Señor ministro:
A medida que pasan los días se hace cada vez más agobiante la situación de cientos de miles de trabajadores en el país, que deben hacer frente al necesario aislamiento social en un cuadro de ofensiva contra sus derechos. Arrecian los despidos y las suspensiones con rebaja salarial; la violación patronal de las medidas de cuidado sanitario en las consideradas “actividades esenciales” –que cada vez son más en virtud de que se ha impuesto un grosero lobby patronal que sólo persigue mantener el nivel de ganancias capitalistas; la imposición de modalidades de “teletrabajo” que en muchos casos son violatorias de derechos adquiridos (como la extensión de la jornada laboral, descansos, y licencias) y todo tipo de atropellos. Todo ello sin que haya ningún tipo de control ni sanciones por parte del gobierno.
En todo el mundo la pandemia del coronavirus ha agravado la profunda crisis económica, financiera y social que se desenvolvía previamente, y la clase capitalista quiere descargar redoblando una ofensiva contra los trabajadores, para imponer un salto en las condiciones de explotación social y una destrucción criminal de fuerzas productivas.
En nuestro país se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia del coronavirus, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, económicas y de defensa de los trabajadores en su totalidad: los ocupados, los desocupados y los sub-ocupados, los que están registrados y el casi 40% que trabaja en el circuito informal (sin ningún tipo de protección laboral). A pesar del DNU del presidente, no hay efectiva prohibición de despidos (como lo muestra, por ejemplo, la homologación de la pérdida de 1400 puestos de trabajo en Techint) ni garantías salariales, como evidencian numerosas denuncias de reducción de salarios a lo largo de todo el territorio nacional.
La seguridad de la población trabajadora depende del cuidado de su salud y de las condiciones de vida, empezando por el derecho al trabajo y a un salario adecuado, y la política que impulsa el gobierno en la actualidad lejos está de garantizar estos derechos.
Desde nuestra banca hemos presentado un extenso proyecto de ley que atiende estrictamente la protección de la clase trabajadora. Previamente, y antes de que se decrete el aislamiento social obligatorio, presentamos por escrito nuestras propuestas al presidente Alberto Fernández, que incluyen aspectos centrales como una partida presupuestaria extraordinaria para salud y la centralización de todo el sistema (público, privado, de obras sociales y de universidades nacionales), bajo control de trabajadores y profesionales, junto con otra cantidad de medidas de emergencia que tienen como punto de partida la suspensión unilateral del pago de la deuda –a excepción de la que está en manos de la ANSES-, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores, para concentrar los recursos nacional en las necesidades sociales que ponen a la orden del día el combate al Covid-19. Al final de esta presentación, reproducimos las que se refieren a su cartera, esperando que se pronuncie respecto de las mismas, del mismo modo que en relación a las preguntas que a continuación le detallamos.
1) El decreto presidencial que prohíbe despidos por 60 días, llegó después de concretarse miles de despidos y no detuvo los muchos que se sucedieron, violando flagrantemente la disposición gubernamental. En el mes de marzo los despidos alcanzaron la friolera de 45.000 puestos de trabajo perdidos. Además de los 1.450 obreros de Techint (homologados por su cartera, pese a las “quejas” mediáticas del presidente), tercerizados de Aerolíneas, municipales de la orquesta de José C. Paz, 56 trabajadores estatales de Educación en La Plata y municipales de la misma ciudad, un centenar de empleados de Vía Bariloche, 60 trabajadores de la cadena Cinemark, más de un centenar de gráficos y periodistas de Publiexpress e Ipesa, 745 operarios de la planta electrónica Mirgor en Río Grande, 800 trabajadores de la minera Livent, trabajadoras del Sanatorio Franchin de la Uocra. En Yacimientos Carboníferos Rio Turbio se produjeron 417 despidos La empresa Dánica ha llegado al colmo de despedir trabajadores por negarse a hacer horas extras en medio de la pandemia, cuando los turnos deberían reducirse. Luego de firmado el DNU, el frigorífico quilmeño Penta directamente despidió 240 operarios, al igual que la curtiembre Sadesa, de Galperín, lo mismo que la minera Livint o la metalúrgica Mirgor de Río Grande, entre muchos más.
¿Qué va a pasar con los miles de trabajadores que fueron despedidos con anterioridad al decreto? ¿Van a convalidar la pérdida de esos puestos de trabajo? ¿Dispusieron algún tipo de control o auditoría sobre las empresas que despidieron? ¿Cuál es la situación patrimonial de las mismas? ¿Por qué no disponen la retroactividad de las disposiciones del decreto al menos al 29 de febrero para proteger a todos los despedidos a partir de la nueva situación creada por el impacto de la pandemia?
¿Qué penalidad tienen las patronales que despiden? ¿Se van a revertir los despidos? ¿Qué garantías tienen los trabajadores de que se cumplirá con lo dispuesto por el decreto emitido por el presidente? ¿Se dispondrá la reincorporación de todos los despedidos desde el momento de vigencia del DNU?
2) Se estiman en centenares de miles los despidos en el sector informal hasta el 13 de abril. Solo entre las empleadas de casas de familia, en la construcción y en el empleo rural estamos hablando de millones de obreras y obreros en negro. Desde el Partido Obrero venimos insistiendo hace tiempo en una línea: amparar a los trabajadores informales en relación de dependencia mediante una cláusula de estabilidad laboral para denunciar su situación. Ahora, en medio de la pandemia, no puede aceptarse su despido sumario, que además no tiene indemnización alguna. Son personas y familias arrojadas al hambre en medio de la crisis sanitaria.
¿Los trabajadores informales podrán denunciar su despido? ¿Les brindarán desde el ministerio garantía de reincorporación? ¿Y de estabilidad laboral? ¿Qué tipo de controles sobre este sector han dispuesto desde su cartera? ¿Cuántas inspecciones se realizaron? ¿Qué registro tienen sobre los despidos en este sector? Corresponde el ‘blanqueo’ de todos estos trabajadores, bajo convenio, y el pase a planta permanente en El estado de todos los contratados bajo diversas formas laborales precarizadas. ¿Por qué no la hace?
3) La clase capitalista desconoce olímpicamente la integralidad de los salarios dispuesta en el decreto inicial de cuarentena mediante suspensiones con rebajas de salarios de hasta el 70%, y en casos sin pago alguno. Desde Aluar hasta las cadenas fast food, desde Latam hasta los pulpos mineros, pasando por miles de Pymes. Esos pagos reducidos, por otra parte son no remunerativos, es decir que no se tributan los aportes patronales al Anses, que desde la cuarentena, virtualmente han dejado de existir por el derecho o por los hechos.
¿No son ilegales esas reducciones salariales? ¿Van a permitir que continúen? ¿Qué medidas dispondrán para defender el ingreso de miles de trabajadores?
4) Hay paritarias de 2019 que aún no cerraron, como sucede en el gremio de prensa, o que tienen cláusulas de revisión pendientes, como en Foetra. ¿Qué harán a respecto? ¿No corresponde un laudo que iguale inflación en periodo?
Hay asimismo paritarias vencidas para el 2020, como el caso de subte y colectivos a 50 días de su vencimiento. ¿Qué respuesta van a dar a esta situación para que los trabajadores afectados no sigan perdiendo poder adquisitivo de sus salarios?
¿Por qué no respetan el derechos adquiridos de las clausulas gatillo pautadas en diferentes paritarias que actualizan el salario?
5) Decenas de miles de monotributistas en todo el país (que incluye desde profesionales y trabajadores independientes hasta una enorme masa de empleados –por privados o por el Estado- a quienes bajo esta modalidad se les niegan derechos laborales- se han quedado sin ingresos por el parate de la actividad en el marco del combate a la pandemia.
¿Por qué no se incluye a todos los monotributistas (no sólo las categorías A y B) en el Programa del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿Por qué no se garantiza –más que nunca en medio de una emergencia sanitaria como la que vivimos- que las obras sociales otorguen cobertura de PMO a todos los monotributistas?
6) En el marco del aislamiento social obligatorio, se ha impuesto la modalidad del teletrabajo en numerosos rubros y ámbitos de la actividad productiva. Pero ello ha ido acompañado de múltiples atropellos a los derechos laborales.
¿No corresponde que las empresas garanticen las herramientas de trabajo, como el pago de internet, silla ergonómica, y -en las actuales circunstancias- reducción de la jornada laboral? ¿Qué tipo de controles se aplican para garantizar el cumplimiento de derechos laborales por parte de las empresas que impusieron esta modalidad?
7) Entre las nuevas excepciones a la cuarentena se encuentra la producción de neumáticos. Según el reciente decreto publicado en Boletín Oficial, se trataría solo de una producción ligada a abastecer las actividades esenciales, como las ambulancias o el transporte de alimentos. Sin embargo, el sindicato del neumático denuncia que las patronales exigen rebajas salariales a los trabajadores que continúen cumpliendo la cuarentena obligatoria.
¿Qué tipo de medidas y controles dispondrá el Ministerio para garantizar que las empresas limiten la producción a lo estrictamente necesario para el abastecimiento de las necesidades “esenciales”? ¿Qué harán para impedir la reducción salarial de quienes cumplen con el aislamiento obligatorio?
8) ¿Qué piensa hacer el gobierno con las patronales que mantienen las plantas de fábricas abiertas a pesar de no realizar tareas consideradas esenciales en el DNU y por lo tanto no están exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio (algunos ejemplos: alimenticias con golosinas, Vidrio y metalúrgicas con envases de cerveza, gráficas con revistas de chismes y envoltorio de golosinas, cosméticos y cigarrillos)? ¿Habrá alguna intervención del Ministerio? ¿Van a imponer penalidades? ¿Van a garantizar que se cumpla la cuarentena que les corresponde?
9) Muchos bancos no están atendiendo con las medidas de protección e higiene necesarias, como mamparas, barbijos, desinfección continúa, termómetros para medir la temperatura de los clientes, etc. ¿Qué seguimiento le dieron desde el Ministerio al protocolo presentado por la bancaria? ¿Qué medidas de control piensan disponer para resguardar la salud de los trabajadores bancarios y de la población que recurre a las sucursales?
10) El grupo Aluar acaba de acordar con la seccional de la UOM de Puerto Madryn (que dicho sea de paso, está intervenida desde hace más de un año) una rebaja salarial, consistente en abonar los días no trabajados al 70% sobre el neto, conforme los turnos reducidos establecidos por la propia empresa previamente con el compromiso de abonar la totalidad. Aluar es una de las empresas más importantes del país. Su facturación alcanza los 1.420 millones de dólares anuales. El 75% de su producción se exporta a mercados de EE.UU., Japón, y Europa. A esto se suman sus inversiones en el área de energías renovables. Es evidente que la medida empresaria no obedece a una imposibilidad de afrontar sus compromisos salariales, sino a un aprovechamiento de la crisis, en una de las provincias más golpeadas por los ajustes y donde una parte sustancial de su población cobra sus salarios de manera escalonada o no cobra desde hace meses.
¿Cuál es el peso de la masa salarial en la estructura de costos de la compañía y que porcentaje de su facturación representan los recortes anunciados? ¿No van a disponer ninguna medida para dar garantías salariales a estos trabajadores? ¿Se van a tolerar estas reducciones de salarios en Aluar?
11) Teniendo en cuenta que Trenes Argentinos es una empresa del Estado Nacional que continúa contratando tercerizadas que precarizan la seguridad en el trabajo, así como las relaciones laborales:
¿Por qué no resolvió en favor de la reincorporación de los despedidos de MCM, tercerizada del Ferrocarril Roca, que obtuvieron fallos de reinstalación de la Justicia que la empresa no respeta y a pesar de que estos trabajadores recurrieron a varias audiencias ante su ministerio? ¿Qué piensa hacer frente a la suspensión sin pago al personal de la tercerizada Montelec, en el mismo ferrocarril? ¿Por qué admite el despido de 5 trabajadores de la tercerizada Murata, en el ferrocarril San Martín, como represalia por reclamar barbijos, guantes y alcohol en gel?
12) La gráfica Ipesa produjo despidos masivos (la mitad del personal) en octubre 2019, de manera ilegal ya que omitió la presentación del PPC. Luego, tercerizó ese sector Encuadernación. Aun así, obtuvo una licitación oficial para imprimir cuadernillos escolares destinados a ofrecer soporte pedagógico durante la suspensión de clases. Hace unas semanas anunció el cierre de la planta; y así continúa pese a la conciliación obligatoria. Pero los trabajos del gobierno son tercerizados a otros talleres (cabe suponer, embolsándose una diferencia). Es decir, se trata de una empresa que cierra obviando los procedimientos de ley, deja a cien familias en la calle y continúa cobrando de los fondos del Estado.
¿Qué piensan hacer al respecto? ¿No hay elementos fundados para penalizar a esta patronal? ¿Van a permitir que la empresa siga actuando en la ilegalidad y las consecuencias las paguen los trabajadores?
13) Abundan las denuncias respecto de la violación de las licencias a grupos de riesgo entre los docentes universitarios. ¿Por qué no interviene para que se cumplan las resoluciones que han emitido desde su propio ministerio en materia de licencias?
14) Las paritarias de los estatales de Chubut se han suspendido por tiempo indeterminado. El pago escalonado es una violación al estatuto docente y a los convenios colectivos de trabajo, sin embargo persiste desde hace tres años y cada vez en peores condiciones, sin cronograma y a cuenta gotas.
¿No corresponde que desde el Ministerio de Trabajo una intervención que impida que se sigan violando los derechos de los trabajadores estatales de la Provincia?
Como señalamos al principio de esta nota, hemos entregado al señor Presidente, Alberto Fernández, un pliego con 20 puntos con planteamientos que creemos necesarios para encarar la lucha contra la pandemia. De ese pliego, extractamos algunos puntos que tienen que ver directamente con su área. La pregunta es si usted ha recibido estos puntos y qué respuesta puede dar al respecto.
1) Asignación de $30.000 a todos los trabajadores desocupados y monotributistas. Elevación del salario y la jubilación mínima al mismo monto. Exención de aportes y cobertura de obra social a los monotributistas.
2) Garantías de salubridad e higiene de las actividades que sean imprescindibles, bajo supervisión del comité de médicos expertos y científicos. Intervención gremial allí donde se pretenda anteponer el interés de lucro particular a la necesidad de reducir la circulación general.
3) Apertura de libros de todas las empresas formadoras de precios. Intervención del Estado de las principales cadenas de producción de alimentos y elementos de salud esenciales, bajo control de comités de trabajadores para producir en toda la capacidad instalada y garantizar su comercialización al costo.
4) Licencia con goce de sueldo para todos los docentes, auxiliares y personal administrativo, de todos los niveles educativos, mientras dure la emergencia. Aplicación de la cláusula gatillo ya firmada por los gremios en 2019. Licencia efectiva y paga para todas personas que están al cuidado de sus hijos mientras dura la suspensión de clases, y castigo inmediato a las empresas y entes del Estado que entorpecen su aplicación. Licencia efectiva para toda persona que convive con población de riesgo.
5) Prohibición de despidos y suspensiones con reducción salarial retroactivo al mes de febrero.
6) Creación de comités electos por los trabajadores para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y que se brinden los elementos necesarios en todos los lugares de trabajo, dependencias públicas y establecimientos privados de carácter industrial, comercial, bancario o de servicios.
7) Prohibición de descuentos salariales o adelanto de vacaciones para los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la emergencia.
8) Bonificación del 100% del monotributo para todos los trabajadores inscriptos en esta modalidad durante 3 meses, prorrogable al período que se extienda la emergencia. Cobertura inmediata e irrestricta de las obras sociales para todos los trabajadores monotributistas
