Congelamiento del boleto y apertura de los libros de las concesionarias

16/05/2022

Artículo 1.- INSTAR al DEM a presentar ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba el informe anual de seguimiento y monitoreo de la situación económica, financiera y patrimonial de los concesionarios del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), según lo previsto en el art. 92 de la ordenanza N° 12076, correspondiente al periodo 2021. El mismo debe contener información relativa a: a) Estados contables, con informe del auditor, emitido por profesional de ciencias económicas, e intervenido por el Consejo Profesional pertinente; b) Memoria anual de la empresa; c) Estados proyectados por dos (2) años a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico, de la situación económica, financiera y técnica, debiendo incluir flujos de caja, programas de inversiones, origen de reservas y mejoras propuestas para el servicio que presta.

Artículo 2.- EXIGIR al DEM arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento al art. 93 de la ordenanza N° 12076, y proceda a solicitar a las empresas concesionarias, vía la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT), los registros contables y toda la información que respalde la actividad económica de las mismas, detallando el origen y destino de los subsidios municipales, provinciales y nacionales. Los mismos deben contener información relativa al ejercicio en curso, y serán presentados al Concejo Deliberante.

Artículo 3.- INSTAR al DEM a presentar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba los resultados de la evaluación continua del desempeño empresarial, correspondiente al período 2021 de las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros, según lo previsto en el art. art. 95 de la ordenanza N° 12076. El mismo debe detalla: a) Estado de la flota; b) Cumplimiento del servicio; c) Satisfacción del usuario.

Artículo 4°.- DISPONGASE el congelamiento de la tarifa del TUP por un plazo de doce (12) meses, pudiéndose prorrogar dicha medida de manera automática mientras dure la Emergencia del Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros y Movilidad Urbana de la Ciudad de Córdoba, establecida por ordenanza N° 13043. En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

Artículo 5°.- de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

El inminente paro de UTA pone nuevamente en agenda la profunda crisis por la que atraviesa el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad (TUP).
Nuevamente usuarios y trabajadores del transporte somos presas de una disputa entre empresas, municipio y nación por la distribución de los subsidios. Se trata de una disputa que nada tiene que ver con garantizar un servicio eficiente, que dé cumplimiento de las pautas mínimas previstas en el Pliego de Licitación o el Marco Regulatorio. Estamos frente a un enfrentamiento patronal que amenaza con dejar en los próximos días a miles de vecinos sin un servicio esencial.
La FETAP exige un aumento del 100% de los subsidios municipales y provinciales, como así también un incremento superior de los subsidios nacionales. Argumentan para ello el quebranto de las empresas ante el alza en los insumos y los salarios de los choferes. El propio intendente Martín Llaryora se ha colocado como vocero de este planteo ante el gobierno nacional, respaldado por la iniciativa de la diputada Vigo que reclama un boleto federal.
Ahora bien, ni las empresas ni el municipio han brindado precisiones del destino de esos fondos estatales que vienen en ascenso en los últimos dos años. El punto es delicado, porque los incrementos en los subsidios se dieron a la par de una reducción relativa de los salarios de los choferes (quienes hoy cuentan con un básico por debajo de la canasta familiar), una reducción de líneas y frecuencias, y un notable deterioro del servicio en general.
Así las cosas, con el discurso del federalismo el intendente se coloca como CEO de Ersa, Coniferal y cía., en lugar de preservar el derecho de trabajadores y usuarios al acceso a un servicio esencial de calidad. Es notable el énfasis con que reclama más subsidios, pero no aplica sanción alguna ante las decenas de irregularidades e incumplimientos de las empresas respecto al Pliego de Licitación y el Margo regulatorio.
Es claro que en el fondo de la cuestión se busca preservar los márgenes de ganancia extraordinarios que han tenido las concesionarias del transporte público en los últimos diez años. No se nos escapa que en la última década ERSA S.A. pasó de ser una pequeña concesionaria local, a ser una empresa de transporte con alcance internacional. Este crecimiento empresarial tuvo como contra cara un deterioro creciente del servicio de transporte urbano, y un ataque permanente a los salarios y condiciones laborales de sus trabajadores.
Queda claro entonces que la exigencia de mayores subsidios no tendrá su correlato en una mejora en la prestación del servicio. Esta presión por los subsidios tiene como telón de fondo preparar las condiciones para un nuevo aumento del boleto. De concretarse estaríamos ante un nuevo golpe al bolsillo de trabajadores y usuarios, en un cuadro económico y social crítico. Vale aclarar que en lo que va de la gestión de Hacemos Por Córdoba, el boleto ha concentrado un incremento superior al 100%, mientras las empresas reclaman un nuevo incremento del 57%.
Entendemos que antes de reclamar más fondos estatales lo que corresponde es que se rinda cuentas. En este sentido se inscribe el presente proyecto de resolución. El mismo intima al DEM a brindar información relativa a los estados contables de las empresas, según lo previsto en los art. 92, 93 y 95 de la ordenanza N° 12076, como así también prevé el congelamiento del boleto mientras dure la emergencia en transporte.
Se trata de una medida de emergencia para blindar el bolsillo de las y los vecinos, como así también sentar las bases para avanzar en una reconfiguración del sistema de transporte que en función de las necesidades sociales.
El transporte debe dejar de ser una fuente de lucro capitalista para un puñado de empresario amigos del gobierno de turno, y debe empezar a considerarse como lo que es, un servicio esencial. El proyecto de ordenanza presentado por este bloque para la estatización del servicio bajo el control de trabajadores y usuarios es un aporte crucial en esta dirección.
Por lo expuesto, y lo que oportunamente se incorporará durante el debate, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

Proyecto de resolución para la limpieza de piletones cloacales.

20/04/2022

PROYECTO DE RESOLUCION
VISTO:
La necesidad de los vecinos del barrio Néstor Kirchner, de León y René Favaloro de
que se realice la reparación de las plantas de tratamiento cloacal instalados en cada uno
de estos barrios.
CONSIDERANDO:
QUE los piletones de tratamiento de residuos cloacales no funcionan en estos barrios
generando serias consecuencias en los vecinos que viven allí y alrededor.
QUE estos piletones, que no funcionan, son un foco infeccioso y de contaminación que
afecta a la salud de los paceños.
QUE al no funcionar estos piletones, los desechos cloacales rebalsan por los inodoros,
patios y veredas de los vecinos de la zona.
QUE al no funcionar estas plantas de tratamiento, la materia fecal termina
contaminando también las napas de agua que consumen los vecinos.
QUE si estas plantas no funcionan, la materia fecal sin tratamiento termina
desembocando y contaminando el arroyo Pinazo y el canal de Panamá y el arroyo
Belaustegui.
QUE estos piletones con desechos cloacales sin el adecuado cerco perimetral, como es
el caso del barrio René Favaloro, son un peligro para los niños y niñas que pueden caer
allí dentro.
QUE en el caso del barrio de León, por las propias características del canal, la materia
fecal sin tratamiento termina afectando a barrios populares que se encuentran próximos
al canal de Belaustegui.
QUE es responsabilidad del Estado Municipal garantizar una buena calidad de vida a
los ciudadanos paceños.
POR TODO ELLO:
Este Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones conferidas por la ley
orgánica de las municipalidades. Sanciona con fuerza de:
RESOLUCION:
ARTICULO 1º Solicitar al Poder ejecutivo municipal que a través del área que
corresponda repare y ponga en funcionamiento los piletones de tratamiento de residuos
cloacales de los barrios Néstor Kirchner, De León y René Favaloro.
ARTICULO 2º De forma

Proyecto de ordenanza por la creación de espacio recreativo para el barrio Nestor Kirchner de Jóse C. Paz

20/04/2022

Visto que en el barrio Nestor Kirchner hay un gran descampado en la zona de la purificadora entre la manzana 38 y al costado de la manzana 26 que se conecta al bulevar principal del barrio; y que en el barrio no hay un espacio de recreación deportiva y recreativa.

Considerando:

Que el cuidado, puesta en valor de los espacios verdes son necesarios para los vecinos del barrio.

Que es muy importante la creación de  espacios deportivos en el barrio.

Que el descampado sin iluminación genera inseguridad.

El concejo deliberante resuelve:

Articulo 1 : Construir un parque en el campito del barrio Kirchner ubicado la zona de la purificadora entre la manzana 38 y al costado de la manzana 26 que se conecta al bulevar principal del barrio. El mismo contara con bancos, senda para correr, gimnasio y cancha de futbol. La senda para correr continuará en el bulevar la cual será iluminada para su uso seguro.

Articulo 2 : de forma.

Defensa del Transporte Público de Pasajeros y de las y los Trabajadores

04/04/2022

Artículo 1°: Declarase la emergencia en materia de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en la Ciudad de Córdoba, y dispónese la inmediata recisión de los contratos de concesión con las empresas prestatarias del servicio de TUP.

 

Artículo 2°: Establécese la expropiación de unidades, infraestructura e insumos de las  empresas prestatarias del servicio del TUP, con una indemnización que no podrá ser superior a $1. Las empresas deberán responder por los pasivos con los trabajadores, ambiental y fiscal que tuvieran al día de la entrada en vigencia de la presente ordenanza. 

 

Artículo 3°: Prohíbase los despidos y las suspensiones de las y los trabajadores del TUP, quienes pasaran a ser dependientes de la Ciudad de Córdoba, garantizando todos sus derechos convencionales, adquiridos y demás que actualmente les corresponda.

  

Artículo 4°: Los recorridos afectados del sistema del TUP de pasajeros serán explotados de manera exclusiva por la Ciudad de Córdoba, quedando el mencionado servicio bajo control de la “Comisión de Contralor” según dispone el art. 5 de la presente. 

 

Artículo 5°: Créase el órgano de contralor obrero y popular del TUP de la Ciudad de Córdoba, el cual se denominara “Comisión de Contralor”. La misma estará integrada por diez representantes de los trabajadores que prestan servicios en el TUP, y por diez representantes de la población de la Ciudad de Córdoba.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el voto directo y secreto de la totalidad de los empleados que presten efectivamente servicios en relación dependencia en el TUP, sean estos de planta permanente o se encuentren en situación de tercerización y/o precarización laboral.  La elección se realizará por listas y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

Los representantes de la población serán elegidos por el voto directo y secreto de los habitantes de la Ciudad de Córdoba, mayor de dieciséis años. La elección se realizará por candidatos postulados por los partidos políticos actuantes en distrito único y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

El mandato de todos los integrantes de la Comisión de Contralor durara un año. Todos los integrantes de la Comisión de Contralor se encuentran amparados por las garantías establecidas en los artículos 40, 48, 50 y 52 de la Ley Nacional Nº 23.551.  

 

Artículo 6º: La Comisión de Contralor deberá velar por el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal relativa al transporte de Pasajeros, a las cuestiones laborales y ambientales. Para ello contará con las más amplias facultades. Asimismo la Comisión de Contralor deberá auditar los estados contables de la empresa pública que preste el servicio del transporte de pasajeros; como así también el destino de los subsidios percibidos, sean estos de carácter nacional, provincial o municipal y otras formas de financiamiento. Los resultados de estas auditorías tendrán carácter público.

 

Artículo 7°: Establécese la dotación mínima de unidades en funcionamiento efectivo del TUP, de acuerdo a lo que disponga la Comisión de Contralor. Asimismo el Gobierno de la Ciudad de Córdoba, a propuesta de la Comisión de Contralor, procederá a diseñar los recorridos necesarios para brindar el servicio de TUP de pasajeros a todos aquellos barrios que a la fecha de sancionada la presente ordenanza, se encuentren sin la debida provisión del servicio.

 

Artículo 8°: Dispónese el congelamiento de todas las tarifas del TUP, a partir del 1° de marzo de 2020. Estos valores tendrán una vigencia de 12 meses, pudiéndose prorrogar. Luego de ese plazo, la tarifa del boleto del TUP de  Córdoba, solo podrá ser modificada anualmente en un porcentaje tope máximo que no podrá superar la mitad del porcentaje de aumento del índice de Salarios Nivel General difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o el organismo que lo reemplace en el futuro.

En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

 

Artículo 9º: Deróguense toda aquella normativa que sea contraria a los mandatos de la presente ordenanza.

Artículo 10º: De forma.

 

 

Fundamentos

 

Este 23 de junio un nuevo paro del transporte paralizó a la ciudad de Córdoba. El detonante es el mismo que el de los últimos paros, el incumplimiento de las empresas concesionarias en el pago integral del salario. A esta nueva provocación patronal se suman los rumores de que las y los trabajadores percibirían parte de su sueldo mediante la tarjeta Activa, destinada a la compra en locales específicamente habilitados por el municipio para tal fin.

Ante incumplimiento por parte de las empresas, la UTA convocó al paro. Mientras tanto se realizó una autoconvocatoria frente al sindicato para exigir respuestas a la conducción del gremio. Esto da cuenta de una predisposición de lucha. Sin dudas un elemento clave para arrancar el compromiso del intendente Martín Llaryora de garantizar el pago integral del salario en las próximas horas, lo que terminó con la medida de fuerza.

Sin embargo, lejos está de llegarse a una solución de fondo. Y es que la situación se vuelve insostenible, la falta de pago se da en el marco de una negociación paritaria que lleva tres meses de vencida, con un salario promedio de $63 mil pesos.

Un festín de subsidios para las empresas

Ante el empantanamiento de las negociaciones que llevan adelante los gobiernos locales y el gobierno nacional por el aumento de los subsidios al transporte, los continuos incumplimientos por parte de la patronal son a todas luces una extorsión por la liberación de fondos.

Las empresas usan el reclamo de las y los trabajadores por un aumento salarial del 40% para demandar más subsidios. Para ello, incurriendo en todo tipo de irregularidades, desconocen el Marco Regulatorio y los Pliegos de Licitación, y privan a las y los trabajadores de un servicio esencial.

El intendente Martín Llaryora en lugar de aplicar las medidas a disposición del municipio para garantizar el transporte, avanzando en la apertura de los libros de las empresas, en la aplicación de sanciones, o incluso en determinar la caducidad de la concesión frente a los reiterados incumplimientos, se ha colocado como portavoz de las empresas reclamando ante Nación por la disparidad en la entrega de subsidios en Amba y en interior del país.

El gobierno de Fernández respondió redoblando la apuesta. Colocándose como el garante de la renta empresaria ofreció un aumento de 8 mil millones de pesos en subsidios a partir de junio, a condición de que las provincias pongan otros 8 mil millones más. De esta forma a los $180 millones de Nación, los $90 millones de provincia y los $60 millones de la municipalidad que las empresas perciben mensualmente, se sumarían uno $1.467 millones anuales en subsidios.

El festín de subsidios que reciben las empresas sin embargo no se ve reflejado en el servicio. Al deteriorado sistema de transporte se sumó la eliminación de líneas, el recorte de recorridos, la quita de unidades de circulación y una frecuencia cada vez más larga. Fernández, Schiaretti y Llaryora se pelean por ver qué caja estatal será la que responda a las exigencias empresarias, pero nadie controla el destino de esos fondos.

Según lo informado por las empresas el 80% de los salarios de las y los trabajadores del transporte estaría cubierto por subsidios; además el gasoil se encuentra subsidiado y los empresarios reciben un subsidio por unidad en funcionamiento. A esto se suma lo que recaudan por uno de los boletos más caros del país.

Sin embargo, las propias empresas admiten que en los últimos años no hubo renovación ni mantenimiento de la flota; por el contrario, se han retirado numerosas unidades de circulación sin reemplazarlas. Aun así, afirman ser insolventes a la hora de dar respuestas al reclamo salarial de las y los trabajadores del transporte.

La crisis terminal del sistema pone de manifiesto al fracaso absoluto de la política de la privatización del transporte. Mediante subsidios, aumentos sistemáticos en el costo del boleto y un progresivo recorte salarial, trabajadores y usuarios financiamos de nuestro bolsillo la renta empresaria.

Desde la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo hemos elevado un pedido de informe la apertura de los libros de las empresas para determinar con claridad el destino de los millones que usuarios y trabajadores aportamos. Y denunciamos frente a Defensa del Consumidor los incumplimientos reiterados de la legislación vigente.

A su vez presentamos una serie de proyectos para intervenir frente a la crisis, declarando la emergencia sanitaria en el sistema de transporte para disponer de una serie de medidas de emergencia que incluyen la restitución de líneas y recorridos; el aumento de la flota y el respeto de las frecuencias previstas en los pliegos de licitación; la provisión de elementos de bioseguridad, la incorporación de las y los trabajadores del transporte al calendario de vacunación como personal esencial, y la constitución de una comisión de bioseguridad integrada por las y los trabajadores.

En apoyo al proceso de autoconvocatorias impulsamos el aumento salarial de emergencia que eleve el básico al costo de la canasta familiar, hoy en $100.000, y repudiamos cualquier intento de alterar el pago de los haberes mediante la tarjeta Activa.

Sin embargo, al rotundo fracaso de la gestión privada del transporte es necesario oponerle la estatización del servicio, bajo control de trabajadores y usuarios, para que deje de ser un negocio de Ersa, Aucor y Ciudad de Córdoba, y sea efectivamente un derecho. Por todo lo expuesto solicito a mis las y los concejales, presten tratamiento y aprobación al presente proyecto de ordenanza.

 

Acceso Universal a los Servicios Esenciales de Energia Eléctrica y Agua Potable

04/04/2022

Artículo 1: GARANTICESE el acceso universal a los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable a toda la población de la ciudad de Córdoba, en tanto constituyen elementos centrales del concepto de “Vivienda Digna” garantizado en la Constitución Provincial, Nacional y la Declaración de Derechos Humanos y Tratados Internacionales  suscriptos por nuestro país. 

Artículo 2: DISPÓNGASE un relevamiento de los barrios periféricos y/o asentamientos precarios que no cuenten con acceso a los servicios esenciales de energía eléctrica y/o agua potable, o la provisión de los mismos sea riesgosa, precaria o irregular. Asimismo, procédase el relevamiento socio-ambiental de las familias vulnerables que residen en dichos asentamientos o barrios.    

Artículo 3: PROHÍBASE toda limitación, obstaculización o impedimento al derecho a los servicios esenciales de las personas, sustentado en la ausencia de regularización dominial, posesoria o judicialización de los territorios que habitan las familias alcanzadas por la presente ordenanza.    

Artículo 4: EMPLACESE a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y a Aguas Cordobesas S.A a disponer de manera inmediata la realización, a su cargo, de las obras de tendido eléctrico y red de agua potable y demás medidas necesarias para el acceso seguro a los servicios esenciales de las familias relevadas.  

Artículo 5: Los costos que se desprendan de la aplicación de la presente ordenanza correrán por cuenta de las empresas prestatarias del servicio. Las tareas que demande el acceso a los servicios se desarrollarán bajo la supervisión de la “Comisión de Familias Usuarias” cuya creación se dispone en el artículo 7 de la presente ordenanza, bajo responsabilidad del Estado municipal.  

Artículo 6: ESTABLECESE una “tarifa social” que garantice el acceso universal a los servicios esenciales. En ningún caso la tarifa podrá ser prohibitiva ni confiscatoria de los ingresos de las familias usuarias. En ningún caso se procederá al corte de los servicios. Asimismo, prohíbase el traslado de costos a las familias usuarias a través de impuestos, tasas o cualquier adicional establecido en función de las medidas necesarias para la provisión de los servicios que siempre estarán a cargo de las empresas prestatarias.    

Artículo 7: Créase una COMISIÓN DE FAMILIAS USUARIAS integrada por representantes de las familias vulnerables que residen en los barrios y asentamientos objeto de esta ordenanza. El objeto de esta comisión es por el cumplimiento y seguimiento de las disposiciones fijadas en la presente ordenanza, como así también en la normativa nacional, provincial y municipal relativa al derecho a la vivienda digna y los servicios esenciales. Para ello contará con las más amplias facultades. 

Artículo 11: Comuníquese al Ejecutivo Municipal.

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Distintos estudios y trabajos de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Arquitecto, del Gobierno Nacional,  han estimado que en Córdoba faltan trescientas cincuenta mil viviendas, como así también casi 120 mil viviendas se han establecido en asentamientos, conocidas como “villas miserias”.

Desde hace unos años muchas familias organizadas comenzaron a ocupar de manera pública y pacífica predios fiscales y comenzaron a limpiarlo. Se trata de predios que antes eran basurales, por años ociosos, sin cerco perimetral, cartel, ni nada que los identifique. 

Desde un primer momento, las familias, que no tienen a dónde vivir ni como pagar un alquiler, comenzaron a construir viviendas por demás precarias, utilizando materiales no aptos para la misma como maderas, cartones, chapas, etc. Las “viviendas” carecen de todo y las familias se encuentran verdaderamente hacinadas. En muchos casos se convive con desechos cloacales y basurales a cielo abierto. El estado de vulnerabilidad de las personas que viven en estos asentamientos es total y alarmante, en especial los niños, los ancianos y los discapacitados.

En el marco de una pandemia de Covid-19 mundial no existe la provisión de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica. Las  “viviendas” no cuentan con las mas mínimas instalaciones necesarias para que una familia pueda vivir dignamente. No hay tanque de agua, ni cañerías, ni piletas, ni sanitarios; necesarios para la higiene de los alimentos y personal de los habitantes, sólo utilizan palanganas y fuentones. La mayoría de las familias vive en un ambiente plurifuncional que hace las veces de comedor, dormitorio y cocina. No hay muebles, ni sillas, ni camas suficientes para las personas de cada casilla. 

Estas condiciones fueron agravadas por las bajas temperaturas. Esas condiciones climáticas golpearon y golpean crudamente sobre las familias, degradando aun más las condiciones de hábitat y sanitarias de las mismas. Una decena de personas fallecieron este año por accidentes producidos al intentar calefaccionar viviendas precarias, por incendios o intoxicación con monóxido de carbono. Hace dos semanas, en el momento más frio de este año, falleció Mateo, un bebé de 9 meses, en un incendio causado por una vela en una casilla de barrio los Cuarenta Guasos.  

Las Naciones Unidas han reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, trabajo, educación y salud, no existe dignidad para el ser humano y sus derechos están limitados. En tal sentido, la energía eléctrica y el agua potable son la base de derechos básicos como alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación; el servicio eléctrico y de agua potable no pueden ser considerados como una mercancía o como un negocio, al contario se traduce como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas. Estos servicios están relacionados con el bienestar de las personas y condiciones elementales de comodidad; no son un derecho único de quienes puedan pagarla, sino una condición necesaria para el bienestar.

El acceso a la energía y el agua potable es un complemento imprescindible del derecho a la vivienda, ya que sin servicios difícilmente se puede cocinar, tener luz, agua caliente o calefacción. Sin ella resulta imposible alcanzar el nivel de vida y bienestar adecuados que recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Así, a pesar de que los instrumentos internacionales no reconocen el derecho a la energía de forma explícita, sí lo hacen de forma indirecta. Por ejemplo, la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) considera el “derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción”; y asimismo se expresa que “los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas

Al respecto resulta terminante lo dispuesto por la Constitución de la provincia de Córdoba, en su artículo 58: “Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.

El Estado Provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados. La política habitacional se rige por los siguientes principios: 1. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad. 2. Impedir la especulación. 3. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia.

Asimismo el derecho a la vivienda y a servicios públicos esenciales como son el acceso a energía eléctrica y agua potable, deben ser abordados desde el punto de vista de la protección de los derechos de niños, ancianos y discapacitados; por cierto los mas vulnerables frente casos como el presente. La misma Constitución provincial expresa: “Artículo 25: El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar”. 

“Artículo 27: Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de la solidaridad”.

“Artículo 28: El Estado Provincial, la familia y la sociedad procuran la protección de los ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de realización personal y de servicio a la sociedad”.

La responsabilidad del gobierno municipal en relación al acceso a la vivienda y los servicios públicos esenciales, surge incuestionable de las normas transcriptas ut supra. Pero también de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Provincial que expresamente refiere el carácter operativo y no solamente de los derechos consagrados. Dice el artículo 22: “Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal”.

Un Estado de derecho que proclama como valor primordial la defensa de la persona no puede desatenderse de mecanismos con los que efectivamente se garantice su protección y mucho menos puede instruir a las fuerzas policiales a los fines de establecer un hostigamiento permanente; que busca, resulta evidente, desorganizar y reprimir a las familias vulnerables que se encuentran en barrios y asentamientos precarios. 

La postura arbitraria e ilegal de EPEC y de Aguas de Cordobesas S.A, al no proveer el servicio de energía eléctrica y ni siquiera responder debidamente las peticiones de los vecinos, se enmarca en ese accionar represivo; y busca establecer un nuevo elemento (la no provisión del servicio), para golpear sobre las familias trabajadoras.     

Por todo lo expuesto venimos es que solicito a mis pares acompañen la presente Ordenanza de forma urgente.

 

Creación de una Comisión de Seguimiento y Control Social de las obras públicas de José C. Paz.

14/03/2022
 

PROYECTO DE ORDENANZA:

Visto: la falta de obras públicas de urbanización como asfalto, zanjeo, entubamiento, luminaria.

Considerando:

El lento avance, o en algunos casos su paralización completa, de las obras de urbanización que trae aparejado condiciones de vida insalubres y de riesgo.

Que los vecinos hacen reclamos y denuncias constantes sobre la situación de deterioro de las calles y veredas.

Que las lluvias ocasionan grandes inundaciones por la falta de asfalto y drenajes.

Que la falta de iluminación en las calles conlleva a situaciones de peligro para los vecinos.

Que no existe un cronograma para la finalización de las obras urbanización urgentes como es los asfalto, los entubamientos y la luminaria.

La falta de personal municipal destinado a las tareas de obras públicas.

La falta de maquinarias y herramientas para la urgente realización de dichas obras.

El consejo deliberante resuelve:

Artículo 1.- Créase en el ámbito de la dirección de Obras Públicas una comisión de Seguimiento y Control Social, cuyo objeto será la definición de un cronograma de obras publicas para el distrito. Dicha comisión tendrá la atribución de decidir cuales son las prioridades de las obras a realizar.

Artículo 2.- La Comisión de Seguimiento y Control Social de las obras públicas, establecidas en el artículo 1, deberán estar integradas por ciudadanos electos en asambleas por cada barrio de distrito, delegados de los trabajadores electos en asamblea para tal fin y un representante de cada bloque del concejo deliberante de José C. Paz.

Artículo 3.- La comisión de Seguimiento y Control Social tendrán como atribuciones la participación en el diseño, puesta en marcha y ejecución de la obra que se le asignen quedando facultadas ante la dirección de Obras Públicas

Artículo 4.- Los ciudadanos electos en asamblea para formar parte de la Comisión de Seguimiento y Control Social deberán residir o domiciliarse en el distrito. En el caso de los trabajadores electos para formar parte de las Comisión, estos deberán estar implicados directamente en la ejecución de la obra.

Artículo 5.- Las personas a cargo de la realización de una obra determinada quedan obligadas a colaborar con la Comisión de Seguimiento y Control Social, designada para tal fin, mediante audiencias públicas toda vez que esta lo requiera. Las audiencias deberán realizarse en el lugar físico donde se ubica el consejo deliberante y deberán contar con la presencia de representantes del gobierno municipal.

Articulo 6 – Para el cumplimiento de plan de obras públicas se contratará trabajadores municipales en planta permanente y bajo convenio municipal. Para dichas contrataciones se abrirá bolsas de trabajo para la incorporación de trabajadores desocupados de José C. Paz.

ARTÍCULO 7: De forma.-

Estatización con control de trabajadores y usurarios de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

13/01/2022

Proyecto de Ley presentado por los Diputados Provinciales Guillermo Kane y Graciela Calderón estableciendo la estatización con control de trabajadores y usuarios de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. Número de expediente: D- 4903 / 21-22

 

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

Estatización con control de trabajadores y usurarios

de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

 

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

 

Artículo 1 – Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 – En los términos de la emergencia establecida, disponer la compra inmediata de los materiales y equipos (p.e., generadores eléctricos) necesarios, y la contratación en planta permanente de personal idóneo para realizar de manera perentoria la reconexión de los usuarios que se encuentran sufriendo cortes en el suministro de electricidad.

Artículo 3 – Otorgar un resarcimiento económico de pago inmediato para aquellos hogares y pequeños comercios, equivalente a las pérdidas materiales y económicas sufridas como consecuencia de los cortes del servicio. Los recursos necesarios para el pago de dicho resarcimiento deberán obtenerse de las ganancias de las actuales empresas privadas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.   

Artículo 4 – Declarar la nulidad absoluta de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos -leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones provinciales- que motivaron la transferencia a empresas privadas de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 5 – La anulación de dichos contratos se realiza sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido al momento de las concesiones.

Artículo 6 – A partir de la presente ley se estipula la estatización del servicio de electricidad. A tal fin se crea la empresa “Energía Eléctrica del Estado”, 100% estatal, cuya participación nacional y provincial deberá ser establecida por ley nacional. El Estado reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de todo el sistema de energía eléctrica -incluida la generación, el transporte y la distribución-.

Artículo 7 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores/as y organizaciones de usuarios/as, elegidos democráticamente.

Artículo 8 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones y al que fuera despedido a causa de planes de racionalización o achicamiento. 

Artículo 9 – Se incorporará con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente a los/as trabajadores/as que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el servicio de energía eléctrica.

Artículo 10 – Se crea una Comisión Investigadora especial compuesta por trabajadores/as del sector, elegidos/as democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema de energía eléctrica del ámbito concesionado al sistema estatal, facultada además con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos penales y civiles de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.

Artículo 11 – Comuníquese al P.E.

Artículo 12 – De forma.

 

FUNDAMENTOS

 

Sr. Presidente:

El martes 11 de enero un corte de luz masivo afectó a gran parte del AMBA, dejando a 700 mil usuarios sin servicio eléctrico. Familias y pequeños comercios quedaron sin luz y, como consecuencia, también sin agua. Los vecinos de los barrios afectados recuerdan que es algo repetido en cada verano. Incluso, el año comenzó con otro apagón masivo, desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero, que dejó a 190 mil usuarios sin luz.

Las empresas distribuidoras responsables de los cortes no son otras que Edenor, Edesur, Edelap y demás privatizadas, que vienen ganando millones hace años, ya sea con subsidios o tarifazos, a costa del pueblo trabajador. Debe recordarse que el gobierno de Mauricio Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, “dolarizando las tarifas”, afirmando que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una enorme mentira. Por su parte, el gobierno del Frente de Todos no retrotrajo ninguno de esos aumentos, manteniendo la estafa al pueblo trabajador e, incluso, habilitando aumentos del 20% para enero y febrero, que se verán reflejados en las boletas de marzo y abril. Sólo en 2021 las empresas privatizadas de la energía recibieron subsidios por más de 9.000 millones de dólares, según el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. Pero durante estos años las empresas utilizaron los subsidios para enriquecerse y no para mejorar el servicio. Así, por citar un ejemplo, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata ya en 2017 denunciaba que “Edea S.A. recauda millonarias sumas anuales que gira fronteras afuera a final de cada ejercicio. Sin inversión en el servicio, sin contratar el personal necesario, con un solo Centro de Atención en Mar del Plata para 500 mil usuarios” (18/01/2017).

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que se debe declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, tomando todas las urgentes medidas necesarias para reestablecer el suministro eléctrico a hogares y pequeños comercios. Asimismo, se deben anular los contratos de concesión y estatizar el servicio de energía eléctrica, bajo control de los/as trabajadores/as y usuarios/as, única manera de mejorar el servicio y terminar con la usura de las empresas capitalistas que hacen negocios con la necesidad del pueblo trabajador.

El actual sistema eléctrico es la consecuencia de las privatizaciones de SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, las tres empresas estatales que proveían electricidad hasta 1992. El gobierno de Carlos Menem, con el apoyo de todos los partidos patronales, privatizó el sistema de energía eléctrica, amparándose en la ley 24.065 y de esta manera desintegró el sistema, dividiéndolo en varias empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras, mismo esquema que existe hoy en la provincia de Buenos Aires. Esta reforma habilitó a que grupos de empresarios extranjeros y nacionales, lucren con un servicio público esencial como es la electricidad.

Desde entonces, las empresas privatizadas recibieron abultados subsidios que solo sirvieron para aumentar sus propias ganancias, ya que no hubo ninguna mejora en el servicio. Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no controla la falta de inversión de las empresas, ni el acceso de los usuarios, ni la calidad del servicio. Es un organismo que le garantiza las ganancias a los capitalistas, siendo cómplice de esta estafa al pueblo trabajador. El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) establece mínimos requisitos que deben cumplir las empresas concesionadas (calidad de servicio, sistema de telegestión para trámites, cantidad de oficinas de atención al público, etc.), sin embargo, no los hace cumplir y las sanciones monetarias que reciben las empresas rara vez son pagadas.

Tanto en los gobiernos kirchneristas, durante doce años, como en los cuatro años del gobierno macrista, se mantuvo la misma política de financiar las ganancias de los grupos empresarios, sin invertir un solo peso en mejorar la calidad del servicio. Los subsidios millonarios a las generadoras, transportadoras y distribuidoras eléctricas, como la la central Térmica de Ezeiza, Solalban Energía, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Eden, Edes y otras, sirvieron para aumentar las ganancias de los capitalistas, sin ningún tipo de control sobre la calidad de un servicio que, luego de años de privatización, se demostró que fue un robo y saqueo al pueblo trabajador. Ahora con el gobierno de Alberto Fernández, el sistema de subsidios a las empresas se profundizó. Desde enero de 2020, crecieron un 113% en el acumulado de 12 meses. Pasaron de US$ 4.400 millones a US$ 9.488 millones a septiembre de 2021. Esto demuestra que los subsidios que durante estos años lleva pagando el Estado no fueron para mejorar el servicio, sino para enriquecer los propios negocios de sus dueños. 

Estas empresas, que llevan años brindando pésimos servicios y burlándose de los usuarios, son premiadas con tarifazos astronómicos y con el perdón de sus millonarias deudas. Entre las 70 empresas de distribución eléctrica que abastecen a los usuarios de todo el país acumulan deudas por $142.887 millones. Las principales empresas endeudadas son las que mayores ganancias registran: Edenor con $18.000 millones (Manzano-Vila), Edesur $20.800 millones (Enel de capitales italianos), Edemsa $9.813 millones (Manzano-Vila). En contrapartida, los usuarios que deben el pago de boletas de electricidad nunca son beneficiados.

Las empresas privatizadas ya demostraron que lo único que les interesa es llevarse sus superganancias. El acceso a la electricidad es un servicio público básico, un derecho humano que no puede ser tratado como una mercancía ni en función del lucro privado. Por eso, la única salida para garantizar realmente tarifas accesibles para todos y servicios de calidad pasa por la rescisión de todos los contratos de concesión y la estatización de todo el servicio, gestionado por quienes realmente saben del tema, sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Ley.

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica

13/01/2022

Proyecto de Ley presentado por los Diputados Provinciales Guillermo Kane y Graciela Calderón estableciendo la creación de un Programa de atención a damnificados por la emergencia eléctrica. Número de expediente: D- 4904 / 21-22

 

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

 

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

Artículo 1 – Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 – En los términos de la emergencia establecida, se crea el Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3- El Programa contemplará la creación de un comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética, integrado por:

1°) Un representante de cada bloque de la Legislatura.

2°) Representantes municipales.

3°) Representantes de los usuarios de los barrios afectados.

4°) Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía.

5°) Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

Artículo 4- Son funciones del Comité de Emergencia:

1°) Realizar un mapa de las zonas de la Provincia afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados.

2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia.

3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.

4°) Organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto.

Artículo 5 – El Comité de Emergencia receptará las denuncias de los vecinos sobre pérdidas materiales, ya sea de mercadería o equipos eléctricos causados por los cortes de energía, gestionando un resarcimiento económico de pago inmediato.

Articulo 6 – El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria un padrón de técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la formación las cuadrillas de emergencia necesarias para cada municipio. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

Artículo 7 – Se establece como criterio prioritario para la elaboración de los padrones de técnicos y operarios electricistas a aquellos trabajadores de la empresa EMA servicios S.A. que fueron despedidos durante el 2021. En segundo lugar, se establece la prioridad en dicha elaboración a los trabajadores de empresas tercerizadas dependientes de EDENOR y EDESUR.

Artículo 8 – El Programa de atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica será íntegramente financiado por un impuesto extraordinario a las empresas prestadoras del servicio eléctrico en el ámbito de la Provincia, equivalente al 5% de su facturación.

Artículo 9 – Comuníquese al P.E.

Artículo 10 – De forma.

 

 

FUNDAMENTOS

Durante el martes 11 de enero, cuando iniciaba una ola de calor en nuestro país, más de 700 mil usuarios del Área Metropolitana fueron afectados por la caída del servicio eléctrico.

Frente al masivo “apagón”, el gobierno nacional decidió absolver de responsabilidad a las empresas distribuidoras, aludiendo una supuesta “contingencia”. Sin embargo, este corte se suma a las repetidas fallas en el servicio, que se vienen sucediendo desde fines de diciembre, con decenas de miles de usuarios afectados a diario.

Es evidente la desinversión en infraestructura, equipamiento y personal que es común a todas las concesionarias privadas que gestionan este servicio. Edesur, Edenor, Edelap y compañía han recibido subsidios millonarios, y el visto bueno a tarifazos constantes en los últimos años, que de todas formas no han redundado en ninguna mejora del servicio.

Frente a la situación de emergencia, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se acusan mutuamente por su política energética. Pero ninguno de los dos armados políticos apunta contra las distribuidoras privadas, mostrando el nivel de complicidad que ambos gobiernos tuvieron y tienen con ellas.

Finalmente, los tarifazos del macrismo (ingreso directo a las distribuidoras) fueron en detrimento de los subsidios (ingreso indirecto). Asumido Alberto Fernández se invirtió la ecuación, preservando siempre los intereses de estos capitalistas parasitarios: los subsidios pasaron de US$ 4.400 millones en 2019, superando los US$ 10.000 millones para el 2021, según estimaciones del Instituto Mosconi. Se estima que en los últimos diez años los subsidios energéticos acumularon US$ 132.000 millones, tres veces lo adeudado al FMI, para que llegado el 2022 la infraestructura energética siga colapsando con un golpe de calor.

Como puede verse, el argumento de las “pérdidas” por las tarifas “controladas”, es completamente falso. En realidad, este argumento es solo utilizado por las empresas para reclamar nuevos aumentos de tarifas, que el gobierno nacional acaba de habilitar con aumentos del orden del 20%, y que impactarán en las boletas de marzo y abril. Mientras tanto, los usuarios que deben pagar mes a mes esas facturas, hoy sufren los graves problemas de la desinversión.

Vista la situación de emergencia y los cientos de miles de damnificados en la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda Unidad plantea la creación de un “Programa de atención a damnificados” para tomar de manera urgente las medidas necesarias. Planteamos en el presente proyecto de ley, la creación de un Comité de Emergencia para gestionar estas medidas, que incluyen la creación de brigadas de trabajadores, la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y otros elementos necesarios, y el resarcimiento económico a los usuarios afectados.

Planteamos, además, que el negocio espurio de las distribuidoras energéticas debe terminarse, comenzando por la apertura de los libros de toda la cadena energética (productoras, transportadoras y distribuidoras), para determinar el costo real de producción y garantizar las inversiones necesarias con la nacionalización del sector para ponerlo bajo control obrero y de los usuarios. Kirchneristas-peronistas y macristas son responsables de una política de saqueo y desinversión energética.

Por todas estas consideraciones solicitamos a los señores Diputados que voten favorablemente este proyecto de Ley.

 

 

Dejar sin efecto los aumentos establecidos para 2022 para las tarifas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas

12/01/2022

Expediente 2858-D-2021

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°- Dejar sin efecto los aumentos establecidos para 2002 para las tarifas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas.

Artículo 2°- Se convoca a una audiencia pública de carácter vinculante que tendrá como propósito poner en consideración la propuesta de tarifas elaborada por el Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El gobierno de Larreta comenzó el año oficializando los aumentos para distintos servicios concesionados que rigen en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas.

Los aumentos establecidos llegan hasta el 51% que según señala el ejecutivo se trata de una actualización a partir de la inflación de los costos fijos que estos servicios tienen. Sin embargo, dichos costos son desconocidos para la población de la Ciudad y no son sometidos a un control para determinar las ganancias de dichas empresas.

No rige la misma suerte para los trabajadores que son usuarios de dichos servicios, sus salarios no son actualizados por inflación, ni siquiera aquellos dependientes del Gobierno de la Ciudad: docentes, trabajadores de la salud, municipales. Se trata, por lo tanto, de un tarifazo en desmedro del bolsillo de los trabajadores.

Para revertir esta situación, reclamamos que se dejen sin efecto dichos aumentos y la convocatoria a una audiencia pública de carácter vinculante para poner en consideración la propuesta de tarifas elaborada por el Poder Ejecutivo. Las realizadas solo cumplen la formalidad establecida por la ley. Sin embargo, el Gobierno de Larreta, deshecha las opiniones vertidas en ellas, así como ocurrió con las audiencias sobre la construcción de megatorres, y se vale de su carácter no vinculante para actuar a su antojo.

Los recientes apagones eléctricos son la prueba irrefutable de que los servicios públicos concesionados o privatizados no funcionan al servicio de la población, sino que son un botín para distintas empresas, que se valen de subsidios y tarifazos recurrentes sin la necesidad de invertir para un mejor servicio. Los gobiernos ceden a las presiones de las empresas que exigen tarifazos para conservar su tasa de ganancia.

Por estos motivos solicito la aprobación del presente proyecto

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

04/01/2022

Expediente 2848-D-2021

Proyecto de Ley

Artículo 1°.- Se crea el Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El Programa contemplará la creación de un Comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética, integrado por: 

1°)  Un representante de cada bloque de la Legislatura de la Ciudad. 

2°)  Representantes de los Consejos Consultivos de las Comunas y de los barrios afectados. 

3°)  Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía. 

4°)  Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Artículo 3°. Son funciones del Comité de Emergencia: 

1°) Realizar un mapa de las zonas de la Ciudad afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados. 

2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia. 

3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.

4) Organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto.

Artículo 4°.-  El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria  un padrón de técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la formación de un mínimo de 60 (sesenta) cuadrillas de emergencia, a razón de cuatro por Comuna de la Ciudad. Atenderán de inmediato la reparación de cámaras, subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

Artículo 5°.- Se establece como criterio prioritario para la elaboración de los padrones de técnicos y operarios electricistas a aquellos trabajadores de la empresa EMA servicios S.A. que fueron despedidos durante el 2021. En segundo lugar, se establece la prioridad en dicha elaboración a los trabajadores de empresas tercerizadas dependientes de EDENOR y EDESUR.

Artículo 6°.- El Comité de Emergencia receptará  las denuncias de los vecinos sobre pérdidas materiales, ya sea de mercadería o equipos electrónicos causados por los cortes de energía,  y gestionará el cobro de indemnizaciones.

Artículo 7°. El Programa para la atención de damnificados por la Emergencia Eléctrica será íntegramente financiado por un impuesto extraordinario a las empresas prestadoras del servicio eléctrico en el ámbito de la Ciudad equivalente al 5% de su facturación.

FUNDAMENTOS

A la fecha de presentación del presente proyecto van contados cinco días desde el comienzo de los cortes de luz, extendidos por el Amba, que alcanzaron picos de entre 50.000 y 60.000 usuarios sin suministro eléctrico y que desataron el enojo de los vecinos, con cortes y algunos cacerolazos. Llegado este punto, la concesionarias privadas alegan “pérdidas” por las tarifas “controladas” y el gobierno “sanciona” al tiempo que libera tarifas y aumenta los millonarios subsidios.

Se trata del recurrente juego entre las distribuidoras eléctricas (Edesur y Edenor) y el gobierno, donde ambas se pasan la responsabilidad por la evidente desinversión en infraestructura y los cortes en el suministro eléctrico

Para desentenderse de su responsabilidad, el gobierno ha multado a Edesur –la que acumula más cortes- por $105 millones por las interrupciones y $133 millones por atención deficiente, además de reclamar el no cobro de la energía no suministrada: chirolas que no compensan el daño emergente. Lo que se omite mencionar es que las distribuidoras absorben este “gasto excepcional” con los subsidios millonarios del Estado.

Las concesionarias privadas alegan que vienen realizando inversiones y que incluso llevan “perdidos”, hasta septiembre del 2021, $15.000 millones. Claro que esto responde a la contabilidad creativa de este sector parasitario, que se vale de los cortes de luz para reclamar mayor liberación de tarifas y recursos.

Esto ocurre a pesar de que el gobierno ya dio el visto bueno para un aumento de entre el 17 y 20% en las tarifas energéticas y cuando avanza con segmentación tarifaria y el quite de “beneficios” en la facturación por vía del reempadronamiento compulsivo.

La titular del Ente Regulador de Energía (Enre), Soledad Manín, ha salido a despegarse de Edesur y Edenor, señalando que durante el macrismo las distribuidoras recibieron un 3.200% de aumento en las facturas, sin que eso se traduzca en mayor inversión.

Los tarifazos del macrismo (ingreso directo a las distribuidoras) fueron en detrimento de los subsidios (ingreso indirecto). Asumido Alberto Fernández se invirtió la ecuación, preservando siempre los intereses de estos capitalistas parasitarios: los subsidios pasaron de US$ 4.400 millones en 2019, superando los US$ 10.000 millones para el 2021, según estimaciones del Instituto Mosconi.

Se estima que en los últimos diez años los subsidios energéticos acumularon US$ 132.000 millones, tres veces lo adeudado al FMI, para que llegado el 2022 la infraestructura energética siga colapsando con un golpe de calor.

A la presión de las distribuidoras eléctricas, a las cuales el gobierno amenaza de tanto en tanto sin producir ningún resultado concreto, por mayores tarifazos que eliminen la “tutela” del Estado de sus ganancias, se suma la presión por el aumento de los combustibles, sector desde donde reclaman una “actualización” del 30%. De consumarse todas estas aspiraciones patronales estaríamos ante un nuevo salto en los indicadores de pobreza e indigencia.

El negocio espurio de las distribuidoras energéticas debe terminarse comenzando por la apertura de los libros de toda la cadena energética (productoras, transportadoras y distribuidoras), para determinar el costo real de producción y garantizar las inversiones necesarias con la nacionalización del sector para ponerlo bajo control obrero y de los usuarios. Kirchneristas y macristas son ambos responsables de una política de saqueo y desinversión energética.

Caducidad de la Concesión a ERSA

23/09/2021

Artículo 1.-ESTABLECESÉ la caducidad de la concesión de las líneas del TUP asignadas a la empresa ERSA, por las causales prevista en el art. 85 inciso b, f, i, k, m, del Marco Regulatorio, ordenanza 12076; y en el art. 43, incisos a, b, d del Pliego de Concesión, ordenanza 12146. 

 

Artículo 2°.- Los recorridos del sistema del TUP afectados serán explotados de manera exclusiva por la Ciudad de Córdoba, quedando el mencionado servicio bajo control de la “Comisión de Contralor” según dispone el art. 8 de la presente ordenanza.

 

Artículo 3.- ORDENESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) la incautación provisional de los vehículos e instalaciones de la empresa ERSA, por razones de interés público, a efectos de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, según lo previsto en el art. 87 de la ordenanza 12076.

 

Artículo 4.- DISPONGASE la inhabilitación por diez (10)  años a la empresa ERSA para obtener una nueva Concesión o prestación precaria en jurisdicción Municipal, tal y como queda estipulado en el art. 86 de la ordenanza 12076.

 

Artículo 5.- ORDENESE el pago de las multas correspondientes por las infracciones cometidas según lo previsto en los incisos b, c y e del art. 44 de la ordenanza 12146. Las misma serán computadas con cargos por reincidencia y su pago deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días.

 

Artículo 6.- DISPONGASÉ de los recursos recaudados en conceptos de multas a la empresa ERSA a la refacción y puesta en funcionamiento de la flota incautada a dicha empresa, a los fines de poder garantizar el servicio. 

 

Artículo 7°.- PROHÍBASE los despidos y las suspensiones de las y los trabajadores del TUP de las líneas afectadas, quienes pasaran a ser dependientes de la Ciudad de Córdoba, garantizando todos sus derechos convencionales, adquiridos y demás que actualmente les corresponda.

 

Artículo 8°.- CRÉASE el órgano de contralor obrero y popular del TUP de la Ciudad de Córdoba, el cual se denominara “Comisión de Contralor”. La misma estará integrada por diez representantes de los trabajadores que prestan servicios en el TUP, y por diez representantes de la población de la Ciudad de Córdoba.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el voto directo y secreto de la totalidad de los empleados que presten efectivamente servicios en relación dependencia en el TUP, sean estos de planta permanente o se encuentren en situación de tercerización y/o precarización laboral.  La elección se realizará por listas y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

Los representantes de la población serán elegidos por el voto directo y secreto de los habitantes de la Ciudad de Córdoba, mayor de dieciséis años. La elección se realizará por candidatos postulados por los partidos políticos actuantes en distrito único y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

El mandato de todos los integrantes de la Comisión de Contralor durara un año. Todos los integrantes de la Comisión de Contralor se encuentran amparados por las garantías establecidas en los artículos 40, 48, 50 y 52 de la Ley Nacional Nº 23.551.  

 

Artículo 9º: La Comisión de Contralor deberá velar por el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal relativa al transporte de Pasajeros, a las cuestiones laborales y ambientales. Para ello contará con las más amplias facultades. Asimismo la Comisión de Contralor deberá auditar los estados contables de la empresa pública que preste el servicio del transporte de pasajeros; como así también el destino de los subsidios percibidos, sean estos de carácter nacional, provincial o municipal y otras formas de financiamiento. Los resultados de estas auditorías tendrán carácter público.

 

Artículo 10.– de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

La disposición adoptada por el intendente Martín Llaryora de retirar la concesión de las líneas 3 y 8 a la empresa ERSA, ratifica el sin número de denuncias que viene realizando las y los trabajadores del transporte y los usuarios respecto a las reiteradas irregularidades en las que ha incurrido dicha empresa frente a la prestación del servicio.

Los siniestros protagonizados por diferentes unidades de ERSA en las últimas semanas exponen de cuerpo entero la política de vaciamiento que se viene operando desde hace años en el sistema de transporte, y que ha redundado en un desconocimiento de la frecuencia fijada en el Pliego de Concesión (Ordenanza 12146), en el incumplimiento de la cantidad de unidades en funcionamiento y de reserva previstas en el Marco Regulatorio (Ordenanza 12076), en las condiciones de mantenimiento, seguridad e higiene de las mismas, entre otras.

Todas estas infracciones sistemáticas impactan negativamente en la prestación de un servicio esencial, con el agravante de que la falta de mantenimiento adecuado pone en riesgo la seguridad y la salud de pasajeros y trabajadores del transporte. Los controles municipales dieron cuenta de que una gran parte de las unidades en funcionamiento contaban con el ITV vencido, lo que constituye una falta grave y es causal suficiente para dar por finalizada la concesión. 

El hecho de que funcionarios de la Secretaria de Transporte admitan por trascendidos mediáticos que al menos el 80% de la flota tenía la oblea vencida, coloca al gobierno de Llaryora en responsable de una política de desinversión criminal.

Esta escandalosa situación de la empresa ERSA no es una novedad. Hace meses, tras recibir varias denuncias, realizamos un pedido de informe para que se rinda cuentas sobre el estado de las unidades del transporte urbano en circulación, la falta de frecuencias, y el destino de los subsidios. Sin embargo, Llaryora prefirió encubrir la situación y colocarse como lobista de las empresas para reclamar más subsidios a nación. 

La gestión privada del transporte no solo fracasó en garantizar el servicio, sino que en su incompetencia pone en riesgo la vida e integridad física de los usuarios y choferes. La solución que improvisa Llaryora, la de reemplazar la flota de ERSA con unidades de Tamse es impracticable y en los hechos implicaría una reducción aún mayor de la frecuencia. 

Lo que corresponde es la suspensión de la concesión a ERSA, la confiscación de la flota y el cobro de todas las multas por incumplimiento del pliego de licitaciones; recursos que deben ser puestos para la refacción y renovación de las unidades. 

En este mismo sentido es necesario avanzar en la estatización del sistema de transporte, pero como no hay dudas de que la gestión municipal es responsable directa de encubrir el vaciamiento para garantizar los negociados de las concesionarias, dicha estatización solo puede proceder bajo control de trabajadores y usuarios. 

Por lo antes es que presento el presente proyecto de resolución, y solicito a mis pares su pronto tratamiento y aprobación.

Anulación del aumento de boleto urbano

12/07/2021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Artículo 1°: EXIGIR al DEM la anulación el aumento del 16% en el valor del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que rige a partir del 10 de julio de 2021.

Artículo 2°: DISPONGASE el congelamiento de la tarifa del TUP por un plazo de doce (12) meses, pudiéndose prorrogar dicha disposición de manera automática hasta finalizado el periodo de contingencia por pandemia en la ciudad. En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

Artículo 3°: EXHORTAR al DEM aplique el art. 91 de la ordenanza 12076 “Marco Regulatorio”, e informe sobre el estado de las cuentas de las empresas concesionarias del TUP, detallando ingresos y egresos por rubro.

Artículo 4º: De forma.