La designación de Juan Cruz Ávila al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) causó estupor en buena parte de la comunidad universitaria. Su nombramiento representa un salto frente al pasado, cuando las políticas privatistas y de mercantilización educativa se canalizaban a través de la burocracia universitaria. Ahora, a tono con su gabinete de operadores financieros, Mauricio Macri colocó a un empresario a manejar las universidades.
El desasosiego crece cuando se analizan los antecedentes académicos de Ávila. Licenciado en la Universidad de Belgrano, su único vínculo con la universidad pública se reduce a una labor de asesoramiento a las autoridades del Hospital de Clínicas de la UBA. Esas autoridades llevaron al histórico hospital escuela a una situación de vaciamiento sin precedentes, y son las que ahora mismo están cuestionadas por escandalosas denuncias de corrupción y por el deterioro creciente del hospital que derivó, semanas atrás, en la explosión de una máquina esterilizadora.
Entrevistado por La Nación, Esteban Bullrich justificó la designación del productor de Fantino aludiendo a su “transparencia en el manejo de fondos”, un elemento que debería estar descartado a la hora de ponderar la idoneidad de un funcionario público. Es probable que haya tenido que aclarar el punto debido los conocidos negociados del padre de Ávila, el otrora “dueño” del fútbol, con Daniel Vila y José Luis Manzano.
Bullrich se refirió al futuro SPU del PRO como un “neutral”. Ávila será neutral en las disputas entre las camarillas universitarias pero no es neutral respecto a los intereses sociales que viene a proteger: el usufructo capitalista a costa de la ciencia y la universidad. Fue la defensa irrestricta de esos mismos intereses la que garantizó la continuidad de un lobbysta del glifosato, Lino Barañao, al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El nombramiento de Ávila es una señal de alerta para el conjunto de la universidad. Es un golpe para una universidad ya golpeada por la precarización que dejan años de cogobiernos kirchneristas, radicales y peronistas. Las federaciones estudiantiles y docentes recuperadas por la izquierda pueden jugar un gran papel poniendo en marcha un movimiento nacional de estudiantes y trabajadores en defensa todas las reivindicaciones de la universidad pública.
