El tipo de cambio establecido después del levantamiento parcial del ‘cepo’, $14, acompañado por una suba extraordinaria de la tasa de interés, entre el 38 y 40%, representa una nueva bicicleta financiera. Otorga un nuevo beneficio excepcional al capital bancario y a los monopolios exportadores, principalmente. La devaluación del peso funciona como un nuevo seguro de cambio, luego de la defraudación operada por la gestión de Vanoli, que desatara oportunamente una nueva especulación contra la moneda nacional. En estas condiciones, la estabilidad del nuevo tipo de cambio que celebran los sectores interesados, es completamente ficticia. Se ha producido un Rodrigazo reprimido.
La devaluación del peso ‘premia’ a los acaparadores de la cosecha de soja 2015 – acopiadores, exportadores y fideicomisos agrarios. Lo mismo ocurre con los bancos y cerealeras que apostaron a la devaluación en los mercados de futuros y que ahora recibirán la posibilidad de invertir las decenas de miles de millones de pesos que recibirán del Banco Central a la tasa del 40% de interés en el mercado bancario. El supuesto beneficio que se adjudica a la devaluación para las economías regionales, quedará sepultado por el colosal aumento del costo de financiación. En el caso de estas economías, tanto el gobierno K como el actual han impulsado un ahogo financiero al servicio de la concentración de capitales. Esto es muy claro en el caso de la vitivinicultura en Cuyo y el noroeste.
Luego de la andanada de decretos que ha caracterizado a la inauguración de la nueva administración, el ‘combo’ de la devaluación y las tasas impuestas por el gobierno, desnuda la falacia del oficialismo acerca de la independencia del Banco Central. El manejo de la moneda se hace con la misma arbitrariedad que las designaciones de jueces para la Corte Suprema – en el caso de la devaluación, conspirando con la banca.
La nueva tasa de interés representa una bancarrota segura, en especial para los deudores personales a tasas variables, incluidas las tarjetas de crédito. Exigimos una ley de orden público, que prohíba embargos de deudores personales asalariados.
El crédito que habría obtenido el gobierno con destino del Banco Central, unos u$s 6 mil millones, por parte de bancos extranjeros, representa un fuerte aumento de la deuda pública externa a una tasa elevada, 8% en moneda extranjera, pues es asumida por el Tesoro Nacional. Representa una carga adicional para los contribuyentes, que no cuenta con el aval del Congreso, como sí lo determina la Constitución Nacional. Los términos del acuerdo con el JP Morgan, el Santander y el Deustche no han sido informados a la opinión pública, cuando se sospecha que puedan haber obtenido una posición de privilegio para emisiones de deuda posteriores.
Mientras se gobierna por decreto con el pretexto del receso parlamentario, el tratamiento del impuesto al salario espera la inauguración de las sesiones legislativas. Dos pesos, dos medidas. Al mismo tiempo el gobierno se opone a la concesión de un refuerzo salarial y previsional de fin de año, así como en las asignaciones por hijo. El propósito del ‘sinceramiento de las variables’ es proceder a una confiscación del valor de la fuerza de trabajo.
La nueva tasa de interés eleva en forma extraordinaria el costo de financiamiento de los gastos del Estado nacional en su conjunto, y en esa medida compromete los gastos sociales e incluso la subsistencia de diversas provincias y numerosos municipios. El nuevo gobierno apela, como su antecesor, a la emisión monetaria del BCRA y al fondo de la Anses para cubrir un déficit superior a los $300 mil millones. La política que se ha puesto en marcha amenaza aun más la capacidad operativa de la Anses.
También agrava considerablemente la bancarrota del Banco Central, esto por el quebranto que producirá en la deuda con los bancos locales del orden de los $400 mil millones de pesos. Los créditos obtenidos de bancos extranjeros no modifican el nivel de las reservas internacionales netas. El crecimiento del déficit fiscal y el deterioro mayor del BCRA muestra la inconsistencia de las medidas que se han anunciado. Estamos apenas ante el primer paso de un gigantesco ‘ajuste’.
En aparente desvinculación de la devaluación, el ministro petrolero, Aranguren, también dicto su ley de emergencia para evadir las audiencias públicas que deben preceder a aumentos de tarifas. Mendoza, Santa Fe y Córdoba ya han anunciado aumentos del 40 por ciento. Las empresas, en cambio, seguirán gozando de tarifas preferenciales. El tarifazo, incluso en cuotas, es la manifestación reforzada del inicio del Rodrigazo. Las tarifas de los combustibles, por el contrario, seguirán un 50% por arriba del precio internacional.
El conjunto de estas medidas acentúa la recesión industrial, lo cual busca imponer un ‘disciplinamiento laboral’ por la llamada ‘vía del mercado’.
Todo esto ocurre con la complicidad de la burocracia de los sindicatos, que no ha planteado ninguna reivindicación inmediata, y del FpV, que ha salida a manifestar por la puja dentro del aparato del Estado, en especial la Procuración y el AFCSA.
Planteamos las siguientes reivindicaciones de emergencia:
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Ajuste inmediato (mensual) de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales de acuerdo a la inflación. -
Doble aguinaldo -
Un salario y jubilación mínimas igual al costo de la canasta familiar. -
Prohibición de suspensiones y despidos. -
Con relación al conjunto de la bancarrota económica: -
Nacionalización de la banca y el comercio exterior. -
Nacionalización de las monopolios de servicios. -
Un impuesto resarcitorio para el Estado sobre los capitales beneficiarios de la devaluación -
Cancelación de pago de la deuda externa de carácter financiero.
Jorge Altamira, 18/12/15
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