Señora ministra:
La cuarentena ha agravado otra pandemia preexistente: la de violencia contra las mujeres y los femicidios. Sólo el mes de marzo dejó un saldo de 34 mujeres víctimas, y los casos y denuncias se siguen multiplicando. La vulnerabilidad de las mujeres que han quedado confinadas a convivir con sus agresores, muchas veces intrafamiliares, se ha exacerbado, pero sus razones son precedentes. La precarización y la informalidad laboral que alcanza a un 40% de los trabajadores en nuestro país, tiene entre sus filas una mayoría de mujeres, que no cuentan con medidas de protección en el marco de la pandemia, con un subsidio de $10.000 (el Programa IFE), que no sólo es absolutamente insuficiente, sino que excluye a una enorme masa de trabajadoras, por ejemplo el amplio universo de trabajadoras de casas particulares que cuentan con un algún miembro del grupo familiar que sea beneficiario de un plan social. Tampoco su gestión se puso a disposición de aquellas mujeres a las que las y los empleadores han transformado el IFE en un subsidio patronal. Otra vez no apareció su ministerio. Pero no es solo esto, porque sin ser una tarea esencial, la página de su ministerio informa a las empleadas domésticas que pueden acceder a determinadas licencias, pero no les anuncia que su empleador no debe convocarlas y debe pagarles igual. Esta información lamentablemente se restringió y no se popularizó.
Entre los 45.000 despidos que tuvieron lugar en el mes de marzo hay muchas trabajadoras, que agravan su dependencia económica y el desamparo, muchas veces viviendo en condiciones de hacinamiento, y a cargo del cuidado de niños y adultos mayores. No se ponen en marcha casas refugio, ni dispositivo de contención y ayuda real a las mujeres víctimas de violencia, mientras se afirma que han aumentado de manera exponencial (una disparada del 39%) las denuncias de la línea 144 y otras líneas telefónicas.
Sin embargo, ninguna medida específica se ha tomado hasta el momento para que la asistencia no reproduzca la asimetría que existe en el mercado laboral contra las mujeres. En este rubro no se han protegido a las mujeres que son la mayoría de las precarizadas.
Tampoco apareció en escena el ministerio para atender la sobrecarga de trabajo al interior del hogar en los casos en los que se practica el trabajo virtual y domiciliario, en la mayoría de los casos no regulado por normas laborales o por paritarias.
Y frente al drama de la convivencia 24 x 7 con el violento, el ministerio no sólo no dio respuestas sino que intentó con sus discursos y acciones, pretender instalar en la sociedad la idea de que el problema en curso sería la ausencia de denuncias, cuando el problema es la falta de asistencia del Estado, la revictimización permanente en todas las instancias institucionales, la ausencia de salidas materiales concretas, la ausencia de políticas destinadas a ofrecer autonomía económica fundamental para desarmar una parte de la trama de la violencia.
Toda su política evitó destinar fondos al Ministerio, los cuales están destinados centralmente al pago de la deuda externa en una proporción infinitamente superior al conjunto de los fondos destinados a la cuestión de la cuarentena. Y lo que es peor, la política monetaria de emisión de dinero está siendo destinada a la compra de dólares y no a la asistencia a la población.
Esta política central del gobierno es lo único que puede explicar la oblicua respuesta a las críticas recibidas por la inacción en la que ha navegado su ministerio desde sus comienzos y que plantee usted que no impulsa casas refugio porque mejor es que se vayan los golpeadores de las casas.
Mientras la ministra enuncia máximas políticas sobre qué es lo mejor para las mujeres, en la práctica ellas se mueren frente a una acción ineficiente de su ministerio. Mucho mejor al ideal alejamiento del hombre violento del hogar, sería que no existieran los hombres educados en la violencia contra las mujeres y los niños, y que no se impartieran desde el Estado, los principios clericales que acompañan y hasta ofrecen una base religiosa a este vínculo de sometimiento.
Centralmente “lo mejor” no puede ocurrir cuando un gobierno refuerza la presencia y el financiamiento de las iglesias más rancias y antiderechos, aliadas a militares y a gobiernos golpistas, como ocurre con la Iglesia Catolica y el reagrupamiento de templos evangélicos sostenidos por el bolsonarismo y por el protestantismo yanqui, nucleado en ACIERA.
Mientras dure la cuarentena, el Estado debe alejar inmediatamente a una mujer que denuncie violencia, y debe hacerlo en las mejores condiciones para ella y para sus hijos. Cuanto mejor si esto lo podían lograr alejando al violento del hogar. Pero no pasó ni una cosa ni la otra.
Durante la pandemia no se han implementado dispositivos de contención y ayuda real a las mujeres víctimas de violencia y mientras se afirma que han aumentado de manera exponencial las denuncias de la línea 144 y otras líneas telefónicas (un 60% de incremento de llamadas en el caso de la PBA) se sigue repitiendo que necesitamos más denuncias. El mejor impulso a una denuncia es una asistencia adecuada, algo que el ministerio se niega a ofrecer.
1) ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores se desempeñan en funciones en su Ministerio? ¿Cuáles las modalidades de contratación? ¿Cuál es el salario mínimo correspondiente a cada modalidad?
¿Qué presupuesto se ha destinado en lo que va del año a enfrentar la violencia de género (por fuera de lo que involucra la atención de las líneas telefónicas, las instrucciones en el marco de la Ley Micaela y de las charlas organizadas por el Ministerio)?
2) Se han promocionado mucho las líneas telefónicas de denuncia, como la 144, y se afirma que han crecido sensiblemente las denuncias desde que se decretó el aislamiento social obligatorio.
¿Dónde están localizadas las denuncias? ¿Por qué no se presenta un mapeo de la localización geográfica de las mismas, para que las organizaciones sociales y de mujeres puedan coordinar una red de contención –con todos los recaudos que fueran necesarios disponer para evitar ningún tipo de exposición de quienes denuncian?
3) La política de su Ministerio para atender este flagelo ha sido la campaña del “Barbijo Rojo”, que coloca en manos de las propias mujeres víctimas la responsabilidad de hacer la denuncia, en algunos casos frente a sus agresores. Con un mecanismo que consta en presentar la denuncia frente a gente que no tiene por qué saber cómo asistir la situación. La campaña en ciernes fue duramente criticada por su carácter anodino, cuando lo que se necesita son casas para refugios de emergencia adecuados, personal estable, (psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, gestoras, y de otras disciplinas) y dispositivos reales y materiales de atención a las víctimas, como subsidios que efectivamente cubran las necesidades.
Según ud. ha informado, en el país hay entre 120 y 125 refugios y “la inmensa mayoría son municipales, algunos son provinciales, algunos de la sociedad civil y de organizaciones religiosas”
¿Qué supervisión existe desde su Ministerio sobre el funcionamiento de los mismos? ¿Cuántas mujeres cobijan cada uno y en qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo permanecen en promedio las mujeres en estos refugios? ¿Qué asistencia reciben en ellos y qué capacitación tiene el personal? ¿Qué pasa con las mujeres cuando los abandonan, con qué garantías y asistencia cuentan?
4) Existe una gran cantidad de inmuebles ociosos, como los de la Iglesia, o las instalaciones de la industria hotelera paralizada paralizada ante la pandemia.
¿Por qué no se dispone la utilización de los mismos ante la emergencia que vivimos las mujeres, para poner en funcionamiento casas refugios de protección a las mujeres víctimas?
5) Las empleadas domésticas y millones de jefas de hogar están sin acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, porque el gobierno está demorando el pago o porque quedan excluidas por criterios que terminan sumergiendo en el hambre a las familias. Las extranjeras están siendo violentamente discriminadas.
¿Por qué se excluye a las mujeres migrantes de la asistencia del Estado?
6) Lejos de avanzar en el reclamo de millones por la separación de la iglesia del Estado, su gobierno no ha hecho más que estrechar lazos con el Vaticano, reforzando la injerencia de una institución que se dedica a impartir conceptos oscurantistas contra las mujeres y disidencias entre los trabajadores y los más pobres, que protege y ampara a curas abusadores, educa en la resignación ante la violencia, la imposición de un modelo familiar autoritario y defiende el aborto clandestino.
Su Ministerio promociona campañas que pretenden “enseñarle” a las mujeres cómo construir vínculos afectivos por fuera de los esquemas tradicionales, que no tienen asidero ni alcance alguno porque las relaciones opresivas entre los géneros reposan sobre las relaciones sociales que no se pretende alterar. El refuerzo a la intervención de las iglesias contradice incluso la pretensión esgrimida.
Por el contrario, siendo que el movimiento de mujeres y disidencias lucha por combatir la influencia de una institución de enemiga sus derechos como las iglesias.
¿A qué se debe el sostenimiento, tanto económico como político, a las iglesias católica y las evangelistas, como las nucleadas en la reaccionaria ACIERA, que han sido promotoras de todas las acciones contra los derechos de las mujeres y las disidencias?
¿Qué posición tiene el Ministerio sobre el reclamo de separación de la iglesia y el Estado? ¿Contemplan algún plan de acción en la materia?
7) Desde nuestra banca, hemos planteado que para atender las necesidades de las mujeres en la cuarentena, debería re direccionarse el dinero que se destina a pagar los sueldos de la cúpula episcopal que hoy reciben de parte del Estado, a la construcción en casas refugio y medidas concretas de asistencia a las mujeres víctimas de violencia (no meras campañas publicitarias). Sabemos que las grandes fortunas de la Iglesias no radican en este aspecto (una institución que cuenta en su haber incluso con grandes negocios inmobiliarios). Además, la propia Iglesia Católica hace más de dos años que viene amagando con aceptar una modificación de estas disposiciones que vienen de la última dictadura militar. No obstante, sería un principio alentador, que al menos se empiece por redireccionar ese dinero a atender las necesidades apremiantes que tenemos.
¿Por qué no se adopta una medida de este tipo, y se obtienen así recursos para atender la problemática de la violencia de género, que se agrava en el marco de la pandemia? ¿Por qué se mantiene el financiamiento estatal de las iglesias (a través del pago de sueldos y jubilaciones onerosas de curas y obispos, exenciones impositivas de todo tipo, subsidios de tarifas y subsidios a sus negocios en salud y educación)?
8) Recientemente, el presidente Alberto Fernández grabó un video con los curas de “la opción por los pobres” que desfilaron por el congreso en defensa del aborto clandestino en 2018.
Está claro que una de las cuestiones que postergó la emergencia ante la pandemia, ha sido avanzar en la legalización del aborto. El gobierno ya tiene un redactado un proyecto propio, como anunció largamente y cuya presentación había sido anunciada para los días en que empezó la cuarentena, lo cual hubiera permitido da amplia difusión y conocimiento a su contenido, e incluso reforzar una campaña de adhesiones para seguir ampliando el apoyo popular a este derecho tan postergado. La preocupación del movimiento de mujeres sobre esta cuestión es muy grande, y crece a la luz del reforzamiento del papel de las iglesias en el marco de la cuarentena.
¿Por qué no han dado a conocer el proyecto del PEN sobre aborto legal?
¿Cuál es el contenido del proyecto que se supone ya está redactado por el Poder Ejecutivo? ¿Por qué han decidido hacer un proyecto distinto al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto? ¿En qué radica la diferencia con el último presentado por este colectivo en mayo de 2019?
9) El Ministro Trotta afirmó que están trabajando la aplicación de la ESI con las iglesias. El movimiento de mujeres y la juventud viene reclamando con masivas movilizaciones una educación sexual laica y científica, respetuosa de la diversidad sexual y de género, libre de prejuicios religiosos.
¿Qué posición tiene su Ministerio en este tema nodal para el ámbito de sus incumbencias? ¿Cómo piensa intervenir para impedir que se siga atropellando este derecho? ¿Por qué no se modifica la ley de Educación Sexual, especialmente en su artículo 5°, para impedir que el “ideario institucional” sea una traba a la educación sexual que respete y no bloquee derechos?
