El próximo Primero de Mayo, día internacional de la clase obrera, encuentra al mundo inmerso en una crisis de magnitudes históricas.

La pandemia que azota a la humanidad en pleno siglo XXI ha puesto de manifiesto la incompatibilidad del sistema capitalista y sus intereses en base al lucro y a la ganancia privada con la preservación de la salud de los pueblos de todo el mundo. La política de vaciamiento de los sistemas sanitarios públicos llevada a cabo por todos los gobiernos ha sido una constante, no solo en los países semicoloniales sino también en las mecas del capitalismo mundial. Este proceso se ha intensificado sensiblemente luego de la crisis mundial capitalista de 2007/08, cuando los gobiernos volcaron todos sus recursos al rescate de los bancos, multinacionales y capitales en quiebra. Como consecuencia de eso se han magnificado los estragos de la propagación del coronavirus a escala planetaria. Los muertos por el virus se acercan a las 200.000 personas. La principal potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, ha pasado a ser el epicentro de la crisis sanitaria. Otras potencias como Italia, Inglaterra y Francia también se anotan dentro del pelotón de los países más afectados por la propagación del virus sin poder controlar la multiplicación de las víctimas fatales.

En un mundo atravesado por “guerras” comerciales y monetarias, el desembarco de la pandemia redundó en un salto cualitativo y en una aceleración de la crisis capitalista mundial, crisis que ya se venía gestando desde tiempo atrás. Todas las medidas de rescate y estímulos a sectores burgueses, que los gobiernos imperialistas y capitalistas practicaron desde 2008 hasta los primeros meses de 2020 y que solo apuntaron a salvar a los bancos y a una minoría de grandes empresarios, ya se habían revelado insuficientes para evitar el ingreso de la economía mundial a una recesión. La pandemia del Covid-19 puso fin a los devaneos de los escribas de la burguesía, empujando de un solo saque a la economía mundial no ya a una recesión sino directamente a una depresión. Los “inversionistas” huyeron hacia los refugios de valor, se hundieron las acciones de las principales empresas del mundo, se rompieron las cadenas de pago y se desataron procesos de quiebras. Como consecuencia de toda esta crisis se están recrudeciendo hasta niveles insoportables todos los antagonismos sociales precedentes  y donde lo único que crece son los despidos, la pobreza y la miseria de millones de trabajadores y demás sectores populares. En Estados Unidos y en Europa los despidos de trabajadores se cuentan de a millones. Y el mismo fenómeno de destrucción de empleo masivo se extiende por todo el mundo, incluido nuestro país. Aunque también hay muestras de que los trabajadores y los pueblos del mundo se preparan para enfrentar los ajustes capitalistas.

Por iniciativa de Donald Trump, el Congreso norteamericano aprobó destinar recursos billonarios para el rescate de grupos capitalistas en crisis, lo que contrasta con los escasos recursos destinados a reforzar el sistema sanitario. Asimismo, el gobierno norteamericano se ha valido de la pandemia y de la crisis capitalista para impulsar un bloqueo económico reaccionario y criminal contra los pueblos de Cuba y Venezuela, y para redoblar sus amenazas militares contra Irán. Por su parte, la Unión Europea impulsa medidas de rescate similares a las del gobierno norteamericano. Los gobiernos conservadores y derechistas de Europa, como el de Boris Johnson en Inglaterra y el de Emanuel Macron en Francia, así como los gobiernos centroizquierdistas o “progresistas”, como el de Giuseppe Conte en Italia y el de Pedro Sánchez en España, han revelado su carácter criminal, al ofrecer resistencia al aislamiento social en función de preservar la “actividad económica” de sus respectivos países. Del mismo modo, en América Latina, la pandemia borró de un plumazo las diferencias entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el “nacional y popular” López Obrador. Ambos, subestimando el impacto sanitario de la pandemia, empujan a las masas de sus respectivos países a ser víctimas del contagio masivo, con el objetivo de preservar la rentabilidad empresarial.

En nuestro país, las patronales presionan por un levantamiento total de la cuarentena en busca de una reactivación de la actividad económica para preservar sus beneficios, lo que objetivamente atenta contra la salud del pueblo trabajador. En distintos sectores y en forma progresiva, el gobierno de Fernández deja correr a los lobbies empresariales, al mismo tiempo que rechaza destinar los recursos necesarios para apuntalar el sistema sanitario e impulsar testeos masivos, y rechaza reorientar una parte de la industria a la producción de los insumos e instrumentales fundamentales para hacerle frente a la pandemia. Por el contrario, el gobierno de Fernández reafirma la política que postuló desde el día que asumió: subordinar todo a la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y los organismos de créditos internacionales, sin cuestionar el carácter “odioso” y fraudulento de esa deuda. Ese plan de reestructuración de la deuda fue votada en el Congreso con la sola oposición de los diputados del Frente de Izquierda. El gobierno no solo ha sostenido un pago riguroso de la mayor parte de los vencimientos de deuda que han tenido lugar en el curso de este año, destinando para ello los 4.500 millones de dólares previstos en la propia ley de emergencia (incluso en el marco de la llegada de la pandemia), sino que le ha presentado a los usureros internacionales, de común acuerdo con el FMI y la “oposición” patronal, un plan de reestructuración que solo establece una quita del 5% del capital adeudado y que les reconoce una tasa de interés enormemente superior a la que rige en el mercado internacional. Mientras, reconoce el conjunto de la deuda, que supera los 400.000 millones de dólares, incluida la que Macri que pactó con el FMI, dinero que fue todo a la bicicleta financiera.

Mientras el gobierno “nacional y popular” extrema los esfuerzos del país para cumplir con los preceptos del FMI y los especuladores del capital financiero internacional, el desembarco de la pandemia en la Argentina encontró al sistema sanitario público con un presupuesto congelado, heredado del gobierno de Mauricio Macri y de todos los gobiernos peronistas anteriores. Las consecuencias de este desfinanciamiento se revelaron rápidamente: Argentina tiene hoy la proporción de personal de salud infectado por Covid-19 más alta del mundo en relación al conjunto de los infectados. Los capitalistas, por su parte, descargan su crisis sobre las espaldas de los trabajadores, con decenas de miles de despidos y suspensiones y violentas reducciones salariales. Las burocracias sindicales, lejos de defender las conquistas de los trabajadores, se anotan como voceros y representantes de sus respectivas patronales, rubricando los ataques de las patronales contra los derechos laborales. Y el gobierno a la vez que permite el alza de despidos, suspensiones y rebajas salariales, premia a las empresas con subsidios estatales para que afronten parte del pago de salarios, en lugar de que utilicen sus fabulosas ganancias obtenidas en años anteriores.

En la mayor parte de los países del mundo, los gobiernos capitalistas escudados en las crisis sanitarias refuerzan y le otorgan un renovado protagonismo a los aparatos de seguridad, previendo nuevos alzamientos de las masas ante la carestía generalizada y la catástrofe sanitaria. A esa tendencia general, en nuestro país el gobierno le agregó el ciberpatrullaje, que no es otra cosa que un represivo control social preventivo desde las redes sociales, frente a posibles protestas sociales y un alza del descontento.

La pandemia ha puesto en evidencia el carácter criminal de la política capitalista de los distintos gobiernos del mundo.

Pero del otro lado, los explotados empezamos a hacer oír nuestra voz. Los trabajadores de la salud, en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, se encuentran a su vez liderando la lucha contra los vaciamientos sanitarios de los gobiernos capitalistas protagonizando todo tipo de denuncias, asambleas, abrazos a hospitales y otras acciones posibles en el marco de la pandemia. En EE.UU., México, Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Argentina; en el Reino Unido, Italia, Grecia y Francia; en Pakistán, Nigeria, Malawi, Zimbawue y Sudáfrica; los trabajadores de la salud se ponen de pie y marcan un camino para toda la clase obrera internacional. Camino del cual también comienzan a ser parte las y los jóvenes precarizados que vienen denunciando activamente los recortes salariales, como en las cadenas de comidas rápidas o en el paro internacional de repartidores, entre otros sectores.

A su vez, los trabajadores y los pueblos del mundo no ingresan a la presente crisis como una “hoja en blanco”. El 2019 ha sido un año signado por la irrupción del proletariado en importantes metrópolis y por la emergencia de grandes rebeliones populares en distintos países latinoamericanos, de Medio Oriente, del norte de África y europeos, como Francia. La pandemia ha impuesto un relativo cuadro de contención de estas enormes luchas y alzamientos de las masas, pero de ninguna manera esos procesos se han cerrado, pues todas las contradicciones sociales que motivaron esos estallidos lejos de haberse disipado se han agudizado. Y así como ya han comenzado a manifestarse algunas primeras y diversas expresiones de protesta frente a las malas respuestas gubernamentales a la pandemia, los procesos de lucha y reclamos tenderán a crecer retomando la experiencia de 2019.

Rechazamos la tesis de distintos sectores progresistas que plantea que el problema no es el capitalismo sino tan solo el neoliberalismo, dando la idea que podría haber un “capitalismo más humano”. La crisis actual evidencia el carácter irracional, decadente y destructor del ambiente y la vida, del sistema capitalista en todas sus variantes, con políticas llevadas a cabo tanto por los gobiernos denominados liberales de derecha como los llamados “nacionales y populares”, “progres de centroizquierda” o de un falso socialismo.

Por esa razón la defensa de la independencia política de los trabajadores en las batallas actuales y venideras, en oposición a la política funesta de la colaboración de clases, será fundamental para llevar las luchas obreras y populares a la victoria y para zanjar el camino que lleve, finalmente, a los trabajadores al poder.

Para reforzar esta perspectiva, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad levantamos este 1º de Mayo, día de lucha, de reivindicación de la unidad internacional de los trabajadores y de conmemoración de sus mártires, un programa anticapitalista y socialista de respuesta integral frente a la pandemia y la crisis capitalista:

– Que la crisis la paguen los capitalistas, los bancos, multinacionales y grandes empresarios, no el pueblo trabajador. Plata para los hospitales y los profesionales y trabajadores de la salud. Testeos masivos para poder determinar la real propagación de la pandemia. Por una cuarentena sin despidos, suspensiones y rebajas salariales. Por un inmediato Fondo de Emergencia para destinar las partidas necesarias a combatir la mayor crisis del coronavirus en base a un impuesto especial y progresivo a todas las grandes riquezas, bancos, patrimonios y dueños de la tierra y el no pago de toda la deuda externa.

-Abajo los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Pago de los jornales íntegros por las patronales. Reparto de las horas de trabajo sin reducir salarios. Apertura de sus libros contables. Licencias pagas al 100% de todo sector productivo no esencial para enfrentar la pandemia. Obligatoriedad de empresas a reconvertirse para producir insumos necesarios frente a la pandemia. Comisiones de las y los trabajadores de control de las normas de la salubridad. Subsidio otorgado por simple inscripción a todo trabajador desocupado o precarizado, igual a la duplicación de los salarios mínimos vigentes. Aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales.

-Triplicación inmediata de los presupuestos de salud para dotar de respiradores, medicinas, tomar más médicos y enfermeras, habilitar salas y camas y reactivos que puedan diagnosticar el corona virus, entre otras tantas demandas que el personal está levantando. Constitución de comités de crisis o emergencia elegidos e integradas por trabajadores hospitalarios, con derecho a veto, para garantizar la bioseguridad del personal hospitalario y diseñar la política de intervención. Distribución gratuita de alcohol en gel, desinfectantes, barbijos y toda medicina necesaria para combatir el virus pandémico.

-Unificación y centralización del sistema de salud a nivel nacional, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la Universidad, bajo control de los trabajadores y profesionales. Implementación de comités de emergencia (o crisis) central y locales, con participación de lxs trabajadorxs.

 -Control popular de precios de los alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos. Apertura de los libros de contabilidad de las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos y medicamentos. Abajo la especulación capitalista con la comida y los remedios. Castigo a los monopolios formadores de precios. Incautación, clausura y detención de los responsables.

-No a los desalojos de viviendas. Congelamiento de alquileres y no pago de los mismos mientras dure la pandemia. Compensación a los pequeños propietarios de hasta dos viviendas. Censo de viviendas ociosas y ocupación de emergencia de las mismas a ciudadanos sin vivienda o familias hacinadas (villas, etc.) que es donde más rápidamente se puede extender el contagio de la pandemia, comenzando por las personas integrantes de los grupos más vulnerables (adultos mayores, enfermedades preexistentes, etc.).

– Presupuesto de emergencia en violencia de género, para atender en forma urgente y con lugares acordes para la asistencia y resguardo de las víctimas, frente a los aumentos de casos de violencia y el crecimiento de femicidios en el marco de la pandemia.

-No al uso del coronavirus para medidas de militarización o coartar el derecho a la protesta. Defensa irrestricta de las libertades democráticas. Libertad a todos los presos políticos y a los detenidos durante el transcurso de la pandemia. Derogación de decretos y leyes que viabilizan la represión. Derogación de los toques de queda. No al ciberpatrullaje. Plenos derechos a la actividad sindical y reivindicativa y a manifestarse políticamente. Apertura obligatoria de los medios de prensa a todas las expresiones políticas para debatir las políticas con que afrontar las pandemias. No al gobierno por decreto y el cierrre del Congreso: que sesione y se pongan todos los proyectos del FIT-U a la discusión pública.

-Abajo las reformas laborales y previsionales reaccionarias y antiobreras. Nacionalización de todos los regímenes de jubilación privada, bajo control de los trabajadores activos y jubilados. Fuera la burocracia sindical entregadora de los derechos laborales.

-Desconocimiento soberano y no al pago de las deudas externas. Ninguna renegociación para pagar como está haciendo el gobierno del Frente de Todos en Argentina. Plata para salud, los hospitales y el pueblo trabajador, no para los usureros de la deuda. Ruptura inmediata de los pactos económicos y políticos que nos atan al imperialismo. Fuera el FMI de Argentina y de América Latina.

-Nacionalización sin pago de indemnización y bajo control obrero de los sistemas bancarios y los mercados de cambios para impedir la fuga de capitales y centralizar los ahorros nacionales, para impulsar planes de desarrollo al servicio del pueblo trabajador. Nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de los hidrocarburos, la minería y de todos los recursos estratégicos, así como de las empresas de luz y gas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

-Convocamos a la más amplia unidad de acción de las organizaciones obreras, populares, juveniles, del movimiento de mujeres y en defensa del ambiente para coordinar acciones nacionales y a nivel mundial para imponer medidas de fondo en la perspectiva de luchar por terminar con este sistema capitalista-imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora. Por la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina. Por el socialismo internacional.

Frente de Izquierda Unidad

Partido Obrero – PTS – Izquierda Socialista – MST

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Solano dijo: “La precariedad con la que trabajan médicos de planta, residentes, concurrentes, enfermeros y todos los profesionales de la salud de la Ciudad es responsabilidad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En todos los hospitales los testimonios denuncian la ausencia de elementos para protegerse y atender. Los residentes trabajan hasta 100 horas semanales. Los concurrentes trabajan sin salario ni ART, mientras se descubre el sobreprecio en favor de amigos y familiares de Larreta y Macri. Las condiciones en las que atienden incluso los terapistas son realmente críticas. El martes habrá un aplausazo en los hospitales de toda la Ciudad reclamando materiales y elementos para trabajar y atender pacientes.”

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Pitrola señaló “En la frase está la trampa, cuando la mayoría de la gente que menciona el Ministro está en cuarentena. Efectivamente está ocurriendo que la cuarentena, que según el primer decreto presidencial es con la integralidad del salario, ha dado lugar a 300.000 suspensiones con rebajas de salarios enormes, que son homologadas por el ministerio de Moroni. Pero esos son solamente los casos inscriptos de acuerdos con los sindicatos de las respectivas actividades. Son miles las empresas que pagan o dejan de pagar sin control alguno. Los sonados casos del Frigorífico Penta de Quilmes o de la Textil Ibero Americana de La Matanza, por denuncias de sus obreros en lucha sirven de ejemplos donde no aparece el ´Estado presente´ del Ministro y directamente no cobran.”

“Pero allí no terminan las rebajas –continuó Pitrola- porque no se habla en Argentina de actualización salarial por ninguna vía, ni de paritarias ni de decretos, y, más aún, se han suspendido cláusulas de actualización previstas y firmadas antes de la pandemia. Esto, mientras la inflación de marzo fue de 3,3% en el Índice General de Precios y de 3,9% en los alimentos, que es lo que más necesitamos y consumimos. A esto hay que agregar la presión inflacionaria de la devaluación del dólar paralelo que ya hemos experimentado que a la corta o la larga afecta los precios. Esto constituye una rebaja del salario real. Suspender todo mecanismo de actualización en un país de una inflación del 50% anual, es rebajar los salarios.”

“Por otra parte, se han anulado las contribuciones patronales hasta un 95% para todas las empresas, cualquiera sea su tamaño. Esto es otra disminución del salario, en este caso del salario diferido que es la jubilación, porque surge de los aportes que los trabajadores hacemos todos los meses, lo cual repercutirá decisivamente sobre las finanzas del Anses, cuyo fondo de garantía está siendo usado para el subsidio salarial.”

 Pitrola finalizó “Los trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos la defensa del salario integral que, en la emergencia y mientras no se reanuden las paritarias, debe ser actualizado de acuerdo a los índices de costo de vida. Y el Anses, como los aportes patronales, deben ser intangibles, porque los adultos mayores necesitan sus haberes actualizados más que nunca. El Estado tiene muchas otras fuentes de recursos, que no sea seguir robando a los jubilados.”

Pitrola: 1553242356

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Del Plá afirmó: “La secretaría de Comercio Interior se convirtió en un sector fundamental del andamiaje político-económico-social de este gobierno. En este sentido, se trata de debatir cómo este cuadro nacional está repercutiendo en forma directa en la salud, las condiciones y la vida de las masas trabajadoras”.

“Por eso preguntamos sobre temas muy caros a los trabajadores, como el aumento de los medicamentos, Precios Cuidados, el encarecimiento de los insumos, los sobreprecios que pagó el Gobierno, la apertura de los libros contables, la devaluación monetaria que se está preparando, la necesaria rebaja del precio de los combustibles y la exención del pago del IVA de los alimentos”.

“En relación al IVA y los combustibles, planteamos que los impuestos al consumo personal deben ser derogados y reemplazados por impuestos a las grandes riquezas y ganancias de los capitalistas, como presentamos en un proyecto de ley”.

Romina Del Plá: 1140429791

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre comercio interior:

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Del Plá afirmó: “En lo que respecta al área de comunicaciones, no sólo es prioritario que se garanticen el trabajo y sueldo de los trabajadores de prensa, redes, telefónicos y cultura, sino también el acceso a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión, para que se garantice el derecho a la comunicación de todo el pueblo que se encuentra en aislamiento social obligatorio”.

“En las preguntas, abordamos toda una serie de temas: la mayor demanda de servicios de comunicación, el aumento de tarifas de Claro, Movistar y Personal, la insuficiente liberación de datos para plataformas virtuales, la realización de teletrabajo sin los elementos adecuados, el uso abusivo de la esencialidad de las telecomunicaciones, la interrupción de licencias y servicios, los despidos y cierres truchos, la situación salarial y de los medios gestionados por sus trabajadores, entre otras cosas”.

“Reclamamos la estatización de todas las empresas de medios y comunicaciones, bajo control de un comité electo de trabajadores y usuarios, para que se garantice el derecho a los medios y la comunicación para toda la población, y se avance en una real democratización de los mismos”.

Romina Del Plá: 1140429791

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre medios y comunicación:

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Señores funcionarios:

La lucha contra el Covid-19 ha creado una situación excepcional en nuestro país que afecta todas las áreas de la vida social y productiva. Su Ministerio no está al margen de esta realidad, sino que cumple un rol fundamental en momentos de aislamiento social que requieren plenas garantías de acceso a los medios y la comunicación por parte de millones de argentinos, en un cuadro de graves déficits en la provisión de estos servicios.  

Se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, sociales, económicas y de defensa de los trabajadores. En lo que respecta al área de comunicaciones, no sólo es prioritario que se garanticen el trabajo y sueldo de los trabajadores de todos los sectores que afectan a la actividad de prensa, redes, telefónicos y de la cultura; sino también el acceso pleno a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión, para que se garantice el derecho a la comunicación de todo el pueblo que se encuentra en aislamiento social obligatorio.

Le solicitamos que responda a las siguientes preocupaciones y preguntas: 

1) La cuarentena ha producido una mayor demanda sobre los servicios de comunicación y para la actividad postal.

En el caso del servicio de Internet se ha producido un aumento en las fallas de los prestadores, como Telecom/Fibertel, Telecentro, por nombrar algunas. El ENACOM realizó una campaña para bajar el uso de las redes apelando a que los usuario no envíen memes por whats up o videos; sin embargo, no se conocieron campañas que apunten a un mayor control sobres las empresas.

La cuarentena crea una situación de falta de controles. Es esperable que aumente la cantidad de interferencias (que no se atendieron en este período) sobre servicios esenciales (meteorología, aeropuertos, fuerzas de seguridad) y por ende todo tipo de denuncias: por incumplimiento de las empresas, perdidas de servicios, riesgo eléctrico, zonas incomunicadas. Aumentarían, como consecuencia del aumento de las denuncias, los procesos sancionatorios.

También aumenta el servicio de envío de paquetes por las compras on line y los reclamos asociados a este tipo de actividad.

¿Qué medidas extraordinarias tiene previsto garantizar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas que brindan servicios de internet?

¿Qué controles han dispuesto sobre las empresas prestadoras de estos servicios? ¿Cuál es la inversión que deberían hacer las mismas para terminar con las fallas en los servicios? ¿Por qué no los hacen? ¿No van a aplicar penalidades sobre las mismas?

¿Van a reincorporar a los 400 despedidos bajo la gestión de Macri en el ENACOM, entre ellos profesionales y técnicos? ¿O van a avalar esos despidos y el vaciamiento de las funciones que cumplían?

2) Dado el contexto de crisis que estamos atravesando, muchas familias trabajadoras se ven imposibilitadas de pagar los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, las empresas Claro, Movistar y Personal aumentaron las tarifas el 1 de marzo, agravando esta situación. Siendo las telecomunicaciones un servicio esencial y fundamental en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio:

¿Por qué no disponen la continuidad obligatoria del servicio de telefonía e internet a todo usuario residencial u organismo dedicado a combatir la pandemia por falta de pago, sin restricciones, prohibiendo que se corte el suministro? 

En el ámbito educativo se han liberado datos para ciertas plataformas virtuales. La medida resulta insuficiente porque en la enorme mayoría de los casos se requiere acceder a otros contenidos on-line para poder mantener la “continuidad pedagógica” que reclama el gobierno.

¿Por qué no se garantiza la libre conectividad para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos para que se puedan sostener el acceso a los contenidos pedagógicos?

Corresponde que mientras dure la emergencia sanitaria se retrotraiga (y en caso de haber cobrado se reintegre) a los usuarios residenciales el aumento tarifario, no sólo a los grupos que ya han sido exceptuados, sino en términos generales, tomando en consideración que la crisis creada afecta la economía de un sector más amplio que han pasado a una situación de vulnerabilidad .

¿Van a mantener los aumentos de tarifas –a todos los que quedan por fueras de las excepciones ya dispuestas- a pesar de la situación excepcional que estamos viviendo? 

3) La cuarentena llevó a la realización de muchas tareas de las telecomunicaciones a través del teletrabajo. Esta forma de trabajo debería realizarse con los elementos y herramientas adecuadas a cargo de las empresas como notebooks, silla ergonómica, auriculares, etc –que no se están garantizando.  Los trabajadores destacan a su vez una situación que tiende a agravarse como es la presión laboral en ambientes y contextos que no siempre son favorables al trabajador o no cumplen las condiciones adecuadas. A esto se suma la tendencia a aumentar y/o modificar la jornada laboral, no quedando claramente establecida, en medio de un aumento de los ritmos y objetivos en muchos casos abusivos en tareas no esenciales. De esta manera se está afectando la salud e integridad de los y las trabajadoras en un contexto de pandemia y confinamiento social y obligatorio, que por ello reclaman una reglamentación del teletrabajo y una reducción de la jornada laboral que no pueda exceder las 6 horas diarias mientras dure la pandemia, para preservar la salud física y mental de los trabajadores 

¿Qué gestiones preveen tomar frente a esta situación? ¿Qué intervención frente a las empresas bajo la órbita de sus carteras han adoptado para atender la situación de los trabajadores –que afecta a la calidad de los servicios? 

4) Las telecomunicaciones forman parte de las actividades declaradas esenciales establecidas en el decreto DNU 297/2020. Esta esencialidad es usada en muchos casos de manera abusiva por parte de las empresas para realizar todo tipo de tareas, exponiendo a los trabajadores que se desempeñan en la vía pública al contagio, con el solo objetivo de competir entre las empresas y aumentar una ganancia extra. El 26/03/2020 un trabajador tercerizado de Telecom/Cablevisión, de apellido Saucedo, falleció en la localidad de Goya provincia de Corrientes por un “accidente” manipulando un poste en una tarea que no era esencial. 

¿Están al tanto las autoridades de esta situación? ¿Cuántas denuncias similares han registrado?

¿Qué medidas piensan adoptar para evitar que Telefónica/Movistar, Telecom/Cablevisión y Claro presionen a los trabajadores efectivos, contratados y tercerizados para realizar tareas no esenciales y sobre todo nuevas instalaciones o reparaciones dentro de los domicilios, exponiendo a los trabajadores y usuarios al contagio, presionando a los tercerizados bajo amenaza de no cobrar o directamente ser despedidos?

5) Se ha establecido a nivel nacional el otorgamiento de la licencia por ausencia justificada descripta en la Resolución 207/20, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, para cuidado de hijas e hijos. En el caso de la Provincia de Mendoza, además, la misma está contemplada en los art 3 y el art 6 del decreto 384/20 del Ministerio de Trabajo y Seguridad de Mendoza. No obstante ello, no sé está aplicando en el ámbito laboral de Movistar, Personal/Telecom de la provincia luego del DNU 297/20, que estableció a las telecomunicaciones como servicio esencial. Dicho decreto fijó la modalidad de teletrabajo, para todos los trabajadores que pudiesen realizarlo. A partir de ahí se negó rotundamente la licencia por ausencia justificada, a padres, madres, tutores que tuvieran a cargo el cuidado de menores, obligando a teletrabajar en condiciones de hostigamiento, amenazando con descuentos y medidas disciplinarias en caso de solicitar dicha licencia.  A pesar de solicitarse dentro del marco indicado, con declaración jurada, explayando y certificando motivos especiales, que incluyen las condiciones habitacionales dónde se desarrolla una vida familiar, con cuidados específicos de menores, vulnerando el derecho superior del niño/a, adultos mayores de riesgo, hijos con tratamientos terapéuticos. 

¿Las empresas telefónicas fueron exceptuadas del cumplimiento de las licencias establecidas en la Resolución 207/20? ¿Están habilitadas para realizar descuentos salariales o sanciones a los alcanzados por la misma mientras dure la pandemia? 

6) Desde el 20/03/2020, con declaración del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, decreto DNU 297/2020, Telefónica / Movistar dejó de atender el Servicio de Información gratuito 110 que debe brindar según la legislación vigente a todo usuario abonado. Han interrumpido este servicio mientras mantienen el 112 que realiza el cobro de la facturación. La empresa Telefónica / Movistar se niega a hacerlo aduciendo que se puede buscar información mediante un mensaje de texto con un costo adicional o buscando por Internet. Cuando no toda la población puede acceder de esta forma a la comunicación y acceso a la información de números para poder comunicarse con usuarios, hospitales, comisarias, centros de salud, dependencias estatales, empresas, en medio del aislamiento actual. Lo que redunda en un perjuicio a la población que utiliza este servicio, que en la mayoría de los casos forma parte de los llamados “grupos de riesgo” mayores de 60 años. Esta denuncia fue presentada en el ENACOM el 16/03/2020. 

¿Podría el presidente Claudio Ambrosini, brindar información sobre las actuaciones para que se restablezca este servicio gratuito a toda la población? 

7) EL servicio de comunicación e intermediación de personas hipoacúsicas e Impedidas del Habla (HIH) de Telefónica / Movistar que se brinda desde el portal https://www.movistar.com.ar/productos-y-servicios/hih se dejó de atender desde el 20/03/2020. La empresa aduce problemas técnicos, pero hace más de un mes que no lo brinda y antes de la epidemia dejaba de atenderlo periódicamente y en distintas franjas horarias con la intención de cerrarlo. Siendo que es una obligación legal de la empresa y forma parte de los derechos de la población hipoacúsica e impedida del habla a poder comunicarse en tiempo y forma:

¿Qué medidas van a disponer para que se restablezca el servicio como corresponde? ¿Cuándo va a estar resuelto?

8) En el ENACOM se ha conocido un caso de violencia de género que fue motivo de una radio abierta el 8 de marzo de este año y distintas acciones de concientización y difusión los días previos a la cuarentena. 

Melisa Fernández, empleada de ese organismo, fue despedida luego de un proceso de hostigamiento laboral y acoso por parte de un funcionario del mismo. Inició un juicio por despido indirecto, con expediente laboral 10180/2015. Tuvo sentencia favorable en 2017, sin embargo no se dio cumplimiento al pago de la indemnización. Hay un evidente conflicto de intereses en juego, dado que quien lleva la defensa del caso por parte del ENACOM está directamente involucrado con el acosador.

Melisa fue recibida por Silvana Giudici el 06/12/2019, anterior presidenta del organismo, y el jueves 27/02/2020 por Daniel Siciliano, funcionario de su gestión. Tampoco ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Mujeres y Diversidad, mientras sigue violentada y revictimizada por el Estado y por la gestión del ENACOM. 

El aislamiento social obligatorio está siendo la nueva excusa para que no se dé una respuesta a una situación de tan largo arrastre. Más aún, cuando la violencia de género se ha puesto en el centro de la escena, como problemática social profunda agravada por la cuarentena.

¿Por qué no dan respuesta a Melisa Fernández y su justa demanda de indemnización? ¿Qué tratamiento piensan darle al tema? ¿Cuánto más deberá esperar una respuesta?

9) La irrupción de la pandemia y la cuarentena que, desde el vamos, estableció la esencialidad de la actividad periodística, en rigor, implicó un estímulo a las ganancias patronales bajo la forma de ratings récord, altos flujos de audiencia web y, especialmente, el ingreso de pauta oficial y hasta privada. Sin embargo, para las empresas generó un contexto ideal para seguir deteriorando la actividad e incluso avanzar en despidos y cierres truchos con el propósito deliberado de imponer nuevas formas contratación y nuevos regímenes laborales.

Los más de 4.500 despidos acumulados en los últimos años oficiaron también como plataforma para imponer rebajas salariales en los medios públicos y privados así como extorsión para avanzar en la vulneración del Estatuto del periodista y el convenio.

¿Qué medidas dispusieron para supervisar las condiciones de la actividad periodística en el marco de la cuarentena? ¿Qué seguimiento tienen del destino de lo recaudado por la pauta oficial?  

¿Qué actuaciones dispusieron desde su cartera en lo que refiere al cumplimiento del estatuto del periodista? ¿Qué intervención han tenido frente a las empresas, cuya actividad regulan, en relación a esta problemática?

10) Los despidos no han cesado en el gremio de prensa en medio de la cuarentena. La patronal de la revista Pronto cometió una violación flagrante de la conciliación obligatoria, despidiendo trabajadores y forzando objetivamente a un cierre para tercerizar y precarizar la labor.

El mismo día en que miles de trabajadores se manifestaban por las redes y en medio de la cuarentena, la patronal de Atlántida, que edita Revista Gente, Paparrazzi y Billiken entre otras publicaciones, haciendo caso omiso al decreto de prohibición de despidos, decidió cesantear a 45 trabajadores. La comisión interna del SiPreBA denunció “amenazas de despidos a trabajadoras y trabajadores de la editorial mediante un llamado de sus jefes directos quienes les anuncian que la empresa decidió ‘liberarlos de prestar tareas’ y les informan que se comunicarán con ellos en estos días para tener una reunión y llegar a un "arreglo"”.  

¿Por qué no se aplican sanciones contra estos atropellos? ¿Por qué se permite que se viole impunemente el DNU que prohíbe los despidos en el ámbito de sus carteras? 

11) Los gremios de prensa, Sipreba y Fatpren, vienen  denunciando las precarias condiciones y la desprotección en que los trabajadores del sector hacen frente a la pandemia. Empezando por la situación salarial, particularmente crítica si se considera que en los últimos siete años el poder adquisitivo de los trabajadores de prensa se redujo hasta un 50%. A eso se suma que la negociación de la segunda fase de la paritaria del 2019, ya atrasada fue suspendida una vez declarada la cuarentena -dejando el aumento en apenas un 15%.

¿Han dispuesto algún tipo de gestión para intervenir sobre la grave situación salarial de los trabajadores de los medios de prensa y comunicación? ¿No corresponde que se extienda a los trabajadores de prensa el bono especial por tarea esencial concedido a otros sectores?

12) Los medios gestionados por sus trabajadores no percibieron ninguna ayuda económica para atravesar la situación asfixiante que ya venían arrastrando y que, ahora, se profundiza.

¿Qué medidas van a disponer para revertir el problema que atraviesa este sector?

13) En materia de actividad periodística, es sabido que el SIPREBA reúne a la abrumadora mayoría de las comisiones internas de diarios, revistas, TV y radio -y es el sindicato de base reconocido por la Fatpren en las negociaciones paritarias.

¿Por qué ante la evidencia de que la representación legítima de los trabajadores de prensa corresponde al SIPREBA, el gobierno y las empresas siguen tomando como interlocutor válido a la UTPBA? 

14) ¿Qué inversiones se han hecho desde el Estado para el reforzamiento de las redes digitales y el acceso garantizado a ellas de los sectores populares? 

15) ¿Por qué no se abren los medios públicos para un debate plural y representativo sobre la crítica situación que estamos viviendo, donde se expresen todas las voces sociales y políticas, por ejemplo a través de la TV Pública? 

Reclamamos la estatización de todas las empresas de medios y comunicaciones, bajo control de un comité electo de trabajadores y usuarios (electo por sus pares), para que se garantice plenamente el derecho a los medios y la comunicación para toda la población, y se avance en una real democratización de los mismos. 

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Romina Del Plá dijo: “Desde nuestra bancada rechazamos la entrega de subsidios para su uso discrecional por parte de los diputados y sostuvimos que la partida debía ser íntegramente parte del presupuesto del Ministerio de Salud. En un primer momento anunciamos que de ser rechazada nuestra propuesta donaríamos el mismo al Hospital de Clínicas y al Posadas. Así lo hicimos y donamos $100.000 para la atención en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y $100.000 para el Posadas, cuya efectivización nos informaron esta semana.”

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Artículo 1: Se establece en 10.000$ (DIEZ MIL PESOS ARGENTINOS) el monto para todos/as los beneficiarios de la Beca PROGRESAR, retroactivo al mes de Marzo, y de pago inmediato al 100%.

Artículo 2: Se prorroga la inscripción por el período que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la suspensión de clases en modalidad presencial, asignando el beneficio de forma automática a todos/as los/as estudiantes a partir de los 18 años que acrediten estar inscriptos/as en una carrera universitaria, terciaria, Plan FinEs o en los Centros Educativos de los Niveles Secundarios.

Artículo 3: De forma.

Fundamentos:

La extensión del Covid-19 a nivel nacional puso arriba de la mesa los problemas económicos, sociales y de salud que padece nuestro país y el mundo entero. Uno de los sectores que más sufre en el marco del avance de la pandemia son los trabajadores informales (en negro, monotributistas, cuentapropistas, etc.). Son quienes no tienen cobertura frente a la cuarentena y han quedado merced del coronavirus.

Al interior de este grupo, la juventud y los estudiantes en particular son uno de los sectores más perjudicados, por lo cual se hace necesario tomar medidas de urgencia en pos de garantizar el sustento económico, evitando un cuadro que pueda derivar en una deserción masiva, y garantizar así el derecho al acceso a la educación.

Las desigualdades sociales impiden en nuestro país el cumplimiento del “ingreso irrestricto” y la igualdad de oportunidades para la población en cuanto al acceso al conocimiento, y hoy en día esta situación se agrava con la continuación de clases con modalidad a distancia que se está llevando adelante en todo el país, por la falta de conectividad, de herramientas tecnológicas, de vivienda y hábitat necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el cuadro de emergencia que estamos atravesando, resulta más necesario que nunca que se destinen los recursos para combatir estas desigualdades y garantizar los ingresos para la juventud, lo mismo que para el conjunto de los trabajadores de nuestro país.

En ese sentido, el sistema de becas nacional debe dar una respuesta. En el año 2019 hubo más de 500.000 beneficiarios de la Beca Progresar –mostrando las imperantes necesidades de asistencia de un amplio sector de la juventud que estudia. Hoy, el parate de la actividad económica, que se impone como medida necesaria para evitar el contagio del Covid-19 y proteger la salud, afecta con particular crudeza a los jóvenes precarizados, y amplía la franja de estudiantes que necesitan la beca.

Por otro lado, la suma de $2250 mensual que otorga la beca Progresar en su enorme mayoría (existen casos en que los montos algo mayores -entre $3250 y $6900- de muchísimo menor alcance) es un monto absolutamente insuficiente, y desactualizado de la realidad de nuestro país, marcada por un enorme aumento del costo de vida en los últimos años.

Por estos motivos en el presente proyecto planteamos el aumento inmediato del monto de la beca Progresar a 10.000 pesos y que ésta sea otorgada sin restricciones a los estudiantes de entre 18 y 30 años de todos los niveles educativos.

Solicitamos a los diputados y diputadas nacionales el acompañamiento y la urgente aprobación del presente proyecto de ley.

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Del Plá afirmó: "La lucha contra el coronavirus creó una situación excepcional que afecta todas las áreas de la vida social y productiva, y no está al margen de esta realidad el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos una preocupante precarización laboral que alcanza a miles de becarios y trabajadores administrativos, que no cuentan con un convenio que ampare derechos laborales, licencias, cobertura de salud y salarios adecuados".

"Elaboramos, junto a Jóvenes Científicos Precarizados, una serie de preguntas sobre distintos aspectos de la situación que están atravesando: el retraso salarial, los varados en el exterior, la problemática con el alta de las becas nuevas así como con la continuidad de las existentes y las que concluyen luego de la 'extensión' por maternidad, la necesaria actualización de las convocatorias y plazos que tenía pautado el ministerio, la demora crónica en la ejecución de los proyectos y las deficiencias en lo que respecta a la cobertura de salud, en particular de los becarios".

Romina Del Plá: 1140429791

Las propuestas y reclamos del PO-FIT sobre ciencia y tecnología:

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Señor ministro:

La lucha contra el Covid-19 ha creado una situación excepcional en nuestro país que afecta todas las áreas de la vida social y productiva. Su Ministerio no está al margen de esta realidad.  

Se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, económicas y de defensa de los trabajadores. En el caso de Ciencia y Técnica en particular, tenemos además una situación de preocupante precarización laboral que alcanza a miles de becarios y trabajadores administrativos, que no cuentan con un convenio que ampare derechos laborales, licencias y cobertura de salud acordes, salarios adecuados, entre tantos otros derechos vulnerados. 

Desde esta banca realizamos a fines del año pasado una importante Audiencia Pública organizada junto a Jóvenes Científicos Precarizados, que contó con la participación de más de un centenar de trabajadores de Ciencia y Técnica, reclamando por sus derechos laborales. Hemos elaborado junto con ellos un proyecto de ley para atender este problema, que le hacemos llegar junto al envío de estas preguntas.  

A continuación, le transmitimos las preocupaciones y preguntas de los trabajadores precarizados en la órbita de su Ministerio. 

1) Hay una cantidad de científicos e investigadores que se encuentran en el exterior -donde estaban desarrollando pasantías, estancias y distintos trabajos de investigación- que han quedado varados en distintos países y reclaman su repatriación. 

¿Tienen un relevo de cuántos son los trabajadores de ciencia y técnica que están en situación? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué medidas tomaron o piensan tomar para atender su reclamo? ¿Cuentan con algún tipo de asistencia del Ministerio? 

2) Luego del anuncio público sobre la recomposición salarial a mediados de enero de 2020 para los trabajadores de ciencia y técnica, que alcanzaría en primer lugar a los becarios, no se ha avanzado demasiado en esta dirección. Por el contrario, cada mes que pasa la capacidad adquisitiva de los salarios merma más frente a la inflación. Esta situación se agrava frente a la disparada inflacionaria que ha tenido lugar especialmente desde que se dictó el aislamiento social obligatorio, con particular impacto sobre productos básicos, como los de los alimentos. 

En este punto, exigimos que se formalice un cronograma de pagos, el cual hasta el momento no ha sido publicado y que, en el marco de la actual situación excepcional, se vuelve más que necesario. 

En el escalafón de becarios doctorales, la “recomposición” ha sido menor al 20%, pasando el mal llamado “estipendio” -por una dedicación exclusiva- de $29.800 a $36.342. La escala de los investigadores de carrera, por su parte, ha quedado sumamente rezagada con respecto al valor de la canasta básica familiar. 

En el caso de los trabajadores administrativos, quienes actualmente están realizando teletrabajo en condiciones precarias, la situación es aún más acuciante, porque las autoridades han suprimido las horas extras, las cuales representan poco menos de la mitad del sueldo (unos $7000). Asimismo, los trabajadores han recibido mails con intimaciones de apercibimiento en caso de no cumplirse las tareas.

¿Van a avanzar efectivamente en la recomposición salarial de los trabajadores de ciencia y técnica? ¿Habrá nuevos aumentos? ¿Por qué le quitaron las horas extra a los administrativos que se encuentran realizando tareas desde sus hogares? ¿Van a continuar las intimidaciones por mail sobre este colectivo precarizado de trabajadores? ¿En qué consisten los “apercibimientos” con los que se amenaza? 

3) Las becas de trabajo en investigación al momento se han prorrogado por dos meses. Todos los trabajos de las becas en curso están comprometidos, al igual que los experimentos, el trabajo de campo, las muestras que involucran seres vivos, los insumos provenientes del exterior, entre muchos otros ítems. 

¿Se extenderán estas becas el tiempo que dure la cuarentena?

4) Con años de lucha de los trabajadores investigadores se ha conquistado una licencia por maternidad para el sector de ciencia y técnica. 

¿Qué pasará con las trabajadoras cuyas becas concluyen luego de la “extensión” por maternidad? ¿Se les garantizará la continuidad en sus trabajos?

5) A los nuevos becarios que se encuentran en el trámite de alta de su beca, se les ha exigido presentar la documentación en papel para proseguir el trámite ya que, de lo contrario, su beca sería quitada y reasignada a otra persona. De forma similar, quienes han ganado cargos de ingreso a carrera (CIC), se les ha exigido presentar la documentación en papel para efectivizar una beca extraordinaria con el fin de percibir un ingreso durante los meses que el organismo demora en efectivizar el cargo.

¿Qué sucede con las altas de nuevos becarios? ¿Cuántas han sido solicitadas y cuántas han sido dadas de alta? 

¿Por qué no se habilita la entrega de documentación on-line y se garantiza un alta rápida de todas las becas en las condiciones excepcionales que estamos viviendo? 

6) La situación excepcional creada por el combate al coronavirus exige una actualización de las convocatorias y los plazos que tenía pautado el Ministerio. Las entregas deberían suspenderse y posponerse en su totalidad, lo mismo que las convocatorias a becas y carrera. En este último caso, la última comunicación del directorio del CONICET ha anunciado su apertura “como si nada”, ahondando la profunda asimetría entre las condiciones sociales de los distintos trabajadores del organismo. Sobre la convocatoria en sí, denunciamos que el número de ingresos (menos de 760), continúa muy por detrás del número de recursos humanos formados por el CONICET durante varios años y que, de este modo, terminan en la calle, desempleados.

Del mismo modo, debe darse más tiempo post-cuarentena, porque llevará un esfuerzo sideral la reorganización del trabajo científico y administrativo. 

Asimismo, advertimos que los resultados y las altas pendientes deben estar en primer orden de prioridades dentro del trabajo administrativo. 

¿Qué medidas piensan tomar para adecuar el cronograma de trabajo de acuerdo a las necesidades creadas por la particular situación que estamos enfrentando?  

7) Existe una demora crónica en la ejecución de los proyectos, los cuales en muchos casos se subjecutan, lo que lleva a que al momento en que los investigadores pueden cobrarlos, la inflación devoró sus montos originales, sin existir ningún tipo de actualización o compensación (cuando los gastos continúan su espiral ascendente). 

¿Por qué no se ejecutan la totalidad de los fondos? ¿Por qué se mantienen las demoras en el pago a los investigadores? ¿Qué medidas van a tomar para revertir esta situación? En la medida en que el problema no se resuelva, ¿Por qué no disponen una actualización o compensación para los becarios e investigadores que sufren esta situación?

8) Estamos enfrentando una emergencia sanitaria, que expone la salud de todos, y tenemos en su Ministerio una enorme deficiencia en lo que respecta a la cobertura de salud, en particular de los miles de trabajadores becarios del organismo, quienes se ven impedidos de poder incluir a su grupo familiar dentro de la obra social. Asimismo, en muchas provincias, Unión Personal (UP) ha dejado de prestar distintos tratamientos y servicios.

Frente a esta situación de crisis excepcional, ¿Van a habilitar que los becarios y becarias puedan incluir a su grupo familiar dentro de la obra social? 

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Del Plá afirmó: “La situación que vive el personal sanitario adquirió una gravedad inusitada, que representa una amenaza sanitaria de primer nivel en medio de la lucha contra la pandemia. Las consecuencias de la falta de recursos están mostrando su faceta más dramática: a fines de la semana pasada, el ministerio de Salud publicó la cifra oficial de trabajadores de la salud infectados, que ascendía a 374 y 3 fallecidos. Representa el 14% de los 2.669 casos confirmados hasta ese momento y se trata de la tasa de infección más alta del mundo, superando a España con el 13%”.

“Es evidente que no se destinó el presupuesto suficiente y la situación de colapso ya se empieza a ver cuando aún estamos lejos de llegar al 'pico' de la pandemia. Su impacto es enorme no sólo porque afecta a una parte sustancial de los planteles de salud, sino porque está generando el cierre de servicios y hasta de centros prácticamente enteros”.

“En los distintos centros de salud se van reproduciendo los reclamos de los trabajadores, que participan de reuniones por servicio, delegados por sector, cartas a la dirección e incluso piquetes. En todos los casos se trata de negligencia estatal y patronal, que no atendieron los reclamos de los trabajadores para que se les garantice la provisión de elementos de protección (EPP) e insumos básicos. Además, los trabajadores denuncian la falta de personal y la precarización laboral”.

“Es una necesidad cada vez más apremiante avanzar en una centralización real del sistema de salud, que involucre en un plan común al sector público, privado, de las universidades nacionales y de las obras sociales, coordinado por el ministerio y bajo control de trabajadores y profesionales del sector, así como disponer un aumento presupuestario extraordinario para equipar seriamente al sistema de salud y a sus trabajadores en el combate a la pandemia”.

Romina Del Plá: 1140429791

Pedido de informes sobre la situación de los trabajadores de salud:

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Solano dijo: “La compra de barbijos a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management revelaron no solamente irregularidades por sobreprecios sino un entramado de relaciones entre empresarios y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad para la adjudicación de compras y contrataciones que deben ser esclarecidas. Las renuncias del subsecretario de Administración de Salud, Nicolás Montovio y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Gonzalo Robredo no subsanan la situación: son hechos graves de los que se debe llegar al fondo de la cuestión. Reclamamos que el Jefe de Gabinete se presente ante la Legislatura para esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades de funcionarios en los delitos de cohecho y tráfico de influencias. La oposición debe pronunciarse sobre este punto. Si los bloques opositores a Cambiemos lo acompañan, el proyecto de citación para que Felipe Miguel de las explicaciones correspondientes tendrá mayoría.”

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

La Conferencia Latinoamericana convocada por los partidos integrantes del Frente de Izquierda-Unidad, para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo del corriente año, ha sido postergada en fecha a definir. El desembarco de la pandemia del coronavirus en nuestro continente hace imposible –por el cierre de fronteras, las medidas de cuarentena, etc.- la realización de la Conferencia en la fecha prevista.

Queremos dejar en claro que se trata solo de una suspensión temporal hasta que las condiciones nos permitan realizarla. Es que la iniciativa del FIT-U, a la luz de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus y la agudización cualitativa de la crisis capitalista y sus consecuencias sociales devastadoras para las y los trabajadores y los sectores populares, ha adquirido una mayor importancia aún.

En el marco de una profunda desigualdad social, una pobreza creciente y los sistemas de salud pública deteriorados por décadas de recortes, todos los gobiernos latinoamericanos, desde los más derechistas hasta los autodenominados “nacionales y populares”, con sus matices, han actuado en defensa de los intereses capitalistas en detrimento de la preservación de la salud y la vida de los sectores populares. El imperialismo yanqui, por su parte, a pesar de que Estados Unidos ha pasado a ser el epicentro de la crisis sanitaria mundial, se ha valido de la pandemia para relanzar una nueva cruzada criminal contra los pueblos de Venezuela y de Cuba.

La burguesía, la mayor parte de ella golpeada por el parate económico forzoso, descarga su crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador y aprovecha la conmoción social para avanzar de hecho con reducciones salariales, despidos, reformas laborales y previsionales. A su vez, se acrecientan las crisis políticas y los gobiernos fortalecen los aparatos represivos, previendo nuevos levantamientos de las masas, en lugar de invertir todos los recursos en favor de un mayor equipamiento sanitario. Como consecuencia de todo esto, las enormes contradicciones sociales que motivaron las grandes rebeliones populares de 2019, lejos de haberse apaciguado se han agudizado. Ya estamos viendo muestras en nuestro continente y en el mundo de resistencia de sectores de la clase trabajadora contrala ofensiva patronal. Nuestro Frente de Izquierda-Unidad publicó ya hace un mes una declaración con un programa y una orientación para que esta histórica crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Este escenario, refuerza la necesidad de concretar la conferencia cuando estén dadas las condiciones para impulsar la lucha de las masas obreras y campesinas contra las consecuencias devastadoras de la crisis capitalista y el coronavirus. Más que nunca, la tarea estratégica es la lucha por Gobiernos de Trabajadores y la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

La realización de la Conferencia Latinoamericana, a su turno, será un instrumento fundamental para impulsar esta perspectiva.

Partido Obrero – PTS – Izquierda Socialista – MST

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Del Plá afirmó: "Voy a insistir con la necesidad de anular de inmediato todo pago de la deuda. La propuesta de reestructuración que se conoció en estas horas es un rescate de bonos que tienen un precio basura en el mercado de deuda. No hay casi quita de capital y, tras el período de gracia, se sostienen tasas al doble de las internacionales, el total de la quita sobre capital e intereses es apenas del 32%. No hay desendeudamiento y, hay que aclararle al pueblo argentino, la reestructuración abarca sólo el 20% del total de la sideral deuda externa de U$S 330 mil millones. No incluye la deuda con el Fondo, ni con el resto de los organismos internacionales, ni con el Club de París, ni la descomunal deuda en pesos que se siguió pagando o refinanciando en medio de la pandemia y las privaciones del pueblo argentino".

"Es significativo el apoyo cerrado de todos los gobernadores del macrismo y el radicalismo, y también los elogios del ministro Guzmán al FMI, que resultan criminales porque se coloca al máximo gendarme financiero internacional como árbitro, cuando está dominado por las potencias imperialistas y sabemos que su posición siempre favorecerá los intereses del conjunto de la especulación financiera internacional, aún cuando tenga intereses propios para cobrar su deuda".

"Como se hacía desde los tiempos de Cavallo, ahora en uso de los superpoderes que autorizó Juntos por el Cambio, se elude al Congreso para hipotecar al país, violando una disposición constitucional".

"En la dramática situación argentina, con un pueblo luchando contra la pandemia desde condiciones económicas extremas, insistiremos con la imperiosa necesidad de prohibir efectivamente los despidos por un año y con la defensa integral de los salarios de todos los trabajadores. En el país falta de todo para nuestra salud y para alimentar a millones de personas, y la propuesta se hace mientras se opera una corrida hacia el dólar que, otra vez, presiona hacia una devaluación. Tampoco se conoce el proyecto gubernamental de impuestos progresivos a las grandes fortunas, cuando desde nuestra banca ya presentamos uno que grava integralmente a los capitalistas (la renta financiera de los bancos, los terratenientes, los especuladores inmobiliarios) y propone recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares para afrontar la pandemia".

"Reclamamos el no pago de la deuda, a excepción de los bonos en manos del Anses, lo cual debe ser acompañado por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como parte de un plan de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores, en favor de la mayoría laboriosa del país".

Romina Del Plá: 1140429791

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, tras la reunión con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social dijo que: “El Gobierno no tiene un camino para reestablecer la asistencia a los comedores. No hay órdenes de compra ni precisiones de tiempos. La presentación de reclamos depende de áreas que están en procesos administrativos no sé sabe hasta cuándo. La realidad es que, en concreto, no hay nada. Nos vamos más preocupados que satisfechos.”

Belliboni concluyó: “Hay una urgencia en los barrios que el Ministerio de Desarrollo social no se está atendiendo. La situación es de extrema gravedad. Miles de personas que se alimentan en comedores, adultos y niños no están recibiendo sus raciones de comida. No entienden la dimensión del problema y la demanda que hay en los barrios. El hambre está golpeando duramente. Mientras estábamos reunidos en un comedor en Soldati hubo un gravísimo incidente: 700 personas esperaban para comer cuando una persona entró violentamente para llevarse alimentos. La dramática situación pone de relieve la gravedad. El lunes habrá una reunión virtual. Está bien que nos atiendan, pero deben dar respuestas a la situación social.”

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

“Dos semanas después, el problema se agravó. Por eso, ante la reprogramación de la comisión, insistimos: tenemos un ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que niega la gravedad de la violencia contra estos sectores, las cifras de femicidios y su incremento bajo la cuarentena. Mientras todos los delitos bajan hasta 50% bajo la cuarentena, se mantiene la cantidad de mujeres asesinadas y se incrementan casi 50% las llamadas a los números de referencia, sin embargo, entre el 8 y el 11 de abril la ministra realizó un raid mediático negacionista de la realidad que se vive, intentando minimizar la situación, como se puede ver en sus respuestas en todos los medios de comunicación. Esto es un escándalo”.

“Las críticas de distintos sectores del movimiento de mujeres a la anodina campaña del barbijo rojo desnudan una orientación que delega la responsabilidad de denunciar y actuar sobre las víctimas, y la inacción completa del ministerio. Para agravar el cuadro, responde a las críticas por su inactividad contraponiendo la asistencia a las mujeres que denuncian a través de casas refugio con la exclusión del hogar del violento, cuando ambas son políticas complementarias que debieran ejecutarse. Sin embargo, el ministerio no garantiza ni una cosa, ni la otra ni nada”.

“Una gran cantidad de mujeres no cuentan con medidas de protección, muchas excluidas del subsidio de $10.000 (Ingreso Familiar de Emergencia), que no sólo es absolutamente insuficiente, sino que no lo cobra el amplio universo de mujeres que cuentan con algún miembro del grupo familiar que tenga un plan social. No vimos al ministerio de las Mujeres hacer nada por ellas y por aquellas trabajadoras domésticas a las que sus empleadores transformaron el IFE en un subsidio patronal”.

“Lo que sí hizo el Gobierno en esta cuarentena es reforzar la presencia y el financiamiento de las iglesias más rancias y antiderechos, como la Iglesia Católica y el reagrupamiento de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que son verdaderos combatientes, no de la pobreza, sino de la libertad y los derechos de las mujeres. Este reforzamiento, que tiene una fuerte expresión en el copamiento del ministerio de Desarrollo Social por parte de estos sectores, es reaccionario en varios sentidos. Reclamamos que se presente el proyecto de aborto que debía tener preparado el Gobierno, porque lo iba a presentar el día que comenzamos con la cuarentena, para que se pueda evaluar y discutir entre el movimiento de mujeres, y para impedir que el lobby clerical, que está muy próximo al Gobierno, influya aún más en este tema".

“Toda la política del Gobierno evitó destinar fondos al ministerio, los cuales están destinados al pago de la deuda externa en una proporción infinitamente superior a los fondos destinados a la cuestión de la cuarentena”.

Romina Del Plá: 1140429791

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Señora ministra:

La cuarentena ha agravado otra pandemia preexistente: la de violencia contra las mujeres y los femicidios. Sólo el mes de marzo dejó un saldo de 34 mujeres víctimas, y los casos y denuncias se siguen multiplicando. La vulnerabilidad de las mujeres que han quedado confinadas a convivir con sus agresores, muchas veces intrafamiliares, se ha exacerbado, pero sus razones son precedentes. La precarización y la informalidad laboral que alcanza a un 40% de los trabajadores en nuestro país, tiene entre sus filas una mayoría de mujeres, que no cuentan con medidas de protección en el marco de la pandemia, con un subsidio de $10.000 (el Programa IFE), que no sólo es absolutamente insuficiente, sino que excluye a una enorme masa de trabajadoras, por ejemplo el amplio universo de trabajadoras de casas particulares que cuentan con un algún miembro del grupo familiar que sea beneficiario de un plan social. Tampoco su gestión se puso a disposición de aquellas mujeres a las que las y los empleadores han transformado el IFE en un subsidio patronal. Otra vez no apareció su ministerio. Pero no es solo esto, porque sin ser una tarea esencial, la página de su ministerio informa a las empleadas domésticas que pueden acceder a determinadas licencias, pero no les anuncia que su empleador no debe convocarlas y debe pagarles igual. Esta información lamentablemente se restringió y no se popularizó. 

Entre los 45.000 despidos que tuvieron lugar en el mes de marzo hay muchas trabajadoras, que agravan su dependencia económica y el desamparo, muchas veces viviendo en condiciones de hacinamiento, y a cargo del cuidado de niños y adultos mayores. No se ponen en marcha casas refugio, ni dispositivo de contención y ayuda real a las mujeres víctimas de violencia, mientras se afirma que han aumentado de manera exponencial (una disparada del 39%) las denuncias de la línea 144 y otras líneas telefónicas.

Sin embargo, ninguna medida específica se ha tomado hasta el momento para que la asistencia no reproduzca la asimetría que existe en el mercado laboral contra las mujeres. En este rubro no se han protegido a las mujeres que son la mayoría de las precarizadas. 

Tampoco apareció en escena el ministerio para atender la sobrecarga de trabajo al interior del hogar en los casos en los que se practica el trabajo virtual y domiciliario, en la mayoría de los casos no regulado por normas laborales o por paritarias. 

Y frente al drama de la convivencia 24 x 7 con el violento, el ministerio no sólo no dio respuestas sino que intentó con sus discursos y acciones, pretender instalar en la sociedad la idea de que el problema en curso sería la ausencia de denuncias, cuando el problema es la falta de asistencia del Estado, la revictimización permanente en todas las instancias institucionales, la ausencia de salidas materiales concretas, la ausencia de políticas destinadas a ofrecer autonomía económica fundamental para desarmar una parte de la trama de la violencia. 

Toda su política evitó destinar fondos al Ministerio, los cuales están destinados centralmente al pago de la deuda externa en una proporción infinitamente superior al conjunto de los fondos destinados a la cuestión de la cuarentena. Y lo que es peor, la política monetaria de emisión de dinero está siendo destinada a la compra de dólares y no a la asistencia a la población. 

Esta política central del gobierno es lo único que puede explicar la oblicua respuesta a las críticas recibidas por la inacción en la que ha navegado su ministerio desde sus comienzos y que plantee usted que no impulsa casas refugio porque mejor es que se vayan los golpeadores de las casas. 

Mientras la ministra enuncia máximas políticas sobre qué es lo mejor para las mujeres, en la práctica ellas se mueren frente a una acción ineficiente de su ministerio. Mucho mejor al ideal alejamiento del hombre violento del hogar, sería que no existieran los hombres educados en la violencia contra las mujeres y los niños, y que no se impartieran desde el Estado, los principios clericales que acompañan y hasta ofrecen una base religiosa a este vínculo de sometimiento.

Centralmente “lo mejor” no puede ocurrir cuando un gobierno refuerza la presencia y el financiamiento de las iglesias más rancias y antiderechos, aliadas a militares y a gobiernos golpistas, como ocurre con la Iglesia Catolica y el reagrupamiento de templos evangélicos sostenidos por el bolsonarismo y por el protestantismo yanqui, nucleado en ACIERA. 

Mientras dure la cuarentena, el Estado debe alejar inmediatamente a una mujer que denuncie violencia, y debe hacerlo en las mejores condiciones para ella y para sus hijos. Cuanto mejor si esto lo podían lograr alejando al violento del hogar. Pero no pasó ni una cosa ni la otra. 

Durante la pandemia no se han implementado dispositivos de contención y ayuda real a las mujeres víctimas de violencia y mientras se afirma que han aumentado de manera exponencial las denuncias de la línea 144 y otras líneas telefónicas (un 60% de incremento de llamadas en el caso de la PBA) se sigue repitiendo que necesitamos más denuncias. El mejor impulso a una denuncia es una asistencia adecuada,  algo que el ministerio se niega a ofrecer. 

1) ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores se desempeñan en funciones en su Ministerio? ¿Cuáles las modalidades de contratación? ¿Cuál es el salario mínimo correspondiente a cada modalidad?

¿Qué presupuesto se ha destinado en lo que va del año a enfrentar la violencia de género (por fuera de lo que involucra la atención de las líneas telefónicas, las instrucciones en el marco de la Ley Micaela y de las charlas organizadas por el Ministerio)? 

2) Se han promocionado mucho las líneas telefónicas de denuncia, como la 144, y se afirma que han crecido sensiblemente las denuncias desde que se decretó el aislamiento social obligatorio.

¿Dónde están localizadas las denuncias? ¿Por qué no se presenta un mapeo de la localización geográfica de las mismas, para que las organizaciones sociales y de mujeres puedan coordinar una red de contención –con todos los recaudos que fueran necesarios disponer para evitar ningún tipo de exposición de quienes denuncian? 

3) La política de su Ministerio para atender este flagelo ha sido la campaña del “Barbijo Rojo”, que coloca en manos de las propias mujeres víctimas  la responsabilidad de hacer la denuncia, en algunos casos frente a sus agresores. Con un mecanismo que consta en presentar la denuncia frente a gente que no tiene por qué saber cómo asistir la situación. La campaña en ciernes fue duramente criticada por su carácter anodino, cuando lo que se necesita son casas para refugios de emergencia adecuados, personal estable, (psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, gestoras, y de otras disciplinas) y dispositivos reales y materiales de atención a las víctimas, como subsidios que efectivamente cubran las necesidades.

Según ud. ha informado, en el país hay entre 120 y 125 refugios y “la inmensa mayoría son municipales, algunos son provinciales, algunos de la sociedad civil y de organizaciones religiosas”

¿Qué supervisión existe desde su Ministerio sobre el funcionamiento de los mismos? ¿Cuántas mujeres cobijan cada uno y en qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo permanecen en promedio las mujeres en estos refugios? ¿Qué asistencia reciben en ellos y qué capacitación tiene el personal? ¿Qué pasa con las mujeres cuando los abandonan, con qué garantías y asistencia cuentan? 

4) Existe una gran cantidad de inmuebles ociosos, como los de la Iglesia, o las instalaciones de la industria hotelera paralizada paralizada ante la pandemia. 

¿Por qué no se dispone la utilización de los mismos ante la emergencia que vivimos las mujeres, para poner en funcionamiento casas refugios de protección a las mujeres víctimas?

5) Las empleadas domésticas y millones de jefas de hogar están sin acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, porque el gobierno está demorando el pago o porque quedan excluidas por criterios que terminan sumergiendo en el hambre a las familias. Las extranjeras están siendo violentamente discriminadas.

¿Por qué se excluye a las mujeres migrantes de la asistencia del Estado?

6) Lejos de avanzar en el reclamo de millones por la separación de la iglesia del Estado, su gobierno no ha hecho más que estrechar lazos con el Vaticano, reforzando la injerencia de una institución que se dedica a impartir conceptos oscurantistas contra las mujeres y disidencias entre los trabajadores y los más pobres, que protege y ampara a curas abusadores, educa en la resignación ante la violencia, la imposición de un modelo familiar autoritario y defiende el aborto clandestino.  

Su Ministerio promociona campañas que pretenden “enseñarle” a las mujeres cómo construir vínculos afectivos por fuera de los esquemas tradicionales, que no tienen asidero ni alcance alguno porque las relaciones opresivas entre los géneros reposan sobre las relaciones sociales que no se pretende alterar. El refuerzo a la intervención de las iglesias contradice incluso la pretensión esgrimida.

Por el contrario, siendo que el movimiento de mujeres y disidencias lucha por combatir la influencia de una institución de enemiga sus derechos como las iglesias.

¿A qué se debe el sostenimiento, tanto económico como político, a las iglesias católica y las evangelistas, como las nucleadas en la reaccionaria ACIERA, que han sido promotoras de todas las acciones contra los derechos de las mujeres y las disidencias?

¿Qué posición tiene el Ministerio sobre el reclamo de separación de la iglesia y el Estado? ¿Contemplan algún plan de acción en la materia?

7) Desde nuestra banca, hemos planteado que para atender las necesidades de las mujeres en la cuarentena, debería re direccionarse el dinero que se destina a pagar los sueldos de la cúpula episcopal que hoy reciben de parte del Estado, a la construcción en casas refugio y medidas concretas de asistencia a las mujeres víctimas de violencia (no meras campañas publicitarias). Sabemos que las grandes fortunas de la Iglesias no radican en este aspecto (una institución que cuenta en su haber incluso con grandes negocios inmobiliarios). Además, la propia Iglesia Católica hace más de dos años que viene amagando con aceptar una modificación de estas disposiciones que vienen de la última dictadura militar. No obstante, sería un principio alentador, que al menos se empiece por redireccionar ese dinero a atender las necesidades apremiantes que tenemos. 

¿Por qué no se adopta una medida de este tipo, y se obtienen así recursos para atender la problemática de la violencia de género, que se agrava en el marco de la pandemia? ¿Por qué se mantiene el financiamiento estatal de las iglesias (a través del pago de sueldos y jubilaciones onerosas de curas y obispos, exenciones impositivas de todo tipo, subsidios de tarifas y subsidios a sus negocios en salud y educación)?

8) Recientemente, el presidente Alberto Fernández grabó un video con los curas de “la opción por los pobres” que desfilaron por el congreso en defensa del aborto clandestino en 2018. 

Está claro que una de las cuestiones que postergó la emergencia ante la pandemia, ha sido avanzar en la legalización del aborto. El gobierno ya tiene un redactado un proyecto propio, como anunció largamente y cuya presentación había sido anunciada para los días en que empezó la cuarentena, lo cual hubiera permitido da amplia difusión y conocimiento a su contenido, e incluso reforzar una campaña de adhesiones para seguir ampliando el apoyo popular a este derecho tan postergado. La preocupación del movimiento de mujeres sobre esta cuestión es muy grande, y crece a la luz del reforzamiento del papel de las iglesias en el marco de la cuarentena. 

¿Por qué no han dado a conocer el proyecto del PEN sobre aborto legal?  

¿Cuál es el contenido del proyecto que se supone ya está redactado por el Poder Ejecutivo? ¿Por qué han decidido hacer un proyecto distinto al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto? ¿En qué radica la diferencia con el último presentado por este colectivo en mayo de 2019?

9) El Ministro Trotta afirmó que están trabajando la aplicación de la ESI con las iglesias. El movimiento de mujeres y la juventud viene reclamando con masivas movilizaciones una educación sexual laica y científica, respetuosa de la diversidad sexual y de género, libre de prejuicios religiosos.

¿Qué posición tiene su Ministerio en este tema nodal para el ámbito de sus incumbencias? ¿Cómo piensa intervenir para impedir que se siga atropellando este derecho? ¿Por qué no se modifica la ley de Educación Sexual, especialmente en su artículo 5°, para impedir que el “ideario institucional” sea una traba a la educación sexual que respete y no bloquee derechos? 

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Señor ministro:

A medida que pasan los días se hace cada vez más agobiante la situación de cientos de miles de trabajadores en el país, que deben hacer frente al necesario aislamiento social en un cuadro de ofensiva contra sus derechos. Arrecian los despidos y las suspensiones con rebaja salarial; la violación patronal de las medidas de cuidado sanitario en las consideradas “actividades esenciales” –que cada vez son más en virtud de que se ha impuesto un grosero lobby patronal que sólo persigue mantener el nivel de ganancias capitalistas; la imposición de modalidades de “teletrabajo” que en muchos casos son violatorias de derechos adquiridos (como la extensión de la jornada laboral, descansos, y licencias) y todo tipo de atropellos. Todo ello sin que haya ningún tipo de control ni sanciones por parte del gobierno.

En todo el mundo la pandemia del coronavirus ha agravado la profunda crisis económica, financiera y social que se desenvolvía previamente, y la clase capitalista quiere descargar redoblando una ofensiva contra los trabajadores, para imponer un salto en las condiciones de explotación social y una destrucción criminal de fuerzas productivas.

En nuestro país se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia del coronavirus, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, económicas y de defensa de los trabajadores en su totalidad: los ocupados, los desocupados y los sub-ocupados, los que están registrados y el casi 40% que trabaja en el circuito informal (sin ningún tipo de protección laboral). A pesar del DNU del presidente, no hay efectiva prohibición de despidos (como lo muestra, por ejemplo, la homologación de la pérdida de 1400 puestos de trabajo en Techint) ni garantías salariales, como evidencian numerosas denuncias de reducción de salarios a lo largo de todo el territorio nacional.

La seguridad de la población trabajadora depende del cuidado de su salud y de las condiciones de vida, empezando por el derecho al trabajo y a un salario adecuado, y la política que impulsa el gobierno en la actualidad lejos está de garantizar estos derechos.

Desde nuestra banca hemos presentado un extenso proyecto de ley que atiende estrictamente la protección de la clase trabajadora. Previamente, y antes de que se decrete el aislamiento social obligatorio, presentamos por escrito nuestras propuestas al presidente Alberto Fernández, que incluyen aspectos centrales como una partida presupuestaria extraordinaria para salud y la centralización de todo el sistema (público, privado, de obras sociales y de universidades nacionales), bajo control de trabajadores y profesionales, junto con otra cantidad de medidas de emergencia que tienen como punto de partida la suspensión unilateral del pago de la deuda –a excepción de la que está en manos de la ANSES-, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores, para concentrar los recursos nacional en las necesidades sociales que ponen a la orden del día el combate al Covid-19. Al final de esta presentación, reproducimos las que se refieren a su cartera, esperando que se pronuncie respecto de las mismas, del mismo modo que en relación a las preguntas que a continuación le detallamos.

1) El decreto presidencial que prohíbe despidos por 60 días, llegó después de concretarse miles de despidos y no detuvo los muchos que se sucedieron, violando flagrantemente la disposición gubernamental. En el mes de marzo los despidos alcanzaron la friolera de 45.000 puestos de trabajo perdidos. Además de los 1.450 obreros de Techint (homologados por su cartera, pese a las “quejas” mediáticas del presidente), tercerizados de Aerolíneas, municipales de la orquesta de José C. Paz, 56 trabajadores estatales de Educación en La Plata y municipales de la misma ciudad, un centenar de empleados de Vía Bariloche, 60 trabajadores de la cadena Cinemark, más de un centenar de gráficos y periodistas de Publiexpress e Ipesa, 745 operarios de la planta electrónica Mirgor en Río Grande, 800 trabajadores de la minera Livent, trabajadoras del Sanatorio Franchin de la Uocra. En Yacimientos Carboníferos Rio Turbio se produjeron 417 despidos La empresa Dánica ha llegado al colmo de despedir trabajadores por negarse a hacer horas extras en medio de la pandemia, cuando los turnos deberían reducirse. Luego de firmado el DNU, el frigorífico quilmeño Penta directamente despidió 240 operarios, al igual que la curtiembre Sadesa, de Galperín, lo mismo que la minera Livint o la metalúrgica Mirgor de Río Grande, entre muchos más.

¿Qué va a pasar con los miles de trabajadores que fueron despedidos con anterioridad al decreto? ¿Van a convalidar la pérdida de esos puestos de trabajo? ¿Dispusieron algún tipo de control o auditoría sobre las empresas que despidieron? ¿Cuál es la situación patrimonial de las mismas? ¿Por qué no disponen la retroactividad de las disposiciones del decreto al menos al 29 de febrero para proteger a todos los despedidos a partir de la nueva situación creada por el impacto de la pandemia?

¿Qué penalidad tienen las patronales que despiden? ¿Se van a revertir los despidos? ¿Qué garantías tienen los trabajadores de que se cumplirá con lo dispuesto por el decreto emitido por el presidente? ¿Se dispondrá la reincorporación de todos los despedidos desde el momento de vigencia del DNU?

2) Se estiman en centenares de miles los despidos en el sector informal hasta el 13 de abril. Solo entre las empleadas de casas de familia, en la construcción y en el empleo rural estamos hablando de millones de obreras y obreros en negro. Desde el Partido Obrero venimos insistiendo hace tiempo en una línea: amparar a los trabajadores informales en relación de dependencia mediante una cláusula de estabilidad laboral para denunciar su situación. Ahora, en medio de la pandemia, no puede aceptarse su despido sumario, que además no tiene indemnización alguna. Son personas y familias arrojadas al hambre en medio de la crisis sanitaria.

¿Los trabajadores informales podrán denunciar su despido? ¿Les brindarán desde el ministerio garantía de reincorporación? ¿Y de estabilidad laboral? ¿Qué tipo de controles sobre este sector han dispuesto desde su cartera? ¿Cuántas inspecciones se realizaron? ¿Qué registro tienen sobre los despidos en este sector? Corresponde el ‘blanqueo’ de todos estos trabajadores, bajo convenio, y el pase a planta permanente en El estado de todos los contratados bajo diversas formas laborales precarizadas. ¿Por qué no la hace?

3) La clase capitalista desconoce olímpicamente la integralidad de los salarios dispuesta en el decreto inicial de cuarentena mediante suspensiones con rebajas de salarios de hasta el 70%, y en casos sin pago alguno. Desde Aluar hasta las cadenas fast food, desde Latam hasta los pulpos mineros, pasando por miles de Pymes. Esos pagos reducidos, por otra parte son no remunerativos, es decir que no se tributan los aportes patronales al Anses, que desde la cuarentena, virtualmente han dejado de existir por el derecho o por los hechos.

¿No son ilegales esas reducciones salariales? ¿Van a permitir que continúen? ¿Qué medidas dispondrán para defender el ingreso de miles de trabajadores?

4) Hay paritarias de 2019 que aún no cerraron, como sucede en el gremio de prensa, o que tienen cláusulas de revisión pendientes, como en Foetra. ¿Qué harán a respecto? ¿No corresponde un laudo que iguale inflación en periodo?

Hay asimismo paritarias vencidas para el 2020, como el caso de subte y colectivos a 50 días de su vencimiento. ¿Qué respuesta van a dar a esta situación para que los trabajadores afectados no sigan perdiendo poder adquisitivo de sus salarios?

¿Por qué no respetan el derechos adquiridos de las clausulas gatillo pautadas en diferentes paritarias que actualizan el salario?

5) Decenas de miles de monotributistas en todo el país (que incluye desde profesionales y trabajadores independientes hasta una enorme masa de empleados –por privados o por el Estado- a quienes bajo esta modalidad se les niegan derechos laborales- se han quedado sin ingresos por el parate de la actividad en el marco del combate a la pandemia.

¿Por qué no se incluye a todos los monotributistas (no sólo las categorías A y B) en el Programa del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿Por qué no se garantiza –más que nunca en medio de una emergencia sanitaria como la que vivimos- que las obras sociales otorguen cobertura de PMO a todos los monotributistas?

6) En el marco del aislamiento social obligatorio, se ha impuesto la modalidad del teletrabajo en numerosos rubros y ámbitos de la actividad productiva. Pero ello ha ido acompañado de múltiples atropellos a los derechos laborales.

¿No corresponde que las empresas garanticen las herramientas de trabajo, como el pago de internet, silla ergonómica, y -en las actuales circunstancias- reducción de la jornada laboral? ¿Qué tipo de controles se aplican para garantizar el cumplimiento de derechos laborales por parte de las empresas que impusieron esta modalidad?

7) Entre las nuevas excepciones a la cuarentena se encuentra la producción de neumáticos. Según el reciente decreto publicado en Boletín Oficial, se trataría solo de una producción ligada a abastecer las actividades esenciales, como las ambulancias o el transporte de alimentos. Sin embargo, el sindicato del neumático denuncia que las patronales exigen rebajas salariales a los trabajadores que continúen cumpliendo la cuarentena obligatoria.

¿Qué tipo de medidas y controles dispondrá el Ministerio para garantizar que las empresas limiten la producción a lo estrictamente necesario para el abastecimiento de las necesidades “esenciales”? ¿Qué harán para impedir la reducción salarial de quienes cumplen con el aislamiento obligatorio?

8) ¿Qué piensa hacer el gobierno con las patronales que mantienen las plantas de fábricas abiertas a pesar de no realizar tareas consideradas esenciales en el DNU y por lo tanto no están exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio (algunos ejemplos: alimenticias con golosinas, Vidrio y metalúrgicas con envases de cerveza, gráficas con revistas de chismes y envoltorio de golosinas, cosméticos y cigarrillos)? ¿Habrá alguna intervención del Ministerio? ¿Van a imponer penalidades? ¿Van a garantizar que se cumpla la cuarentena que les corresponde?

9) Muchos bancos no están atendiendo con las medidas de protección e higiene necesarias, como mamparas, barbijos, desinfección continúa, termómetros para medir la temperatura de los clientes, etc. ¿Qué seguimiento le dieron desde el Ministerio al protocolo presentado por la bancaria? ¿Qué medidas de control piensan disponer para resguardar la salud de los trabajadores bancarios y de la población que recurre a las sucursales?

10) El grupo Aluar acaba de acordar con la seccional de la UOM de Puerto Madryn (que dicho sea de paso, está intervenida desde hace más de un año) una rebaja salarial, consistente en abonar los días no trabajados al 70% sobre el neto, conforme los turnos reducidos establecidos por la propia empresa previamente con el compromiso de abonar la totalidad. Aluar es una de las empresas más importantes del país. Su facturación alcanza los 1.420 millones de dólares anuales. El 75% de su producción se exporta a mercados de EE.UU., Japón, y Europa. A esto se suman sus inversiones en el área de energías renovables. Es evidente que la medida empresaria no obedece a una imposibilidad de afrontar sus compromisos salariales, sino a un aprovechamiento de la crisis, en una de las provincias más golpeadas por los ajustes y donde una parte sustancial de su población cobra sus salarios de manera escalonada o no cobra desde hace meses.

¿Cuál es el peso de la masa salarial en la estructura de costos de la compañía y que porcentaje de su facturación representan los recortes anunciados? ¿No van a disponer ninguna medida para dar garantías salariales a estos trabajadores? ¿Se van a tolerar estas reducciones de salarios en Aluar?

11) Teniendo en cuenta que Trenes Argentinos es una empresa del Estado Nacional que continúa contratando tercerizadas que precarizan la seguridad en el trabajo, así como las relaciones laborales:

¿Por qué no resolvió en favor de la reincorporación de los despedidos de MCM, tercerizada del Ferrocarril Roca, que obtuvieron fallos de reinstalación de la Justicia que la empresa no respeta y a pesar de que estos trabajadores recurrieron a varias audiencias ante su ministerio? ¿Qué piensa hacer frente a la suspensión sin pago al personal de la tercerizada Montelec, en el mismo ferrocarril? ¿Por qué admite el despido de 5 trabajadores de la tercerizada Murata, en el ferrocarril San Martín, como represalia por reclamar barbijos, guantes y alcohol en gel?

12) La gráfica Ipesa produjo despidos masivos (la mitad del personal) en octubre 2019, de manera ilegal ya que omitió la presentación del PPC. Luego, tercerizó ese sector Encuadernación. Aun así, obtuvo una licitación oficial para imprimir cuadernillos escolares destinados a ofrecer soporte pedagógico durante la suspensión de clases. Hace unas semanas anunció el cierre de la planta; y así continúa pese a la conciliación obligatoria. Pero los trabajos del gobierno son tercerizados a otros talleres (cabe suponer, embolsándose una diferencia). Es decir, se trata de una empresa que cierra obviando los procedimientos de ley, deja a cien familias en la calle y continúa cobrando de los fondos del Estado.

¿Qué piensan hacer al respecto? ¿No hay elementos fundados para penalizar a esta patronal? ¿Van a permitir que la empresa siga actuando en la ilegalidad y las consecuencias las paguen los trabajadores?

13) Abundan las denuncias respecto de la violación de las licencias a grupos de riesgo entre los docentes universitarios. ¿Por qué no interviene para que se cumplan las resoluciones que han emitido desde su propio ministerio en materia de licencias?

14) Las paritarias de los estatales de Chubut se han suspendido por tiempo indeterminado. El pago escalonado es una violación al estatuto docente y a los convenios colectivos de trabajo, sin embargo persiste desde hace tres años y cada vez en peores condiciones, sin cronograma y a cuenta gotas.

¿No corresponde que desde el Ministerio de Trabajo una intervención que impida que se sigan violando los derechos de los trabajadores estatales de la Provincia?

Como señalamos al principio de esta nota, hemos entregado al señor Presidente, Alberto Fernández, un pliego con 20 puntos con planteamientos que creemos necesarios para encarar la lucha contra la pandemia. De ese pliego, extractamos algunos puntos que tienen que ver directamente con su área. La pregunta es si usted ha recibido estos puntos y qué respuesta puede dar al respecto.

1) Asignación de $30.000 a todos los trabajadores desocupados y monotributistas. Elevación del salario y la jubilación mínima al mismo monto. Exención de aportes y cobertura de obra social a los monotributistas.

2) Garantías de salubridad e higiene de las actividades que sean imprescindibles, bajo supervisión del comité de médicos expertos y científicos. Intervención gremial allí donde se pretenda anteponer el interés de lucro particular a la necesidad de reducir la circulación general.

3) Apertura de libros de todas las empresas formadoras de precios. Intervención del Estado de las principales cadenas de producción de alimentos y elementos de salud esenciales, bajo control de comités de trabajadores para producir en toda la capacidad instalada y garantizar su comercialización al costo.

4) Licencia con goce de sueldo para todos los docentes, auxiliares y personal administrativo, de todos los niveles educativos, mientras dure la emergencia. Aplicación de la cláusula gatillo ya firmada por los gremios en 2019. Licencia efectiva y paga para todas personas que están al cuidado de sus hijos mientras dura la suspensión de clases, y castigo inmediato a las empresas y entes del Estado que entorpecen su aplicación. Licencia efectiva para toda persona que convive con población de riesgo.

5) Prohibición de despidos y suspensiones con reducción salarial retroactivo al mes de febrero.

6) Creación de comités electos por los trabajadores para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y que se brinden los elementos necesarios en todos los lugares de trabajo, dependencias públicas y establecimientos privados de carácter industrial, comercial, bancario o de servicios.

7) Prohibición de descuentos salariales o adelanto de vacaciones para los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la emergencia.

8) Bonificación del 100% del monotributo para todos los trabajadores inscriptos en esta modalidad durante 3 meses, prorrogable al período que se extienda la emergencia. Cobertura inmediata e irrestricta de las obras sociales para todos los trabajadores monotributistas

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

El proyecto establece que, por el período que duren las medidas de aislamiento y su posterior normalización, se debe garantizar el pago de la totalidad de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin excepción, así como el Acompañamiento Terapéutico de todos los tratamientos aprobados en 2020; la aprobación inmediata de todas las prestaciones que ya fueron presentadas con su plan de tratamiento y de presupuesto durante el año 2020; y el pago urgente de todos los planes y presupuestos que se adeudan del año 2019 y 2020.

Del Plá afirmó: “No puede utilizarse la situación extraordinaria que creó el necesario aislamiento social para combatir el coronavirus al servicio de hacer pasar un ajuste como el que pretenden en un área tan sensible. Las resoluciones de la Superintendencia de Salud -que habilitan recorte de prestaciones y no pago de salarios- no sólo son un golpe para los trabajadores, sino que ponen seriamente en riesgo la continuidad de los tratamientos que prestan profesionales de la salud de diversas disciplinas, así como el servicio que prestan los transportistas, que trasladan desde alimentos hasta materiales educativos, a quienes se les quiere dejar de pagar el salario. Estamos en presencia de una ofensiva gravísima contra los derechos de las personas con discapacidad”.

“Las obras sociales y prepagas siguen cobrando la totalidad de los aportes y contribuciones a sus afiliados. No hay ningún motivo para que dejen de pagar lo que corresponde a miles de prestadores precarizados, que ya vienen siendo castigados por el sistema, cobrando sus salarios diferidos, en el mejor de los casos con 60 días de retraso, y haciendo frente a los tributos que se les exigen mensualmente, como el monotributo, seguro de mala praxis, de accidentes personales, colegios profesionales e incluso cajas profesionales”.

“Junto con los trabajadores de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL Prestadores), con quienes elaboramos este proyecto, reclamamos la urgente marcha atrás de esta política de desguace del área de discapacidad, que atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores y personas en tratamiento”.

Romina Del Plá: 1140429791

Regulación de las Prestaciones de Servicios en Discapacidad durante el aislamiento social obligatorio y su posterior normalización:

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Del Plá afirmó: "Nuestro proyecto apunta a defender realmente a la mayoría de la población afectada por suspensiones, rebajas salariales y despidos masivos. Hay 12 millones de personas sin ingresos o con ingresos de indigencia, de los cuales 8 millones recibirán sólo $10.000 como paliativo que abarca los meses de marzo, abril y mayo. Junto al no pago de la deuda, tanto en pesos como en dólares, este proyecto de impuestos a las grandes rentas y fortunas se propone adicionar U$S 15.000 millones para atender la emergencia de la pandemia". 

“Las 20 personas con mayores patrimonios del país concentraron el 13% del PBI. En el caso de los bancos, tuvieron ganancias récord en los últimos diez años. Las empresas mineras, petroleras y los laboratorios acumularon ganancias enormes. Las empresas energéticas fueron favorecidas por aumentos de tarifas de hasta 2000%. Sumado a esto, hay un puñado de propietarios de tierras enormes con rendimientos agropecuarios importantes. Todo esto demuestra que los recursos están, pero concentrados en una minoría de empresas y propietarios. La crisis sanitaria impone afectar a estos sectores".

"En cuanto a los destinos del fondo especial de emergencia, estos son: un plan de elaboración e importación de material sanitario y contratación de personal de salud; garantizar un ingreso de $30.000 para todos los monotributistas de las categorías A y B, cuentrapropistas, trabajadores de casas particulares, empleados de servicios eventuales y para todos los trabajadores que no tengan licencias pagas por sus empleadores; y un plan de construcción de viviendas populares para reducir la exposición al Covid-19 y otras enfermedades. Por todos estos motivos, exigimos una sesión especial presencial para los que puedan participar y virtual para los que no, tomando los recaudos de higiene y protección necesarios”.

Romina Del Plá: 1140429791

Proyecto de ley de impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y a las altas rentas:

https://po.org.ar/comunicados/2701-proyecto-de-ley-de-impuesto-extraordinario-a-los-grandes-patrimonios-y-a-las-altas-rentas-por-la-emergencia-sanitaria-ante-la-pandemia-del-covid-19

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Artículo 1. Establécese un “Impuesto Extraordinario a los Grandes Patrimonios” aplicable a las personas humanas y sucesiones indivisas cuyo patrimonio total supere el valor de 100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) al 31 de diciembre de 2019.

Artículo 2. El impuesto a ingresar por los contribuyentes indicados en el artículo 1 surgirá de aplicar la siguiente escala de alícuotas:

1. Una tasa del 5 por ciento (5%) sobre el excedente del valor patrimonial total de $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) hasta un valor patrimonial de $600.000.000 (PESOS SEISCIENTOS MILLONES).
2. Una tasa de nueve por ciento (7,5%) sobre el excedente del valor patrimonial total de $600.000.000 (PESOS SEISCIENTOS MILLONES) hasta un valor patrimonial de $3.000.000 (PESOS TRES MIL MILLONES.
3. Una tasa del 10 por ciento (10%) sobre el excedente del valor patrimonial total de 3.000. 000.000 (PESOS TRES MIL MILLONES) hasta un valor patrimonial de $50.000.000.000 (PESOS CINCUENTA MIL MILLONES)
4. Una tasa del 15 POR CIENTO (15 %) sobre el excedente del valor patrimonial total de $50.000.000.000 (PESOS CINCUENTA MIL MILLONES).

A los efectos de determinar el patrimonio sujeto a impuesto, se sumarán todos los bienes, incluidas las tenencias accionarias o participaciones societarias, conforme a su valor patrimonial proporcional de acuerdo al último balance cerrado antes del 31 de marzo de 2020. Las valuaciones de los bienes serán a precios de mercado al 31 de diciembre de 2019. Los inmuebles urbanos y rurales serán válidos conforme a la cotización del metro cuadrado o de la hectárea que publican entidades y organismos reconocidos.

Artículo 3. Establécese un “Impuesto a las Ganancias Bancarias” aplicable por única vez a los beneficios de las entidades financieras y bancarias del sector privado. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa del 20 % del resultado neto del ejercicio cerrado por dichas entidades en los últimos 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive.

Artículo 4. Establécese un “Impuesto Extraordinario a las Altas Rentas” aplicable por única vez a los beneficios empresariales y rentas de capital que superasen los $65.000.000 (PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES)

Serán sujetos del impuesto todas aquellas personas humanas, jurídicas, fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades y empresas privadas o mixtas que operan en el territorio nacional, sean de origen nacional o extranjero, independientemente de su actividad económica, incluyendo las empresas privatizadas de servicios públicos, de extracción y distribución de minerales metalíferos o petroleros, las empresas agropecuarias, industriales, de la construcción y de servicios.

Artículo 5. El impuesto establecido en el artículo 4° surgirá de aplicar el siguiente esquema de alícuotas sobre el resultado neto del ejercicio cerrado por dichas entidades en los últimos 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, que se adicionará al gravamen que correspondiere por el pago del impuesto a las ganancias.

1. Una tasa del diez por ciento (10%) del resultado neto del ejercicio sobre el excedente de $65.000.000 (PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES) hasta un resultado de $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES).
2. Una tasa del quince por ciento (15%) del resultado neto del ejercicio sobre el excedente de $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES) hasta un resultado de $1.000.000.000 (PESOS MIL MILLONES).
3. Una tasa del veinte por ciento (20%) del resultado neto del ejercicio sobre el excedente de $1.000.000.000 (PESOS MIL MILLONES).

Artículo 6. La tasa progresiva aplicable establecida en el artículo 2 se duplicará respecto al valor total de activos que no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y se hayan detectado por esta última en situación de evasión o subdeclaración.

Artículo 7. Establécese un “Impuesto Especial a la Gran Propiedad de la Tierra” aplicable por única vez para todas las personas jurídicas y personas humanas o sucesiones indivisas que no hayan sido alcanzadas en el artículo 1 que sean propietarias de superficies de tierra que en total superen las 5.000 hectáreas o cuyo valor catastral total sea superior a $600.000.000 (PESOS SEISCIENTOS MILLONES) al 31 de diciembre de 2019. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa de cinco (5%) sobre el valor total de la tierra.

Artículo 8. Establécese un impuesto a las viviendas ociosas, aplicable por única vez, a los bienes inmuebles que no hayan sido habitados en los últimos 12 meses y superen el valor patrimonial de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES) de su valor fiscal. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa del 3 % (tres por ciento) del valor patrimonial al 31 de marzo de 2020 y de 5 % (cinco por ciento) sobre viviendas ociosas que superen el valor de $50.000.000 (PESOS CINCUENTA MILLONES).

Artículo 9. Aplicación supletoria. Para los casos no previstos en los artículos precedentes y en su reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias y Ley del Impuesto a los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de su decreto reglamentario, según corresponda.

Artículo 10. Créase un Fondo Especial de Emergencia destinado a financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social para mitigar las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

Artículo 11. Estas acciones incluyen exclusivamente los siguientes destinos, que deberán ser dispuestos y ejecutados en un plazo no mayor a 15 días por el H. Congreso de la Nación:

1. Material sanitario. Equipamientos médicos y hospitalarios, respiradores, ventiladores, camas, hospitales modulares, aparatología, reactivos, elementos que conforman los Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal de salud, como barbijos de uso médico, guantes, camisolines, botas quirúrgicas, antiparras, máscaras y todo otro insumo necesario para abastecer los servicios de salud para la atención de pacientes con coronavirus.
2. Compra y producción de alcohol en gel, jabones sanitizantes y mascarillas, para los servicios sanitarios y para uso de la comunidad en general.
3. Contratación de mayor cantidad de personal de la salud, profesionales médicos, enfermeros y kinesiólogos respiratorios, con sus respectivas guardias y rotaciones, así como las respectivas bonificaciones remunerativas, entre otros.
4. Salario mínimo de cuarentena. Para dar respuesta a la grave crisis social que atraviesan las familias trabajadoras, agravada en el transcurso de la pandemia por la disminución de ingresos, se garantizará de manera urgente un salario de cuarentena de $ 30.000 (PESOS TREINTA MIL) para todos los trabajadores y trabajadoras, registrados o no, que no gozasen de licencias pagas por sus empleadores, trabajadoras de casas particulares, y cuentapropistas o monotributistas de las categorías A y B, desde el mes de marzo inclusive y hasta tanto persista la emergencia y el aislamiento social obligatorio.
5. Plan de Viviendas. Primera etapa de un plan anual de construcción de 100.000 viviendas populares de calidad por año y urbanización de las villas y asentamientos, para terminar con el hacinamiento en los barrios populares y reducir los niveles de exposición a la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades, por parte las miles de familias trabajadoras que viven en condiciones de hacinamiento o déficit habitacional.

Artículo 12. Financiamiento. Los recursos del Fondo Especial de Emergencia serán provistos con lo obtenido mediante los impuestos y multas establecidos en los artículos 1, 3, 4, 7 y 8 de la presente ley, que se aplicarán por única vez o hasta cumplir con las necesidades emergentes de esta ley.

También se destinarán al Fondo Especial de Emergencia todo impuesto, multa e intereses aplicados por las disposiciones y normas existentes a los activos no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Artículo 13. Control. Créase el “Comité de control, monitoreo y seguimiento del Fondo Especial de Emergencia”, compuesto por trabajadores electos por sus pares de la salud, especialistas y técnicos de Universidades Públicas, trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Administración Federal de Ingresos Públicos que velará por la efectiva instrumentación de los impuestos establecidos en la presente ley y el adecuado destino de los recursos hacia las partidas específicas detalladas en el artículo 10.

Artículo 14: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Fundamentos:

Desde que se desató la epidemia de Coronavirus (COVID-19) luego declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, los casos en todo el mundo y en Argentina han ido en aumento. En los últimos días la crisis del coronavirus ha cobrado más fuerza en nuestro país. Si bien hasta el momento no tiene la magnitud que ya alcanzó en otros países como Italia, España o Estados Unidos, entre otros, y que viene dejando al desnudo la crisis de los sistemas de salud y los desastres a los que lleva la irracionalidad y la anarquía capitalista. Ya presentamos desde el Frente de Izquierda diversos proyectos que atienden estos problemas con una batería de medidas de emergencia para centralizar el sistema de salud y proteger a los trabajadores frente a la grave situación que atravesamos (Exptes. 769-D-2020; 800-D-2020; 960-D-2020; 947-D-2020)

Esta situación sin precedentes mantiene a 2.000 millones de personas alcanzadas por la cuarentena obligatoria o medidas de aislamiento social de algún tipo. Las medidas ya están generando un impacto económico profundo. Las perspectivas para el crecimiento mundial este año son peores a las registradas en la última crisis financiera de 2008, solo comparables con el crack del 29. De acuerdo al Fondo Monetario más de 170 países experimentarán un retroceso de su PBI de más de dos dígitos en 2020.

Por su parte, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) alerta sobre la posibilidad de pérdida de casi el 7 % del empleo global para el segundo semestre de 2020; pero el mercado laboral ya registra las consecuencias inmediatas producto del parate de empresas y fábricas. A pesar de los rescates millonarios de los Estados a las empresas, están han comenzado descargar el costo de la crisis causada por la pandemia sobre los sectores más precarizados. En las últimas semanas en Estados Unidos las aplicaciones para acceder al seguro de desempleo superaron los 17 millones y las reducciones de salarios afectan a una cantidad creciente de trabajadores estadounidenses.

Este accionar de los empresarios se repite a escala mundial. En Argentina ya suman 12.500 despidos y suspensiones sólo durante el periodo de cuarentena obligatorio, que comenzó el 21 de marzo, de acuerdo al Observatorio Despidos durante la Pandemia. Se suman a los 2 millones de desocupados en todo el país, que surge de la proyección del indicador que elabora el Indec a nivel nacional. El hombre más rico del país, Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fue uno de los primeros en aplicar recortes de personal, echando a 1450 trabajadores. Así también, los jóvenes trabajadores de lugares de comidas rápidas como Mc Donalds, Burguer King, Wendy´s, StarBucks, Mostaza, han denunciado una reducción salarial criminal. Y directamente en otras cadenas como Garbarino, las patronales realizaron despidos arbitrarios. En el Frigorífico Penta las fuerzas represivas directamente actuaron en función de la política patronal de despidos. En todos los casos incumpliendo – y sin sanciones a la vista- el DNU 329/2020 de prohibición de despidos.

En la tensión entre cuidar la salud y poner a funcionar la economía se plantea un falso dilema. Las preguntas correctas serían qué se produce, para quién, con qué medidas de seguridad. Los empresarios esas preguntas ya las tienen respondidas hace rato. Y presionan por volver a la normalidad de la extracción de plusvalía cotidiana, de realización de ganancias, a reactivar el ciclo de acumulación. La crisis del coronavirus está exponiendo las premisas de la posibilidad de otra organización social donde lo primero sea atender las necesidades sociales: enfermeras, médicas, trabajadores de la alimentación, de logística, muestran que los resortes esenciales de la organización de la producción no se mueven sin ellos. Por el contrario, se puede prescindir de los capitalistas. La ausencia de test masivos con muestras significativas entre segmentos de la población, a los trabajadores que se mantienen en actividad o a los de salud, que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, al día de hoy impide una planificación científica de la cuarentena. Una salida de la cuarentena desordenada para hacer control de daños sobre la economía puede conducir a una irracionalidad desmesurada. Los trabajadores también tendrán que establecer sus exigencias para el día después: entre ellas, claro está, la de test masivos.

Cuando cesen los sesenta días de la tramposa prohibición de despidos y suspensiones, puede experimentarse una oleada mayor de trabajadoras y trabajadores expuestos no solo al coronavirus, sino a la desocupación y quiebras empresarias en una economía internacional y local cuyo nivel de destrucción no puede conocerse a ciencia cierta. es necesaria una preparación para la ocupación y puesta en producción de toda empresa que cierre o despida. El geógrafo marxista David Harvey alerta que el coronavirus puede ser utilizado a escala global para una reorganización de las cadenas de valor. No puede descartarse que la clase capitalista mundial encuentre la oportunidad para una reforma laboral de hecho aprovechando la pandemia. En estas tierras ya se esbozan ideas que unen la oportunidad de cambiar las condiciones de trabajo con las de practicar un ajuste fiscal. Daniel Artana, de la ultraliberal Fundación Fiel, escribió que “sería conveniente coordinar con provincias, y estas con sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados estatales que trabajen desde sus domicilios (una suerte de réplica de las suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado)”. El ataque de Artana al empleo público es un dislate cuando son trabajadoras y trabajadores de la salud pública la primera línea de la lucha contra el coronavirus. No obstante, la burocracia sindical se prepara para ceder a la baja de salarios con el pretendido fin de preservar los puestos de trabajo. El teletrabajo, las nuevas formas laborales más en general, querrán ser aplicadas para atacar derechos conquistados. La clase trabajadora también deberá emprender una preparación para estas batallas por defender el salario, los derechos conquistados, e incluso para impedir el desempleo masivo impulsando el reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y con un salario que permita cubrir la canasta familiar.

La economía argentina -que se encamina hacia su tercer año de contracción consecutivo- ya se encontraba golpeada. El impacto del coronavirus empeora una situación que ya es alarmante. Priorizar el pago de la deuda, en vez de destinar esos recursos a atender las necesidades sociales, ha sido una política criminal que continúa.

La pobreza por ingresos medida por el INDEC fue de 35,5 % en 2019, afectando a casi 16 millones de personas. En el conurbano bonaerense, en el noroeste, en el noreste, Gran Mendoza, San Nicolás-Villa Constitución, en Ushuaia-Río Grande, los números rondan o superan generosamente el 40 %. Estos números verán una suba acelerada en las próximas mediciones, como admitió el presidente en una entrevista periodística. Hay que rechazar esa disyuntiva entre más muertos o más pobreza: la pandemia del coronavirus mata, pero la pobreza también. La desocupación fue 8,9% en el cuarto trimestre de 2019: 1,2 millones de personas sin ocupación en los aglomerados relevados por Indec. La proyección a todo el país indicaría que son unos 2 millones los que están sin empleo. En los partidos del conurbano bonaerense la desocupación ronda el 11 % y en el Gran Córdoba el 10 %. Son datos que grafican la bomba de tiempo en términos de crisis social es previa a la pandemia. Hoy la situación se agravó en relación a la segunda mitad del año pasado. En la década de 1970 la pobreza castigaba a menos del 5 % de la población del país. En 1960, existían 6,4 camas hospitalarias por cada mil habitantes del país; en 1970, 5,6 camas; en 2014, el último dato disponible, registra apenas 5 camas.

Por eso la urgencia de implementar medidas extraordinarias de emergencia -como la propuesta en este proyecto- para evitar una escalada mayor en la catástrofe social y económica que recaerá con mayor fuerza sobre los más vulnerables. Se calcula que cerca de 7 millones de trabajadores se encuentran en condiciones de precariedad, ellos son el eslabón más débil, no gozan de derechos laborales, tienen peores salarios y las posibilidades más altas de perder sus empleos y pasar a engrosar los índices de pobreza.

A ello debe sumarse el delicado contexto macroeconómico nacional de alta inflación, que en 2019 fue de 53,8% muy por encima de la evolución salarial, deteriorando así el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y sectores vulnerables. En los dos primeros meses de 2020 los precios de los alimentos continuaron en alza al 7,5 % acumulado. En enero, el costo de la canasta familiar estimada por ATE Indec (de consumos mínimos la denomina esa organización) fue de $ 64 mil para un hogar de cuatro integrantes, ingreso que la mayoría de los trabajadores registrados no alcanza a cubrir. En febrero, la canasta de pobreza costó $ 41 mil. Con los $ 10 mil del Ingreso Familiar de Emergencia que implementó el gobierno solo alcanza para vivir menos de 8 días considerando la canasta de pobreza. La inscripción al IFE de más de 11 millones de personas superó ampliamente los cálculos del gobierno que estimaba pagar 3,6 millones de beneficios.

La carestía se ha agravado aún en las semanas de cuarentena por las recientes y constantes remarcaciones de precios por parte de supermercadistas, que encarecen el costo de vida de las mayorías, incluso a pesar de los precios máximos de referencia. Una situación crítica en este momento de pandemia, dado que la buena alimentación es clave para evitar enfermarse; y el uso de elementos de limpieza permanente en los hogares se vuelve indispensable como medida de cuidado y precaución, para evitar el contagio.

El deterioro de los ingresos se aceleró con la pandemia; la inflación si bien se desaceleró de los meses más dramáticos del año pasado, sigue firme y alimentada por la especulación capitalista que se basa en el sacrosanto respeto del secreto comercial, cuando habría que abrir los libros y cuentas de toda empresa que aumente sus precios. En épocas de big data no debería ser difícil conocer los estados contables empresarios, sus estructuras de costos o la situación de sus cuentas bancarias. En el caso del alcohol se hace evidente, los ingenios azucareros están beneficiados por un régimen especial para abastecer bioetanol (que se produce con alcohol) a las refinerías (YPF, Shell, etcétera) que lo mezclan con naftas: tienen garantizado un precio y un cupo de abastecimiento. Es un negocio muy rentable y seguro para el cual deben informar a la Secretaría de Energía sus costos ¿Por qué no se hace pública esa información? El Estado protege bajo siete llaves el secreto empresarial. Es evidente que corresponde a la clase trabajadora establecer un control en el ámbito de la producción, de la distribución y de la comercialización abriendo los libros al control obrero.

La economía argentina -que se encamina hacia su tercer año de contracción consecutivo- ya se encontraba golpeada. El impacto del coronavirus empeora una situación que ya es alarmante. Priorizar el pago de la deuda odiosa, en vez de destinar esos recursos a atender las necesidades sociales, ha sido una política criminal que continúa.

El atraso y la dependencia económica de nuestro país tiene como correlato un conjunto de problemas estructurales que nos dejan en un punto de partida en inferioridad de condiciones para enfrentar esta pandemia. Entre ellos, el sistema de salud público se encuentra fuertemente desfinanciado. En los últimos cuatro años el peso del presupuesto en salud retrocedió en relación al incremento extraordinario en los servicios de la deuda. Y, al menos desde 2009, el presupuesto de salud no superó nunca el 4 % de los desembolsos del Estado Nacional mientras los pagos de deuda siempre estuvieron por encima del 6 %, llegando al 20,4 % el año pasado. Incluso en los años de gobiernos kirchneristas los pagos de deuda fueron, en promedio, 2,5 veces mayores a los desembolsos en salud. Con Macri se elevó esta ratio a 5 veces.

El déficit habitacional es otro problema estructural que amerita una respuesta urgente. La cuarentena obligatoria expone la cruda la situación de muchos barrios populares de CABA, Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos del país, donde prima el hacinamiento. Para sus habitantes es imposible respetar el aislamiento social. El conurbano bonaerense es el área más poblada del país, concentrando la mayor concentración de familias pobres y en situación de desocupación o subocupación, así como un 46 % de viviendas inadecuadas (Indec) y muchas de ellas aún con déficits de infraestructura que atentan con las condiciones de higiene básicas para combatir una pandemia de este estilo, como el acceso a agua potable. El Relevamiento Nacional de Barrios Populares de 2018 identificó que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias) habitan en villas o asentamientos informales.

De acuerdo al informe sobre Condiciones de Vida del Indec, en el primer trimestre de 2019 el 10 % de los hogares urbanos no cuenta con acceso a la red pública de agua corriente, un 29% de los hogares no tenía aún acceso a cloacas. En tanto, un 13,4% vive con entre 2 y 3 personas por cuarto. Con «hacinamiento crítico» (más de tres por cuarto), un 2,4% de la población. De acuerdo a los estudios de la UCA, el hacinamiento llega al 7,6 % de la población. Allí el aislamiento puede resultar explosivo en dos sentidos: porque no es efectivo en una población mayormente hacinada y expuesta al contagio; porque puede terminar de destruir la débil economía de las familias. En contraste con ello, existen miles de viviendas ociosas en manos de los especuladores inmobiliarios. Según el Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, sólo en esa ciudad hay un 9,2% de viviendas vacías, equivalente a 138.328 usuarios, en su mayoría ubicadas en las comunas del corredor norte (incluyendo Puerto Madero y Retiro), precisamente en donde es muy superior el precio del metro cuadrado (pueden llegar hasta 8.000 dólares por metro cuadrado). Son justamente esos propietarios más acaudalados los que pueden darse el lujo de tener en su poder una vivienda sin habitar.

Ante esta emergencia sanitaria, económica y social que atraviesa el país, y que afecta mayormente a la clase trabajadora en particular, es urgente movilizar todos los recursos disponibles para evitar que la catástrofe se agudice. No es cierto que ante la crisis económica no haya más recursos para hacerlo. Es momento de exigirle a los capitalistas, los multimillonarios, a los evasores, a la banca privada y a las empresas que obtuvieron enormes ganancias en los últimos años, mientras franjas enteras de población se sumergían en la pobreza, que hagan un aporte de esta emergencia.

Según la revista Forbes, sólo las 20 personas con mayores patrimonios del país concentraban en 2019 una riqueza superior a 41.700 millones de dólares. Esto es equivalente al 13 % del PBI y representa 9 veces lo que cobran por mes los más de 6,5 millones de asalariados registrados del sector privado en el país. Por su parte, de acuerdo al Anuario de la AFIP del año 2017, unas 6.100 personas declararon patrimonios de 10 millones de dólares en promedio. Y sólo 14.378 mil que declararon patrimonios por más de 1,5 millones de dólares concentraron 74 mil millones de dólares, de los cuales el 74 % estaba radicado en el exterior.

Así también, los bancos privados son la muestra más escandalosa de la obtención de ganancias en base a la especulación financiera, en gran parte a través de préstamos al Estado y al Banco Central. Desde el año 2005 siempre reportaron resultados positivos, tanto en pesos como en dólares. El 2019 fue un año récord en ganancias, resultando en $ 318 mil millones, un crecimiento del 76 %, de acuerdo a datos del Banco Central. Sólo en el mes de enero de 2020 y con nuevo gobierno -un mes habitualmente malo para la actividad bancaria- ganaron $ 32.000 millones: es el equivalente a mil millones de pesos por día; $ 42 millones por hora; $ 700 mil por minuto. En un minuto los bancos ganaron más que los ingresos anuales de un trabajador formalizado, que en 2019 fue de $ 600 mil. La mayor parte de las ganancias la realizan los bancos privados extranjeros, que en 2019 se llevaron el 46 % del total. Le siguen los bancos privados nacionales con el 42 %. Por su parte, los bancos públicos representaron el 11 % de las ganancias totales.

Además, los bancos son quienes vehiculizan y organizan la fuga de capitales, que significa una transferencia de recursos económicos hoy muy necesarios hacia paraísos fiscales y cuentas offshore. Durante el macrismo hay registro de una fuga de unos U$S 81.000 millones. Bajo las gestiones kirchneristas, la fuga ascendió a U$S 102.000 millones. El dato que calcula el Banco Central (BCRA) como “formación de activos externos” comprende la compra de dólares de todos los argentinos, de forma legal. Por fuera de las mediciones del BCRA se encuentra la fuga ilegal, los especialistas calculan que el monto total fugado (legal +ilegal) duplica los cálculos oficiales e indica que existen fugados en el exterior unos U$S 400 mil millones, monto similar al PBI de nuestro país. Recientemente la AFIP descubrió que había 950 cuentas de argentinos en el exterior que habían evadido la declaración de sus activos por una suma que asciende a U$S 2.600 millones. Esta información reafirma que existen fondos para financiar las necesidades sanitarias y sociales para enfrentar esta pandemia.

Las medidas de emergencia propuestas en este proyecto de ley están inscriptas en una perspectiva más general de reorganización social de la producción que contemple una banca íntegramente pública que sea gestionada por sus propios trabajadores y que expropie sin indemnización a los bancos privados que todos los días expropian a las mayorías. Además, es la única forma de proteger el ahorro nacional, particularmente del pequeño ahorrista, que en cada crisis es el que paga el pato de la boda, ya sea con “corralito” o con confiscaciones, como la que les practicó Carlos Menem con el Plan Bonex. Al mismo tiempo, una banca pública permitiría verdaderamente canalizar recursos para préstamos para la vivienda popular y para el pequeño comerciante quebrado por la crisis.

Por su parte, un conjunto de grandes empresas multinacionales y otras locales han acumulado enormes ganancias en los últimos años por su operación en el país. La gran mayoría de empresas que cotizan en la bolsa porteña distribuyeron ganancias millonarias hasta el primer semestre de 2019 (último dato disponible), según datos del Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Las 500 empresas de mayores ventas del país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias netas en el período 2016-2018.

Entre algunos ejemplos, podemos mencionar las empresas energéticas, mineras y petroleras que operan en el país. Las empresas energéticas favorecidas por la implementación de aumentos siderales de las tarifas que alcanzaron hasta un 2000%, obtuvieron ganancias millonarias en los últimos años. Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin, reportó un resultado positivo por U$S 384,5 millones en 2018 y Central Puerto ligada a Nicolás Caputo ganó U$S 602 millones. Dentro de este selecto grupo de empresas que en 2018 obtuvieron ganancias se destacan: Edesur (U$S 109,9 millones), Edenor (U$S 153), Transportadora de Gas del Sur (U$S 406,5 millones), Transportadora de Gas del Norte (U$S 132,5 millones), Naturgy (U$S 84,5 millones), Transener (U$S 28,5 millones), Metrogas (U$S 300.000). Sólo entre 2016 y 2018, las ganancias de este selecto grupo de empresas energéticas suman U$S 3.525, o U$S 3,2 millones por día.

En el caso de los principales laboratorios, la empresa alemana Bayer obtuvo ganancias en el país por $ 926 millones en 2018, casi duplicando los $ 562 millones de 2017. Roemmers declaró ganancias por $ 1029 millones en 2018 y el laboratorio Raffo presentó ganancias por $ 314 millones en 2018.

De acuerdo al anuario estadístico de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el año 2017 unas 4.766 empresas tuvieron ganancias netas superiores a 1 millón de dólares, y en conjunto acumularon más de 40.000 millones de dólares. No obstante, la información referida a las ganancias empresarias no es pública y sigue estando cerrada bajo siete llaves. Es necesario que se levante el secreto de los datos empresariales y que se abran los libros de contabilidad para que las empresas demuestren su operatoria y resultados.

Por último, cabe agregar que un puñado de propietarios concentran enormes porciones de tierra, gran parte de ella con gran fertilidad e importantes rendimientos agropecuarios. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del año 2018, sólo 863 explotaciones agropecuarias en todo el país concentraban 32,3 millones de hectáreas en dimensiones superiores a las 20 mil hectáreas por explotación. Así también, entre las 5.678 explotaciones de más de 5 mil hectáreas (2,5% del total) concentraban más de 80.000.000 de hectáreas, esto es, el 51 % de la superficie censada. Es decir, uno de los principales medios de producción del país como es la tierra productiva es controlada por un pequeño grupo de propietarios, que les permite amasar fortunas año a año por el sólo hecho de poseer un terreno de superficie.

Queda de manifiesto que existen recursos concentrados en una minoría de empresas y grandes propietarios. Sobre esta base, se propone la aplicación de un conjunto de impuestos extraordinarios a los grandes patrimonios y fortunas, afectando a la cúpula de personas más ricas del país y a las grandes empresas que han obtenido ganancias millonarias en los últimos años, para disponer medidas inmediatas y a gran escala para combatir la crisis sanitaria, económica y social.

Para ello se establece un impuesto progresivo a los patrimonios y a las altas rentas, que incluye a los bancos y a las empresas privadas o de composición mixta de todas las esferas de la actividad productiva, de servicios y comercial. Asimismo, se propone gravar con una tasa de 3 % la propiedad de la tierra de aquellas personas jurídicas y personas humanas o sociedades indivisas no alcanzadas por el impuesto a los grandes patrimonios que sean propietarias de extensas superficies de tierra de elevada valuación. Se agrega un impuesto progresivo a las viviendas ociosas utilizadas para la especulación inmobiliaria.

Con este esquema impositivo podría alcanzarse la constitución de un Fondo Especial de Emergencia de al menos $ 1.300.000 millones (equivalente a 20.000 millones de dólares, al cambio oficial vigente) que sería suficiente para realizar un conjunto de medidas para dar respuesta inmediata a las necesidades sanitarias y sociales, agravadas en el transcurso de la pandemia. No se nos puede escapar que la creciente presión impositiva ha estado dirigida al pago de la deuda, además del carácter regresivo de todo el sistema tributario y de la suspensión de la movilidad jubilatoria que ha tenido el mismo fin. El FMI, al igual que otros organismos internacionales a lo que se suman acreedores privados viene alentando una suba de impuestos de modo tal de asegurarse que van a cobrar y que el país va a cumplir con sus compromisos. El gobierno argentino vino pagando este año en concepto de interés y capital, inclusive en plena pandemia una suma de más de $200 mil millones. Ha re perfilado la deuda en legislación local (que deberá ser, de todos modos, abonada a fin de este año sin quita alguna) en tanto ha vuelto a reiterar su compromiso de pagar puntualmente los vencimientos de deuda en legislación extranjera. En este pasivo a pagar se debe incluir la onerosa cuota de pago al Club de París por u$s2000 millones en 60 días. Se trata de una sangría fenomenal del ahorro nacional con más razón en medio del brote, cuando dichos recursos deberían ser destinados a hacer frente a combatir la crisis sanitaria, económica y social en curso. Alertamos por anticipado contra cualquier maniobra dirigida a desviar los fondos que se obtengan como consecuencia de la presente ley. Más aún, planteamos, que el impuesto extraordinario que aquí se establece deber ir acompañado por el cese de pago de la deuda.

Este proyecto se suma a los ya presentados por los dos legisladores del FIT que plantean el no pago del total de la deuda, en pesos y en dólares, de jurisdicción local y extranjera, a excepción de los bonos en manos del Anses, que son tenencias de los jubilados invertidas en esos activos.

Desde luego, nuestro proyecto se inscribe en un planteo de conjunto ante la pandemia además del no pago de la deuda, que afronta la cuestión sanitaria y un reordenamiento económico en función de la mayoría laboriosa de la población y con el protagonismo de los trabajadores. Por ello en nuestros distintos proyectos y documentos del Frente de Izquierda hemos desarrollado medidas como el control obrero de la esencialidad de las actividades que se habiliten: con plenas facultades para decidir sobre el por qué y el cómo de esas actividades; con qué destino se hace la producción, con cuántos turnos y con qué jornada; asegurar salarios y condiciones sanitarias. La elección de comités de trabajadores con este objeto, o el mandato a los delegados, o la revocatoria de aquellos que no respeten el mandato de sus representados.

Junto con ello, hemos planteado la apertura de los libros y cuentas de las empresas a esos comités obreros, exigiendo al Estado que intervenga para proteger salarios y continuidad laboral cuando corresponda. Reconversión industrial para atender masivamente las necesidades de la salud. Centralizar urgente, contra todo obstáculo de la medicina privada y los laboratorios, todo el sistema de salud, integrando los tres sectores del sistema. Comités de médicos y enfermeros en todos los centros de salud para hacer cumplir los protocolos y atender sus demandas de salario y condiciones laborales. Nacionalización del petróleo y de toda la cadena energética, bajo control obrero. Poner toda la banca bajo la órbita pública. Monopolio estatal del comercio exterior. Apertura de los libros, cuentas y tenencias empresariales de todo orden al control de los trabajadores para combatir la inflación, evitar la especulación y garantizar salarios y aportes a la seguridad social.

Consecuentemente con lo expuesto, los tres destinos exclusivos del Fondo que crea la presente ley son:

• Un plan inmediato de elaboración local e importación de material sanitario y contratación de personal médico y de salud. Equipamientos médicos y hospitalarios, respiradores, ventiladores, camas, hospitales modulares; barbijos, alcohol y alcohol en gel, ropa sanitaria, y demás insumos médicos básicos para la higiene y seguridad de los trabajadores de la salud. Contratación de mayor personal de la salud, asistencia sanitaria y bonificaciones remunerativas, entre otros.

El presupuesto extra de salud por $ 1.700 millones destinados inicialmente por el Gobierno para atender las urgencias de la pandemia, aún con los 30 millones de dólares (2.000 millones de pesos) sumados recientemente a dicha partida para la construcción de hospitales modulares, resultan totalmente insuficientes. Se estima que una partida presupuestaria que cubra el detalle de los gastos sanitarios expuestos a continuación es al menos 12 veces superior que la anunciada por el gobierno nacional.

Los recursos del Fondo Especial de Emergencia podrán usarse para garantizar las 6.600 camas de Terapia Intensiva (UTI) que se estiman necesarias atendiendo la proporción de 150 camas por cada millón de habitantes, cada una equipadas con respiradores, monitores y saturómetros; 17.600 camas con oxígeno para Cuidados Intermedios y 88.000 camas de Cuidados Leves (según recomendaciones realizadas por la el Ministerio de Salud de la Nación).

La provisión de kits de EPP (Equipos de Protección Personal) para los trabajadores de la salud, la OMS y el Ministerio de Salud calculan que son necesarios 25 barbijos quirúrgicos diarios y 7 kits enteros por día por cada paciente internado por Covid. Cada EPP tiene 1 camisolín (si es en contacto estrecho es hemorrepelente), un par de guantes, 1 barbijo, 1 par de antiparras o cobertura ocular, un par de botas quirúrgicas), todos descartables. Otro aspecto fundamental es la realización de test masivos en al menos 100 mil pruebas mensuales, fundamentales para el efectivo control del contagio social y resguardo de los lugares de trabajo.

A esto debe agregarse la contratación de mayor cantidad de personal de salud (profesionales médicos, enfermeros y kinesiólogos respiratorios, con sus respectivas guardias y rotaciones) para atender los casos positivos por COVID-19 y sospechosos, calculados en más de 62 mil trabajadores de la salud. Y, por último, la construcción o adecuación de hospitales modulares.

• Garantizar de manera urgente un salario de cuarentena de $ 30.000 (PESOS TREINTA MIL) para todos aquellos trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años de edad, monotributistas de las categorías A y B, cuentrapropistas, trabajadoras/es de casas particulares (registradas y no registradas), empleados mediante agencias de servicios eventuales a quienes se les hubiera suspendido su contrato en el marco de la pandemia, así como a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción, se encuentren registrados o no, que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores.

En relación a esta propuesta ya hemos presentado proyectos, señalados al comienzo de estos fundamentos.

• Primera etapa de un plan anual de construcción de 100 mil viviendas populares por año con el fin de reducir los niveles de exposición a la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades, por parte los miles de familias trabajadoras que viven en condiciones de hacinamiento o déficit habitacional.

La magnitud final del impacto económico y social de la crisis en curso es incalculable. Queda en evidencia la barbarie y la muerte a la que es condenada la humanidad por la mercantilización de la salud; la voracidad patronal que no duda en dejar sin sustento a millones de hogares; la política de clase de los Estados que aprueban rescates millonarios para salvar empresas; un sistema basado en la explotación del trabajo ajeno. Tomar medidas sanitarias de emergencia es una necesidad de primer orden y para este fin atacar las fortunas y las ganancias de los capitalistas.

En todo el mundo capitalista, mucho más en las potencias imperialistas, se está estableciendo un magnífico salvataje a las grandes empresas y al capital financiero. Pero es evidente que en simultáneo los estados capitalistas y sus regímenes políticos debaten medidas extraordinarias que afecten a las grandes fortunas y rentas para salvar el dominio del capital a escala global y evitar que el desarrollo de la crisis social, sanitaria y económica, abra perspectivas anticapitalistas.

Las medidas extraordinarias aquí propuestas se ubican en una perspectiva opuesta a la de los capitalistas, buscan por un lado atender verdaderamente la emergencia del pueblo trabajador más vulnerable y, en simultáneo, abrir una discusión más amplia, inscripta en el gobierno de los trabajadores mismos.

En este camino, se requiere avanzar hacia una reorientación de todos los recursos del país y de la industria para dar respuesta a las necesidades sociales: es decir, una reconversión de las ramas industriales para obtener los insumos sanitarios que escasean en los hospitales, para asegurar la provisión de medicamentos que hoy responden a las necesidades del lucro de las farmacéuticas, para producir y distribuir los alimentos que faltan en los hogares populares, para construir las viviendas que necesitan las miles de familias hacinadas. Los servicios públicos tienen que ser un derecho. Hay que terminar con el robo de las privatizadas, nacionalizar todo el sistema energético, desde la producción a la extracción. Una reorganización general de la sociedad también requiere la nacionalización del comercio exterior que hoy está en manos de un oligopolio privado donde unas pocas empresas, mayormente del agronegocios, se apoderan de la mayoría de los dólares que el país necesita para la emergencia.

La deuda se ha seguido pagando. A pesar que formalmente sigue la negociación para su reestructuración, los grandes fondos especulativos (Black Rock, Templeton, Fidelity) que tienen gran parte de la deuda argentina habrían anticipado su rechazo a la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán. La crisis mundial tiene como telón de fondo una potencial crisis de deuda de las denominadas economías emergentes (países dependientes con rasgos semicoloniales, en términos marxistas) y de las grandes corporaciones empresarias de varias potencias imperialistas. Toda la deuda mundial podría entrar en situación de reestructuración, lo cual, eventualmente, ofrecería al gobierno de Alberto Fernández tiempo para tomar aire, un bien escaso en épocas de encierro. Todos los actores se preparan para sacar tajada en esa situación, el FMI está abriendo su billetera para ofrecer dólares frescos, en mucha menor escala que el préstamo más grande de la historia otorgado al macrismo, pero una tentación para el albertismo en tiempos de vacas flacas. Se trata de un presente griego, que condicionará los estrechos márgenes de acción de un país sometido a los centros financieros internacionales. Más que nunca, está planteado para la clase trabajadora luchar por un desconocimiento soberano de la deuda.

Los puntos aquí desarrollados son parte de los aspectos centrales de un programa que desde la perspectiva del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad se orienta a terminar con la decadencia nacional, la dependencia y el atraso. Una decadencia que en los últimos cuarenta años agravó las condiciones del atraso general presentes desde la constitución misma del estado nacional, que ni la “república oligárquica” ni la “sustitución de importaciones” habían logrado superar. Es claro que solo puede lograrse con la movilización de millones y terminando con el aparato represivo y burocrático del Estado en el que se sostiene el poder de la clase capitalista para reemplazarlo por una democracia de los trabajadores basada en su auto organización. Mediante la “expropiación de los expropiadores”, con los medios de producción de las áreas estratégicas de la economía transformados en propiedad pública, el conjunto de la población trabajadora participará en la planificación democrática de la economía, estableciendo una escala de prioridades de utilización de los recursos con los que cuenta el país que permita superar las irracionalidades y miserias del capitalismo. Contaríamos con los recursos que hoy se destinan a pago de deuda, los que se van por fuga de capitales, con la renta y la ganancia que se apropian un puñado de grandes propietarios agrarios, con lo que nos saquean las multinacionales y la gran burguesía local, para utilizarlo en salud, educación, vivienda, protección del medio ambiente y obra pública. A la vez, esto permitiría implementar una reducción progresiva de la jornada de trabajo (empezando por bajarla a seis horas) y repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, eliminando toda forma de trabajo precario y estableciendo que nadie cobre menos que una canasta familiar. Así los adelantos de la ciencia y la técnica aplicados a la producción no significarán millones expulsados al desempleo, como ocurre hoy, sino mejores condiciones de trabajo y más tiempo libre para dedicar a la ciencia, al arte y la cultura y al esparcimiento. Y permitirían superar el atraso nacional, alentando el más alto desarrollo científico y tecnológico.

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Señor ministro:

La “guerra” contra el desembarco de la pandemia del coronavirus no exige de la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA). Estamos en lucha contra un agresor de la vida y la salud pública de la población que plantea una movilización de todos los recursos nacionales, no sólo para dotar de recursos sanitarios, sino también económicos-sociales para sobrellevar las consecuencias de la crisis económica nacional e internacional, que es en definitiva la crisis del régimen capitalista, agravada por la amenaza de un virus antes desconocido. 

Esos recursos deben ser empleados contra los despidos y las suspensiones laborales con rebajas salariales; por aumentos de salarios y jubilaciones acordes, como mínimo, al incremento del costo de vida; por el abastecimiento de comida, ropa, elementos de higiene y desinfección a los desocupados, trabajadores tercerizados, precarizados y “autónomos” que han perdido sus ingresos; por el reequipamiento a fondo del sistema sanitario, etc. La medida de cuarentena sanitaria, para ser efectiva, debe encarar esta base social material y esto exige medidas drásticas, como la suspensión unilateral del pago de la deuda pública, la nacionalización de la banca (que está especulando con la crisis) y otras medidas urgentes que hemos entregado en un documento de 20 puntos al presidente de la Nación (que se acompaña en este).

En dirección contraria a nuestros reclamos, la intervención de las FFAA es un paso para “popularizar” su presencia en las calles, frente a unas masas trabajadoras y democráticas que repudian su accionar represivo y genocida bajo la dictadura última y las anteriores. Es un paso para preparar una posible intervención militar represiva contra las protestas populares e incluso para sostener un eventual dictado del Estado de Sitio, para imponer a toda costa los planes fondomonetaristas en negociación. Por eso nos oponemos a la presencia de las FFAA en las calles y le solicitamos que responda a las siguientes preguntas y serias preocupaciones de nuestra banca. 

1) ¿Es cierto que hay un plan de despliegue del Ejército en la provincia de Buenos Aires, que divide a la provincia en tres comandos militares abarcando los 135 distritos? ¿Es correcto que este dispositivo responde a que “el tema que preocupa en particular al Gobierno Nacional es la respuesta de la población ante el endurecimiento de las medidas de prevención y en particular cuál puede ser la respuesta de los sectores más informales y postergados de la economía y la situación de los barrios más vulnerables” -tal como reprodujeron medios nacionales citando “fuentes gubernamentales”-? 

2) El presidente Fernández planteó que había que “dar vuelta la página” en la condena a los genocidas. ¿Significa que vamos a una reconciliación y una amnistía para con los responsables materiales de la desaparición de 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos? ¿No es éste un salto en la campaña para habilitar a las FFAA a intervenir en los asuntos internos? ¿Cuál es el propósito si no? ¿Qué función le asignan a las mismas en materia de “seguridad interior”? 

3) ¿Cuántos efectivos dependientes de su ministerio hay actualmente en funciones en todo el territorio nacional? ¿Cuántos han sido incorporados a partir de la cuarentena? ¿Cómo están distribuidos según provincia y localidad, y dentro de las mismas, cuál es el criterio de distribución de la intervención de esas fuerzas?  

4) Se habla de que FFAA cocinan y reparten alimentos en barriadas humildes y hambrientas de La Matanza y Quilmes. ¿Estas tareas no las podrían realizar personal civil e incluso las organizaciones sociales que trabajan a diario en el terreno de la alimentación de las familias con bajos ingresos? En La Matanza, ¿no se han usado 280 voluntarios civiles para la tarea de pelar papas? ¿Por qué el despliegue de las FFAA entonces?

5) ¿Por qué permanece cerrada la fábrica Fanazul -perteneciente al grupo Fabricaciones Militares- dejando a 220 trabajadores especializados en la calle y dándole un fuerte golpe a la vida económica-social de la localidad bonaerense de Azul? 

Fanazul es una fábrica que podría producir alcohol en gel y otros insumos químicos necesarios para enfrentar la pandemia. ¿Por qué no la ponen en funcionamiento para garantizar esa producción verdaderamente “esencial” en la situación que enfrentamos? Usted prometió personalmente en el curso de la campaña electoral que la fábrica iba a ser reabierta. ¿Por qué no cumple con esa promesa? ¿Por qué, contrariamente a eso, se están desmantelando sus laboratorios? Para cumplir con contratos que Fanazul había establecido de exportación a Brasil: ¿se están importando esos productos para luego reexportarlos, contrayendo un perjuicio económico a la Nación?

6) Usted hizo votar, en la última sesión de la Cámara de Diputados bajo el gobierno de Macri, un plan de aumento presupuestario para reequipar a las FFAA: ¿no considera que habría que verter esos fondos a la infraestructura de la salud pública? ¿Cuál es la prioridad en reequipar a las FFAA en un país que no tiene en el horizonte ninguna hipótesis de conflicto militar con naciones extranjeras?

7) ¿Por qué hizo votar, recientemente en la Cámara de Diputados, la participación de las FFAA en maniobras militares con las fuerzas norteamericanas? ¿El operativo “gringo gaucho” no desplegó una flota yanqui, con casi 6000 efectivos, frente a nuestras costas patagónicas? 

Nuestra banca denunció en su momento, y sostenemos al día de hoy, que ése fue un paso fundamental de subordinación del gobierno de Alberto Fernández (que nunca dejó de integrar el Grupo Lima) a la orientación guerrerista del imperialismo norteamericano y Donald Trump. ¿Por qué nuestro país realiza operaciones conjuntas con una flota que bloquea las costas venezolanas, impidiendo el ingreso de medicinas contra la pandemia y amenazando con invadirla para destituir a sangre y fuego al gobierno del presidente Nicolás Maduro, e instaurar un gobierno títere que avance en la entrega total del petróleo de ese país? ¿No es esto una traición a la memoria de los caídos en la guerra de Malvinas?

20 puntos al presidente de la Nación:

https://po.org.ar/comunicados/coronavirus-las-20-medidas-que-reclamara-romina-del-pla-en-casa-rosada

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  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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Señora ministra:

El aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia del coronavirus, se impuso como necesidad en nuestro país. Sin embargo, no ha venido acompañado de las medidas integrales (sanitarias, económicas, sociales) que protejan a los trabajadores para que efectivamente puedan cumplirla. En un país con más de dos millones de desocupados y casi un 40% de trabajadores por fuera del circuito de empleo formal, que viven en condiciones de alta precariedad y hacinamiento, cuyos ingresos dependen de changas y de la continuidad de distintas actividades diarias, poder “quedarse en casa” resulta un privilegio de clase. La falta de medidas de fondo (como la prohibición efectiva de despidos y garantías salariales para todo el universo de trabajadores, independientemente de su modalidad de contratación, y la concentración de los recursos del país en las necesidades sociales y de asistencia urgentes –que requieren la suspensión inmediata y unilateral del pago de la deuda) no puede ser suplida con la coerción y la represión estatal, como evidencian numerosas denuncias a lo largo de todo el territorio nacional. 

La seguridad de la población trabajadora depende hoy del cuidado de su salud y de las condiciones de vida, empezando por el derecho al trabajo y a un salario adecuado, y es opuesta al hostigamiento y persecución policial de los trabajadores y la juventud que estamos viviendo hoy.   

1) Rechazamos el despliegue del Ejército en los barrios -sobre lo cual interpelaremos también al ministro Rossi- por constituir un avance en la intervención de las FFAA en cuestiones internas, tratando de naturalizar su presencia intimidatoria ante las tensiones sociales que genera el hambre creciente. Las funciones asignadas a las FFAA pueden ser cubiertas por personal civil del Estado y de las organizaciones populares que lo ejercen todos los días del año. Su logística puede ser cubierta perfectamente por empresas de transporte intervenidas al efecto. También se ha reforzado la presencia de efectivos policiales a lo largo y ancho del país en el marco de la cuarentena. Es muy notorio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires a través de la Policía Bonaerense, pero no sólo allí. Los diarios han citado, frente a este despliegue, supuestas declaraciones de voceros gubernamentales en las que se afirma que la presencia policial tiene el objetivo de “contener desbordes”  “vinculados a la falta de ingresos y el hambre en los sectores más desprotegidos”. ¿Qué puede decir de ello? ¿Es ésa la función de las fuerzas represivas? ¿La falta de necesidades básicas de la población va a ser respondida con represión? 

¿Es cierto el documento interno sobre el despliegue del Ejército en la provincia de Buenos Aires, revelado por el sitio Diputados Bonaerenses que revela que se dividió a la provincia en tres comandos militares que abarcan los 135 distritos, a partir de que se trata del territorio más caliente socialmente del país? ¿Cuántos efectivos hay actualmente en funciones en todo el territorio nacional? ¿Cuántos han sido incorporados a partir de la cuarentena? ¿Cómo están distribuidos según provincia y localidad, y dentro de las mismas, cuál es el criterio de distribución de la intervención de esas fuerzas? ¿Por qué es abrumadoramente mayoritaria su presencia en los barrios pobres?

2) Hay numerosas denuncias respecto del recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas policiales sobre la población trabajadora y especialmente la más pobre. Desde el inicio de la cuarentena, las redes sociales se han plagado de videos que muestran el accionar abusivo, humillante y criminal de las policías y las fuerzas nacionales. Un ejemplo tuvo lugar en un barrio de la zona oeste de Rosario (provincia de Santa Fé), donde se ve con claridad cómo entre varios efectivos de la policía santafesina detenían violentamente a una mujer. En respuesta, uno de los agentes disparó hacia donde se encontraban filmando y luego otro tiró en dirección a la calle transversal para gritar a otro grupo de personas que volvieran a sus casa. Un proceder verdaderamente criminal. 

Otro de los videos que se viralizó en redes sociales fue filmando por un propio agente policial en la localidad bonaerense de Isidro Casanova (distrito de La Matanza) y muestra cómo durante varios minutos la policía humilla a un grupo de vecinos que son obligados a hacer ejercicios, pasos de baile y hasta cantar el himno nacional mientras los efectivos se burlan y se ríen de ellos. Al finalizar, rematan con un comentario que vale la pena destacar: “En España e Italia están colapsados los hospitales, acá están colapsadas las comisarías”.

Denuncias de este tipo se han multiplicado. En provincias como Neuquén, Jujuy o Chaco existe un virtual Estado de Sitio, donde la policía cuenta con vía libre en la persecución de transeúntes, incluso adoptando medidas que están por fuera de su potestad, en la total ilegalidad.

¿Qué sanciones se han tomado sobre el personal policial denunciado en cada caso? ¿Cuántos agentes han sido apartados de las fuerzas policiales y en qué localidades y distritos? ¿Hay una investigación judicial y penal en curso? ¿En cuántos casos y cuáles son las acusaciones? En los casos en que no existe ninguna investigación judicial, ¿cuáles son los motivos para semejante protección estatal para garantizar la impunidad?

¿Qué medidas concretas adoptaron para evitar que se sigan produciendo estos hostigamientos ilegales y brutales sobre la población? ¿Qué controles ejercen sobre las policías provinciales? ¿Qué relevamiento tienen de denuncias sobre atropellos a los derechos de la población en las distintas provincias y distritos? 

En la provincia de Buenos Aires, donde se multiplican las denuncias más graves de persecución a la juventud y los trabajadores, ¿qué respuesta dieron y qué responsabilidades le caben al ministro Sergio Berni?

3) En Neuquén fueron brutalmente golpeados por fuerzas policiales y luego detenidos dirigentes del gremio Aten Zapala y del Polo Obrero, luego de que peticionaran ante la falta de respuesta por alimentos y kits sanitarios. Fueron recientemente liberados luego de una intensa campaña de denuncia nacional. Los compañeros liberados debieron ir directo a atenderse al hospital por las golpizas y por estas horas están presentado la denuncia formal ante la Justicia. ¿La gravedad del caso no amerita una intervención directa de su ministerio? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cómo piensan impedir que situaciones de esta gravedad se sigan reproduciendo en todo el país?

4) La situación de las personas privadas de libertad se ha agravado brutalmente en medio de la pandemia. En las cárceles e instituciones de encierro (sean o no del Sistema Penitenciario Federal) de todo el país, los detenidos viven en condiciones infrahumanas, en una altísima situación de riesgo en condiciones de hacinamiento y sin prácticamente asistencia de personal profesional de la salud. La crisis del coronavirus y las políticas deshumanizantes del Estado han colocado a quienes cumplen sus condenas y quienes son privados de su libertad en un callejón sin salida: o la muerte por las condiciones sanitarias o revueltas aplacadas con el fuego del aparato represivo.

Esta situación fue puesta de manifiesto por las manifestaciones que se iniciaron en establecimientos penitenciarios de Coronda y Las Flores (Santa Fe) y rápidamente se extendieron a otras cárceles del país, particularmente de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, con el saldo de cinco muertos. El reclamo central es que se cumplan las medidas sanitarias dispuestas para todo el país en los establecimientos carcelarios. Los presos denuncian que no se cumplen los protocolos de emergencia y que a ellos tampoco se les brinda ningún elemento. Tampoco existe ninguna política para la población en situación de riesgo, tanto porque su edad supera los 60 años como porque cuentan con enfermedades preexistentes, muchas de ellas contraídas en las propias cárceles.

¿Cómo piensan garantizar las medidas sanitarias para las personas privadas de libertad? ¿Qué medidas van a disponer? 

¿Se reforzó la distribución de elementos de higiene en las cárceles? ¿En qué cantidades y qué elementos se enviaron? ¿Cuál es el presupuesto destinado a ello?

¿Cuál es el personal profesional de la salud que está afectado a la atención del Sistema Penitenciario Federal? ¿Cuántos por cada unidad y cada cuántos detenidos? ¿Se reforzó la contratación del mismo en el marco de la lucha contra la pandemia? ¿En qué medida?

¿Cómo van a garantizar la protección de la salud de la población de riesgo que está privada de libertad? 

La suspensión de las visitas bloqueó los ingresos de los alimentos que reciben muchos detenidos de parte de sus familiares: insumo fundamental, si se tiene en cuenta que el servicio alimentario de las cárceles va de malo a inexistente. ¿Cómo van a suplir esta necesidad? ¿Se dispuso un refuerzo alimentario para las cárceles? ¿En qué consiste, cuáles son las cantidades y el presupuesto asignado?

5) Las rebeliones de la población carcelaria en Santa Fe fueron sofocadas con la intervención represiva de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del Servicio Penitenciario. Los informes oficiales hablan de 5 muertos en “enfrentamientos entre los propios presos”, sin embargo, el hermetismo de las comunicaciones oficiales y las denuncias de los propios presos hace pensar que la cifra es aún mayor (se habla de hasta 20 muertos) y que el Estado respondió con balas de plomo al reclamo de mejores condiciones sanitarias.

¿Qué investigación en curso hay para dilucidar los hechos y qué información puede brindar al respecto? ¿Es cierta la versión de que se reprimió con balas de plomo? ¿Cuántos muertos hubo? ¿De qué manera van a impedir que sigan violando los derechos humanos de las personas privadas de libertad?

6) La cuarentena ha agravado otra pandemia: la de la violencia contra las mujeres y los femicidios. Sólo en marzo, dejó un saldo de 27 mujeres víctimas. La política del nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad -que ni siquiera cuenta con presupuesto asignado- se ha limitado a colocar en manos de las propias mujeres, confinadas en sus hogares, la responsabilidad de hacer la denuncia frente a sus agresores (con quienes conviven en la inmensa mayoría de los casos) como lo muestra la campaña sobre el “barbijo rojo”. Al mismo tiempo, se afirma que aumentaron notablemente las denuncias de la línea 144, donde se efectúan las denuncias.

¿Cuántas denuncias han recibido en lo que va del año en los canales disponibles de las fuerzas de seguridad?

¿Cuántas intervenciones han tenido lugar por parte de las fuerzas de seguridad para la separación de agresores y violentos a partir de esas denuncias y las efectuadas a través de las líneas telefónicas que promociona el Ministerio de la Diversidad?

¿Cuántas perimetrales se han dictado en el año y cuántas especialmente desde que se decretó el aislamiento obligatorio? ¿Qué seguimiento tienen sobre las mismas? 

¿Dónde están localizadas las denuncias? ¿Por qué no se presenta un mapeo de la localización geográfica de las mismas, público, para que las organizaciones sociales y de mujeres puedan coordinar una red de contención?

¿Cuál es la situación de las mujeres denunciantes? ¿Qué tipo de protección se les brinda?

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

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https://po.org.ar/comunicados/2694-las-propuestas-y-reclamos-del-po-fit-sobre-transporte

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Néstor Pitrola declaró hoy: “El decreto que reperfila unos u$s 10.000 millones pinta de cuerpo entero la política criminal oficial en materia de deuda. Ante todo, porque pagaron hasta el 31 de marzo puntualmente todos los vencimientos, en pesos y en dólares, a pesar de las dramáticas necesidades para la salud, para los trabajadores más desamparados y para garantizar los ingresos de toda la población trabajadora. Lo han hecho a costa de una emisión desde que asumió el gobierno de por lo menos $ 150.000 millones con ese objeto, a costa de la caída de reservas y de nuevos endeudamientos.”

“En segundo lugar, el reperfilamiento solo de los bonos de jurisdicción local levantó el precio en las bolsas de los bonos con jurisdicción extranjera, justamente los que más importan en Wall Street y al FMI. Esto porque aparece como una garantía de pago de los u$s 3.500 millones que restan en esos bonos hasta fin de 2020, extenuando las reservas del Banco Central en medio de la pandemia. Veremos la reacción de los afectados cuyos bonos han caído en picada, pueden reclamar el default general, aunque los reperfilan sin quita alguna”

“En conclusión –finalizó Pitrola- la medida legitima el pago de la deuda impagable, en medio del agravamiento inusitado de la crisis preexistente al coronavirus. Seguirá la emisión monetaria que ha sumado en lo que va del gobierno una ampliación de la base monetaria en la astronómica cifra de $600 mil millones. La caída vertical de la recaudación y las Leliqs han hecho el resto para semejante manija a la maquinita, no las medidas de emergencia del coronavirus. Llamamos a terminar ya mismo con la sangría de la deuda externa para atender las medidas urgentes para que la crisis no la paguen los trabajadores, con muertes y con hambre.”

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Señor ministro:

La lucha contra la pandemia del coronavirus exige medidas integrales, no sólo sanitarias, sino también económico-sociales, de protección de los trabajadores ocupados y desocupados, para que haya realmente un plan de ataque eficiente, que sin embargo, no se ha dispuesto de manera cabal por parte del Gobierno. En lo que respecta a su área, la necesidad de transporte para quienes trabajan en las actividades exentas del aislamiento (las denominadas “actividades esenciales”) y del personal de salud, así como de millones de trabajadores cuando termine la cuarentena, muchos de ellos tras padecer ruinosas consecuencias económicas en su economía personal y familiar por el parate de la actividad, requieren desde su cartera la disposición de una cantidad de medidas de emergencia. Lo mismo vale para la protección de los trabajadores del transporte, en sus distintas modalidades, que requieren medidas de protección sanitarias que no se están cumpliendo en numerosas empresas y puntos del país. 

1) La distancia social es un aspecto fundamental para prevenir el contagio del coronavirus, pero en los distintos medios de transporte en nuestro país lo que prima es el hacinamiento y las pésimas condiciones de traslado en colectivos, subtes, trenes. Si avanzamos en un levantamiento, aunque sea gradual, de la cuarentena, los distintos medios de transporte van a tender a convertirse en grandes focos de contagio. ¿Cómo piensa prevenirlo? ¿Cuántas unidades de cada medio de transporte funcionan a la fecha? ¿Existe un plan de ampliación para garantizar los traslados en las condiciones que la emergencia sanitaria requiere? Si existe, ¿en cuántas unidades en cada medio de transporte? 

2) ¿Con qué elementos de higiene y seguridad cuentan los trabajadores del transporte público para evitar los contagios? ¿Qué medidas sanitarias se han dispuesto para proteger a los choferes y al personal de los distintos medios de transporte público del país? ¿Qué controles se están realizando para garantizar que las mismas se cumplan?

3)  El infectólogo Fernando Polack, médico, investigador, asesor de la OMS, acaba de explicar que una clave vital para poder mantener un bajo nivel de circulación del coronavirus en la población es estar muy atentos a ciertos núcleos de infección como las estaciones de tren. Sin embargo, los trabajadores ferroviarios denuncian que usualmente faltan lavandina y otros elementos básicos para la limpieza en las estaciones y que no se practica una desinfección diaria de las formaciones, pero que, sin embargo, se les coloca la etiqueta de certificación de desinfección. ¿Qué registro tienen de esta situación? ¿Qué medidas urgentes piensan tomar para revertirlo? 

En el Ferrocarril Roca, los trabajadores denuncian que Trenes Argentinos distribuyó alcohol en gel con fecha de vencimiento del año 2009. ¿Qué conocimiento tienen del tema? ¿Qué sanciones van a adoptar y cómo piensan garantizar el efectivo cumplimiento de las normas sanitarias?

La semana pasada, en el Ferrocarril Belgrano Sur, una enfermera del plantel que efectúa los controles de salud al personal de conducción y guardas manifestó síntomas y activó el protocolo para ella y 120 ferroviarios que estuvieron en contacto, lo cual tuvo como consecuencia la interrupción del servicio de ese ramal. ¿Cómo van a evitar otro episodio similar?

¿De qué manera se garantizará que el público viaje sentado en la red ferrroviaria si se liberan de la cuarentena obligatoria cada vez más actividades?

¿De qué manera pueden enfrentar la cuarentena obligatoria los despedidos en el Ferrocarril Roca de la tercerizada MCM, que a pesar de fallos de reinstalación de la Justicia, no son reincorporados a sus puestos, o los trabajadores de la tercerizada Edimat de vías y obras, que no cobran sus salarios por la suspensión de los trabajos, o los despedidos de la tercerizada Murata, en el Ferrocarril San Martín, que fueron despedidos por reclamar barbijos, guantes y alcohol en gel? ¿Qué solución le dio su ministerio al reclamo de reincorporación de los despedidos del Ferrocarril Roca y de la tercerizada Pertenecer del Ferrocarril Sarmiento?

4) Choferes de diferentes líneas de colectivos denuncian todo tipo de abusos patronales en el marco de la cuarentena, como la falta de medidas y de elementos de higiene, amenazas de sanciones por reclamos de tales medidas, e incluso despidos. La desinfección de las unidades corre por cuenta de los mismos choferes en muchas líneas, sin ningún tipo de especialización para esta tarea ni elementos adecuados, como denuncian en la provincia de Buenos Aires (como sucede en varias líneas de la empresa Dota). ¿Qué registro tienen sobre esta situación a nivel nacional y qué controles han implementado? ¿Van a tomar medidas para garantizar medidas de higiene y la limpieza adecuada de cada unidad? ¿Van a disponer la obligación a las empresas de que contraten personal de limpieza, con salarios y elementos adecuados de protección, para garantizar esta tarea? 

Choferes de las líneas del Expreso Lomas en la provincia de Buenos Aires denuncian que han hecho innumerables reclamos ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por el incumplimiento patronal del protocolo de higiene, sin haber tenido respuestas, y ahora reclaman que los reciba su ministerio. ¿De qué manera piensan dar curso a estas demandas? ¿Qué medidas van a tomar frente a las denuncias? 

En la empresa Expreso Los Andes (de San Martín de los Andes) debieron realizar un paro y suspender el servicio para lograr que la empresa cumpla con el protocolo frente al Covid-19; y así se multiplican casos similares en todo el país. ¿Qué controles van a disponer sobre las empresas? ¿No van a aplicar sanciones a las patronales que violan las normas dispuestas por el Gobierno y que exponen de esta manera a los trabajadores? 

5)  En las líneas de transporte automotor de pasajeros del AMBA, por ejemplo, la situación de protección de trabajadores y pasajeros contra la pandemia en curso es absolutamente precaria. Surgió de los propios trabajadores de diversas líneas la iniciativa elemental de proteger la plaza del chofer y los dos primeros asientos, y hacer que los pasajeros suban por las puertas traseras, aparte de la disposición oficial de que sólo viajen pasajeros sentados. Esta iniciativa de autoprotección fue al principio rechazada por las empresas y hasta produjo amenazas de sanciones. Pero luego tuvo que ser promulgada por las autoridades a pedido de la CNRT. Corresponde que en reemplazo del film transparente de nylon que se viene empleando, se arme una verdadera cabina de protección del chofer y la separación de la máquina SUBE para evitar todo contacto con el público.

En un proyecto que presentamos desde nuestra banca frente a los permanentes hechos de inseguridad que sufren los choferes, planteamos la instalación de cabinas aislantes fijas. ¿No considera que es propicio llevar adelante esa medida que sirve de aislamiento de los choferes en el marco de la pandemia, en lugar de la instalación precaria, provisoria y poco higiénica de un nylon?

6) Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Latam vienen exponiendo su salud en los vuelos de repatriación. Sin embargo, la empresa Latam anunció que les reducirá el salario en un 50% con suspensiones y Aerolíneas (más grave aún por ser una empresa estatal) envió un comunicado anunciando que los trabajadores deben renunciar a sus derechos. La proveedora de catering ha despedido 180 personas y suspendido al resto. ¿El Gobierno va a permitir que esto suceda violando los anuncios sobre prohibición de despidos y suspensiones?

7) Los trabajadores del Subte de Buenos Aires denuncian la falta de elementos de protección personal, de provisión de alcohol en gel, jabón, lavandina, barbijos o guantes; la falta de desinfección sistemática y profunda en los sectores de trabajo y las flotas de material rodante que están en constante contacto con los pasajeros. Al mismo tiempo, reclaman la realización del test de Covid-19 a todos los trabajadores del subterráneo y la incorporación de esta enfermedad al listado de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Por otro lado, la exposición al asbesto, que continúa, afecta su sistema respiratorio y los deja más vulnerables al contagio del Covid-19. Sabemos que el Subte está bajo la órbita del gobierno de la CABA. Sin embargo, es uno de los medios de transporte más masivos en el distrito más populoso del país. Al mismo tiempo, el gobierno nacional viene coordinando distintas medidas con el gobierno de Rodríguez Larreta. La pregunta entonces es: ¿De qué manera piensan dar curso a los reclamos de los trabajadores del Subte? ¿Qué tipo de sanciones y controles van a imponer sobre la empresa Metrovías? ¿Cómo van a proteger la salud, no sólo de los trabajadores del Subte, sino de cientos de miles de usuarios? 

8) Hace menos de una semana, la empresa Vía Bariloche (un monopolio del transporte de pasajeros terrestre, del grupo empresarial de los hermano Trappa), despidió a más de 100 trabajadores y trabajadoras en medio de la pandemia. En la provincia de Buenos Aires fueron despedidos 42 trabajadores de Vialidad. ¿De qué manera piensa intervenir su ministerio ante los despidos en el área? ¿Existe algún monitoreo sobre la situación de las empresas que despiden o imponen suspensiones con reducción salarial? Reclamamos la apertura de los libros de todas las empresas de transporte, privadas o estatales, bajo supervisión de un comité electo por trabajadores, para conocer las ganancias reales y reorganizar la actividad de un área clave.

Atento al decreto que prohíbe los despidos por 60 días, en la provincia de Buenos Aires fueron despedidos, con anterioridad al mismo, 42 trabajadores de Vialidad. ¿Va a tomar disponer la reincorporación de estos trabajadores que están bajo su ámbito de competencia?

9) Para evitar la exposición de los trabajadores en un cuadro de disminución de la actividad general y en consecuencia de la circulación del transporte, ¿por qué no se aplica una reducción de la jornada laboral a turnos de 4 horas? 

10) El personal de la salud, que está cumpliendo un papel fundamental en la lucha contra esta pandemia, está integrado por miles de trabajadores (profesionales y no profesionales) que en gran medida están precarizados y cobran salarios por completo insuficientes. La provincia de Mendoza, por ejemplo, ya dispuso la gratuidad del transporte público para este universo de trabajadores. ¿Por qué no disponen de manera inmediata el transporte gratuito para todo el personal de la salud en todo el territorio nacional?

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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  Gabriel Solano: «La inflación sigue arriba y lo peor está por venir»

  El dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda se refirió al 2,9% de inflación del mes de febrero.

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  CONFLICTO DE FATE: AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS EN APOYO A SUS TRABAJADORES

Mañana martes 7 de abril finalmente el Ministro Arroyo recibirá a las organizaciones del Frente de lucha piquetero: POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba. M.T.R.- M.I.D.O.– MAR, MOV 29 DE MAYO -BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU, BUEL,A TRABAJAR, –  AGRUP 17 DE NOVIEMBRE – M.V. y J.S., que habían sido excluidas de la convocatoria que el Ministerio realizo hace 10 días.

Las organizaciones llevaran un pliego de reclamos y propuestas para discutirlas con el Ministro que comienzan con mediadas de emergencia URGENTES que no están siendo tomadas, luego de 20 días del cese de actividad producto de la cuarentena que ha dejado sin ingresos a la mayoría de los trabajadores eventuales, no registrados o changarines.

Desde la inexplicable demora en el pago del IFE, hasta la falta de alimentos a los comedores populares, desbordados de vecinos sin recursos que el gobierno no está atendiendo y la nula provisión de elementos sanitarios a la población más vulnerable y la necesidad urgente de la implementación de un seguro al desocupado de $ 30.000 a todo desocupado mayor d e18 años, la presencia policial y militar en los barrios, serán los temas que llevaremos a la reunión de mañana.

Esta mañana fueron detenidos 5 compañeros delegados del Polo Obrero por reclamar frente a la municipalidad de Zapala, lo que muestra la temperatura que está tomando la situación.

La exigencia de la ayuda alimentaria y sanitaria no es solo una necesidad para los compañeros afectados, sino para el conjunto de la sociedad que está atacada por la pandemia.

Reclamaremos al Ministro explicaciones por el escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios en la reunión.

¡No es pagando sobreprecios y beneficiando a los pulpos de la alimentación que se debe enfrentar esta emergencia!

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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Ileana Celotto, secretaria general AGD UBA, dijo: “El Coronavirus no nos afecta a todos por igual. La inmensa mayoría de los trabajadores activos o jubilados no tiene colchón para aprovisionarse o mantenerse si lo despiden suspenden o no consigue changas. El decreto del Gobierno es impreciso y burlado de diferentes formas: con recortes salariales, pagos en cuotas, entre otros mecanismos. Las empresas presionan para levantar el aislamiento obligatorio, de hecho, hay muchas no esenciales funcionando. Eso pone en riesgo la salud de los trabajadores, no de ´todos´.”

“Las centrales sindicales en lugar de defender la salud de los trabajadores y sus derechos, acuerdan con las patronales. Ni siquiera plantearon que se prohíban los despidos y las suspensiones o seguros para los desocupados.  Llaman a que pongamos el hombro´.”

“La cuarentena es la oportunidad para las patronales para deshacerse de trabajadores en la industria, comercio y otras actividades y hacernos pagar la crisis. Las direcciones sindicales combativas, reunidas en la Coordinadora Sindical Clasista, planteamos un seguro al desempleado de $30.000, la apertura de los libros de las empresas que suspendan, despidan o paguen en cuotas, que el Estado se haga cargo de las que cierren, fin del pago de la deuda externa y colocación de esos recursos en la atención a la crisis social y sanitaria.”

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  “Proponemos para FATE la figura legal de ‘ocupación temporánea’, para frenar el desmantelamiento y garantizar los puestos de trabajo”, dijo Alejandro Crespo en la audiencia pública en Diputados

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A continuación, compartimos la declaración elaborada por el Partido Obrero (Argentina), Luta Pelo Socialismo (Brasil), la Fuerza 18 de Octubre (Chile) y el Grupo Vilcapaza (Perú).

Dos plagas se están descargando sobre nuestros pueblos. 

Por un lado, la pandemia del coronavirus encuentra a los sistemas sanitarios públicos del continente completamente colapsados y desfinanciados. Los gobiernos, siguiendo las políticas fondomonetaristas, derivan gran parte de los presupuestos estatales al pago de las deudas externas y subsidios al gran capital. Y no es la única epidemia que sufre nuestro continente. El dengue afectó a 3 millones de personas y se cobró más de 1.500 vidas en toda América Latina solo en 2019, llegando a su mayor pico histórico. Este cuadro, coloca a América Latina como uno de los continentes más vulnerables para poder enfrentar las consecuencias de la pandemia. La orientación capitalista de los gobiernos latinoamericanos es lo que los ha llevado a demorar, o ni siquiera tomar, las medidas necesarias para evitar una mayor propagación del virus. En tan solo un mes hemos pasado de cero a 52 mil contagiados. 

Por otro lado, la crisis capitalista mundial, que ya se venía desarrollando en el continente, está agravando el cuadro de la situación. Las economías nacionales sufren el desplome de los precios de las materias primas (cobre, soja, etc.), la caída de las exportaciones, las devaluaciones monetarias y las fugas de capitales. El FMI reconoce que 83 mil millones de dólares salieron de los países emergentes -12 mil millones se fueron solo de Brasil- en este corto período de dos meses, hacia los bancos y bonos de las metrópolis imperialistas. Brasil, Colombia y Chile están entre los países que más han sufrido la desvalorización de sus monedas nacionales. México se verá arrastrado a una recesión y a la Argentina se le agotan los márgenes para evitar un default soberano. Sólo en petróleo y gas los precios han caído cerca del 50% colocando en situación crítica las exportaciones y los ingresos fiscales de varios países de nuestro continente (Venezuela, Ecuador, México, Brasil, etc.), producto de las guerras comerciales azuzadas por los monopolios frente a la crisis de sobreproducción capitalista. El párate de la economía amenaza no ya solo con una recesión, sino con una depresión mundial. 

Las dos pandemias se cruzan y se retroalimentan. Las dos pandemias se descargan con furia sobre el pueblo trabajador. 

Las políticas de los gobiernos latinoamericanos han oscilado entre las que desprecian la gravedad de la crisis y las que consisten en medidas parciales y limitadas, que resultan completamente insuficientes para preservar la salud de la población.

 

Entre los que optaron por despreciar la gravedad de la crisis tenemos a un exponente del derechismo latinoamericano, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, y a un exponente del progresismo ‘nacional y popular’, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que Brasil cuenta con más de 2.000 contagiados y 46 muertos, Bolsonaro volvió a catalogar a la pandemia como un “resfriadito” y condenó los cierres de escuela, la cuarentena y la parálisis de las actividades, aunque sí anunció una política de rescate a los empresarios. Por su parte, López Obrador, llamó a los mexicanos a “seguir con su vida normal”. El giro que emprendió ante el acelerado avance del virus es harto limitado, ya que solo plantea la cuarentena con goce de haberes para los adultos mayores. Esta política criminal ha sido replicada por Piñera en Chile y Añez en Bolivia. 

Los gobiernos que han optado por reconocer la gravedad de la pandemia, pretenden pasar por alto, en cambio, que sus políticas empujan a una situación social catastrófica a las masas trabajadoras de sus propios países. Si bien el virus no hace diferencia de individuos o de clase, las consecuencias son bien diferentes entre los explotadores y los explotados. La cuarentena necesaria para frenar la propagación del coronavirus condena a la mitad de la masa trabajadora -que está precarizada o sin ingresos salariales asegurados-  a un cuadro de extrema pobreza. 

Y en los pocos países de la región donde se ha establecido un subsidio a los precarizados, el mismo es completamente insuficiente para cubrir las necesidades más elementales y apremiantes. Los trabajadores efectivizados tampoco son inmunes a los ataques de los gobiernos y las patronales. Muchos de ellos son obligados a ir a trabajar, aunque no pertenezcan a sectores productivos esenciales para enfrentar la pandemia, solo por el propósito capitalista de no renunciar a sus beneficios provenientes de la extracción de plusvalía a los trabajadores. El gobierno peruano ha sacado un decreto ‘correctivo’ eximiendo de la cuarentena a las grandes mineras transnacionales. Pero es en el transporte y en las aglomeraciones de las grandes fábricas, los shoppings y empresas, donde el virus puede contagiarse y extenderse rápidamente. Muchas patronales que ‘licencian’ de concurrir a los trabajadores, les descuentan todo o parte de su salario. En Costa Rica y Panamá comenzó una primera ola de cesantías en el sector turístico, que son el preámbulo de quiebras generalizadas y despidos masivos. Bolsonaro plantea reducir el salario de los trabajadores del Estado en un 20%, autoriza a las patronales a postergar el pago de salarios, etc. Es evidente que Bolsonaro, usa esta pandemia como justificativo para llevar adelante un fuerte ajuste contra los trabajadores estatales e imponer un nuevo capítulo de la reforma laboral antiobrera, barriendo con salarios y conquistas de los trabajadores. Las patronales en muchos casos, aprovechan también la oportunidad para despedir trabajadores. 

Los gobiernos usan las cuarentenas para disciplinar a las masas populares. Refuerzan las leyes represivas y militarizan la vida nacional, con toques de queda y miles de presos. Quieren ahogar todo intento de las masas explotadas de luchar por su derecho a la salud y a la vida, por el derecho al trabajo, a un salario digno y en defensa de sus conquistas sociales.  En Perú han detenido sindicalistas de la salud por denunciar el desguace de hospitales. Y han aprobado leyes de gatillo fácil. El presidente chileno, Sebastián Piñera, se valió del coronavirus para intentar gambetear la rebelión popular, que se mantiene viva desde octubre del año pasado y que desde principios de marzo había comenzado a recalentarse. Las medidas de Piñera, en lo fundamental, se han circunscripto a declarar un toque de queda y a volver a colocar en las calles a los militares. Esto en el marco de un sistema público sanitario devastado por un largo proceso de privatización. El oficialismo y la oposición han acordado aplazar hasta octubre el plebiscito constitucional, inicialmente previsto para fines de abril. Y, del mismo modo, se aplazaron las elecciones bolivianas del 3 de mayo. La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, dictó un decreto para asegurar, en primer lugar, “el orden público y la paz social”, con el objetivo de poner un punto final a la resistencia popular que despertó la lucha contra el golpe.

El imperialismo yanqui, por su parte, se ha valido de la pandemia para reforzar una política de bloqueo y asfixia contra Venezuela y contra Cuba. Es la expresión de una política criminal que conspira contra el control de la pandemia y que solo apunta a reforzar una injerencia  imperialista en esos países y, eventualmente, preparar una intervención militar. Rechazamos el embargo y las sanciones impuestas por el imperialismo y reclamamos la solidaridad internacional con los pueblos venezolanos y cubanos. 

Los gobiernos cínicamente hablan de la ‘unidad nacional’ frente a la pandemia del virus corona. Pero los paquetes de medidas económicas que impulsan benefician, con todo tipo de subsidios, mayoritariamente a empresarios y banqueros. Les interesa, prioritariamente, mantener el beneficio de los grupos económicos mientras los trabajadores y los sectores populares son abandonados a su suerte y son los principales afectados por la pandemia. Todas las contradicciones sociales, que antes del desembarco del coronavirus en América Latina desataron enormes rebeliones populares, lejos de borrarse, se están agravando sensiblemente.  La  pandemia ha puesto  al rojo vivo la incompatibilidad que  existe entre una organización social  basada en el lucro capitalista y las necesidades  sociales, la salud y la vida de los  trabajadores y del conjunto de la población, lo cual coloca  dramáticamente  a la orden del día la necesidad de un reorganización integral  de la sociedad   sobre nuevas bases sociales, a escala continental y planetaria. 

La clase obrera, los campesinos y explotados empiezan a movilizarse para imponer medidas frente a la pandemia del coronavirus y a las consecuencias sociales de la bancarrota capitalista en curso. Huelgas en grandes fábricas en Brasil, Argentina, etc. han impuesto la cuarentena donde las patronales se negaban; asambleas en hospitales plantean reivindicaciones de emergencia para un trabajo seguro; reclamos en las barriadas por subsidios y alimentos, etc. Esto comienza también a trascender al plano político más general: han vuelto los cacerolazos en las grandes ciudades de Brasil y huelgas contra la política autoritaria, represiva y de cinismo-entreguista de la salud pública de Bolsonaro; y los cacerolazos y movilizaciones en Chile, contra la militarización de Piñera y su desaprensión capitalista para enfrentar la pandemia.

Entre la actual movilización que asoma y las rebeliones populares que se han manifestado el año pasado en la región, estamos en condiciones de establecer un hilo conductor. Lo que levanta cabeza en varios países de América Latina es la disposición de los pueblos a enfrentar las consecuencias de la crisis económica y los intentos de descargarla sobre los explotados. Se preanuncia un escenario convulsivo, que estará atravesado por grandes crisis sociales; giros, realineamientos y crisis políticas, y enfrentamientos de clase. Brasil aparece como uno de los epicentros de esta tendencia, acuciado por su impresionante crisis económica y las provocaciones de Bolsonaro, en un cuadro que lo coloca en el primer lugar de infectados y muertos de toda América Latina.

Más que nunca es necesario unir y movilizar todas las energías de cada nación para enfrentar estas plagas. Pero eso no lo pueden hacer las clases capitalistas que nos gobiernan. Es la clase obrera la que debe conducir esta lucha que define los futuros nacionales y del continente.

Frente a este escenario, necesitamos recuperar nuestras centrales sindicales. Estas deben romper con todo tipo de colaboracionismo de clases y fijar posiciones autónomas en defensa de los trabajadores. No subordinarse ni a los gobiernos, ni a los partidos patronales. Deben romper toda subordinación y colaboración con la clase capitalista y organizar el reclamo de las masas frente a la crisis. Impulsemos congresos con mandatos de bases como método para superar la entrega de las burocracias sindicales integradas de una u otra forma al Estado. 

Llamamos a los partidos de izquierda y a las organizaciones obreras y populares, a impulsar en común un programa para salvar física, material y moralmente a las masas explotadas e impulsar una salida de los trabajadores frente a la catástrofe que enfrentamos: 

–    Prohibición de despedidos. Reincorporación de los despedidos en el último año (los petroleros echados por Bolsonaro, durante la reciente gran huelga contra la privatización, etc).

–    Cuarentena de todo sector productivo no esencial para enfrentar la pandemia. Pago de los jornales íntegros por las patronales. Comisiones obreras de control de las normas de la salubridad.

–    Triplicación inmediata de los presupuestos de salud para dotar de reactivos que puedan diagnosticar el corona virus, respiradores, medicinas, tomar más médicos y enfermeras, habilitar salas y camas, etc. Constitución de comisiones de supervisión elegida por médicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios, con derecho a veto, para garantizar la seguridad del personal hospitalario y diseñar la política de intervención.

–    Centralización estatal, bajo control de los trabajadores y profesionales sanitarios, de todos los sistemas de salud (hospitales públicos, privados, obras sociales, laboratorios) en transición hacia la nacionalización sin indemnización de los distintos sistemas sanitarios. 

–    Distribución gratuita de alcohol en gel, desinfectantes, barbijos y toda medicina necesaria para combatir el virus pandémico.

–    Aumento salarial y jubilatorio de emergencia, llevando el mínimo al costo de la canasta familiar. 

–    Subsidio otorgado por simple inscripción, a todo trabajador desocupado o precarizado, igual a la duplicación de los salarios mínimos vigentes.

–    No a los desalojos de viviendas. Congelamiento de alquileres y no pago de los mismos mientras dure la pandemia. Compensación del Estado a los pequeños propietarios de hasta dos viviendas.  Censo de viviendas ociosas y ocupación de emergencia de las mismas a ciudadanos sin vivienda o familias hacinadas (favelas, villas miseria, etc.) que es donde más rápidamente se puede extender el contagio de la pandemia.

–    Fuera las Fuerzas represivas de las calles. Libertad a todos los presos políticos y a los detenidos durante el transcurso de la pandemia. Derogación de decretos y leyes que viabilizan la represión. Derogación de los toques de queda. Plenos derechos a la actividad sindical y reivindicativa y a manifestarse políticamente. ¡Apertura obligatoria de los medios de prensa a todas las expresiones políticas para debatir las políticas con que afrontar las pandemias.

–    Abajo las reformas laborales y previsionales reaccionarias y antiobreras. Nacionalización de las AFP y todos los regímenes de jubilación privada, bajo control de los trabajadores activos y jubilados. 

–    Nacionalización sin pago de indemnización y bajo control obrero de los sistemas bancarios y los mercados de cambios para impedir la fuga de capitales y centralizar los ahorros nacionales, para impulsar planes de desarrollo al servicio del pueblo trabajador. Nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de los hidrocarburos, la minería y de todos los recursos estratégicos. No pago de las deudas externas.

–    Abajo los gobiernos represores y responsables de la actual catástrofe. Por gobiernos de trabajadores. Por la Unidad Socialista de América Latina.

Partido Obrero (ARGENTINA)

Luta Pelo Socialismo (BRASIL) 

Fuerza 18 de Octubre (CHILE) 

Grupo Vilcapaza (PERÚ)

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Solano dijo: “Hoy, cientos de madres y padres de niños y adolescentes que estudian en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires hicieron horas de cola bajo la lluvia, esperando camiones demorados en controles policiales, para recibir supuestos ´bolsones´ de comida que terminaron siendo un puñado de productos completamente insuficientes. Nos llegan denuncias hasta de frutas podridas.”

“Es muy grave, porque para muchos niños la comida que reciben en la escuela es la más importante que tendrán en todo el día y en el cuadro de la crisis económica y sanitaria que atravesamos es aún peor. Las colas eternas muestran lo necesario que resultan estos alimentos para que los pibes coman. Pero como los bolsones alcanzan para la mitad de las familias que los necesitan, se reparten los pocos productos. A algunas, entregaron solamente 5 saquitos de té, 5 de mate cocido y 10 barritas de cereal o galletitas como desayuno o merienda para 15 días. O dos paquetes de leche. O un paquete de arroz, uno de fideos y uno de lentejas, para lo que deberían ser 10 comidas. Una vergüenza. Hay faltantes de leche y enormes deficiencias respecto con los requerimientos nutricionales.”

“Las denuncias sobre este tema no son nuevas. Centros de estudiantes, cooperadoras de padres y sindicatos denunciaron una y otra vez a las empresas concesionarias que cobran fortuna mientras prestan un servicio pésimo. Reclamamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en lugar de dedicarse a perseguir a los docentes con exigencias imposibles de trabajo remoto, garantice la universalidad de la entrega de alimentos a cada familia que lo necesite, incluyendo a los estudiantes de media a quienes no se les están entregando alimentos, y que las entregas cubran las necesidades alimenticias y nutricionales que deberían ser elaborados en conjunto con los sindicatos, los centros de estudiantes y contar con la aprobación de nutricionistas independientes. Las empresas concesionarias que no cumplan con estos requisitos se les debe rescindir el contrato y la operatoria debe pasar a manos del Estado.”

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