Señora ministra:
El aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia del coronavirus, se impuso como necesidad en nuestro país. Sin embargo, no ha venido acompañado de las medidas integrales (sanitarias, económicas, sociales) que protejan a los trabajadores para que efectivamente puedan cumplirla. En un país con más de dos millones de desocupados y casi un 40% de trabajadores por fuera del circuito de empleo formal, que viven en condiciones de alta precariedad y hacinamiento, cuyos ingresos dependen de changas y de la continuidad de distintas actividades diarias, poder “quedarse en casa” resulta un privilegio de clase. La falta de medidas de fondo (como la prohibición efectiva de despidos y garantías salariales para todo el universo de trabajadores, independientemente de su modalidad de contratación, y la concentración de los recursos del país en las necesidades sociales y de asistencia urgentes –que requieren la suspensión inmediata y unilateral del pago de la deuda) no puede ser suplida con la coerción y la represión estatal, como evidencian numerosas denuncias a lo largo de todo el territorio nacional.
La seguridad de la población trabajadora depende hoy del cuidado de su salud y de las condiciones de vida, empezando por el derecho al trabajo y a un salario adecuado, y es opuesta al hostigamiento y persecución policial de los trabajadores y la juventud que estamos viviendo hoy.
1) Rechazamos el despliegue del Ejército en los barrios -sobre lo cual interpelaremos también al ministro Rossi- por constituir un avance en la intervención de las FFAA en cuestiones internas, tratando de naturalizar su presencia intimidatoria ante las tensiones sociales que genera el hambre creciente. Las funciones asignadas a las FFAA pueden ser cubiertas por personal civil del Estado y de las organizaciones populares que lo ejercen todos los días del año. Su logística puede ser cubierta perfectamente por empresas de transporte intervenidas al efecto. También se ha reforzado la presencia de efectivos policiales a lo largo y ancho del país en el marco de la cuarentena. Es muy notorio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires a través de la Policía Bonaerense, pero no sólo allí. Los diarios han citado, frente a este despliegue, supuestas declaraciones de voceros gubernamentales en las que se afirma que la presencia policial tiene el objetivo de “contener desbordes” “vinculados a la falta de ingresos y el hambre en los sectores más desprotegidos”. ¿Qué puede decir de ello? ¿Es ésa la función de las fuerzas represivas? ¿La falta de necesidades básicas de la población va a ser respondida con represión?
¿Es cierto el documento interno sobre el despliegue del Ejército en la provincia de Buenos Aires, revelado por el sitio Diputados Bonaerenses que revela que se dividió a la provincia en tres comandos militares que abarcan los 135 distritos, a partir de que se trata del territorio más caliente socialmente del país? ¿Cuántos efectivos hay actualmente en funciones en todo el territorio nacional? ¿Cuántos han sido incorporados a partir de la cuarentena? ¿Cómo están distribuidos según provincia y localidad, y dentro de las mismas, cuál es el criterio de distribución de la intervención de esas fuerzas? ¿Por qué es abrumadoramente mayoritaria su presencia en los barrios pobres?
2) Hay numerosas denuncias respecto del recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas policiales sobre la población trabajadora y especialmente la más pobre. Desde el inicio de la cuarentena, las redes sociales se han plagado de videos que muestran el accionar abusivo, humillante y criminal de las policías y las fuerzas nacionales. Un ejemplo tuvo lugar en un barrio de la zona oeste de Rosario (provincia de Santa Fé), donde se ve con claridad cómo entre varios efectivos de la policía santafesina detenían violentamente a una mujer. En respuesta, uno de los agentes disparó hacia donde se encontraban filmando y luego otro tiró en dirección a la calle transversal para gritar a otro grupo de personas que volvieran a sus casa. Un proceder verdaderamente criminal.
Otro de los videos que se viralizó en redes sociales fue filmando por un propio agente policial en la localidad bonaerense de Isidro Casanova (distrito de La Matanza) y muestra cómo durante varios minutos la policía humilla a un grupo de vecinos que son obligados a hacer ejercicios, pasos de baile y hasta cantar el himno nacional mientras los efectivos se burlan y se ríen de ellos. Al finalizar, rematan con un comentario que vale la pena destacar: “En España e Italia están colapsados los hospitales, acá están colapsadas las comisarías”.
Denuncias de este tipo se han multiplicado. En provincias como Neuquén, Jujuy o Chaco existe un virtual Estado de Sitio, donde la policía cuenta con vía libre en la persecución de transeúntes, incluso adoptando medidas que están por fuera de su potestad, en la total ilegalidad.
¿Qué sanciones se han tomado sobre el personal policial denunciado en cada caso? ¿Cuántos agentes han sido apartados de las fuerzas policiales y en qué localidades y distritos? ¿Hay una investigación judicial y penal en curso? ¿En cuántos casos y cuáles son las acusaciones? En los casos en que no existe ninguna investigación judicial, ¿cuáles son los motivos para semejante protección estatal para garantizar la impunidad?
¿Qué medidas concretas adoptaron para evitar que se sigan produciendo estos hostigamientos ilegales y brutales sobre la población? ¿Qué controles ejercen sobre las policías provinciales? ¿Qué relevamiento tienen de denuncias sobre atropellos a los derechos de la población en las distintas provincias y distritos?
En la provincia de Buenos Aires, donde se multiplican las denuncias más graves de persecución a la juventud y los trabajadores, ¿qué respuesta dieron y qué responsabilidades le caben al ministro Sergio Berni?
3) En Neuquén fueron brutalmente golpeados por fuerzas policiales y luego detenidos dirigentes del gremio Aten Zapala y del Polo Obrero, luego de que peticionaran ante la falta de respuesta por alimentos y kits sanitarios. Fueron recientemente liberados luego de una intensa campaña de denuncia nacional. Los compañeros liberados debieron ir directo a atenderse al hospital por las golpizas y por estas horas están presentado la denuncia formal ante la Justicia. ¿La gravedad del caso no amerita una intervención directa de su ministerio? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cómo piensan impedir que situaciones de esta gravedad se sigan reproduciendo en todo el país?
4) La situación de las personas privadas de libertad se ha agravado brutalmente en medio de la pandemia. En las cárceles e instituciones de encierro (sean o no del Sistema Penitenciario Federal) de todo el país, los detenidos viven en condiciones infrahumanas, en una altísima situación de riesgo en condiciones de hacinamiento y sin prácticamente asistencia de personal profesional de la salud. La crisis del coronavirus y las políticas deshumanizantes del Estado han colocado a quienes cumplen sus condenas y quienes son privados de su libertad en un callejón sin salida: o la muerte por las condiciones sanitarias o revueltas aplacadas con el fuego del aparato represivo.
Esta situación fue puesta de manifiesto por las manifestaciones que se iniciaron en establecimientos penitenciarios de Coronda y Las Flores (Santa Fe) y rápidamente se extendieron a otras cárceles del país, particularmente de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, con el saldo de cinco muertos. El reclamo central es que se cumplan las medidas sanitarias dispuestas para todo el país en los establecimientos carcelarios. Los presos denuncian que no se cumplen los protocolos de emergencia y que a ellos tampoco se les brinda ningún elemento. Tampoco existe ninguna política para la población en situación de riesgo, tanto porque su edad supera los 60 años como porque cuentan con enfermedades preexistentes, muchas de ellas contraídas en las propias cárceles.
¿Cómo piensan garantizar las medidas sanitarias para las personas privadas de libertad? ¿Qué medidas van a disponer?
¿Se reforzó la distribución de elementos de higiene en las cárceles? ¿En qué cantidades y qué elementos se enviaron? ¿Cuál es el presupuesto destinado a ello?
¿Cuál es el personal profesional de la salud que está afectado a la atención del Sistema Penitenciario Federal? ¿Cuántos por cada unidad y cada cuántos detenidos? ¿Se reforzó la contratación del mismo en el marco de la lucha contra la pandemia? ¿En qué medida?
¿Cómo van a garantizar la protección de la salud de la población de riesgo que está privada de libertad?
La suspensión de las visitas bloqueó los ingresos de los alimentos que reciben muchos detenidos de parte de sus familiares: insumo fundamental, si se tiene en cuenta que el servicio alimentario de las cárceles va de malo a inexistente. ¿Cómo van a suplir esta necesidad? ¿Se dispuso un refuerzo alimentario para las cárceles? ¿En qué consiste, cuáles son las cantidades y el presupuesto asignado?
5) Las rebeliones de la población carcelaria en Santa Fe fueron sofocadas con la intervención represiva de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del Servicio Penitenciario. Los informes oficiales hablan de 5 muertos en “enfrentamientos entre los propios presos”, sin embargo, el hermetismo de las comunicaciones oficiales y las denuncias de los propios presos hace pensar que la cifra es aún mayor (se habla de hasta 20 muertos) y que el Estado respondió con balas de plomo al reclamo de mejores condiciones sanitarias.
¿Qué investigación en curso hay para dilucidar los hechos y qué información puede brindar al respecto? ¿Es cierta la versión de que se reprimió con balas de plomo? ¿Cuántos muertos hubo? ¿De qué manera van a impedir que sigan violando los derechos humanos de las personas privadas de libertad?
6) La cuarentena ha agravado otra pandemia: la de la violencia contra las mujeres y los femicidios. Sólo en marzo, dejó un saldo de 27 mujeres víctimas. La política del nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad -que ni siquiera cuenta con presupuesto asignado- se ha limitado a colocar en manos de las propias mujeres, confinadas en sus hogares, la responsabilidad de hacer la denuncia frente a sus agresores (con quienes conviven en la inmensa mayoría de los casos) como lo muestra la campaña sobre el “barbijo rojo”. Al mismo tiempo, se afirma que aumentaron notablemente las denuncias de la línea 144, donde se efectúan las denuncias.
¿Cuántas denuncias han recibido en lo que va del año en los canales disponibles de las fuerzas de seguridad?
¿Cuántas intervenciones han tenido lugar por parte de las fuerzas de seguridad para la separación de agresores y violentos a partir de esas denuncias y las efectuadas a través de las líneas telefónicas que promociona el Ministerio de la Diversidad?
¿Cuántas perimetrales se han dictado en el año y cuántas especialmente desde que se decretó el aislamiento obligatorio? ¿Qué seguimiento tienen sobre las mismas?
¿Dónde están localizadas las denuncias? ¿Por qué no se presenta un mapeo de la localización geográfica de las mismas, público, para que las organizaciones sociales y de mujeres puedan coordinar una red de contención?
¿Cuál es la situación de las mujeres denunciantes? ¿Qué tipo de protección se les brinda?
