como todas las enfermeras y enfermeros realizan tareas similares habría una discriminación de origen, ya que implicaría una violación del principio de a igual trabajo igual salario. ¿Entonces en qué quedamos? Se cita la diferencia de titulación para impedir que pasen todos, y a la vez si invoca el trabajo en común que realiza el colectivo de enfermería para concluir en que no pase nadie.


   En la actualidad existen varios proyectos presentados en la Legislatura para tratar el pase a la Carrera Profesional. El mío es uno de ellos, pero también otros diputados y diputadas han hecho presentaciones. Sin embargo nunca han sido colocados siquiera a debate, porque el bloque del oficialismo impide que eso ocurra. Se llega al atropello que las enfermeras y enfermeros han enviado cartas solicitando una reunión especial, pero en lo que constituye una falta de respeto no se les responde. ¿Merecen tanto desprecio de su parte quienes por salarios tan bajos se juegan todos los días su propia vida en atender a la población? Uds. mismos reconocen que faltan enfermeras y enfermeros, y que estamos en la actualidad muy lejos de los estándares internacionales de cantidad de enfermeros por médico. ¿Pero no es claro, acaso, que el maltrato de su gobierno, que se expresa en las pésimas condiciones laborales no es un incentivo para que la juventud decida estudiar la carrera de enfermería?


   Queda claro que no hay argumentos consistentes para continuar con esta discriminación que implica que el colectivo de enfermería esté fuera de la carrera profesional. Las verdades razones usted no las quiere revelar: no quieren disponer de partidas presupuestarias para ello; no quieren aumentar los salarios que paga su gobierno, que rondan los $ 38.000 mensuales y $ 133 las horas extras; ni tampoco mejorar las condiciones laborales de enfermería, porque eso implicará necesariamente que esos beneficios deberán replicarse también al sector privado. ¿Será acaso que los empresarios de la salud presionan contra impedir el pase a la Carrera Profesional para seguir beneficiándose con el pluri-empleo que agobia a los trabajadores, que deben tener dos o tres trabajos para reunir lo necesario para vivir?


Ministro, el próximo 1 de octubre enfermería volverá a salir a la calle reclamando su pase a la carrera profesional. Serán los mismos trabajadores que están jugándose la vida enfrentando la pandemia. La muerte de 5 trabajadores de enfermería por covid-19 en la Ciudad y los centenares de contagiados dan una dimensión del verdadero compromiso que ellos tienen con su profesión, con los pacientes y la salud pública. Ese compromiso debe ser correspondido. Usted y su gobierno tienen la responsabilidad de atender favorablemente esta justa y necesaria demanda.


28-09-2020        


Gabriel Solano, legislador del PO-Frente de Izquierda


 

Respuesta a las declaraciones radiales de Andrés Larroque contra las organizaciones sociales

Eduardo Belliboni dirigente del Polo Obrero y Néstor Pitrola del Partido Obrero respondieron a las declaraciones en Radio Metro del ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires Andrés Larroque

28/09/2020

Belliboni: “Las declaraciones del ministro Larroque contra las organizaciones sociales buscan desacreditar a las 2.500 familias que viven en Guernica. Son para encubrir la falta de respuestas y la impotencia política de su ministerio que prepara un desalojo violento con la policía de Berni y la Intendenta, claramente alineada en los negocios inmobiliarios de quienes no han podido presentar títulos válidos sobre esas tierras. El Partido Obrero apoya a las familias sin techo y ha propuesto la formación de un banco de tierras a cargo del Estado incluyendo tierras fiscales y privadas ociosas.”


 


“Luego de que su ministerio no diera otra respuesta que el desalojo durante semanas a la situación de las familias de Guernica -que las familias de Guernica lograron posponer con movilizaciones y reclamos- esta semana, dos días consecutivos, el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de la Mujer de Provincia de Buenos Aires organizaron una presencia masiva de funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la ocupación de Guernica con alimentos y productos de higiene. Pero lo hicieron extorsión mediante: los entregarían a cambio de que se les permitiera tomar contacto directo con los habitantes de la ocupación pasando por encima de la mesa de negociación constituida entre el Gobierno, el Juez y los delegados de la toma. Esto con el objetivo de canjear ayuda asistencial por desalojo. Quieren desmembrar la forma en que se está llevando adelante el tema e ir vaciando la ocupación para proceder a un desalojo violento. Utilizan este método para ir con los productos a las familias a ofrecerles sumas económicas completamente insuficientes o propuestas irrisorias para que se vayan de la ocupación sin una solución para su situación habitacional. Por eso fueron repudiados y expulsados por las familias de Guernica del lugar.”


 


“Acusar a las organizaciones sociales que luchamos por asistencia todos los días y a los ojos de toda la población de `impedir dar asistencia violentamente` es una infamia. Somos nosotros quienes llamamos a Andrés Larroque a `la racionalidad` y que su gobierno de una solución a la crisis de vivienda que sufren estos miles de trabajadores.”


 


Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, acompañó estas declaraciones y agregó, desde la ocupación de Guernica, que “Larroque debería estar dando explicaciones acerca de la herida de bala a un joven de la ocupación de Guernica por parte de la policía Bonaerense. El Partido Obrero seguirá apoyando a las familias que pelean por vivienda en Guernica y en todo el país y luchando por una salida a la enorme crisis que no la paguen los trabajadores con miseria social, sin vivienda, trabajo ni salario mientras el gobierno de Larroque le entrega los recursos del país a los usureros y acreedores internacionales.” 


 


Belliboni: 1156901599


Pitrola: 1153242356

Un error involuntario en la edición del video de Mariano Ferreyra presentado en el congreso de la UJS

26/09/2020


En foto, Juan Carlos "Gallego" Fernandez, condenado por el crimen de Mariano Ferreyra.


El video presentado por la UJS en homenaje a Mariano Ferreyra en el congreso realizado el 25/9 contiene un error. En el minuto 4’ 22’’, la imagen muestra al actual diputado nacional Hector Fernandez, apodado “gallego” como si se tratara de Juan Carlos “Gallego” Fernandez, dirigente de la Unión Ferroviaria, quien fuera juzgado y condenado por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010.


Advertidos del error, ocurrido en la edición del video, informamos que hemos retirado de circulación dicho material de todas nuestras plataformas y nos hemos comunicado con Hector Fernandez para desagraviarlo, acto que ahora hacemos público.


Partido Obrero – 26/9/2020


 

Del Plá: «Una vez más, utilizan los recursos de los jubilados para sostener subsidios a los capitalistas y el pago de la deuda»

24/09/2020


Del Plá afirmó: “El Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene su origen en aquellas acciones y bonos que eran parte de las AFJP y parte de todo un proceso de privatización de las jubilaciones. Poco se habla de qué ocurrió con las personas que tuvieron la desgracia de jubilarse o pensionarse cuando todavía regía ese sistema: cobran ingresos de algunos cientos o miles de pesos. Reclamamos que se trate nuestro proyecto para equiparar las Rentas Vitalicias con el sistema jubilatorio general”.


“Primero dicen que van a blindar los recursos para, renglón seguido, decir que con el FGS se van a garantizar una cantidad de inversiones y subsidios a distintos sectores patronales. Y renglón seguido, que se va a refinanciar en cómodas cuotas la deuda de las provincias. A costa de los jubilados, de ninguna manera. Es una situación verdaderamente grave la que están viviendo los jubilados, por eso ayer hubo una jornada nacional de lucha en defensa de las jubilaciones”.


“Todas las cuentas oficiales dan cuenta de una reducción del gasto público en los últimos meses. Esa reducción viene de la suspensión de la movilidad jubilatoria, donde se sacó a los jubilados que cobraban un poquito más, pero que tampoco llegaban a la canasta, para darle unas cifras misérimas a los que están en el último escalón”.


“Una vez más, utilizan los recursos de los jubilados para sostener distintos subsidios a los capitalistas, para garantizar el pago de la deuda, mientras se hace una presión brutal para liquidar gran parte de los derechos de los jubilados de las cajas provinciales. La jubilación no es un subsidio ni una dádiva: es un derecho de los trabajadores a percibir un salario diferido al momento de retirarse de la actividad laboral”.


“La única defensa real no sólo del FGS sino del conjunto del régimen jubilatorio es la reposición de los aportes patronales y el establecimiento del 82% móvil. Planteamos: 1) Ninguna armonización de las cajas. 2) Que los gobiernos que sacaron la plata de las cajas la devuelvan íntegramente. 3) Que se restituyan los aportes patronales a los niveles previos a la privatización de Menem y Cavallo. 4) Que se blanquee al conjunto de la fuerza laboral. Para todo esto, hay que darle la administración de la Anses y de las cajas a sus beneficiarios, trabajadores activos y jubilados”.


Romina Del Plá: 1140429791

Gabriel Solano: “Rechazamos la habilitación del juego on line en la Ciudad”

En la sesión de la Legislatura porteña donde se trataron 3 proyectos relacionados con la habilitación del juego on line, el diputado Gabriel Solano (PO-FIT) dijo:

24/09/2020

“Rechazamos los 3 proyectos porque se trata de un paquete de leyes para habilitar el juego on line en la Ciudad. Larreta busca incrementar la recaudación con un negocio que permite el lavado de dinero del narcotráfico y otros negocios ilegales".


 


"Los “defensores de la república” hoy levantan la mano cuando las mafias que operan el juego han llegado a un acuerdo para repartírselo. Pero no solo ellos. Los que el año pasado votaron en contra hoy cambian su votación porque sus empresarios del juego amigos han llegado a un acuerdo con Larreta para ingresar en el negocio. Es el caso del Achával, dueño del Hipódromo de Palermo e intendente de Pilar por el Frente de Todos, que bajo la pandemia cobró notoriedad por tener esclavizados a sus empleados”.


 


“En este paquete, la inclusión de una ley de ludopatía es una impostura cuando se está habilitando un negocio que hará crecer esta adicción exponencialmente, como está pasando en otras partes del mundo” continuó.


 


“Estamos en presencia de una Legislatura loteada por los empresarios del juego. En medio de una pandemia, la Legislatura que rechaza tratar las reivindicaciones de los trabajadores, la que le manda la infantería a las enfermeras, es la misma que en un trámite express vota esta ley para los empresarios del juego, que tendrá un enorme impacto social, en un cuadro de aumento de la pobreza y la desesperación para millones de trabajadores” finalizó Solano.

[28S] Día internacional por el derecho al aborto: movilización a Congreso

Este lunes, se realizará una movilización al Congreso nacional en el Día internacional por el derecho al aborto, en reclamo del tratamiento urgente del aborto legal en Argentina.

24/09/2020


Romina Del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda, dijo: “El tema del aborto no está fuera de agenda parlamentaria por la pandemia sino por decisión del Gobierno nacional, fue deliberadamente archivado. Si el proyecto oficialista está listo, ¿por qué no lo hacen público?  No hay otra respuesta posible que el hecho de que se trate de una degradación del que obtuvo media sanción en 2018, de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y que tiene estado parlamentario. Si el tema no se trata es porque genera un problema al gobierno con las Iglesias, a quienes quiere de aliadas en la contención social de la población en momentos en que la crisis económica golpea profundamente. Privilegia esta alianza a los derechos de las mujeres. Por eso, como hemos hecho siempre y lo que nos ha permitido avanzar: las mujeres tenemos que tomar en nuestras manos el tema. El lunes iremos de manera presencial al Congreso nacional a reclamar el tratamiento y aprobación del aborto legal, seguro y gratuito.”


Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras, dijo: “Es falso que la legalización del aborto insumiría recursos que hoy se destinan al combate a la pandemia. Por el contrario, es el aborto clandestino lo que lleva a que se destinen numerosas camas de terapia intensiva en la atención de mujeres con riesgo de graves secuelas y hasta de perder la vida, en un país donde se realizan más de 400.000 abortos por año. Se dilapidan más recursos en sostener a las iglesias. Son argucias para justificar que no tienen voluntad de avanzar con la legalización del aborto. Si entregamos el tema hasta que consideren que tienen condiciones, seguiremos retrocediendo. El aborto legal lo arrancamos con la lucha de la marea verde. El lunes, vayamos masivamente al Congreso.”


 

Biaggio: “El gobierno de Alberto Fernández usó la plata de los jubilados para sostener las finanzas de los empresarios y ahora viene por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”

Jornada nacional en defensa de los jubilados

23/09/2020


La dirigente de la agrupación Plenario de Jubilados, Nora Biaggio, desde la jornada desarrollada el día de hoy, con movilizaciones en todo el país, dijo: “Hoy hicimos caravanas, autos, radios abiertas, afichadas en todo el país porque el tema jubilatorio es un tema central en todo el país. El gobierno de Alberto Fernández ha usado el dinero jubilatorio para sostener las finanzas de los empresarios pagando los ATP y ahora viene por el Fondo de Garantia de Sustentabilidad.”


“Fernández actúa por cuenta y orden del FMI, que le reclama un superávit fiscal y que tiene una pata en terminar con los derechos jubilatorios. Así ha pasado en Francia, Chile, Nicaragua, donde ha habido rebeliones en defensa de los derechos de los jubilados. En Argentina estamos armando un movimiento autoconvocado. Reclamamos una mínima de $45.000 y el 82% móvil. Y que las cajas estén en manos de trabajadores y jubilados para que no se usen esos recursos para pagar la deuda externa. Y le reclamamos a las centrales sindicales que reclamen paritarias y que las jubilaciones no se tocan, que el gobierno devuelva la movilidad.”


Ver video


 

[Jubilados] Miércoles, 12h, concentración en Congreso y en todo el país

Este miércoles 23 de septiembre se realizará una Jornada Nacional Autoconovocada de Organizaciones de Jubilados.

22/09/2020


Nora Biaggio, dirigente de Plenario de Jubilados, dijo: “El gobierno de Alberto Fernández suspendió la movilidad apenas asumió en el cargo. La pérdida de casi 20% en los haberes desde marzo 2020 se suma a la pérdida del 20% que sufrimos durante el gobierno de Macri. Se usan los fondos de la Anses para financiar a empresas que ni siquiera mostraron sus cuentas. Las patronales quedaron eximidas de pagar los aportes. Los que pierden son los jubilados: la enorme mayoría cobramos la mínima (entre $16.000 y $18.000), que está en un piso histórico.”


 


“No se trata de una situación excepcional sino que es una estrategia política de fondo: ahora, en la Bicameral del Congreso nacional están discutiendo avanzar en todas las cajas previsionales provinciales. Los gobiernos incluyen los fondos jubilatorios en los presupuestos y disponen de ellos para sus negociados y para el pago de las deudas con los acreedores internacionales.”




“El superávit que presentan Guzmán y Fernandez a los acreedores y el FMI destinado al pago de la deuda tiene como base el saqueo a las jubilaciones. El plan es ir a una jubilación única de carácter asistencial, un subsidio a la vejez, en lugar de un salario diferido por el que hemos aportado toda nuestra vida laboral activa. En respuesta a este ataque de fondo a las jubilaciones y pensiones salimos el 23 a la calle por la restitución inmediata de la movilidad, el pago de lo perdido en estos años, el 82% móvil sobre el mejor sueldo, $30.000 de emergencia, jubilación mínima equivalente a la Canasta Básica Jubilatoria, hoy en $45.500, entre otros reclamos.”


 


Nora Biaggio: 11 31651321


 


 

[Impuesto a los ricos] Del Plá: “El impuesto K es una limosna compulsiva de los vaciadores del país”

La diputada del Partido Obrero en el FIT-U, Romina Del Plá, volvió a participar de la comisión de Presupuesto, donde se debatió el proyecto del Gobierno, y reclamó que se trate el del FIT

21/09/2020


“En medio de una agudización de la bancarrota nacional, con todos los indicadores de la economía en caída libre y la política oficialista de seguir al pie de la letra la ruta de ajuste contra el pueblo del FMI, el Gobierno usa este proyecto para distraer y encubrir a los saqueadores del país”.


“Quieren disimular lo indisimulable, cuando estamos en la senda de una brutal devaluación como producto de una política que tiene como piedra basal no alterar la digestión de los grupos capitalistas. Este proyecto no altera, ni por asomo, esa orientación”.


“No sólo el universo de quiénes estarán alcanzados es reducido, y lo recaudado muy limitado, sino que el destino que se le dará a esos fondos no responde a las necesidades que enfrentamos: apenas un 20% para el sistema sanitario, luego la misma proporción para reforzar el festival de subsidios a las patronales y ¡un 25% para el negocio de la explotación gasífera! ¿Qué tiene que ver esto con las necesidades populares en el combate a la pandemia?”.


“Este impuesto se inscribe, asimismo, en un esquema impositivo regresivo contra los trabajadores, que somos los que con impuestos como el IVA seguimos financiando al Estado. No es cierto, como dicen algunos editorialistas, que los trabajadores y jubilados viven del Estado, ¡es al revés! Con este impuesto trucho del Gobierno le cobran limosnas a los ricos, mientras quienes viven de su trabajo sostienen la estructura impositiva de este país”.


“Reclamamos, por el contrario, que se trate el proyecto del FIT, que fue irregularmente excluido del tratamiento, y que establece un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y a las altas rentas, que recaudaría entre 15 y 20 mil millones de dólares para defender realmente a la mayoría de la población afectada por el colapso sanitario, las suspensiones, rebajas salariales y despidos masivos. Dispone impuestos a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas, y la creación de un fondo especial de emergencia destinado a financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social para mitigar las consecuencias de la pandemia, bajo control de un comité de monitoreo y seguimiento”.


Romina Del Plá: 1140429791

Solano repudió la represión a los trabajadores de la salud en la Legislatura

El día de hoy, el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano participó de la movilización por el Día de la Sanidad y se reunió con los profesionales de la salud que marcharon a la Legislatura para reclamar su pase a la carrera profesional, proyecto de ley del cual es autor.

21/09/2020


El legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, explicó” Hoy, enfermeros y enfermeras se movilizaron porque en el sistema hospitalario ocupan un cargo de tipo administrativo cuando se trata de profesionales que han estudiado y se han formado para ejercer su profesión. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les reconoce este derecho y les niega el pase, lo que implica un salario menor al que les corresponde. En consecuencia, enfermeras y enfermeros deben trabajar en dos o más turnos y horas extra para poder alcanzar ingresos suficientes para poder vivir, lo que repercute en su salud y en la atención. Como respuesta, Larreta dispuso un operativo policial que reprimió con palos y gases la movilización. Así trata el gobierno a quienes están en la primera fila de la atención de los casos de Covid, en momentos en que el sistema sanitario muestra más que nunca la necesidad de los profesionales de la salud para la atención de la población. Repudiamos la represión y reclamamos el pase a carrera profesional de los enfermeros y enfermeras, por el cual hemos presentado hace tiempo un proyecto de ley.”


Gabriel Solano: 1556901514


 

El sindicalismo combativo rechazó en Plaza de Mayo el pacto UIA-CGT-Gobierno

Con caravana y movilizaciones previas de trabajadores ocupados y desocupados, sindicatos y agrupaciones sindicales antiburocráticas y clasistas se movilizaron desde Obelisco a Plaza de Mayo. Estuvieron presentes Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA, Ileana Celotto, Secretaria General de AGD-UBA, Eduardo Belliboni del Polo Obrero, Néstor Pitrola y Gabriel Solano del Partido Obrero

17/09/2020


Crespo afirmó: "Venimos a esta Plaza desde nuestra lucha por los protocolos obreros que arrancamos con el paro general y los cuerpos de delegados de nuestras plantas, desde la paritaria para no perder poder adquisitivo arrancada con la movilización y los piquetes de los obreros del neumático. Y estamos convencidos de que acá, junto al Sindicalismo Combativo, está el camino para poner en pie al movimiento obrero contra el pacto de la CGT, la UIA y el Gobierno, que frena las luchas contra las reformas laboral y previsional, que son la agenda de las patronales y el FMI".


Celotto afirmó: “Esta jornada unió reclamos y luchas de trabajadores ocupados y desocupados de todo el país: por salario, tierra y vivienda, contra despidos y cierres, por protocolos obreros, en defensa de nuestra salud, los convenios colectivos y el 82% móvil. Pero también levantó un programa para que la crisis no la paguemos los trabajadores: no pagar la deuda y usar los recursos para las necesidades populares y, frente a un dólar disparado que traerá más inflación y hambre, nacionalizar el comercio exterior”.


“Vinimos a Plaza de Mayo a rechazar la agenda de reforma laboral y previsional, que es del oficialismo y la oposición, porque en el ajuste no hay brecha. Ese es el papel que juega el pacto UIA-CGT-Gobierno”. 



“Para aplicar el ajuste cuentan con el conjunto de las fuerzas represivas, contra las tomas, con el gatillo fácil en las barriadas y la represión a todas las luchas". 



“A diferencia de las centrales sindicales burocráticas que pactaron el ajuste con el Gobierno, el Sindicalismo Combativo pelea por poner en pie a la clase obrera para que traccione el conjunto de las demandas populares”.


Alejandro Crespo: 1162005089


Ileana Celotto: 1169053408

Lunes, 11.30h: trabajadoras de casas particulares se movilizan al Ministerio de Trabajo

Ante la falta de respuestas al petitorio presentado el 2 de septiembre, trabajadoras de casas particulares se volverán a movilizar al Ministerio de Trabajo sede Av. Callao 114. Convoca Trabajadoras de casas particulares en lucha.

13/09/2020

 


María del Carmen Díaz, vocera de la agrupación Trabajadoras de casas particulares en lucha, dijo: “Las trabajadoras de casas particulares siempre nos vemos obligadas a trabajar de manera informal y casi sin derechos laborales, según la voluntad y deseo de quienes nos emplean. La ley no se cumple ni se hace cumplir. Por esa situación, con la cuarentena nos vimos especialmente afectadas. Muchas compañeras fueron despedidas sin ninguna indemnización, fuimos obligadas a ir trabajar sin medidas de protección, se nos recortó el salario, se consideró del IFE como parte del pago y sufrimos muchos casos de discriminación. Para las pocas que trabajan en blanco hubo solo una recomposición de dos cuotas de 5%. A este trabajo le suma además la total precariedad de las mujeres migrantes. Lo que nos pone en situaciones de superexplotación. Ahora, se habilita la tarea en diferentes lugares del país sin protocolos para nuestra protección. Todo esto es lo que le presentamos al Ministerio de Trabajo y para lo que venimos a buscar respuestas.”


 


Amanda Martin, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista y legisladora electa, agregó: “El reclamo que presentamos hace dos semanas es por el reconocimiento de todas las trabajadoras de casas particulares, aumento salarial de emergencia del 100%, efectiva prohibición de despidos, la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas, un seguro de $30.000 para todas las desocupadas y la atención en salud integral para todas las trabajadoras y sus familias. Y medidas que terminen con el abuso y maltrato laboral. En el Congreso nacional hay un proyecto de ley presentado por la diputada nacional Romina Del Plá que prevé estas necesidades. De hecho, el convenio de 2013 no garantiza sus derechos laborales. Por eso, exigimos también la puesta en pie de un convenio colectivo de trabajo que otorgue plenos derechos y erradique la discriminación legal. El Ministerio de Mujeres debería tomar los reclamos de este gremio donde la enorme mayoría son mujeres y de los más precarizados.”


María del Carmen Díaz: 11 66762056


Amanda Martín: 11 36275355

Gabriel Solano: «Alberto Fernández y Axel Kicillof arrugaron frente a la maldita bonaerense»

El legislador del Frente de Izquierda Unidad, Gabriel Solano, intervino esta tarde en la sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde se debatió el tema del motín policial de la Bonaerense sucedido ayer y anteayer.

10/09/2020


“¿Qué sentido tiene pedir un repudio al motín policial si el presidente Alberto Fernández ayer y el gobernador Axel Kicillof esta mañana les entregaron todos los reclamos?”, dijo Gabriel Solano, ante el pedido presentado por los diputados del Frente de Todos. “Es más, los que llevaron patrulleros y armas reglamentarias a la puerta de la Quinta de Olivos no fueron ni sancionados. Fernández y Kicillof le entregaron a la policía lo que no le dan a los docentes ni a los trabajadores de la salud, un 40% de aumento. Es un acto de capitulación, cuando la Policía bonaerense es acusada de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. El reclamo salarial siempre viene acompañado de un reclamo de impunidad.”


Y agregó: “Cuando un trabajador reclama por salario lo reprimen, como sucedió con los trabajadores portuarios que están encarcelados por este reclamo, y cuando la policía hace un motín los premian. ¿Por qué? Porque necesitan a la policía para reprimir a los trabajadores. ¿Van a estrenar el equipamiento desalojando la ocupación de tierras de Guernica? Se ha puesto de manifiesto un gobierno que necesita a las fuerzas de seguridad para gobernar. Necesitan de la Bonaerense para aplicar un plan de ajuste.”


A su vez, se refirió al decreto presentado por Alberto Fernández que toma el 1% del presupuesto de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires: “La quita de presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires la vamos a pagar los trabajadores, porque Larreta nos va a poner un ajuste. No vamos a comprar que Larreta se presente como el defensor de la Ciudad de Buenos Aires porque los recursos de la Ciudad no van a los trabajadores: el gobierno de la ciudad mantiene el congelamiento salarial, la precariedad y ausencia de condiciones laborales de los docentes y trabajadores de la salud. "Los opulentos" no somos los trabajadores de la Ciudad, son los BlackRock. Pero a los bonistas les reconocen la deuda.”



Gabriel Solano: 1556901514


 

Biaggio: “La ley y reformas jubilatorias que prepara el gobierno consolidarán jubilaciones paupérrimas”

Organizaciones de Jubilados de todo el país rechazan la reforma jubilatoria que se está debatiendo en la Bicameral Previsional del Congreso y la propuesta de ley de movilidad enviada por el gobierno de Alberto Fernández

03/09/2020

Viernes, 15h, Audiencia Pública en el Congreso. Convoca la diputada Romina Del Plá del Frente de Izquierda Unidad. Participarán Eugenio Semino, defensor de la tercera edad; Andrea Falcone, abogada previsionalista; Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero; Nora Biaggio del Plenario de Trabajadores Jubilados; Marcos Wolman de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Hablarán representantes de organizaciones de jubilados de Córdoba, Entre Ríos, de Chubut, Chaco, Santa Fe y Misiones.


 


Nora Biaggio, dirigente del Plenario de Jubilados, dijo “Hoy, con la suspensión de la movilidad, el 80% de los jubilados cobran la mínima, $18.120, cuando la Canasta básica Jubilatoria está en $46.000. Mientras, los fondos del Anses y de las cajas jubilatorias provinciales se utilizan para subsidiar a los empresarios y pagar la deuda externa. La ley y reformas que prepara el gobierno consolidarán jubilaciones paupérrimas. Delineada por el FMI, plantean una reforma jubilatoria que avance en las cajas provinciales, aumente los aportes de los trabajadores activos, realizar descuentos en los haberes de los pasivos y convertir las jubilaciones en un bono asistencial o un subsidio a la vejez, lejos del 82% móvil. Además, la nueva ley que habilitará el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses para negociados e inversiones estratégicas y a las reformas en los sistemas jubilatorios de las 13 cajas provinciales, que ya están concretándose, como sucede en Córdoba y Entre Ríos. Hacemos público nuestro rechazo y prepararemos acciones públicas en rechazo de esta ley en defensa de los jubilados.” 


 


Para el 23 de septiembre, a las 12h se prepara una jornada de protesta con movilizaciones y caravanas.


 


Para comunicarse


Nora Biaggio 11 31651321

Facundo Castro: jueves, 16h, movilización a Plaza de Mayo: ¡Fuera Berni!

Tras la confirmación de la autopsia de que el cuerpo encontrado en Villarino corresponde a Facundo Castro, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a movilizar de Congreso a Plaza de Mayo a las 16h en reclamo por Justicia por su desaparición forzada y muerte.

03/09/2020

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero-Frente de Izquierda, dijo: “Las pruebas señalan la responsabilidad de la policía Bonaerense en la desaparición de Facundo Castro el 30 de abril: el testimonio de los testigos, las pericias a los patrulleros, la aparición de objetos de Facundo en la subcomisaria de Origone y las incongruencias de los testimonios y versiones presentados por la policía y los testigos que introdujo la fuerza de seguridad en la causa. Sostener que no hay pruebas contra la policía es una infamia que solo busca la impunidad. Reclamamos que se vaya Berni porque su salida es fundamental para que se sepa que pasó con Facundo Castro y se termine con el encubrimiento y los responsables políticos y materiales paguen por este crimen.”


 


Néstor Pitrola dijo: “Las agresiones desde el Ministerio de Seguridad provincial a los abogados y familia de Facundo, con quienes nos solidarizamos, son intentos de defender a la policía. Mantener a Berni en su cargo es amparar este accionar.  Kicillof y el Gobierno nacional son responsables de su continuidad en el cargo desde donde encubre a la Bonaerense. Y sosteniéndolo se hacen particípes de la orientación que expresa Berni: mano dura y represión que se expresa en casos de violencia policial en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Es una línea que parte desde el poder político que no puede resolver de otro modo la crisis social, que no sea con reforzamiento del carácter represivo del Estado.”


 


Romina Del Plá dijo: “El proyecto de ley oficialista sobre violencia institucional presentado en el Congreso es una vía muerta para encarar el problema y opera como un rescate a toda la institución policial. Plantea que el problema de la represión policial, las desapariciones de personas, el gatillo fácil son casos aislados. No es así, se trata de una orientación política que se ampara desde el Estado. Para terminar con la violencia policial hay que desmantelar a la policía. Es el camino contrario a sostener que hay que desalojar las ocupaciones de tierras o reprimir la movilización popular. Con esa línea tendremos impunidad policial y más muertes en manos de las fuerzas de seguridad.”


 


Gabriel Solano: 1556901514


Néstor Pitrola: 1553242356


Romina Del Plá: 1540429791

Salta: Diputados oficialistas rechazan testeos a trabajadores de la salud

En el día de ayer, la cámara de diputados salteña rechazó el tratamiento de un proyecto que planteaba la realización de testeos masivos de Covid19 a todos los trabajadores de la salud. La votación terminó 38 a 21, imponiéndose el rechazo por parte de los diputados del bloque oficialista del gobernador Gustavo Sáenz. Esto, en momentos en que en la provincia los casos positivos no paran de crecer. El proyecto había sido presentado por el diputado provincial Claudio del Plá, del Partido Obrero y el rechazo generó un enorme repudio popular.

02/09/2020


Claudio Del Plá, diputado autor del proyecto, dijo: “Se trataba de un planteo elemental que fue rechazado por el oficialismo. Lo planteamos en un momento en que el sistema de salud salteño no puede atender a la creciente demanda de pacientes positivos de Covid19. Muchos trabajadores de la salud se encuentran aislados, lo que ha reducido el ya escaso plantel y los hospitales se encuentran a tope. Se ha advertido que hay un sub registro de casos positivos. La situación en Salta es muy grave.”


“Nuestro proyecto planteaba la realización de los testeos y su seguimiento, además del pase a planta de los trabajadores de la salud que trabajan en condiciones precarias. Es un planteo completamente viable y necesario para cuidar a quienes tienen en sus manos la atención de la pandemia.”


 


Claudio Del Plá: 3874 03-4534


 


 

Romina Del Plá ante la crisis política en Diputados: “No confrontan para sacar a millones del hundimiento nacional sino para disputar sus porciones de poder en el aparato judicial”

01/09/2020


Al término de una reunión de labor parlamentaria que tuvo sucesivos cuartos intermedios a lo largo de ocho horas, en las que se fue postergando la sesión prevista en Diputados, Romina Del Pla del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, declaró:


“La crisis política se metió de lleno en la Cámara de Diputados, poniéndola en una ruta de judicialización de su propio funcionamiento y por lo tanto en la virtual ilegitimidad de lo que se vote en ella. El bloque del gobierno de los Fernández y Massa puso a firma un acta prorrogando las sesiones mixtas. Esta prórroga es irregular, porque el funcionamiento fue votado por dos tercios de los diputados y debe extenderse de la misma manera. Es un golpe al parlamento por parte del poder político y la presidencia de la Cámara, que apunta a convalidar un funcionamiento que requiere una mayoría especial. Porque la votación inicial previó la prórroga mediante un ‘consenso de jefes de bloques’ que no hay.”


“Juntos por el Cambio primero amagó a realizar una acta alternativa y al final rechazó suscribir la del gobierno condicionando el funcionamiento a la presencialidad.  O sea otro golpe de mano, esta vez, contra la cuarentena cuando Argentina se mete en el “top ten” de los países con más contagios del mundo.”


 “Semejante cuadro, sin embargo, no ocurre por confrontaciones para sacar a millones de argentinos del hambre, la desocupación o del colapso sanitario en el que estamos entrando. En la agenda de los bonistas, del FMI y su rumbo de ajuste, de reforma antijubilatoria, antilaboral y de impuestazos contra el pueblo, no hay disidencias. La verdadera pelea es por el control de la Justicia por parte de dos fracciones del poder político y económico que han llevado a la Argentina a la catástrofe social y sanitaria actual, ambas responsables de las distintas formas de corrupción de Estado.”


Del Pla finalizó “Nosotros rechazamos la agenda oficial y no daremos un cheque en blanco y rechazamos de plano el golpe de mano de la oposición derechista anticuarentena que se sentó en el recinto violando todo protocolo y la salud de los trabajadores del Congreso y la de los demás legisladores. Por lo tanto rechazamos la firma del acta, pero participamos de la sesión que Juntos por El Cambio ha boicoteado hoy. Y seguiremos bregando por la agenda que jamás se discute: la de la defensa de los trabajadores y jubilados, la del interés nacional contra nuestra explotación semicolonial. La de los derechos de la mujer, de los sin tierra ni vivienda y de la juventud que tiene en Facundo Castro el símbolo de las víctimas de la barbarie del Estado.”


 

Romina Del Plá presenta proyecto de ley por trabajadoras de casas particulares y solicita su urgente tratamiento

01/09/2020


Del Plá dijo: “Presentamos en el Congreso nacional un proyecto que establece una serie de medidas urgentes para proteger a las trabajadoras de casas particulares ante la pandemia: efectiva prohibición de despidos y de adelanto de vacaciones o suspensiones con reducción salarial; reincorporación de todo el personal despedido y un subsidio de $30.000 durante el período de tiempo que lleve la efectiva implementación de la medida; un aumento de emergencia del 100% del salario; y la registración y blanqueo inmediato de todas aquellas que se hayan inscripto para cobrar la IFE –la hayan o no recibido- y se encuentren en condición de informalidad. La situación es apremiante, dado que las condiciones de absoluta precariedad e informalidad en las que trabajan las empleadas de casas particulares han permitido que durante el aislamiento miles sean despedidas sin indemnizar, obligadas a trabajar sin protección, sus salarios se recorten o se tome el IFE como parte de pago. Sucede que la Ley 26.844, votada en 2013, apenas si se cumple y la regla en el empleo doméstico sigue siendo la informalidad. El cuadro se agrava considerando que una porción muy alta de las trabajadoras, además, son jefas de hogar, lo que refuerza la superexplotación. Se trata de un millón y medio de trabajadoras precarias cuyo trabajo está atado al arbitrio patronal, garantizado por un Ministerio de Trabajo que hace la vista gorda.”


PROYECTO: 


Protección de las trabajadoras de casas particulares durante el aislamiento social obligatorio


Artículo 1.- Se dispone un incremento salarial de emergencia del 100% para todas las empleadas de casas particulares, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas.


Artículo 2.- Se prohíbe en todo el territorio de la República Argentina, el despido, adelanto de vacaciones y/o suspensiones con reducción salarial, de cualquier empleada de casas particulares, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas, por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan.


Artículo 3.- Se establece la inmediata reincorporación de todas las empleadas de casas particulares despedidas desde el 1ro de marzo de 2020, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas.


Artículo 4.- Se dispone el pago inmediato de un subsidio mensual de $30.000 (pesos treinta mil), a cargo del Estado Nacional, para todas las empleadas de casas particulares, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas, que se encuentren despedidas, hasta tanto no se haga efectiva la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente ley, y por todo el período de tiempo que ello demande.


Artículo 5.- Se dispone el reconocimiento y blanqueo inmediato de todas las empleadas de casas particulares informales que se hayan inscripto para cobrar el IFE, lo hayan cobrado o no, quedando inmediatamente registradas en esa condición. El Poder Ejecutivo Nacional arbitrará los medios para que se garantice la correcta categorización laboral, escala salarial, aportes jubilatorios, seguridad social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo y el cumplimiento de todos los derechos laborales correspondientes a las empleadas de casas particulares.


Artículo 6.- La presente ley es de orden público, rige para todo el territorio nacional, y los derechos y medidas que dispone en todos sus artículos alcanzan a todas las empleadas de casas particulares que desempeñan su actividad laboral en la República Argentina, independientemente de su nacionalidad, abarcando a migrantes y residentes extranjeras sin discriminación.


Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


Como efecto de las medidas tomadas en medio de la crisis del coronavirus, miles de empleadas de casas particulares, en una abrumadora mayoría mujeres, están perdiendo su fuente de ingresos, porque les discontinuaron la tarea sin pagarles o porque directamente fueron despedidas.


Los despidos a trabajadoras de casas particulares registradas desde el inicio de la cuarentena ya alcanzan los 25.000. El número se eleva al doble, si se considera también a quienes se encuentran en la informalidad, aún mientras rige el decreto 329/20 de prohibición de despidos y suspensiones –que se vulnera prácticamente en todos los ámbitos, y el de las empleadas de casas particulares no es la excepción.


Esta situación se extiende a toda América Latina donde, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 70,4% de las trabajadoras de casas particulares se vio afectada por las medidas de cuarentena, ya sea por la disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas trabajadas o pérdida de salarios.


Según informes de la OIT, la Cepal y ONU Mujeres, de junio de este año, en  América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. Argentina junto a Paraguay y Brasil encabezan el ranking de los países con mayor proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico; en nuestro país, de las 1,4 millones de personas que son trabajadores de casas particulares, prácticamente la totalidad (99,3%) son mujeres.


Las mujeres migrantes representan cerca del 20% dentro de este sector en la región, un porcentaje importante que en muchos casos se explica por la imposibilidad de encontrar otras salidas laborales y en el terreno del trabajo doméstico se convierten en víctimas de una mayor precarización y explotación por su condición de migrantes.


Si bien casi todos los países de la región adoptan el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece pautas para garantizar los derechos y protección social de las trabajadoras de casas particulares, éstas son las más afectadas en materia de salarios, con ingresos iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas y más del 77,5% trabajando en condiciones de informalidad.


Los países, además, fijan diversas normativas, pero sin garantizar el trabajo formal, salario acorde ni acceso a las prestaciones de salud, como en Argentina, donde rige desde 2013 la Ley 26.844, que establece el Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que fija las condiciones laborales, y crea la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La regla en el empleo doméstico sigue siendo la precarización no solo por la alta tasa de informalidad (tres de cada cuatro trabajadoras no están registradas) sino porque, incluso para las registradas, el salario de convenio es el más bajo del país (OIT, abril 2020).


Tal es así que mientras el salario promedio para el primer semestre de 2020 en Argentina es de 29.000 pesos (Iprofesional, 29/6), una trabajadora a tiempo completo bajo convenio no alcanza los 18.500 pesos. Esto la sitúa en menos de la mitad de una canasta básica familiar (42.863,90 pesos, según el Indec), y prácticamente equivalente al salario mínimo vital y móvil.


En este cuadro, el desembarco de la pandemia ha profundizado la situación de precariedad. Si bien la actividad no fue declarada como esencial durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, en muchos casos, los empleadores ordenaron a las trabajadoras a concurrir igual a sus domicilios, sin ningún tipo de protocolos de higiene y exponiéndose al contagio, persuadidas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y aumentando el nivel de explotación. En algunos casos, esto se hizo a partir de la artimaña de cambiarlas de categoría, bajo el mote de “tareas de cuidado de personas”, permitidas en este contexto, sin ningún control ni inspección por parte del Estado.


Para poder desplazarse, la mayoría lo hace utilizando el transporte público, a merced del virus, ya que los empleadores no les facilitan ni elementos ni el equipo adecuado de protección para garantizar su seguridad. Algunos casos fueron escandalosos y mediáticos, como el del patrón que ingresó al country con su empleada en el baúl del auto o famosos y funcionarios que acusaron a sus empleadas de ser vectores de transmisión del virus en sus casas.


Ninguna de estas situaciones motivó una intervención estatal. El gobierno hasta ahora solo se limitó a dar la IFE, que muchas no pudieron cobrar por las arbitrariedades que contiene, y a muchas otras los patrones se lo descontaron como parte del salario. Ninguna medida favorable se ha tomado ante quienes dejaron de percibir su salario o cobran una parte menor de sus ingresos, un dato alarmante si tenemos en cuenta que se trata de un sector cuya remuneración no llega a cubrir el monto de la canasta básica y que, como mencionamos, tiene a gran parte en la informalidad, con ingresos aún más bajos, combinados con extensas jornadas laborales. Al contrario, a fines de junio, el Ministerio de Trabajo habilitó una instancia virtual para la firma de acuerdos entre empleadores y empleadas, que pueden estar referidos a la desvinculación o a otros temas, como una reducción en la carga horaria (La Nación, 11/8). El cuadro se agrava considerando que una porción muy alta de las trabajadoras, además, son jefas de hogar y el 87% tiene a cargo a hijos/as menores de 18 años (OIT, junio 2020), poniendo en riesgo el sostén de sus familias atravesadas por la crisis en curso. Una situación que, además, refleja la doble carga que enfrentan las mujeres trabajadoras, que combinan su trabajo remunerado con las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas.


La desvalorización del trabajo asalariado en casas particulares es clave para el sistema en el que vivimos, porque coloca a 1.400.000 mujeres en Argentina y a más de 11 millones de mujeres en Latinoamérica en condiciones de superexplotación. La pandemia no ha hecho más que empeorar la situación. En diferentes lugares del país ya se habilitó el regreso de la actividad, bajo protocolos que eximen de gastos y obligaciones a los empleadores e implican que los elementos de seguridad e higiene sean garantizados por las trabajadoras.


Ante este estado de situación, el proyecto que presentamos –y que reclamamos tenga urgente tratamiento- establece una serie de medidas urgentes para proteger a las trabajadoras de casas particulares ante la pandemia. Para ello se dispone la prohibición de despidos, adelanto de vacaciones o suspensiones con reducción salarial; la reincorporación de todo el personal despedido y un subsidio de $30.000 durante el período de tiempo que lleve la efectiva implementación de la medida; un aumento de emergencia del 100% del salario; y la registración y blanqueo inmediato de todas aquellas que se hayan inscripto para cobrar la IFE –la hayan o no recibido- y se encuentren en condición de informalidad.


La situación es apremiante para un universo de trabajadoras que alcanza prácticamente al millón y medio de personas, tal como hemos descripto y fundamentado. Requiere medidas urgentes como las que aquí describimos y que son parte de un programa elaborado y refrendado por las propias trabajadoras de casas particulares que conformaron una agrupación nacional, Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, para reclamar por sus derechos frente a empleadores y al Estado.


Por todos estos motivos, solicitamos a los y las diputadas el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.


 

Miércoles: trabajadoras de casas particulares se movilizan al Ministerio de Trabajo

11.30h, Ministerio de Trabajo sede Av. Callao 114. Convoca Trabajadoras de casas particulares en lucha.

01/09/2020


Este miércoles se realizarán acciones de trabajadoras de casas particulares frente a los ministerios de trabajo de todo el país. La acción fue resuelta en un plenario virtual con trabajadoras de casas particulares de CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.


María del Carmen Díaz, vocera de la agrupación Trabajadoras de casas particulares en lucha, dijo: “A lo largo de la cuarentena fuimos un sector especialmente afectado por la situación anterior en la que trabajábamos que se agravó aún más: fuimos obligadas a ir trabajar sin medidas de protección sanitaria, se nos recortó el salario, se consideró del IFE como parte del pago, sufrimos discriminación o directamente fuimos despedidas sin ningún tipo de indemnización. Para el pequeño sector que trabaja en blanco hubo solo una recomposición de dos cuotas de 5% cuando el costo de vida se incrementó mucho más. A este trabajo se le suma además la total precariedad de las mujeres migrantes, que coloca a las trabajadoras en un nivel todavía mayor de superexplotación. Ahora, con la habilitación de la tarea en diferentes lugares del país, no hay protocolos para nuestra protección.”


Amanda Martin, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista y legisladora electa, explicó: “Es urgente el reconocimiento de todas las trabajadoras de casas particulares, un aumento salarial de emergencia del 100%, la efectiva prohibición de despidos y medidas que terminen con el abuso y maltrato laboral, la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas, un seguro de $30.000 para todas las desocupadas y la atención en salud integral para todas las trabajadoras y sus familias. La diputada nacional Romina Del Plá acaba de presentar un proyecto de ley que prevé estas necesidades. El convenio de 2013 no garantiza sus derechos laborales, exigimos la puesta en pie de un convenio colectivo de trabajo que otorgue plenos derechos y erradique la discriminación legal que hoy sufrimos como trabajadoras. Por todos estos reclamos movilizaremos al Ministerio de Trabajo nacional y en todas las provincias y reclamamos también que intervenga al Ministerio de Mujeres que debería tomar los reclamos de este gremio donde la enorme mayoría son mujeres y de los más precarizados.”


María del Carmen Díaz: 11 66762056


Amanda Martín: 11 36275355


 

Proyecto de ley por trabajadoras de casas particulares

01/09/2020


PROYECTO DE LEY


 


Protección de las trabajadoras de casas particulares durante el aislamiento social obligatorio


 


Artículo 1.- Se dispone un incremento salarial de emergencia del 100% para todas las empleadas de casas particulares, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas.


 


Artículo 2.- Se prohíbe en todo el territorio de la República Argentina, el despido, adelanto de vacaciones y/o suspensiones con reducción salarial, de cualquier empleada de casas particulares, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas, por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 6 (seis) meses si se extendieran las medidas de emergencia ante la pandemia, y si las circunstancias sociales y económicas así lo ameritan.


 


Artículo 3.- Se establece la inmediata reincorporación de todas las empleadas de casas particulares despedidas desde el 1ro de marzo de 2020, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas.


 


Artículo 4.- Se dispone el pago inmediato de un subsidio mensual de $30.000 (pesos treinta mil), a cargo del Estado Nacional, para todas las empleadas de casas particulares, sea su condición laboral formal o informal, registradas o no registradas, que se encuentren despedidas, hasta tanto no se haga efectiva la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente ley, y por todo el período de tiempo que ello demande.


 


Artículo 5.- Se dispone el reconocimiento y blanqueo inmediato de todas las empleadas de casas particulares informales que se hayan inscripto para cobrar el IFE, lo hayan cobrado o no, quedando inmediatamente registradas en esa condición. El Poder Ejecutivo Nacional arbitrará los medios para que se garantice la correcta categorización laboral, escala salarial, aportes jubilatorios, seguridad social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo y el cumplimiento de todos los derechos laborales correspondientes a las empleadas de casas particulares.


 


Artículo 6.- La presente ley es de orden público, rige para todo el territorio nacional, y los derechos y medidas que dispone en todos sus artículos alcanzan a todas las empleadas de casas particulares que desempeñan su actividad laboral en la República Argentina, independientemente de su nacionalidad, abarcando a migrantes y residentes extranjeras sin discriminación.


 


Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


 


Honorable Cámara de Diputados de la Nación


Señor Presidente:


 


Como efecto de las medidas tomadas en medio de la crisis del coronavirus, miles de empleadas de casas particulares, en una abrumadora mayoría mujeres, están perdiendo su fuente de ingresos, porque les discontinuaron la tarea sin pagarles o porque directamente fueron despedidas.


 


Los despidos a trabajadoras de casas particulares registradas desde el inicio de la cuarentena ya alcanzan los 25.000. El número se eleva al doble, si se considera también a quienes se encuentran en la informalidad, aún mientras rige el decreto 329/20 de prohibición de despidos y suspensiones –que se vulnera prácticamente en todos los ámbitos, y el de las empleadas de casas particulares no es la excepción.


 


Esta situación se extiende a toda América Latina donde, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 70,4% de las trabajadoras de casas particulares se vio afectada por las medidas de cuarentena, ya sea por la disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas trabajadas o pérdida de salarios.


 


Según informes de la OIT, la Cepal y ONU Mujeres, de junio de este año, en  América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. Argentina junto a Paraguay y Brasil encabezan el ranking de los países con mayor proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico; en nuestro país, de las 1,4 millones de personas que son trabajadores de casas particulares, prácticamente la totalidad (99,3%) son mujeres.


 


Las mujeres migrantes representan cerca del 20% dentro de este sector en la región, un porcentaje importante que en muchos casos se explica por la imposibilidad de encontrar otras salidas laborales y en el terreno del trabajo doméstico se convierten en víctimas de una mayor precarización y explotación por su condición de migrantes.


 


Si bien casi todos los países de la región adoptan el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece pautas para garantizar los derechos y protección social de las trabajadoras de casas particulares, éstas son las más afectadas en materia de salarios, con ingresos iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas y más del 77,5% trabajando en condiciones de informalidad.


 


Los países, además, fijan diversas normativas, pero sin garantizar el trabajo formal, salario acorde ni acceso a las prestaciones de salud, como en Argentina, donde rige desde 2013 la Ley 26.844, que establece el Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que fija las condiciones laborales, y crea la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La regla en el empleo doméstico sigue siendo la precarización no solo por la alta tasa de informalidad (tres de cada cuatro trabajadoras no están registradas) sino porque, incluso para las registradas, el salario de convenio es el más bajo del país (OIT, abril 2020).


 


Tal es así que mientras el salario promedio para el primer semestre de 2020 en Argentina es de 29.000 pesos (Iprofesional, 29/6), una trabajadora a tiempo completo bajo convenio no alcanza los 18.500 pesos. Esto la sitúa en menos de la mitad de una canasta básica familiar (42.863,90 pesos, según el Indec), y prácticamente equivalente al salario mínimo vital y móvil.


 


En este cuadro, el desembarco de la pandemia ha profundizado la situación de precariedad. Si bien la actividad no fue declarada como esencial durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, en muchos casos, los empleadores ordenaron a las trabajadoras a concurrir igual a sus domicilios, sin ningún tipo de protocolos de higiene y exponiéndose al contagio, persuadidas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y aumentando el nivel de explotación. En algunos casos, esto se hizo a partir de la artimaña de cambiarlas de categoría, bajo el mote de “tareas de cuidado de personas”, permitidas en este contexto, sin ningún control ni inspección por parte del Estado.


 


Para poder desplazarse, la mayoría lo hace utilizando el transporte público, a merced del virus, ya que los empleadores no les facilitan ni elementos ni el equipo adecuado de protección para garantizar su seguridad. Algunos casos fueron escandalosos y mediáticos, como el del patrón que ingresó al country con su empleada en el baúl del auto o famosos y funcionarios que acusaron a sus empleadas de ser vectores de transmisión del virus en sus casas.


 


Ninguna de estas situaciones motivó una intervención estatal. El gobierno hasta ahora solo se limitó a dar la IFE, que muchas no pudieron cobrar por las arbitrariedades que contiene, y a muchas otras los patrones se lo descontaron como parte del salario. Ninguna medida favorable se ha tomado ante quienes dejaron de percibir su salario o cobran una parte menor de sus ingresos, un dato alarmante si tenemos en cuenta que se trata de un sector cuya remuneración no llega a cubrir el monto de la canasta básica y que, como mencionamos, tiene a gran parte en la informalidad, con ingresos aún más bajos, combinados con extensas jornadas laborales. Al contrario, a fines de junio, el Ministerio de Trabajo habilitó una instancia virtual para la firma de acuerdos entre empleadores y empleadas, que pueden estar referidos a la desvinculación o a otros temas, como una reducción en la carga horaria (La Nación, 11/8). El cuadro se agrava considerando que una porción muy alta de las trabajadoras, además, son jefas de hogar y el 87% tiene a cargo a hijos/as menores de 18 años (OIT, junio 2020), poniendo en riesgo el sostén de sus familias atravesadas por la crisis en curso. Una situación que, además, refleja la doble carga que enfrentan las mujeres trabajadoras, que combinan su trabajo remunerado con las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas.


 


La desvalorización del trabajo asalariado en casas particulares es clave para el sistema en el que vivimos, porque coloca a 1.400.000 mujeres en Argentina y a más de 11 millones de mujeres en Latinoamérica en condiciones de superexplotación. La pandemia no ha hecho más que empeorar la situación. En diferentes lugares del país ya se habilitó el regreso de la actividad, bajo protocolos que eximen de gastos y obligaciones a los empleadores e implican que los elementos de seguridad e higiene sean garantizados por las trabajadoras.


 


Ante este estado de situación, el proyecto que presentamos –y que reclamamos tenga urgente tratamiento- establece una serie de medidas urgentes para proteger a las trabajadoras de casas particulares ante la pandemia. Para ello se dispone la prohibición de despidos, adelanto de vacaciones o suspensiones con reducción salarial; la reincorporación de todo el personal despedido y un subsidio de $30.000 durante el período de tiempo que lleve la efectiva implementación de la medida; un aumento de emergencia del 100% del salario; y la registración y blanqueo inmediato de todas aquellas que se hayan inscripto para cobrar la IFE –la hayan o no recibido- y se encuentren en condición de informalidad.


 


La situación es apremiante para un universo de trabajadoras que alcanza prácticamente al millón y medio de personas, tal como hemos descripto y fundamentado. Requiere medidas urgentes como las que aquí describimos y que son parte de un programa elaborado y refrendado por las propias trabajadoras de casas particulares que conformaron una agrupación nacional, Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, para reclamar por sus derechos frente a empleadores y al Estado.


 


Por todos estos motivos, solicitamos a los y las diputadas el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.