La educación pública atraviesa en nuestro país una verdadera catástrofe. Con la pandemia, millones de niños y jóvenes abandonaron la escuela, sin ser asistidos por un gobierno nacional y gobiernos provinciales que no garantizaron las condiciones mínimas para la conectividad. Los docentes trabajaron con recursos pagados de su propio bolsillo y sin ningún apoyo del estado. Ahora, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están promoviendo una vuelta a la presencialidad sin las condiciones sanitarias mínimas para impedir los contagios en la comunidad educativa y su consecuente repercusión en el conjunto de la población
Este regreso se realiza sin tener en cuenta los indicadores de cantidad de contagios. De acuerdo a criterios científicos, una circulación mayor a 200 casos en 15 días cada 100.000 habitantes implica un riesgo alto de transmisión en las escuelas.
Pero además, los gobiernos no han puesto un peso para infraestructura escolar, cuando el 19% de las escuelas no tiene agua y muchas tienen un lavabo cada cientos de estudiantes o tienen baños sin condiciones mìnimas. Tampoco para mejorar las condiciones del sistema de transporte, en el cual viajarán hacinados docentes y estudiantes en horario pico. En muchos casos, falta personal de limpieza o los elementos de higiene. Los docentes no tienen ningún cronograma previsto para acceder a la vacuna contra el Covid.
El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aprobó el protocolo de vuelta a clases de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que se curse con los grados y cursos completos, sin burbujas reducidas ¡que garanticen el aislamiento que se requiere!. Los Gobiernos deberían designar mas personal docente para garantizar tener grupos reducidos. Pero no solamente no lo hacen, sino que ni siquiera cubren con suplentes las ausencias de los docentes que tienen licencias por factores de riesgo frente al Covid. Por eso los planteles docentes están diezmados.
En realidad lo que le interesa al gobierno no es la educación pública. Para el gobierno nacional y la oposición de Cambiemos, la apertura escolar es una vía para garantizar que los padres puedan cumplir obligaciones laborales, por un lado, y los negociados de la educación privada, por el otro.
Esta política anti educativa está dictada por las necesidades del ajuste. En plena pandemia, los gobiernos redujeron el presupuesto educativo mientras entregaban 700.000 millones de pesos a la banca en intereses de Leliq e implementan medidas para favorecer el acuerdo con el FMI. Tampoco cumplieron con las necesidades de sostener a una población estudiantil golpeada por la crisis y el avance del hambre y la miseria en los barrios. Fueron los docentes los que en muchos casos debieron organizar la asistencia frente al desmantelamiento de los comedores escolares.
Este deterioro educativo no es una novedad: los golpes al salario docente, a la infraestructura escolar, o las reformas anti educativas para vaciar de contenido a la escuela pública han sido un denominador común de todos los que nos han gobernado en las últimas décadas, que han ampliado además año tras año los subsidios a la educación privada. No hay grieta en el ataque a la escuela pública y la docencia.
Unidad para defender la educación y preservar la salud de docentes y estudiantes.
Para encubrir este fracaso educativo, el gobierno nacional y la oposición atacan a los docentes. En lugar de dar respuestas a sus justos reclamos, los responsabilizan del fracaso educativo. Los gobiernos que atacan a los docentes tienen congelados sus salarios con aumentos por debajo de la inflación y en muchos casos han incumplido los acuerdos de actualización salarial firmados.
Las asambleas y sindicatos docentes combativos en todo el país están denunciado esta situación y el riesgo de llevar a un colapso sanitario y a un nuevo fracaso educativo. Por eso han planteado al gobierno medidas para garantizar el retorno seguro a las aulas, para docentes y estudiantes. La lucha por estas condiciones está fuera del radar de la burocracia de CTERA, que se alinea con el gobierno nacional entregando la lucha por las condiciones de cursada y los salarios docentes.
La lucha por defender la educación pública en esta etapa tiene un punto de partida: tener en cuenta las condiciones de circulación viral para establecer la posibilidad de un funcionamiento presencial. Con el control de los protocolos de organización de las clases, y los recursos correspondientes, bajo control de comités de representantes de docentes, estudiantes y la comunidad educativa. A partir de aquí, debe establecerse un cronograma de vacunación de la docencia, colocar los recursos de infraestructura, transporte y conectividad necesarios, proveer los elementos de higiene y garantizar los nombramientos de personal correspondientes.
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda levanta este programa y llama a la organización y movilización común de docentes, estudiantes y padres contra la destrucción de la educación pública en la que avanzan los gobiernos del ajuste y en defensa de la salud .
