Sección de proyecto: Vivienda

Artículo 1: DISPÓNGASE un Programa de Urbanización en el barrio popular denominado Villa el Capullo, ubicado entre B° San Jorge y B° Ciudad Evita, garantizando el acceso universal a los servicios esenciales de energía eléctrica, agua potable, gas natural, cloacas, luminarias, entre otros, en tanto constituyen elementos centrales del concepto de “Vivienda Digna” establecido en la Constitución Provincial, Nacional y la Declaración de Derechos Humanos y Tratados Internacionales  suscriptos por nuestro país. 

Artículo 2: ESTABLECESE un plan de infraestructura para la pavimentación, instalación de luminarias, y el desarrollo de la red cloacal, destinado a dar cumplimiento con lo previsto en el art. 1. Las obras estarán a cargo de la municipalidad de Córdoba y darán inicio en un plazo no superior a los 30 días de aprobada la presente ordenanza.

Artículo 3: ARBITRENCE los medios necesario para garantizar el acceso al servicio de transporte, con el ingreso de las unidades al barrio.

Artículo 4: EMPLACESE a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y a Aguas Cordobesas S.A a disponer de manera inmediata la realización, a su cargo, de las obras de tendido eléctrico y red de agua potable y demás medidas necesarias para el acceso seguro a los servicios esenciales de las familias instaladas en el asentamiento.

Artículo 5: PROHÍBASE toda limitación, obstaculización o impedimento al derecho a los servicios esenciales de las personas, sustentado en la ausencia de regularización dominial, posesoria o judicialización de los territorios que habitan las familias alcanzadas por la presente ordenanza.    

Artículo 6: ESTABLECESE un régimen de regularización dominial de las tierras donde habitan las familias del asentamiento. A tal efecto se realizará un relevamiento de las familias.

Artículo 7: El Programa de Urbanización se desarrollarán bajo la supervisión de la “Comisión de Familias” cuya creación se dispone en el artículo 9 de la presente ordenanza, bajo responsabilidad del Estado municipal.  

Artículo 8: ESTABLECESE una “tarifa social” que garantice el acceso universal a los servicios esenciales. En ningún caso la tarifa podrá ser prohibitiva ni confiscatoria de los ingresos de las familias usuarias. En ningún caso se procederá al corte de los servicios. Asimismo, prohíbase el traslado de costos a las familias usuarias a través de impuestos, tasas o cualquier adicional establecido en función de las medidas necesarias para la provisión de los servicios que siempre estarán a cargo de las empresas prestatarias.    

Artículo 9: Créase una COMISIÓN DE FAMILIAS integrada por representantes de las familias que habitan el B° Villa el Capullo,  objeto de esta ordenanza. Los integrantes de la misma serán electos en asamblea por voto directo de las y los vecinos involucrados. La presente comisión tiene por objeto dar cumplimiento y seguimiento de las disposiciones fijadas en la presente ordenanza, como así también en la normativa nacional, provincial y municipal relativa al derecho a la vivienda digna y los servicios esenciales. Para ello contará con las más amplias facultades. 

Artículo 10: ASIGNECE una partida presupuestaria especial para el desarrollo del plan de infraestructura. Los costos de la instalación de los servicios de luz y agua correrán por cuenta de las empresas prestatarias del servicio. 

Artículo 11: Comuníquese al Ejecutivo Municipal. De forma.

FUNDAMENTOS: 

Desde hace más de 40 años, numerosas familias trabajadoras habitan en el barrio hoy conocido como Villa el Capullo. Este barrio, como tantos otros, surgió de la ocupación pacífica de terrenos abandonados, donde las familias privadas de toda posibilidad de acceder a la vivienda o a la tierra, construyeron un hogar. 

El barrio se encuentra consignado en el Registro Nacional de Barrios Populares, contabilizando 125 familias allí asentadas. Lamentablemente no estamos ante un hecho aislado, en la ciudad de Córdoba encontramos más de 130 barrios populares inscrptos en el ReNaBaP, todos ellos padeciendo una situación de extrema precariedad habitacional. Es el caso de las familias que permanecen en el asentamiento de B° Ampliación Ferreyra, o en el asentamiento de B° Malabrigo, quienes padecen la falta de agua potable, gas y luz, al igual que cientos de familias de B° Colonia Lola o B° Yapeyú. 

Este proyecto es parte de una serie de medidas que impulsamos, defendiendo integralmente el derecho a la vivienda. Desde hace años el POLO OBRERO viene organizando a los trabajadores, reclamando, y luchando junto y en representación de ellos, por el acceso a la vivienda digna, entre otros derechos postergados por el sistema social y económico imperante. Frente a ello el Gobierno de la Provincia de Córdoba, dispuso en varias oportunidades la asignación de lotes y viviendas sociales a nuestra organización para ser distribuidas entre los distintos compañeros que la integran. Esas respuestas no se establecieron sin que la organización y los trabajadores fueran repetidamente a la lucha. En varias oportunidades el Gobierno, prometió la asignación de tierras y viviendas que luego incumplió pérfidamente. 

Sin embargo, la respuesta de la autoridad provincial es insignificante frente a la situación social que se vive, particularmente en materia habitacional, y frente a los reclamos que oportunamente presentó el POLO OBRERO. En este cuadro, desde hace unos años muchas familias organizadas comenzaron a ocupar de manera pública y pacífica predios fiscales y comenzaron a limpiarlo. Se trata de predios que antes eran basurales, por años ociosos, sin cerco perimetral, cartel, ni nada que los identifique. 

Distintos estudios y trabajos de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Arquitecto, del Gobierno Nacional,  han estimado que en Córdoba faltan trescientas cincuenta mil (350.000) viviendas, como así también casi 120 mil viviendas se han establecido en asentamientos, conocidas como “villas miserias”. Hoy en la ciudad de Córdoba se calculan alrededor de 170 asentamientos.  

Desde un primer momento, las familias, que no tienen a dónde vivir ni como pagar un alquiler, comenzaron a construir viviendas por demás precarias, utilizando materiales no aptos para la misma como maderas, cartones, chapas, etc. Las “viviendas” carecen de todo y las familias se encuentran verdaderamente hacinadas. En muchos casos se convive con desechos cloacales y basurales a cielo abierto. El estado de vulnerabilidad de las personas que viven en estos asentamientos es total y alarmante, en especial los niños, los ancianos y los discapacitados.

En el marco de una pandemia de Covid-19 mundial no existe la provisión de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica. Las  “viviendas” no cuentan con las más mínimas instalaciones necesarias para que una familia pueda vivir dignamente. No hay tanque de agua, ni cañerías, ni piletas, ni sanitarios; necesarios para la higiene de los alimentos y personal de los habitantes, sólo utilizan palanganas y fuentones. La mayoría de las familias vive en un ambiente plurifuncional que hace las veces de comedor, dormitorio y cocina. No hay muebles, ni sillas, ni camas suficientes para las personas de cada casilla. 

Las condiciones climáticas golpearon y golpean crudamente sobre las familias, degradando aún más las condiciones de hábitat y sanitarias de las mismas. Una decena de personas fallecieron este año por accidentes producidos al intentar calefaccionar viviendas precarias, por incendios o intoxicación con monóxido de carbono. Este año lamentamos el fallecimiento de Mateo, un bebé de 9 meses, en un incendio causado por una vela en una casilla de barrio los Cuarenta Guasos.  

Desde un primer momento el Gobierno provincial estableció un hostigamiento sistemático sobre los vecinos que se encuentran ocupando predios, con el accionar violento, arbitrario, ilegal y abusivo del policía de la provincia; que en más de una oportunidad se desarrolló con golpizas, amenazas,  maltratos y destrucción de las casillas. La privación de los servicios esenciales es también una forma de violencia y hostigamiento. 

Es claro que la política represiva de Schiaretti en esta materia busca preservar los intereses de los grandes especuladores inmobiliarios y la industria, que se apoderan de suelo urbano para desarrollar un negociado agravando el déficit habitacional. 

Un Estado de derecho que proclama como valor primordial la defensa de la persona no puede desatenderse de mecanismos con los que efectivamente se garantice su protección y mucho menos puede instruir a las fuerzas policiales a los fines de establecer un hostigamiento permanente; que busca, resulta evidente, desorganizar y reprimir a los compañeros que se encuentran en barrios y asentamientos precarios. 

Desde nuestra organización POLO OBRERO y esta bancada del partido Obrero en el Frente de Izquierda en el Concejo deliberante acompañamos la lucha de estas familias, al igual que lo hemos hecho en cada ocupación, pero también defendemos una salida de fondo en sendas presentaciones y proyectos de ordenanza en este organismo. 

Es necesaria la creación de un banco de tierras fiscales y el desarrollo de un plan de viviendas populares. Una iniciativa de estas características resolvería el problema de la vivienda y del trabajo. Avanzar en este sentido implica terminar con un modelo de ciudad diseñado para los especuladores inmobiliarios y las grandes constructoras, y organizar los recursos para dar una salida a las demandas de las mayorías populares.

El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto establecer un plan de obras públicas destinado a la urbanización del B° Villa el Capullo. Se trata de un problema de primer orden, y una política de reparación histórica para las familias trabajadoras. Por todo lo expuesto solicito a mis pares presten urgente tratamiento y aprobación al mismo al mismo. 

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Artículo 1°.-  Créase el Plan de Protección a las Mujeres sin vivienda, o con viviendas precarias, cuyo objeto es la asistencia integral en materia de vivienda y servicios esenciales a las mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad.  

Artículo 2°.-  Ordénese el relevamiento socio-económico obligatorio de las mujeres y sus familias que se encuentren en ocupaciones precarias, asentamientos o barrios populares que no cuenten con servicios básicos como luz, agua potable, gas, cloacas, a los efectos de su inmediata incorporación como beneficiarias al presente plan de protección integral. 

Artículo 3°.- El relevamiento socio- económico tendrá como objeto una exhaustiva evaluación y subsanación de los factores de riesgo, violencias (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica, en especial la que se presenta bajo la modalidad de violencia institucional) y vulnerabilidad en la que se encuentren las mujeres y sus familias. Su realización y la asistencia integral a las mujeres y familias en situación de violencia estarán a cargo de un plantel interdisciplinario de trabajadoras de planta estable dependiente de Dirección de Género de la Municipalidad de Córdoba, que actuaran con perspectiva de género. Se dispondrá de una partida presupuestaria especial para colocar los recursos humanos y materiales necesarios a tal fin. En ningún caso participaran de estas tareas las fuerzas de seguridad.

Artículo 4°.- Prohíbase el desalojo forzoso y la judicialización de mujeres cabeza de familia que se encuentren ocupando precariamente terrenos o lotes de propiedad del fisco o de particulares en todo el territorio de la provincia. Garantícese la prioridad y celeridad en el acceso a la tierra y a planes de vivienda digna.   

Para la presente norma en el concepto de vivienda digna como derecho humano quedan comprendidas las condiciones de urbanización, infraestructura, acceso a servicios públicos básicos, sistema de transporte, educación, salud y recreación para una adecuada y plena inserción social y laboral.

Artículo 5°.- Fíjese un plan de infraestructura para la pavimentación, instalación de luminarias, y el desarrollo de la red cloacal, destinado a dar cumplimiento con lo previsto en el art. 1. Las obras estarán a cargo de la municipalidad de Córdoba y darán inicio en un plazo no superior a los 30 días de aprobada la presente ordenanza.

Artículo 6°.- Prohíbase toda limitación, obstaculización o impedimento al derecho a los servicios esenciales de las personas, sustentado en la ausencia de regularización dominial, posesoria o judicialización de los territorios que habitan las familias alcanzadas por la presente ordenanza.    

Artículo 7°.- Emplácese a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y a Aguas Cordobesas S.A a disponer de manera inmediata la realización, a su cargo, de las obras de tendido eléctrico y red de agua potable y demás medidas necesarias para el acceso seguro a los servicios esenciales de las familias relevadas.  

Artículo 8°.- Establecese una “tarifa social” que garantice el acceso universal a los servicios esenciales. En ningún caso la tarifa podrá ser prohibitiva ni confiscatoria de los ingresos de las familias usuarias. En ningún caso se procederá al corte de los servicios. Asimismo, prohíbase el traslado de costos a las familias usuarias a través de impuestos, tasas o cualquier adicional establecido en función de las medidas necesarias para la provisión de los servicios que siempre estarán a cargo de las empresas prestatarias.    

Artículo 9°.-  Fíjese un subsidio de desempleo por la suma de treinta mil pesos mensuales ($30.000) para todas aquellas que se encuentren desempleadas y/o cuyos ingresos no superen la canasta básica. Asimismo, la incorporación transitoria a los planes socio-laborales vigentes o a crearse en la ciudad en la perspectiva de la inserción al mercado laboral registrado y con salarios iguales al costo de la canasta familiar.  

Artículo 10°.- Dispóngase el reparto gratuito de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. El Estado municipal deberá garantizar la provisión de agua potable en todos los barrios, ocupaciones y asentamientos.

Artículo 11°.- Establecese la entrega gratuita e irrestricta de toallas descartables menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, protectores diarios, tampones, copita menstrual y distintos métodos aptos para la contención y tratamiento del sangrado, de acuerdo a las necesidades de las personas menstruantes.

Artículo 12°.- Garantícese la asistencia médica integral a personas con discapacidad, que padezcan enfermedades crónicas y/o adicciones. En caso de no contar con obra social, se hará extensiva la cobertura social de la Administración Provincial de Seguro de Salud (A.Pro.S.S.)    

Artículo 13°.- Garantícese la asistencia alimentaria favoreciendo la creación y funcionamiento de comedores y merenderos populares, controlados y gestionados por las mujeres y organizaciones sociales. A tal fin se dispondrán los establecimientos adecuados, las condiciones de infraestructura y de servicios públicos básicos, como también los insumos alimentarios para contra restar el hambre y la desnutrición en la ocupaciones precarias.

Artículo 14°.- Garantícese el acceso a la educación pública desde la primera infancia de las y los hijos de mujeres incluidas en el presente Plan de Protección a las Mujeres sin vivienda, o con viviendas precarias. Se establece la inmediata incorporación en programas de socio-educativos, becas, boleto educativo y el Servicio de Comedor.

Artículo 15°.- Quedan comprendidas en el contenido y alcance de la presente ordenanza las personas trans, travestis, transexuales, transgénero, gays y lesbianas, hayan o no accedido a los beneficios de la Ley 26.743.  

Artículo 12°.- Crease  una Comisión de Mujeres electa por todas las mujeres jefas de familias beneficiarias del presente plan, para dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en esta ordenanza.

Artículo 13.-de forma.

FUNDAMENTOS

El acceso a la tierra y a la vivienda digna como derecho humano son premisas esenciales para erradicar la violencia y la discriminación de género, y a su vez garantizar el bienestar, la seguridad física, psíquica, emocional, económica y material de las mujeres cabeza de familia. 

Las limitaciones de las mujeres en el acceso a  estos derechos han sido reconocidas y  abordadas por numerosa normativa de rango constitucional e internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece en su artículo 17 el derecho de toda persona a la propiedad, sin distinción de sexo, y en su artículo 25 proclama el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la vivienda y la seguridad en caso de pérdida de los medios de subsistencia. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contiene una cláusula exhaustiva contra la discriminación, también prohíbe la legislación o las medidas que discriminen a las mujeres, comprendidos los ámbitos de la propiedad, la vivienda y los derechos sobre la tierra.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección legal. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el derecho a una vivienda adecuada. 

Además, en el art. 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se pide específicamente a los Estados que adopten todas las medidas apropiadas para erradicar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales y garantizar que goce de condiciones de vida adecuadas, comprendida la vivienda adecuada. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing contiene el compromiso de los Estados de “adoptar reformas legislativas y administrativas para proteger el derecho de la mujer al acceso pleno y equitativo a los recursos económicos, incluido el derecho a la herencia, la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos naturales y las tecnologías apropiadas”. La Conferencia Hábitat II de las Naciones Unidas que se celebró en Estambul en 1996, y la Declaración de Estambul y Programa de Hábitat, proporcionan un plan de acción sobre los derechos, comprendidos los derechos de las mujeres, en el desarrollo de los asentamientos humanos. En la Declaración se exhorta a los gobiernos a garantizar la seguridad de la tenencia y el acceso equitativo a la tierra a todas las personas, incluidas las mujeres y las personas que viven en la pobreza.

Muy lejos está nuestra provincia y el país de respetar y garantizar los derechos establecidos en la profusa legislación expuesta. La irrupción de la pandemia de Coronavirus no solo derivó en una crisis sanitaria, económica y social de magnitudes, además agravó drásticamente la crisis habitacional preexistente. Más de 300 mil familias no cuentan con vivienda digna en la provincia, pero las cifras van en ascenso y las mujeres cabeza de familia son las más afectadas por este flagelo. 

Los efectos de una política gubernamental de favorecimiento al negocio millonario de la especulación inmobiliaria han tenido resultados de máxima perversión: se ha construido en las últimas décadas como nunca. Sin embargo, nos encontramos con que el resultado ha sido lo opuesto al acceso a la vivienda de grandes contingentes de trabajadoras desocupados, en trabajos precarios y/o con salarios por debajo de la línea de pobreza. Se ha producido un encarecimiento descomunal del suelo y la renta urbana, lo que también ha traído como consecuencia el encarecimiento de los alquileres. En los barrios abundan los allegamientos, familias enteras habitando en viviendas compartidas con otras familias,  los contratos precarios de locación, sublocaciones de habitaciones improvisados como vivienda, viviendas taller, etc.  

La crisis acelerada por la pandemia arrojó a la ocupación de terrenos a cientos de mujeres cabeza de familia como último recurso ante la imposibilidad de sortear altos alquileres, escapando del hacinamiento, la violencia domestica y los ataques sexuales, entre múltiples situaciones que recrudecen en el confinamiento. El desalojo forzoso, la represión como violencia de género institucional en su máxima expresión, la judicialización, la estigmatización social, la persecución y la criminalización, como respuesta estatal no solo implica el reduccionismo de un grave problema social y de clase a una cuestión de orden penal; sino también un intento de evadirse de la responsabilidad que le cabe al Estado, sus gobiernos e instituciones por esta situación. Demás está decir que no se logrará revertir el fenómeno de las ocupaciones de tierras en  la medida en que no exista una política destinada  erradicar las causas que le dan curso. 

En este sentido, es dable mencionar que entre las limitaciones centrales al acceso a la vivienda digna que enfrentan las mujeres, se encuentran las dificultades para insertarse en el mercado laboral estable y registrado, el ascenso de la precarización laboral, la brecha salarial,  y un cúmulo de factores que se resumen en la doble opresión de la mujeres trabajadoras que este régimen impone por su condición de género y de clase. 
El déficit del sistema público educacional preescolar, de jardines infantiles y salas cunas, es una limitación insoslayable para la inserción laboral de las mujeres, el cuidado de los niños sumado a la ausencia de garantías laborales de materno-paternidad muestra a las claras por qué las mujeres engrosan los índices de trabajo precario y no registrado.

Por otra parte la jornada de la mujer que tiene como labor exclusiva las tareas domésticas, que transcurre en un espacio cerrado donde las posibilidades de inserción social son escasas, es una forma  más de marginación. Considerando que las tareas domésticas y de cuidado de la vida familiar es asumido casi exclusivamente por mujeres, la falta de infraestructura habitacional, de servicios públicos básicos, de acceso a la educación, al sistema sanitario y al transporte, entre otras, tiene un impacto específico en las mujeres, que es quien asume el recargo de trabajo que esto significa. 

Por eso, el derecho a la vivienda no se limita a un hecho cuantitativo, a construir barrios y viviendas, sino también a garantizar las condiciones adecuadas para la vida. Existe un consenso generalizado en torno a que vivir en un ambiente cálido y libre de contaminación, adquirir los nutrientes necesarios para el desarrollo pleno, acceder a los controles de salud, contar con vestimenta adecuada, asistir a clases y tener espacios de juego y recreación, contar con protección e información son aspectos básicos y fundamentales para garantizar una vida digna.  Tanto es así que están reconocidos como derechos por leyes nacionales e internacionales para ser resguardados. 

En este contexto, el desalojo forzado de las ocupaciones que el gobierno provincial ha emprendido, es una de las forma más brutales de violencia de género institucional, patrimonial y económica contra las mujeres, que tiene como sujeto agresor al propio Estado, el andamiaje judicial y su aparato de seguridad represivo. La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su Artículo 5° determina los tipos de violencia que incluyen la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. A su vez en el artículo 6°, inciso b) define como violencia institucional aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la ley (…)

La definición de desalojo forzado como: “la remoción permanente o temporal contra la voluntad de los individuos, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras que ocupan, sin que se hayan tomado las medidas y acceso a formas adecuadas de protección legal o de otro tipo” dibuja de cuerpo entero la violencia y el escenario desolador que enfrentan las mujeres luego del accionar regimentador del Estado.  Se trata de una violación del derecho a la vivienda digna, pero en el caso de las mujeres jefas de familia configura violencia institucional que impone una discriminación adicional, en tanto son más vulnerables a  la posibilidad de resultar heridas o abusada durante y después de los desalojos, así como a enfrentar mayores dificultades para encontrar una vivienda alternativa después del desalojo.

Por otra parte, la depredación ambiental es otro condicionante que impone barreras significativas al ejercicio de los derechos de la mujer a una vivienda adecuada, incluido el derecho a acceder a recursos tales como la tierra, el agua y los alimentos. En efecto, muchos asentamientos informales se construyen zonas y suelos tóxicos, que afectan principalmente la salud de las mujeres y los niños, puesto que son ellos, debido a los roles de género dominantes, quienes tienden a pasar el mayor tiempo en el hogar.

Muchas de las mujeres jefas de hogar habitan en asentamientos precarios e informales, en viviendas inseguras e inadecuadas, constantemente amenazadas por los desalojos forzosos y en general, careciendo de un acceso adecuado a los servicios básicos lo que las recarga doblemente en las tareas dentro del hogar. Por otro costado, las condiciones de vida en los asentamientos informales crean tensión dentro de las familias trabajadoras convirtiéndose en el caldo de cultivo de la violencia intra familiar, los femicidios y los  ataques sexuales. Se trata de condiciones materiales íntimamente ligadas al flagelo de los femicidios y el reclamo de Ni Una menos que ha trascendido las fronteras de nuestro país.

Las mujeres migrantes constituyen un sujeto social destacado en los asentamientos precarios, se han establecido en  búsqueda de empleo o de mejores ingresos, la posibilidad de enviar dinero o remesas a la familia que quedó en el país de origen, y una mejor calidad de vida. Al desarraigo de dejar atrás sus propios hogares y contextos sociales, se suma la violencia estatal y la marginación. Las trabajadoras domésticas que se encuentran bajo la modalidad sin retiro son vulnerables a sufrir abuso económico, físico y sexual, el que se agrava cuando se trata de extranjeras y, en muchos casos, trabajadoras ilegales. Sin mencionar siquiera, la trata de personas para la explotación sexual y laboral, que tiene como victimas a miles de  mujeres, niñas y adolescentes, explotadas en casas de tolerancias y talleres clandestinos de todo tipo, situación que solo puede sostenerse con el amparo y la participación del propio Estado.  

En este escenario existe una sola política de género dirigida a resolver el problema habitacional atravesado por la cuestión de género y clase, tampoco a la protección de las mujeres que han sido empujadas a las ocupaciones precarias. Durante la última campaña electoral, el gobernador Schiaretti prometió la construcción de 25 mil viviendas y en abril de 2019 la Legislatura aprobó un endeudamiento de 200 millones de dólares. Asimismo, anunció un cupo 5% para mujeres que se encuentren comprendidas en programas de violencia de género, y un 40% para las mujeres jefas de hogar. El plan provincial de 25mil viviendas suponía previamente la titularidad de un terreno y se aplicaría  a los beneficiarios de los programa Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa y Casa Bancor. Lo cierto es que sin perjuicio de que el mayor obstáculo para el acceso a la vivienda es la adquisición de un terreno o lote urbano, hasta el momento no se ha construido una sola vivienda popular y afloran las ocupaciones. En virtud del análisis realizado, no caben dudas del fracaso y la responsabilidad del Estado en la crisis habitacional, cuya política ha privilegiado el negocio y la especulación. Las ocupaciones como fenómeno social son consecuencia  de una política deliberada.  

El rol protagónico desempeñado por las mujeres piqueteras a lo largo de la historia habitacional argentina, la manera en que la mujer se ha hecho el sujeto principal del desarrollo y mejoramiento de viviendas y barrios populares demanda ser incorporada a las decisiones,  la planificación e implementación de las políticas habitacionales. 

Un buen comienzo es partir por la prohibición del desalojo forzoso y la judicialización de mujeres jefas de familia que ocupan tierras, disponiendo la prioridad y celeridad en el acceso a la tierra y a planes de vivienda digna. Se debe suplantar el desalojo represivo por un relevamiento socio-económico obligatorio de las mujeres y sus familias a cargo de un plantel interdisciplinario de trabajadoras de planta estable dependiente del Ministerio provincial de las Mujeres, con perspectiva de género, y en ningún caso deben participar de estas tareas las fuerzas represivas.

Planteamos como primer resguardo un subsidio de desempleo por la suma de treinta mil pesos mensuales ($30.000) para todas aquellas que se encuentren desempleadas y/o cuyos ingresos no superen la canasta básica. Asimismo, la incorporación transitoria a los planes  socio-laborales vigentes o a crearse en la provincia en la perspectiva de la inserción al mercado laboral registrado y con salarios iguales al costo de la canasta familiar.  

En el marco de la pandemia en prioritario un abordaje sanitario para prevenir el contagio, para ello el reparto gratuito de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. El Estado provincial deberá garantizar la provisión de agua potable en todos los barrios y ciudades.

Asimismo, la asistencia alimentaria, el acceso a la educación y la asistencia médica integral con la incorporación a la Administración Provincial de Seguro de Salud (A.Pro.S.S.).

Todo lo planteado en esta norma se hace extensiva en mayor medida a las personas trans, travestis, transexuales, transgénero, gays y lesbianas, hayan o no accedido a los beneficios de la Ley 26.743.  

Por último, para que lo establecido en esta norma no sea letra muerta como la experiencia legislativa ha demostrado, es imprescindible la creación de una  Comisión electa por todas las mujeres jefas de familias que ocupan tierras, cuyo fin será el de dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en esta ordenanza. 

Un plan de protección integral de las pobladoras y la participación en la toma de decisiones respecto de los loteos, planes de construcción de viviendas, diseño de barrios populares, condiciones de urbanización, infraestructura, acceso a servicios públicos básicos, sistema de transporte, educación,  salud, resultará un gran aporte a la lucha de las mujeres por las condiciones de vida, sociales y  materiales, por erradicar la violencia de género, la opresión y para lograr la emancipación de la mujer trabajadora.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares presten urgente tratamiento y aprobación al mismo al mismo. 

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  Este viernes la Plaza de Mayo a las 16:30H será escenario de una una movilización de los sectores afectados por la ola descomunal de despidos, tanto en el sector público como privado.

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  Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.

Artículo 1: GARANTICESE el acceso universal a los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable a toda la población de la ciudad de Córdoba, en tanto constituyen elementos centrales del concepto de “Vivienda Digna” garantizado en la Constitución Provincial, Nacional y la Declaración de Derechos Humanos y Tratados Internacionales  suscriptos por nuestro país. 

Artículo 2: DISPÓNGASE un relevamiento de los barrios periféricos y/o asentamientos precarios que no cuenten con acceso a los servicios esenciales de energía eléctrica y/o agua potable, o la provisión de los mismos sea riesgosa, precaria o irregular. Asimismo, procédase el relevamiento socio-ambiental de las familias vulnerables que residen en dichos asentamientos o barrios.    

Artículo 3: PROHÍBASE toda limitación, obstaculización o impedimento al derecho a los servicios esenciales de las personas, sustentado en la ausencia de regularización dominial, posesoria o judicialización de los territorios que habitan las familias alcanzadas por la presente ordenanza.    

Artículo 4: EMPLACESE a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y a Aguas Cordobesas S.A a disponer de manera inmediata la realización, a su cargo, de las obras de tendido eléctrico y red de agua potable y demás medidas necesarias para el acceso seguro a los servicios esenciales de las familias relevadas.  

Artículo 5: Los costos que se desprendan de la aplicación de la presente ordenanza correrán por cuenta de las empresas prestatarias del servicio. Las tareas que demande el acceso a los servicios se desarrollarán bajo la supervisión de la “Comisión de Familias Usuarias” cuya creación se dispone en el artículo 7 de la presente ordenanza, bajo responsabilidad del Estado municipal.  

Artículo 6: ESTABLECESE una “tarifa social” que garantice el acceso universal a los servicios esenciales. En ningún caso la tarifa podrá ser prohibitiva ni confiscatoria de los ingresos de las familias usuarias. En ningún caso se procederá al corte de los servicios. Asimismo, prohíbase el traslado de costos a las familias usuarias a través de impuestos, tasas o cualquier adicional establecido en función de las medidas necesarias para la provisión de los servicios que siempre estarán a cargo de las empresas prestatarias.    

Artículo 7: Créase una COMISIÓN DE FAMILIAS USUARIAS integrada por representantes de las familias vulnerables que residen en los barrios y asentamientos objeto de esta ordenanza. El objeto de esta comisión es por el cumplimiento y seguimiento de las disposiciones fijadas en la presente ordenanza, como así también en la normativa nacional, provincial y municipal relativa al derecho a la vivienda digna y los servicios esenciales. Para ello contará con las más amplias facultades. 

Artículo 11: Comuníquese al Ejecutivo Municipal.

FUNDAMENTOS: 

Distintos estudios y trabajos de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Arquitecto, del Gobierno Nacional,  han estimado que en Córdoba faltan trescientas cincuenta mil viviendas, como así también casi 120 mil viviendas se han establecido en asentamientos, conocidas como “villas miserias”.

Desde hace unos años muchas familias organizadas comenzaron a ocupar de manera pública y pacífica predios fiscales y comenzaron a limpiarlo. Se trata de predios que antes eran basurales, por años ociosos, sin cerco perimetral, cartel, ni nada que los identifique. 

Desde un primer momento, las familias, que no tienen a dónde vivir ni como pagar un alquiler, comenzaron a construir viviendas por demás precarias, utilizando materiales no aptos para la misma como maderas, cartones, chapas, etc. Las “viviendas” carecen de todo y las familias se encuentran verdaderamente hacinadas. En muchos casos se convive con desechos cloacales y basurales a cielo abierto. El estado de vulnerabilidad de las personas que viven en estos asentamientos es total y alarmante, en especial los niños, los ancianos y los discapacitados.

En el marco de una pandemia de Covid-19 mundial no existe la provisión de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica. Las  “viviendas” no cuentan con las mas mínimas instalaciones necesarias para que una familia pueda vivir dignamente. No hay tanque de agua, ni cañerías, ni piletas, ni sanitarios; necesarios para la higiene de los alimentos y personal de los habitantes, sólo utilizan palanganas y fuentones. La mayoría de las familias vive en un ambiente plurifuncional que hace las veces de comedor, dormitorio y cocina. No hay muebles, ni sillas, ni camas suficientes para las personas de cada casilla. 

Estas condiciones fueron agravadas por las bajas temperaturas. Esas condiciones climáticas golpearon y golpean crudamente sobre las familias, degradando aun más las condiciones de hábitat y sanitarias de las mismas. Una decena de personas fallecieron este año por accidentes producidos al intentar calefaccionar viviendas precarias, por incendios o intoxicación con monóxido de carbono. Hace dos semanas, en el momento más frio de este año, falleció Mateo, un bebé de 9 meses, en un incendio causado por una vela en una casilla de barrio los Cuarenta Guasos.  

Las Naciones Unidas han reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, trabajo, educación y salud, no existe dignidad para el ser humano y sus derechos están limitados. En tal sentido, la energía eléctrica y el agua potable son la base de derechos básicos como alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación; el servicio eléctrico y de agua potable no pueden ser considerados como una mercancía o como un negocio, al contario se traduce como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas. Estos servicios están relacionados con el bienestar de las personas y condiciones elementales de comodidad; no son un derecho único de quienes puedan pagarla, sino una condición necesaria para el bienestar.

El acceso a la energía y el agua potable es un complemento imprescindible del derecho a la vivienda, ya que sin servicios difícilmente se puede cocinar, tener luz, agua caliente o calefacción. Sin ella resulta imposible alcanzar el nivel de vida y bienestar adecuados que recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Así, a pesar de que los instrumentos internacionales no reconocen el derecho a la energía de forma explícita, sí lo hacen de forma indirecta. Por ejemplo, la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) considera el “derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción”; y asimismo se expresa que “los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas

Al respecto resulta terminante lo dispuesto por la Constitución de la provincia de Córdoba, en su artículo 58: “Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.

El Estado Provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados. La política habitacional se rige por los siguientes principios: 1. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad. 2. Impedir la especulación. 3. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia.

Asimismo el derecho a la vivienda y a servicios públicos esenciales como son el acceso a energía eléctrica y agua potable, deben ser abordados desde el punto de vista de la protección de los derechos de niños, ancianos y discapacitados; por cierto los mas vulnerables frente casos como el presente. La misma Constitución provincial expresa: “Artículo 25: El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar”. 

“Artículo 27: Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de la solidaridad”.

“Artículo 28: El Estado Provincial, la familia y la sociedad procuran la protección de los ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de realización personal y de servicio a la sociedad”.

La responsabilidad del gobierno municipal en relación al acceso a la vivienda y los servicios públicos esenciales, surge incuestionable de las normas transcriptas ut supra. Pero también de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Provincial que expresamente refiere el carácter operativo y no solamente de los derechos consagrados. Dice el artículo 22: “Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal”.

Un Estado de derecho que proclama como valor primordial la defensa de la persona no puede desatenderse de mecanismos con los que efectivamente se garantice su protección y mucho menos puede instruir a las fuerzas policiales a los fines de establecer un hostigamiento permanente; que busca, resulta evidente, desorganizar y reprimir a las familias vulnerables que se encuentran en barrios y asentamientos precarios. 

La postura arbitraria e ilegal de EPEC y de Aguas de Cordobesas S.A, al no proveer el servicio de energía eléctrica y ni siquiera responder debidamente las peticiones de los vecinos, se enmarca en ese accionar represivo; y busca establecer un nuevo elemento (la no provisión del servicio), para golpear sobre las familias trabajadoras.     

Por todo lo expuesto venimos es que solicito a mis pares acompañen la presente Ordenanza de forma urgente.

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Artículo 1: Crease el Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba destinado a la construcción de viviendas únicas, familiares y sociales. 

Artículo 2: El Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba estará conformado por los siguientes lotes y/o fracciones:

1. Los que actualmente integran el patrimonio de la ciudad.

1. Aquellos lotes y/o fracciones que sean adquiridos por la ciudad mediante adquisición directa, expropiación, donaciones, dación por pago, convenios con propietarios, vacancia por abandono calificado, subastas por juicio de apremio, acciones judiciales por abandono, prescripción adquisitiva de dominio, transferencia de tierras nacionales y provinciales.

1. Aquellos lotes y/o fracción de lotes que resultaren de la entrega a modo de impuesto, por parte de las constructoras que desarrollen emprendimientos habitacionales o comerciales de grandes dimensiones, equivalente a un 5% del terreno construido.

A partir de la vigencia de la presente ordenanza se suspenden inmediatamente los permisos de construcción en dichos terrenos, quedando los mismos indefectiblemente incorporados al Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba. Asimismo, se revisará los permisos que hubieren sido concedidos, pero no iniciados.

Artículo 3: A tales fines declárese de utilidad pública y sujeta a expropiación todo lote y/o fracción ociosa en los ejidos urbanos de la ciudad.

Artículo 4: Impleméntese un censo y un registro permanente de los grupos familiares que no cuentan con vivienda propia en la ciudad. El censo y los resultados que el mismo arroje estarán concluidos en un plazo no superior a treinta días desde la vigencia de la presente ordenanza. 

El registro permanente será actualizado en cualquier momento a petición de los grupos familiares sin vivienda propia, que no estuvieran incluidos en el mismo. Para ingresar en el registro el grupo familiar deberá acreditar domicilio o residencia en la provincia.

Artículo 5: Crease el Plan de Viviendas de la ciudad de Córdoba, destinado a satisfacer las necesidades habitacionales actuales y/o futuras establecidas de acuerdo al registro permanente de los grupos familiares que no cuentan con vivienda propia.

Artículo 6: Las viviendas serán construidas y financiadas por la ciudad de Córdoba. El grupo familiar beneficiario de la vivienda, una vez puesto en posesión de la misma, afrontará los costos mediante un plan de pagos donde la cuota no podrá superar el diez por ciento (10%) del total del ingreso familiar. 

Artículo 7: Las viviendas a construir se adecuarán a las necesidades de cada grupo familiar de acuerdo al número de integrantes del mismo.

Los proyectos y la ejecución contemplaran la totalidad de obras de infraestructura y de servicios, tendiente a satisfacer las demandas de salud, educación, recreación, cultura y espacios verdes de las viviendas y de los barrios.

Artículo 8: Las obras de construcción de viviendas y las de infraestructura y servicios se ejecutarán por administración directa de la provincia, sin participación alguna de empresa o grupo privado, debiendo dictarse todos los instrumentos legales que permitan esta disposición.

Artículo 9: Crease el Fondo de la Vivienda de Córdoba, cuyo objetivo será la financiación de la adquisición de lotes destinados al Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba y la puesta en marcha del Plan de Viviendas de Córdoba. El Fondo de la Vivienda se integrara con los siguientes ingresos:

1. Impuesto sobre grandes emprendimientos inmobiliarios.
2. Aportes especiales del estado nacional y del estado provincial 
3. Prestamos, a tasa subsidiadas del Banco de la Nación Argentina y del Banco de Córdoba.
4. El pago de las cuotas por las viviendas ya adjudicadas.

Artículo 10: La creación, administración y/o ejecución del Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba, del Registro Permanente de Familias sin viviendas, del Plan de Viviendas Municipal, y el Fondo de Viviendas Municipal; en todas sus facetas ya sea en el inicio y desarrollo de los mismos; se realizarán bajo control directo de una comisión integrada por representantes electos y revocables, elegidos en asamblea general de los grupos familiares que integren el registro permanente.

Artículo 11: Comuníquese, publíquese, dese copia al Poder Ejecutivo y archívese.

FUNDAMENTOS

Córdoba enfrenta una crisis habitacional de magnitud como resultado de políticas que han puesto el suelo urbano al servicio de los intereses de grupos capitalistas inmobiliarios. Ello ha provocado una crisis socioambiental cuyas consecuencias son un extraordinario incremento del valor de la tierra y la vivienda, y consecuentemente de los alquileres; el colapso en los servicios públicos y la expulsión de cientos de familias trabajadoras del centro urbano. 

En la ciudad el déficit habitacional alcanza a más de 120.000 familias. Esta situación se vio agravada en contexto de pandemia. Con una inflación creciente, los salarios promedian el costo de una canasta de pobreza lo que imposibilita el acceso a la vivienda o al pago de los alquileres. Esto promueve el hacinamiento de las familias con graves consecuencias sociales y sanitarias. 

Durante el 2020, los alquileres sufrieron un aumento superior al 31,5%, cifra que duplica la inflación medida por el Indec. Según datos ofrecidos por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, solo en agosto se incrementaron un 6,5%, en comparación con el mes anterior. El mismo estudio detalla que en la ciudad de Buenos Aires un departamento de dos ambientes y 50m2 tiene un valor promedio de alquiler de $26.137 mensuales, mientras que una unidad de tres ambientes y de 70m2 se alquila por $36.184 en promedio. En la ciudad de Córdoba un departamento de dos ambientes y 50 m2 está en $13.512, y de uno de 70m2 en $18.480 aproximadamente. Estos precios registran un incremento del 12% desde que se aprobó la Ley de Alquileres en el mes de junio. En el caso de Rosario, los incrementos alcanzaron el 18% en el mismo período. En ningún caso se contemplan aún las posibles actualizaciones por la reciente devaluación.

Estos precios se vuelven prohibitivos para la mayoría de las familias trabajadoras. En junio el Indec informaba que durante el primer semestre del año se registró un ingreso promedio de $28.497 entre la población ocupada. El ingreso promedio per cápita de la población rondó los $19.916, aunque entre los sectores más empobrecidos se ubicó en los $11.650. Con paritarias congeladas en la inmensa mayoría de los gremios desde hace más de ocho meses, una desocupación creciente que supera el 10,4% de la población -a quienes se suman millones de subocupados-, y una inflación en ascenso que se proyecta superior al 45%, la crisis habitacional adquiere alcances cada vez más masivos.

Las ocupaciones de tierra que recorrieron al país y la provincia el año pasado son la expresión más drástica de la profunda crisis habitacional. Estamos ante una radiografía del deterioro de las condiciones de vida de toda la clase obrera argentina. Lejos de brindar una solución al problema, el gobierno de Martín Llaryora acaba de aprobar un nuevo ordenamiento territorial en la ciudad para favorecer la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de la tierra por parte de las constructoras; mientras despliega su política represiva contra las familias que luchan por la vivienda, como se expresó en el brutal desalojo de las familias de Ampliación Ferreyra. 

El presente proyecto apunta a ofrecer una respuesta a esta situación. El mismo crea a un banco de tierras con todas las tierras urbanizables disponibles para la construcción de viviendas populares, un plan de construcción de viviendas populares y de urbanización de villas y asentamientos precarios. Asimismo, propone la creación de un Fondo de Vivienda que facilite el acceso a los lotes, y un plan de construcción de viviendas populares para atender el déficit habitacional y favorecer el empleo. 

Así las cosas, cada vez se vuelve más difícil el acceso al suelo urbano, a una vivienda adecuada y a los correspondientes servicios y equipamientos urbanos para gran parte de la población, por falta de políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación y favorezcan la recuperación de tierras con finalidad social. Por el contrario, desde el gobierno provincial y los municipales se alimenta la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de la tierra por parte de las constructoras. Existe en la provincia un importante caudal de normativa, ordenanzas y convenios que vehiculizan la entrega de la tierra a precios irrisorios a empresarios inmobiliarios, asimismo, se establecen grandes eximiciones impositivas.

Todo lo anterior plantea la necesidad de implementar políticas activas que tiendan a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, en el que la disponibilidad de tierras es un componente fundamental. Por todo lo manifestado, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ordenanza. 

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