¡¡¡A luchar por un paro nacional y plan de lucha!!!

Desarrollemos una campaña nacional desde abajo. Declaración del Partido Obrero en el FIT-U y el Polo Obrero

17/05/2022

La Marcha Federal piquetera de Ushuaia a la Quiaca, que también incluyó importantes sectores de trabajadores ocupados a través de sindicatos, comisiones internas y delegados, sumó más de 300.000 trabajadores en todo el país y colocó en todos los medios la cuestión del paro nacional y el plan de lucha. Arrancarlo desde abajo, como dijimos ante 100 mil compañeres en la Plaza de Mayo.

Una fracción enorme de la clase obrera, la desocupada, precarizada y en negro puso en la agenda nacional la cuestión del trabajo, el salario, el hambre y la pobreza, como significaron de manera potente sus consignas centrales.

La inflación y su impacto demoledor sobre los ingresos de la población trabajadora en su conjunto, lo que se combina con la falta de trabajo para millones de trabajadoras y trabajadores y la precarización e informalidad contribuyen a la enorme pobreza que se extiende cada mes.

Ya está claro que con la línea de pobreza en no menos de $95000 en abril después de la publicación del 6% -más del 30% en alimentos en el primer cuatrimestre del año- son millones de trabajadoras y trabajadores con trabajo y conveniados los que caen en la miseria!

El salario mínimo, con el adelanto, del aumento de diciembre, quedará en junio en 45 mil $, por debajo de la indigencia!!!

¡Y AHORA TARIFAZOS!

Los tarifazos que acaban de aprobarse en audiencias públicas golpearán más aún a los trabajadores.
Es el plan del FMI en acción, porque semejante transferencia de ingresos de los trabajadores al capital y al Estado vía recaudación es funcional al repago de la deuda.
El kirchnerismo maniobra con proyectos como el “ingreso universal” de Grabois, una miseria que supone que no hay otra salida que los planes.

El gobierno, por toda respuesta largó los bonos para trabajadores informales y para jubilados aunque millones no logran acceder.

¡¡¡Paro nacional y plan de lucha!!!

La CGT y las CTAs no están para apoyar un gobierno ajustador y el pacto con el FMI.

Una acción capaz de derrotar el ajuste en curso es un paro nacional y un plan de lucha. Con un programa: $100 mil de mínimo, vital y móvil, por convenios equivalente a la verdadera canasta familiar de $180 mil. Por cláusulas gatillo de garantía frente a la inflación, cualquiera sea su nivel. Por el 82% móvil.
Los sindicatos son de los trabajadores. Impulsemos un congreso de delegados electos, con mandato de asambleas de todos los sindicatos y organizaciones sociales, de unidad de ocupados y desocupados. Organicemos un plenario de ocupados y desocupados para impulsarlo en todo el movimiento obrero.

La marcha federal, una causa popular

Participemos reclamando paro nacional y plan de lucha. Declaración de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero.

05/05/2022

Los días 10, 11 y 12 de Mayo habrá una Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera que parte desde los cuatro puntos cardinales del país. Desde La Quiaca, desde Ushuaia, desde cuyo, desde el NOA y el NEA o desde las provincias del centro como Córdoba y Santa Fe.

Los convocantes calculan reunir en los actos de partida y en el destino final, la Plaza de Mayo, 300 mil trabajadoras y trabajadores.

Reclaman trabajo y salario, marchan contra el hambre y la pobreza.

Bien miradas, son reivindicaciones que abarcan a todo el pueblo argentino que vive de su trabajo. Desde luego, están diciendo no al ajuste que el gobierno ha pactado con el FMI con el apoyo de la oposición patronal.

Semejante movilización es hoy la que puede vertebrar los múltiples reclamos y movimientos de lucha. Por eso llamamos a apoyarla en todo su desarrollo, participando en cada acto de partida, en su recorrido, en la movilización final y en todas sus reivindicaciones.

Esta nueva Marcha Federal recoge nuestras mejores tradiciones de lucha. Y hoy cobra la vigencia de enfrentar la espiralización inflacionaria, la falta de trabajo, la precarización y flexibilización laboral, el ataque a los jubilados y a todo el sistema previsional. Tiene la vigencia de enfrentar la miseria social.

En estos días se han sucedido paros muy importantes por las paritarias. Desde las huelgas docentes como la misionera, los paros estatales y docentes en Río Negro, de los trabajadores bancarios, de prensa, de la televisión, los compañeros del Neumático, los paros de UTA en el interior del país, la huelga metalúrgica en Río Grande en Tierra del Fuego o las enfermeras y enfermeros de CABA, por mencionar algunos.

Los que son abandonados por las direcciones sindicales de la CGT y las CTA, que se han declarado parte del gobierno del ajuste, tienen en la Marcha Federal un gran canal de lucha.

La Coordinadora Sindical Clasista impulsa mandatos de asamblea por el salario, paritarios electos desde la base. Impulsamos la lucha por un salario equivalente a la canasta familiar y cláusulas de actualización por inflación.

En Andalgalá han sido reprimidos salvajemente los vecinos que luchan contra la megaminera Agua Rica. Todos los movimientos ambientales tienen un lugar para expresar también su lucha contra la depredación y contra el saqueo nacional.

Las mujeres que se movilizan por sus derechos. La juventud que se organiza en los barrios y en centros de estudiantes.

La Marcha Federal es de todos los que luchan.

Llamamos a todos los sindicatos combativos, a las organizaciones de jubilados, a todos, a debatir el apoyo movilizador y material a esta gran gesta de la clase obrera.

Reclamemos desde la Marcha Federal un paro nacional y un plan de lucha, reclamemos un congreso de delegados ocupados y desocupados, mandatados para debatirlo, resolverlo y organizarlo. 

Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero

5/5/2022

Informe político al XXVIII Congreso Nacional del Partido Obrero

Abajo el pacto entre el gobierno y el FMI. Plan de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Por una salida de los trabajadores.

22/04/2022

Reproducimos el Informe Político al XXVIII Congreso Nacional del Partido Obrero, aprobado por el Comité Central el pasado 6 de marzo por unanimidad y que está siendo debatido en los plenarios precongresales en todo el país.

La etapa del XXVIII Congreso Nacional del Partido Obrero estará marcada por la lucha contra el acuerdo entre el gobierno y el FMI en la Argentina y por las consecuencias de la guerra y la evolución de la crisis mundial. El acuerdo marca un nuevo hito en la crisis a la que nos ha llevado el régimen capitalista y sus partidos. Impone una revisión trimestral que coloca al FMI como árbitro económico y político en el país, y un plan de ajuste, devaluación, tarifazos y reformas estructurales a mediano plazo. En Latinoamérica y el mundo, los pactos con el Fondo Monetario han sido el motor de grandes rebeliones populares y crisis políticas. En nuestro país, no solo el gobierno sino el conjunto del régimen político encara esta nueva etapa en un cuadro de debilidad, pues ambos cosechan fracasos en su gestión frente al Estado. La crisis que el pacto generará y la agresión a las masas inevitable que se desprende del acuerdo, pondrán a prueba la contención que hasta el momento ha podido imponer la desprestigiada burocracia sindical en el movimiento obrero.

El Partido Obrero ingresa a este proceso luego de un crecimiento electoral del FIT-U, que se entrelaza fuertemente a partir de la actividad de nuestro partido con la lucha del movimiento piquetero, un factor de organización y desarrollo en las barriadas. Este desarrollo político debe ser puesto al servicio de agrupar y organizar las luchas y fundamentalmente, de dar una enorme batalla política contra el pacto ajustador, el gobierno y la oposición patronal, para poner en pie una alternativa política de los trabajadores. Debemos encarar esta batalla con una enérgica iniciativa de partido, pues solo el PO dentro del FIT impulsa la construcción de un polo político independiente de los trabajadores combinando la agitación, la propaganda y la organización de los sectores más explotados de la sociedad que son, en la actualidad, quienes están a la cabeza de la lucha contra el gobierno. Fuera de esta estrategia de acción unificada, la mera propaganda política concluye inevitablemente en el electoralismo. Así, la acción de partido, que debe estar orientada a ganar terreno en todos los planos, mediante el reclutamiento, la organización de la vanguardia y también el desarrollo de nuestra comunicación y la instalación de nuestros voceros, cumple una función imprescindible en esta etapa política.

Esta lucha política tiene que ver también con la defensa de una orientación para el Frente de Izquierda. Se trata de defender su carácter independiente en un cuadro donde sectores de la izquierda depositan expectativas en posibles rupturas del centroizquierda o incluso el kirchnerismo con el gobierno, como sino fuera que de ocurrir alguna de estas variantes será para jugar en otra escala y métodos un trabajo de contención de las masas dentro del régimen burgués. La izquierda democratizante, dentro y fuera del FIT-U, confunde el planteo de la ruptura del kirchnerismo con el gobierno con la superación de los trabajadores del nacionalismo burgués. Aunque se tratan de cuestiones radicalmente distintas, el signo igual que coloca la izquierda democratizante le sirve para darle un barniz progresivo a su planteo seguidista del nacionalismo. En oposición a estos planteos nuestra posición es desarrollar el FIT-U como un factor de impulso a la lucha de clases, con un método de frente único y de unidad entre los trabajadores ocupados y desocupados. De asumir una posición clara en defensa de las direcciones sindicales recuperadas y la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero, contra el electorerismo liquidacionista del clasismo y la adaptación a la burocracia que alimentan las tendencias faccionales al interior del movimiento obrero combativo. Advertimos que el boicot al movimiento piquetero de parte de la izquierda, en especial la que está dentro del FIT-U, es un también un signo inconfundible de electoralismo y de adaptación a la pequeña burguesía. Solo un desarrollo del Partido Obrero puede proyectar a la izquierda con un planteamiento combativo e independiente como requiere la etapa política.

Vamos a una etapa en la cual la bancarrota nacional se entrelaza más que nunca con la crisis capitalista mundial. Luego de una pandemia marcada por la guerra comercial, los choques internacionales y un incremento de la desigualdad global, particularmente evidente en la cuestión del acceso a las vacunas (limitado por las patentes de los laboratorios que las producen), los choques internacionales han dado un salto con la escalada de la Otan en Ucrania y la invasión rusa. Las consecuencias de estos choques comerciales serán decisivas para el país y marcan la necesidad de desenvolver fuertemente una denuncia del imperialismo y de la burocracia restauracionista, que al mismo tiempo, serán un terreno importante de denuncia de las posiciones proimperialistas del gobierno nacional.

El debate del Congreso debe servir para debatir estos objetivos, el carácter de la etapa, las consignas, los planteamientos y el plan de acción que llevaremos adelante. Pero también para interesar en el debate e incorporar a una actividad política a nuevas camadas de compañeras y compañeros que vienen luchando con nosotros en el movimiento piquetero, el movimiento obrero y la juventud.

El pacto con el FMI y sus consecuencias económicas

El lugar histórico de la actual bancarrota

El pacto con el Fondo Monetario es el último escalón del largo encadenamiento de fracasos de los gobiernos de la burguesía nacional en los últimos 20 años. El kirchnerismo fue un intento de superar la quiebra del 2001 sobre las mismas viejas bases sociales. Implicó un rescate de las viejas privatizadas menemistas, de la deuda en default y de los intereses capitalistas de la mano del alza de los precios de la soja, que lejos de servir para desarrollar al país, fue al “pago serial” de la deuda, que de todas formas llegaba 244 mil millones de dólares al final del gobierno de Cristina en 2015. Pronto este esquema entró en crisis, de la mano de la baja de los precios de las materias primas, poniendo en evidencia el carácter de reprimarización económica y dependencia de la política del kirchnerismo. La crisis consecuente, la fuga de capitales, el fracaso del cepo cambiario, la recesión y la inflación llevaron al triunfo de Macri. Macri intentó superar estas contradicciones con una política de endeudamiento, arreglando con los fondos buitre y con una política de apertura económica y liberación del movimiento de capitales: derogación del cepo, ajuste “gradualista” y bicicleta financiera. Pero pronto la insolvencia volvió a presentarse, la fuga de capitales impuso una devaluación masiva y arrojó a la Argentina al borde del default, en un marco de crecimiento de la pobreza y la miseria. Los recursos del pacto macrista con el Fondo financiaron una fuerte fuga de capitales, aumentaron la deuda y no alcanzaron para una refinanciación a cierto plazo. Fue un pacto confiscatorio y fraudulento de principio a fin, como el conjunto de la deuda externa Argentina. No impidió, tampoco, el default de la Argentina.

Alberto Fernández ganó las elecciones buscando conciliar la promesa del crecimiento económico y la suba de salarios y jubilaciones con el pago de la deuda. Pero el norte de garantizar los pagos de la deuda y el consecuente ajuste fue el objetivo de todo su gobierno. Su primera medida fue la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Y avanzó, enseguida en el pacto con los bonistas privados para superar el default y poder volver al mercado internacional de capitales. El pacto con los bonistas privados fracasó en este objetivo, Argentina nunca volvió al mercado internacional de capitales y debió, por lo tanto, abordar los vencimientos en dólares con reservas del BCRA, que están prácticamente en negativo. Argentina vuelve en 2022 a estar al borde del default con un superávit comercial de casi 15.000 millones de dólares en 2021, dilapidado en el pago de la deuda pública y privada y la fuga de capitales. Se exige sangre, sudor y lágrimas del pueblo argentino en el altar de una deuda que, nuevamente, se manifiesta como impagable.

Esta cadena de fracasos lleva al gobierno a colocar al pueblo argentino frente a una extorsión en regla: el acuerdo ruinoso o el default, que se presenta como aún más ruinoso. En realidad, han fracasado y nos han llevado a esta situación los nacionalistas, los derechistas de corte liberal y ahora el peronismo “racional” que encabeza el frente de todos con el aval de todas sus fracciones. Estamos frente a un fracaso en gran escala de todo el régimen político. Y dará lugar a una nueva etapa, marcada por el arbitraje directo del Fondo en la economía argentina. El hecho de que el gobierno negocie sin plan B es el factor central en la capitulación a los reclamos del Fondo.

Lo que hay en debate en el plan de ajuste son aspectos que reflejan el carácter semicolonial de la economía nacional, determinada por los límites de fondo y los intereses de la burguesía nacional y su entrelazamiento con el capital financiero internacional. Se discute ¡de nuevo! un rescate a las viejas privatizadas menemistas, que han derrumbado la inversión en servicios públicos mientras absorben 11.000 millones de dólares de subsidios anuales en 2021. Se discute la falta de dólares en una economía que tiene superávit comercial pero que no logra abastecer de insumos a la industria por la fuga de capitales y el pago de la deuda. Se discute un nuevo ajuste de salarios y jubilaciones que están en la mitad de la canasta familiar, en promedio. Para superar estas trabas, la economía argentina debe romper con el entramado de intereses parasitarios de la burguesía nacional y el imperialismo, lo cual requiere un cambio en la clase social que dirige el estado y la economía nacional, un gobierno de los trabajadores.

El esquema económico del acuerdo

El esquema económico que se busca imponer implica: 1) Un ajuste “gradual” para llegar al déficit cero en 2025, que implica un recorte de déficit para llevarlo al 2,5% en 2022. Esto implica absorber aproximadamente 8.000 millones de dólares de déficit fiscal, sea recortando gastos, sea mediante un incremento de ingresos. Cabe aclarar que el borrador filtrado del acuerdo establece que la recaudación superior que se obtenga debe ir a financiar el déficit, y no a incrementar el gasto 2) Un recorte aún mayor de la asistencia del Tesoro al Banco Central, que debe reducirse del 3,7% del año pasado a un 1% máximo del PBI para el año en curso. 3) Un aumento de la financiación mediante emisión de deuda en pesos, lo cual requiere un aumento de las tasas de interés, que implicará una bomba financiera en pesos para el tesoro nacional y un aumento de las ganancias de corto plazo de los bancos involucrados en esta bicicleta 4) Por último, una devaluación de, al menos, la magnitud de la inflación para evitar una apreciación del tipo de cambio y defender las reservas para el pago de la deuda, a costa del consumo y la inversión y 6) Un aumento real (superior a la inflación) de las tarifas, única forma de reducir los subsidios y achicar el déficit fiscal.

Este plan tiene contradicciones insalvables. El intento de reducir la inflación mediante una reducción de la emisión monetaria, con un esquema contractivo y de ajuste, se contrapone con el carácter inflacionario de los tarifazos y la devaluación. El mismo aumento de tasas, a estos niveles, tiene un efecto indirectamente inflacionario al golpear los costos de financiamiento empresarial y del propio Estado, especialmente por el peso que tiene el stock de leliq y pases del BCRA, además, por supuesto, de su efecto recesivo. De hecho, el plan es a la vez inflacionario y recesivo (estanflación). El aumento de tasas, tarifas, el ajuste fiscal y los límites a las importaciones van a golpear el rebote económico que comenzó en 2021 y que ya se está agotando. En materia de endeudamiento, el intento de esquivar el default con el Fondo activa un mecanismo que derivará en una multiplicación de la deuda en pesos, que crecerá con tasas astronómicas. El aumento de tasas también aumentará el peso de la deuda fiscal y cuasifiscal actual. Esta espiral de endeudamiento terminará comprometiendo una emisión monetaria muy superior, que tiene todas las posibilidades de culminar en un default de la deuda en pesos. Como las metas son contradictorias, y no van a cumplirse, Argentina incurrirá en incumplimientos comprometiendo los desembolsos y colocando el riesgo de default en cada revisión. Y por lo tanto disparando nuevas exigencias de parte del FMI que serán motivo de crisis sociales y políticas.

En otro plano el FMI se negó a girar U$S 15.000 mil millones iniciales como pidió el gobierno, lo cual no solo mantendrá la rienda corta sino que seguirá el riesgo bancario en tanto las reservas se mantengan en virtual negativo como en la previa a la firma del pacto.

Bien visto, el acuerdo con el FMI se reduce a patear para adelante un default que a todas luces amenaza como inevitable. La postergación de los vencimientos por dos años y medio con el FMI hará coincidir los nuevos pagos con los que se acumulan con los bonistas privados, que crecen significativamente desde el 2025 y aún más fuertemente en el 2026. Asistimos a un replay agravado de la renegociación de la deuda realizado con los bonistas privados, que estuvo lejos de abrir el mercado de crédito internacional como prometía Guzmán. El riesgo país, que tiene en la actualidad fluctúa entre los 1.600 y 1.800 puntos, es la constatación más evidente de este fracaso. Como ni esa negociación con los privados ni esta con el FMI reduce el peso de la deuda, todos los analistas descuentan que será inevitable una nueva renegociación que deberá ser encarada por el próximo gobierno.

En cuanto a los salarios y las jubilaciones, hay que mencionar que arrancan este proceso luego de cuatro años de deterioro. En los últimos 4 años, la caída salarial promedio fue del 16,2%, mientras que la de los precarizados y no formales superó ampliamente esa cifra. Las jubilaciones vienen de dos reformas regresivas. El ataque a las jubilaciones ya aparece en el borrador de acuerdo, apuntando a los “regímenes especiales”, que cuentan con el 82% móvil, y en la perspectiva del aumento de la edad jubilatoria. A esto se agrega los golpes a la moratoria previsional, y el plan de transformarla en la Puam votada bajo el gobierno de Macri, menor que la mínima. La nueva fórmula jubilatoria no ha impedido el deterioro del poder adquisitivo en tiempo real, reduciendo el porcentaje del PBI destinado al sistema, pero ante un eventual retroceso futuro de la inflación se planteará una nueva crisis con la propia fórmula de movilidad varias veces alterada. La pauta salarial que viene imponiéndose, del 40–45% anual, está 10 puntos por debajo de la inflación proyectada. La lucha por paritarias libres y por la defensa del salario será una de las claves de la etapa en tres sentidos: recuperación de lo perdido, elevación de los pisos a una verdadera canasta familiar y actualización por inflación.

El derrumbe del consumo interno es un requisito del Fondo y no solo por el impacto fiscal de los salarios estatales. Ocurre que un crecimiento del consumo en el país, que impulse la actividad al 100% de la actividad instalada, plantearía un aumento de las importaciones que llevaría a ahogar el superávit comercial (algo que ya ocurrió en diciembre de 2021) y transformarlo en déficit. Por lo tanto, compromete los ingresos que para el Fondo deben ir al pago de la deuda externa. Por eso el acuerdo establece taxativamente un piso bajo de crecimiento, en función de buscar acumular divisas, algo que va en contra de cualquier plan de desarrollo nacional, que debería utilizar esas divisas para financiar la inversión industrial y en infraestructura. Es significativo que bajo las condiciones actuales el crecimiento del consumo acentúa la crisis de balanza de pagos, es una expresión de la incapacidad de fondo del capitalismo de elevar significativamente el nivel de vida de las masas (lo cual no se contrapone con que debamos luchar por esta elevación, por supuesto).

El objetivo del aumento del superávit comercial también está detrás de la agenda de depredación de la naturaleza: las petroleras en el sur, la megaminería en Chubut, Catamarca, Mendoza, la exportación de litio sin ningún tipo de industrialización, la expansión de la frontera agraria con quemas y desmontes y toda la agenda de depredación ambiental. Quienes venden estas iniciativas como un factor de desarrollo nacional simplemente mienten, conscientemente de que los recursos que generen las mismas irán en gran parte a las multinacionales involucradas, y en menor medida a generar los dólares para el pago de la deuda. Contra lo que dice el gobierno, la expansión de la megaminería tiene características de enclave con regímenes fiscales de tenencia de tierras, de regulación ambiental y de giro de utilidades armados totalmente a la medida del capital minero. Lo mismo ocurre con los esquemas de inversión petroleros, que están diseñados para que las multinacionales puedan girar utilidades eludiendo los controles por medio de sociedades offshoreshore, un esquema que montó el kirchnerismo con el pacto secreto con Chevron.

¿Es viable el esquema económico armado por el gobierno y el Fondo? Nadie afirma que sea una vía al desarrollo. El argumento del gobierno para capitular, una por una, a las exigencias del fondo, es que el default plantearía un escenario aún peor. En nuestra agitación, debemos explicar sistemáticamente la diferencia entre un default capitalista, al cual se llega por la incapacidad de pagar una deuda que se asume, y nuestra posición, que es la investigación y el desconocimiento de la deuda por su carácter confiscatorio de la riqueza nacional y como mecanismo de reforzamiento de la explotación de los trabajadores, y oponerle un plan económico y político de la clase obrera, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior para volcar todos los recursos del país a un desarrollo nacional.

Dicho esto, se abren escenarios alternativos, que dependen básicamente de la evolución de la crisis mundial. Las perspectivas económicas del país se entrelazan con la evolución del mercado mundial. El gobierno apuesta a que un aumento de los precios de la soja y las commodities, sumado a que se mantenga por un tiempo el esquema de tasas de interés bajas de la reserva federal, lo ayude junto con el impulso del rebote económico, a pilotear la tormenta durante el primer año de vigencia del acuerdo, para llegar con aire al proceso electoral. Cuenta también con que la apreciación del real siga mejorando en forma indirecta los términos del intercambio con Brasil y que la inflación internacional vaya aliviando la relación entre deuda y exportaciones.

Pero este escenario es de difícil cumplimiento. Por un lado, la guerra en Ucrania plantea un aumento de los precios de la energía que golpeará en la cuenta de los subsidios, o en forma de tarifazos aún mayores. En 2021, Argentina importó gas natural licuado por 1.100 millones de dólares, a U$S 8,50 el millón de BTU. Hoy cuesta tres veces esa suma, triplicando el déficit que no compensa el aumento del precio de la soja, que tendrá también una merma absoluta por la sequía. El aumento de los precios de los alimentos y la energía amenaza con disparar una inflación que ya está sobre el 50%. Más en general, la guerra ya plantea un escenario de retracción mundial, de la mano del quiebre del mercado mundial que implican las sanciones, y del dislocamiento de los mercados financieros con la exclusión de los bancos rusos de los mecanismos internacionales de pago (esta medida golpea específicamente a la city de Londres, asiento de capitales de la oligarquía rusa por excelencia). Las consecuencias de este dislocamiento del mercado mundial son incalculables. Por otro lado, el plan de la reserva federal norteamericana es avanzar en un aumento de tasas (en parte una reacción al incremento inflacionario) y ya está ya en marcha, por vías indirectas. La reserva federal se viene retirando del sostén de los bonos y acciones y se especula con un aumento próximo de las tasas de interés de referencia. La tendencia a la fuga de capitales de los llamados emergentes es de carácter global, el viento para Argentina viene de frente.

Todo este cuadro conduce a que la variante más probable es que el pacto con el Fondo lleve a una acentuación de la bancarrota económica con un enorme impacto social en una población empobrecida ya después de 4 años de crisis económicas y ajuste. En esas circunstancias, el factor decisivo será la reacción del movimiento obrero frente a la situación. El rol del Partido Obrero organizando las luchas y planteando, con el Frente de Izquierda, una alternativa, tiene entonces una importancia central.

El FMI y el régimen político

Aunque el acuerdo con el FMI es apoyado por el 90% del arco patronal, abarcando desde la mayoría del gobierno a la totalidad de Juntos por el Cambio, no abrirá un período de “unidad nacional” sino que acelerará la disgregación de los bloques políticos principales. La razón de ello se debe básicamente a dos razones. Por un lado, a que la envergadura de la bancarrota económica plantea la necesidad de descargar la crisis no solo sobre las espaldas de los trabajadores sino también sobre sectores capitalistas, al menos parcialmente. Una característica distintiva de las grandes crisis consiste en que los capitalistas buscan una salida mandando a la quiebra el capital sobrante para reconstituir la tasa de beneficio. Por el otro, a la caracterización unánime de que el acuerdo no abre ningún horizonte de crecimiento y estabilidad, por lo cual las fuerzas políticas tienden preventivamente a eludir la responsabilidad sobre una crisis que descartan se agravará. En ese sentido Patricia Bullrich aclaró que el Congreso solo votará el financiamiento para el Estado, pero no un plan económico cuya implementación será responsabilidad exclusiva del gobierno.

El apoyo al acuerdo por el oficialismo y la oposición de derecha es el resultado de la presión del FMI y más en general de la burguesía tomada en su conjunto. Pero por eso mismo el FMI queda convertido en un árbitro privilegiado de la crisis política en curso. La aceptación de la revisión trimestral (con informes diarios) de los técnicos del Fondo sobre la economía argentina abre la puerta a un escenario que oscilará entre el cogobierno del FMI y el chantaje permanente. Bastará con que el FMI declare que las medidas no se cumplieron o que no arrojaron los resultados esperados para imponer medidas de ajuste adicionales amenazando con cancelar los desembolsos y empujar al país al default. Las revelaciones sobre la “letra chica” del pacto son muy claras en este punto, no solo por el nivel del ajuste pactado sino por la metodología aceptada por el gobierno. De un modo bochornoso los “nacionales y populares” terminaron transformando al FMI, o sea al imperialismo yanqui, en el árbitro de la política local. Como tenemos un proceso electoral por delante, donde se elegirá nada más y nada menos que el nuevo gobierno, al FMI se le concede el lugar de elector privilegiado, con capacidad para incidir de un modo decisivo en el resultado de la contienda. Por ejemplo, un informe negativo del FMI sobre el cumplimiento de las metas, o más aún la decisión de no realizar los desembolsos pactados, produciría una corrida cambiaria con un impacto inevitable en el proceso electoral. No es casual que el ala más crítica del oficialismo, encarnada por Fernanda Vallejos, Boudou y cia., afirme que el acuerdo solo sirve para asegurar que el gobierno llegue al final del mandato y transfiera, derrota electoral mediante, el poder a Larreta u otro candidato de la derecha política. Este razonamiento, a priori irrefutable, no tiene en cuenta que sin acuerdo el gobierno no llegaría siquiera al final de su mandato. Es que la ruptura con el FMI y más en general un choque con el capital financiero internacional no está en la hoja de ruta de ninguna de las fracciones de los partidos burgueses de la Argentina. Una ruptura real con el Fondo solo puede llevarse adelante mediante un programa de defensa nacional que ataque decididamente el monopolio capitalista de la banca, del comercio exterior e interior y más en general sobre el conjunto del proceso económico. Todas medidas que superan por lejos el horizonte del nacionalismo de contenido burgués y que solo pueden ser llevadas adelante por un gobierno de los trabajadores.

La disgregación política afecta en primer lugar al oficialismo, que de entrada se estructuró sobre una base frágil de tres cabezas: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Massa. Según todas las informaciones periodísticas este último jugó un papel importante en las negociaciones con el Fondo, apelando a sus vínculos con el Departamento de Estado yanqui. Hay un tándem proyanqui consolidado al interior del gobierno, compuesto por el ya mencionado Massa, el jefe de gabinete Manzur, Béliz y Argüello, el embajador argentino en los EE.UU. Es probable que el imperialismo opere buscando una fractura del Frente de Todos, en el sentido de aislar o separar a la fracción kirchnerista. Pero en las actuales condiciones políticas es altamente improbable que una ruptura del Frente de Todos abra paso a la formación de un nuevo centro político entre el albertismo-massismo y las llamadas “palomas” de Junto por el Cambio. Por eso todas las fracciones del Frente de Todos quieren evitar una ruptura ya que facilitaría el triunfo del macrismo, que le acaba de ganar al peronismo unificado en las elecciones intermedias. Pero mantener la “unidad” no es gratis ya que lo condena a la parálisis por sus choques y contradicciones internas. En muchas ocasiones esos choques adquieren la dimensión de verdaderos bochornos públicos, como sucede por ejemplo con las habituales peleas entre Berni y los ministros del gobierno nacional, sea por cuestiones de seguridad, narcotráfico o más recientemente el incendio en Corrientes.

Es importante observar que el ala más golpeada en esta crisis es el kirchnerismo, pues el contraste entre su discurso y las implicancias reales del pacto con el FMI son simplemente inmensas. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos fue una maniobra política ante el creciente descontento de una base popular que sigue al kirchnerismo. Pero la parálisis que siguió a su renuncia, sumada al hecho de la permanencia de los cuadros de La Cámpora en todos los cargos que detentan en el Estado, abre el peligro de aislar más al kirchnerismo, dividirlo y condenarlo a la intrascendencia. El prolongadísimo silencio de Cristina opera en el mismo sentido, ya que objetivamente equivale a un default político. En su pronunciamiento sobre la guerra recordó que siendo presidenta había ordenado votar en contra de la anexión de Crimea, poniéndose del lado de la Otan. Incluso fue más a fondo, defendiendo como principio la integridad territorial de los Estados, una posición reaccionaria, que la coloca del lado por ejemplo de la monarquía española, del estado turco y del sionismo, contra los catalanes y vascos, los kurdos y el pueblo palestino. La asimilación subjetiva de sectores populares que la tienen como referencia debe ser materia de verificación por medio de una campaña política de denuncia, clarificación y movilización contra el pacto ajustador.

Esta crisis también envuelve a alas izquierdas del gobierno, como Yasky que convoca una marcha contra el FMI y a favor del gobierno, o la CCC-PCR que realiza cortes inocuos en La Matanza. Es vital clarificar su posición de colectora de un gobierno ajustador. Desenmascarar las maniobras de todos estos sectores es una de las tareas centrales de la próxima etapa. La emergencia de una ruptura parcial de sectores de centroizquierda con el gobierno es un escenario posible y requiere entonces del Partido Obrero y el FIT-U una enorme iniciativa para achicar sus márgenes de acción. Pero por sobre todas las cosas, la desilusión con el gobierno es fenomenal en la base que depositó sus expectativas en un recambio contra Macri, lo que nos abre una posibilidad de avanzar en debates y reagrupar.

En donde se estructura una centroizquierda, es un adversario importante del FIT-U en todos los terrenos, como es el caso de Santa Fe fundamentalmente, pero también Mendoza (Partido Verde), Catamarca (Frente Amplio) o incluso Chubut, con el Pich, una formación política provincial de influencia evangélica con discurso antiminero. La lucha política contra estos sectores es un problema de primer orden, que debe llevarse adelante principalmente buscando involucrar a las masas obreras y a los explotados en las luchas, incluida la ambiental. Política y metodológicamente es importante establecer una caracterización de clase de los movimientos de lucha, y buscar por todas las vías destacar los aspectos que interesan a los trabajadores para ganarlos a la acción. Esto no significa rechazar una colaboración con sectores medios o pequeñoburgueses, sobre la base de un programa común de choque con el capital, aunque ese choque sea de modo parcial. El avance del PO y del FIT-U está condicionado por el avance mismo de los trabajadores en la situación política. Pretender independizar una cosa de la otra conduce al electoralismo y a desplazar la atención de los trabajadores a la pequeño burguesía.

La crisis al interior del gobierno tiene su traducción en los tribunales, donde las denuncias contra la camarilla kirchnerista son una amenaza cierta en caso de que quieran sacar los pies del plato. El anuncio de Alberto Fernández de que las candidaturas del Frente de Todos se resolverán por las Paso va también en el sentido de un chantaje al kirchnerismo, que no tiene condiciones de ganar una disputa interna dentro del peronismo y expresa las tendencias centrífugas (ruptura) al interior del Frente de Todos. Cristina no está en condiciones de armar la vieja Unidad Ciudadana con la que rompió oportunamente el PJ, al menos con alguna perspectiva electoral de importancia.

La disgregación afecta también a la oposición macrista. El fracaso del gobierno de Macri está aún fresco en la memoria de la burguesía y condiciona los movimientos políticos de la derecha. Mientras el ala de Patricia Bullrich y del propio Macri afirma que este fracaso se debió al “gradualismo” y que de llegar al gobierno deberán aplicar un ajuste reforzado, el ala de Larreta plantea que es necesario un acuerdo con sectores del peronismo, que no se limite a un pacto parlamentario, sino que se plasme en el ingreso de ministros para dar lugar un verdadero cogobierno. El radicalismo por su lado tiene su propia disgregación, al punto que se dividió en la Cámara de Diputados formando dos bloques. El sector que responde a Nosiglia-Lousteau aspira a actuar como socio menor de Larreta, en el caso de que las divergencias en el PRO se profundicen. Su aspiración es quedarse con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto el sector mayoritario de la UCR, que responde a Morales, amenaza con un candidato radical en unas Paso de Juntos por el Cambio, aunque es probable que sea solo un instrumento de negociación. Morales, aunque aparece cercano a Patricia Bullrich, a la vez le ha votado varias leyes al gobierno nacional y mantiene un pacto con Massa en la provincia de Jujuy, donde el Frente Renovador integra su gobierno.

La tendencia a la disgregación política se ha puesto de manifiesto en el fracaso de las sesiones extraordinarias del Congreso. Alberto Fernández había enviado un temario para su tratamiento durante febrero, pero ninguna de las dos cámaras se reunió siquiera para considerarlo. El fracaso de las extraordinarias convocadas por el propio gobierno es un dato de la magnitud de la crisis política abierta tras la derrota electoral del peronismo en las intermedias. El gobierno quedó sin presupuesto, obligado a gobernar por decreto como resultado de esa situación. Los choques entre el oficialismo y la oposición de derecha, pero por sobre todo las crisis al interior de los bloques principales, avizora una parálisis del Congreso durante el año en curso. El voto del acuerdo con el FMI puede llegar a ser un hecho excepcional y a la vez revelador: un Congreso que se reúna solo para votar ese pacto y que luego entre en la más completa parálisis. Para el gobierno esta situación implica un agravamiento de la crisis, porque lo obligará a gobernar por medio de decretos, lo que lo expone a pagar costos políticos mayores. La oposición difícilmente se oponga a esta parálisis del Congreso, ya que le sirve para exponer al gobierno a su propia debilidad y a que asuma en soledad el ajuste pactado con el FMI y las consecuencias sociales y económica que traerá aparejado. A la vez, para la oposición el funcionamiento del Congreso es un problema porque expone sus propias divisiones internas. Ha sido muy reveladora la firma de un comunicado de los gobernadores radicales del norte junto a sus pares peronistas, avalando la quita de subsidios al transporte público en CABA, dejando a Larreta en soledad.

Hay que tener en cuenta que el acuerdo implica un ajuste contra los presupuestos provinciales, por la vía del recorte de las transferencias no automáticas. Sumado, el tarifazo en las provincias avanza a pasos mas veloces, arrancando de tarifas más altas e impactando, en gran parte del país, sobre salarios más bajos. Contra la tesis de que el recorte de subsidios afectaría fundamentalmente al AMBA y que busca colocar el problema como una oposición entre Buenos Aires y el interior, hay que denunciar el impacto nacional que va a tener. El aumento en la generación eléctrica va a sumarse al que ya se implementa en muchos distritos en el valor de distribución, generando un tarifazo reforzado. Distrito por distrito, debemos caracterizar cómo impactan las medidas de ajuste para ajustar las consignas, los planteos y la actividad del partido y golpear a los bloques políticos patronales locales.

De fondo, las divisiones de los bloques principales reflejan el descontento de todas las clases sociales sobre la situación del país. Ninguna clase social ni sector interno en las que estas se divide se declara satisfecha con la situación actual. Incluso los sectores capitalistas que han obtenido ganancias extraordinarias desconfían sobre la sustentabilidad de la política actual. Habitualmente las encuestas de opinión recogen este estado de ánimo con el crecimiento del rubro de quienes piensan que el país estará peor de lo que está ahora. Este estado de situación alimenta el crecimiento de los fachos llamados “libertarios”, con Milei a la cabeza. Esas mismas encuestas reflejan un crecimiento del apoyo a su eventual candidatura presidencial, que ya no sería solo en la Ciudad de Buenos Aires sino en todo el país. Es lícito creer que un fenómeno de este tipo perjudicaría especialmente a la derecha macrista, aunque en la Ciudad de Buenos Aires las cosas se dieron de otro modo. Milei recogió votos en las comunas del sur de la Ciudad, robándole votos no solo al macrismo sino también al peronismo. El discurso derechista golpea allí donde el kirchnerismo hace agua: el llamado “Estado presente” se revela ante una parte de la población como una losa que se apropia de recursos generados por la población sin que la contraparte que ofrece tenga equivalencia alguna. La lucha política contra esta derecha fascistizante debe tener en cuenta estos planteos, para polemizar con ellos mostrando que detrás del discurso de los “libertarios” se esconde la pretensión capitalista de eliminar los impuestos sobre el capital y descargarlos enteramente sobre los trabajadores y consumidores. Y a la vez, mostrar que detrás de su planteo de reducción de impuestos se esconde una política de privatización entera de la educación y la salud, como así también eliminar todo gasto de asistencia social. La lucha contra esta derecha debe hacerse sin la menor concesión a la orientación kirchnerista y sus planteos de “Estado fuerte”. Hacerlo no solo sería un error desde el punto de vista de los principios, sino que facilitaría el trabajo de demagogia de la derecha en concitar el apoyo de sectores populares a sus planteos.

Se puede afirmar que hasta cierto punto y a su modo, la consigna votada por el PO en el XXVII Congreso “abajo el régimen de hambre y miseria de los que nos gobernaron en las últimas décadas” fue explotada y es explotada por esta derecha reaccionaria. Aunque reducida por el momento a Capital y provincia de Buenos Aires, ha tenido, en este radio de acción, un mayor éxito que la izquierda en esta tarea. Es cierto que la campaña electoral del FIT-U chocó con obstáculos propios (una negativa a actividades comunes que pudieran fortalecer su intervención en la lucha política y electoral: congreso del FIT-U, e incluso un acto común). Sin embargo, la razón por la que la derecha ha tenido más éxito que la izquierda en la explotación de esta impugnación general al régimen debe encontrarse en la propia dinámica de la lucha de clases. En el último período ha primado una política de contención de la clase obrera y los sectores populares, con la excepción parcial del movimiento piquetero, que hoy tiene una fracción independiente con un alcance significativo en algunos sectores de las masas. La falta de una acción independiente de la clase obrera e incluso de un mayor volumen de luchas económicas o parciales opera como un freno a la capacidad de la izquierda en ser el canal del repudio al régimen en su conjunto. Este vínculo se constata a la luz de nuestro desarrollo, inclusive electoral. La elección del FIT-U en la provincia de Buenos Aires está muy vinculada al accionar del movimiento piquetero, aunque no se agota ahí. En Neuquén, hicimos una excelente elección en un cuadro de luchas salariales muy importantes. En Chubut, nuestro progreso electoral se vincula con las enormes luchas por el pago de salarios y, luego, con la lucha antiminera.

De este análisis se deriva una hoja de ruta de trabajo: por un lado, una campaña de agitación política contra el régimen del FMI, sus partidos y sobre las consecuencias directas que esa política tiene para las masas, para lo cual la tribuna parlamentaria deberá jugar un papel central; y por el otro, impulsar la acción directa de las masas, promoviendo la resistencia a la ofensiva capitalista, empezando por los lugares de trabajo y denunciando y delimitando posiciones de la burocracia entreguista, principal factor de contención del movimiento obrero. Un reguero de luchas económicas sería de enorme valor para tonificar a la clase obrera y en primer lugar al activismo. Para nuestro partido esta hoja de ruta plantea la necesidad de desplegar el conjunto de sus fuerzas, tanto de su militancia orgánica como la que esta influencia y organiza gracias a su actividad. La agitación directa del Partido se complementa con la lucha que libra el movimiento piquetero y también los sindicatos combativos dirigidos por la izquierda. La reciente conquista del Sutna de un bono especial en Bridgestone tuvo un impacto enorme en las fábricas. Es normal que al menos un sector de los obreros se pregunte quién dirige ese sindicato y con qué métodos.

Este enfoque nos delimita de los sectores de la izquierda que pregonan que el problema es ir a una lucha política contra la política de fondo y no a la lucha por las reivindicaciones. Este enfoque es equivocado. Las rebeliones populares contra los gobiernos del Fondo Monetario fueron el resultado de reclamos reivindicativos concretos. El movimiento obrero deberá ir procesando una experiencia con esta política, parte de la cual se jugará en las luchas por el salario, el acceso al trabajo y por todos los reclamos. La posición de quienes ignoran la centralidad de las luchas reivindicativas en esta etapa en última instancia lleva a un convergencia con planteos kirchneristas, que critican el pacto con el Fondo pero mantienen un cuadro de colaboración desde los sindicatos u organizaciones sociales, con el gobierno nacional.

Enfrentar la situación mediante la combinación de la agitación política contra el régimen y la acción de lucha contra la ofensiva capitalista es nuestro método para lograr una evolución hacia la izquierda de la situación tomada en su conjunto. En América Latina la mayoría de las rebeliones populares que hemos tenido en los últimos años han sido contra gobiernos de derecha. Es el caso de Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. En Argentina la crisis del gobierno peronista-kirchnerista es elocuente, pero aún conserva un valor para la burguesía en tanto logra imponer una política de contención y es un factor menos en la desestabilización de América Latina por el momento. Es probable que a eso se deba la decisión de Biden de que el FMI acuerde con Argentina para evitar el default. La amenaza de una vuelta del macrismo es utilizada por el kirchnerismo y sectores afines para evitar una ruptura con el gobierno y por sobre todas las cosas para inhibir la acción directa contra el ajuste en marcha. Por eso la superación de esta contención requiere tanto la agitación política del Partido como impulsar y promover medidas de lucha de los trabajadores y sectores explotados.

Las masas

Argentina es un país movilizado en diversos sectores sociales. En los dos años del gobierno peronista lo testimonian dos puebladas antimegamineras en Mendoza y Chubut, la colosal movilización de la ola verde por el aborto legal, el movimiento piquetero y ciertas huelgas que lograron quebrar el cepo de la burocracia sindical. Pero, de un modo general, los puntos de ruptura, siendo importantes, no han logrado quebrar la contención del peronismo en sus distintas alas y en los distintos frentes de la lucha de clases. La cuestión de la incorporación de Argentina al proceso de las rebeliones populares de América Latina es la cuestión de las cuestiones, cuando la crisis capitalista golpea de la manera que golpea en la bancarrota nacional y de cara al período que abre el pacto colonial y de ajuste del FMI.

Conviene examinar cómo actúan los mecanismos de contención en cada frente de lucha y fundar la política de nuestro partido para hacer progresar la ruptura en términos de independencia política de los explotados y de qué manera ligarlos mediante la agitación y acción política a la construcción de una alternativa política de los trabajadores. La cuestión de la rebelión popular en la Argentina no es una cuestión de pronósticos, ni deriva mecánicamente de la crisis y el ajuste en puerta, será el resultado de un conjunto de factores, que combinen la crisis por arriba con el levantamiento de los de abajo fundado en la superación de los diques de contención del peronismo y la centroizquierda e izquierdas tributarias del gobierno del Frente de Todos. La debilidad del gobierno debe ser verificada y explotada en la acción independiente de las masas, y nosotros ser sus motores y organizadores. Estableciendo los puentes entre las reivindicaciones y la salida de conjunto. El norte general del partido es la intervención de la clase obrera en la crisis.

El año fue abierto por la pueblada del Chubutazo que, tras siete días ininterrumpidos de revuelta popular, quema de la casa de gobierno incluida, hizo retroceder la ley de zonificación aprobada en medio de maniobras de disimulo pero con las huellas digitales de todo el arco de partidos capitalistas. Por referencia a la pueblada de Mendoza por los mismos motivos -dos provincias donde la lucha por el agua es parte de las preocupaciones populares más profundas-, en Chubut se sumó un contingente obrero de la industria de la pesca, mientras que en Mendoza fue un sector capitalista de la propia industria vitivinícola quien se sumó al impulso de la “guerra del agua” de manera más o menos abierta, aunque trabajadores y pequeños productores del sector se movilizaron también. Se trata de movimientos policlasistas, con fuerte participación de clases medias que han logrado ser adormecidos tras el retroceso en las leyes respectivas pero que conocerán nuevos capítulos porque la cuestión de la entrega megaminera es estratégica como parte de la política extractivista y para reunir los dólares que requiere el FMI. Políticamente en Chubut fue uno de los aspectos que llevaron a la gran elección del 8,5% del FIT Unidad en la previa del levantamiento popular, con picos del 15% en zonas como Lago Puelo. Aunque hay que destacar que peleamos el voto antiminero con el Pich que nos superó en las generales. Confluyeron en este resultado electoral también las grandes luchas casi permanentes con altas y bajas de docentes y estatales desde el virtual default de la provincia hace cuatro años. En Mendoza apareció claramente una representación política de tipo centroizquierdista en el Partido Verde que a los dos años del Mendozazo obtuvo el 9% de los votos, duplicando al FIT-U que perdió todas las conquistas parlamentarias que tuvo en el pasado. Aunque el Partido Verde se basa en un planteo ambientalista que calza con el carácter policlasista del movimiento ambiental, hay que señalar también que nos superan en el marco de una parálisis de la acción común del FIT-U impuesta por el PTS, que claramente debilitó nuestro frente. La cuestión de la agitación anticapitalista y la vinculación de la lucha ambiental a la lucha de la clase, o mejor la lucha de la clase a la lucha ambiental, es un eje de batalla política dentro del movimiento ambiental y, en el movimiento obrero, contra la toda la burocracia sindical, en términos generales megaminera, porque aún la centroizquierda ceteista no jugó ningún papel. El movimiento conoció movilizaciones importantes de hasta 5.000 personas en el puente victoria en Santa Fe, frente a los incendios intencionales en las islas del Paraná, una provincia donde la centroizquierda disputa también en torno al punto. Después del chubutazo cobró cierta fuerza el reclamo contra la exploración offshoreshore, especialmente en Mar del Plata y otros puntos de la costa Atlántica, con movilizaciones que vienen desde el año pasado y crecieron de manera importante, en las que venimos interviniendo. El frente ambiental es un frente de lucha política, en especial que toma nuestra juventud, pero su agitación y reclutamiento, basados en un programa anticapitalista es un componente de toda la lucha política nacional por la construcción del partido. A nivel nacional, con una política de frente único, en la coordinadora Basta de Falsas soluciones, pusimos en pie un agrupamiento independiente capaz de disputar al bloque ligado al gobierno, representado por Jóvenes por el Clima, que hoy están golpeados por el derrumbe de la gestión Cabandie. Como en todos los planos, el pacto con el FMI inclinará aún más la balanza en favor de la depredación y el saqueo de los monopolios imperialistas y la extensión de la frontera sojera, en choque con el activismo.

El caso del movimiento de la mujer es peculiar. La conquista del aborto legal tuvo un primer capítulo durante el macrismo y el gobierno tomó la iniciativa de viabilizarlo para capitalizar una “ampliación de derechos” que en realidad es una conquista de treinta años de lucha. La batalla política con los sectores kirchneristas se ha agudizado porque han roto el movimiento común de cara a las nuevas y viejas batallas que presenta la lucha por los derechos de la mujer y las diversidades. La adaptación al nombramiento de Manzur por parte del feminismo K las ubica en un lugar parecido a la defensa del pacto con el FMI. El congreso del PdT (Plenario de Trabajadoras) en plena virtualidad mostró un campo de desarrollo político que tiene muchos frentes, entre ellos la formación del sindicato de trabajadoras de casas particulares a partir de nuestra agrupación, nuestro desarrollo en el movimiento de actrices, el rol de la mujer en los barrios que organiza el Polo Obrero, etc. Vamos a una disputa muy importante este año en la movilización al Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará en San Luis y será un terreno importantísimo de lucha política con el gobierno nacional y sus colectoras en el movimiento de mujeres.

El movimiento piquetero ocupó, sin lugar a dudas, como sector organizado de la clase trabajadora, el lugar de vanguardia desde la última etapa del gobierno Macri hasta el momento. Ha sido el punto de desborde, fuera de control de los aparatos de la burocracia sindical y de los aparatos políticos punteriles en los barrios. En plena pandemia, todavía más, se destacó como el sector que ganó la calle con la consigna “con hambre no hay cuarentena”. El Polo Obrero, a veinte años del Argentinazo, ha vuelto a ocupar un lugar de vanguardia en esa vanguardia. El secreto ha sido una política combativa para arrancar las conquistas, el empadronamiento y organización masiva en los barrios, el frente único de lucha para garantizar las reivindicaciones en el marco de un planteo político de independencia frente al gobierno, de denuncia de las organizaciones del Trío Cayetano integradas al gobierno, contra el relato de marketing de la “economía popular” que encubre la más pavorosa precarización laboral, por el trabajo genuinos y a convenio, por el pase a planta y, por sobre todo, los métodos de soberanía de la asamblea, del delegado revocable y el control de bases de las conquistas arrancadas en la lucha. El pasaje de decenas de miles de compañeras y compañeros al Polo desde intendencias y/o organizaciones oficialistas es motivo de debate y de una contraofensiva del gobierno para retomar el control de los municipios de vastos sectores y colocarlos como mano de obra sustituta municipal o provincial en el marco del ajuste que cae en cascada de la Nación para abajo, bajo monitoreo del FMI. La pretensión de cerrar todo ingreso y el intento de recaptura por parte de los municipios serán ejes de confrontación en la etapa inmediata porque indudablemente se vincula con dos objetivos estratégicos del FMI: deprimir los salarios y bajar el gasto público. Colocamos la cuestión del salario mínimo y la universalización de los planes en el centro actuando en dos sentidos: unidad con precarizados, trabajadores en negro y jubilados y la lucha por un seguro al desocupado que significa el aumento y la universalización de los planes. Siempre colocando la cuestión del plan de obras públicas y viviendas populares como la ruta de una reactivación económica y del empleo genuino. Desde este lugar hemos ganado un lugar de enorme respeto y liderazgo natural en el Frente de Lucha Piquetero y la Unidad Piquetera que logró agrupar en sus grandes acciones.

El Polo Obrero actual ha marcado un salto político enorme al volcarse de manera masiva a la campaña electoral del PO y el FIT-U en todo el país. La presencia masiva de miles y miles de compañeros y compañeras, primero en las movilizaciones, y luego en la campaña implicó un salto político y nos abre una posibilidad de progreso militante. Fue el nervio de las grandes victorias en las barriadas obreras en todo el país, contribuyó decisivamente a establecer un diferencial histórico en el voto al FIT-U con respecto a otras izquierdas del pasado y al historial del propio Frente de Izquierda. El Polo se destaca en su politización respecto de todas las demás organizaciones piqueteras, y es al mismo tiempo un factor que tracciona hacia la izquierda a todo el activismo. Las tendencias abstencionistas se han reducido y se ha ganado influencia en los que actuaban como colectoras tácitas del kirchnerismo sin proclamarlo. De hecho, los integrantes del Polo han sido protagonistas centrales de los masivos actos del PO y todo el movimiento piquetero de las grandes movilizaciones últimas de la izquierda contra el FMI. El Polo ha vuelto con su poder de movilización a ser punto de apoyo de las más diversas luchas de trabajadores ocupados y sus piquetes o tomas de fábrica.

En la próxima etapa, el Polo y la Unidad Piquetera marchan a un fuerte plan de lucha que tiene el objetivo inmediato de quebrar las medidas de ajuste del gobierno sobre el movimiento piquetero. Vamos a enfrentar el cepo en la apertura de planes y los pases y la orientación del gobierno junto al FMI para “focalizar” los planes reduciendo su monto y alcance. La primera fase tiene que ver con un planteo de aumento del salario mínimo, que conecta al movimiento piquetero con los sectores más explotados de la clase obrera ocupada. El plan de lucha fue votado en el plenario nacional de la Unidad Piquetera, que debatió la deliberación y las tareas, y que fue una propuesta realizada y sostenida fundamentalmente por el Polo Obrero.

El planteamiento del plenario nacional de la Unidad Piquetera corresponde a un método que solamente empujamos nosotros, en la mejor tradición del PO para colocar a debate de toda la vanguardia de lucha las cuestiones estratégicas, donde podemos destacarnos por desenvolver un programa y un proyecto de unidad de la clase obrera. Esto ante corrientes de un arco muy heterogéneo que llega hasta los tributarios de un defensor de la reforma laboral como Randazzo (Barrios de Pie). Con todo, la incorporación al partido, al igual que la organización de la juventud junto a la UJS no resultan espontáneamente, sino como resultado de una continuidad permanente de iniciativas que vayan ligando la lucha reivindicativa a la política. La agitación política general partidaria en los barrios no puede ser abandonada durante el período no electoral, será la clave para el progreso de camadas de compañeras y compañeros hacia la política revolucionaria. Y esa agitación tiene que abordar las cuestiones de interés de ese vasto sector de los explotados (tierra, vivienda, obras de agua y cloacas, educación, centros de salud, centros integrales de la mujer, etc.) desde el ángulo y las propuestas de una salida de los trabajadores a la crisis.

El hecho de que no hay un paro nacional hace tres años en medio de un ajuste importante y otro que se avecina de la mano del FMI es un dato para el combativo movimiento obrero argentino. Indudablemente la pandemia y sus cuarentena y virtualización forzosa han sido un factor, pero no el decisivo. El factor decisivo es la contención de la burocracia y la confusión política de la masa de los trabajadores que viene de votar al gobierno aún en la derrota de las intermedias, como el mal menor del peronismo ante el mal mayor del macrismo. Solo una vanguardia ha evolucionado al voto el FIT-U. Las huelgas del período son básicamente las que han escapado a la contención de la burocracia sindical: autoconvocados de Neuquén, vitivinícolas, docentes salteños y de otras provincias, con el caso excepcional de Aceiteros y, desde luego de los sindicatos combativos recuperados por la izquierda como el Sutna, docentes, ferroviarios, etc. Otras luchas, a veces feroces, en la carne (Penta, Arrebeef), tercerizados (EMA), salud (Clínica San Andrés), Gri Calviño, Interpack I, Autoconvocados de la salud de CABA o Matanza, Latam, Textilana y un sinnúmero de luchas locales de municipales y otros sectores son decididamente aisladas por toda la burocracia y se sostienen y progresan más o menos, exclusivamente con el apoyo del clasismo y la izquierda. Pero es difícil en este cuadro torcer los ataques patronales que se imponen, golpeando al activismo. El reciente paro de controladores Aéreos, como ciertas batallas en la carne están expresando desplazamientos y son, desde luego un campo de desarrollo del clasismo que tuvo expresión en la elección de la Roja de la Carne en Buenos Aires. Es que el cuadro general tiene dos caras, la contención que domina el panorama, pero del otro lado de la moneda la vacancia política de dirección del movimiento obrero que ofrece semejante nivel de integración de los sindicatos al Estado y a las patronales.

El nivel de integración de todas las alas de la burocracia sindical al gobierno no tiene casi antecedentes similares desde 1983. Se estructuran en torno al antimacrismo como expediente para apoyar al gobierno, lo que ha logrado sentar en el mismo triunvirato de la CGT al moyanismo junto a gordos y barrionuevistas y bajo distintas modalidades también integrar al gobierno a las dos o tres alas derivadas de la crisis de la CTA, ya dividida oportunamente por el kirchnerismo. Otras variantes intermedias como Aceiteros no han jugado rol independiente alguno, antes bien cuando se planteó la crisis Vicentin, jugó para apoyar al gobierno pretextando una política que no fue. La gran huelga aceitera de 21 días a fines de 2021 para arrancar una revisión que al menos compense la inflación fue políticamente encapsulada por su dirección, no fue un punto de apoyo para extender a un activismo obrero ni la lucha por un salario equivalente a la canasta familiar ni el método para arrancarlo, al contrario los conflictos fabriles de ese gremio fueron desgastados hasta su derrota en distintos casos. Al mismo tiempo merecen un balance político específico cada una de las huelgas autoconvocadas, puesto que la más importante de ellas, el “elefante neuquino” no derivó como nos propusimos en una ola de recuperaciones de las juntas internas de los hospitales, donde la burocracia cuya entrega salarial enfrentó la huelga, vuelve a ganar. De un modo general, es un fenómeno expresivo de una etapa de la que venimos, donde cada posición de avance político sindical es arrancada mediante un progreso militante antes, durante y después de cada lucha.

El propio Plenario del Sindicalismo Combativo hibernó largo tiempo por la retracción general y, cuando aflojó la primera ola del Covid y convocó a movilizar fue dividido por el recientemente incorporado MAC (PTS) y su parálisis rota por una convocatoria unilateral del Sutna a fines del 2021, boicoteada por el resto de la izquierda. En este punto se ha librado una lucha política desde la Coordinadora Sindical Clasista que es defender el campo de un sindicalismo de clase que ofrezca un polo de desarrollo ante la burocracia sindical para todas las organizaciones sindicales recuperadas, sean cuerpos de delegados, seccionales o sindicatos. Un método y un programa marcado desde Lanús en 2018. A raíz de la iniciativa impulsada por el Sutna, el Plenario del Sindicalismo combativo se reunió en Unione y Benevolenza, convocando a movilizarse contra el pacto con el Fondo Monetario y planteando la perspectiva de una nuevo plenario masivo como el realizado en Lanús en 2018. Quienes lo han bombardeado de adentro o de afuera tratando que fuera un brazo del Fit Unidad, no han progresado con esa política ni han ofrecido un canal de reagrupamiento al activismo, han mostrado en cambio una política rabiosamente electorera. La fuerte derrota de la lista divisionista PTS-MAS-Roja en el Sutna ha debilitado este tipo de emprendimientos que oportunamente sirvió en bandeja Aten a la burocracia neuquina, y que marcó el golpe final contra la conducción independiente del Sute (Mendoza).

No obstante este contexto general, se han producido desplazamientos de sectores activistas en textiles, en docentes de Chubut, en la gran elección de la Roja de la Carne (42%), en internas de UTA, la recuperación de Aten Capital y Plottier, en seccionales recuperadas de Adosac de Santa Cruz, la gran elección de la lista en la Asociación de Actores, en la lista antiburocrática de Controladores Aéreos, en la buena elección en un Foetra en total retroceso como gremio, en la formación de una lista opositora de comisiones internas de APA y otras como una importante lista en Adiunt Córdoba. Pero, especialmente, una victoria de tal magnitud (72%) como la de la Negra del Sutna expresa la potencialidad política de la vacancia de la burocracia sindical ligada a una causa tan conservadora como es la descarga de la crisis capitalista sobre los propios trabajadores que con mayores o menores maniobras ejecuta el peronismo. La buena elección del Frente de Izquierda es indisociable de estos procesos que gravitan por abajo y que podemos conectar y desenvolver con una política audaz de agitación y de lucha. Desde luego, el 2022 al concentrar todas las elecciones postergadas tras dos años, presenta un enorme desafío en la retención y/o ampliación de las posiciones conquistadas en AGD y Conadu Histórica, en los Sutebas Combativos, etc. en todas las cuales se replantean los frentes únicos por la cooptación de sectores de izquierda al Frente de Todos, especialmente el PCR.

El pacto con el FMI abre una nueva etapa que está llamada a sacudir este escenario. El paro de 72 horas de la docencia neuquina puede ser anticipo de un comienzo de reacción de los trabajadores, al igual que el paro de controladores que rompió el techo de 45% que parece querer imponer la burocracia sindical en distintos sectores. La tendencia a los choques con la clase obrera (ocupada y desocupada) será mayúscula y cambiará todo el escenario. El yaskismo ha convocado a movilizar después de la aprobación del pacto colonial “para controlar que paguen la deuda interna”. Es una desembozada maniobra de contención política, como la renuncia de Máximo, pero ambas expresan una crisis política que sacudirá a todas las organizaciones obreras. En todos los casos, el clasismo y nuestro partido pueden explotar la crisis a condición de una política independiente, del frente único de clase y la denuncia implacable no solo de la burocracia más recalcitrante sino especialmente de la que maniobra en los márgenes de la contención. Tenemos que ser motores de las luchas económicas que pretendemos libre la clase. Eso no es economicismo, al contrario, quienes construimos y agitamos la salida política y construimos el partido, somos en el seno de los trabajadores, sean o no sindicalizados, los grandes organizadores de sus luchas económicas, condición de un salto en la lucha de clases. Y de que una reacción popular de conjunto sea liderada por la clase obrera.

Un aspecto importante de esta lucha será para enfrentar la represión, que irá de la mano del ajuste. La represión en Jujuy contra el plan de lucha provincial del movimiento piquetero, con el encarcelamiento en principio de 15 compañeros (luego quedaron 7), cuya liberación tuvimos que arrancar con una intensa campaña y movilización nacional, es una muestra de estas tendencias. Pero antes las vimos en Guernica y numerosos episodios, bajo el gobierno de Fernández. Al mismo tiempo, tenemos que enfrentar las condenas contra César y Daniel, y numerosos procesamientos en todo el país. La lucha contra la represión y la criminalización de la protesta es una lucha política que encaramos con nuestros métodos: la agitación, la conquista de un apoyo masivo y la movilización popular. Son los métodos con los cuales llevamos a Pedraza, en su momento, a prisión. Esta lucha requerirá una amplia iniciativa en materia de libertades democráticas en todo el período. Del otro lado, los sectores del régimen como los Berni o Bullrich, hacen de la represión a las luchas populares una bandera propia, para ganarse a los sectores que rechazan la movilización popular. Debemos enfrentar estas tendencias y, en ese cuadro, desenmascarar la política del kirchnerismo, cuya demagogia en materia de derechos humanos no le impide mantener a Berni en su puesto, ni pactar con el régimen represivo de Morales.

El FIT-U, la izquierda y el frente contra el pacto con el FMI

Finalizadas las elecciones, el FIT-U tomó la iniciativa de convocar un plenario abierto para enfrentar el pacto entre el gobierno y el FMI. La iniciativa del FIT-U marca un cambio parcial en su parálisis entre elección y elección que fue característica desde su fundación. A lo sumo, había realizado agitaciones y declaraciones comunes y, esporádicamente, actos minoritarios. Con el plenario de Parque Lezama, en cambio, el FIT-U se colocó, como tal, a la cabeza de un iniciativa política central: el reagrupamiento de todos los sectores que rechazan el pacto con el FMI.

La iniciativa dio lugar a un frente único entre corrientes políticamente muy heterogéneas. Participa la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda, cuyo grupo dirigente viene en parte de estar vinculado con Claudio Lozano (director del Banco Nación), en parte de los viejos economistas de izquierda, y en parte está conformado por organizaciones piqueteras abstencionistas, pero que tienen un planteo de “apertura” en las movilizaciones, a los sectores críticos del kirchnerismo. Aunque a nivel nacional actúan con la izquierda, en Rosario habilitaron un copamiento del espacio en favor del PCR, que integra el Frente de Todos. Participa también Libres del Sur, que integra, con Barrios de Pie, la Unidad Piquetera, pero que apoyó a Randazzo en las elecciones. Participan en forma activa otras organizaciones de la UP (Votamos Luchar, MTR 12 de Abril), sectores abiertamente anti FIT-U y marginales dentro del movimiento piquetero (MTR Martino, Erys, etc), el MAS, el grupo de Altamira y otros grupos. La amplitud del espacio facilita la adhesión de organizaciones obreras recuperadas de la burocracia, y centros de estudiantes combativos, que no podrían adherir a una convocatoria del FIT-U, pero que han votado el rechazo al pacto con el Fondo.

Este frente heterogéneo será puesto a prueba por la evolución de la crisis política. En la medida que presenta un canal de movilización unitario para confrontar con la política de la burocracia sindical y piquetera de apoyo al pacto, su puesta en pie es un avance. Pero no constituye un agrupamiento político de carácter permanente. Con los compromisos del caso, que son inevitables, defendemos y hemos logrado hasta ahora un liderazgo político del FIT-U, que se pone de manifiesto por sobre todas las cosas en el programa y las caracterizaciones de los dos documentos leídos en Plaza de Mayo. La defensa exige un esfuerzo permanente, porque las tendencias a diluir un planteamiento programático están muy presentes, al igual que las presiones hacia una confluencia con los sectores del gobierno que dicen rechazar el acuerdo (una posición llevada adelante fundamentalmente por el MAS; en el mes de febrero).

Aunque los partidos del FIT-U acuerdan las mociones a llevar al espacio, inevitablemente lo abordan sobre la base de sus caracterizaciones y construcción previa. Nosotros nos paramos en el espacio como constructores del movimiento obrero y piquetero combativo, somos partidarios del frente único en todos los terrenos de la lucha de clases. El PTS en cambio encara este frente único con enormes contradicciones. Aunque apuesta a desarrollarlo, está condicionado por su hostilidad tradicional al movimiento piquetero, que no construye, y choca con una realidad en la cual la mayor parte de las organizaciones y una abrumadora mayoría del caudal de movilización del espacio está integrado por organizaciones piqueteras. Su hostilidad a las direcciones sindicales lo llevó a torpedear durante años el PSC y ahora a torpedearlo desde adentro. En general, no construye tampoco los sindicatos combativos, sino que busca explotar las posiciones en el movimiento obrero para una figuración electoral. Estos factores lo llevan a una relación parasitaria (y faccional) con las organizaciones combativas. Por otro lado, el MST, que participa en el movimiento piquetero, rechaza en cambio darle cualquier tipo de proyección política, al punto que sus dirigentes piqueteros ni siquiera hablan en sus propios actos.

Los debates en torno al espacio actualizan los debates que venimos teniendo al interior de la izquierda. La idea de consolidar el espacio como un espacio político abona las posiciones que en el pasado alimentaron la idea de una disolución política del FIT-U en una izquierda más amplia, el planteamiento del MST en la interna. Contra esta tendencia, está claro que la evolución de los grupos provenientes de la centroizquierda o el abstencionismo será puesta a prueba por el propio escenario político. Más de fondo, una convergencia que se basara en un compromiso del programa del FIT-U con posiciones nacionalistas sería un retroceso para la izquierda revolucionaria. Debemos, en cambio, militar en la claridad de que se trata de un frente que agrupa posiciones divergentes y desenvolver con claridad los debates en el marco de una unidad de acción. En cualquier caso, no abonamos la disolución del Frente de Izquierda en este espacio. En paralelo a las iniciativas comunes, debemos promover una agenda de iniciativas y declaraciones al propio FIT-U. Obviamente, esta agenda está condicionada a las posiciones políticas de los partidos del FIT-U. En el caso de Ucrania, por ejemplo, rechazamos un comunicado común con partidos (el MST e IS) que militan en el campo de la resistencia con Zelenski a la invasión de Putin.

Con esta política de frente único, con la defensa del FIT-U como campo independiente del nacionalismo, y con nuestro peso en la lucha de clases, debemos pelear un liderazgo en la izquierda del Partido Obrero. Es central para ello un desarrollo partidario en materia de agitación política, prensa, finanzas, comunicación y reclutamiento. El resultado de la última elección, en términos de bancas parlamentarias, nos dejó en minoría en relación al PTS, aunque recuperamos la banca de Romina y Guille en provincia, sumamos una banca legislativa en la capital y tenemos los concejales de PBA por primera vez. Pero el desequilibrio en el congreso contrasta con el peso que tiene el PO en la lucha de clases, y refleja un mayor desarrollo relativo del PTS en materia de instalación de voceros, comunicación y redes. Las características de esta mayor instalación tienen en parte que ver con un enfoque democratizante de la situación política. El PTS proyecta a Bregman, buscando apoyo de sectores del kirchnerismo lo que condiciona sus intervenciones. En Jujuy, hace primar una denuncia de la oligarquía y el régimen político provincial muy difusa en cuanto al programa. Este enfoque se manifiesta, asimismo, en La Izquierda Diario, cuya amplitud de posiciones lo asimilan a un medio no partidario, una forma indirecta de disolución política.

La guerra en Europa mostró el carácter estratégico de las divergencias dentro del FIT-U. El MST e Izquierda Socialista colocan todo su eje en denunciar la invasión de Putin sin denunciar la responsabilidad de la Otan en la guerra. Ambos reducen la crisis a la cuestión de la independencia nacional de Ucrania, omitiendo la cuestión central, que pasa por la disputa internacional por llevar hasta el final de la restauración capitalista en los ex Estados obreros. No abordan la crisis como la expresión del carácter explosivo que tienen las contradicciones y choques de la presente etapa histórica, privándose de destacar la tendencia inevitable del capitalismo y del imperialismo a resolver sus divergencias por medio de la guerra. Las guerras recientes (Siria, Yemen, Afganistán, Libia, Yugoslavía, Palestina, etc.) no le sirven para mostrar una secuencia creciente, por el simple hecho que han abordado esas conflagraciones con el mismo método que usan para el choque en Ucrania.

Estas divergencias estuvieron presentes en la interna que tuvo el Frente de Izquierda en la última elección. Los planteos expuestos por el MST fueron claramente de disolución del FIT-U como bloque político independiente en favor de un frente de colaboración de clases con sectores del centroizquierdismo. A quienes se oponen a esta disolución el MST les achaca el sambenito de “sectarios”. El mal resultado recogido en los principales distritos del país no implica que el MST borre estos planteos, sino que buscará llevarlos adelante por otras vías. Su participación de igual modo en el espacio de la Moratoria de la Deuda y en el FIT-U muestra que tienen huevos puestos en distintas canastas. Para el PO es central explicar el carácter de estas divergencias para evitar que la inevitable lucha de tendencias derive en el liquidacionismo o la desmoralización.

Nuestra posición sobre el FIT-U es desarrollarlo como un bloque político de independencia de clase, que intervenga sistemáticamente en la lucha en todos los planos. En el plano del movimiento obrero y piquetero esto significa en primer lugar que los partidos y agrupaciones apoyen e impulsen a los sindicatos combativos y sectores en lucha, y no que los parasiten con objetivos electoralistas.

Bajo estas consideraciones, propondremos un acto del Frente de Izquierda Unuidad el 1° de mayo, para levantar un programa de salida a la crisis, colocando una iniciativa política para atraer al activismo que viene luchando y enfrentando el plan de ajuste, y copando la Plaza de Mayo. Asimismo, consideramos que la propuesta que hemos realizado, de un congreso del frente de izquierda que atraiga a los sectores combativos del movimiento obrero y popular sería un enorme avance para procesar los debates, poner en pie una acción común y desarrollar a la izquierda en todo el país.

Tareas y consignas

La tesis del documento que presentamos es que el acuerdo con el FMI agravará las contradicciones políticas y económicas, potenciará la tendencia a la disgregación del régimen político e incentivará los choques entre los capitalistas y el gobierno con los trabajadores y las masas populares. La disgregación puede cobrar la forma de maniobras y rupturas circunstanciales, que son a fin de cuentas recursos de contención ante el creciente descontento popular. La capacidad de contención de la burocracia sindical y piquetera, y más en general del peronismo, será puesta a prueba a una escala superior. La evolución de la crisis mundial y sobre todo de la guerra puede acelerar o ralentizar los tiempos, pero no modificar el curso general de los acontecimientos. Para el PO la tarea central es enfrentar el pacto con el FMI movilizando a los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas y por una salida política propia. La intervención en cada lucha, más allá del alcance inicial de su reclamo, tiene un papel vital para hacer crecer la fuerza y el protagonismo de los trabajadores. La agitación y la propaganda política por nuestro programa debe realizarse conjuntamente con la participación del PO en todas las luchas.

La consigna central de la etapa está determinada por esta caracterización. El planteo “abajo el pacto entre el gobierno y el FMI. Plan de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Por una salida de los trabajadores” se ajusta a este planteo. Nuestro planteamiento del XXVII congreso, contra el régimen de hambre y miseria de quienes nos gobernaron las últimas décadas, se concentra ahora en la denuncia de este pacto que es resultado de una larga evolución de entrega y vaciamiento de la burguesía y sus partidos. Ponemos el eje en el acuerdo con el Fondo ya que delimita y concentra todos los elementos de la crisis actual. El planteo contiene una delimitación con la oposición de derecha, que avala el acuerdo en el Congreso y más en general es correa de transmisión directa de los intereses del FMI. Planteamos a la vez la necesidad de un plan de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas, lo cual abarca los paros y huelgas parciales, que como ya hemos dicho, su desarrollo tiene una importancia colosal en la etapa que se abre. La consigna final de “por una salida de los trabajadores” cumple un papel de propaganda y a la vez introduce al desarrollo de un programa alternativo. El valor de este desarrollo es central en la polémica política actual, dado que no nos oponemos al acuerdo desde el punto de vista de un default capitalista sino, justamente, de una salida de los trabajadores que incluye el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para volcar el ahorro nacional a resolver las necesidades populares, comenzando por un salario igual a la canasta familiar y el 82% móvil para las jubilaciones. La campaña debe desarrollarse con una agitación intensa en los barrios y lugares de trabajo, actos en puertas de fábrica y centros de concentración denunciando todos los aspectos puntuales del ajuste, charlas y mesas redondas y desarrollando fuertemente la producción y difusión de materiales para redes sociales y medios de comunicación. Vinculamos estrechamente esta campaña a un desarrollo de cada uno de los reclamos del movimiento obrero y popular, que son los que van a motorizar la intervención de la clase obrera en la crisis.

-Una campaña de denuncia de la guerra imperialista, del avance de la colonización económica y la penetración militar del imperialismo en Europa oriental, mostrando el carácter inevitable de la guerra bajo el capitalismo, y denunciando la invasión rusa en Ucrania, por parte de la burocracia restauracionista del Kremlin.

-La lucha por la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, para revertir las condenas de prisión efectiva establecidas por el Juez Ríos. En la agenda inmediata de esta campaña tenemos la audiencia pública en el congreso y un festival a fin de marzo. Además, el tema deberá figurar fuertemente en la movilización del 24 de marzo que se viene.

-La batalla por la recuperación de sindicatos y comisiones internas, y la lucha por poner en pie agrupaciones clasistas. Esta tarea tendrá un peso fundamental para el partido durante todo el año en vista del cronograma de elecciones sindicales retrasadas por la pandemia.

-El refuerzo del trabajo con prensa obrera en todos los terrenos. El rearmado de los equipos de corresponsales regional por regional, estableciendo un plan de notas. El refuerzo de la tarea de comunicación de cada uno de las y los voceros en todo el país, retomando el ritmo de trabajo y producción que pusimos en pie en la campaña electoral, desarrollando los ejes centrales de agitación política de la etapa. Vinculado a esto, reforzar, con objetivos en cada caso, el trabajo de colocación de prensa obrera.com por medio de padrones de difusión de contenido, y de prensa obrera impresa, con la venta en mano, piqueteo y la suscripción de todo el padrón interno y la periferia cercana.

-La incorporación a estas campañas políticas de nuevas camadas de activistas, elaborando padrones de reclutamiento y de colaboración con las mismas, especialmente en lo que hace a la vanguardia del Polo Obrero, para procesar su incorporación al partido. El debate congresal, con charlas, plenarios y actividades en cada regional, deberá servir para desarrollar a fondo los debates, elaborar los planes de trabajo y avanzar en esta tarea de reclutamiento.

-La lucha por poner en pie en todo el país una fuerte corriente socialista en la juventud, desarrollando a la UJS y la juventud del Polo. Abordamos este desafío cuando se reabren presencialmente todas las universidades nacionales e institutos terciarios. Vamos a la batalla por la recuperación de los centros de estudiantes, la organización del movimiento estudiantil por sus reclamos y la organización de la juventud de los barrios contra la miseria social, por el derecho a la educación, la vivienda y el trabajo.

-La preparación de la participación del partido en el encuentro nacional de mujeres, que se desarrollará en San Luis y va a requerir un trabajo de organización de la concurrencia de todas las regionales. El Encuentro Nacional de mujeres es siempre un terreno importante de reclutamiento, vamos a participar con una delegación importante sobre la base de lo que fue la participación en el congreso del plenario de trabajadoras.

 

Foto: Juan Diez

1° DE MAYO: a la Plaza de Mayo y plazas centrales de todo el país

Abajo el Pacto con el FMI – Por el salario y el trabajo – Contra la represión a los que luchan – Guerra a la guerra. Declaración del Partido Obrero en el Frente de Izquierda

20/04/2022

Los ingresos de los trabajadores (registrados, no registrados, jubilados, beneficiarios de los planes sociales) se desmoronan por el aumento de los precios. El 6,7% de inflación de marzo no es un techo como dice el gobierno: se viene al aumento de las tarifas (ya están convocadas las audiencias) y continúa el alza de los combustibles. Cuanto más pobre se es más pesa esta situación porque lo que más aumenta son los artículos esenciales como los alimentos. 

Como toda respuesta el gobierno anunció con bombos y platillos bonos para jubilados (que ganen menos de dos salarios mínimos) y un IFE superdevaluado (la nueva versión es de $ 18.000 en dos cuotas; la original cubría el 58% de la canasta básica de alimentos, esta solo el 26%). 

Son migajas para mejor ocultar que el deterioro salarial y la caída de las jubilaciones son una política de Estado, para una mayor explotación (y obtener beneficios) de la fuerza de trabajo. El gobierno plantea que lo hace para mejor distribuir la riqueza, pero mientras invierten 240.000 millones de pesos en estos bonos, el BCRA pagará este año intereses que rondarán los 2.5 billones de pesos a la especulación de los bancos, o sea 10 veces que lo que insume el bono. Más que distribuir la riqueza, el gobierno la está concentrando. 

Pacto con el FMI 

La inflación es una consecuencia inevitable del pacto con el Fondo, que se nutre de la misma, aumentando la recaudación por impuestos (IVA), y que pegará un salto con la devaluación reclamada, desvalorizando aún más la fuerza de trabajo. Mientras la fuga de capitales continúa y la riqueza nacional se pierde sin que llegue la lluvia de inversiones. 

El kirchnerismo, consciente del destino de fracaso del acuerdo aprobado por el Congreso, trata de aparecer como opositor al rumbo del gobierno, que integran en forma mayoritaria. Pero sus límites son insalvables: apoyan el pago de la deuda y sostienen la necesidad de un acuerdo con el FMI. 

Los proyectos del pago de la deuda con un blanqueo de los capitales fugados o el anunciado (y no precisado) impuesto a la “renta inesperada”, además de difícil aprobación, son fuegos de artificio para ocultar que son impotentes frente al vaciamiento financiero del país. 

Por un movimiento popular con banderas socialistas

Para impulsar este ataque a las condiciones de vida de millones, el gobierno y los capitalistas cuentan con la asistencia de la burocracia de los sindicatos que apoya abiertamente el acuerdo con el FMI. Han acordado un salario mínimo en la línea de indigencia, y negocian paritarias a la baja. Lo que corresponde es exigir un ingreso que como mínimo cubra los 100 mil pesos de la llamada canasta básica para no ser pobre. Y a partir de allí impulsar un salario igual a la canasta familiar como reclaman los autoconvocados de UTA en $180 mil.

En contraposición a la complicidad y parálisis de la burocracia se destaca el movimiento piquetero independiente que con muy significativas luchas golpeó al gobierno e irrumpió levantando reclamos populares muy sentidos en el medio de la crisis política. Este es el resultado de defender un programa basado en la independencia política de los trabajadores ante el Estado y las corrientes capitalistas luchando sin otro condicionamiento que el desarrollo de su organización. En esa misma línea se dan las huelgas obreras autoconvocadas o las luchas impulsadas por el sindicalismo combativo que escapa a las burocracias de la CGT y las CTAs.

Para el Partido Obrero este 1° de Mayo es la oportunidad de que a la crisis del gobierno en todas sus variantes opongamos una acción de la izquierda revolucionaria para plantarse como alternativa política. 

A ocupar la Plaza de Mayo y la plazas centrales de todo el país para poner en pie movimiento popular bajo banderas socialistas. Es la gran tarea de la etapa.

1° de Mayo de lucha e internacionalista, todos a la Plaza de Mayo

En defensa del trabajo y el salario contra el ajuste inflacionario. Declaración de la Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

20/04/2022

El gobierno sigue echando leña al fuego de la inflación, que ya apunta al 80% anual.

No hay tal “guerra”, como dijo el Presidente.

El gobierno nacional se niega a meter la mano en los costos de producción de los alimentos y de todos los productos. Prefiere defender el secreto comercial en lugar de abrir sus cuentas y sus libros.

Aumenta la nafta y anuncia nuevos aumentos de tarifas de luz y gas según las exigencias de los grupos económicos que lucran con el aumento de los precios internacionales.

Por otro lado suben la tasa de interés. Una medida recesiva que al mismo tiempo aumenta el costo financiero que traspasan a los precios, así como los intereses de las tarjetas de créditos de las familias trabajadoras.

 La inflación es una política. Un mecanismo de transferencia del bolsillo de los trabajadores a los de las patronales y a las arcas del gobierno que abulta su recaudación a través del IVA y de todos los impuestos atados a los precios.

Las medidas que dictó el FMI se van aplicando aunque ya reconoció que el plan quedó “viejo”, y por eso adelantó la primera “visita” a país.

Vienen por mayores exigencias de ajuste; por la profundización de la precarización laboral, la destrucción de los convenios colectivos, las indemnizaciones y de todo el sistema jubilatorio.

Bonos y paritarias

Guzmán, el ministro que tambalea, anunció bonos para trabajadores en negro, para jubilados y trabajadoras de casas particulares. Están conscientes de la explosividad social. Pero no piensan resolverla, sino en evitar el estallido.

Son importes por única vez para abril y para mayo para hacer pasar la pérdida histórica del poder adquisitivo del sector que flota en niveles de indigencia. 

En tanto las burocracias sindicales de la CGT y de las CTA – toda oficialista – maniobra en paritarias más o menos cortas sin plantear el gran problema: el nivel de los salarios respecto de la canasta familiar. Los Daer y compañía entregan todo a cambio de regatear la caja de las obras sociales, que utilizan para sus chanchullos y negociados a expensas de la salud obrera.

Los salarios están cada vez más lejos de una verdadera canasta familiar. No es casual que los autoconvocados de la base de UTA salieron a reclamar $180 mil. En ese orden también luchan los obreros del neumático con el Sutna a la cabeza.

La UOM “renovada”, con nueva conducción kirchnerista va a ratificar el 45% que firmó Caló (con Furlán y compañía). Por su parte, Pianelli del subte, otro dirigente K, pide un bono por decreto en lugar de paritarias que rompan el techo salarial del gobierno, para descomprimir una situación salarial insoportable. Moyano pide un bono de $20000 sobre básicos bajísimos.

La realidad es que con Alberto y Cristina, los salarios bajaron del 46% al 43% de toda la torta nacional. Con Macri ya habían caído del 54% al 46%. Sigue el tobogán.

Sectores del movimiento obrero empiezan a dar peleas de importancia como se vio en la huelga de 28 días de los docentes misioneros con cortes y movilizaciones, así como en las acciones de los choferes autoconvocados. El Sutna inició con una huelga masiva un plan de lucha por un aumento de salario real, tal como lo vienen conquistando en los últimos años con sus métodos clasistas y de lucha.

La enorme lucha del movimiento piquetero que reclama trabajo genuino, universalización de los planes, aumento de los mismos y alimentos, es otra gran batalla del sector más golpeado de la clase obrera. Hoy, vanguardia nacional de la clase obrera. 

La campaña de desprestigio y las represalias contra los luchadores son la respuesta impotente que une al gobierno y la oposición derechista.

Vamos por un plan de lucha

Promovemos paritarios electos por las bases, como acaba de hacer el gremio de controladores aéreos, con pliegos votados en asamblea como hace el Sutna, la AGD de los docentes universitarios, Ademys y los Sutebas Combativos, al igual que ATEN Neuquén y otros sindicatos recuperados en distintas provincias.

A seguir este camino en todo el movimiento obrero.

Impulsemos la deliberación, con asambleas en cada lugar de trabajo, el reclamo de asambleas generales y congresos de delegados con mandato para no dejar las negociaciones en manos de la entregadora burocracia sindical

Un congreso de delegados mandatados de todas las centrales debería discutir la inmediata ruptura de las centrales con el gobierno y votar un plan de lucha para quebrar el ajuste en marcha.

Este primero de Mayo vamos a un gran acto en Plaza de Mayo y en todo el país contra el pacto con el FMI del gobierno del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

No nos tragamos la demagogia de los K que hacen de opositores desde el interior del gobierno del ajuste.

Vamos también con la consigna “guerra a la guerra”, donde el pueblo de Ucrania es víctima del expansionismo belicista de la Otan imperialista y la invasión criminal de Putin.

Vamos por una América Latina unida y socialista y vamos por una Ucrania libre, unida y socialista. Contra la descarga de la crisis mundial sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Vamos con el clasismo, con el movimiento piquetero independiente del gobierno y todas las luchas, junto al Frente de Izquierda Unidad que será el convocante.

Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero

19/4/2022

Libertad a los presos por luchar

Basta de criminalizar la protesta social

07/04/2022

El gobierno de Morales y su justicia acaban de encarcelar a Sebastián Copello, dirigente del Partido Obrero y a Juan Chorolque del MTR 12 de abril por participar en movilizaciones piqueteras por trabajo y asistencia a los desocupados.

Morales se ensaña con los piqueteros para quebrar su lucha. No quiere dar respuesta a los reclamos fundamentales de las y los trabajadores por salario, por trabajo genuino, por el acceso a la vivienda. 

Mientras la mayor parte de los salarios no llega a fin de mes, el movimiento piquetero gana las calles para duplicar el salario mínimo y por fuentes de trabajo. Mientras el hambre avanza en los barrios, las movilizaciones reclaman los alimentos tan necesarios para los merenderos y comedores. 

Esta lucha es fundamental para todo el pueblo. Porque tanto los gobernadores como Alberto Fernandez avanzan en aplicar la política de ajuste pactada con el Fondo Monetario que va a implicar la destrucción de puestos de trabajo y un nuevo ataque a salario y jubilaciones. 

Todos los días vemos el resultado de esta orientación con la inflación que se dispara, agrandando la pobreza. Es la misma política que fracasó con todos los gobiernos de las últimas décadas  y solo provocó crisis aún más graves.

Apuntan directamente contra el pueblo y por eso que quieren golpear a quienes luchan por los reclamos populares.  Es que lo que vale para los desocupados también vale para los docentes, estatales y todos los trabajadores.  ¿O no sufren todos los días la liquidación de los salarios, las condiciones de trabajo o la carencia de vivienda? Por eso es fundamental organizarse en cada lugar de trabajo y unificar la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados. Para esto, hay que superar las trabas de la burocracia sindical, que pacta con el gobierno mientras liquida los salarios. 

Abajo la persecución

La justicia jujeña actúa por cuenta y orden de Morales. Morales maneja a Jujuy como si fuera un feudo. Bastó un llamado en las sesiones a criminalizar la protesta piquetera para que el Juzgado Federal encarcelara a los compañeros. 

La prisión de Sebastian Copello y Juan Chorolque es un nuevo salto de la política represiva, luego del encarcelamiento de 7 compañeros en San Pedro, que fueron liberados luego de una gran movilización popular. 

Los compañeros detenidos denunciaron torturas y tratos inhumanos en las comisarías, mientras el gobierno militarizaba San Pedro atacando a sus familias.  

Morales utiliza contra los compañeros los mismo métodos anti democráticos que utilizó antes contra Milagro Salas. 

Contra esta política represiva, en todo el país, miles de compañeras y compañeros nos estamos movilizando por la libertad de Sebastián Copello y Juan Chorolque. Es una tarea fundamental del pueblo de Jujuy quebrar esta política represiva.

Te invitamos a sumarte a esta campaña para defender la libertad de organizarse y luchar, que es la libertad más importante porque es la que permite defender todo el resto de los derechos. 

 

Partido Obrero – Polo Obrero – en el FITU Jujuy. 

 

Repudio a los dichos de Larreta, Zabaleta, Berni y demás gobernantes

Declaración de la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras

06/04/2022

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta eligió a las madres más pobres como eje de sus ataques. Para desanimar la protesta social y para armar las condiciones para reprimirla, primero planteó que hay que sacar los planes a todos los que protestan para luego afirmar que “usan a los chicos, los ponen como escudos” y reclama que se le retiren los planes sociales, incluida la AUH, específicamente a las madres de los chicos pobres argumentando que ellas los llevan a los piquetes y no al colegio. 

Estas declaraciones son falsas de toda falsedad, y son un insulto especial para con las personas que participan de las  asambleas de lucha del movimiento de desocupados y precarizados y que organizan dedicadamente las guardias en los acampes garantizando que las madres, las que mayoritariamente asumen esta tarea, puedan enviar a sus hijxs al colegio y otras situaciones ya que entre las asambleas hay muchísimas personas con discapacidades y problemas que requieren esa organización. La mentira larretista está al servicio de un discurso de clase que busca enfrentar a la población que aún no cayó en la indigencia con las y los más pobres del país. 

Mediante esta declaración queremos reafirmar que no es el Estado el que fomenta el acceso a la educación de los chicos y menos aquel que está en mano de un gobierno que supo confesar que no iban a hacer nada para que lxs chicxs que salieron de la escolarización en pandemia, volvieran a los colegios, sino que son las mujeres más pobres las que se abren paso para darle a sus hijxs el acceso a la educación que los gobiernos les niegan. 

Por su parte el Ministro Juan Zabaleta que desde que asumió no ha dado ninguna respuesta, refuerza esta derechización macrista con epítetos que hablan de “extorsión” por parte de los sectores que le demandan. Clásico discurso de momentos de crisis con el que buscan invertir la carga de la prueba. Para la casta que gobierna para los intereses económicos poderosos, las protestas sociales son una amenaza a sus propios intereses. Por eso Milei, que representa firmemente a esa casta, impulsa esta campaña y todos lxs que gobiernan lo secundan.Buscan que la pobreza del 50% quede silenciada y en su hacinamiento hogareño. Lxs únicos extorsionados en esta historia son los sectores que, sometidos al hambre y la falta de trabajo, son acusados falsamente luego para evitar que protesten por eso. 

Estas declaraciones se producen mientras la inflación no se detiene y los índices de pobreza referidos al segundo semestre 2021 ya han sido superados ampliamente. Las cifras que muestran la tragedia social en curso no se quedan ahí. De las más de 5 millones de personas indigentes que hay en el país el 70% son mujeres a cargo de hogares empobrecidos. El 52% de niñxs empobrecidos ya es cosa del pasado y aún más han sido lanzados a la miseria más extrema. Como demuestran las cifras, ni la pobreza ni la indigencia dependen del nivel de empleo que tengamos ya que los empleos creados durante este tiempo son por ingresos por debajo de la línea de indigencia, como ocurre con el rubro de trabajadoras de casas particulares, la vestimenta y otros gremios mayoritariamente femeninos. 

Las mujeres piqueteras son la expresión de lucha contra estos ataques que ellas y sus hijos sufren cotidianamente. Pelearon junto a ellxs por la conectividad bajo pandemia, que los gobiernos de Larreta y el nacional les negó. Antes exigiendo refacciones de escuelas y creación de nuevas en barriadas en las que no hay colegios, demandando también la doble escolaridad ya que en la vida cotidiana, mientras las familias trabajan y changuean durante más horas que las que ofrece el sistema escolar, no tienen con quién dejar a lxs chicos, algo que impide también una adecuada inserción en el mercado laboral. 

Mucha atención  con esta campaña porque golpea en una línea muy sensible para las mujeres más pobres que no toleran, con justicia, ser señaladas como “malas madres” porque en la mayoría de los casos, lo dan todo por sus hijos teniendo que enfrentar la injusticia de un estado que las hambrea, las deja sin trabajo, sin vivienda y sin protección alguna frente a la violencia. En particular el autor del ataque es responsable de que la infraestructura de los colegios de la ciudad esté destruida, de que falten docentes, de que no se abran nuevas escuelas lo que provoca una falta de 30 mil vacantes en la ciudad y de tantas otras políticas que limitan el acceso a la educación. 

No confundamos, no les interesa la educación de nuestros pibes, lo único que les interesa es que no haya obstáculos en el camino de la defensa de intereses sociales ajenos a las mayorías populares. Son los gobiernos de la fuga de capitales, de las alianza con el estafador Cositorto, de las estafas con contrataciones del Estado a amigos empresarios. Son los gobiernos que consideran cuestión de honor pagar al FMI y para eso hambrean a las trabajadoras. Son también los que fomentan subsidios millonarios a sus amigos empresarios sin que estos deban rendir cuenta de nada y atacan a los pobres como si ellos fueran los que viven del estado, cuando la mayoría de los subsidios en este país se los llevan por lejos la minoría más rica y explotadora. 

Larreta (y Kiciloff, que se unió a esas declaraciones a través de su ministro facho que oficia de enlace con las políticas más reaccionarias) teme perder su base electoral a manos de los Milei y avanza para armar las condiciones políticas para reprimir. Se vale para eso de corifeos que desde cómodos medios de comunicación hablan sobre en qué lugar y cómo debieran protestar los demás, colaborando así con los gobiernos para que la carga de la responsabilidad sobre las medidas de lucha caiga sobre los que deben salir a protestar y no sobre los gobiernos que atacan a los sectores populares y con ello los impulsan a salir a luchar. 

Mientras estas campañas reaccionarias contra las madres empobrecidas se suceden, mujeres que ocupan puestos de poder en el Estado hacen silencio y acompañan así los ataques hacia los sectores que decían venir a defender poniendo otra vez en evidencia la estafa del uso de nuestra lucha para crear organismos estatales que responden a intereses ajenos a los nuestros.

Llamamos a toda la militancia feminista y de todo el movimiento de mujeres  a desplegar una fuerte campaña contra esta orientación que busca silenciar a lxs que luchan con represión.

Digamos basta!!! Con la mujeres más empobrecidas no!!! Larreta, Zabaleta y demás gobernantes, no permitiremos que avancen. Lo que afecta a los trabajadores no son las protestas de los más pobres, son sus políticas ajustadoras, sus salarios mínimos por debajo de la línea de indigencia y sus permanentes beneficios a los fugadores y a los especuladores.

Plenario de Trabajadoras

 

Apoyemos a los trabajadores desocupados por todos sus reclamos

Viva el acampe piquetero

30/03/2022

El acampe piquetero que se está desarrollando en la 9 de Julio y en cientos de ciudades y pueblos todo el país tiene una importancia para todos los trabajadores y los sectores populares. Los trabajadores desocupados se están movilizando en reclamo de reivindicaciones muy concretas: por trabajo genuino, por la duplicación de los ingresos que perciben, por la apertura y universalización de los programas sociales, por la asistencia integral a los comedores populares. Y también por el aumento del salario mínimo, que está hoy en 33.000 pesos y el gobierno pretende llevar a 47.800 a fin de año. Menos de la mitad de la canasta básica, cuando la inflación arrecia.

Se trata, en definitiva, de un reclamo contra la política de ajuste del Gobierno y el FMI. En un cuadro de crecimiento inflacionario y desorganización económica, el Gobierno ha decidido ajustar sobre el sector más postergado de la sociedad, recortándole el acceso a un ingreso de emergencia, para así juntar recursos para pagar la deuda externa. Quebrar esta política, abrirá paso a luchas en todos los sectores populares y por todas las demandas del movimiento obrero.

Los piqueteros se valen, naturalmente, del acampe y el piquete. Son los métodos históricos que tiene la clase obrera para hacerse escuchar. Previamente, recurrieron a otras instancias de lucha, que fueron desoídas, unas tras otras, por parte del gobierno. El ministro Zabaleta  llegó a señalar que las protestas se tratan de una extorsión. Pero es un recurso último para garantizarse el derecho más elemental a comer y a trabajar. Los movimientos antipiquete promovidos por los «libertarios» no pasarán la prueba de los hechos porque los piquetes son de carácter popular y masivo.

Es importante señalar que estos reclamos no son apoyados por la CGT, ni por las CTA. Son burocracias que están aliadas con el gobierno y han desatendido los reclamos. Así como son cómplices de cada entrega del salario, abandonan el reclamo por trabajo genuino de los desocupados. Tampoco apoyan la lucha piqutera las organizaciones oficialistas del “triunvirato de San Cayetano” (como la UTEP). Es cada vez más frecuente que compañeros/as abandonen esas organizaciones y se sumen al movimiento piquetero que lucha.

En contraposición, el acampe es apoyado por los sindicatos y seccionales recuperados por el clasismo, que se agrupan en el Plenario del Sindicalismo Combativo: el SUTNA, la AGD, Suteba La Matanza y Ensenada, Unión Ferroviaria de Oeste, entre otros. Es fundamental la unidad de trabajadores ocupados y desocupados para enfrentar juntos la política de hambre del gobierno y el Fondo Monetario.

Para que la crisis la paguen los capitalistas, convocamos a apoyar con todo el acampe piquetero por el triunfo de sus reivindicaciones.

https://prensaobrera.com/politicas/la-unidad-piquetera-convoca-a-un-acampe-por-48hs

Foto: Gentileza de Nicolás Parodi.

“Guerra a la guerra”. Fuera la OTAN y el FMI. Fuera Putin de Ucrania.

El Partido Obrero condena la guerra desatada con la invasión criminal de Rusia en territorio ucraniano. Todos los indicios de la última semana señalan que marchamos a un agravamiento de la guerra.

28/03/2022

El viaje de Biden a Europa forma parte de los planes de la Casa Blanca por redoblar la apuesta, aumentar el despliegue militar en la región, acentuar las hostilidades y las represalias y avanzar en una escalada de mayor alcance contra Rusia y, de un modo más general, en los objetivos estratégicos del imperialismo. Esta decisión de Washington se alimenta en la evidencia del empantanamiento en que se encuentra el operativo bélico de las fuerzas rusas.

Están a la vista las atrocidades que viene llevando adelante el ejército ruso. A Putin no le tiemblan las manos en estos ataques despiadados, como lo ha probado la carnicería contra el pueblo checheno o, más recientemente, en su intervención contra la rebelión en Kazajistán. La incursión militar de Putin pretende someter a Ucrania en función de los intereses y apetitos de la su propia camarilla y la nueva burguesía oligárquica restauracionista rusa, en su pulseada con Occidente. Putin concibe al este ucraniano como una pieza de ajedrez geopolítica y prenda de negociación con Occidente, no como parte de un combate de los pueblos del mundo contra el imperialismo.

La invasión rusa debe ser repudiada pero planteando, al mismo tiempo, una condena sin vacilaciones a la Otan. El agravamiento y prolongación de la guerra ucraniana que se vislumbra terminará de sacarle la careta al imperialismo y echar luz frente a la opinión pública ucraniana y mundial de la hipocresía de las principales metrópolis capitalistas que les interesa un bledo la suerte del pueblo ucraniano que viene siendo utilizado como carne de cañón -al igual que el resto de los pueblos de Europa del Este- para un avance económico, diplomático y militar imperialista en la región, que ha ido de la mano de la expansión de la OTAN. Zelensky viene utilizando el sentimiento de defensa nacional que despierta la agresión militar rusa en el pueblo ucraniano para reforzar este alineamiento con las potencias occidentales, o sea, una manipulación política de la población de carácter proimperialista. 

Estamos frente a un conflicto que se desarrolla hace años y que tiene como primer y gran responsable al imperialismo. 

Ucrania ha sido convertida en una colonia de los imperialismos yanqui y europeo, del FMI y de la Otan. Tiene una deuda de 12.000 millones de dólares con el FMI y es víctima de un feroz ajuste que la ha convertido en la nación más pobre de Europa. Esta acción se inscribe en la penetración y colonización más general de Europa del este y apunta, como objetivo último, contra Rusia, a la cual ha ido cercando militarmente. 

Entre tanto, la guerra de Ucrania ha provocado un salto en la crisis capitalista mundial. Para el trabajador argentino este problema es de sumo interés porque las medidas económicas de boicot a la producción y el comercio con Rusia vienen dislocando el mercado mundial y han producido una estampida de precios en los combustibles y alimentos, en primer lugar. Pueblos enteros en Asia y África están siendo condenados al hambre. Tampoco escapan a sus efectos los países desarrollados cuya población está sufriendo un enorme golpe a sus bolsillos en los servicios de gas, electricidad y en la nafta. Y en Argentina, se potenciarán los tarifazos y una supercarestía en los alimentos, que quieren que afrontemos con salarios devaluados y mayoría de trabajadores precarizados y/o desocupados. Sobre la súperinflación bajo la cual vivimos y con el plan de ajuste que el gobierno pactó con el FMI, viene encima la repercusión económico-social de esta guerra.

Pero no todos pierden con la guerra en la sociedad capitalista: los monopolios armamentistas, los pulpos petroleros y los capitalistas agrarios que quieren cobrar íntegros los siderales precios internacionales, se están forrando de guita como nunca. A pesar de que el costo de la producción nacional es sensiblemente inferior al internacional, quieren que paguemos esos precios de expropiación del bolsillo de los trabajadores. 

El gobierno de Fernández se ha colocado del lado de la Otan. Y aplicará nuevos ajustes que se sumen a los que está ejecutando por el pacto con el FMI. 

El gobierno que pacta con el FMI para descargar la crisis sobre nuestro pueblo no puede denunciar el plan de ajuste que ese mismo FMI aplica sobre el pueblo ucraniano.

A un mes de iniciada la guerra en Ucrania, crecen las víctimas y tres millones de evacuados y refugiados han debido abandonar sus hogares para salvar sus vidas. La guerra amenaza con extenderse por Europa y hasta ser la base de una guerra mundial. 

 “Guerra a la guerra”. Fuera la Otan y el FMI de Ucrania y el este de Europa. Abajo la burocracia restauracionista de Putin. Fuera las tropas rusas y los bombardeos a Ucrania. Por la unidad de los pueblos de Rusia y Ucrania. La única salida antiimperialista y en favor de la autodeterminación de Ucrania es la que pueden dar los trabajadores mediante una Ucrania unida y socialista, en hermandad con los trabajadores rusos, por una federación socialista como la que instauró la revolución de octubre de 1917. 

El enemigo está en nuestros propios países: son las clases dominantes que nos llevan a la guerra y la barbarie. La salida de la humanidad está en manos de los trabajadores. Por gobiernos de trabajadores y el socialismo que apunte a una reorganización social del planeta sobre nuevas bases sociales 

Por aumento de salarios, jubilaciones y planes de desocupados indexados al costo de vida. No al hambre. No al pago de la deuda.

Unamos nuestra lucha a la de los trabajadores del mundo contra la guerra y la explotación.

Convocan a una movilización al Congreso el día que se trate el pacto con el FMI

25/02/2022

El amplio espacio de cientos de organizaciones sociales, de izquierda, piqueteras, del sindicalismo combativo, de mujeres, estudiantiles, ambientales, de derechos humanos, que ya convocó a dos importantes movilizaciones contra el pacto con el FMI resolvió convocar a «una multitudinaria concentración en las afueras del Congreso Nacional y en todo el país para repudiar el pacto con el FMI el día que se trate en la Cámara de Diputados. Convocamos al pueblo trabajador a movilizarse ese día masivamente contra este pacto que empeorará aún más la vida del pueblo y profundizará el atraso y la dependencia de la Argentina. Reclamamos que las centrales de trabajadores rompan su integración con el gobierno y convoquen a un paro activo nacional para ese día, como parte de un plan de lucha para derrotar el pacto y al ajuste que nos quieren imponer el gobierno con el aval de la oposición de derecha. Convocamos a quienes rechacen el acuerdo entreguista a movilizarnos en unidad de acción».

¡No al pacto del gobierno con el FMI! ¡Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo! Libertad a los presos políticos. ¡No al pago de la deuda externa! ¡Las estafas no se pagan! ¡No a la impunidad de los responsables y la entrega de soberanía!

Primeras firmas:

APEL, CADHU, CAJ, CEPRODH, CORREPI, Encuentro Militante Cachito Fukman, SERPAJ, Ademys, Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Suteba Tigre, Suteba Ensenada, Suteba Matanza, Suteba Gral Madariaga, SITRAREPA, JI ATE Ministerio de Economía, JI ATE INTI, JI ATE Hospital Garraham, JI ATE Senasa, Comisión Interna Morvillo, Comisión Interna Apuba Facultad de Ciencias Sociales, PSC (Plenario del Sindicalismo Combativo), Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (ANCLA), Coordinadora Sindical Clasista (CSC), Corriente Sindical 18 de Diciembre, Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), Corriente político Sindical 1ero de Mayo, Corriente Político-Sindical Rompiendo Cadenas, Movimiento Nacional Ferroviario, Centro de estudiantes de Historia UNLU, Centro de estudiantes de Geografía UNLU, Centro de Estudiantes Terciario del IES Juan B justo, Centro de Estudiantes de Veterinaria (UBA), Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica (UBA), Centro de Estudiantes Ciencia y Tecnología (UNSAM), Centro de Estudiantes del IFDS 39 de Vicente López, Centro de Estudiantes IFDS número 9, Centro de Estudiantes del ISEF N1 Romero Brest, Centro de Estudiantes Terciario del Lenguas Vivas JRF, Centro de Estudiantes del IFDS 113, Coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, Red Ecosocialista, Ambiente en Lucha, Acción Ecológica Anticapitalista, Tribuna ambiental, Vecinos autoconvocados contra la contaminación de Klaukol en Virrey del Pino, Asamblea Permanente de Guernica por Vivienda y Trabajo, Asamblea Permanente por vivienda y trabajo genuino Tigre/San Fernando, Asamblea Permanente de Desocupadxs de Noroeste, Barrios de Pie, Frente de Organizaciones en Lucha FOL, MST Teresa Vive, MTR 12 de abril, Polo Obrero, MTL Rebelde, Red de Trabajadores Desocupados, Informales y Precarizadxs, Isadora, Juntas y a la izquierda, Mumala, Las Rojas, Pan y Rosas, Plenario de Trabajadoras, Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, Coordinadora por el Cambio Social (FOL Frente de Organizaciones en Lucha / FPDS Corriente Plurinacional / MULCS / ILS / Igualdad Social / FOB Autónoma / FAR y COPA en Marabunta / OLP Resistir y Luchar), Corriente Social y Política Marabunta, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (P.O.), Izquierda Socialista (IS), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, Nuevo Movimiento al Socialismo (NMAS), Opinión Socialista, PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), PRC (Partido por la Revolución y el Comunismo), MTR (VL), Federación Juvenil Comunista y Partido Comunista (CABA y Morón), Democracia Socialista, Rebelión Popular, Hilo Rojo Colectivx militante, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), MTD Aníbal Verón, PRML, Marabunta – Ya Basta!, Agrupación Estudiantil En Clave Roja, Juventud Socialista del MST, Unión de Juventudes por el Socialismo, Juventud de Izquierda Socialista, CAUCE Corriente Educativa Nacional

“Guerra a la guerra”. Fuera la OTAN y el FMI. Abajo la burocracia restauracionista de Putin

Declaración del Comité Ejecutivo del Partido Obrero

24/02/2022

1. El Partido Obrero condena la guerra que ha pegado un salto con la incursión de Rusia en territorio ucraniano. La carne de cañón de esta guerra son y serán los trabajadores de Ucrania, Rusia y los trabajadores del mundo entero. Estamos frente a un nuevo capítulo de un conflicto que tiene como primer y gran responsable al imperialismo. Ucrania ha sido convertida en una colonia de las metrópolis occidentales, en primer lugar, de Estados Unidos. El país viene siendo objeto de una colonización y saqueo económico por parte del gran capital internacional. Ucrania tiene una deuda de 10.000 millones de dólares con el FMI y viene siendo víctima de un feroz ajuste en el marco de los acuerdos pactados con los organismos multilaterales de crédito. Ucrania, en definitiva, ha pasado a ser tierra arrasada, convirtiéndose en la nación más pobre de Europa.

2. El desembarco y penetración económica de las principales potencias capitalistas en Ucrania y en general, en el este europeo ha ido de la mano del avance militar y la anexión a la Otan de los países de la región. Esta escalada no solo tiene como propósito afianzar su dominio en ese espacio geográfico sino que es un tiro por elevación contra Rusia, que enfrenta un verdadero cerco militar que rodea su frontera occidental. El objetivo último del imperialismo es completar la colonización del exespacio soviético con la penetración de los monopolios, y la subordinación económica y política al imperialismo avanzando en un desmembramiento de Rusia, como ocurrió en Yugoslavia.

3. La incursión militar de Rusia no responde a un interés popular ni a una causa de emancipación nacional y social de los trabajadores -ni siquiera a las genuinas aspiraciones autonomistas de los trabajadores del este ucraniano-, sino a los intereses y apetitos de la camarilla y oligarquía restauracionista rusa, en su pulseada con Occidente. Putin concibe al este ucraniano como una pieza de ajedrez geopolítica y prenda de negociación con Occidente, no como parte de un combate de los pueblos del mundo contra el imperialismo. Prueba de ello es la política que el Kremlin viene llevando de desigualdad social en su territorio y opresión nacional con las naciones que aún permanecen bajo la órbita de Moscú.

4. La política putiniana está en las antípodas de la sostenida en la revolución de Octubre, basada en el respeto de la autodeterminación de los pueblos de la región y su asociación en una federación común que dio lugar al nacimiento de la Unión Soviética. El bolchevismo ha sido el único defensor del derecho a la autodeterminación de Ucrania y los países del Este que luego fue pisoteado tanto por las potencias capitalistas como por el estalinismo y finalmente por la burocracia restauracionista que hoy está al frente de Rusia. Putin viene de criticar severamente a los bolcheviques a quienes los responsabilizó por una política de entrega territorial que debilitó a Rusia. Eso es mirar con los lentes del imperio zarista y no con los del avance de la causa de los trabajadores del mundo.

5. La guerra en Ucrania instala un escenario bélico en forma directa en Europa y, por su contenido, tiene un alcance internacional. Una guerra que involucre nada menos que a la Otan y Rusia desmiente, una vez más, a los apologistas de la globalización y la supuesta superación de los antagonismos nacionales. Al revés, la crisis capitalista mundial conduce a un recrudecimiento de los mismos y somete a los pueblos a la pesadilla de los choques y confrontaciones bélicos. Y, de la mano de ello, a penurias sociales y económicas, que ya se están haciendo sentir. Junto al derrumbe de bolsas y los temblores de la economía mundial, estamos asistiendo a un aumento de los precios del petróleo y los commodities que impactan directamente en el bolsillo popular.

6. Dejando de lado las vacilaciones iniciales, el gobierno argentino ha decidido sumarse al campo de los EE.UU. y la Otan. Así debe interpretarse su comunicado donde le pide a Rusia que cese las acciones militares, pero nada dice del avance de la Otan en la región y la colonización que el imperialismo ha llevado adelante sobre Ucrania. El gobierno que pacta con el FMI para descargar la crisis sobre nuestro pueblo no puede denunciar el plan de ajuste que ese mismo FMI aplicó sobre el pueblo ucraniano en los últimos años, transformándolo en uno de los más pobres de toda Europa. Al adoptar esta posición el Frente de Todos coincide con Juntos por el Cambio, algo que no debiera llamar la atención ya que ambas fuerzas se han comprometido a votar el acuerdo con el FMI en el Congreso Nacional.

7. La consigna del momento es “guerra a la guerra”. Fuera la Otan y el FMI. Abajo la burocracia restauracionista de Putin. Cese de los bombardeos e incursión militar de Moscú. Por la unidad de los pueblos de Rusia y Ucrania. Unidad internacional de los trabajadores. El enemigo está en nuestros propios países. En oposición a la política de sometimiento de la Otan y el imperialismo, por un lado, y del Kremlin, por el otro, planteamos la unión de los explotados del este y oeste en una Ucrania independiente, unida y socialista.

Comité Ejecutivo del Partido Obrero

Documento de la movilización a Plaza de Mayo contra el pacto con el FMI

07/02/2022

¡No al pacto del gobierno con el FMI!

¡Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo!

¡No al pago de la deuda externa!

¡Las estafas no se pagan!

¡No a la impunidad de los responsables y la entrega de soberanía!

El gobierno del Frente de Todos acordó con el FMI un nuevo pacto que significa más dependencia, más extractivismo y más pobreza para nuestro país. Ratificó su decisión de pagar la deuda ilegítima del Gobierno de Macri –a pesar de que en campaña planteaban que era ilegal y denunciaron en la Oficina Anticorrupción con una investigación del propio Banco Central-, junto con el reconocimiento y pago del conjunto de la “deuda” contraída y defendida por todos los gobiernos, desde la dictadura militar a esta parte.

El gobierno de los Fernández ha continuado el camino de ajuste, saqueo y subordinación al FMI que se prolongará durante años, para organizar toda la economía nacional en función de pagar una deuda odiosa, a pesar de la dura situación de pobreza de más del 40% de la población. Es una verdadera estafa contra el pueblo, que legitima el monumental fraude realizado por el gobierno de Macri y el mecanismo de esquilmación de los recursos nacionales que implica el pago de la deuda. Con el anuncio de este pacto de sumisión y entrega, el imperialismo yanqui con Biden y los fondos buitres mostraron su beneplácito, incluso Lula y gobiernos de la región dieron su apoyo. También salieron a festejar “los mercados” y grandes empresarios argentinos, como los nucleados en la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA. Hasta Juntos por el Cambio, responsables políticos de esta estafa, lo calificó de “positivo”. La burocracia de la CGT, en vez de defender a las y los trabajadores que serán los principales afectados de este nuevo acuerdo, se pronunció en defensa de esta nueva entrega y reafirmó que solo defiende al Gobierno.

El acuerdo con el FMI, más allá de cómo lo quiera disfrazar el gobierno -todavía falta conocer la “letra chica” que puede traer nuevas “sorpresas” que empeoren lo conocido- ya significa una enorme hipoteca, que traerá más ajuste y alineamiento político y económico con el imperialismo y el gran capital internacional. Distintos informes e investigaciones dan cuenta que se trata de una deuda ilegal e ilegítima que violó los propios estatutos del FMI y que esos fondos fueron para pagar reclamos a los especuladores y para financiar la fuga de capitales de grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Unión, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras.

Existe una enorme presión del empresariado local y extranjero para que se lleve adelante el acuerdo con el FMI y de ese modo sigan entrando dólares para la puerta giratoria y así seguir endeudando al país y haciendo sus negocios. El banco Central después de 4 años de silencio acaba de anunciar que la deuda privada externa ronda los 80,000 millones de dólares. En el caso de que siga volando por los aires los índices de riesgo país y se corte el financiamiento externo ese déficit puede acelerar la tormenta de crisis estructural de este sector verdaderamente parasitario. Por solo dar dos ejemplos, Vicentín que debe más de un millón y medio de dólares o varias de las empresas de Eduardo Elsztain que juntas rondan los 700 millones de dólares en déficit. Muchos de estos sectores operan como monopolios y son responsables de aumentar los precios a su antojo para para descargar su propia crisis sobre las espaldas y bolsillos del pueblo trabajador.

Con este acuerdo el gobierno de Alberto y Cristina Fernández se dispone a tomar nueva deuda para cumplir con los vencimientos de la deuda precedente, que será desembolsada durante los próximos dos años y medio, previa conformidad de las revisiones trimestrales de los enviados del Fondo Monetario.

La nueva deuda que toma el Frente de Todos ahora se empezará a pagar en 2026 y compromete al país a devolverla en 12 años, ¡hasta el 2034! Con esta hipoteca, la entrega de la “refinanciación” estará condicionada por “revisiones” trimestrales del FMI. Es decir, si Argentina no cumple las condiciones como la reducción del déficit fiscal primario, entre otras, no se entrega la cuota del préstamo. El Estado está obligado a abrir las cuentas públicas al FMI y que este verifique en forma permanente el avance de las devaluaciones, el aumento de tarifas o el recorte de partidas presupuestarias para jubilaciones, educación, salud, etcétera. Queda así a “consideración” del FMI entregar o no los recursos en cada fecha de vencimiento para imponer nuevos condicionamientos al país. Será un co-gobierno con el FMI. Los gobiernos “nacionales” administrarán los lineamientos que imponga el Fondo. Es una verdadera pérdida de soberanía del país.

Lo que en las revisiones trimestrales llaman “sendero fiscal” implica ajuste para el pueblo trabajador y orientar el conjunto de la economía a conseguir los dólares para pagarle al FMI y a los prestamistas privados a costa de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implica bajar los gastos del Estado, y la experiencia nos dice que implica recortes en jubilaciones, salarios estatales, gasto social, presupuesto para educación, salud, o en nuevos tarifazos, cuestión que el FMI ya anunció que este es una de sus exigencias. A través de su comunicado y en declaraciones de sus directores, ya han hecho saber que el Gobierno argentino se comprometió a reducir significativamente los subsidios destinados a la energía, lo que inevitablemente derivará en aumentos significativo de las tarifas, echando más combustible al proceso inflacionario. Esto luego de todo el ajuste de los últimos años.

Para tomar dimensión de lo que implica, el recorte de 0,8 % adicional del PBI que impuso el FMI para el 2022 compromete alrededor de $ 481 mil millones. Esa cifra es el equivalente a cuatro meses de pagos del haber mínimo jubilatorio a 4 millones de jubiladas y jubilados mayores. El FMI exige “reducir la brecha cambiaria”, que no es otra cosa que aumentar el dólar oficial, es decir, un mayor ritmo de devaluación del peso. Aunque se haga de forma gradual, si sube el dólar aumentará la inflación por las características dependientes de la economía argentina. Es una vía de ataque al bolsillo de la clase trabajadora, que seguirá perdiendo poder adquisitivo mientras seguirán aumentando sus ganancias los capitalistas ligados a la exportación (el agro, petróleo, mega minería, entre otros), los mismos que nos saquean y destruyen el ambiente. Para completar el cuadro, las “tasas de interés reales positivas”, es decir, mayores a la inflación implican encarecer el crédito productivo y al consumo (costará más caro comprar, por ejemplo, una heladera o un televisor en cuotas).

El “acuerdo” va a condicionar toda la economía en contra de los intereses de los pueblos de nuestro país y de la naturaleza. Como quedó claro cuando se aprobó el llamado “consenso fiscal” en el Congreso, el pacto con el FMI traerá aparejado nuevos impuestazos que recaerán sobre las espaldas de la población trabajadora, dada la estructura impositiva regresiva que tiene nuestro país, impuesta por los dueños del poder económico. Lo mismo pasa con las leyes que se apresta a votar el Congreso en beneficio de las petroleras en la cordillera y en el mar, en beneficio del agronegocio responsable de los desmontes y agrotóxicos, y en beneficio de las automotrices. El Proyecto de Ley de Electromovilidad podría ser la puerta que se abre para convertir a territorios en nuevas zonas de sacrificio por la fiebre del litio, el llamado oro blanco. Estas leyes son parte de una estrategia, un plan de gobierno que saquea la naturaleza para el beneficio de multinacionales y el pago de la deuda. Otro ejemplo de ello es el ecocida proyecto de instalación de petroleras frente a las costas bonaerenses, donde el pueblo está saliendo a las calles para frenarlo. Al anunciar el acuerdo, el presidente Fernández habló nuevamente de “crecer para pagar”. La traducción es clara: profundización del modelo extractivista (que en Chubut fue derrotado con la movilización obrera y popular en contra de la megaminería) y superexplotación de lxs trabajadorxs con más precarización laboral. ¡El agua y los territorios no se venden, se defienden!

El crecimiento de la deuda a niveles del 80% del PBI anual del país es el resultado de la política seguida por todos los gobiernos, desde 1983 a la fecha, que comenzó con el reconocimiento de la deuda tomada por la dictadura y la nacionalización de la deuda de las grandes empresas.

El pago de la deuda está en la base del saqueo financiero, económico y extractivista, y es un recurso de ajuste contra la clase trabajadora, las y los jubiladxs, y el gasto social del Estado. El gobierno del Frente de Todos desde que asumió viene haciendo un fuerte ajuste en las jubilaciones con el cambio de movilidad llevando la jubilación mínima al valor de la canasta de indigencia, en los salarios y jubilaciones. Sólo de estas últimas, gracias a la reforma impulsada por el FdT, se recortaron en 2021 160.000 millones de pesos. La consolidación del ajuste económico recaerá aún más sobre las mujeres, en especial en los sectores populares, que llevan la carga de las tareas domésticas y de cuidado. La pobreza será mayor, y aún más para las mujeres y disidencias. Las restricciones al gasto limitarán aún más las necesarias políticas de cuidado, feministas, contra la violencia machista y por una Educación Sexual Integral. El peso de la deuda acentuará la opresión de las mujeres y disidencias.

Al perpetuar esta hipoteca sobre el conjunto de la economía nacional tendremos con seguridad nuevas crisis de deuda en el corto plazo, que desmentirán los discursos embellecidos de los voceros oficiales.

La profundización de la histórica caída de las jubilaciones y los salarios en su conjunto y de los empleados públicos en particular no fue obra de la pandemia, sino una decisión política de este gobierno, avalado por las direcciones burocráticas de los sindicatos para cumplir con las exigencias del FMI. El apoyo explícito dado por la CGT al pacto con el FMI anuncia que se vendrán nuevas traiciones y entregadas. Lo mismo que un salario mínimo de indigencia, aprobado por el conjunto de las alas de la burocracia sindical. Desde esta tribuna exigimos la ruptura de todas las organizaciones sindicales y obreras con cualquier acuerdo con el FMI y el lanzamiento de un plan de lucha contra este pacto entreguista.

Por la gravedad de las medidas que implica, el anuncio desató una crisis, con la renuncia Máximo Kirchner a la Jefatura del bloque del Frente de Todos (sin retirarse del mismo) y los choques abiertos al interior de Juntos por el Cambio, que, aunque siempre estuvo por el acuerdo, pone condiciones a su aprobación parlamentaria. Sin embargo, ningún sector plantea la ruptura con el Fondo y el desconocimiento de esta ilegítima deuda. La crisis de estos bloques políticos es una expresión de incapacidad de la burguesía nacional para dale una salida a la crisis nacional.

El acuerdo significa consagrar la impunidad de los responsables nacionales e internacionales de esta deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta y odiosa, y de sus beneficiarios: los funcionarios del gobierno de Macri y del Fondo, las grandes empresas que usaron esos millones para la fuga de capitales hacia sus casas matrices desde la dictadura hasta la actualidad. Basta de impunidad. Castigo a los responsables de la miseria económica de nuestro pueblo trabajador.

Para implementar este plan de ajuste y saqueo, los de arriba necesitan contener, desviar y derrotar la resistencia popular, y han recurrido a la represión en repetidas ocasiones. Por esa razón resulta fundamental enfrentar los ataques y las persecuciones, para lo cual reclamamos en especial la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz y rechazamos el fallo persecutorio del Juez Javier Feliciano Ríos. Reclamamos el desprocesamiento y la libertad de Sebastián Romero y la libertad de Facundo Molares, hoy detenido en Ezeiza, quién está requerido por la justicia del estado fascista colombiano. Libertad y cese de la persecución a Guillermo Galantini. Por el desprocesamiento de todas las luchadoras y luchadores populares.

Mientras tanto los ultraderechistas de Milei y Espert, que habían planteado que había que acordar con el Fondo, reclaman un ajuste aún más duro contra nuestro pueblo.

Por todo esto, llamamos a rechazar y a enfrentar el pacto del gobierno con el FMI. Decimos claramente que hay otro camino como venimos reclamando: no hay que pagar la deuda externa ilegítima y odiosa, hay que desconocer el acuerdo Macri-FMI como todos los acuerdos usureros y fraudulentos de los distintos gobiernos que vienen sometiendo a la clase trabajadora, a todos los pueblos de la Argentina y a la naturaleza, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud, educación, la ciencia y el cuidado ambiental.

Ni un dólar más al FMI, los bonistas y los fondos buitres. Llamamos al pueblo trabajador y a todas sus organizaciones a rechazar este pacto que reproduce la pobreza y la dependencia. La única deuda a pagar es con el pueblo trabajador. Junto a este planteo señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores.

En ese sentido llamamos a continuar la movilización, la lucha para derrotar este pacto de ajuste. El 11 de diciembre fue un gran hito en este camino. Esta jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socio ambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI, colmó la Plaza de Mayo y demás plazas del país, levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora como el que señalamos anteriormente. Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida popular, y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, los grandes empresarios, los banqueros y terratenientes.

Distintos sectores populares venimos realizando movilizaciones y reclamos contra la deuda. Hay que unir a todos los sectores de nuestro pueblo que rechacen este nuevo acuerdo con el FMI, para ser millones en las calles, con amplitud y con firmeza, para luchar contra su aprobación y derrotarlo. Llamamos a las organizaciones obreras y populares a enfrentar y derrotar en las calles el pacto del gobierno con el FMI. Tenemos una cita de honor y tenemos que prepararnos para que cuando intenten votarlo se sienta el repudio masivo y popular.

Este martes 8 de febrero ganamos nuevamente las calles nuevamente, movilizamos hacia Plaza de Mayo y en numerosas ciudades de todo el país, para afirmar que ¡No es No!

Las estafas no se pagan.

La deuda es con el pueblo trabajador y con la naturaleza.

APEL, CADHU, CEPRODH, Encuentro Militante Cachito Fukman, Ademys, SITRAREPA, FETERA, Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Asociación Gremial Interdisciplinaria, AMSAFE Rosario, Hospital Moyano (AGIHM), Cuerpo de delegados y CD del SOEAIL, CTA Autónoma de Gral Rodríguez, CD ATE Almirante Brown – Presidente Perón, ATE Sur Lomas de Zamora, CTA Autónoma de Lomas de Zamora, Suteba Ensenada, Suteba Matanza, Suteba Gral Madariaga, STMVL (Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López), JI ATE Hospital Garraham, JI ATE INDEC, JI ATE INTI, Comisión Interna Morvillo, Comisión Interna Lustramax, Comisión Interna Hospital Italiano, Comisión Interna de GPS, Comisión Interna Apuba Facultad de Ciencias Sociales, Madygraf bajo gestión obrera, PSC (Plenario del Sindicalismo Combativo), Trabajadores del Banco de Desarrollo de Jujuy en lucha contra los despidos, Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto, Luz y Fuerza La Pampa, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (ANCLA), Coordinadora Sindical Clasista (CSC), Corriente Sindical 18 de Diciembre, Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), Corriente político Sindical 1ero de Mayo, Corriente Sindical Jorge Weisz, Agrupación Víctor Choque de ATE, Centro de estudiantes de Historia UNLU, Centro de estudiantes de Geografía UNLU, Centro de Estudiantes Terciario del IES Juan B justo, Centro de Estudiantes de Veterinaria (UBA), Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica (UBA), Centro de Estudiantes Ciencia y Tecnología (UNSAM), Centro de Estudiantes del IFDS 39 de Vicente López, Centro de Estudiantes IFDS número 9, Centro de Estudiantes del ISEF N1 Romero Brest, Centro de Estudiantes Terciario del Lenguas Vivas JRF, Centro de Estudiantes del IFDS 113, Centro de Estudiantes IFDS 103, Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, Juventud ambientalista, Red Ecosocialista, Ambiente en Lucha, Tribuna ambiental, Vecinos autoconvocados contra la contaminación de Klaukol en Virrey del Pino, Asamblea Permanente de Guernica por Vivienda y Trabajo, Asamblea Permanente por vivienda y trabajo genuino Tigre/San Fernando, Asamblea Permanente de Desocupadxs de Noroeste, Asamblea Todo Fuego es Político (Campana), Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, EDI (Economistas de Izquierda), Barrios de Pie, Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re., Armando Conciencias, O.T.L.), ESPERANZA Revolucionaria y Socialista, Frente de Trabajadores (Coordinadora Clasista Anticapitalista), Frente de Organizaciones en Lucha, Frente de la Resistencia, Fdu, Mdt, MST Teresa Vive, MTR 12 de abril, MTR histórico, Movimiento 8 de octubre Quitilipi Chaco, Polo Obrero, Red de Trabajadores Desocupados, Informales y Precarizadxs, Rebeldía, William Cooke, Arte en Resistencia Cultural de Neuquén y el Alto Valle, Biblioteca popular Eduardo Martedi, Editorial Marat, Hilo Rojo Colectivx Militante, Locomoción Tv, Partido de los Poetas, Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia, Defensorías de géneros zona sur, Isadora, Juntas y a la izquierda, Mumala, Las Rojas, Pan y Rosas, Plenario de Trabajadoras, Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, Convergencia Socialista, Convocatoria segunda independencia, Coordinadora por el Cambio Social (FOL Frente de Organizaciones en Lucha / FPDS Corriente Plurinacional / MULCS / ILS / Movimiento 8 de Abril / Igualdad Social / FOB Autónoma / FAR y COPA en Marabunta / OLP Resistir y Luchar), Corriente Social y Política Marabunta, Corriente Política de Izquierda, Emancipación Sur, FAR, Fogoneros ONLyS, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (P.O.), Izquierda Socialista (IS), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, Nuevo Movimiento al Socialismo (NMAS), Movimiento de los Pueblos: por un socialismo feminista desde abajo, Opinión Socialista, Partido Comunista de los Trabajadores, Partido Socialismo y Libertad, PRSA, Partido Marxista Libertario, PL- Partido de la Liberación, PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), Rebelión Popular, Tendencia guevarista, Tendencia Marxista Revolucionaria, Venceremos-Partido de Trabajadorxs. PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), MTL-Rebelde, PRC (Partido por la Revolución y el Socialismo), MTR (VL), Votamos Luchar, Federación Juvenil Comunista y Partido Comunista (CABA y Morón), FOL (Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, MRP, MTR Por la democracia directa, FOB (Frente de Organizaciones de Base-La Libertaria), La Chile, Desde el Pie (La Pampa), ATTAC-CADTM (Comité por la absolución de las deudas del Tercer Mundo, Argentina), Emancipación Sur, FPDS (Frente Popular Darío Santillán), Colectivo Reagrupando, PPC (Partido por el Comunismo), Frente de Trabajadores por el Socialismo (FTS), PRML, Juventud Revolucionaria Che, CUBA-MTR, ILPS Argentina, TUN 29 de Mayo, Organización 17 de Noviembre (M.D.L-Mujeres en Lucha, HIJAS La Plata-Ensenada, Resistencia Popular, Movimiento Ana María Villarreal, Mov 19 y 20 de diciembre, Mov 24 de Marzo, Marabunta – Corriente Social y Política, Asamblea de Villa Pueyrredón de Caba

FMI, un pacto colonial y de ajuste

Ganemos la calle masivamente el 8F para rechazarlo

02/02/2022

Se acabó el verso, el gobierno del Frente de Todos arribó a un pacto con el FMI de tipo colonial, que será el centro del programa económico y social de los años venideros.

Es colonial porque cada tres meses habrá una misión del Fondo auditando las cuentas y el programa económico, y los desembolsos estarán condicionados a esa revisión.

Por lo tanto Argentina, sin reservas y obligada a un fuerte ajuste fiscal y monetario, estará al borde permanente del default, o sea al permanente chantaje del capital financiero y las potencias imperialistas que dominan el FMI, empezando por EEUU.

Los términos del compromiso desmienten que no habrá ajuste.

Para cumplir la caída del gasto tiene que haber tarifazos enormes, pero ni se le ocurre al gobierno -y mucho menos al Fondo- abrir los libros de las privatizadas de la energía que vienen robando y enriqueciéndose desde la época de Menem.

Ya el presupuesto 2022 presentado por el gobierno y apoyado por todas sus alas previó una caída del 44% de los subsidios a la energía, eso implica tarifazos enormes.

La prueba ácida más contundente la hemos tenido estos dos años de gobierno pejotakirchnerista: los jubilados perdieron en 2020 y volvieron a perder en 2021. Así prepararon este acuerdo.

Y perdieron y perderán todos los asalariados, porque la inflación creciente es el arma central del ajuste: se prevé un 4% de aumento de precios en enero y febrero arrancó con un aumento de los combustibles del 9/11%.

El apoyo de Juntos por el Cambio y todas las cámaras empresarias al acuerdo, es muy clarificador. Cuando se pretende trasladar la factura del enorme negociado de la deuda al pueblo trabajador no hay grietas.

Sin embargo este nuevo sacrificio que se le pide al pueblo, ¿despejará el camino para un crecimiento y mejora de la condición de vida de la mayoría popular?

Al revés, planearán en el horizonte las devaluaciones que niega Alberto Fernández y su ministro, a eso se refiere la exigencia de “eliminar la brecha cambiaria”. Más cuando el endeudamiento nacional, tanto en dólares como en pesos ha crecido por las nubes.

Países como Ucrania, Ecuador o Colombia se han hundido en la pobreza últimamente bajo los planes del FMI. En Colombia estalló una rebelión popular y una huelga general hizo retroceder un impuestazo impuesto por el FMI.

Ahora Máximo Kirchner se acordó que nos quedamos sin reservas pagando al Fondo. Tarde. El y otras voces críticas que no rompen con el gobierno, fueron garantes de reconocer toda la deuda ilegítima y fraudulenta, la privada y la del Fondo ¿O no apoyaron el fracasado canje con los bonistas privados, en la Nación y en las provincias?

Alicia Kirchner bendijo el acuerdo, Kicillof igual. Lo demás son maniobras demagógicas para contener el descontento por abajo.

Lo mismo vale para todas las alas de la burocracia sindical. La CGT, con la firma de Daer, Acuña y Pablo Moyano apoyaron el acuerdo. Nos preguntamos ¿con qué mandato, alguna asamblea obrera, algún plenario de delegados mandatados por sus compañeros avaló semejante cosa de la cual tenemos larga experiencia los trabajadores?

Las dos CTA con diversas críticas se mantienen en el apoyo al gobierno.

Más que nunca los trabajadores necesitamos la autonomía de las organizaciones obreras, su ruptura con un gobierno que no tiene vuelta atrás, es un agente del FMI. Por eso impulsamos la más amplia deliberación en el movimiento obrero, asambleas y plenarios para defender el salario, las condiciones laborales, los puestos de trabajo y las jubilaciones.

La más amplia unidad de las organizaciones de desocupados en total independencia del gobierno para luchar contra el hambre que planea para quienes viven de un plan social de $16000, o de un salario mínimo o de una jubilación mínima de $29000.

Tenemos que organizarnos y ganar la calle. Para ello el Frente de Izquierda y un amplio espectro de organizaciones de lucha, de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras convocamos el 8 de febrero a copar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país.

Para mostrar  un rumbo: el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI, en el marco de un plan económico integral desde el campo de los trabajadores, mediante una banca pública única y el monopolio del comercio exterior, para terminar con la fuga de capitales y volcar el ahorro nacional en viviendas e inversión productiva. Por un salario y una jubilación mínimas equivalentes a la canasta familiar, por el fin de la precarización laboral y de los despidos.

PARTIDO OBRERO

2/2/2022  

El FIT – Unidad rechaza los pagos y el acuerdo de ajuste con el FMI

La deuda es con el pueblo trabajador. Nos movilizamos el jueves 27 del Obelisco al Ministerio de Economía a las 10:00.

26/01/2022

En los próximos días están previstos vencimientos con el FMI que rondan los 1.100 millones de dólares. Es parte del pago del préstamo tomado por Macri por 44.000 millones de dólares, usado en gran medida para financiar la fuga de capitales, y que incrementó la deuda tomada por los gobiernos previos.

El gobierno, que desde su asunción ha pagado puntualmente al Fondo y otros acreedores internacionales unos 6.000 millones de dólares mientras aplicó un fuerte ajuste en medio de la pandemia, está negociando contra reloj para llegar a un nuevo acuerdo que le permita sobrellevar esos vencimientos. Dicho acuerdo, según confesó el propio presidente y su ministro de Economía, implicaría un ajuste aún más fuerte que el que se aplicó hasta el momento y un mayor tutelaje colonial del FMI sobre la economía nacional.

Ante esta situación el Frente de Izquierda – Unidad plantea con claridad: rechazamos tanto el pago de los vencimientos próximos como todo acuerdo con el FMI que, más allá de cualquier disfraz o disimulo, traerá aparejado más ajuste y un alineamiento político y económico con el imperialismo y el gran capital internacional.

El sometimiento al FMI y el ajuste aplicado ha agravado la crisis en todos los planos. Ahora, incluso un sector del gobierno hace correr la versión de que Argentina podría no pagar el próximo vencimiento. Pero esto a lo sumo implicaría una forma de presionar para acelerar el acuerdo con el Fondo, no un planteo para terminar con las ataduras a las que el país está sometido.

Si el gobierno decidiera postergar los pagos lo haría bajo el objetivo de arribar a un pacto con el Fondo lo más rápido posible. Fue lo que hicieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el 2020 con la deuda privada, cuando la postergación unilateral de los pagos fue el preludio de un acuerdo que le entregó a los bonistas un monto adicional de casi 20.000 millones de dólares.

El Frente de Izquierda – Unidad denuncia que ninguna fracción del gobierno es partidaria de una ruptura con el FMI y el repudio a la deuda. Sus peleas fraccionales se limitan a formas de ese acuerdo, mientras todos avalan el ajuste en marcha.

Los 1.100 millones de dólares que vencen en los próximos días son solo una parte del saqueo económico y financiero del país. Ya que, como si eso fuera poco, y en un contexto de exiguas reservas en el Banco Central, a este dineral hay que sumarle los 692 millones de dólares que el gobierno ya pagó en los primeros días del mes. Además de los 130 millones de dólares que piensan pagar con U$S 68 millones al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), hay que sumarle U$S 17 millones al BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), más U$S 45 millones por otras deudas. Así, solo en enero, se evaporan 1.553 millones de dólares que son cruciales para las necesidades sociales, para la salud, el trabajo, los salarios y jubilaciones.

En febrero además, a lo que va para el FMI hay que sumarle otros US$ 50 millones más para el BID, U$S 4 millones más al BIRF, U$S 195 millones para el Club de París y otros U$S 107 millones para “otros pagos”. Eso totaliza, entre enero y febrero, pagos en dólares por 2.281 millones, los que en pesos equivalen a más de $ 250.000 millones.

Para tener idea de la plata que eso implica, sobraría para multiplicar por cinco las viviendas que el gobierno anuncia construir en la provincia de Buenos Aires, la mayor del país. Con eso se podrían construir 50.000 viviendas populares y generar 250.000 puestos genuinos de trabajo. Así de sencillo: es la deuda o el trabajo, los ingresos y la vida del pueblo trabajador. Desde el Frente de Izquierda – Unidad seguimos optando por lo segundo.

Con un Banco Central quebrado y sin reservas para hacer frente a los vencimientos próximos, el pago de la deuda está en la base del saqueo financiero y económico que destruye la moneda y acelera la inflación que opera como un recurso de ajuste para los trabajadores, los jubilados y el gasto social del Estado.

De esta manera y más allá de los discursos, de la supuesta “firmeza” y “valentía” de Fernández y su ministro Guzmán ante el Fondo Monetario, lo cierto es que en este primer trimestre los vencimientos a pagar alcanzan un total de U$S 4.838 millones. Los que se suman a los más de 6.000 millones de dólares de deuda que el gobierno pagó entre 2020 y 2021. Lo reconoció Cristina en su carta, diciendo que este gobierno pagó más de la deuda de Macri que lo que pusieron para combatir la pandemia. Y se paga con ajuste, antes, ahora y hacia adelante. Desde que asumieron vienen haciendo un fuerte ajuste en las jubilaciones con el cambio de movilidad, llevándolas a la indigencia; en los salarios, con sueldos y jubilaciones que “cayeron un 6 por ciento en términos reales en 2021” por la inflación. Y se anuncian nuevos tarifazos con una inflación de más del 50%, que es un robo a todos los ingresos populares.

Por otra parte, como ya denunciabamos, la profundización de la histórica caída de los salarios en su conjunto y de los empleados públicos en particular no fue obra de la pandemia, sino una decisión política de este gobierno, avalado por la burocracia de UPCN y ATE al igual que de la CGT y la CTA. Lo mismo que un salario mínimo de indigencia, aprobado por el conjunto de las alas de la burocracia sindical.

Se paga además recortando fuertemente las partidas sociales, al pasar del 6,8% al 4,8% en Salud del total del presupuesto entre el 2021 y el 2022. Con Educación, al bajar del 6,7% en 2021 al 6,1% este año, Promoción y Asistencia Social del 5% al 4,7%, o Trabajo que pasó del 1,2% en 2021 al 0,8% proyectado para este año; mientras que para Mujer, Género y Diversidad apenas destina un mísero 0,08% del Presupuesto total (Fuente: Min. Economía, Presupuesto 2022, pág. 138).

A pesar de esto, mientras más pagamos, más debemos. Y así lo reconoció la Secretaría de Finanzas al difundir que la deuda pública bruta total del Estado nacional ascendió, a diciembre del año pasado, a U$S 363.362 millones. Por eso, lo que la Argentina debería pagar solo al FMI es inadmisible desde todo punto de vista: entre capital e intereses se suman 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024. El acuerdo contemplaría nuevos fondos del FMI para cubrir estos vencimientos a partir de revisiones trimestrales de sus enviados, los que tienen que dar el acuerdo para que se liberen los desembolsos.

Además, entran en vigencia nuevos pagos de la deuda con los bonistas privados renegociada por este gobierno. El crecimiento de la deuda a niveles que superan ya el PBI anual del país es el resultado de la política seguida por todos los gobiernos, desde 1983 a la fecha, que comenzó con el reconocimiento de la deuda tomada por la dictadura y que siguió con un aumento exponencial que abarcó a todos los gobiernos, sin excepción.

Desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio, hasta Milei y Espert, con el aval de los grandes empresarios, las multinacionales y la burocracia sindical, bregan por un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que implicará más ajuste, miseria, dependencia y atraso para el país durante las próximas décadas. Lo mismo pasa con las leyes que se apresta a votar el Congreso en beneficio de las petroleras, el agronegocio y las automotrices.

Como sostuvimos en la crisis abierta en setiembre y en el programa constitutivo del FIT – Unidad, decimos claramente que no hay que pagar la deuda externa y desconocer el acuerdo Macri-FMI, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud y educación. Ni un dólar más al FMI, los bonistas y fondos buitres. Desde el FIT – Unidad llamamos al pueblo trabajador y sus organizaciones a rechazar estos pagos previstos en enero, febrero, marzo y todo el año. La única deuda a pagar es con la clase trabajadora y los sectores populares.

Junto a este planteo señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores.

Llamamos a continuar la movilización después de la extraordinaria jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socioambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI del 11 de diciembre, que colmó la Plaza de Mayo y demás plazas del país, levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora como el que señalamos anteriormente.

Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida obrera y popular, y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron: los capitalistas, grandes empresarios, los banqueros y terratenientes. Sobre la base de estas consideraciones, el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad participará el jueves de la movilización en repudio al pago de la deuda y el acuerdo con el FMI.

FRENTE DE IZQUIERDA – UNIDAD

Buenos Aires, 26 de enero de 2022

Qué hacer frente a los contagios en los lugares de trabajo

Pongamos en pie comisiones de seguridad e higiene para garantizar las licencias y los protocolos.

13/01/2022

El vertiginoso crecimiento de la tercera ola de Covid 19 está colocando al país en una nueva crisis sanitaria. Los más de 100.000 casos diarios y el ausentismo laboral que provocan han vuelto a colocar el foco en los lugares de trabajo.

Las patronales, con la UIA a la cabeza, comenzaron a presionar para que el gobierno flexibilice los protocolos sanitarios. Pidieron que los contactos estrechos sin síntomas y con vacunación completa vayan a trabajar igual.

Y van más a fondo: un «pase sanitario» propio y la privatización de los testeos para controlar por completo la asistencia en los lugares de trabajo. Pero la vacunación no impide los contagios y si bien previene formas graves de la enfermedad en personas sanas, el trabajador contagiado puede llevar la enfermedad a familiares de riesgo.

Como si la política sanitaria la dirigieran los empresarios, el gobierno nacional cedió en toda la línea: la ministra Vizzoti primero acortó los días de aislamiento para los vacunados tanto enfermos como contactos estrechos y ahora, en una nueva disposición, acaba de eliminar completamente los aislamientos preventivos para los contactos estrechos. El argumento de que «los lugares de trabajo no contagian» carece de cualquier sustento científico.

La CGT y la CTA se reúnen con el gobierno y los empresarios respaldando la política oficial. Dejan  librados a su suerte a decenas de miles de trabajadores que denuncian que son obligados a ir a trabajar enfermos o siendo contacto estrecho fogoneando los contagios masivos.

Los centros de testeo están desbordados. El gobierno ajustó los recursos para la política sanitaria como si ya no hubiera pandemia, desmantelando centros de atención, despidiendo a los trabajadores de la salud precarizados, superexplotando al resto que no da abasto, privatizando testeos.

El mensaje es claro: la prioridad del gobierno, los empresarios y los burócratas sindicales es la producción, la ganancia capitalista y la «recuperación» de los indicadores económicos que permitan alcanzar un acuerdo con el FMI. La salud de los trabajadores está subordinada por completo a estos objetivos.

Frente a esta situación los trabajadores debemos intervenir en defensa propia. La experiencia de los sindicatos y comisiones internas independientes nos marcan un rumbo. El Sindicato del Neumático (Sutna) elaboró un protocolo propio y garantizó su cumplimiento con medidas de fuerza. En el gremio docente con los Sutebas combativos y sindicatos como Ademys también garantizaron medidas preventivas con el paro y la movilización. Lo mismo ocurrió en la salud y otros gremios. Recientemente los trabajadores del frigorífico Rioplatense fueron al paro por 48 horas y frenaron los descuentos que la patronal quería imponer por tener el 30% de los trabajadores contagiados. Por su parte, la junta interna de ATE del Hospital Garrahan se pronuncio rechazando el fin de los aislamiento preventivos. Abramos una deliberación en asambleas para poner un freno a la política patronal y la desidia de la burocracia sindical.

Frente a esta situación desde el Partido Obrero planteamos:

-Inmediata restitución de los aislamientos preventivos para contactos estrechos.

– Poner en pie comisiones de seguridad e higiene para garantizar los aislamientos y las licencias para los contagiados y contactos estrechos sin afectar el salario.

– Elaboración de nuevos protocolos por parte de sindicatos y comisiones internas ante las variantes más contagiosas. Cohortes, distanciamiento, ventilación, limpieza, reducción de aforos.

– Pase a teletrabajo en todos los casos que la actividad lo permita.

– Exigir la apertura de centros de testeo públicos para atender la demanda creciente.

– Centralización estatal de todo el sistema de salud, aumento de presupuesto y cumplimiento de las demandas de sus trabajadores

A 20 años del Argentinazo, jornadas de lucha contra el pacto del FMI

Este 19 y 20 de diciembre, vigilia y acto en Plaza de Mayo. Declaración de la Coordinadora Sindical Clasista

18/12/2021

En este nuevo aniversario de aquella gesta popular, los trabajadores tenemos el desafío de enfrentar un nuevo saqueo del país que tendrá consecuencias graves sobre las condiciones de vida de las familias trabajadoras, de ocupados y desocupados, que ya venimos soportando en estos años con un fuerte aumento de la pobreza, la desocupación, la precariedad laboral, y la caída de los salarios y las jubilaciones. 

Es decir, quieren profundizar un fuerte ajuste contra el pueblo.

En esto consiste el pacto que están diseñando el gobierno de Alberto y Cristina con el FMI, y el renombrado “plan plurianual” del gobierno, es decir, una sumisión del país por años.

Nuevamente las recetas fondomonetaristas que llevaron a la Argentina a un default y un colapso económico y social hace dos décadas, intentarán ser aplicadas por un gobierno cuyo único interés es cumplir con los acreedores internacionales. En este punto de fondo, la coincidencia con la “oposición” de derecha es total. 

No sólo se proponen una fuerte devaluación que licuará los salarios y será nafta para la inflación, sino también un ajuste fiscal que tire abajo los salarios estatales, la jubilaciones y el gasto social, un aumento de las tarifas.

Una ley de Reforma Laboral en el año 2000 fue acompañada de un escándalo de coimas a senadores y una crisis política, y en el 2017 una nueva reforma no llegó al Congreso producto de la lucha popular del 14 y 18 de diciembre. La reforma laboral no ha dejado de ser una exigencia de la clase capitalista en este diseño de ajuste antiobrero, sino que intentarán seguir avanzando contra las conquistas del movimiento obrero lugar por lugar, convenio por convenio.

Son recetas conocidas que nada bueno traerá a los trabajadores, y no sólo eso, sino que no habilitarán al crecimiento económico que promete el gobierno, sino más bien es el camino a un nuevo default.

Es el rumbo de entrega y saqueo que repiten, con matices, los que nos han gobernado en las últimas décadas. 

Por su parte, la burocracia sindical de todo pelaje, así como las organizaciones sociales integradas al gobierno, han asumido el compromiso de la contención y el aguante de este gobierno ajustador en esta nueva embestida. Las únicas movilizaciones callejeras que la CGT, las CTA y la burocracia piquetera convocan o participan son en apoyo al gobierno de los Fernández.  

19 y 20 a la Plaza de Mayo

El clasismo que dirige sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados, junto a decenas de miles de compañeros de las organizaciones piqueteras de lucha y organizaciones políticas vienen de realizar una formidable movilización a Plaza de Mayo el último 11 de diciembre contra el pacto con el FMI, siendo un fuerte contrapunto con la plaza del día 10 convocada por el gobierno para mostrar un apoyo que no logró en las urnas… en pos de acelerar un acuerdo de entrega con el fondo.

La Unidad Piquetera, con el Polo Obrero a la cabeza y todas las organizaciones piqueteras independientes, que mantienen la llama prendida de aquel 19 y 20 del 2001 siendo un sector protagonista en las jornadas del Argentinazo, realizarán una enorme concentración con vigilia el 19 y acto el 20 de diciembre en Plaza de Mayo, en la que participarán los sectores combativos y antiburocráticos de todo el movimiento obrero, y a la que están convocados todos los trabajadores. Allí reivindicaremos la vigencia de la rebelión popular para enfrentar los ajustes y saqueos antipopulares de los gobiernos de turno. Y denunciaremos la represión estatal que se cobró decenas de vidas aquel 19 y 20, y que hoy se expresa en el reforzamiento del aparato represivo que desaloja familias, que aplica el gatillo fácil contra los pibes, que reprime luchas obreras y que es el complemento de este plan de ajuste. Por eso también exigiremos la absolución de Arakaki y Ruiz condenados por luchar contra la reforma jubilatoria y laboral en 2017, y denunciamos toda criminalización de la protesta.

Viva el Argentinazo, viva la rebelión popular, el 19 y 20 todos a la Plaza de Mayo.

 

COORDINADORA SINDICAL CLASISTA- PO EN EL FITU

Por una salida de los trabajadores

Cristina vs. Alberto: una pelea entre los responsables del ajuste

18/09/2021

La derrota electoral del oficialismo derivó en una fractura expuesta en la coalición de gobierno. En su carta Cristina, al igual que Fernanda Vallejos en sus audios, atribuye al ajuste haber perdido las Paso. Una impostura: lo “descubren” ahora, cuando acompañaron cada una de las medidas que lo provocaron. Queda más que confirmada la legitimidad de la campaña del FIT-U denunciando el ajuste pro FMI y sus consecuencias: aumento de la pobreza, caída de los salarios y de las jubilaciones, desocupación, etc.

Sin embargo CFK no ofrece ninguna salida. Sostiene al ministro Guzmán, que lo aplica. Su propuesta se reduce a ejecutar el Presupuesto 2021, escrito por el ministro traído de los EE.UU. y que según la diputada Vallejos responde a las exigencias del Fondo (a pesar de lo cual lo votó y defendió). Las listas del Frente de Todos están plagadas de ajustadores.

Cristina pretende lavarse las manos por el fracaso electoral, pero cada una de las líneas de su carta es una autoincriminación. En el lanzamiento de la campaña del Frente de Todos renunció a utilizar los fondos girados por el organismo internacional para atender la pandemia y planteó que sean destinados al pago de la deuda “criminal” de Macri.

Esta política perjudicó al pueblo y benefició “a cuatro vivos” y a la derecha, como se prueba con el triunfo de las divididas listas macristas. Es decir, que fue funcional a la misma: pretender combatir a la derecha con políticas derechistas arroja el mismo resultado.
La derrota electoral del gobierno es la confirmación de que para los trabajadores el ajuste, independientemente de quién lo haga, es intolerable. El crecimiento de la votación del FIT-U es una expresión superadora del descontento popular frente al agravamiento de las condiciones de vida.

Como resultado armaron un gabinete derechista. Un engendro a gusto del FMI, de la Iglesia, del capital agrario y de tinte represivo, al menos hasta noviembre. Viviremos nuevas crisis ya que ninguna de las facciones en pugna rompe con el FMI y los especuladores financieros. El proyecto de presupuesto 2022 es un traje a medida del FMI y presupone aceptar su programa: reforma laboral precarizadora, caídas en salarios y jubilaciones, impuestazos y más fuga de capitales. Prevé tarifazos del 44%.

Los trabajadores no debemos confundirnos. En este choque en el seno del gobierno ninguno de los bandos responde a nuestros intereses, que son un salario acorde a la canasta familiar, el 82% para los jubilados, la creación de millones de puestos de trabajo, la defensa de la salud y la educación.

Tenemos que ganar la calle con la lucha por nuestras reivindicaciones, repudiar la alianza de la burocracia sindical y las organizaciones sociales con el gobierno poniendo en pie un fuerte agrupamiento independiente del gobierno y de la oposición, exigir la ruptura con el FMI y el desconocimiento de la deuda usuraria.

Esa es la base para estructurar una salida de los trabajadores a la crisis. A esa salida y a todas las demandas populares contribuirá un fuerte voto al FIT Unidad en noviembre.

Declaración del FIT-U ante la crisis política nacional

16/09/2021

A pocos días de la derrota electoral del peronismo del Frente de Todos en las Paso se ha producido una enorme crisis política en la coalición de gobierno. La vicepresidenta Cristina Fernández emplazó a Alberto Fernández a hacer un cambio de gabinete mientras el presidente respondió mostrándose en un acto público con algunos de los ministros cuestionados. El trasfondo de esta crisis es la enorme derrota electoral del gobierno perdiendo 5 millones de votos.

El Frente de Izquierda Unidad, que en las últimas elecciones se ha colocado como tercera fuerza política nacional de las y los trabajadores, denuncia que en esta crisis no se está discutiendo un cambio de orientación social y política, sino cuotas de poder de una y otra de las fracciones de la coalición gobernante y cambios cosméticos para intentar revertir la derrota hacia las elecciones generales del 14 de noviembre.

Todas las partes en pugna bregan por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que implicará más ajuste, miseria, dependencia y atraso para el país durante las próximas décadas. En los próximos días con el acuerdo unánime del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y hasta Milei y Espert, la Argentina va a hacer un pago por 1.800 millones de dólares al FMI.

Quienes ahora hablan de restituir una suerte de IFE para una pequeña parte de los sectores populares como una medida cosmética electoralista de corto plazo no solo no mencionaron la cuestión durante la campaña hacia las Paso sino que fueron quienes votaron un presupuesto de ajuste que bajó el 53% de las partidas sociales. Quienes ahora dicen que «hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente» fueron quienes antes del inicio de la pandemia eliminaron la movilidad jubilatoria en un año en el que las jubiladas y jubilados y quienes reciben prestaciones sociales iban a tener un incremento por arriba de la inflación y hay un enorme robo salarial en las paritarias.

La profundización de la histórica caída de los salarios de los empleados públicos no fue obra de la pandemia, sino una decisión política de este gobierno, avalada por la burocracia de UPCN y ATE. Lo mismo que un salario mínimo de indigencia, aprobado por el conjunto de las alas de la burocracia sindical. Tampoco puede responsabilizarse a la pandemia de la represión con 4.000 efectivos bonaerenses con Berni a la cabeza a la lucha por tierra y vivienda en Guernica para construir un country con cancha de golf incluida.

Como hemos dicho en la campaña presidencial del 2019 y a lo largo de esta campaña 2021 totalmente incompatible la recuperación de lo perdido durante el macrismo sin dejar de pagar una deuda externa usurera, ilegítima y fraudulenta diciendo No al FMI, como sostenemos desde la izquierda.

Frente al embate de la fracción kirchnerista del gobierno y sectores afines expresada en la puesta a disposición de las renuncias de varios ministros y otros altos funcionarios, Alberto Fernández comenzó a recibir apoyos de todos los gobernadores, los mismos que le garantizaron todas y cada una de las leyes de ajuste y entrega al macrismo en el Congreso. Asimismo, recibió el apoyo de la CGT, que es cómplice directa del desplome de los salarios y de la creciente precarización laboral. De la misma manera que parte de los «movimientos sociales» oficialistas, como el Movimiento Evita que, como parte del elenco gubernamental, dejaron las calles cuando el hambre y la pobreza arrecia en todas las barriadas populares.

El ofrecimiento no desmentido del kirchnerismo a Sergio Massa del cargo de Jefe de Gabinete, y el llamado de Cristina a Guzmán, quien lleva adelante las negociaciones con el FMI, para ratificar que no pone en duda su continuidad, muestran a las claras que no hay planteado ningún giro «progre» ni «nacionalista». Massa es el mismo que acompañó a Macri en Davos en 2016, jefe de una entonces bancada que le votó las leyes al macrismo y ahora uno de los principales interlocutores del oficialismo con la burguesía financiera de Wall Street.

El Frente de Izquierda Unidad se coloca en consonancia con las organizaciones de trabajadores, sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados antiburocráticos, de autoconvocados, del movimiento piquetero independiente del gobierno, y propone un programa de lucha con una política opuesta por el vértice tanto a las del gobierno y de todas las variantes de la oposición patronal. Y señalamos la necesidad de movilizarse, pero no en defensa del gobierno, sino en apoyo a las luchas y reclamos de los sectores obreros ocupados, del movimiento piquetero independiente, de la juventud precarizada, a favor de las luchas ambientales y de género.

Aumento salarial de emergencia. Que nadie gane menos del costo de una canasta familiar y que los salarios sean indexados mensualmente según el aumento del costo de vida (100.000 pesos). Basta de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días, sin reducción salarial, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Ocupación de toda fábrica que cierre o despida, seguro al desocupado de 40.000 pesos, plan de obra pública y vivienda para resolver las necesidades urgentes de los barrios. Aumento inmediato de los presupuestos de salud y educación pública.

Decimos claramente que no hay que pagar la deuda externa y desconocer el acuerdo Macri-FMI, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud y educación. Y junto a este planteo señalamos que es necesario la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores populares. Acabar con el oligopolio privado y crear el monopolio estatal del comercio exterior, para que los exportadores no trasladen los precios internacionales al interior del país.

Contra el apoyo de la burocracia al gobierno y sus pactos con el Fondo Monetario, planteamos la ruptura de las organizaciones obreras con el gobierno. Por un plan de lucha de todo el movimiento obrero (ocupados y desocupados) para imponer una salida obrera y popular y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, grandes empresarios, los banqueros y terratenientes.

En este marco, luego de haber hecho una gran elección en las Paso en todo el país, llamamos a los trabajadores y al pueblo a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, como la única fuerza política independiente frente al gobierno y a las variantes de la oposición patronal y pelear por una salida de los trabajadores a la crisis.

Frente de Izquierda y de Trabajadores  Unidad

PTS – PO – IS – MST

Foto: Fede Imas, Ojo Obrero

Plataforma electoral, declaración de principios y bases de acción política del FIT-U

15/07/2021

En el día de ayer el Frente de Izquierda – Unidad inscribió sus listas en 23 de los 24 distritos electoralesReproducimos a continuación su declaración política:

El FRENTE de IZQUIERDA y de TRABAJADORES “UNIDAD” lucha por la independencia política de los trabajadores de los distintos bloques capitalistas que expresan el gobierno, sus opositores patronales y las diferentes variantes de la centroizquierda.

Lo hace en base a un planteo obrero y socialista y de independencia de clase, levantando un programa para impulsar la movilización política de los trabajadores y sectores explotados contra el gobierno y las patronales. El Frente de Izquierda Unidad se presenta como una referencia política para quienes luchan por la independencia de los sindicatos y la expulsión de la burocracia sindical y sus patotas, y por la independencia de todo movimiento popular del capital y su Estado.

Este frente unitario, que nuclea a la casi totalidad de las fuerzas de izquierda de nuestro país, interviene en común en este proceso electoral en el marco de una gran crisis nacional que la clase capitalista quiere hacer pagar a las mayorías obreras y populares. El gobierno de Alberto Fernández que prometió “volver a llenar la heladera”, es el administrador del ajuste, junto a la derecha de Cambiemos y los gobernadores de todo el arco político patronal, en un país que durante la pandemia se agudizaron a niveles históricos la pobreza, la desocupación y los despidos.

Esto sucede mientras millones de dólares, esquilmando los recursos nacionales, se siguen destinando a la fraudulenta deuda externa al FMI y los buitres. El FMI, como representante del capital financiero imperialista, viene por más: una nueva reforma previsional y ley de flexibilización laboral, mientras decenas de miles de dólares seguirán yendo a los especuladores y a los pagos de la deuda.

En estas elecciones en medio de la catástrofe capitalista la izquierda se presenta para fortalecer las luchas del pueblo trabajador y presentar una salida obrera y socialista contra el régimen del FMI que han llevado al país al desastre social, económico y sanitario.

El Frente de Izquierda Unidad se valdrá de la campaña electoral para movilizar políticamente a la clase obrera y luchadores populares en todo el país, para que los trabajadores establezcan su propia salida a la presente crisis nacional. La lucha electoral del Frente de Izquierda Unidad está al servicio de organizar a los trabajadores en la lucha por su propio gobierno.

Señalamos que el pueblo trabajador no está condenado a tener que soportar un mal mayor o un supuesto mal menor. Hay otra salida, y es la que postula nuestro Frente: que la crisis la paguen los que la generaron, las grandes patronales, los banqueros, los terratenientes y el imperialismo. Es decir, que la crisis la pague la clase capitalista que ha llevado al país al desastre actual.

Sostenemos la independencia política de los trabajadores y trabajadoras frente a cualquier variante patronal, incluyendo las denominadas progresistas, y no vamos a llamar a apoyar directa o indirectamente a alguno de estos campos en pugna. Planteamos una salida de independencia de clase que supere esta trampa a la que pretenden meter al pueblo.

Planteamos imponer mediante la lucha y la movilización una salida política propia de los trabajadores: poner fin a la tutela del FMI y por un plan económico y una reorganización integral del país cuya prioridad es la defensa de la vida del pueblo trabajador. Rechazamos de plano todo apoyo a las patronales agrarias, industriales, financieras y de servicios, alianzas políticas-electorales con la centroizquierda y acuerdos permanentes con la burocracia sindical.

El «Frente de Izquierda de Trabajadores – Unidad» plantea los siguientes puntos y los pone a consideración de las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, populares, para que sean parte de un plan de lucha, para que esta vez, la crisis la paguen los capitalistas, en el camino de imponer un gobierno de trabajadores. Basta de tregua de la CGT, CTA y de toda la burocracia sindical con el gobierno y las patronales. Paro nacional y un plan de lucha para imponer este programa:

1. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado mensualmente según el aumento real del costo de vida. Anulación del impuesto al salario. Asignaciones familiares para todos y todas.

2. Un IFE de $40.000 para todas las familias necesitadas.

3. Aumento inmediato de salario y jubilaciones. Que nadie gane menos del valor de la canasta familiar. Ante la escalada de la inflación, indexación mensual de salarios y jubilaciones.

4. Prohibición de despidos y suspensiones. Expropiación y estatización de toda empresa que cierre, puesta a producir, bajo el control de los trabajadores. Basta de trabajo precario y no registrado. Todos a planta permanente. Trabajo para todos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario entre ocupados y desocupados. Abajo la reforma laboral flexibilizadora. Por el triunfo de todas las luchas de las y los trabajadores contra los despidos, cierres y las medidas de ajuste.

5. Anulación de la reforma previsional. Por el 82% móvil y el aumento del haber mínimo que cubra la canasta de los jubilados. Pago de las retroactividades correspondientes. Que la ANSES esté bajo la administración directa de jubilados y trabajadores Por la restitución de los aportes patronales que fueron rebajados.

6. Eliminación del IVA de la canasta familiar. El salario no es ganancia. Anulación inmediata del impuesto “a las ganancias” sobre los salarios. Impuestos progresivos a las grandes fortunas. Impuestos extraordinarios a las ganancias de los grandes capitalistas (banqueros, terratenientes y grandes empresarios) para resolver las necesidades más acuciantes del pueblo trabajador. Comités de control de precios y abastecimiento popular.

7. Ruptura con el FMI. No al pago de la deuda. Nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, cuidar a los pequeños ahorristas y brindar créditos accesibles y populares. Por un gobierno de trabajadores que imponga ese plan económico obrero y popular, priorizando el trabajo, la salud y la educación, debatido y gestionado por los propios trabajadores.

8. Anulación de los tarifazos. Nacionalización y estatización sin pago de todas las empresas privatizadas bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares. Nacionalización y estatización de todo el sistema ferroviario y del subte (transporte y carga) bajo control, administración y gestión de los trabajadores de todos los niveles y control de los usuarios populares. Nacionalización sin pago del 100% de YPF y de todas las empresas petroleras: por una empresa nacional estatal única que funcione bajo el control y la gestión de sus trabajadores. Nacionalización y estatización de la denominada Hidrovía (Cuenca del Paraná) bajo control de trabajadores, usuarios y poblaciones ribereñas, y de todos los puertos bajo control obrero. Por un plan nacional energético controlado por los trabajadores que lleve gas natural y luz a todos los hogares.

9. Nacionalización -sin indemnización y bajo administración y control de trabajadores-, de la banca y el comercio exterior, la minería y el gran capital agrario e industrial. Por un plan económico debatido y gestionado por los trabajadores.

10. Declaración unilateral del Estado argentino de liberación de todas las patentes de las vacunas contra el Covid-19, y toda la farmacología e instrumentos necesarios para combatir la pandemia.

11. Vacunas para todas y todos. Declaración de utilidad pública del laboratorio Mabxience del grupo Insud-Pharma de la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires, donde se produce el principio activo de millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 para Astrazeneca. Declaración de utilidad pública de todos los laboratorios que tengan insumos o maquinarias para producir las vacunas en la Argentina.

12. Centralización estatal de todo el sistema de salud bajo el control de las y los trabajadores y profesionales de la salud en camino a la nacionalización.

13. Nacionalización sin pago de los laboratorios que lucran con la salud del pueblo. Por la provisión de medicamentos gratuitos a quienes lo necesitan. Por la expulsión de la burocracia sindical de las obras sociales, y su control democrático por parte de comités de trabajadores elegidos en la base.

14. Expropiación de la oligarquía terrateniente, de los grandes pooles de siembra, así como de los monopolios cerealeros, aceiteros, lecheros y frigoríficos. Expropiación de los cuatro mil principales propietarios, respetando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños chacareros que no exploten mano de obra asalariada. No a la expulsión de sus tierras de campesinos y originarios. Basta de trabajo no registrado para los trabajadores rurales.

15. Abajo la megaminería a cielo abierto. Fuera las multinacionales imperialistas como la Barrick, Chevron, Yamana Gold y Panamerican Silver. Contra toda actividad saqueadora y contaminante. No al fracking. Expropiación de esas firmas sin indemnización y que reparen los daños causados, garantizando los empleos con igual salario y producción bajo control obrero, las comunidades y pueblos originarios que han sido afectados por la producción, junto a profesionales de universidades públicas. Prohibición de fumigaciones aéreas con agrotóxicos. Prohibición de megagranjas porcinas destructoras del medio ambiente, la salud y generadoras de pandemias. Defensa de los humedales y de los bosques nativos. Prohibición de los desmontes. Anulación del proyecto de saqueo del mar argentino por parte de Equinor. No al plan del complejo agroindustrial argentino y del gobierno. No a la ley de hidrocarburo. Protección al ambiente marino contra el saqueo pesquero, la industria petrolera, las granjas salmoneras marinas y otras actividades que pongan en riesgo su biodiversidad.

16. Defensa de la educación pública y gratuita. Conectividad gratuita para todos los docentes y alumnos. Basta de subsidio a la educación privada. Fuera la iglesia de la educación. Abajo la Ley de Educación Superior. Que el Estado deje de financiar a la Iglesia Católica. Por una educación nacional única, estatal, gratuita y laica.

17. Vivienda para las familias trabajadoras. Por un plan nacional de viviendas populares de calidad y urbanización de las villas y asentamientos. Por impuestos progresivos a las viviendas ociosas de los especuladores inmobiliarios. No a la criminalización de las luchas por tierra y vivienda. Basta de desalojos.

18. Basta de femicidios y trans/travesticidios y demás crímenes de odio. Ni una menos. Presupuesto para combatir la violencia de género, no para la deuda y el FMI. Por los derechos de las mujeres trabajadoras. Por el desmantelamiento de las redes de trata. A igual trabajo, igual salario. Jardines de primera infancia gratuitos en los lugares de trabajo y estudio. Por plena libertad para ejercer la elección de su sexualidad. Implementación de la ESI laica, científica y con perspectiva de género. Contra toda forma de opresión sexual. Abajo los edictos persecutorios y cualquier forma de opresión o discriminación contra gays, lesbianas, travestis, intersexuales y transexuales. Aparición con vida de Tehuel.

19. Basta de gatillo fácil. Abajo las reformas reaccionarias y represivas del Código Penal y Procesal Penal. Anulación de las leyes “antiterroristas”. No a la baja de la edad de imputabilidad. Anulación de la Ley del arrepentido. Abajo la reaccionaria reforma al Código Procesal Penal en la Ciudad que incorporó las figuras del “agente encubierto” y “agente revelador” para armar causas contra las organizaciones populares en tiempos de ajuste. No al espionaje y a la infiltración de las organizaciones populares. Disolución de los órganos de inteligencia para espiar a los luchadores obreros y populares. Anulación de las causas judiciales contra luchadoras y luchadores obreros y populares. Libertad a Sebastián Romero y demás presos por luchar. Reclamamos el cierre de las causas y la absolución contra todos los luchadores perseguidos: César Arakaki, Daniel Ruiz, Viviana Toros y los 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Negro.

Alberto Fernández, Berni y los gobernadores del Frente de Todos y de Cambiemos reprimen las luchas obreras y populares como vimos en Guernica, contra familias pobres que peleaban por tener un techo en medio de la pandemia, en ArreBeef donde la represión fue contra obreros despedidos, en Chubut contra las marchas ambientales, en la Formosa de Insfrán, en Jujuy con Morales y en CABA con Rodríguez Larreta reprimiendo a las trabajadoras de la salud. Basta de represión a las luchas.

20. Justicia por Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y las víctimas de la Masacre de San Miguel del Monte. Juicio y castigo a los policías implicados en los asesinatos de Luis Espinoza, Facundo Castro, Lucas Verón, Ariel Valerian, Brandon Romero, Josué Lagos y todas las víctimas de la violencia policial durante la pandemia. Cárcel a los responsables políticos de los asesinatos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y las y los luchadores asesinados. Cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles, a los responsables de los crímenes de la Triple A y a los asesinos del gatillo fácil. Fuera la gendarmería y policía de los barrios populares.

21. Que todo legislador, funcionario o juez gane lo mismo que un obrero especializado o un docente. Revocabilidad de todos los mandatos por los propios electores. Por una cámara única, con miembros elegidos utilizando el conjunto del país como distrito único.

22. Elección popular de fiscales y jueces con mandatos revocables. Eliminación de todos sus privilegios de casta. Juicios por jurados. Que todo juez gane lo mismo que un docente. Que cesen en sus cargos todos los jueces en funciones que juraron por el estatuto de la dictadura. No al Consejo de la magistratura y a al actual método de designación de los magistrados.

23. Fuera la burocracia de los sindicatos. Apoyo al sindicalismo combativo. Por la independencia de los sindicatos del Estado y los gobiernos de turno. Por la más plena democracia sindical y por el derecho de los trabajadores a organizarse sin injerencia y control estatal. Por elección de paritarios en asamblea. Que la CGTs y la CTAs rompan con el gobierno y dejen sus compromisos con las patronales y sus partidos y llamen a un plan de lucha nacional por el salario, contra el trabajo precarizado e informal y las tercerizaciones, por vacunas para todos y todas. Apoyo al sindicalismo combativo y antiburocrático. Por direcciones de los sindicatos antiburocráticas y combativas, de carácter clasista, basada en la democracia sindical. Apoyamos la autoorganización de los trabajadores contra la regimentación de la burocracia sindical y los partidos patronales.

24. Abajo los reaccionarios códigos civil y comercial y procesal penal.

25. Por un gobierno de las y de los trabajadores impuesto por la movilización de los explotados y oprimidos y por el socialismo.

26. Fuera ingleses y la OTAN de Malvinas. Contra el bloqueo y cualquier tipo de agresión imperialista contra Cuba. Por una política internacional de apoyo a la rebelión obrera y popular en todo el mundo, por la expulsión del imperialismo de todos los países, por la unidad socialista de América Latina, por el socialismo internacional.

27. Solidaridad con la resistencia del pueblo palestino contra el Estado sionista y racista de Israel.

Convocamos a los trabajadores, a las corrientes de izquierda y a todos los luchadores a integrarse y sumar su apoyo al Frente, para que la clase obrera no sea “colectora de nadie”, sino dueña de su propio destino político.

Partido de Trabajadores por el Socialismo – Partido Obrero – Izquierda por una Opción Socialista – Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Al Congreso del PTS

Pongamos en pie listas unitarias y un gran Congreso del FIT-U para movilizar políticamente a los trabajadores.

29/06/2021

(con copia al resto de las fuerzas del FIT-U)

Compañeras y compañeros: queremos enviarle el saludo del Partido Obrero a su Congreso y también acercarles algunas consideraciones políticas que entendemos vitales para el desarrollo de una alternativa obrera y socialista en nuestro país y a nivel internacional.

Seguramente compartirán con nosotros que América Latina está asentada sobre un verdadero volcán político y social. El impacto enorme de la pandemia no ha hecho más que agravar las desigualdades sociales preexistentes, que se vienen acumulando durante décadas y que no se revirtieron con los gobiernos “nacionales y populares” de los Lula, Mujica, Correa, Evo Morales y el kirchnerismo en la Argentina. La estructura semicolonial de nuestra región agrava las condiciones de vida de nuestros pueblos, porque al saqueo imperialista y de las grandes potencias debe sumarse la superexplotación llevada adelante por las burguesías nacionales. Fueron justamente estas las que buscaron beneficiarse con los llamados “gobiernos de izquierda” rapiñando en su beneficio los presupuestos del Estado, pero viraron luego a la derecha para enfrentar de un modo más efectivo a los trabajadores. Sin embargo, los intentos de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores con los Duque, los Bolsonaro, los Macri o los Piñera y avanzar sobre sus conquistas han desatado una ola de rebeliones populares, que tiene sus puntos más destacados en Chile y Colombia así como también en la derrota del golpe en Bolivia gracias a una lucha popular de gran envergadura. Las masivas movilizaciones que estamos viendo ahora en Brasil contra el gobierno de Bolsonaro plantean la posibilidad de un salto cualitativo de este ciclo de rebeliones, ya que representaría el pasaje a la acción del proletariado más numeroso de América Latina.

Las burguesías nacionales y también el imperialismo han tomado nota de esta nueva situación y buscan intervenir sosteniendo a los gobiernos asediados por las masas, pero simultáneamente arman relevos políticos para lo cual echan mano a los partidos que se agrupan en el Foro de San Pablo y en el Grupo Puebla. La reunión de Lula con Fernando Henrique Cardoso forma parte de este operativo y tiene por propósito evitar que Brasil se convierta en Colombia o Chile, y que Bolsonaro no caiga como consecuencia de una rebelión popular. Para la izquierda que se reclama obrera y socialista el desafío que se presenta es muy claro: desarrollar las tendencias revolucionarias de las masas construyendo un bloque político basado en la independencia de clase y la lucha por un gobierno de los trabajadores, capaz de derrotar a todas las alternativas capitalistas, sean de derecha o frentepopulistas. Como lo planteamos en la Conferencia de América Latina y los EE.UU. convocada por el Frente de Izquierda-Unidad, esta lucha plantea una cuestión estratégica de fondo, que parte de rechazar la colaboración con las variantes de frentepopulistas, que son un recurso del capital para desviar la acción revolucionaria de las masas.

La Argentina no escapa a estas tendencias generales, pero se expresan de modo peculiar. El gobierno de los Fernández es el resultado del desvío de la lucha contra el macrismo que tuvo un salto cualitativo con las grandes jornadas de diciembre del 2017. A partir de allí se armó un operativo de contención con el “hay 2019”, para llevar la bronca popular al terreno electoral y evitar una caída de Macri en las calles. Pero desde que asumió el gobierno actual la situación de derrumbe social no ha cesado. Incluso, pandemia mediante, se ha agravado de modo evidente. Lo prueban las estadísticas de pobreza, indigencia, desocupación, crisis habitacional, etc. Las promesas más elementales, como ser la “vuelta del asado” o “aumentarle a los jubilados con la plata de la Leliqs”, tampoco fueran cumplidas. Todo esto mientras los banqueros han seguido embolsando fortunas con el negociado de las Leliqs o las empresas alimenticias remarcando sus productos aún por encima de las altas tasas de inflación. La situación de ajuste empieza a traducirse en bronca y desencanto que la derecha tiene dificultades en canalizar, porque aún está muy fresco en la memoria popular el ajustazo del macrismo sobre el pueblo argentino.

Es a partir de esta situación general que muchos analistas han empezado a advertir no solo que la izquierda pueda realizar una elección interesante en setiembre-noviembre, sino que se interrogan sobre si es posible que en Argentina se repitan los sucesos que vemos en Chile, Colombia o en el plano político en Perú. Están quienes dicen que para que eso ocurra es requisito que la izquierda abandone un programa marxista y de lucha abierta contra el capitalismo. Fundan su afirmación en el hecho de que la izquierda que ha crecido en los procesos electorales de América Latina ha seguido ese curso y da señales muy claras que va a gobernar gestionando el capital. Pero esto plantea un desafío concreto para el Frente de Izquierda-Unidad, cuyo programa claramente defiende la independencia de clase y el gobierno de los trabajadores. Ese desafío es cómo desarrollar una alternativa de masas de contenido obrero y socialista para que las tendencias a la rebelión popular puedan no solo expresarse y desarrollarse, sino concluir de modo triunfante derrotando a los capitalistas e imponiendo un gobierno obrero y popular. El abordaje de las elecciones debe estar guiado con ese propósito estratégico.

Un primer paso para ello es encarar el proceso electoral buscando involucrar a los luchadores que están llevando adelante las luchas contra el ajuste en marcha. Si bien se trata todavía de luchas aisladas, que deben enfrentar tanto al gobierno como a las patronales y a la burocracia, son el terreno concreto por donde se expresa una tendencia a la ruptura política con el nacionalismo burgués y de convergencia con las posiciones que defendemos los socialistas. Muchas de estas luchas adquieren una dimensión de masas, como ocurre con el movimiento piquetero, que en las barriadas más explotadas de nuestro país actúa como una cuña fundamental de la que debemos valernos para disputarle palmo a palmo al peronismo a los sectores más explotados y postergados. Nuestra propuesta de convocar a un Congreso del Frente de Izquierda-Unidad, abierto a estos luchadores, tiene por propósito interesar políticamente a los miles y miles de luchadores que ya participan de luchas con la izquierda, y que queremos convertir en una vanguardia obrera y popular de carácter político. Una participación en la campaña electoral sería de gran utilidad para ello, ya que sería un terreno de confrontación con los partidos y coaliciones capitalistas. Actos de masas en las barriadas más explotadas organizados por el Frente de Izquierda-Unidad llamarían también la atención de sectores medios, que también están viviendo su propia pauperización, y que verían cómo la izquierda progresa de modo significativo entre las distintas capas de la población trabajadora. Cuando nosotros formulamos esta propuesta hace meses atrás considerábamos que ese Congreso también podía abordar la cuestión de la formación de las listas electorales. Ahora, dado que ya estamos en las vísperas de la presentación de las listas, eso no podrá ocurrir, pero la propuesta del Congreso del FIT-U no ha perdido por eso su vigencia. Realizarlo, por ejemplo, en el mes de agosto sería un gran impulso a la propia campaña, si logramos la participación de miles y miles de compañeras y compañeros.

Concretar una propuesta de este tipo sería una superación de la propia experiencia del FIT-U. Contra quienes dicen que no podemos canalizar votos de sectores de masas por nuestro programa podemos exhibir los resultados que hemos logrado en provincias como Salta, Mendoza, Jujuy e incluso Neuquén y Santa Cruz. Pero lo que sí es cierto es que esos resultados no han sido sostenidos y que luego tuvimos caídas significativas. En nuestra comprensión eso se debe a que los resultados electorales no tuvieron como soporte firme una sólida vanguardia obrera que le dé sustento. Esa tarea todavía está pendiente a pesar de los pasos dados en ese sentido. Nuestra propuesta del Congreso del FIT-U parte de esta caracterización, que marca los límites del desarrollo mismo que ha tenido nuestra acción política como frente. Explotar las crisis políticas de los partidos de la burguesía es una condición para un avance de nuestra causa. Pero nosotros no queremos ocupar los espacios que deja el régimen sino desarrollar nuestro propio “espacio”, mediante la construcción de una alternativa socialista y el desarrollo de una vanguardia obrera revolucionaria.

Desde ya que este abordaje tiene como prerrequisito una acción unificada y mancomunada del Frente de Izquierda-Unidad. La propuesta formulada de realizar unas Paso de la izquierda va en sentido contrario, porque coloca el eje en la disputa interna y la confrontación. En vez de ir juntos a invitar a los sectores en lucha para que participen de un Congreso y de la campaña, iríamos a disputar cada uno por su lado el voto de todos ellos, inevitablemente contra el voto a otras listas del propio FIT-U. Los luchadores de este país y el conjunto de los trabajadores no verían a la izquierda batallando contra los Macri, Bullrich, los Fernández y Massa sino peleando entre sí por cargos en las listas. Un espectáculo no solo penoso sino políticamente criminal, que va en sentido contrario a las tareas que se desprenden de la situación política nacional y continental.

Compañeras y compañeros del PTS, ustedes lanzaron una campaña para que la izquierda vaya unida a las elecciones, pero contradictoriamente plantearon hacer unas Paso para dirimir las candidaturas, lo cual lleva a la división y no a la unidad. Como ustedes lo reconocen en su propia carta, ya en el FIT-U está el 80% de la izquierda de nuestro país, por lo que la propuesta sería un retroceso de lo que ya tenemos. Para ser claros, pasaríamos de una presentación unitaria de los 4 partidos del FIT-U como ya tuvimos en las elecciones pasadas a una disputa entre nosotros en las primarias. Y aún con otros abiertamente enemigos políticos del FIT, que entrarían para atacarnos como ahora lo hacen desde afuera, sin fundamento alguno o en casos por la virtud de haber creado un campo de independencia de clase con un programa definido. De más está decir que abre la puerta a un liquidacionismo del propio frente que hemos construido desde el año 2011. En relación a las fuerzas de izquierda que están fuera del FIT-U -ese 20% restante, según sus propios cálculos- las tenemos que llamar a que revisen su posición hostil al FIT-U pero bajo ningún aspecto valernos de ellas o invocarlas para terminar dividiendo a nuestro frente. El caso de Luis Zamora es incluso un caso especial porque ha reiterado su rechazo de los últimos años atacando la construcción política de los partidos de izquierda, el programa del FIT y por otra parte carece de toda intervención en la lucha de clases. El MAS también ha rechazado ahora y antes la integración al programa y el accionar político del FIT-U.

Como pueden ver, nuestro rechazo categórico a las Paso se basa en cuestiones políticas de fondo, que hacen a principios fundamentales y también a las tareas que consideramos claves en esta etapa. Por lo expuesto se deriva que la afirmación de que las Paso serían la única manera de unir a la izquierda es realmente falaz, porque al menos a nosotros no nos incluye. Dada las manifestaciones realizadas por Izquierda Socialista, debemos concluir que a ellos tampoco. Tomamos nota, además, que las fuerzas que están fuera del FIT-U han rechazado cualquier acción frentista. En algunos casos -como sucedió con el grupo de Altamira- el rechazo fue tan categórico que llevó a que llamen a no votar al FIT-U en Jujuy sino a anular el voto.

En su carta ustedes han planteado que hay que dejar atrás el rutinarismo y las mezquindades. Nunca mejor dicho. ¿O no hay algo más mezquino que dividir al FIT-U en varias listas en pos de apetencias de cargos? ¿O no hay mejor manera de combatir el rutinarismo que organizar una campaña electoral sumando a miles de luchadoras y luchadores, para lo cual un Congreso del FIT-U puede ser un gran instrumento? No tenemos dudas de cuáles son las respuestas correctas a estas preguntas y no tenemos dudas tampoco de la opinión que tendrán los trabajadores que siguen a la izquierda.

Compañeras y compañeros, pesa sobre los partidos del FIT-U una gran responsabilidad. Es nuestro deber militante estar a la altura de ella.

Comité Ejecutivo del Partido Obrero

28/6/2021

Foto: Fede Ima Ojo Obrero Foto

¿La unidad de la izquierda es con una competencia interna en las Paso o con listas únicas del FIT-U?

A propósito de la campaña del PTS. Reforcemos un plan de acción común

28/06/2021

Nota de Gabriel Solano y Juliana Cabrera en Prensa Obrera

El PTS lanzó una campaña de pronunciamientos presentada como una defensa de “la unidad de toda la izquierda clasista y socialista”, incluyendo a organizaciones que no integran el FIT-U y que se caracterizan por su hostilidad al mismo, como Zamora o el grupo de Altamira, que en las elecciones de Jujuy del domingo próximo llaman a votar en blanco. El punto central es que reclaman “utilizar el mecanismo de las Paso para conformar listas unitarias en las elecciones generales de noviembre” (textual del petitorio). El mismo planteo de ir a unas Paso a dirimir candidaturas es defendido por el MST.

¿Listas únicas o división y competencia en las Paso?

A simple vista esta propuesta contiene una contradicción elemental: mientras se invoca la unidad se propone una división del FIT-U actual, que en vez de ir a las elecciones primarias en una lista unificada debería dividirse en varias y enfrentarse entre sí. El planteo es un tiro en el pie para la izquierda que integra el frente y se reivindica revolucionaria. En lugar de potenciar una acción política común contra los bloques capitalistas, unas Paso del FIT-U subordinan esa confrontación de clase a la competencia y la división interna dentro de la izquierda. Dicho de otro modo y para que se entienda bien: en vez de ir a disputar con los Macri, Fernández, Kicillof y Larreta, iríamos a un debate y disputa entre la izquierda.

Los bloques patronales tienen en claro el factor de crisis que representa una competencia interna. El Frente de Todos, por eso, las descarta por completo y tiene resuelto ir en una lista común en las Paso y las generales. Juntos por el Cambio está, por estos días, haciendo alquimias para tratar de evitar una disputa interna. Todos son conscientes que una contienda interna en unas Paso golpea aún más sus posibilidades frente al desgaste que sufren como ejecutores del ajuste y responsables del hambre y la miseria. Este escenario político abre enormes posibilidades para el FIT-U, que sería irresponsable no aprovechar.

Las organizaciones que presentan la propuesta afirman que las Paso serían la única forma de lograr la unidad. Pero no es así. Desde su fundación en el 2011 el FIT y luego el FIT-U hemos concurrido a las primarias con listas comunes; la única excepción fue el 2015 y localmente en Salta en las últimas elecciones provinciales. En el 2019 logramos no solo listas únicas sino también la incorporación del MST. ¿Por qué pasar de estas listas unificadas a una división? ¿No sería claramente un retroceso del FIT-U? La afirmación de que una competencia en las Paso sería el precio que hay que pagar para lograr la unidad no se corresponde con el pasado reciente de nuestro frente. Salvo, claro, que se quiera desconocer ese pasado para reemplazar una lista equilibrada por otra monopolizada por un solo partido. Pero en este caso, el argumento sería claramente un sofisma: como pretendo algo imposible de conseguir en una negociación, reclamo la realización de una interna para tratar de lograrlo por otra vía. Así las cosas, las Paso dejarían de ser “inevitables” en el mismo momento que depongo las ambiciones desmedidas.

Otro argumento que han utilizado quienes defienden las disputa en las Paso es que servirían para incorporar a las fuerzas que no están en el FIT-U. Pero esto tampoco es cierto. Primero porque el MST se incorporó en las elecciones del 2019 sin necesidad de ninguna Paso. Segundo, porque si en el FIT-U está el 80% de la izquierda, como afirma el PTS, no tiene sentido que una fracción menor sea invocada como el pretexto para dividir lo que hasta las últimas elecciones concurrió en listas unificadas. Después de todo, la cuestión fundamental es cómo dinamizar ese 80%, algo que con seguridad no se lo logrará con la escisión en las Paso entre varias listas.

No puede pasarse por alto que tanto el PTS como el MST plantean las Paso exclusivamente para dirimir las candidaturas y el orden de las listas. Este método político no puede naturalizarse entre la izquierda. Fraccionar a un frente en múltiples listas en vez de enfrentar de modo unificado a los bloques capitalistas, por el simple afán de tal o cual grupo por una candidatura, debiera ser rechazado in limine. Por donde quiera verse, se trata de un método equivocado. Las fuerzas que integramos el FIT-U tenemos divergencias, muchas de ellas de peso y de alcance estratégico. Nosotros no las negamos, sino que incluso las debatimos públicamente. Pero no son las Paso el lugar de resolución. Una elección organizada por la burguesía, con sus leyes y el aparato comunicacional en su poder, con el peso de la vanguardia que lucha disuelta entre una masa policlasista de electores, no es el ámbito de resolución de divergencias entre los socialistas.

A diferencia de esta propuesta, las listas únicas que planteamos para las Paso y las generales permitirían al FIT-U arrancar sin dilaciones una batalla común para erigirse como alternativa política frente a la monumental crisis que vivimos y el desgaste de los partidos del régimen. Existen además bases políticas sólidas para ello, porque ya lo hemos hecho en el pasado –en la mayoría de las elecciones en las que intervenimos desde la fundación del frente. Pasar de las listas únicas a la división y competencia interna en las Paso sería una involución, porque de este modo se jerarquiza aquello que nos divide y no lo que nos une. La constitución del FIT tuvo como fundamento otro principio político: el de poner en pie un polo político independiente para separar a los trabajadores de las corrientes de la burguesía.

Listas únicas y un gran Congreso del FITU

Volvemos a insistir con nuestra propuesta de poner en pie listas unificadas del FIT-U y que convoquemos en común un congreso, que refuerce la intervención unitaria no solo en la campaña electoral sino como referencia y alternativa política de las luchas que se abren curso frente a la catástrofe sanitaria y social que estamos viviendo.

El problema de la presentación y participación electoral bien podría haber sido abordada en este congreso, con la participación de todxs aquellxs que simpatizan y defienden al Frente de Izquierda como un bloque político independiente de los trabajadores. No obstante, las tareas que debe abordar un congreso de este tipo superan con creces el problema de las candidaturas. Sería un factor de debate y organización de la campaña electoral en sí misma, los planteos, el programa y los métodos de los que nos valemos para esta batalla política. Pero también para pegar un salto en la organización de una vanguardia obrera movilizada políticamente junto al FIT-U.

Las listas únicas y la organización de un gran Congreso del Frente de Izquierda nos brindan enormes posibilidades para explotar la oportunidad excepcional que nos presenta el actual escenario político y social para un ascenso de la izquierda revolucionaria.

Millones se preguntan… Argentina ¿tiene salida?

El Gobierno y la derecha nos hunden en una nueva catástrofe social

28/06/2021

El hundimiento de la Argentina

Estamos atravesando una situación dramática, que preocupa y angustia a millones de familias trabajadoras. La argentina está hundida en una catástrofe social, sanitaria y económica.

La pobreza alcanza al 42% de la población e impacta con más fuerza aún en los niños ¿podemos naturalizar que 3 de cada 4 pibes en la provincia  de Buenos Aires no tengan lo suficiente para comer? La suba de los alimentos, particularmente de la carne, y de los alquileres golpean con fuerza a las familias.

El gobierno de Alberto Fernádez y las patronales descargan la crisis capitalista sobre los trabajadores con un fuerte ajuste en los salarios y jubilaciones, con despidos y precarización laboral para garantizar el pago de la deuda usuraria al FMI y el Club de París.

Este ajuste tuvo como resultado que enfrentemos la segunda ola de Covid 19 desguarnecidos. Sin recursos para la asistencia económica y social, los trabajadores quedaron expuestos a los contagios. Y la defensa de los intereses de los laboratorios evitó tomar las medidas necesarias para tener las vacunas en tiempo y forma. Nos acercamos a los 100.000 muertos y esto todavía no terminó.

Alberto Fernández incumplió sus promesas

En la campaña electoral Alberto Fernández ganó la votación prometiendo  revertir el desastre económico dejado por Macri. Prometió priorizar a los jubilados por sobre los bancos. Prometió que los trabajadores iban a poder hacer una asado. Prometió salud, educación y vivienda. ¿Dónde quedaron esas promesas? Ahora le echan la culpa a la pandemia, pero la decadencia del país viene desde mucho tiempo atrás.

Ya gobernaron todos… y fracasaron

En las últimas décadas gobernaron peronistas, radicales, kirchneristas y macristas. Se pelean, luego se amigan, cambian de camiseta o inventan una “grieta” pero al final siempre ganan los de arriba y pierden los de abajo. ¿O alguna vez la crisis la pagaron los bancos, las privatizadas o las petroleras?

La argentina SÍ tiene salida… pero con los trabajadores

La magnitud y duración de esta crisis y decadencia nos impone la necesidad de cambios profundos. Si los trabajadores seguimos yendo detrás de los mismos de siempre vamos a tener el mismo resultado. Para pensar un futuro tenemos que tomar el presente en nuestras manos. Es lo que está pasando en muchos países de América Latina donde los trabajadores se plantan contra el ajuste ganando las calles y creando una nueva situación. En Argentina tenemos ese mismo desafío.

Vamos con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Para abrir paso a los trabajadores, desde el Partido Obrero proponemos:

  1. Apoyemos todas las luchas en curso contra el ajuste.

En los barrios nos ponemos de pie contra el hambre y la desocupación.

Junto a los trabajadores de la salud, que estuvieron en la primera línea del combate a la pandemia.

Con los trabajadores precarizados que luchan contra los despidos y por el pase a planta permanente.

Con la juventud y la docencia que luchan en defensa de la educación pública.

  1. Listas únicas y un Congreso del Frente de Izquierda

Las listas únicas nos permiten intervenir en las elecciones como un solo bloque contra todos los partidos capitalistas. Mientras en el gobierno y la derecha se agravan las internas, los trabajadores tenemos que apuntar los cañones para el mismo lado.

Y para darle un gran impulso a esta pelea proponemos un Congreso del Frente de Izquierda, del cual participen las y los protagonistas de las luchas contra el ajuste, del movimiento de mujeres, diversidades y la juventud.

  1. Un programa para salir de la crisis

El Congreso del Frente de Izquierda serviría además para desarrollar un programa frente al hundimiento de la Argentina.

Contra el saqueo: abajo el pago de la deuda usuraria, ningún pacto con el FMI.

Contra el hambre: subsidio de $40.000 para los desocupados

Contra la desocupación: reparto de horas de trabajo, plan de obras públicas y vivienda

Contra la inflación: reapertura de paritarias, salario mínimo igual a la canasta familiar ($96.000)

Contra la pandemia: centralización estatal del sistema de salud, nacionalización de los laboratorios, cumplimiento de las demandas de los trabajadores de la salud

 

¡Vamos con el Frente de Izquierda!

En la Ciudad:

Gabriel Solano – Vanina Biasi – Amanda Martín

En la provincia de Buenos Aires:

Romina del Plá – Néstor Pitrola

Larreta quiere reabrir escuelas en el peor momento

27/05/2021

El Jefe de Gobierno de la Ciudad ya fijó la vuelta a la presencialidad escolar en pleno pico de contagios. Con cifras que alcanzan casi los 40.000 casos por día, el gobierno de la Ciudad ya anunció que el cierre de las aulas durará estos tres días hábiles para volver a las escuelas el lunes 31/5.

¿Qué criterio sanitario sostiene esta medida? Ninguno. No hay condiciones para sostener esta apertura en un distrito de alerta epidemiológica que tiene más de tres mil casos por día. Nada indica que la semana que viene estemos mejor que ésta.

A la situación epidemiológica se le suma el fracaso del plan de vacunación. En CABA, por ejemplo,  sólo alcanzó al 14% de los docentes, que recibieron en su enorme mayoría una sola dosis.

Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad impulsa esta semana un “apagón educativo”, negándose a dictar clases “a distancia”. Por un lado, esta decisión busca “presionar” para la apertura de escuelas. Por otro, revela un fracaso de la política educativa de la Ciudad, que luego de no haber invertido un peso en condiciones de conectividad y de haber recortado 371 millones del Plan Sarmiento admite que no tiene condiciones para garantizar esta modalidad.

Las críticas a Larreta del peronismo porteño no son más que demagogia. Lo demuestra que al día de hoy el gobierno de Alberto Fernández y Nicolás Trotta entregó luego de un año y tres meses de pandemia sólo 120.000 computadores, cuando hay 6 millones de jóvenes con problemas de conectividad. También que en las provincias en las que gobiernan (como Santa Fe) mantuvieron la presencialidad, colapsaron el sistema de salud y no tomaron ninguna medida para sostener la educación a distancia.

La deserción estuvo a tono con esta política: uno de cada cuatro estudiantes bajo la línea de pobreza en la Ciudad y el país se quedó afuera de la cursada por no tener un dispositivo o no disponer de internet. Colaboran con esta situación los innumerables rechazos y obstáculos para adquirir la Beca Progresar que imponen el ANSES y el gobierno nacional. Importa más el ajuste que la educación.

Como si esto fuera poco, Larreta suspendió esta semana la entrega de las canastas alimentarias ni arbitró otros medios para distribuirlas.

En este contexto, poner a circular a millones de personas la semana que viene para sostener la apertura escolar pone miles de vidas en peligro. Con el discurso falso de “las escuelas no contagian”, esta política ya se cobró la vida de 16 docentes por covid.

Desde Tribuna Docente, la Juventud del Polo Obrero (JPO) y la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) rechazamos esta apertura sin criterio y exigimos que las clases se lleven adelante de forma virtual, con la respectiva inversión para garantizar esta modalidad para todas las escuelas de la Ciudad.

-Suspensión de la presencialidad escolar en alerta sanitaria.

-Computadoras y WiFi libre para poder estudiar. Garantía de la modalidad virtual en este contexto.

-Vacunación para todos los docentes

-Aumento de la Beca Progresar a 10.000 para todos quienes la pidan

-Sostenimiento de la canastas alimentarias en todas las escuelas de la Ciudad

Aportar al Partido Obrero, por una salida de los trabajadores a la crisis

Carta al aportista

26/05/2021

Compañera/o

 

Estamos encarando una nueva campaña financiera. Como cada año, el Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda – Unidad se dirige a miles de compañeros y compañeras simpatizantes y militantes en todo el país, para recabar el aporte que permita sostener nuestra actividad.

Una actividad esencial en la pandemia y la crisis que atravesamos. Porque nos permite organizar en todo el país los barrios mas explotados en la lucha contra el hambre, poniendo en pie asambleas y merenderos y saliendo a las calles para enfrentar la desocupación y la miseria.

En estos meses de crisis, venimos reclamando que se utilicen el conjunto de los recursos del país para garantizar los ingresos de las y los trabajadores. Porque mientras se elimina el IFE y se recorta en la ayuda social, se pagan 100.000 millones mensuales de intereses de Leliq y se le pagan los intereses al Fondo Monetario y los acreedores de la deuda. Porque mientras la inflación se dispara, los salarios siguen anclados en una pauta de 30%, que apunta a consolidar una nueva caída.

Por eso, venimos de acompañar grandes luchas, como la de las y los compañeros de la salud por sus salarios y condiciones de trabajo, la de los choferes por sus salarios y las vacunas, la de los docentes por el salario y contra la imposición de una presencialidad escolar contra todos los parámetros epidemiológicos.

Porque la pandemia avanza.  Por eso, pusimos en pie una campaña para que se intervenga el laboratorio mAbxience y se complete la producción local de la vacuna, tan necesaria para terminar con el virus. Es que se han producido en el país el principio activo para mas de 60 millones de dosis de vacunas, mientras la empresa productora, Astra Zeneca, no cumple con los compromisos firmados para abastecer a la Argentina y el gobierno hace la vista gorda frente a la situación.

Los aportes de campaña financiera van a financiar estas campañas fundamentales. El Partido Obrero se financia con los aportes de los trabajadores, lo que nos permite sostener una independencia política. Esta forma de financiamiento nos separa de Cambiemos o del Frente de Todos, que se financian con aportes de los grandes empresarios, para quienes gobiernan.

Ni el gobierno, ni Cambiemos están en condiciones de dar una salida a esta crisis: son los que nos gobernaron las últimas décadas y nos llevaron a esta situación. Sólo los trabajadores pueden poner en pie una salida, luchando en las calles y preparando una alternativa política, fortaleciendo el peso y la influencia de la izquierda que lucha por el socialismo y el gobierno de los trabajadores. El Partido Obrero propone un congreso del Frente de Izquierda – Unidad para agrupar fuerzas y salir en forma unificada a esta pelea.

Por último, la crisis capitalista y el Coronavirus están abriendo paso a grandes confrontaciones a nivel internacional. El pueblo de Colombia se levanta contra el ajuste de Duque. En Chile, la constituyente arrancada a Piñera con la rebelión popular deberá discutir en el marco del derrumbe de los partidos tradicionales y la emergencia de nuevas fuerzas de izquierda. En Estados Unidos, la rebelión popular puso contra las cuerdas a Trump y a todo el arco político y su herencia pesa sobre el gobierno de Biden.

El Frente de Izquierda y el Partido Obrero han estado, en el país, a la cabeza del apoyo a todos estos procesos populares. Para impulsarlos, proponemos una nueva conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos convocada por el Frente de Izquierda Unidad, como la que agrupó a mas de 40 organizaciones del continente en 2020. Como así también estamos poniendo en pie una gran acción de respaldo al pueblo palestino contra las agresiones criminales del sionismo.

El aporte de cada simpatizante ayuda a consolidar estos objetivos y llevar estas causas populares a la victoria.

Solo los trabajadores podemos dar una salida a la crisis

Manifiesto del Partido Obrero. El 1° de Mayo, acto del Frente de Izquierda: el gobierno, la derecha y los capitalistas nos llevan a una catástrofe social y sanitaria.

29/04/2021

La pandemia, nuevamente, golpea muy duramente al país. Argentina se encuentra entre los países más afectados del mundo, tanto en cantidad de contagios como de fallecidos. El nuevo piso de casos diarios se ha establecido ya en los 25.000. El techo, en cambio, sigue siendo una incógnita. En estos días supera muchas veces los 25.000 casos, pero los especialistas y hasta funcionarios pronostican que podría llegar a 50.000 casos o más. Con una tasa de letalidad superior al 2%, anticipa que tendremos en las próximas semanas 1.000 muertos por día.

El sistema sanitario ya se encuentra colapsado. Las terapias intensivas están repletas, sin lugar para nuevas internaciones. El personal especializado está exhausto y es escaso para enfrentar la situación. Por las redes sociales y también por los medios de comunicación se escuchan personas implorando por una cama para un familiar enfermo. Por falta de camas, muchas personas deben ser entubadas en las guardias y hasta en las ambulancias, lo que disminuye drásticamente su posibilidad de vida. El crecimiento de los casos agravará esta situación ya desesperante.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantearon tempranamente la necesidad de proceder a una centralización del sistema de salud, para establecer un plan de atención unificado, disponiendo de la totalidad de los recursos sanitarios existentes del sistema público, del privado, de la seguridad social, de las universidades nacionales y las fuerzas de seguridad. Nada de eso se hizo. Por el contrario, el gobierno permitió que sigan cerrando clínicas privadas, por el simple motivo que no eran redituables para sus dueños. ¡En medio de una pandemia, solo en la provincia de Buenos Aires se permitió el cierre de 10 sanatorios privados!

Idéntica situación ocurrió con el plan de vacunación. Sabiendo la disputa mundial por el acaparamiento de las vacunas que realizan los países más poderosos, el gobierno no desarrolló un plan de provisión propio, valiéndose del complejo científico y técnico del país, incluso potenciandoló. Se priorizaron los negocios de amigos del poder, como el empresario Hugo Sigman, que produce y exporta el compuesto activo de la vacuna de AstraZeneca en la Argentina, mientras el país no ha recibido ni una sola dosis del contrato firmado con ese laboratorio. Nuestra propuesta de que se declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience y que el gobierno asegure la continuidad de la producción es rechazada por el gobierno que sigue priorizando los intereses de los grandes laboratorios.

Chau IFE, hola FMI

Visto que la llamada segunda ola se dio en todo el mundo, ni el gobierno nacional ni los de las provincias pueden declararse sorprendidos. Alcanzaba para ver lo que sucedía en Europa y EE.UU, e incluso en los países de la región, para saber que Argentina tendría un aumento de los casos. Pero nada de eso hizo para anticiparnos a esa situación y tomar medidas de prevención. Por el contrario, en el sistema de salud se desarmaron muchos de los hospitales modulares armados y de las nuevas camas habilitadas.

En relación al personal de salud, en vez de acelerar el reclutamiento de un mayor número de trabajadores y acelerar su especialización, el gobierno anuló el bono miserable de $5.000 que había otorgado y les impuso una paritaria 11 puntos por debajo de la inflación. El relajamiento del que habló el presidente, acusando a los trabajadores de salud, en realidad fue el de su propio gobierno que no dudó en aplicar un ajuste a quienes más se la jugaron para enfrentar la pandemia y cuidar a la población.

Detrás de este “relajamiento” se esconden los intereses sociales capitalistas que determinan la política de los gobiernos de la Nación y de las provincias. Solo eso puede explicar que, cuando el crecimiento de los casos era ya notorio y se anticipaba la catástrofe actual, el gobierno llamara a la población a moverse por todo el país en Semana Santa, reflejando la presión de los empresarios del turismo. Cuando es sabido que la reducción de la circulación del virus solo puede lograrse reduciendo la circulación de las personas, el gobierno impulsó que más de 4 millones de personas se desplacen por el país propagando aún más la enfermedad.

En el mismo sentido, el gobierno desoyó el pedido de los científicos de que cerrara las fronteras para evitar el ingreso de nuevas cepas, que se sabe son más contagiosas y letales. Esa irresponsabilidad la estamos pagando caro: un reciente informe oficial mostró que el 70% de los contagios en la ciudad de La Plata son de la cepa de Manaos.

La desidia para enfrentar la pandemia no se limita a estas decisiones. En el Presupuesto 2021, aprobado por el Congreso Nacional, no se incluyó ninguna partida especial para reforzar el sistema sanitario ni para atender las consecuencias sociales que inevitablemente genera el crecimiento de los casos. Por este motivo fue eliminada la IFE, que habían cobrado más de 9 millones de personas. Un subsidio por completo insuficiente, pues se limitó a solo $5.000 mensuales para una familia. Pero cuando correspondía reforzar esa asistencia, estableciendo un verdadero subsidio al desocupado de $40.000, el gobierno hizo lo contrario, al decidir su completa eliminación. La mira estuvo puesta en reducir el déficit fiscal a la mitad, con el objetivo definido de llegar a un acuerdo con el FMI. Solo el Frente de Izquierda denunció en el Congreso el carácter ajustador de ese presupuesto y anticipó que la eliminación de las partidas para enfrentar la pandemia agravaría la crisis sanitaria.

Educación

Otro tanto sucedió con la vuelta a las clases presenciales. Los gobiernos se valieron de la baja de casos registrada en el verano para acelerar la vuelta de las clases presenciales, sin realizar las inversiones necesarias para ello. Esa vuelta no fue acompañada de una inversión para ampliar y ventilar las aulas, construir baños en los colegios, contratar más personal docente y no docente, o asegurar un transporte escolar especial o público seguro.

Desconocieron los estudios de especialistas en todo el mundo y la experiencia de otros países, que anticipaban que las clases presenciales eran un factor de propagación del virus. Así sucedió lo inevitable: alcanzó con que se combine la vuelta a clases con la llegada del otoño para que se produzca la explosión de casos que estamos viendo. Durante semanas, el ministro Trotta, y su par de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña, afirmaron en el Consejo Federal de Educación que los colegios eran seguros y que no se registraban contagios. Simplemente mintieron: la evidencia de un ritmo mayor de crecimiento de los contagios en los chicos de edad escolar existe desde hace algunas semanas y fue ignorado y ocultado. Cuando esta realidad se hizo evidente, y luego de masivos paros docentes, el gobierno nacional decidió la suspensión por dos semanas de las clases solo en la zona del Amba, dejando el resto del país sin cambios.

La resistencia criminal de Larreta a cerrar los colegios fue replicada por la mayoría de los gobiernos peronistas de las provincias, que mantienen las clases presenciales a pesar del crecimiento sostenido de los casos. Ninguno de ellos, además, preparó las condiciones para una vuelta transitoria a la virtualidad, tomando medidas como el reparto de computadoras y dispositivos que aseguren la conectividad. Lo mismo ha hecho la Iglesia Católica, que suele invocar demagógicamente “la defensa de la vida” para rechazar el derecho elemental del aborto legal, pero ha mantenido sus colegios abiertos en pos de asegurarse el cobro de las cuotas.

Todos los políticos y partidos responsables de la crisis educativa que sufre Argentina, desde hace décadas, se llenaron la boca hablando de la educación solo para ocultar que la apertura indiscriminada de los colegios en lo peor de la pandemia es una exigencia de las empresas para que los padres y madres no soliciten licencias de cuidado, que son vistas como un costo por los empresarios.

Pobreza e indigencia en ascenso

El agravamiento de la crisis sanitaria va de la mano del agravamiento de la crisis social. Las estadísticas de pobreza e indigencia arrojaron un nuevo salto, alcanzando niveles escandalosos. En la Argentina, 4 de cada 10 personas está en condición de pobreza. En los menores de 18 años la situación es todavía peor: son 6 de cada 10. Aunque la pandemia agravó la situación, de ninguno modo puede responsabilizarse al Covid sobre la pobreza estructural que tiene el país.

Previo al golpe de Estado de 1976, en Argentina la población en situación de pobreza no llegaba al 5%. Al terminar la dictadura era 25%. Luego, todos los gobiernos constitucionales, sin excepción, mantuvieron ese piso altísimo, que pega saltos con las crisis recurrentes que tiene el país. Sucedió con Alfonsín, Menem, De la Rúa, Cristina Kirchner, Macri y ahora con Alberto Fernández. ¡Quienes nos han gobernado en las últimas décadas son los responsables de que la pobreza oscile entre el 25 y el 50%!

Esta pobreza también afecta de un modo más intenso a las mujeres, que registran un mayor porcentaje entre la población desocupada y también son las que tienen menores ingresos. En el cuadro de la cuarenta, esta desigualdad se potenció con una mayor violencia de género y un crecimiento enorme de los femicidios.

En la actualidad, el salto en los niveles de pobreza está directamente vinculado a la desvalorización del salario y de las jubilaciones. El año pasado, salvo excepciones puntuales, todas las paritarias fueron cerradas por debajo de la inflación. La peor patronal fue el Estado, ya que los empleados públicos tuvieron una pérdida del salario superior a los 10 puntos. En el caso de las jubilaciones, es sabido que la primera medida adoptada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue eliminar la movilidad previsional, repitiendo el golpe que ya les había asestado Macri. Prometieron, y mintieron, que con el nuevo índice los jubilados le ganarían a la inflación. Por lo pronto, en el primer trimestre del año el aumento anunciado está casi 5 puntos por debajo del aumento de los precios. Esta confiscación a los jubilados es una de las grandes demandas del FMI que el gobierno cumple sin chistar.

La carestía es otro factor que agrava la situación de pobreza existente. La pauta inflacionaria del 29%, establecida en el Presupuesto 2021, solo fue un recurso para que las paritarias se firmen en esos niveles. Pero los empresarios aumentan los precios muy por encima de ese registro. Así, detrás de la inflación se produce una transferencia de recursos de los trabajadores y sectores populares a los capitalistas.

Esa transferencia no es solo en beneficio de quienes producen productos de consumo masivo. Alcanza por sobre todo a los bancos y sectores financieros, que se embolsan mes a mes unos $100.000 millones por intereses que le paga el Estado por las deudas que coloca mediante el Banco Central. Llamativamente el único sector económico que no retrocedió en el 2020 fue el financiero. Un bochorno para un gobierno que se jacta de encabezar un “modelo productivo”.

La crisis sanitaria y social se entrelazan y se potencian creando una dimensión única. En momentos donde es necesario aplicar restricciones para frenar la circulación del virus, una parte muy importante de la población teme, con razón, que medidas de ese tipo solo traerán más despidos, más pobreza e indigencia. Se coloca a la población ante la disyuntiva de resignarse al contagio y eventualmente enfrentar una evolución grave o fatal de la enfermedad, o perder su trabajo o parte de sus magros ingresos. Los inquilinos temen ser desalojados porque no puede pagar los alquileres, lo mismo quienes tienen créditos UVA. Los pequeños comerciantes también enfrentan el peligro de perder sus comercios y los profesionales de no poder llevar adelante sus actividades. Esto sucede porque los recursos materiales del país, producidos por los propios trabajadores, no están puestos a disposición de enfrentar la pandemia en todos los planos, sea el sanitario, el social y el económico, sino que son acaparados por los capitalistas en función de su propio beneficio.

Responsabilidad política compartida

La derecha, con los Macri, Bullrich y Larreta a la cabeza, quiere explotar esta situación para presentarse ante la población como defensores de los que quieren trabajar y estudiar en libertad. Sin embargo, la libertad que reclaman es la de poder explotar a los trabajadores sin ninguna tipo de restricciones, ni siquiera de aquellas que están dictadas por los elementales cuidados que imponen una pandemia.

Este sector ha ido evolucionando hacia posiciones negacionistas, como las que Bolsonaro aplica en Brasil o Trump aplicó en los EE.UU. Sin embargo, ni uno ni otro lograron impedir el impacto económico y social de la pandemia, sino que la descargaron sobre las espaldas de los trabajadores, con mayores despidos y reducciones de sus ingresos.

El fracaso del gobierno de Macri, que concluyó su mandato en un cuadro de default y cepo cambiario, debilita a esta derecha como alternativa política, incluso a los ojos de la clase capitalista. A la vez, ha surgido una fracción derechista que se autodefine como “libertaria”, que pretende aplicar el programa que Macri quiso y no pudo llevar adelante en su gobierno. Se trata, ni más ni menos, que una política rabiosamente antiobrera y antipopular. La realización de su programa solo puede hacerse con un reforzamiento represivo en toda la línea. En una escala menor es lo que sucede en Andalgalá, donde se detiene y procesa a 10 luchadores ambientalistas por el solo hecho de movilizarse contra la megaminería contaminante. Es lo que sucedió también en Guernica y en muchas luchas obreras, que fueron ferozmente reprimidas por Berni.

Por el momento, la clase capitalista actúa dentro del gobierno y presiona allí por para conseguir sus intereses. Le reconoce que mientras despotrica contra el ajuste lo aplica de hecho con mayor efectividad que el mismo macrismo. No solo el gasto público se ha licuado por la inflación y el gasto previsional se ha reducido a los niveles más bajos de la historia. Los salarios, medidos en dólares, es decir para la competencia internacional, han caído a niveles nunca vistos en la historia argentina. El salario mínimo, por ejemplo, está en unos 150 dólares, lo mismo que la jubilación mínima que cobran unos 5 millones de jubilados. 150 dólares era la jubilación bajo el menemismo. Este curso ajustador ha sido seguido por toda la coalición de gobierno, más allá de los choques y peleas de camarillas circunstanciales entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Massa y otros sectores del PJ.

El papel nefasto y traidor de la burocracia sindical para hacer pasar este ajuste, sin embargo, está siendo desafiado por un crecimiento de las luchas que chocan con el “pacto social” que el gobierno promueve con las patronales y las direcciones sindicales. Entre ellas se destacan las gigantescas movilizaciones del movimiento piquetero, que denuncian la política de hambre del gobierno y de todo el régimen, y que con sus acciones permanentes y sistemáticas actúa como un apoyo y acicate de otros sectores de trabajadores. Brilla también la ya histórica lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén, que con sus piquetes masivos y paros desafían los techos salariales pactados con la burocracia kirchnerista de UPCN y ATE.

También en el movimiento de la salud se producen otras acciones de lucha, como por ejemplo las de la Clínica San Andrés que enfrenta el cierre del establecimiento, los trabajadores del Hospital Larcade o del Hospital de Mar del Plata. El movimiento docente también se ha puesto de pie, y va al paro por el reclamo del regreso transitorio a la virtualidad en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, o en colegios preuniversitarios en Tucumán y Bahía Blanca, incluso superando la parálisis cómplice de la dirección kirchnerista de Ctera.

La lucha alcanza a trabajadores de distintas provincias, como los vitivinícolas de Mendoza y los del citrus de Tucumán. Y sectores de la industria, que defienden mediante la acción directa la aplicación de protocolos que las patronales violan para reducir costos e incrementar los ritmos de trabajo. En ese sentido, el paro en Pirelli impulsado por el combativo Sutna contra una muerte obrera es un ejemplo para todo el movimiento obrero. El Sutna viene de arrancar una paritaria anual del 54%.

Nuestro programa

Estas luchas plantean la necesidad de un programa para enfrentar la situación de catástrofe sanitaria y social a la que nos llevan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Plantemos:

1. Centralización inmediata del sistema de salud, unificando los recursos del sistema público y privado en un plan único de atención. Ampliación de las camas, disponiendo las partidas presupuestarias necesarias. Reapertura y equipamiento de las clínicas cerradas, para ponerlas en funcionamiento bajo gestión de médicos y trabajadores sanitarios. Contratación de más personal y satisfacción inmediata de los reclamos de los trabajadores de la salud de todo el país.

2. Intervención del laboratorio mAbxience del empresario Hugo Sigman y que el gobierno disponga todas las medidas para asegurar la producción pública e integral de la vacuna en el país, para atender la demanda local y regional. Inmediata liberación de las patentes para garantizar su producción. Registro e intervención bajo gestión obrera de todos los laboratorios que pueden participar de la fabricación de la vacuna y de insumos contra el Covid.

3. Cese transitorio de las actividades no esenciales para reducir el crecimiento de los casos. Cobro del 100% del salario para todos los trabajadores, estén o no afectados por las medidas de restricción. Apertura de los libros contables de las empresas para verificar si requieren o no colaboración del Estado para el pago de salarios. Protocolos bajo el control de comisiones obreras en los lugares de trabajo que deben continuar la producción y en el transporte.

4. Inmediato subsidio de $40.000 para todos los desocupados. Por un reforzamiento de la asistencia a los comedores populares. Acceso a la tierra y la vivienda para terminar con el hacinamiento.

5. Cese transitorio de la presencialidad escolar en todo el país. Determinar a través de un semáforo epidemiológico las condiciones para un regreso a las aulas. En todos los casos, el piso para ello es que no deben superar los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, junto a la evaluación de la situación del sistema de salud, del transporte y de las condiciones de las escuelas. Plan para asegurar las condiciones de la virtualidad, mediante la entrega de dispositivos técnicos y conectividad para docentes y estudiantes. Licencias de cuidado para las madres y padres con menores a cargo.

6. Por aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores, que compense lo perdido con la inflación. Escala móvil de salarios mensual. Por la reposición de la movilidad jubilatoria sobre la base del aumento de precios. Jubilación mínima igual a la canasta de la tercera edad de $64.000.

7. Apertura de los libros de las empresas en toda la cadena de valor para evitar nuevos aumentos de precios, que esconden ganancias monopólicas. Control obrero y popular independiente.

8. Basta de hambre y femicidios. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de precarización laboral. Acceso al aborto legal en todo el país. ESI científica y laica. Por un Consejo Autónomo de Mujeres que ponga en pie la defensa integral de las trabajadoras.

9. Apoyo a las luchas ambientales en todo el país. No a la megaminería contaminante, control obrero y popular sobre el acceso al agua. Libertad a los detenidos en Andalgalá.

10. Nacionalización del comercio exterior y de la banca, para transformar el ahorro nacional en un plan de inversión en infraestructura e industria e impedir la fuga de capitales. Impuestos progresivos al gran capital. Eliminación del impuesto al consumo y al salario.

11. No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI.

Sobre la base de este programa el Partido Obrero –que tiene como perspectiva estratégica la lucha por un gobierno de trabajadores- llama a las organizaciones sindicales y populares a romper toda atadura con el gobierno y la clase capitalista y defender de modo consecuente los intereses populares, movilizando para ello toda la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Llamamos al Frente de Izquierda Unidad a desarrollar un plan de acción político y de lucha sistemático, para transformarse en una fracción fundamental de la clase obrera y de los explotados de nuestro país. Ello requiere actuar sobre la base de un programa independiente de todas fracciones capitalistas, sean del gobierno o de la oposición. Un Congreso del FIT-Unidad podría ser un paso decisivo en esa dirección.

Llamamos a proyectar internacionalmente esta lucha con una nueva conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos del Frente de Izquierda Unidad, en momentos donde toda América Latina está atravesando una catástrofe social y sanitaria.

Como ha ocurrido muchas veces en la historia reciente, la clase capitalista coloca a la sociedad ante una situación desesperante. La pandemia, con sus consecuencias sanitarias y sociales, plantea el desafío de una acción histórica independiente de los trabajadores, que son los únicos que pueden dar una salida a la crisis.

Foto: Andrés Ojo @ojoobrerofotografia.

Las medidas urgentes frente a la crisis social y sanitaria que los gobiernos se niegan a tomar

Declaración del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad

21/04/2021

La escalada de la pandemia es imposible de tapar. En gran parte del país los contagios ya están llevando al colapso del sistema de salud, visible en los casos crecientes de pacientes que no tienen acceso a una cama de terapia intensiva.

Se ha paralizado la vacunación, pero Argentina produce y exporta el principio activo de la vacuna. En la planta de Garín propiedad de Hugo Sigman se produce y se exportó el equivalente a mas de 40 millones de dosis. La empresa productora de la vacuna, Astra Zeneca, no cumple con el convenio firmado con Argentina de provisión de vacunas. De las vacunas producidas en Garín no ha llegado una sola dosis.

Mientras se saturan las camas de terapia intensiva, los trabajadores de la Clínica San Andrés denuncian el cierre de la misma, cuando posee recursos para atención de Covid. Y se han cerrado 10 clínicas en la provincia de Buenos Aires en lo que va de la pandemia.

El Estado no crea desde octubre nuevas camas de terapia intensiva. El sistema privado sigue realizando operaciones programadas que no son urgentes, solamente porque son negocio.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea: intervención en el laboratorio de Sigman, para envasar localmente y distribuir en forma masiva la vacuna que se produce allí. Centralización del sistema de salud, ningún cierre de clínicas ni sanatorios, ampliación de las camas de terapia. Respuesta urgente a los reclamos del personal de salud que viene luchando por mejores salarios y para terminar con la precarización laboral.

Un programa frente al crecimiento de la pobreza

La curva de la pandemia va de la mano del crecimiento de la pobreza. La inflación de 4,8 por ciento, con una enorme desocupación y salarios por el suelo, agrava la situación de millones de trabajadores y trabajadoras.

El gobierno no previó medidas de asistencia por pandemia en el presupuesto nacional. Viene recortando, desde la eliminación del IFE, en función de los acuerdos por el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional.

El pago de 15.000 pesos de la AUH en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires no llega a gran parte de quienes cobraban el IFE, que ya el año pasado fue totalmente insuficiente para frenar el aumento de la pobreza.

Las paritarias vienen cerrando por el 32%, cuando la inflación se dispara puede llegar a superar el 50%. El salario mínimo hoy está en 21.000 pesos, menos de la mitad de la canasta básica. Planteamos un salario mínimo igual a la canasta básica, de 60.000 pesos.

Sin medidas de asistencia, es inviable establecer una cuarentena como la que se necesita para frenar el avance del virus. Planteamos: seguro universal al desocupado de 40.000 pesos. Ajuste inflacionario de los salarios, recuperación del poder de compra perdido, salario igual a la canasta familiar. 82% móvil para las jubilaciones. No al pago de la deuda externa, impuesto extraordinario a las grandes rentas, fortunas y ganancias patronales.

Por la suspensión de la presencialidad educativa

En este contexto crítico, la única medida del gobierno nacional frente a la segunda ola fue la suspensión de clases presenciales en CABA, el conurbano y los distritos que adherían al decreto nacional.

Contra esta medida se ha formado un frente, que agrupa a Larreta y gran parte de los gobernadores del PJ, como Perotti, Schiaretti o Capitanich. Larreta emprendió una ofensiva judicial para mantener las escuelas abiertas, mientras los gobernadores se niegan a aplicar las restricciones en sus propias provincias.

Es una posición negacionista de la pandemia: es mentira que las escuelas no contagian. El 11% de los contagiados el último mes en la Ciudad fueron en establecimientos educativos.

La negativa a cerrar las escuelas va a agravar enormemente el cuadro sanitario sin tener nada que ver con la defensa de la educación pública.

Ni el gobierno nacional, ni el de la Ciudad ni los gobernadores garantizan las condiciones para las cursadas, virtuales ni presenciales. No hay equipos ni conectividad. No se designaron suplentes para los docentes con licencia por pandemia. Los docentes no fueron escuchados en su reclamo de condiciones sanitarias ni de transporte.

Planteamos: vigencia del semáforo epidemiológico, suspensión de las clases presenciales en todos los distritos en rojo. Conectividad gratuita y dispositivos para estudiantes y docentes. Abajo el ajuste contra la educación pública.

Diez medidas del PO frente a la segunda ola

08/04/2021

1)      Centralización del sistema de salud, bajo control del personal de salud. No al cierre de centros de salud. Que el Estado se haga cargo de inmediato y garantice su continuidad. Satisfacción de todos los reclamos del personal de salud en materia de salarios y nombramientos.

2)      Reampliación de las camas de terapia intensiva y respiradores que fueron desmantelados en los meses pasados, con el personal especializado necesario.

3)      Plan de vacunación bajo control del personal de salud. Intervenir el Laboratorio mAbxience, ampliando su producción y disponiendo el envasamiento en la capacidad nacional instalada pública y privada.   Que se eliminen las patentes de vacunas para producir  masivamente para Argentina y  la región.

4)       Que se suspendan las clases presenciales en los distritos donde el semáforo  epidemiológico está en rojo. (Más de 150 casos cada 100 mil habitantes, acumulados en 15 días).

5)      Que el Estado disponga los elementos de conectividad, wifi y compus necesarios para que ningún estudiante quede afuera del sistema.

6)      Promover los protocolos obreros y luchar por su cumplimiento mediante la organización fabril y sindical para que sean garantizados. Testeos masivos y aislamiento de contactos estrechos en los lugares de trabajo, paralizando todas las actividades que sea necesario bajo control de los trabajadores.

7)      Comités de trabajadores que dispongan del cierre total de aquellos distritos donde la salud de la población está en riesgo por colapso del sistema sanitario.

8)      Ampliación y adecuación del sistema de transporte. Restricción de la circulación. Transporte garantizado por las empresas en las actividades esenciales.

9)      Ninguna rebaja salarial ante las eventuales suspensiones de actividad dictadas por la escalada de la pandemia en el país. Respeto del salario total y garantía de su pago integral por parte del Estado, abriendo los libros de las empresas afectadas para que ellas a partir de sus cuentas y patrimonios se hagan cargo de su pago. Prohibición absoluta de despidos, con garantía de estabilidad laboral. Salario mínimo de $60000, paritarias sin techo, cláusulas gatillo. Por un salario equivalente a la verdadera canasta familiar. Por un seguro al parado y a todas personas sin ingresos de $40000. Por un aumento de emergencia de $15000 a los jubilados.

10)   Financiamiento del plan contra la pandemia mediante el no pago e investigación de la ilegítima y usuraria deuda externa, ruptura con el FMI y un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos y propiedad terrateniente, de carácter permanente.

Firmá en apoyo al proyecto del FIT Unidad para garantizar la provisión de vacunas para todos

Producimos vacunas pero se las llevan

Tenemos un plan para garantizar la provisión de vacunas para todos

30/03/2021

En Garín, provincia de Buenos Aires, el laboratorio mAbxience, propiedad del empresario Hugo Sigman, produce millones de vacunas de la empresa Astra Zeneca mensualmente.

Esas vacunas se envían a México para ser envasadas y debían volver a Argentina. Pero la empresa, asociada con el empresario mexicano Carlos Slim, está incumpliendo los acuerdos de provisión y no entrega las dosis envasadas,  ni aquí, ni en México, argumentando problemas de falta de insumos.

En cambio, el propio Sigman reconoció haber desviado una carga de vacunas a los Estados Unidos, para ser envasadas allí. Ninguna ha vuelto para ser aplicada en la Argentina. La misma empresa, Astra Zeneca, ocultó 29 millones de dosis de vacunas en Italia, para ser enviadas irregularmente al Reino Unido.

Referentes del campo médico y científico en la Argentina reclaman que la vacuna se envase aquí, acondicionando las instalaciones estatales del Laboratorio de Hemoderivados de la UNC o el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata y otros centros privados.

Pero el gobierno no avanza en esta dirección, a pesar de que Sigman incumple los contratos y solamente proveyó 590.000 vacunas de las 22 millones acordados. Se debe convocar urgente a un comité científico para trabajar en el envasado en la Argentina.

El reparto de la vacuna no sigue ningún criterio sanitario, sino que está determinado por el lucro de los monopolios privados. Primero de las farmacéuticas que lucran a costa de las patentes. Los estados imperialistas acaparan las dosis. Luego, cuando se distribuyen, se privilegia a los amigos del poder. Es el reflejo claro del régimen capitalista, para el cual la salud de la población es un negocio empresarial.

Mientras tanto, la segunda ola va en aumento, y nuevas cepas se expanden en la Argentina, agravando el riesgo para la población.

Pero los adultos mayores y la población con factores de riesgo siguen, en la mayoría de los casos, sin vacunas. Lo mismo los docentes, el personal esencial de comercio y transporte e incluso parte del personal de salud.

Ante esto planteamos: 1. Declarar de utilidad pública el laboratorio mABxience, proceder a su intervención garantizando la continuidad y la ampliación de la producción; 2. Prohibir la exportación del principio activo de Astra Zeneca; 3. Proceder a completar el envasado de la vacuna en territorio nacional, afectando para ello todos los recursos técnicos y científicos disponibles en el país, sean públicos o privados; 4. Realizar un registro de todos los de laboratorios públicos y privados que puedan contribuir a la producción de la vacuna e insumos sanitarios para el combate del covid; 5. Liberación de las patentes de todos los remedios, vacunas e insumos para el covid.

A través de esta medida podemos garantizar tanto abastecer la demanda local como colaborar significativamente con nuestros países hermanos de la región.

Súmate a esta campaña, dejá tu firma y apoyá las acciones que está realizando el Frente de Izquierda en todo el país por este objetivo.

Partido Obrero – Frente de Izquierda

Luchemos por el salario y contra el ajuste

La Coordinadora Sindical Clasista realizará un nuevo Plenario Nacional este 10 de abril por Zoom desde las 10hs

29/03/2021

A dos meses del lanzamiento de un “acuerdo de precios y salarios” por parte de Alberto Fernández, se evidenció en los hechos en qué consistía: poner un techo (29/30%) en las paritarias que coloque a los salarios muy por debajo de la inflación.

El supuesto control de precios es puro humo, y a la vista está que el gobierno nacional fomenta la inflación con fuertes tarifazos en las naftas, que se traslada a toda la cadena de precios, por un lado, y con la enorme emisión monetaria, por otro para pagar la “fiesta de bonos” de la especulación financiera.

Tampoco existe ningún control sobre los formadores de precios que debería implicar la apertura de los libros de las empresas bajo control de los trabajadores.

Así, la inflación se viene devorando los salarios y las jubilaciones, y apunta al 50% anual según reconoció el propio Banco Central. La movilidad jubilatoria fue destruída, primero por decretos y ahora por ley divorciando los haberes de la inflación.

En cuanto a la pauta salarial del 29% “prevista” en el presupuesto nacional es tan intragable, que en las negociaciones de algunos gremios manejan entre un 32 y un 35 aproximadamente, conformando de todas formas un hachazo a los salarios de 15 puntos. En muchos casos con cifras no remunerativas y en cómodas cuotas.

Esos números menea Caló para metalúrgicos. En esa tónica cerraron para los docentes Ctera y Suteba, con una pérdida salarial histórica contando la rebaja del 2020.

El gobierno “nacional y popular” debutó anulando toda cláusula gatillo que garantice no perder poder adquisitivo.

Pacto social y pacto colonial

El pacto colonial con el FMI y los buitres es la guía del gobierno, a costa de la salud y las condiciones de vida de los trabajadores, aunque Cristina hable contra el Fondo desde Las Flores, junto al represor Berni.

El fracaso está a la vista, sigue la recesión, la fuga de capitales y la crisis que es descargada sobre los de abajo.

En este marco de patinadas del gobierno, la llegada de la segunda ola de Coronavirus y la escasez de vacunas lo condiciona aún más. Es que el plan de ajuste que Guzmán fue a “ofrecer” al FMI el último 24 de marzo, no permite rehabilitar el IFE ni frenar los tarifazos, medidas elementales si se impone la necesidad de un nuevo aislamiento.

Por su parte, las burocracias sindicales de todos los colores están metidas hasta el tuétano en “colaborar” con el gobierno de Fernández en el llamado pacto social.

De Daer a Moyano, pasando por Yasky y Godoy, todos se consideran parte del gobierno haciendo pasar el ataque al salario y a las condiciones de trabajo sin turbulencias. Se dedican a bombear las luchas que surgen.

Pero las luchas se suceden.

En primer lugar el movimiento de trabajadores desocupados independiente del gobierno ha organizado el reclamo de decenas de miles de compañeras y compañeras por trabajo, por un seguro al parado mientras no hay trabajo y por el alimento para las familias. Con el Polo Obrero a la cabeza se ha roto la malla de contención de las organizaciones de desocupados que se integraron al gobierno.

Se suceden también las luchas contra los despidos. Entre ellas, la ocupación de la Clínica San Andrés que lucha contra el cierre hace un mes, los paros en Siderar Canning contra el poderoso grupo Techint, Arrebeef en Ramallo, estas última chocando de frente contra la burocracia sindical. También las luchas de docentes y estatales de Neuquén, y en otras provincias.

Hay que destacar que hubo luchas importantes en esta última etapa como las que dio el Sutna que, en contraste con la entrega de la burocracia sindical, logró no solo el cobro de la totalidad del salario sino también una paritaria record y la imposición de protocolos obreros frente a la pandemia. El Sutna sale nuevamente a la lucha, está vez, por un salario real que supere la inflación. También se destaca la huelga aceitera de 21 días por el salario. Las fuertes autoconvocatorias en la salud. Los paros de los Sutebas Combativos y en general de los sindicatos combativos en una vuelta a la educación presencial con salarios de hambre y sin condiciones sanitarias. También en el subte y otros sectores.

¡Pongamos en pie al movimiento obrero para derrotar el ajuste!

Los trabajadores debemos intervenir en este cuadro para defender un salario equivalente a la canasta familiar, luchando por paritarias libres que no queden por detrás de la inflación, por cláusulas gatillo frente a una posible disparada inflacionaria. Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios ante los despidos que dejaron 2 millones de desocupados más el último año, contra la pobreza por un salario mínimo de $60000, contra la reforma laboral que intentan aplicar lugar por lugar, y por todos las reivindicaciones de los trabajadores.

La CGT y las CTA no tienen mandato alguno para entregar de esta manera al movimiento obrero. Impulsamos asambleas fabriles y de gremios, plenarios de delegados con mandato, para que un congreso mandatado por las bases de todo el movimiento obrero debata las reivindicaciones y el plan de lucha para imponerlas. Los trabajadores debemos debatir con qué plan económico y social salimos de la crisis, no los funcionarios del FMI.

En esta perspectiva la Coordinadora Sindical Clasista realizará un nuevo Plenario Nacional este 10 de abril desde las 10hs por Zoom. Anotate

 

Coordinadora Sindical Clasista – Partido Obrero

Femicidios, hambre y represión: ¡digamos basta!

El 8 de marzo movilizamos a Plaza de Mayo y en todo el país.

26/02/2021

Las cifras récord de femicidios se producen en un contexto de incremento de los organismos del Estado pretendidamente destinados a la erradicación de la violencia de género. Luego de un año con un «Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad» que fuera presentado como herramienta fundamental para combatir una violencia que hace 6 años el movimiento de mujeres viene denunciando en las calles masivamente, la situación sólo se agravó. ¿Cómo es posible que luego de que ya dijéramos todo lo que había que hacer para enfrentar esta brutal realidad, desde el gobierno no se produzcan las políticas efectivas para revertirla?

Entre el impúdico espectáculo del “vacunatorio vip”, el incremento de la inflación que va a superar ampliamente la estimación presupuestaria del 29%, el aumento de la pobreza que despierta movilizaciones cada vez más grandes, el incremento de los femicidios corona una situación general desesperante. Aunque muchas veces son usadas como ejemplo de sacrificios en ciertos discursos, no se escuchó la voz de ninguna funcionaria reclamando que las mujeres que mayoritariamente atienden los comedores que alimentan a millones de personas bajo la cuarentena fueran consideradas “personal estratégico” o “esencial” y ni siquiera fueron tenidas en cuenta entre los criterios para establecer las prioridades de vacunación.

El 2020, la pandemia y la reclusión en los hogares representó una tortura para las mujeres que debieron vivir en entornos violentos, por la violencia económica del Estado y por la que se replica en los vínculos sociales. El gobierno no implementó políticas para confrontar las consecuencias, el presupuesto destinado en nuestro país para asistir a la población fue uno de los más bajos de toda América Latina, y la principal política de Alberto Fernández estuvo concentrada en cumplir con el FMI, algo que lo llevó a eliminar rápidamente la migaja de la IFE.

En materia de ataque a la violencia de género, el nuevo Ministerio de las Mujeres y Diversidades apenas si protagonizó un papelón que criticaron propias y ajenas, cuando planteó como gran política para enfrentarlos, usar como código la frase “Barbijo Rojo” en farmacias. En materia de anuncios, plantearon un subsidio de 20 mil pesos por 6 meses para las mujeres que sufren violencia de género. El llamado “Plan Acompañar”, es incompatible con cobrar 10 mil pesos de un plan social o con trabajar registradas, y el universo que estaría contemplado no tiene ni noticias de dicho plan. Muchos lunchs y charlas y ninguna política concreta.

Panorama internacional

Mientras que la caída económica de toda América Latina durante el 2020 fue del 8%, la de Argentina trepa al 12%. Las principales víctimas de esta masacre social son las mujeres y lxs niñxs. No se trata de que las funcionarias que prometieron atacar las causas de la violencia no estén a la altura, son responsables políticas de la propia violencia que venían a erradicar. El capitalismo y sus objetivos económicos son la causa de la violencia contra las mujeres y las diversidades, de la violencia racial, de la persecución a la juventud. Promover la igualdad capitalista es lanzar al oprimido al campo del opresor, sin vueltas.

El escenario internacional se caracterizó por la persistencia de las demandas y las luchas de las mujeres también, como en el caso chileno -ejemplo de un movimiento feminista radicalizado que no dejó de pelear en las calles contra el régimen de Piñera. Allí donde la institucionalización del movimiento de mujeres prospera, la estafa política gubernamental no se hace esperar.

Es el caso de los demócratas norteamericanos, que debutaron incumpliendo la promesa de elevar el salario mínimo y con bombardeos en Siria, sin que referentes que explotaran la cuestión de la mujer, ni siquiera emitan un repudio en las redes sociales. La ejecución de civiles sirios por parte de los yanquis corrió por cuenta de una piloto de drones trans, como hace más de 10 años la violación de presos iraquíes fue ejecutada por soldadas mujeres norteamericanas, saludadas por el feminismo local por haber llegado a esos puestos antes reservados a los hombres.

Ambas son expresiones de una igualdad capitalista que fomenta un sector del feminismo, que corrompe, mata y diluye la lucha contra todas las formas de opresión. La lucha por los derechos de los y las oprimidas es indisoluble de la lucha contra el régimen social capitalista que se vale de esas opresiones para dividir y debilitar a las mayorías populares a las que se propone explotar.

Hambre y femicidios

En lo que va de 2021 tenemos más femicidios que días del año. Las mujeres muertas, que nos cansamos de contar, son la expresión más brutal de un régimen social que lleva en sus extrañas la violencia contra las mujeres. Detrás de cada una de ellas, hay una larga cadena de atropellos estatales, que comienza mucho antes de las denuncias.

El macrismo llevó adelante toda una operación de ajuste generalizado y endeudamiento del país, mientras que afirmaba que iba a impulsar políticas en favor de las mujeres que nunca se concretaron. Las expectativas de que Alberto Fernández cambiara eso que algunos sectores tuvieron, naufragaron pronto. No sólo se dedica a pagar el endeudamiento que Macri contrajo sino que replica la política de anuncios vacíos y promesas incumplidas. Si se mira el cuadro general se puede apreciar con más claridad que la aprobación del aborto legal es una conquista sin atenuantes de las mujeres movilizadas y no una política que este gobierno hubiera privilegiado si no hubiera existido ese enorme movimiento.

El contexto de incremento de la miseria, particularmente entre las mujeres que representan el 70% del universo de personas pobres e indigentes, no hace más que alimentar las condiciones de vulnerabilidad. La violencia económica del Estado contra las mujeres es el terreno fértil sobre el que se desarrollan otros tipos de vulneraciones.

El Ministerio de Economía se ufana de identificar políticas de género en su nuevo presupuesto, sin embargo la integración de feministas institucionalizadas a la cartera de Guzmán sólo ha servido para cubrir de una pátina de género una política rabiosamente enemiga de las mayorías de mujeres de nuestro país.

Las cifras del estado de situación de las mujeres lo muestran: 70% de mujeres entre los quintiles más pobres e indigentes de la sociedad, 25% de las mujeres jóvenes desempleadas, lo cual más que duplica la cifra nacional de desocupación, el 60% de las trabajadoras de casas particulares perdió su trabajo bajo la pandemia y el gobierno estableció un techo salarial para ellas que está por debajo del salario mínimo y representa menos de la mitad de una canasta básica de alimentos.

El año 2020 también se caracteriza por un enorme triunfo arrancado por el movimiento de mujeres, el aborto legal hasta las 14 semanas de gestación. Sin embargo, desde el gobierno esto fue acompañado por el desarrollo de políticas colaterales que van en dirección contraria para que aquel triunfo sirva de guía para desarrollar el respeto hacia las mujeres y diversidades en amplias franjas de la sociedad.

No sólo nos referimos a las concesiones empresariales y clericales introducidas en la propia ley, sino a que el Ministro Trotta sub-ejecutó el presupuesto destinado al Programa de Educación Sexual Integral durante el 2020 y el gobierno en general empoderó en el ámbito educativo y social aún más a las iglesias. El Ministerio de las Mujeres y Diversidades no abrió la boca al respecto ni impulsó la ESI.

El Estado fracasa frente a esta violencia porque su orientación de fondo, la que guía sus actos, no es la de cuidar a las mujeres y promover una sociedad más justa. La orientación que prima con el ajuste y el cumplimiento con el FMI, es la de cuidar intereses capitalistas ajenos a esas mujeres que mueren día a día. No hay presupuesto ni voluntad política para enaltecer la tarea profesional de asistir a víctimas, caracterizar de manera profesional la peligrosidad de violentos evaluar situaciones y contextos, acompañar un proceso de deconstrucción o evitar que un violento se convierta en femicida, con la asistencia o con el código penal. Tampoco hay presupuesto ni voluntad política de evitar que las mujeres se vuelvan cada día más vulnerables: sin IFE, sin vivienda, sin trabajo, con trabajos cuya precariedad desata otras formas de la violencia que van más allá del propio campo laboral. La consagración de un salario inferior al salario mínimo para un millón y medio de mujeres trabajadoras de casas particulares es una muestra cruel de esta política.

La asimilación y cooptación de mujeres que se autodefinen como feministas, al Estado y a sus gobiernos, sirve para embellecer políticas de ajuste, ser complacientes con no interferir en los espacios de poder de “los varones” de las provincias y del conurbano, o con las políticas de otros ministerios y en definitiva ofrecer un barniz de género a una política integral enemiga de los derechos de las mujeres. El feminismo que busca arraigarse en los sectores populares, preocupado por lo que ocurre con la mayoría de las mujeres y con combatir el conjunto de las opresiones que el Estado desata día a día, debe repudiar esta operación.

El Estado capitalista está imposibilitado para revertir este cuadro sencillamente porque la violencia contra las mujeres está en su naturaleza, en su orientación de clase y en su función.

La luz de esperanza para las mujeres es su propia organización, por eso la lucha piquetera, la más activa durante el último año, integrada masivamente por mujeres pobres, por las más oprimidas, es un factor fundamental a través del cual las mujeres más castigadas se organizan para comer y también para hacer política contra el Estado y sus gobiernos hambreadores. El avance de la discusión por el aborto legal que fomentaron las organizaciones independientes del Estado y de las Iglesias ha servido como una herramienta de politización y combate de la contención social impulsada por curas y pastores en las barriadas más humildes.

El Estado necesita de las Iglesias para someter e impartir principios de opresión entre amplias masas de la sociedad. La alianza sellada con estas por parte del gobierno de Alberto Fernández con las iglesias debe ser objeto de crítica y combate dentro del movimiento de mujeres y su ocultamiento o complacencia no hace más que permitir el desarrollo de principios de sujeción y violencia en la sociedad que dicen querer combatir.

Es el cura el que llama a la resignación a las mujeres que denuncian frente a él los golpes de su marido, es el cura el que promueve la primacía masculina al interior de los hogares y el que sostiene que hay que honrar la familia aún cuando dentro de esta se ejecuten vínculos de violencia contra niñxs y mujeres.

Es el Papa y son sus curas los que consideran a la homosexualidad una enfermedad y así lo hacen saber a los entornos que educan en el sometimiento. Son esas iglesias las que imparten el principio de que la mujer es ante todo la reproductora y que debe cargar con las tareas domésticas. Esta violencia y la pretendida supremacía masculina que supone, sirven para ocultar la humillación cotidiana de la explotación, la precarización y la miseria que son obra del Estado, sus gobiernos y sus Iglesias y no culpa de las mujeres y de los niños contra las que se descargan esas frustraciones o frente a los cuales se pretende ejercer un poder que no pueden ejercer en ninguna otra dimensión de sus vidas explotadas.

La violencia de género al interior de la clase obrera es impartida desde el Estado mismo, es una forma de adaptación a éste y resulta absolutamente funcional al régimen de explotación en la medida que disciplina a una sociedad y la mantiene fuera de juego. La consigna de Separación de las Iglesias del Estado resulta fundamental para emprender la tarea de luchar contra la opresión contra las mujeres y las diversidades.

Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades

¿Qué hacemos frente al fracaso de los Ministerios de Mujeres? Poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, un organismo independiente de los gobiernos y del Estado, que sea electo y revocable, que fije sus propios órganos deliberativos y de conducción, cuyo presupuesto debe proceder del propio Estado, como ocurre con organismos que auditan o con universidades nacionales, y cuya independencia de acción y gestión debe garantizar que ese presupuesto vaya a parar donde corresponde.

Ya tuvimos un Consejo Nacional de las Mujeres dirigido por el Poder Ejecutivo, creado por Menem y cuya existencia a cargo de mujeres peronistas y católicas perduró hasta el gobierno de CFK, cuando estalló el primer #NiUnaMenos y se puso al desnudo la inacción de este organismo; tuvimos un Instituto Nacional de las Mujeres creado por Macri, que mintió sobre el plan de acción propuesto y que acompañó cuatro años de ajuste, endeudamiento y salarios a la baja y tenemos ahora un Ministerio que está pintado y que sólo da cursos e instrucciones de dudoso contenido y no vehiculiza ninguna política concreta.

Si “El Estado es responsable” entonces las que gestionan ese Estado no podrán ir a fondo ni siquiera en la formación de género con la “Ley Micaela” con la que aseguran que revertirán la situación. El peso del aparato del Estado, conformado esta vez por muchas mujeres feministas, no estuvo ni para defender a María Ovando, ni para liberar a las presas por abortar, ni para colocar en el banquillo de acusados a un sólo juez o fiscal que revictimiza a las mujeres pobres. La impotencia es total.

Algunos sectores piden “más presupuesto” para el Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Pero ocurre que se lo van a gastar en pagar sueldos de amigas, hacer charlas y comer abundantes lunchs que la mayoría de las mujeres no verán en sus vidas.

No han sido capaces siquiera de cumplir con la aplicación del cupo laboral trans condenando a la comunidad a estar a merced de cafishios, proxenetas y policías que regentean el negocio de la prostitución. Otros sectores dicen “que se dicte la emergencia en violencia de género”, sin embargo desde hace años se dictan esas emergencias desde el Estado y la realidad es que se agravó la situación y dichas emergencias no redundaron en ninguna otra política concreta que no sea la de habilitar a los poderes ejecutivos a ser más discrecionales en el manejo del presupuesto.

Poner en pie un organismo autónomo e independiente de los gobiernos y que se incremente el presupuesto para que seamos las propias mujeres las que fijemos las políticas concretas para enfrentar la violencia, es una necesidad de nuestro movimiento.

El Estado es responsable: policía, justicia y poder político

El desamparo de las mujeres que sufren violencia es total. El asesinato de Úrsula Bahillo a manos de un agente de la policía Bonaerense evidenció que las “fuerzas de seguridad” son en realidad un gran factor de inseguridad. Hace 20 años lo mismo había mostrado el caso de Natalia Melmann y sin embargo quienes hoy gobiernan continúan permitiendo que su asesinato permanezca con varios de sus protagonistas impunes. Según los datos informales que se manejan en la cuantificación de casos, más del 20% de los femicidios son cometidos por integrantes de las fuerzas. Recientemente Ivana Módica en la provincia de Córdoba, fue asesinada por un integrante de las fuerzas armadas.

Las instituciones represivas del Estado en todo el país amparan el narco, la trata de personas y son cabeza del delito organizado, que se nutre de esta calaña. Sólo en la fuerza que conducen Sergio Berni y Axel Kicillof se conoce que existen más de 6.000 efectivos con denuncias por violencia de género. Son los que desaparecieron a Facundo Castro, protegieron al femicida Matías Martínez y reprimieron a las amigas de Úrsula, todos defendidos por el jefe político. La bonaerense actúa a imagen y semejanza del estereotipo de “macho poderoso y violento” que representa Sergio Berni, con la venia de su gobernador. Buscan mantener el mando de la fuerza profundizando sus peores características.

El reclamo por Fuera Berni, principal exponente de la maldita policía, se impone como eje de lucha en todo el país, porque en cada una de las provincias la descomposición y corrupción policial es un arma contra las mujeres, la juventud y los trabajadores.

Justicia injusta, gobierno cómplice

Como sucedió con Úrsula, Fátima Acevedo, Emilse Gajes, Esther Mamani y tantas, la justicia fue parte del andamiaje estatal que condujo al desenlace fatal. Las mujeres que denuncian son sometidas a un largo y tortuoso desfile por juzgados y dependencias judiciales que no brindan ninguna protección, porque cuanto mucho se dispensan botones antipánicos y perimetrales que nadie controla ni garantiza que se cumplan.

Cuando lo peor ya pasó, tenemos nuevamente a la justicia garantizando fallos aberrantes y misóginos como sucedió con Lucía Pérez, la joven marplatense asesinada por amigos del poder a quienes trataron de garantizarles la impunidad. O como en el caso de Luna Ortiz, a quien también una reciente “pericia” la consideraba responsable de su propio asesinato a mano de narcos y tratantes. Para el juez, Luna como tantas otras, también tenía “la pollera corta”. Las aberraciones que se suceden en el sistema judicial con el silencio cómplice de gobernantes es total: revinculaciones entre padres abusadores y niños abusados, persecuciones contra madres protectoras y fallos en los que se afirma que una niña de 9 años provocó, por su aspecto de adolescente, a su violador -un caso que hace unos años ocurrió en Salta.

El poder judicial funciona como una corporación divorciada del pueblo y sus necesidades, pero no del poder político. Son los bloques políticos gobernantes los que designan a los jueces, aprobando pliegos en el senado nacional y los senados provinciales que eleva cada poder ejecutivo (gobernadores y el presidente). Los lazos entre los partidos patronales y la justicia está en el corazón de un régimen de corrupción y negociados generalizados. La base de los fallos y la protección de femicidas y violentos por parte del poder judicial está su carácter de clase. Las instituciones del capital perpetúan y reproducen la violencia contra las mujeres porque es útil como mecanismo de regimentación social.

Los ministerios creados, llevando, según decían, el tema de la mujer y diversidades al nivel institucional más alto, no trajeron aparejada ninguna política para enfrentar esta realidad ni ninguna propuesta de reforma del poder judicial. Esas funcionarias ni siquiera tuvieron la agallas de alzar la voz frente a los fallos aberrantes o frente a la protección de los de su propio palo a los jueces y fiscales que condenan a las mujeres, como acaba de ocurrir en Tucumán con el Juez Juan Pisa responsable de la muerte de Paola Tacacho, protegido por Manzur. La perspectiva de género de quienes integran este Estado, no está a la altura de las demandas de nuestro movimiento de mujeres y de lo que la mayoría de nosotras necesitamos.

“Justicia feminista”, sin cambiar nada

El anuncio presidencial de avanzar con las reformas en la Justicia federal que vienen impulsando desde hace meses, usa el problema de la mujer sin embargo no tiene a esta cuestión en el centro de la escena. La reforma que proponen no incluye ningún cambio importante que signifique evitar que las mujeres deban peregrinar por juzgados y mucho menos una forma de selección que garantice una perspectiva en favor de los intereses de las mujeres y las diversidades.

“Justicia Feminista” plantean desde las redes sociales y los medios agrupaciones políticas integrantes del gobierno nacional. Su preocupación principal es absolver a su gobierno, evitar que la movilización del 8 de marzo llegue a Plaza de Mayo y defender a sus compañeras que cobran abultados sueldos en las dependencias estatales creadas decían, para erradicar la violencia de género.

Sin embargo la “Justicia Feminista” que proclaman no tiene ningún contenido. No hay nada más allá de que su referenta a cargo del Ministerio, Elizabeth Gómez Alcorta, una mujer sin antecedentes en la lucha por los derechos de las mujeres, siga dando charlas. El slogan no pasa de eso y lo que no aparece es ningún planteo de reforma profunda del poder judicial. No plantean cambiar la forma de selección de integrantes de la justicia, tampoco romper el vínculo permanente entre ese y los otros poderes del Estado, ni tampoco buscar garantizar un contenido en favor de las mujeres violentadas que vaya más allá de la voluntad personal de un juez o de un fiscal de “formarse” en la materia. Así planteado, “justicia feminista” es sólo un marketing que oculta la protección de quienes lo plantean al poder actual y a sus instituciones.

La prueba de la justeza de esta crítica llegó mucho antes de lo que se esperaba y de la mano de la Asociación de Abogadas Feministas que debieron denunciar a 52 jueces propuestos por el gobierno, con graves antecedentes. No lo denunció el Ministerio, ni siquiera intervino, lo hizo una organización de la sociedad civil. Para poner en jaque a la justicia de clase y patriarcal, que persigue a las mujeres más pobres, planteamos la creación de un fuero único para recibir e investigar las denuncias por violencia de género y la elección por voto popular de jueces y fiscales, con mandato revocable, un piso elemental para una reorganización del sistema judicial, que lo sustraiga de su rol de sostén de gobiernos ajustadores y promotores de la violencia, estableciendo un principio de fiscalización y control popular.

Paro nacional y Movilización

Este cuadro de situación amerita un estado de alerta y movilización. Aunque somos las trabajadoras las que más padecemos esta realidad, lo cierto es que las direcciones sindicales de la CGT y la CTA, acomodadas con el gobierno, no están dispuestas a mover un dedo ni a luchar por nuestras demandas. Están firmando paritarias a la baja y no pelean por las condiciones de trabajo como se puede ver en el gremio docente, donde admitieron la presencialidad sin que los gobiernos pusieran un peso para adecuar los colegios a la realidad pandémica. El paro de las mujeres que venimos sosteniendo desde 2016, no contará con el apoyo de las direcciones que en esta oportunidad intentan evitar las críticas al gobierno del que son aliadas.

Los sindicatos y comisiones internas antiburocráticas serán nuevamente las encargadas de garantizar, junto a los sectores donde las mujeres están organizadas, que el 8M haya un paro que ponga de relieve la larga lista de reivindicaciones pendientes.

Los jardines para niñxs desde los 45 días, las licencias de largo tratamiento por familiar enfermo, las licencias por hijos para lxs trabajadores que no tienen dónde dejar a los chicos que están en una presencialidad absolutamente irregular, con horarios cortados, que resulta un limitante para retomar la vida laboral plenamente. Las “dispensas” (exención de madres o padres de ir a trabajar) que el gobierno prorrogó este año por decreto, no se admiten en la mayoría de los trabajos porque el decreto fue redactado de tal manera que permite que no se cumplan -amén de que nadie controla a las patronales para que lo hagan.

Empezando por el hecho de que las desconoce el propio Estado y no se están otorgando, por ejemplo, en el gremio docente. Otra burla para las mujeres. Llamemos a parar y movilizarnos desde cada lugar de trabajo y estudio y exijamos a las centrales sindicales que llamen al paro en defensa de las mujeres que estamos muriendo diariamente a manos de la violencia de género

Copemos Plaza de Mayo y las principales plazas del país

Sobran las razones para movilizar fuertemente este 8M y para seguir haciéndolo sin parar hasta arrancar nuestras demandas. Desde las organizaciones progubernamentales bloquean marchas que denuncien al gobierno y buscan evitar las críticas hacia las dirigentes de los Ministerios de Nación y de los distritos. Con este contenido no se combate la violencia de género, sino que se defienden algunos negocios para una minoría de mujeres y los privilegios de sus conducciones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es una jornada de alcance mundial, que hace años encuentra en la Argentina una referencia de lucha y de acción. Nuestra movilización y organización creció enfrentando a los distintos gobiernos. Con ese método conquistamos el aborto legal, arrancado por la presión de la movilización en las calles, sin confiar más que en nuestra propia fuerza. No nos queremos sumisas y dominadas, ni por un otra persona , ni por un cura, ni por el Estado. Este 8 de marzo no nos sometemos a ningún gobierno. Paro y movilización en todo el país. Volvamos a gritar Basta! Ni Una Menos. El Estado es responsable. ¡Basta de femicidios y violencia de género y de clase! Por un Consejo Autónomo de Mujeres y las Diversidades Fuero especial por violencia de género, con jueces y fiscales con cargos electos y revocables Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras.

 

Plenario de Trabajadoras

¡No a las patentes! Vacunas para todxs

¡Por un plan de vacunación universal y gratuito! Declaración del Frente de Izquierda Unidad.

22/02/2021

La pandemia causada por el Covid-19 ya ha ocasionado millones de muertos y contagiados en el mundo. Pero a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo récord, millones observan azorados cómo el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta. Negocio que es amparado por el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consiste en que cada una de esas empresas tiene exclusividad para producir y vender las mismas, cuando debería ser un derecho humano esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.

Esto sucede mientras el Ministerio de Salud procedía a una “vacunación VIP” a sus amigos y allegados, lo que ha producido la renuncia del ministro Ginés González García y una crisis política nacional. Esto sucede en la Argentina, al igual que en Perú, Chile y otros países mientras la población trabajadora de estas naciones sufren las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo.

Ante esto emitimos la presente declaración del FIT Unidad, impulsando una campaña de lucha, en consonancia con la campaña mundial en curso impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19. Rechazando a su vez el repugnante secretismo y los sistemas de “confidencialidad” de los gobiernos, centralmente por parte de EE.UU., Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, celebrando contratos con pagos por adelantado para garantizarse la vacuna para esos países, incluso en cantidades que superan varias veces a la de su población, impidiendo el derecho a otros países semicoloniales que puedan acceder a la vacuna para todas sus poblaciones. La Unión Europea, por ejemplo, compró dosis que triplican su población, mientras países del continente africano o de América Latina quedan completamente rezagados. O Israel, país que algunos ponen de ejemplo por encabezar el ránking de vacunación, cuando no se ha vacunado a casi nadie del pueblo palestino.

Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público. Esa propiedad monopólica está provocando todo tipo de crueldades, consecuencia directa de un capitalismo imperialista que se guía por la ganancia privada. Un sistema anárquico e irracional, todo lo contrario a la cooperación internacional para la producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales de los pueblos del mundo para que la vacuna se produzca y llegue a todas las personas sin distinción. La lucha consecuente para terminar con la pandemia adquiere características sociales y políticas muy definidas.

La lucha por la liberación de las patentes, y para que se implemente un plan masivo de producción de vacunas, debe ser financiado por el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las ganancias a multinacionales, bancos y grandes capitalistas como lo venimos proponiendo desde el FIT Unidad para Argentina, entre otras medidas. Esta es la tarea que está planteada como necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia. La lucha por conquistar la vacunación masiva, es la lucha contra el sistema mismo que apoya su existencia en la propiedad privada, en este caso, de las patentes, atentando contra la salud de toda la humanidad.

Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el Covid-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando a los gobiernos la exención de patentes, de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas.

Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron dichas vacunas y medicamentos, o antecedentes de India y Brasil que sorteando las patentes pudieron producir medicamentos para combatir el HIV/Sida.

Por el contenido de esta lucha, que afecta directamente los cimientos de la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la transformación en mercancía de toda la producción social, le cabe a los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales, comités de lucha, etc., en todo el mundo tomar la iniciativa para que se anulen las leyes de patentes, se nacionalicen los laboratorios y se establezca un plan coordinado de producción y distribución de las vacunas y de todos los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia. En Argentina la burocracia sindical opera en un rumbo contrario, ya que está asociada con el manejo de la sobras sociales a los intereses que manejan la medicina privada y los grandes laboratorios, mientras que muchos de sus dirigentes, como Hugo Moyano y parte de su familia, escandalosamente entraron en el selecto grupo de privilegiados que se inocularon con las “vacunas vip”.

Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo viene reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam y Amnesty, entre otras. Si bien se trata de un planteo limitado, que se explica por las ataduras de esos mismos Estados a los intereses generales del capital, el gobierno argentino, firmante de esta declaración, no hace nada al respecto. Por el contrario, aprobó la ley 27.573 -con la rotunda oposición del FIT Unidad- para darle impunidad e inmunidad a las multinacionales y renunciar a los tribunales locales en caso de juicios y controversias, ley aprobada por el peronismo del Frente de Todos y sus aliados, y la mayoría de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, es decir, los diputados que responden a Macri, Larreta, Patricia Bullrich y Carrió.

El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global” pero ni siquiera se ha pronunciado por la eliminación de la ley de patentes. Es más. El gobierno dice que la vacuna AstraZeneca se produce en Argentina, pero al servicio del Grupo Insud-Pharma (del millonario empresario Sigman) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim.

En la Argentina hay al menos seis proyectos en curso de fabricación de las vacunas con muy poco o nulo financiamiento del Estado, y una parte de las de Oxford-Astra-Zeneca ya se están produciendo en el laboratorio mAbxience (del magnate amigo del gobierno Hugo Sigman), pero el gobierno ni siquiera se garantizó que un gran porcentaje de estas últimas queden en el país llevándoselas el laboratorio a México para su envasado. La humanidad no puede quedar al arbitrio de un puñado de empresas cuya única lógica es maximizar sus ganancias. Es necesario luchar por un plan de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina y los países que lo necesiten, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19, en la línea de desconocer el derecho de patentes y de propiedad intelectual convocando a los pueblos de otras naciones a impulsarlo mancomunadamente.

De esta manera impulsamos y nos sumamos a las distintas iniciativas que apunten a movilizar por esta exigencia, llamando a que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva.

Junto con esta pelea, sostenemos una salida global y de fondo, que pasa por la abolición definitiva de todas las patentes y por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia, es decir, terminar con el régimen que impone esta situación acuciante a la humanidad.

En ese marco convocamos a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones.

Llamamos a lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de DD.HH, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin.

Frente de Izquierda Unidad PO-PTS-IS-MST

Defendamos el salario

17/02/2021

El aumento en los precios de los alimentos no para.

Forma parte de una inflación general que devora el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y de todo tipo de ingreso de los trabajadores. Estén en blanco o en negro. Sean privados o estatales, aunque estos últimos perdieron todavía más.

Los aumentos de 4% en el índice general  significan un ritmo anual superior al 50%.

Además, el 2020 ha dejado casi dos millones de nuevos desocupados. Ellos no tienen ingresos.

Los combustibles han aumentado un 12% en 2021, y se espera una catarata de aumentos más en los próximos meses. Son las garantías que el Presidente Fernández les dio a las compañías petroleras.

Por otro lado, el capital agrario se salió con la suya y, tras la reunión en Olivos, el gobierno dio marcha atrás con el proclamado objetivo de desprender los precios internos de los precios internacionales.

Al mismo tiempo, se mantiene la dolarización del precio del gas en boca de pozo, algo que mueve toda la energía, incluso la eléctrica. Y de eso, lo que no va a tarifazo, va a subsidios que pagamos con inflación, vía la emisión monetaria.

Otro factor inflacionario son el dólar y las tasas de interés, que el pérfido sistema económico que tenemos descarga más temprano o más tarde en los precios. Las Leliqs, letras del Banco Central, han pagado en 2020 $700 mil millones en intereses a los bancos. Brutal negociado que pagamos también con inflación.

En resumen, se trata de una política. Agreguemos que han anulado el miserable IFE otorgado el año pasado. Y que extendieron el IVA, un enorme impuesto que va directo a los precios. La responsabilidad del gobierno es innegable.

En cuanto a las jubilaciones no estamos diferentes.

Al contrario, en la mesa de negociación con el FMI, la suspensión de la movilidad en 2020 y la nueva fórmula aprobada por Diputados y Senadores, fueron un eje central del llamado “ordenamiento de la cuentas públicas”. El 2020 fue de pérdida y el próximo aumento de marzo ya está calculado, será de 8%, cuando la inflación del trimestre oscilará entre 10 y 12% según todos los analistas.

Un pacto social contra los trabajadores

Así las cosas. El gobierno de los Fernández y Massa, han convocado a la CGT, las CTA y los empresarios a un “acuerdo de precios y salarios”.

Se trata de una maniobra contra los trabajadores.

La prueba la dieron los “capitanes de la industria” cuando aplaudieron a Guzmán.

Claro, el ministro de economía dio garantías de austeridad. Y no olvidemos, es el autor del canje de la deuda externa en dólares que otorgó todo lo que pedían los especuladores, aunque no sirvió para nada. Y ahora es el piloto del acuerdo con el FMI, cuya política conocemos.

La burocracia sindical finge creerse el verso oficial que dice “los salarios tienen que aumentar algunos puntos sobre la inflación”.

Saben que es sobre la inflación prevista o pretendida, que es el 29% dibujado en el Presupuesto.

¿Podemos creernos esto los trabajadores? ¿Tienen mandato Daer, Moyano, Yasky y los demás para fingir acuerdo con esto?

La prueba flagrante de que hablan de la inflación dibujada y no del 50% que pronostica en propio Banco Central es que Bancarios, la primera paritaria del año, firmó un 29% en tres cuotas. Ni un punto más.

No a los techos, asambleas para decidir

Entonces no hay techo escrito, pero sí tácito.

Nos dirán que hay cláusulas de “revisión”, pero eso ya lo conocemos. La patronal tiene derecho a veto. Que no quieren tomar en cuenta la inflación real lo demuestra la oposición feroz a las cláusulas gatillo o automáticas: o sea garantía de costo de vida como mínimo.

Estamos a tiempo. El debate recién empieza. Basta de hundimiento de salarios y jubilaciones.

El año pasado se destacaron las luchas salariales de Aceiteros y del Neumático, aún en plena pandemia. Ahora se están produciendo paros docentes en distintas provincias por salario y por la falta de condiciones sanitarias de la vuelta a clases presenciales.

Impulsamos asambleas en todos los gremios y fábricas. Para mandatar a delegados y dirigentes. Que los paritarios lleven mandato de asambleas y sean electos o refrendados en ellas. Que las centrales no firmen ningún pacto social o de ningún tipo sin mandato: que se convoque a un Congreso con mandato de las bases para decidir qué paritarias queremos, que salario, qué garantías para los puestos de trabajo. Incluso, como centrales, deberían exigir un aumento de emergencia antes de paritarias, para salarios y jubilaciones, ante la enorme escalada inflacionaria.

*Aumento de emergencia para todos los trabajadores y jubilados.

*Salario mínimo equivalente a la canasta básica. Salarios de convenio equivalentes a la canasta familiar. Actualización de salarios y jubilaciones según índice de costo de vida, automáticos.

*Paritarios con mandato y electos por las bases.

*82% móvil.

*Seguro al desocupado de $30000. Trabajo genuino para los desocupados. Plan de Obras públicas. Reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin afectar el salario.

*Eliminación del IVA. Apertura de los libros de las empresas formadoras de precios al control obrero.

*No al pacto social que trama la burocracia sindical cooptada al gobierno. Por un Congreso con mandato de las bases para decidir nuestros reclamos y un plan de lucha para imponerlos.

*No al pacto con el FMI, no al ajuste, no al pago de la ilegítima y usuraria deuda externa.

*Por un plan económico de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.

PARTIDO OBRERO

Coordinadora Sindical Clasista

17/2/21

El regreso sin condiciones es un nuevo ataque a la educación pública y a la salud de la población

13/02/2021

La educación pública atraviesa en nuestro país una verdadera catástrofe. Con la pandemia, millones de niños y jóvenes abandonaron la escuela, sin ser asistidos por un gobierno nacional y gobiernos provinciales que no garantizaron las condiciones mínimas para la conectividad. Los docentes trabajaron con recursos pagados de su propio bolsillo y sin ningún apoyo del estado. Ahora, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están promoviendo una vuelta a la presencialidad sin las condiciones sanitarias mínimas para impedir los contagios en la comunidad educativa  y su consecuente repercusión en el conjunto de la población

Este regreso se realiza sin tener en cuenta los indicadores de cantidad de contagios. De acuerdo a criterios científicos, una circulación mayor a 200 casos en 15 días cada 100.000 habitantes implica un riesgo alto de transmisión en las escuelas.

Pero además, los gobiernos no han puesto un peso para infraestructura escolar, cuando el 19% de las escuelas no tiene agua y muchas tienen un lavabo cada cientos de estudiantes o tienen baños sin condiciones mìnimas. Tampoco para  mejorar las condiciones del sistema de transporte, en el cual viajarán hacinados docentes y estudiantes en horario pico. En muchos casos, falta personal de limpieza o los elementos de higiene. Los docentes no tienen ningún cronograma previsto para acceder a la vacuna contra el Covid.

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aprobó el protocolo de vuelta a clases de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que se curse con los grados y cursos completos, sin burbujas reducidas  ¡que garanticen el aislamiento que se requiere!. Los Gobiernos deberían designar mas personal docente para garantizar tener grupos reducidos. Pero no solamente no lo hacen, sino que ni siquiera cubren con suplentes las ausencias de los docentes que tienen licencias por factores de riesgo frente al Covid. Por eso los planteles docentes están diezmados.

En realidad lo que le interesa al gobierno no es la educación pública. Para el gobierno nacional y la oposición de Cambiemos, la apertura escolar es una vía para garantizar que los padres puedan cumplir obligaciones laborales, por un lado, y los negociados de la educación privada, por el otro.

Esta política anti educativa está dictada por las necesidades del ajuste. En plena pandemia, los gobiernos redujeron el presupuesto educativo mientras entregaban 700.000 millones de pesos a la banca en intereses de Leliq e implementan medidas para favorecer el acuerdo con el FMI. Tampoco cumplieron con las necesidades de sostener a una población estudiantil golpeada por la crisis y el avance del hambre y la miseria en los barrios. Fueron los docentes los que en muchos casos debieron organizar la asistencia frente al desmantelamiento de los comedores escolares.

Este deterioro educativo no es una novedad: los golpes al salario docente, a la infraestructura escolar, o las reformas anti educativas para vaciar de contenido a la escuela pública han sido un denominador común de todos los que nos han gobernado en las últimas décadas, que han ampliado además año tras año los subsidios a la educación privada. No hay grieta en el ataque a la escuela pública y la docencia.

Unidad para defender la educación y preservar la salud de docentes y estudiantes.

Para encubrir este fracaso educativo, el gobierno nacional y la oposición atacan a los docentes. En lugar de dar respuestas a sus justos reclamos, los responsabilizan del fracaso educativo. Los gobiernos que atacan a los docentes tienen congelados sus salarios con aumentos por debajo de la inflación y en muchos casos han incumplido los acuerdos de actualización salarial firmados.

Las asambleas y sindicatos docentes combativos en todo el país están denunciado esta situación y el riesgo de llevar a un colapso sanitario y a un nuevo fracaso educativo.  Por eso  han planteado al gobierno medidas para garantizar el retorno seguro a las aulas, para docentes y estudiantes. La lucha por estas condiciones está fuera del radar de la burocracia de CTERA, que se alinea con el gobierno nacional entregando la lucha por las condiciones de cursada y los salarios docentes.

La lucha por defender la educación pública en esta etapa tiene un punto de partida: tener en cuenta  las condiciones de circulación viral para establecer la posibilidad de un funcionamiento presencial. Con el control de los protocolos de organización de las clases, y los recursos correspondientes, bajo control de comités de representantes de docentes, estudiantes y la comunidad educativa. A partir de aquí, debe establecerse un cronograma de vacunación de la docencia, colocar los recursos de infraestructura, transporte y conectividad necesarios, proveer los elementos de higiene y garantizar los nombramientos de personal correspondientes.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda levanta este programa y llama a la organización y movilización común de docentes, estudiantes y padres contra la destrucción de la educación  pública en la que avanzan los gobiernos del ajuste  y en defensa de la salud .

Partido Obrero – Frente de Izquierda

Llamamos a concentrar en el Congreso para rechazar la aprobación de la reforma previsional pactada con el FMI

18/12/2020

El pasado 10 de diciembre el gobierno aprobó en el Senado la media sanción de la reforma previsional pactada con el FMI, votada por los mismos senadores peronistas que aprobaron todas las leyes de ajuste y entrega durante los cuatro años del gobierno de Macri. Para ocultar este atropello a los jubilados y a todos los trabajadores, hizo la sesión el mismo día que se trató el aborto legal en la Cámara de Diputados. Para completar esta maniobra artera, promoverán que la Cámara de Diputados apruebe definitivamente la reforma previsional el 29 de diciembre, el mismo día que el Senado tratará el aborto legal.

Si el gobierno debe recurrir a estas maniobras de ocultamiento se debe a que es consciente del contenido reaccionario y ajustador de la reforma previsional que quiere aprobar. El eje de la misma consiste en eliminar la indexación por inflación de las jubilaciones, para que estas crezcan por debajo del aumento de los precios. Justo cuando hasta el Banco Central estima que la inflación seguirá en alza, hasta alcanzar en el año 2021 el 50%.

En lugar de actualizar las jubilaciones por la inflación, la reforma previsional del gobierno establece que el cálculo se hará sobre la base de la recaudación impositiva de la Anses y el aumento de los salarios. En momentos de crisis como el actual, cuando cae la recaudación y las paritarias quedan por debajo de la inflación, ese índice de movilidad traerá aparejado una rebaja de las jubilaciones.

Hay que tener en cuenta, además, que la recaudación de la Anses crece menos que la recaudación impositiva general, porque de modo sistemático el gobierno, las empresas y la burocracia sindical firman acuerdos que reducen significativamente el pago de los aportes a la seguridad social. Invocando la pandemia, el gobierno estableció que esa reducción puede llegar hasta el 95% de los aportes patronales. Esto mientras crece el impacto del cobro del impuesto a las ganancias sobre los salarios, que ya alcanza a casi 2,5 millones de trabajadores.

Para empeorar aún más las cosas, el gobierno puso un techo al crecimiento de las jubilaciones, que no podrán crecer por encima del 3% de la recaudación anual de la Anses. Pero mientras puso un techo al crecimiento de las jubilaciones eludió poner un piso a su reducción.

Durante este año el gobierno de Alberto Fernández no solo no recompuso los haberes en un 20 por ciento -que es lo que se perdió durante el gobierno macrista, como prometió durante la campaña electoral-, sino que viene realizando un fuerte ajuste sobre las jubilaciones. En diciembre del año pasado, antes que se declare la pandemia, el gobierno suspendió la movilidad jubilatoria y la reemplazó por aumentos por decreto. Por esta vía a los jubilados les robaron entre 7 y 18% de los haberes que deberían haber cobrado.

Con esta medida Alberto Fernández sigue el mismo camino que Macri, quien en diciembre del 2017 también aprobó en el Congreso una reforma previsional para afectar a los jubilados. En esa oportunidad eliminó de los cálculos un trimestre entero de inflación, que nunca pudo ser recuperado por los jubilados. En oposición a esa reforma previsional y al intento de aprobar también la reforma laboral se produjo una verdadera rebelión que se plasmó en las jornadas del 14 y 18 de diciembre.

Según los cálculos de los especialistas, si se aprobara la reforma previsional del gobierno, el robo a los jubilados equivaldría al menos a un 1 punto entero del PBI. Esto explica que el ajuste a las jubilaciones sea uno de los principales reclamos del FMI para suscribir un acuerdo con el gobierno para refinanciar la deuda tomada por Macri. Ya Alberto Fernández y el ministro Guzmán anunciaron que buscan un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, que requiere aplicar “reformas estructurales”, como la ya citadas previsional y laboral.

El ataque a los jubilados es el programa de todos los gobiernos a nivel mundial. En Francia ha habido grandes huelgas contra la reforma previsional y laboral. En Chile la rebelión tiene como uno de sus puntos principales terminar con el negociado de la jubilación privada. En Brasil Bolsonaro aprobó una reforma previsional en el Congreso, siguiendo también los lineamientos del FMI.

En todos los casos el argumento usado es que el “sistema previsional no es viable”. Los defensores del ajuste argumentan que el problema radicaría en el crecimiento de la expectativa de vida la población. Se trata de un argumento interesado que quiere ocultar la permanente reducción de aportes patronales y el trabajo en negro que alcanza a casi el 40% de la fuerza laboral, ambas cuestiones que afectan la recaudación de la Anses.

Junto con ello las cajas jubilatorias han sido vaciadas por todos los gobiernos sin excepción para subsidiar a los capitalistas y pagar la deuda externa. Es lo que sucede ahora mismo con la venta a precio de remate de bonos de la Anses para permitirle a los especuladores dolarizar sus deudas en pesos o acceder al dólar para fugar dinero.

Este saqueo de la Anses contrasta con las jubilaciones de miseria que cobran millones de personas. Con el aumento anunciado para diciembre la jubilación mínima que cobran más de 5.5 millones de personas será de $ 19.035, cuando la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad la calcula en $ 50.000.

El Frente de Izquierda-Unidad convoca el próximo 22 de diciembre en el Congreso a una concentración y poner en pie una tribuna en la Plaza del Congreso a las 17.30 horas para rechazar la reforma previsional. Nuestro planteo es recuperar en lo inmediato lo perdido en los últimos cinco años, establecer el 82% móvil del salario en actividad financiado sobre la base del aumento de los aportes patronales, el salario mínimo igual a la canasta familiar, el combate al trabajo en negro, el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y con un plan obrero y popular basado en la ruptura con el FMI, en el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como parte de una política para que la crisis la paguen los capitalistas.

Exigimos que los sindicatos y la CGT se pronuncien y convoquen un paro nacional para que no se apruebe la reforma previsional y por todos los reclamos de los trabajadores, como ser las paritarias que como mínimo compensen la inflación, contra los despidos, el impuesto al salario y contra todo tipo de reforma laboral sea en el Congreso o mediante la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Que todos los recursos nacionales estén a disposición de un plan político, económico y social, sobre la base de las necesidades populares, de nuestras jubiladas y jubilados y de todos los trabajadores. No al pago de la deuda. ¡Abajo el pacto con el FMI!

¡Abajo el presupuesto 2021 de Larreta! Basta de ajuste e impuestazos

El 10 vamos a la Legislatura para rechazarlo

08/12/2020

El presupuesto 2021 presentado por el Jefe de Gobierno es un plan de guerra contra los trabajadores. Estamos ante un ajuste recargado, que contiene impuestazos, ajustes brutales de salario, recorte de mantenimiento y parálisis de la obra pública en cuestiones muy sensibles de la salud, la educación y la vivienda.

El nuevo impuesto sobre el consumo de tarjetas de crédito, que representará el 1,2% sobre el total de los gastos, será costeado por los consumidores, encareciendo las compras e intereses. Se refuerza el carácter regresivo del sistema impositivo, los impuestos al consumo afectan especialmente a los trabajadores, ya que todos pagan el mismo porcentaje con independencia del nivel de ingresos.

El ABL y patentes seguirán actualizándose mensualmente por inflación, lo que se les niega a los trabajadores, con lo cual su peso relativo aumenta en las familias.

El gobierno de Larreta también anunció que eliminará la eximición del pago de Ingresos Brutos sobre las leliq y los pases bancarios. Esto podría ser progresivo, en la medida que se garantice que los bancos no lo trasladen a los clientes, para eso se debería abrir los libros de los bancos y establecer un control directo, algo que está lejos del horizonte del gobierno local. Desde el Banco Central salieron en defensa de los bancos, advirtiendo que el cobro de este impuesto impacta en la política monetaria del gobierno nacional.

En relación a los trabajadores de la Ciudad establece que los aumentos paritarios estarán por debajo de la inflación, algo que ya sucede en el año en curso, en el que las paritarias han implicado una pérdida del nivel adquisitivo del salario del orden del 15 al 20%. La pérdida para el año entrante puede ser aún mayor, pues prevé aumentos del 27% cuando la inflación que pronostica el Banco Central se encuentra en el 51,8%. Así, solo en dos años, los trabajadores podrían tener una pérdida del 40% de sus ingresos.

Es muy probable que junto con la reducción salarial se apliquen despidos masivos, como sucedió este año en varias dependencias públicas. Estos despidos se aplican dando de baja las locaciones de servicios, una modalidad precarizadora con la que están contratados 20.000 trabajadores del estado porteño.

En materia de obras el Presupuesto de Larreta anuncia una parálisis generalizada, que alcanza a obras de hospitales, subterráneos, ciclovías, escuelas, recorte del servicio de recolección de basura, urbanización de villas e incluso inversión en seguridad. Estos recortes deberán ser estudiados con mucho detenimiento, porque seguramente se aplicará con un criterio social definido. Es muy probable, por ejemplo, que el hospital de Lugano Cecilia Grierson sea más afectado que obras vinculadas a las marquesinas en la zona norte. O la infraestructura escolar que los subsidios a la educación confesional. En relación al subterráneo la suspensión de compra de material rodante es doblemente grave, ya que en la actualidad no solo funcionan trenes obsoletos sino también con material contaminante como el asbesto.

Larreta justifica este ajuste invocando el recorte de la coparticipación federal dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. Se trata de un ajuste secuencial: el gobierno nacional ajusta a la Ciudad para cumplir con el FMI y Larreta traslada ese ajuste a los trabajadores que viven, trabajan y consumen en ella. La salida debiera ser la opuesta: por un lado rechazar el recorte de la coparticipación y por el otro establecer impuestos progresivos al gran capital bancario, inmobiliario, del juego, etc. mediante una reforma impositiva integral. El bloque del Partido Obrero presentó un proyecto integral en esa dirección, que sirve como bandera de lucha ante este nuevo ataque.

El Partido Obrero denuncia el ajuste combinado del gobierno nacional y de la Ciudad y llama a movilizarse para rechazar su aprobación en defensa del salario, la educación y la salud públicas y el derecho a la vivienda.

Partido Obrero Caba – FIT

Campaña financiera 2020-2021

Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron las últimas décadas. Por una salida de los trabajadores.

26/11/2020

Por qué necesitamos tu aporte al Partido Obrero

Cuando se está por cumplir el primer año de mandato del gobierno de Alberto Fernández, se revela con toda claridad hacia donde apuntan las medidas económicas y políticas que realizó.

El acuerdo con los bonistas por el canje de la deuda y las negociaciones con el FMI para lograr un nuevo desembolso tienen como contrapartida una batería de medidas contra la población trabajadora: una reforma jubilatoria más nociva que la de Macri, la eliminación de la IFE, paritarias a la baja, represión y desalojo a las familias sin techo, un presupuesto 2021 con recortes en salud y educación, entre muchas otras.

Pero, además, estas negociaciones no trajeron un alivio para el país: el desmanejo económico del gobierno muestra que la inflación no se ha controlado, que la economía ha retrocedido fuertemente, que las reservas del Banco Central se están agotando, que vamos camino a nuevas devaluaciones y que la deuda externa se incrementó.

Esto perjudica en primer lugar a la clase obrera, que sufre centenares de miles de despidos y cifras récord de desempleo y pobreza. Como si fuera poco, Argentina se encuentra entre los países con mayor cantidad de fallecidos por coronavirus en el mundo.

Para tratar de disimular este ajuste, nos quieren vender la farsa de un impuesto a las fortunas, que no grava ni a las empresas y que una parte sustancial de lo recaudado volverá a las arcas de los mismos capitalistas que pagarán.

En un cuadro en donde la reacción de las centrales obreras debiera ser contundente, los burócratas que dirigen la CGT y las CTAs se ocupan de tratar de convencer a sus bases que no es momento para luchar. Sus intereses están más cercanos a los de las patronales, que a los trabajadores que dicen representar.

Sin embargo, las luchas florecen cuando esta burocracia no logra contener: la lucha de los vecinos de Guernica continúa a pesar del desalojo, médicos y enfermeros luchan en todo el país por salario y condiciones de trabajo, sindicatos dirigidos por el clasismo como el SUTNA conquistan paritarias récord, la ola verde que arrancó la presentación del proyecto por aborto legal, los docentes se oponen a una vuelta a clases presencial improvisada y sin recursos, los telefónicos fueron al paro, los metalúrgicos se levantan como en Gri Calviño, y la lista sigue.

El Partido Obrero viene de realizar un acto de 20.000 luchadores en Plaza de Mayo, y con miles más movilizados en actos que realizamos en todo el país. Allí sostuvimos: al fracaso de un régimen que pacta con el FMI y que nos lleva al hambre y la miseria, le tenemos que oponer una salida desde el campo de los trabajadores. A la pasividad de la burocracia sindical, le contrastamos con asambleas y luchas en cada lugar de trabajo, para reclamar un paro nacional y un plan de lucha hasta derrotar el ajuste.

Los actos reflejaron la actividad que el Partido Obrero y sus agrupaciones realiza en todos los frentes: el Polo Obrero que organiza decenas de miles de desocupados para luchar por trabajo digno, la Coordinadora Sindical Clasista que junto al Plenario del Sindicalismo Combativo se posiciona por una nueva dirección en los sindicatos, la Unión de Juventudes por el Socialismo que viene de organizar un congreso multitudinario por la unidad obrera estudiantil, el Plenario de Trabajadoras que impulsa la Ola Verde por el Aborto Legal.

Para ello necesitamos la colaboración de todos los luchadores que simpatizan con la izquierda, y de todos aquellos que ven necesaria la conformación de un agrupamiento que intervenga en la crisis en forma independiente de los partidos del régimen. El financiamiento de un partido de la clase obrera realizado por los propios trabajadores es la garantía de que responderemos a esos intereses. Contamos con tu aporte.

Abajo la reforma jubilatoria pactada con el FMI

24/11/2020

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se aprestan a aprobar en el Congreso Nacional una reforma previsional que implicará un nuevo golpe para millones de jubilados.

El eje de la reforma previsional consiste en eliminar la indexación por inflación de las jubilaciones. La modificación se debe a que  asistimos a un nuevo salto de los precios en el país. Según la encuesta del Banco Central, la inflación del 2021 alcanzaría el 51,8%.  El propósito es que los aumentos que reciban los jubilados estén por debajo del costo de vida.

La nueva fórmula establecerá un índice de actualización que contempla la recaudación impositiva de la Anses y el aumento de los salarios. En momentos de crisis como el actual, cuando cae la recaudación y por responsabilidad del gobierno y las patronales las paritarias quedan por debajo de la inflación, ese índice de movilidad traerá aparejado una nueva rebaja de las jubilaciones.

Además, la recaudación de la Anses crece menos que la recaudación impositiva general, porque de modo sistemático el gobierno, las empresas y la burocracia sindical firman acuerdos que reducen significativamente el pago de los aportes a la seguridad social. Invocando la pandemia, el gobierno estableció que esa reducción puede llegar hasta el 95% de los aportes patronales.

Si hubiese un ciclo de crecimiento económico (hoy estamos en una profunda recesión), el gobierno puso un techo al crecimiento de las jubilaciones, que no podrán crecer por encima del 3% de la recaudación de la Anses. Pero mientras puso un techo al crecimiento de las jubilaciones eludió poner un piso a su reducción.

Otro agravante de la nueva fórmula es que los aumentos pasarán a ser semestrales en vez de trimestrales. Así, las jubilaciones van perdiendo frente a la inflación mes a mes, sin recuperar esa pérdida en el nuevo aumento semestral.

Esta reforma previsional va en la línea de la primera medida tomada por el gobierno de Alberto Fernández en el mes de diciembre del 2019. Allí decidió suspender la vigencia de la movilidad que había aprobado Macri y pasar a aumentos por decreto, ya que de lo contrario todas y todos los jubilados hubieran recibido en 2020 un 42% de aumento basado en la inflación del año anterior. Fernández lo hizo no para aumentar las jubilaciones sino para reducirlas. Los números son elocuentes: con la suspensión de la movilidad a los jubilados le robaron entre 7 y 18% de sus haberes.

En la ofensiva contra los jubilados no hay ninguna “grieta”, es una verdadera cuestión de Estado para todos los gobiernos y partidos patronales. Si la fórmula vigente permitiese que los jubilados recuperen algo frente a la inflación, se encargan de cambiarla por otra que haga que sigan perdiendo. Pronosticando que la inflación iba a caer, en 2017 Macri también modificó el índice de movilidad para reducir las jubilaciones, además dejando fuera del cálculo un trimestre entero. En oposición a esa reforma previsional y al intento de aprobar también la reforma laboral se produjo una verdadera rebelión que se plasmó en las jornadas del 14 y 18 de diciembre con el apoyo del sindicalismo combativo y la izquierda. En los cuatro años del macrismo los jubilados perdieron alrededor del 20 por ciento de sus haberes en términos reales.

En la actualidad la reforma previsional es uno de los principales reclamos del FMI para suscribir un acuerdo con el gobierno para refinanciar la deuda tomada por Macri. Ya Alberto Fernández y el ministro Guzmán anunciaron que buscan un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, que requiere aplicar “reformas estructurales”, como la ya citadas previsional y la laboral, que ya las patronales están imponiendo de hecho en acuerdo con la burocracia sindical.

El ataque a las jubilaciones es el programa de todos los gobiernos a nivel mundial a través del cual aplican un fuerte ajuste a los jubilados de hoy y a los que vendrán en adelante, por lo tanto es un ataque al conjunto de la clase obrera. En Francia han habido grandes huelgas contra la reforma previsional y laboral. En Chile la rebelión tiene como uno de sus puntos principales terminar con el negociado de la jubilación privada. En Brasil Bolsonaro aprobó una reforma previsional en el Congreso, siguiendo también los lineamientos del FMI.

El gobierno nacional del Frente de Todos, al igual que los Bolsonaro y los Macron,  justifica el ataque a los jubilados en nombre de que el “sistema previsional no es viable”. Sin embargo oculta la permanente reducción de aportes patronales y el trabajo en negro que alcanza a casi el 40% de la fuerza laboral, ambas cuestiones que afectan la recaudación de la Anses.

Contrariamente a lo que afirma el gobierno, no son los jubilados los que viven del Estado, sino que es el Estado conducido por todos los gobiernos patronales hasta ahora (sean peronistas, la UCR o el PRO) el que ha vaciado una y otra vez las cajas jubilatorias para usarlas para pagar la deuda externa o subsidiar a los capitalistas. Es lo que sucede ahora mismo con la venta a precio de remate de bonos de la Anses para permitirle a los especuladores dolarizar sus deudas en pesos o acceder al dólar para fugar dinero.

Aunque el macrismo anunció que rechazará la reforma previsional, lo hace desde la defensa de la fórmula aprobada en el 2017 que también llevó a un fuerte ajuste y a la reducción de las jubilaciones. Lo cierto es que tanto con la fórmula del peronismo-kirchnerismo como con la del macrismo los jubilados vieron y verán una y otra vez retroceder su nivel de vida. La realidad es que tanto en el gobierno del Frente de Todos como antes en el de Juntos Por el Cambio se siguen los dictados del FMI y se ajustan las jubilaciones.  Ahora, con el aumento anunciado para diciembre la jubilación mínima que cobran más de 5,5 millones de personas será de $ 19.035, cuando la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad la calcula en $ 50.000.

El Frente de Izquierda-Unidad rechaza la reforma previsional y llama a rechazarla en las calles y en el Congreso. Nuestro planteo es recuperar en lo inmediato lo perdido en los últimos cinco años, y establecer el 82% móvil del salario en actividad financiado sobre la base del aumento de los aportes patronales, el salario mínimo igual a la canasta familiar, el combate al trabajo en negro, el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y con un plan de viviendas populares y obras públicas basado en el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Ninguna movilidad tiene que dar como resultado un ingreso inferior a la índice de precios. ¡No al nuevo robo jubilatorio! ¡Plata para las jubiladas y jubilados, no para la deuda usurera y el FMI!

El Frente de Izquierda-Unidad plantea que todos los sindicatos y la CGT tienen la obligación de rechazar este engendro reaccionario pactado con el FMI y convocar un paro nacional y el inicio de un plan de lucha para que no se apruebe la reforma previsional y por todos los reclamos de los trabajadores, como ser las paritarias que como mínimo compensen la inflación, contra los despidos, el impuesto al salario y contra todo tipo de reforma laboral sea en el Congreso o mediante la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo.

El Frente de Izquierda-Unidad convoca a todas las organizaciones populares a realizar una gran movilización frente al Congreso para defender a los jubilados y rechazar la reforma previsional del FMI.

Frente de Izquierda – Unidad – 24/11/20

El Partido Obrero responde el comunicado del ministro Andrés Larroque

29/10/2020

1) La idea de que el desalojo ha sido el resultado de “la intransigencia” de los vecinos, sobre todo resultado de la actividad del Partido Obrero, es insostenible. La decisión de desalojar fue una decisión política del gobierno provincial y nacional, resguardando la propiedad en función de los negociados inmobiliarios. Las cientos de tomas de tierra en todo el país son el resultado de la crisis social. La respuesta del gobierno bonaerense ha sido la criminalización y la represión. Solo en octubre 6 tomas fueron desalojadas antes de Guernica. En la represión en Ciudad Evita una joven perdió el ojo. La quema de casillas y pertenencias ha sido una conducta sistemática de la policía. El carapintada Berni se jactó en septiembre en un video institucional de haber presidido sobre “el desalojo de 868 tomas de terrenos y (el arresto de ) 524 presos” ejecutados por la bonaerense. No hay voluntad de dialogo ni soluciones habitacionales. Ha sido la masividad y los niveles de organización de la toma de Guernica, así como el rol de las organizaciones que se movilizaron para sostener su reclamo, lo que le permitió mantenerse por meses cuando otros eran expulsados.

2) Es falso que el gobierno haya trabajado seriamente en una respuesta a los reclamos urgentes de los vecinos de Guernica. La realidad es que a) Axel Kiciloff jamás recibió a los vecinos; b) fueron los vecinos y su cuerpo de delegados y organizaciones las que hicieron dos propuestas por escrito para resolver la crisis habitacional de las 1900 familias censadas oportunamente,  y las mas de 1400 constatadas en el último censo. El gobierno se negó a considerar estas propuestas. c) El gobierno no entregó un sólo lote, transitorio ni permanente, a ningún vecino. Su política consistió en presionar a las organizaciones para firmar un acuerdo en el cual se ofrecían 11 hectáreas transitorias (que no alcanzan para los 1400 vecinos censados y tampoco se sabe donde están) y luego eventualmente, en largos meses, 650 parcelas permanentes de las cuales se desconoció siempre la ubicación, siendo entonces una promesa en el aire.  Requería, a cambio, que las organizaciones colaboraran con el desalojo y aceptaran la judicialización de los vecinos. Bien mirada, la propuesta del gobierno era reclamar a las organizaciones que colaboraran con el desalojo a cambio de promesas. La mesa de dialogo, en la cual sólo los vecinos presentaban propuestas viables, fue quebrada por el gobierno cuando arremetió con el desalojo. Lógicamente, el Partido Obrero respaldó y seguirá respaldando la lucha de las familias por la tierra y la vivienda.

3) La mentira de Larroque tiene un objetivo preciso: contener la crisis que el desalojo ha generado en el oficialismo. La represión deja al descubierto un gobierno que no vacila en avanzar con violencia sobre familias humildes para defender negociados inmobiliarios y dar garantías políticas al gran capital cuando comienza la negociación con el FMI. El resultado de esta política será agravar la crisis social y habitacional. La represión generó una honda conmoción social, que se expresó hoy en movilizaciones masivas y muestras de repudio. Llamamos a todas las organizaciones sociales, populares y de trabajadores a repudiar la represión y exigir la renuncia de sus responsables políticos y materiales. Decimos nuevamente: Fuera Berni, Kiciloff es responsable.

4) Las familias de Guernica anunciaron que continuarán con sus reclamos. Hay numerosas familias que no tienen hoy donde pasar la noche, luego de que sus pertenencias fueran quemadas por la policía de Kiciloff y Larroque. Llamamos a apoyar activamente la lucha por la tierra de las familias de Guernica, reclamamos tierra para vivir para todas las familias censadas y convocamos a apoyar la conferencia de prensa y movilización el día de mañana a las 12:00 hs desde el Obelisco a la Plaza de Mayo, que ha convocado una asamblea general de vecinos de Guernica.

Comité Ejecutivo Nacional Partido Obrero

Polo Obrero

 

Carta urgente al FIT Unidad

Movilicémonos con las banderas desplegadas del FIT unidad ante la dramática crisis nacional.

27/10/2020

En una carta a la Mesa del FIT Unidad fechada el 1º de setiembre pasado*, desde el Partido Obrero les propusimos a los integrantes del frente una “movilización política y un acto con las banderas desplegadas del FIT Unidad…colocándolo como un polo político desde el punto de vista obrero y socialista para abrir paso a una salida de los trabajadores”.

Transcurridos casi dos meses de aquel momento, se han confirmado con creces las cuestiones centrales para una acción política urgente del FITU que anticipamos en aquella carta: el fracaso del canje de la deuda, la escalada devaluacionista con sus consecuencias de desorganización económica y descarga de la crisis sobre los trabajadores, el fracaso de la política sanitaria que ya denunciaban los trabajadores de la salud, la continuidad de los despidos que han llevado la desocupación real al 29%, el presupuesto 2021 de ajuste, el saqueo de la Anses y la continuidad del robo de la movilidad a los jubilados, las rebajas salariales y paritarias a la baja mediante el pacto CGT-UIA-Gobierno.

Y tal cual lo preveíamos en el texto, el gobierno apelaría a un pacto con el FMI como última tabla del salvataje capitalista contra las masas trabajadoras. En aquel momento citamos la promesa presidencial a Kristalina Georgieva de “poner las cuentas en orden”. Hoy, el ministro Guzmán ha anunciado que presentará al Congreso un plan “plurianual” de tres años de “convergencia fiscal y monetaria”, acordado previamente con el FMI. De manera que el “plan económico” que reclaman desde todos los sectores del poder será el del FMI. Como dijimos en aquella carta “el rechazo a cualquier acuerdo con el FMI será una bandera exclusiva del Frente de Izquierda y debe transformarse, desde ahora, en un eje central de intervención de nuestro frente”.

Esta cuestión va al núcleo de la situación política, su consecuencia sobre los trabajadores y el rol de la izquierda obrera y socialista. Argentina se coloca al tope de la crisis económica y social de América Latina, cuando una segunda ola de rebeliones populares empieza a mostrar signos en Chile, en Colombia, en Bolivia en la previa a la aplastante derrota electoral de los golpistas. En un cuadro mundial signado por la propia rebelión en el imperio en medio de la pandemia.

En el plano político escala la crisis, confusión y tensión interior en las filas del gobierno, con un gabinete cuestionado, con el ministro de Economía con plazos perentorios, con un gobierno que desarticula él mismo sus propias iniciativas demagógicas como en el caso Vicentin, el eternamente postergado, licuado y mutilado “aporte solidario” a las grandes fortunas, la capitalización estatal de los subsidios ATP o el desarme de las Leliqs para dar un aumento a los jubilados, cosa que ocurrió exactamente al revés. El pretendido arbitraje de la crisis entre las clases deriva en la descarga integral de los agravios sobre los trabajadores, bajando, en cambio, retenciones al capital exportador, otorgando moratoria y blanqueo a los evasores, facilitando la fuga de capitales hasta la fundición del Banco Central, aplicando tarifazos en los combustibles y dando nuevos subsidios a los pulpos petroleros mientras se interrumpe el IFE o se define un salario mínimo de indigencia.

La vocinglera oposición de derecha, dividida ella misma, centra su disputa en las porciones de poder en la Justicia o en su prédica anticuarentena, pero comparte la agenda de fondo que dicta el capital en general y el capital financiero en particular. Lo cual no impide los choques interiores entre sectores capitalistas y camarillas políticas que los viabilizan, brindando a los trabajadores la oportunidad para su intervención independiente. Una intervención a la que el FITU tiene que contribuir en cada lucha y brindando su iniciativa política y su programa de salida a la crisis, basado en el gobierno de los trabajadores.

Las acciones callejeras de sectores de la burguesía y de la pequeña burguesía acomodada son una expresión de fondo de la crisis, porque reflejan el descontento de la clase social dirigente con su propio régimen. Pero al hacerlo crean un clima de agitación política que alcanza también a los explotados y legalizan las acciones callejeras que en el pasado esos mismos sectores sociales reclamaban reprimir. Por otra parte, alrededor de la lucha por el juicio y castigo a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, de las movilizaciones en apoyo a Guernica a Plaza de Mayo y en La Plata, la autoconvocatoria de enfermeras y enfermeros masiva en CABA, la autoconvocatoria de docentes misioneros, en los cacerolazos en Orán y Aguaray en Salta, la gran jornada nacional del Plenario Sindical Combativo del 16 de septiembre, los piquetes ambientales en Rosario o las movilizaciones de tercerizados y precarizados, se empiezan a ocupar las calles desde la vereda de los trabajadores.

A su vez las ocupaciones de tierras con centro en Guernica, pero que abarcan miles y miles de familias en todo el país luchando por tierra y vivienda, como las huelgas tenaces aunque aisladas por la burocracia sindical como la de Algodonera Avellaneda, la lucha salarial del puerto de Buenos Aires o ahora la de los metalúrgicos de Gri Calviño, plantean un desafío político a la izquierda. La de ofrecer una salida de conjunto a los reclamos que solo pueden tener satisfacción mediante un programa basado en la reorganización económica y social del país bajo la dirección de los trabajadores. Tenemos la responsabilidad de desarrollar esta alternativa de los trabajadores y la izquierda que es el FIT Unidad, para promover la intervención de conjunto de los trabajadores en la crisis y desafiar y quebrar la polarización de las fuerzas políticas que han gobernado el país las últimas décadas.

En este marco de crisis excepcional, cuando faltan apenas dos meses para que termine el año, les planteamos que convoquemos una gran jornada política nacional del Frente de Izquierda, con actos simultáneos en todo el país, con cabecera en la Plaza de Mayo para el 28 de noviembre, con el distanciamiento que la situación requiere, pero convocando masivamente a la militancia y a los trabajadores. 26-10-20

 

 

* Carta enviada a los partidos del FIT-U el 1-9-20

Carta a los partidos del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Compañeras y compañeros:

Urge que nuestro Frente de Izquierda intervenga con su propia fisonomía en el escenario nacional. La reciente confirmación de un ingreso masivo de los bonistas al canje de deuda -ofrecido por el gobierno de los Fernández- confirma lo oportunamente denunciado por nuestro frente: el canje de deuda ha sido un nuevo acto de entrega nacional. Pues la hipoteca nacional ha quedado intacta y solo se han pateado para un futuro no muy lejano el paquete de vencimientos de una deuda completamente usuraria y fraudulenta. La perspectiva de default de la Argentina no se elimina, sólo se aplaza. El BCRA se encuentra prácticamente sin reservas de libre disponibilidad y procede sistemáticamente a despilfarrar divisas en aras de contener la cotización del dólar. La Argentina atraviesa desde hace años una profunda recesión económica, y sus posibilidades de reversión están condicionadas por la evolución de la crisis capitalista internacional, que limita la ‘salida exportadora’ agitada por los Fernández y, a su vez, la llegada de inversiones que posibiliten una reactivación económica en lo inmediato.

El canje de deuda preside, además, otro acto de sometimiento colonial que se encuentra en marcha: el que el gobierno prepara ante el Fondo Monetario Internacional. Sin que se hayan iniciado las negociaciones formales con el FMI, el Presidente Fernández prometió a la presidenta del FMI que “pondrá las cuentas en orden”, y el ministro Guzmán que pretende un nuevo préstamo del FMI como forma de refinanciar la deuda con el propio Fondo para lo cual ya prometió un ajuste fiscal en el presupuesto 2021. Los presupuestos de salud y de educación, el Anses y las cajas previsionales de las provincias y la brutal rebaja del salario real o los despidos en masa, son ‘botines’ sobre los cuales el gobierno pretenderá avanzar para poder llegar a un acuerdo con el Fondo. Una muestra de esta política quedará en completa evidencia con el presupuesto 2021, que será presentado a mediados de septiembre. Por otro lado, que el gobierno pretenda que el Congreso Nacional refrende el acuerdo con el FMI revela que da por descontado el apoyo de la oposición patronal. Sea cual fuese el acuerdo. El rechazo a cualquier acuerdo con el FMI será una bandera exclusiva del Frente de Izquierda y debe transformarse, desde ahora, en un eje central de intervención de nuestro frente.

En el mismo momento donde se acentúa su política de sumisión al capital financiero internacional, el gobierno pretende terminar de erigirse como un gobierno de arbitraje. En esa línea hay que anotar la fallida intervención de Vicentin, el limitadísimo y tardío impuesto a las grandes fortunas –que ahora promete postergar de nuevo-, o su tentativa de avanzar en una reforma judicial. Esta reforma, no solo tiene como objetivo el rescate de los miembros de la camarilla oficial involucrados en diversos actos de corruptela sino que también apunta a colocar todo el sistema judicial bajo la tutela del gobierno y al servicio de la clase capitalista. La crisis capitalista hará arbitrar al gobierno contra la masas y entre unos intereses capitalistas y otros y necesitan una Justicia que respalde ese curso. Además, representa un golpe a los propios trabajadores judiciales, a quienes se les afectará una cantidad de derechos adquiridos. Se trata, por donde se la mire, de una reforma reaccionaria. El Frente de Izquierda no puede ofrecer un quórum al tratamiento de la ley en nombre de ‘no quedar pegados a la derecha’. En primer lugar, porque una parte de la derecha (Larreta) apoya la reforma, y, por sobre todo, porque en nombre de ‘no quedar pegados a la derecha’ el Frente de Izquierda ofrecerá una colaboración política concreta a un proyecto reaccionario del gobierno fondomonetarista. El Frente de Izquierda debe oponerse a la misma sobre la base de su propio programa: por la elección popular de jueces y fiscales y la revocabilidad de los mismos.

La política del gobierno y la perspectiva descripta se desarrollará en momentos en el cual se profundiza una gigantesca crisis social y sanitaria. Es evidente para todos que la crisis capitalista está siendo descargada sobre los trabajadores y que la pandemia ha sido utilizada como la coartada para procesar una ofensiva en regla contra la clase obrera. En los primeros seis meses del año se perdieron medio millón de puestos de trabajo formales, y la cifra más que se duplica si se incorpora a los precarios o cuentapropistas. Al mismo tiempo se mantienen cerradas la abrumadora mayoría de las paritarias y las que se han acordado han sido con acuerdos a la baja. Las patronales avanzan, a su vez, contra los convenios colectivos de trabajo. Se ha puesto de manifiesto, como nunca, el enorme déficit habitacional que golpea a los sectores más postergados de la clase obrera. Como todo el mundo sabe, la propagación del virus está llevado al colapso a los sistemas sanitarios de numerosos puntos del país y la misma perspectiva se plantea, en términos más o menos inmediatos, en el área metropolitana. Los efectos de la cuarentena precoz están siendo socavados por un levantamiento de la misma sin que el gobierno haya tomado las medidas fundamentales para evitar el colapso: la centralización del sistema sanitario, la duplicación del presupuesto de salud y el establecimiento de estrictos protocolos obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, en los transportes públicos y en todas las áreas de la vida social. De conjunto, ha quedado en evidencia el sometimiento del gobierno a los lobbies capitalistas, y lo quedará aún más en las próximas semanas cuando se recrudezca la crisis sanitaria.

La crisis sanitaria y toda la ofensiva anti-obrera en curso se desarrolla con el silencio y la clara complicidad de las burocracias sindicales de todos los colores, que desde mucho antes del desembarco de la pandemia en la Argentina habían colocado a las centrales obreras en cuarentena estricta. Es claro que el “pacto social” que impulsa el gobierno, las patronales y la burocracia apunta a maniatar a los trabajadores para viabilizar el ajuste. De ahí el valor de las acciones del Plenario Sindical Combativo, como los plenarios nacionales que han logrado reagrupar a las principales luchas en curso, o las acciones de lucha como la que se prepara para mediados de septiembre. Se muestra, de esa manera, el claro contraste entre el sindicalismo combativo y la burocracia sindical.

El Frente de Izquierda debe acompañar decididamente todas las acciones del PSC y, al mismo tiempo y por sobre todo, alzar su propia tribuna, asociando todos los padecimientos de las masas a la orientación social capitalista y fondomonetarista del gobierno de los Fernández y desenvolviendo un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, colocándose como un polo político desde el punto de vista obrero y socialista para abrir paso a una salida de los trabajadores. Lejos de camuflarnos o diluirnos en la diversidad de reclamos o de movimientos, el Frente de Izquierda debe intervenir con sus banderas desplegadas, para ofrecer a la vanguardia obrera y juvenil una referencia política clara y nítida. La realización de una movilización política y un acto del Frente de Izquierda, naturalmente contemplando la situación sanitaria, aparece como la iniciativa más acorde a las necesidades políticas del momento.

Comité Ejecutivo del Partido Obrero

No al pacto con el FMI

Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista

21/10/2020

A 10 meses de asumido el gobierno de los Fernández y Massa está empantanado, afectado por una crisis política interna, al borde de una megadevaluación del peso y, por sobre todas las cosas, hundiendo al pueblo trabajador.

El relato nacional y popular empieza a derrumbarse como un castillo de naipes. Una caldera social levanta presión. Porque hay un fracaso asociado: sanitario y económico. Se escudan en la gestión de la pandemia. Pero hemos superado el millón de contagios a pesar de que no se testea masivamente para ahorrar hisopados. Y los muertos, que superan los 27000, escalan de a centenares diarios. Médicos y enfermeros reclaman por que no dan más y cobran miserias. No se han hechos testeos masivos siguiendo la ruta del virus entre los contactos estrechos para no asumir el costo, por parte del Estado, de las empresas, de las Obras Sociales y de las ART. Es un sistema el que se lava las manos.

Es falso que la gente no se contagia en los lugares de trabajo, porque los protocolos patronales son truchos. Hay hacinamiento por falta de viviendas dignas y el transporte público es otra fuente de contagios.

La centralización del sistema de salud –planteada por nosotros desde el inicio- es urgente e imperiosa. Los testeos masivos, hisopando y aislando a los contactos estrechos, son fundamentales. Los protocolos bajo control de los trabajadores son clave, al igual que la atención a las demandas del personal de salud.

Otra megadevaluación está en marcha

El eje de la política económica del gobierno fue el canje de la deuda, tras el cual vendría el “despegue”. Les hicieron todas las concesiones imaginables al capital financiero. Pero fracasaron.

El robo de la movilidad a siete millones de jubilados, suspensiones con rebaja de salarios, paritarias a la baja o directamente congelamiento salarial.
Mintieron que no habría despidos. La desocupación trepó al 29% real. Y las últimas medidas para contener la disparada del dólar fracasaron una por una: el supercepo, la reducción de retenciones a la minería y a la soja, más de deuda atada a la evolución del dólar, restricción de dólares a las provincias y a los importadores, aumento de las tasas de interés, liberalización del dólar financiero, tres aumentos de combustibles en un mes y medio, presentación del presupuesto 2021 de ajuste, entre otras.Todas concesiones al capital, contra los trabajadores que pagan precios cada día más caros.

Pero nada paró el vaciamiento de reservas del Banco Central y la tensión devaluatoria. Con las sabidas consecuencias inflacionarias y de empobrecimiento. Podemos pasar de la corrida cambiaria a la bancaria, como en el 2001.

Ahora el FMI

Se viene el FMI, con la renegociación de su deuda. Pero durante todo este tiempo ajustan, en sintonía con las exigencias del Fondo. Gobiernan con el presupuesto 2019 de Macri. Lo cual les permite una total discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas, que no ha sido para beneficio alguno de “los más necesitados” como proclaman, sino para paralizar por completo la obra pública y golpear la salud y la educación. Le han mentido al pueblo para ser electos y ahora como gobierno le siguen mintiendo.

No hay salida exportadora como en 2003. Atravesamos una depresión mundial, que empezó antes de la pandemia al igual que la depresión argentina. La pandemia solo agravó una crisis capitalista mundial que ya se caracterizaba por la fuga generalizada de capitales desde los llamados países emergentes hacia las naciones centrales, y guerras comerciales que agravan la presión colonial sobre nuestras naciones. Por eso el proceso de rebeliones populares en América Latina en 2019, que este año desembarcó en los propios EEUU. No hay FMI bueno. El acuerdo con el FMI que se pretende será a costa del pueblo argentino, con más hambre y dependencia colonial.

Abajo el pacto UIA-CGT-Gobierno, por una salida de los trabajadores

El fracasado acto virtual del 17 de octubre, solo mostró una crisis interior del peronismo. Pero su eje, fue el apoyo de toda la burocracia sindical a esta política de entrega a la agenda del FMI: reforma laboral de hecho, despidos, salarios y jubilaciones a la baja, reforma previsional y tarifazos.
Represión incluida, como lo demuestran los Facundo Castro de todo el país. Y de esta política forman parte todas las alas de la coalición de los Fernández y Massa. Cristina en persona sostiene al ministro fondomonetarista y a Sergio Berni.

Los únicos que pueden imponer una salida para la mayoría nacional laboriosa son los trabajadores mediante su propia intervención en la crisis. Poniendo en pie una oposición obrera y popular, frente a la oposición que agita con banderazos, pero para profundizar la agenda de ataque al pueblo trabajador.

Esto significa apoyar la lucha de los trabajadores, como en Guernica y en los centenares de asentamientos, donde el pueblo trabajador toma las resolución de sus necesidades en sus manos. Al igual que las huelgas obreras por salarios, contra los despidos, sean de choferes de colectivos, portuarios, textiles o docentes.

Desde el Partido Obrero reclamamos la ruptura con el gobierno de todas las organizaciones obreras, de trabajadores ocupados y desocupados. Que se convoquen asambleas y se impongan sus mandatos, que se convoque un congreso con mandato de las bases para discutir una salida de los trabajadores a la crisis.

Abusan de la paciencia popular. Digamos basta a las fuerzas políticas que nos gobiernan desde hace décadas.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda ofrece un programa de salida. Construyamos con él una alternativa obrera y socialista:

La centralización del sistema de salud bajo control de los trabajadores del sector; los protocolos elaborados y controlados por los trabajadores para preservar la salud frente a la pandemia; la inversión masiva necesaria en salud, el otorgamiento de un seguro a los que no tienen ingreso de $30000, un plan inmediato de tierras y de 100 mil viviendas para los sin techo, mediante un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas capaz de recaudar u$s20000 millones; la defensa de las jubilaciones, del 82% y el Anses terminando con el trabajo en negro y con las rebajas de aportes previsionales; el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores para poner fin a la desocupación; la lucha por un salario equivalente a la canasta familiar; el no pago de la ilegítima y usuraria deuda externa y su investigación; la nacionalización de la banca, los recursos estratégicos y el comercio exterior.

PARTIDO OBRERO
21/10/2020