El presupuesto 2021 presentado por el Jefe de Gobierno es un plan de guerra contra los trabajadores. Estamos ante un ajuste recargado, que contiene impuestazos, ajustes brutales de salario, recorte de mantenimiento y parálisis de la obra pública en cuestiones muy sensibles de la salud, la educación y la vivienda.
El nuevo impuesto sobre el consumo de tarjetas de crédito, que representará el 1,2% sobre el total de los gastos, será costeado por los consumidores, encareciendo las compras e intereses. Se refuerza el carácter regresivo del sistema impositivo, los impuestos al consumo afectan especialmente a los trabajadores, ya que todos pagan el mismo porcentaje con independencia del nivel de ingresos.
El ABL y patentes seguirán actualizándose mensualmente por inflación, lo que se les niega a los trabajadores, con lo cual su peso relativo aumenta en las familias.
El gobierno de Larreta también anunció que eliminará la eximición del pago de Ingresos Brutos sobre las leliq y los pases bancarios. Esto podría ser progresivo, en la medida que se garantice que los bancos no lo trasladen a los clientes, para eso se debería abrir los libros de los bancos y establecer un control directo, algo que está lejos del horizonte del gobierno local. Desde el Banco Central salieron en defensa de los bancos, advirtiendo que el cobro de este impuesto impacta en la política monetaria del gobierno nacional.
En relación a los trabajadores de la Ciudad establece que los aumentos paritarios estarán por debajo de la inflación, algo que ya sucede en el año en curso, en el que las paritarias han implicado una pérdida del nivel adquisitivo del salario del orden del 15 al 20%. La pérdida para el año entrante puede ser aún mayor, pues prevé aumentos del 27% cuando la inflación que pronostica el Banco Central se encuentra en el 51,8%. Así, solo en dos años, los trabajadores podrían tener una pérdida del 40% de sus ingresos.
Es muy probable que junto con la reducción salarial se apliquen despidos masivos, como sucedió este año en varias dependencias públicas. Estos despidos se aplican dando de baja las locaciones de servicios, una modalidad precarizadora con la que están contratados 20.000 trabajadores del estado porteño.
En materia de obras el Presupuesto de Larreta anuncia una parálisis generalizada, que alcanza a obras de hospitales, subterráneos, ciclovías, escuelas, recorte del servicio de recolección de basura, urbanización de villas e incluso inversión en seguridad. Estos recortes deberán ser estudiados con mucho detenimiento, porque seguramente se aplicará con un criterio social definido. Es muy probable, por ejemplo, que el hospital de Lugano Cecilia Grierson sea más afectado que obras vinculadas a las marquesinas en la zona norte. O la infraestructura escolar que los subsidios a la educación confesional. En relación al subterráneo la suspensión de compra de material rodante es doblemente grave, ya que en la actualidad no solo funcionan trenes obsoletos sino también con material contaminante como el asbesto.
Larreta justifica este ajuste invocando el recorte de la coparticipación federal dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. Se trata de un ajuste secuencial: el gobierno nacional ajusta a la Ciudad para cumplir con el FMI y Larreta traslada ese ajuste a los trabajadores que viven, trabajan y consumen en ella. La salida debiera ser la opuesta: por un lado rechazar el recorte de la coparticipación y por el otro establecer impuestos progresivos al gran capital bancario, inmobiliario, del juego, etc. mediante una reforma impositiva integral. El bloque del Partido Obrero presentó un proyecto integral en esa dirección, que sirve como bandera de lucha ante este nuevo ataque.
El Partido Obrero denuncia el ajuste combinado del gobierno nacional y de la Ciudad y llama a movilizarse para rechazar su aprobación en defensa del salario, la educación y la salud públicas y el derecho a la vivienda.
Partido Obrero Caba – FIT
