Expropiación y estatización de las empresas transportadoras y distribuidoras
de energía eléctrica
Artículo 1º.- Caducidad de todas las concesiones. Se establece la caducidad de todas las
concesiones a las distribuidoras de energía eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires y
la ciudad de La Plata que se encuentran gestionadas por empresas privadas por
incumplimiento de los pliegos contractuales en forma flagrante y reiterada y ante la falta de
mantenimiento e inversión, el frecuente colapso de la red de distribución, las deficiencias en
la red de transporte y los problemas en la generación, que son las causas centrales de los
reiterados cortes en el servicio para sectores importantes de la población.
Artículo 2º.- Expropiación. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación y a la rescisión de los
contratos de concesión, según corresponda, a la totalidad de las empresas transportadoras y
distribuidoras de electricidad del AMBA, que en lo sucesivo pasarán a conformar una
“Empresa nacional de energía eléctrica”.
Artículo 3º.- Nacionalización. Luego del inmediato cese en las concesiones se le pagará a
cada empresa en todo concepto 1 (un) peso, debiendo el Estado bajo la supervisión de la
nueva gestión de la nueva empresa de energía iniciar en forma simultánea todas las acciones
correspondientes para que las empresas cesantes paguen al erario público el correspondiente a
la inversión no realizada durante la gestión, indemnizaciones por el eventual impacto
ambiental y por lucro cesante del Estado y particulares damnificados en los casos de no
prestación del servicio.
Artículo 4º.- Empresa nacional de energía eléctrica. Todos los bienes de capital como,
inmuebles, herramientas, marcas y demás propiedades pertenecientes a las empresas a las que
se rescinden los contratos pasan a ser propiedad de la “Empresa nacional de energía
eléctrica”.
Artículo 5º.- Los trabajadores de las empresas concesionarias efectivos, pero también los
subcontratados (empresas tercerizadas) pasarán a ser trabajadores de planta permanente de la
“Empresa nacional de energía eléctrica”. Los trabajadores despedidos de empresas
tercerizadas como EMA, Argencobra, Luminitec y otras que siguen en pie de lucha deberán
ser reincorporados a sus puestos de trabajo en la “Empresa nacional de energía eléctrica”.
Artículo 6º.- La gestión de la “Empresa nacional de energía eléctrica” será delegada a sus
trabajadores, especialistas y técnicos, quienes tendrán a cargo las tareas operativas, técnicas,
productivas, administrativas y toda otra tarea relativa al funcionamiento del servicio eléctrico.
Artículo 7°.- Comité permanente. A tales fines, se crea un comité permanente, compuesto
por una mayoría de representantes electos por los trabajadores de las empresas, así como por
usuarios residenciales, técnicos y profesionales solidarios del área de energía eléctrica de las
universidades públicas, quienes aportarán sus saberes para develar la desinversión e
incumplimientos de las empresas privadas y aportar soluciones para mejorar el
funcionamiento y provisión de la red eléctrica.
Asimismo, dicho comité tendrá como objetivo aportar también a elaborar cuadros tarifarios
acordes al salario mínimo y a los índices inflacionarios, desarrollar las investigaciones
necesarias que contribuyan a establecer si el proceder de las empresas distribuidoras de
electricidad las hace pasibles de sanciones patrimoniales adicionales al proceso de
expropiación; y llevar a cabo la gestión integral del sistema energético nacional, con
responsabilidad de la gestión operativa, así como de la propuesta y ejecución de las
inversiones destinadas al mejoramiento y ampliación de la red, dando prioridad a las zonas
más afectadas por los cortes como así también a las urbanizaciones precarias, como las villas
de emergencia y asentamientos, que no cuenten con la red pública de energía eléctrica.
Artículo 8º – La operatoria regular de la “Empresa nacional de energía eléctrica” se sostendrá
por vía de:
a.- los ingresos por pagos de los usuarios según el cuadro tarifario vigente, no
admitiéndose subas en el cobro de los servicios;
b.- las transferencias del tesoro nacional mediante subsidios fijados según el
presupuesto vigente; y
c.- la creación de un impuesto equivalente al 3% de todos los ingresos de casinos,
bingos y máquinas tragamonedas ubicados en territorios nacionales o aguas federales
circundantes. Los fondos serán percibidos por la Lotería Nacional y los respectivos
organismos provinciales de loterías y casinos, y transferidos a la “Empresa nacional
de energía eléctrica”.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La crisis energética nacional, que afecta particularmente la zona del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el 37% de la población
nacional, volvió a afectar recientemente a cientos de miles de usuarios con cortes de
suministro en momentos de la mayor ola de calor registrada en la historia. Esta realidad es la
que viven también miles diariamente, explicado en todos los casos por una falta de inversión
y de mantenimiento que lleva décadas.
Una vez más vemos cómo las empresas responsables de la distribución pertenecen al área de
las empresas privatizadas, como Edesur, Edenor y otras distribuidoras menores. Una herencia
del noventismo que se mantiene intacta, sin que ningún gobierno la haya tocado jamás.
En febrero con la llegada de esa ola de calor, fueron cientos de miles los usuarios del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los que se vieron afectados con cortes masivos, así
como también -consecuentemente- del suministro de agua. Como se conoció por la denuncia
de los vecinos y vecinas, a pesar de los constantes reclamos las empresas no hacen nada para
solucionar la situación de miles de habitantes, sobre todo de los barrios más pobres, que ya
vienen padeciendo dificultades, con reiterados cortes de luz y subidas bruscas de tensión que
han arruinan muchos de sus electrodomésticos y ponen en peligro la salud de personas
mayores, personas electro dependientes, insulinodependientes o que padecen enfermedades,
discapacidades, etc. Es la denuncia que hicieron, por ejemplo, los vecinos del barrio de Villa
Lugano, en CABA, que ante el reclamo recibieron como respuesta una brutal represión
comandada por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Los apagones de 2019 y 2023, que se originaron en el Sistema de Transmisión de Alta
Tensión de la empresa monopólica (Transener), también pusieron al desnudo esta situación
crítica del sistema eléctrico nacional: la desidia para garantizar las protecciones necesarias
ante “incidentes” como el que ocasionó que la mitad del país quedara sin luz el 1° de marzo
pasado; las protecciones que sí se garantizan para las grandes empresas y consumidores; el
incumplimiento de los procedimientos por parte de las distribuidoras.
Un problema en la Red, aún pequeño, que no se aísla y se transforma en un dominó por
negligencia compartida entre el Estado y las empresas. Eso fue lo que sucedió en ambas
oportunidades, a causa del abandono de los servicios públicos, que viene de larga data: una
anarquía movida por la ganancia privada.
Las raíces de la actual crisis energética hay que buscarlas en el período de la dictadura militar.
El exorbitante incremento de la deuda pública y el desfinanciamiento de las empresas del
Estado generaron las condiciones para la futura privatización en la cual los acreedores del
Estado Nacional tendrían acceso privilegiado a la venta de las empresas públicas, proceso
comandado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington.
Durante el gobierno de la Unión Cívica Radical, encabezado por Raúl Alfonsín, se
profundizó la desinversión y el abandono de las empresas de servicios públicos. Los cortes
programados del suministro de la energía eléctrica hacia el final de su mandato son un
testimonio de esa política.
La privatización de los bienes nacionales se implementaría en gran escala bajo el gobierno
del Partido Justicialista bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. En el caso de la energía
eléctrica, fue a través de la Ley 24.065. La ineficiente gestión estatal fue utilizada como
argumentación para proporcionar ventajas inauditas a las empresas de capital extranjero que
en asociación con capitales locales compraron a precio vil las empresas públicas. El supuesto
aporte de inversiones y de tecnología que harían los capitales privados, y previsto en los
pliegos de licitación, nunca ocurrió. Transcurridas tres décadas se demostró que la gestión
privada de las empresas de servicios públicos condujo, en el caso de la energía eléctrica, a un
colapso del sistema. Lo mismo se podría decir para otras privatizaciones, como el petróleo y
gas, el transporte ferroviario o la telefonía. La lógica de maximización de las ganancias
operativas y especulativas por parte de las empresas, sin inversiones implicó un saqueo de los
recursos nacionales existentes.
El acceso a la energía es un derecho inalienable de la sociedad moderna, pero el modelo
actual coloca a un recurso esencial como un commodity que agrava la crisis en el sistema de
generación, transmisión y distribución a la par que profundiza la pobreza energética que
sufren las barriadas populares que no pueden acceder a un servicio de calidad, gratuito y en
armonía con el ambiente.
La ola de privatizaciones sucedió en un contexto inflacionario agudo y de creciente déficit
fiscal. Este fue otro de los argumentos esgrimidos por los privatizadores: la necesidad de
reducción del déficit fiscal en el marco de una amplia Reforma del Estado. Los principales
afectados fueron miles de trabajadores ferroviarios, telefónicos, de la electricidad, entre tantas
otras empresas públicas, que pasaron a engrosar las filas de la desocupación.
En el caso de la estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) el plantel de
trabajadores fue reducido desde 21.535 empleados a 7.945 entre los años 1990 y 1997. Una
parte de ellos fueron recontratados posteriormente por las empresas privatizadas bajo la
modalidad de trabajadores tercerizados y precarios. Un sistema de fraude laboral a gran
escala, avalado por el Estado. Finalmente, la privatización de las empresas públicas no
contribuyó a reducir el déficit fiscal. Por el contrario, una parte significativa del presupuesto
público se destina en la actualidad a subsidiar las ganancias de las mismas empresas
privatizadas. Sólo en 2021, los subsidios al sector energético fueron de 10.910 millones de
dólares, un 2,4% del PIB. Esta suma significa un aumento del 75% respecto a 2020 y un
130% frente a 2019, sostuvo la consultora Economía y Energía.
Luego de la debacle económica, política y social en diciembre de 2001, bajo la Ley de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario en enero de 2002, se fijaron las
tarifas de servicios públicos y se renegociaron los contratos de los servicios públicos en
manos de empresas privadas. Es decir, el esquema de empresas privatizadas que venía desde
el gobierno de Carlos Saúl Menem continuó con plena vigencia en estos años. Los sucesivos
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner agregaron a este esquema, el otorgamiento de
subsidios. Según Chequeado, esto también implicó la pesificación forzosa y el congelamiento
de los precios de los servicios públicos, lo que provocó que las empresas privadas recurrieran
ante el CIADI para iniciarle juicios al Estado argentino.
El sistema quedó fraccionado en empresas dedicadas a la generación de energía, otras a su
transporte y, por último, las que distribuyen. En este último segmento es donde operan
Edesur, Edenor y Edelap, las involucradas en los cortes que mencionamos arriba. El
fraccionamiento del sistema durante las privatizaciones, bajo el argumento de incorporar
mayor eficiencia mediante la competencia en el segmento de generación, fue contrarrestado
por las estrategias de un reducido número de grupos empresarios que bajo diversas formas
societarias participa en toda la cadena: en la generación, como en el transporte y la
distribución, aumentando la concentración.
De acuerdo con la escasa información disponible, en 2009 había (según FETERA-CTA) unos
9000 empleados tercerizados prestando servicios solamente para Edenor y Edesur. Un
verdadero fraude laboral que realizan las empresas al incorporar a los trabajadores bajo el
régimen flexibilizador, como sucede por ejemplo en el caso de la construcción, llegando los
trabajadores a ser inscriptos en el sindicato UOCRA y no bajo el régimen que les
corresponde, de Luz y Fuerza, donde los convenios contemplan las especificidades y riesgos
de trabajar con electricidad y donde los sueldos llegan a ser más del doble. A su vez, con
esto se deja a los trabajadores completamente marginados del régimen previsional
contemplado por el decreto 937/74, que establece la edad jubilatoria a los 55 años por trabajar
con riego de vida, vejez prematura y sus especificidades
Hoy, mientras los trabajadores del sector continúan sufriendo un aumento de la precarización
y la tercerización, las patronales avanzan con peores condiciones de trabajo y con despidos,
como denuncian hace tiempo los trabajadores de EMA Servicios S.A., Argencobra S.A.,
Luminitec S.R.L. y otras que siguen en pie de lucha ante la intransigencia patronal y el
silencio de las instituciones del Estado, como los ministerios de Trabajo nacional y
provincial. Como denuncian muchos de ellos, en estos casos es frecuente además la
confección de “listas negras” de “inhibidos”, ya que ante cualquier reclamo obrero, las
empresas proceden al despido y al bloqueo de sus CUIT para trabajar en el futuro en
cualquier empresa distribuidora y sus respectivas tercerizadas.
Está claro, y resulta cada vez más evidente, la responsabilidad de la política gubernamental
en la crisis energética. Distintos informes explican que el crecimiento de la generación
eléctrica no alcanza en los últimos años ni a la cuarta parte de la expansión de la economía, y
esto tiene su correlato en la distribución de energía donde las instalaciones no dan abasto
(sobre todo en las zonas más solventes para los negociados inmobiliarios y en las más pobres,
donde el crecimiento económico se da de la mano de asentamientos y villas de emergencia).
Se producen en este marco explosiones en las cámaras, quema de fusibles y de medidores, y
pérdidas de instalaciones que quedan obsoletas.
Entre las zonas más afectadas por los cortes de energía de los últimos años, pueden contarse
además de algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, amplios sectores de municipios del
conurbano, como Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, siguiéndoles de cerca
Ezeiza, Esteban Echeverría y algunas regiones de Tres de Febrero, Malvinas Argentinas y
José C. Paz, San Vicente y Guernica. En muchos de estos lugares se suman las múltiples
conexiones “ilegales” que se ven obligados a realizar vecinos de asentamientos o villas para
poder tener energía, porque las empresas no colocan o no realizan inversiones para mantener
en buen funcionamiento los medidores comunitarios, lo que genera, a su vez, un aumento en
los problemas energéticos en todos los barrios.
El resultado de la escasa inversión es una mayor carga de generación, sobre una potencia que
crece lentamente, y el cada vez más alto impacto contaminante, agravando la acuciante crisis
ambiental así como la mala calidad de los materiales. Destacamos en especial lo que sucede
por ejemplo con las ternas de distribución que son inyectadas diariamente con cientos de
litros de aceite refrigerante, y que luego van a parar a las napas de agua, tal como denuncian
vecinos y trabajadores del sector. Esta preocupante situación podría solucionarse con
inversión y planificación.
Sin embargo, es falso que sólo la insuficiente distribución que realizan Edenor, Edesur y
Edelap explique los cortes de luz en la zona del AMBA y La Plata. Estas empresas tienen una
parte importante de responsabilidad. Realizaron inversiones ínfimas, cosméticas e
insuficientes para sostener el ritmo de crecimiento de la demanda. Pero el gobierno alimentó
esa estrategia empresarial.
La política de subsidios tuvo como resultado el apuntalamiento de las ganancias de las
empresas dedicadas a la energía eléctrica de manera directa, y de forma indirecta se
contribuyó a mejorar las condiciones de ganancias del conjunto de la clase empresarial
reduciendo el componente del costo de los servicios públicos en el salario. Los pésimos
servicios para la población trabajadora son la conclusión lógica de esa ecuación.
Luego de una década de crecimiento a tasas chinas, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner, los problemas estructurales no se resolvieron. Bajo el
macrismo, empeoran en el marco del endeudamiento con el FMI y las exigencias que
imponen en materia de subsidios a la energía y recorte del déficit fiscal. Una estafa que
ambas coaliciones convalidaron en el Congreso bajo el gobierno del Frente de Todos en
2022.
La empresa Edesur está controlada por la multinacional italiana Enel desde 2008, que tiene
una participación accionaria mayoritaria en un holding de empresas extranjeras, como bien
señala esta nota de La Izquierda Diario. Según confirma un artículo de El Destape, desde al
menos 2015 esta empresa no realiza desembolsos para inversiones en el país. Enel también
tiene activos el segmento de generación termoeléctrica con las centrales Costanera, Dock
Sud, hidroeléctrica con El Chocón, en el transporte con Yacylec, en la distribución con
Edesur y Enel X, una sociedad que se dedica a servicios destinados a la transformación de
energía a nivel doméstico, urbano e industrial. La misma preponderancia del capital
extranjero que rige en otros sectores estratégicos, como el petróleo, la minería, el
“agrobusiness” y la industria.
Sin embargo, según anunció Edesur en noviembre de 2022, estos activos que hoy están en
manos de la multinacional Enel serán puestos a la venta “en el marco del plan de desinversión
a nivel mundial anunciado” como parte de su proceso de “transición energética”. Con esas
ventas, buscará reducir su deuda hipermillonaria de 69.000 millones de euros (a septiembre).
Vendiendo parte de lo que posee, buscará reducir el pasivo a no más de 52.000 millones de
euros a fines de 2023.
Edesur es un ejemplo claro de ese largo proceso de saqueo, desinversión y “castigo” a la
población, que es la que paga con tarifazos y pésimos servicios los movimientos de compra y
venta de megaempresas como Enel, que operan bajo el amparo de todos los gobiernos que
gestionaron el Estado en las últimas décadas. Desde las privatizaciones menemistas hasta las
autorizaciones de aumentos fenomenales de tarifas del macrismo, pasando por los gobiernos
kirchneristas, delarruista y frentetodista.
El caso de Edenor tampoco es ajeno a este estado de cosas. Con el visto bueno del ENRE, en
2021 se confirmó su venta, pasando de las manos de Marcelo Mindlin (uno de los
empresarios energéticos más ricos de los últimos tiempos), al frente de Pampa Energía, al
grupo de Vila, Manzano y Filiberti. Según el diario La Nación el exministro de Interior de
Carlos Menem y dueño de América José Luis Manzano, junto a su ya socio Daniel Vila, se
asociaron a su vez con Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, histórico proveedor de
insumos para potabilizar el agua de la empresa estatal Aysa, para concretar esta millonaria
operación. En el caso de Edesur se registran a su vez a empresarios como Pérez Companc y
Nicolás Caputo. Algunas megatorres construidas por este empresario tienen conexión directa
a las empresas generadoras, sin pasar por la fase de distribución. De este modo, se presentan
verdaderas islas con luz en barrios donde el suministro se interrumpe.
En el caso de Edelap, la mayor distribuidora de energía bonaerense, su historia también se
remonta a unas tres décadas atrás, cuando en plena etapa de privatizaciones del gobierno de
Carlos Menem se adjudicó la concesión de la Empresa Distribuidora La Plata S A.
(EDELAP) al consorcio COINLEC, compuesto por accionistas argentinos y estadounidenses,
por un período de 95 años. Desde entonces a esta parte, la empresa pasó por distintas manos.
La última, en 2016, pasó de manos del grupo del empresario Alejandro Macfarlane (ex
director del banco Macro de Jorge Brito y dueño también de EDEA) a las de la empresa
Desarrolladora Energética S.A (DESA), de Rogelio Pagano, quien posee otras cuatro
distribuidoras de electricidad (Edea, Eden y Edes en la Provincia; y Edesa en la provincia de
Salta) y concentra el 58,8 por ciento de los usuarios de energía eléctrica y el 65,2 por ciento
de la energía distribuida en la Provincia de Buenos Aires.
Estas empresas continuaron la obra iniciada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, con
el aval de todos los gobiernos posteriores (la Alianza, los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner, el macrismo y de actualmente el de Alberto Ferández),
dejando en pie una de sus principales herramientas para optimizar ganancias: el trabajo
precario. Casi todo su personal de cuadrillas es tercerizado a través de otras empresas. Estos
trabajadores, en general mal equipados, realizan el mismo trabajo que el personal de planta
permanente, sin tener derecho a estar bajo convenio lo que implica una consecuente baja en
los salarios y en los derechos laborales, estando a la orden del día las cesantías y los despidos.
A esto hay que sumar, también en condiciones de trabajo precario, a los trabajadores que
realizan sus tareas en los “call centers” y que deben atender miles de llamados diarios,
muchas veces sin que las empresas les brinden alguna información para dar en medio de la
crisis energética.
Los distintos salvatajes a las empresas distribuidoras practicados por el Estado Nacional no
contribuyeron a una modificación de la conducta de las empresas distribuidoras guiada por la
ganancia inmediata, en muchos casos directamente especulativa, sin ninguna preocupación
por las inversiones mínimas para sostener la infraestructura básica. La creación de un cargo
especial fijo para los usuarios de Edenor y Edesur establecido por Resolución 347/2012 de la
Secretaría de Energía a ser utilizado en forma exclusiva para obras de infraestructura y
mantenimiento de las instalaciones de las distribuidoras en el área metropolitana no revirtió la
situación. Por su parte, la Resolución 250/13 que buscaba mejorar la situación patrimonial de
Edenor y Edesur tampoco contribuyó a mejorar la provisión del servicio a los usuarios. La
participación de veedores estatales en los directorios de las empresas de distribución de
electricidad no sirvió para cambiar el rumbo de decadencia de las inversiones, ni siquiera
para advertir el colapso inminente del sistema. Este es el derrotero reciente de una política
energética fracasada.
En el año 2016, bajo la administración de Mauricio Macri que puso al frente del ministerio de
Energía, al ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, se llevó adelante un brutal ataque al
salario de los trabajadores. Haciendo lugar al reclamo de las concesionarias privadas se
aplicaron tarifazos en los servicios públicos. Entre 2015 y 2019 la tarifa a los usuarios
residenciales de Edenor aumentó 3222 % (731 % en términos reales) y a los de Edesur
3178 % (720 % en términos reales) según la Auditoría de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)
de Edenor y Edesur realizada por el ENRE.
Este documento detalla que la política combinada de subas tarifarias, reducción de subsidios
y dolarización de la generación implicó que trabajadores, trabajadores pasivos, comercios e
industrias necesiten destinar cada vez una porción mayor de sus ingresos al pago de las
facturas de energía eléctrica.
Mientras los tarifazos impactaron en los ingresos de la población, las empresas amasaron
ganancias millonarias. Según el ranking de los 1000 grupos empresarios que más venden
elaborado por la revista Mercado, Edenor ocupó el puesto 27 en 2019 con ventas por $
89.944 millones, y Edesur tuvo el puesto 41 con ventas por $ 64.855 millones. En el ranking
también se encuentran otras empresas que pertenecen al rubro de Generación, transporte y
distribución de energía eléctrica como Pampa Energía, Enel Argentina, entre otras.
En 2019 Edenor ganó $ 12.134 millones y Edesur $ 12.681 millones. Si se suma las
ganancias de estas dos empresas, y se considera un tipo de cambio promedio de ese año ($
48,3) se podría decir que Edenor y Edesur ganaron por día 1,4 millones de dólares en
2019. Una suma muy lejana a lo que cobra un trabajador promedio.
Si se ve el cargo variable que paga un usuario de bajo consumo de Edesur (tarifa R1), el
aumento entre octubre de 2015 y diciembre de 2021 fue de 3607 %. O, visto de otra forma, la
tarifa se multiplicó por 37. Y en el mismo período que las tarifas de electricidad se
multiplicaron por 37, los salarios se multiplicaron apenas por 7 (aumentaron 595 %). Muy,
pero muy por detrás, de la tarifa energética.
Luego de años de recibir subsidios del Estado, de mantener niveles de inversión nulos, de
haber aumentado su rentabilidad vía tarifazos, ante los constantes cortes de suministro las
compañías buscan eludir responsabilidades argumentando que se deben a las temperaturas
extremas, cuando los problemas tienen su causa en una infraestructura colapsada. Piden
nuevas subas de tarifas, pero vale la pena aclarar que el solo requerimiento de un aumento de
tarifas impactó en el alza de las acciones de estas empresas en la Bolsa. Sus ganancias crecen
al ritmo de la crisis energética y la especulación a futuro de lo que van obtener como
transferencia desde el pueblo trabajador.
Con nuevos tarifazos en puerta, al servicio de las demandas del plan de ajuste del FMI, está
claro que urge poner fin a esta situación. La anulación de las concesiones y la expropiación a
las privatizadas de energía eléctrica, su estatización y puesta en funcionamiento bajo gestión
de trabajadores y usuarios populares es la única salida favorable a los intereses de la amplia
mayoría. Estableciendo en primer lugar el control de las empresas eléctricas por parte de los
trabajadores, usuarios populares y técnicos (con mayoría de trabajadores), para realizar una
profunda investigación sobre las causas de la crisis energética y, por sobre todo, implementar
un plan de medidas urgentes para resolver las penurias que sufre la población afectada y
garantizar la energía en todos los hogares. Una empresa única de electricidad donde el control
sea resultado permanente de pruebas, simulacros y verificación junto al aporte de los usuarios
populares para buscar un correcto funcionamiento y una verdadera calidad del servicio.
Además, hay que disponer, en lo inmediato, la anulación de todas las concesiones a las
generadoras, transportadoras y distribuidores de energía, procediendo a su nacionalización y
estatización, conformando una sola empresa estatal de energía (junto a las empresas estatales
provinciales ya existentes) y ponerla a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios. El
quite de la concesión deberá hacerse sin indemnización alguna o con pago simbólico. Esto
implicaría acabar con la administración privada de CAMMESA, que hoy funciona como
oficina del gran lobby energético, donde las grandes empresas de distribución se condonan
deudas y no pagan la energía que luego venden a un altísimo precio a los usuarios,
monopolizando el mercado mayorista de energía bajo control de técnicos y trabajadores. Ya
vimos en qué terminó la “seminacionalización” de Repsol, llevada adelante por el Gobierno
Nacional, donde finalmente se entregó una suma millonaria atendiendo las expectativas de la
empresa española que había saqueado los recursos nacionales. El único objetivo de esta
estatización parcial fue el de entregar las riquezas del yacimiento Vaca Muerta a la
explotación de Chevron. Las amenazas recientes del gobierno nacional de estatizar
parcialmente Edenor y Edesur pueden tener la intencionalidad, en caso de concretarse, de que
las empresas energéticas se queden con la parte del león en las áreas más rentables mientras
las grandes inversiones corren por cuenta del Estado. Un negocio para las arcas de los
empresarios.
De ninguna manera se puede permitir que las empresas responsables de la debacle y la crisis
energética actual sean gestionadas por los funcionarios oficiales, como ocurrió por ejemplo
en el caso de Aerolíneas Argentinas. Tampoco que la gestión recaiga en dirigentes sindicales
que colaboraron con las privatizaciones y continúan al día de hoy siendo una especie de
“gerentes” al servicio de los directorios actuales. La gestión de trabajadores y usuarios
populares refiere a que los trabajadores sean votados en asambleas por empresas y los
usuarios en las zonas afectadas por los cortes. Las tareas que lleve adelante este comité serán
solventadas en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas y ganancias empresarias,
mediante alícuotas adicionales del impuesto a las ganancias y a los bienes personales; así
como de un impuesto a las salas de juego, según lo establece el Artículo 8º de la presente ley.
Estas medidas constituyen a nuestro entender el primer paso para avanzar hacia la
conformación de una empresa nacional, bajo gestión de los trabajadores con participación de
comités de usuarios residenciales, que integre el conjunto del sistema energético, incluidos
los recursos petroleros y gasíferos, donde la financiación necesaria para su funcionamiento se
sostenga en base a impuestos progresivos a los grandes empresarios y banqueros y del no
pago de la deuda externa, que permitan las inversiones necesarias para garantizar el servicio a
toda la población. Y contenga un primer paso hacia una transición en la matriz energética
sustentable y amigable con el ambiente.
Con esta perspectiva, abrimos el debate y ponemos a disposición de las y los trabajadores,
usuarios residenciales y técnicos y de las organizaciones interesadas en terminar con la
herencia de las privatizaciones, en éste y otros sectores, el presente proyecto de ley.
Por los motivos expuestos, y los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos su
tratamiento y aprobación.
Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.
Vanina Biasi: “Milei usa a sus presos políticos para amedrentar la organización popular”
Basta de despidos, reincorporación de todos los despedidos de la industria y del Estado
