PROYECTO DE RESOLUCIÓN INTERPELACIÓN A PETTOVELLO – EXPTE N°2887-D-2024

24/06/2024

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados Resuelve:
Citar para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional
y los artículos 204, 205, y 206 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la
Nación, a la Ministra de Capital Humano de la Nación SANDRA PETTOVELLO, a fin
que informe públicamente y responda las inquietudes de los legisladores nacionales sobre
los siguientes puntos referidos a cuestiones de dominio público relativas a su Ministerio:
1) Explique los motivos que llevaron a transferir 6.772 millones de pesos de fondos
públicos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como parte de un
“convenio marco de colaboración” con la secretaría de Niñez y Familia firmado
por usted.
2) Informe y aporte la documentación que respalda la operación detallando que
servicios o productos se adquirieron y en qué plazos la OEI se compromete a
cumplirlos. Incorpore las comunicaciones intercambiadas desde el inicio entre la
OEI y el Ministerio de Capital Humano a los efectos de concretar la operación.
3) ¿Cómo explica la contratación de unas 300 personas nombradas a partir de este
convenio, cuáles son las tareas que desempeñaban hasta su desvinculación, cuál
fue el mecanismo de selección de las mismas y cuáles eran sus remuneraciones?
4) ¿Cuáles son los mecanismos de control del Ministerio de Capital Humano siendo
pública la lista de beneficiados con estas contrataciones que no desarrollaban tarea
alguna, un método habitual en la defraudación al Estado para el cobro de
sobresueldos?
5) ¿Cuál es el fundamento para otorgar a una organización internacional como la
OEI la compra y distribución de alimentos, una verdadera privatización de la
ayuda alimentaria por la cual además la OEI cobra una comisión del 6%?
6) Presente la documentación respaldatoria de los convenios firmados para la compra
de alimentos detallando tipo, cantidad, calidad y precio, así como pagos realizados
y compromisos de pagos futuros si los hubiere.
7) ¿Cómo justifica la negativa sistemática a entregar alimentos a los miles de
comedores populares que durante los últimos años han sido la última barrera
contra el hambre?
8) ¿Como se explica la decisión de ocultar la existencia de 5 millones de kilos de
alimentos acopiados en poder del Ministerio de Capital Humano, para luego decir
que estaban allí para una eventual catástrofe, llevando a la intimación de la Justicia
para distribuir esos alimentos en un plazo de 72 horas, decisión que el Ministerio
de Capital Humano apeló? Todo ello cuando el 57% de la población argentina
está debajo de la línea de la pobreza.
9) Presente la documentación respaldatoria de la compra de medicamentos, su
distribución y explique por qué se suspendió la entrega a pacientes oncológicos
de bajos recursos y con otras afecciones graves que fallecieron por esta medida.
Romina Del Plá
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Durante la semana pasada trascendió en varios medios de comunicación la información
que el Ministerio de Capital Humano del Gobierno de la República Argentina, a cargo de
la Sra. Sandra Pettovello, habría contratado a unas trescientas (300) personas que
facturaban y percibían ingresos significativos del Ministerio de Capital Humano, pero
que no realizaban ninguna tarea para el Ministerio mencionado, ni para ningún sector y/o
área del Estado Argentino. Es decir, se contrataron masivamente lo que se conoce
popularmente como “ñoquis”.
Para realizar esa contratación espuria y fraudulenta, el Ministerio de Capital Humano del
Estado Argentino realizo negociaciones con la organización internacional Organización
de Estados Iberoamericano (OEI). Presuntamente la operatoria funcionaba así: El
Ministerio de Capital Humano transfería y/o depositaba los fondos a la OEI a los fines de
la contratación del personal que facturaba a la OEI y percibía significativos ingresos de
la misma, pero que no realizaban ninguna tarea para el Estado Argentino. Todo el
operativo estaría destinado al pago de cuantiosos sobresueldos de distintos funcionarios
del gobierno nacional liderado por el presidente de la República Argentina, Javier Milei.
La Secretaria de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, a cargo del
funcionario Pablo De la Torre, habría llegado a un convenio marco de colaboración, por
el cual se realizaba toda la operatoria descripta. Asimismo, por ese “convenio marco”, el
Ministerio de Capital Humano procedió a privatizar la compra de alimentos para los
comedores sociales o populares que se encuentran en territorio nacional. A cambio de esa
privatización de la ayuda alimentaria, la OIE se embolsaría el 6% de todas las compras
de alimentos que se realicen para los comedores.
En uno de los convenios entre el Ministerio de Capital Humano y la OEI, de fecha
06/03/2024, se establecería la transferencia por parte del Estado Argentino a la
organización internacional, de una suma de seis mil setecientos setenta y dos millones de
pesos ($ 6.772.000.000). Ese convenio (y los otros convenios y/o instrumentos con la
Organización de Estados Iberoamericanos), habría sido firmado directamente por la
Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Es decir que la funcionaria, no solo tenía
pleno conocimiento de todas las operaciones con la OEI, sino que era quien dirigía
personalmente todas esas tratativas y negociaciones.
Al respecto es importante destacar que la Sra. Sandra Pettovello tenía un trato directo y
permanente con las autoridades de la institución OEI. La ministra incluso participó del
brindis de la Organización de Estados Iberoamericanos, el pasado 3 de mayo donde fue
retratada por distintos medios de comunicación, junto al director del organismo
internacional Luis Scasso.
Un dato clave de toda la operatoria realizada desde el Ministerio de Capital Humano,
resulta una planilla Excel de nombres y apellidos de las personas que eran contratadas sin
efectuar contraprestación alguna, realizada y subida en forma de “pública” a google drive
por Federico Fernández, alias “Fefe”, funcionario hasta hace pocos días del Ministerio de
Capital Humano, en el cargo de director administrativo de la Secretaria de Niñez y
Familia.
Federico Fernández tituló el Excel mencionado como “Plan 120” y con sus iniciales FF.
Los “120” harían alusión a la suma de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000,00),
que serían destinados a los sobresueldos y otros fines espurios. En esa planilla se
determinan diferentes datos como nombre, apellido, CUIT, factura, y demás ítems
relacionados a la operatoria. Resalta en esa planilla el listado de rugbiers del Colegio La
Salle, amigos de Federico Fernández, tales como “…Gonzalo Avetrani, Vicente
Ammann, Lautaro Alarcon y Santiago Anziano” (lapoliticaonline.com).
Según los trascendidos periodísticos, Federico Fernández, habría sido secuestrado por el
personal de custodia de la ministra titular de Capital Humano, y se lo habría amenazado
y/o extorsionado apuntándole con una pistola a la cabeza, para que confirmara la
existencia de “ñoquis”.
Otro hecho que conmovió a la opinión pública fue el fallecimiento de más de 50 personas
que venían recibiendo tratamientos que fueron discontinuados por el Ministerio de
Capital Humano. Efectivamente, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones
Especiales (Dadse) que se ocupa de la entrega de medicamentos de alto costo y elementos
de ortopedia a pacientes en situación de vulnerabilidad dejó de hacerlo incluyendo
tratamientos oncológicos y otras dolencias crónicas graves. Para justificar esta situación
se apeló a un argumento similar al que se utiliza para interrumpir la asistencia estatal a
los comedores populares iniciando una denuncia en la justicia sobre el pago de
sobreprecios de la administración anterior. La Justicia desestimó la denuncia de Capital
Humano después que dos fiscales aseguraran que no existe delito.
Mientras toda esta operatoria de corrupción dentro de Ministerio de Capital Humano se
desarrollaba durante estos meses de gobierno del presidente Javier Milei, el mismo
Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello retenía durante más de seis
meses más de cinco mil toneladas de alimentos acopiados que habían sido adquiridos por
la gestión anterior, que finalizó el 10/12/2023. El miércoles 22 de mayo, el portal
“eldestapeweb.com” publicó que el Gobierno nacional tenía “más de 5 millones de kilos
de comida sin entregar en los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social”. La
información la brindó el propio gobierno ante un pedido de acceso a la información
pública del sitio.
Según trascendió, la respuesta del Gobierno Nacional al pedido de informes, se
encontrarían retenido en los galpones de Buenos Aires y Tucumán, la siguiente
mercadería: “Yerba mate: 3.146.707 kilos. Leche en polvo: 1.173.815 kilos. Aceite:
479.261 botellas de 900 ml. Puré de tomate: 137.796 kilos. Garbanzos: 81.148 kilos.
Harinas de trigo y maíz: 20.416 kilos. Locro: 15.010 kilos. Arroz con carne: 13.629 kilos.
Además, se informó que había cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos,
pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo”.
Ante esta situación insostenible, dada la gravedad de la situación social reinante en
nuestro país con millones de personas bajo la línea de la indigencia, desde el Gobierno
Nacional, se manifestó que los alimentos se encontraban en “perfecto estado” y sin riesgo
de vencimiento. Estas afirmaciones fueron realizadas por el vocero presidencial, Manuel
Adorni, y el mencionado Secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre. Al mismo
tiempo apelaban la intimación de la Justicia a distribuir los alimentos en un plazo de 72
horas. Recién con fecha 30 de mayo pasado y ante el avance de las investigaciones
judiciales y periodísticas, el Ministerio de Capital Humano reconoció que había comida
a punto de vencerse y anunció que entregaría la comida almacenada a través del Ejército,
lo cual tampoco sucedió.
Ante el conocimiento y trascendido público de toda la trama de corrupción en el
Ministerio de Capital Humano, la Sra. Pettovello procedió a desvincular y/o echar a su
funcionario el Secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre. También fue
desvinculado, el director administrativo Federico Fernández. Además, por Sandra
Pettovello procedió a “denunciar” los hechos ante la Oficina Anticorrupción,
responsabilizando a la supuesta “banda de San Miguel”, que comandaría Pablo De la
Torre y sus familiares.
Sin embargo, ha sido la Ministra de Capital Humano la que establecía en forma personal
los contactos y negociaciones con la OEI, suscribiendo personalmente los convenios
alcanzados y participando, también personalmente, de los eventos de la organización
internacional. Sandra Pettovello tenía bajo su absoluta autoridad a sus funcionarios, tanto
Pablo De la Torre como Federico Fernández, a los cuales ellas misma había designado e
instruía cotidianamente.
Más allá de la defensa cerrada del presidente Milei, resulta fundamental investigar la
modalidad de la operatoria de corrupción pues una organización internacional, como la
OEI, se encuentra fuera del control y/o auditoria de los distintos organismos oficiales que
deben desarrollar esas tareas como la Auditoria General de la Nación. No se puede
escapar, que la contratación y convenios con la OEI se han realizado con el fin deliberado
de eliminar cualquier tipo de contralor, toda vez que se trata de la compra de alimentos
para la ciudadanía argentina en territorio argentino.
Se acompaña la siguiente documentación:
1. Nota periodística: Trascendió la lista de los “120 palos” de los rugbiers ñoquis de
Capital Humano
2. Nota periodística: Renuncian todos los funcionarios del área social en medio de la
crisis en Capital Humano
3. Nota periodística: Pettovello firmó el convenio de los sobresueldos y el lunes la
justicia federal abre una causa
4. Nota periodística: Milei y Pettovello tienen más de 5 millones de kilos de
alimentos sin entregar y hay riesgo de que se pudran.
5. Nota periodística: Pettovello sufre un revés judicial: archivan la causa de la
medicina de alto costo
Por todo los expuesto solicito el acompañamiento y aprobación de presente proyecto de
Resolución.

Proyecto de Resolución Interpelación a Min. Pettovello EXPTE N°2887-D-2024

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Ley de garantía de seguridad para choferes de colectivo

08/04/2023

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1°: Con el objetivo de garantizar la seguridad de los choferes del transporte colectivo de pasajeros, se establece en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la instalación obligatoria en cada unidad funcional (vehículo colectivo) de una cabina de blindaje, aislante, que proteja al chofer y lo separe de cualquier contacto físico directo con los pasajeros, y cámaras de seguridad. 

ARTÍCULO 2°: El costo de la instalación de las cabinas de blindaje, cámaras de seguridad y de contratación de personal de seguridad, queda a cargo de las empresas titulares en cada línea respectiva y queda expresamente prohibido el traslado de su costo económico a las tarifas que abonan los usuarios.

ARTÍCULO 3°: Los recorridos de todas las líneas a lo largo del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben contar con luminaria adecuada, sin excepción, a lo largo de todos sus tramos. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el cumplimiento de esta disposición en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde que se aprueba la presente ley.

ARTÍCULO 4°: En cada línea de colectivos se constituirá un Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL), que tendrá como objeto el ejercicio del control activo por parte de los trabajadores sobre la prevención de accidentes durante la jornada del trabajo y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito de su desempeño laboral. 

ARTÍCULO 5°: El CCOSL se integrará con representantes electos en asamblea o por el voto secreto de todos los trabajadores de cada línea de colectivos, en una proporción de un delegado cada 20 (veinte) trabajadores.  

En el Comité estarán representados todas las diferentes secciones y turnos de trabajo existentes en cada línea, en las proporciones establecidas en el párrafo anterior. 

También podrán integrar el CCOSL los usuarios que puedan demostrar a través de su tarjeta SUBE ser frecuentes pasajeros de cada línea, en una proporción que no supere al 30% de los delegados choferes electos.

ARTÍCULO 7°: Entre las funciones inmediatas del CCOSL se hayan el seguimiento y monitoreo de los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, a fin de garantizar su efectivo cumplimiento.

Las empresas de cada línea y los Poderes Ejecutivos nacionales y locales deberán responder ante toda solicitud que eleve el CCOSL en virtud de que se garanticen las disposiciones de la presente ley.

La CCOSL tiene la potestad de interrumpir una línea o un coche que se encuentre en situación riesgosa para los trabajadores y usuarios (derecho a veto). 

La actuación del Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL) no relevará al empleador, a las aseguradoras de riesgos del trabajo que este hubiera contratado, ni a la autoridad de aplicación, de sus obligaciones indelegables de prevención y protección de la salud y seguridad laboral.

ARTÍCULO 8°: De forma. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

Un contundente paro de las líneas de la zona oeste del Gran Buenos Aires y una concentración en la Ruta 3 que se mantuvo todo el día fue la respuesta inicial frente al asesinato del trabajador de la línea 620, Daniel Barrientos, en La Matanza.

Con el correr de las horas, y sobre todo tras el repudio a la inacción del gobierno frente a la inseguridad en las condiciones laborales de los choferes que tuvo como blanco al ministro Sergio Berni, el piquete se transformó en la caja de resonancia de un descontento generalizado que excede largamente las reivindicaciones “propias”, y que se expresó en el cuestionamiento al gobierno y a la burocracia sindical oficial de Roberto Fernández en la UTA.

Los “diques” con las que la UTA convocó la medida de fuerza fueron en varios aspectos desbordados. El piquete, que no estaba en el libreto del sindicato, se nutrió de la movilización de delegaciones y activistas de decenas de líneas, entre ellas la 60, La Primera de Grand Bourg, la 540, entre otras. A esto se sumaron muchos vecinos y algunos dirigentes de izquierda (como la diputada nacional Romina Del Plá, el legislador provincial Guillermo Kane y el concejal matancero Juan Romero).

A su vez, en las líneas de Dota -cuya representación sindical dirige la fracción de la burocracia opositora: la agrupación “Juan Manuel Palacios” encabezada por el moyanista Miguel Bustinduy- el paro se extendió por 12 horas, pero sin movilización.

La “oposición”, al igual que Fernández, jugó a una medida ultralimitada y adentro de las empresas, sin ofrecer un verdadero canal de desarrollo de la movilización. Bustinduy puso el centro en su disputa con la conducción nacional de la UTA, sin formular la menor denuncia ni reclamo a las patronales del sector ni al gobierno.

El propio Berni, después de los sucesos en Ruta 3 -en los que hay que incluir una dura represión de la Policía de la Ciudad-, reconoció la existencia de tres sectores en la movilización, refiriéndose a la corriente combativa y “autoconvocada” que es la que le pone el contenido y el cuerpo al reclamo.

A medida que se intensificaba el conflicto crecía la adhesión y las denuncias de trabajadores y vecinos por las zonas liberadas y el desastre social que se vive en las barriadas.

El gobernador Axel Kicillof debió convocar a una reunión de urgencia con los ministerios de Seguridad, Transporte y la conducción de la UTA con el objetivo de “encausar la crisis”, es decir conspirar con la burocracia para obtener el levantamiento de la huelga y sostener a Berni. Respecto a los reclamos de los choferes hubo nulos resultados; apenas la promesa de acelerar la instalación de cámaras. El gobierno acusó a las empresas de haber desviado hacia otros “gastos” la parte de los subsidios destinados a la compra de cámaras de seguridad para monitoreo en las unidades; sin explicar qué gastos ni por qué no existe control de esos fondos.

La tragedia sirvió para avivar la puja alrededor de los subsidios entre los monopolios y concesionarias del transporte y el gobierno, que está al rojo vivo tras la amenaza de las empresas de no pagar los salarios de marzo si no se amplía la ayuda estatal.

Paralelamente, la asamblea de centenares de choferes convocada en Ruta 3 discutía cómo dar continuidad a la lucha. La exigencia de un paro nacional chocó contra el rechazo cerrado de la burocracia. Lo mismo otras alternativas, como mantener el paro por 72 horas con movilización en las líneas de zona oeste. Por ahora el paro continúa solo en la línea 620.

En los próximos días se expresarán, sin dudas, los coletazos de este importante proceso de lucha. Es de primer orden la deliberación en las líneas y la continuidad de un plan de lucha “autoconvocado”, a partir de los sectores que intervinieron en la jornada de ayer.

Reclamamos inversión en infraestructura en los recorridos y barrios aledaños, paradas, luminarias, además de la propia inversión en las unidades, en particular las cabinas de seguridad; que las patronales implementen las medidas de seguridad necesarias y pongan freno a los despidos de los compañeros que sufren accidentes laborales. Por Comités de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL), con delegados elegidos en casa línea. ¡Recomposición salarial ya!

El proyecto de ley de seguridad laboral para los choferes presentado por la diputada Romina Del Plá, de la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad, contiene este conjunto de medidas, y es un aporte a fortalecer y difundir la lucha de los choferes. Por eso lo replicamos en esta Legislatura.

Impulsemos este planteo en todas las líneas. Solo la organización independiente de los choferes puede arrancar las soluciones que necesitamos todos. La situación general de crisis terminal del transporte es la base para una lucha masiva y sostenida.

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Proyecto de Ley: Expropiación y estatización de las empresas transportadoras y distribuidoras de energía eléctrica

03/03/2023

Expropiación y estatización de las empresas transportadoras y distribuidoras
de energía eléctrica
Artículo 1º.- Caducidad de todas las concesiones. Se establece la caducidad de todas las
concesiones a las distribuidoras de energía eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires y
la ciudad de La Plata que se encuentran gestionadas por empresas privadas por
incumplimiento de los pliegos contractuales en forma flagrante y reiterada y ante la falta de
mantenimiento e inversión, el frecuente colapso de la red de distribución, las deficiencias en
la red de transporte y los problemas en la generación, que son las causas centrales de los
reiterados cortes en el servicio para sectores importantes de la población.
Artículo 2º.- Expropiación. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación y a la rescisión de los
contratos de concesión, según corresponda, a la totalidad de las empresas transportadoras y
distribuidoras de electricidad del AMBA, que en lo sucesivo pasarán a conformar una
“Empresa nacional de energía eléctrica”.
Artículo 3º.- Nacionalización. Luego del inmediato cese en las concesiones se le pagará a
cada empresa en todo concepto 1 (un) peso, debiendo el Estado bajo la supervisión de la
nueva gestión de la nueva empresa de energía iniciar en forma simultánea todas las acciones
correspondientes para que las empresas cesantes paguen al erario público el correspondiente a
la inversión no realizada durante la gestión, indemnizaciones por el eventual impacto
ambiental y por lucro cesante del Estado y particulares damnificados en los casos de no
prestación del servicio.
Artículo 4º.- Empresa nacional de energía eléctrica. Todos los bienes de capital como,
inmuebles, herramientas, marcas y demás propiedades pertenecientes a las empresas a las que
se rescinden los contratos pasan a ser propiedad de la “Empresa nacional de energía
eléctrica”.
Artículo 5º.- Los trabajadores de las empresas concesionarias efectivos, pero también los
subcontratados (empresas tercerizadas) pasarán a ser trabajadores de planta permanente de la
“Empresa nacional de energía eléctrica”. Los trabajadores despedidos de empresas
tercerizadas como EMA, Argencobra, Luminitec y otras que siguen en pie de lucha deberán
ser reincorporados a sus puestos de trabajo en la “Empresa nacional de energía eléctrica”.
Artículo 6º.- La gestión de la “Empresa nacional de energía eléctrica” será delegada a sus
trabajadores, especialistas y técnicos, quienes tendrán a cargo las tareas operativas, técnicas,
productivas, administrativas y toda otra tarea relativa al funcionamiento del servicio eléctrico.
Artículo 7°.- Comité permanente. A tales fines, se crea un comité permanente, compuesto
por una mayoría de representantes electos por los trabajadores de las empresas, así como por
usuarios residenciales, técnicos y profesionales solidarios del área de energía eléctrica de las
universidades públicas, quienes aportarán sus saberes para develar la desinversión e
incumplimientos de las empresas privadas y aportar soluciones para mejorar el
funcionamiento y provisión de la red eléctrica.
Asimismo, dicho comité tendrá como objetivo aportar también a elaborar cuadros tarifarios
acordes al salario mínimo y a los índices inflacionarios, desarrollar las investigaciones
necesarias que contribuyan a establecer si el proceder de las empresas distribuidoras de
electricidad las hace pasibles de sanciones patrimoniales adicionales al proceso de
expropiación; y llevar a cabo la gestión integral del sistema energético nacional, con
responsabilidad de la gestión operativa, así como de la propuesta y ejecución de las
inversiones destinadas al mejoramiento y ampliación de la red, dando prioridad a las zonas
más afectadas por los cortes como así también a las urbanizaciones precarias, como las villas
de emergencia y asentamientos, que no cuenten con la red pública de energía eléctrica.
Artículo 8º – La operatoria regular de la “Empresa nacional de energía eléctrica” se sostendrá
por vía de:
a.- los ingresos por pagos de los usuarios según el cuadro tarifario vigente, no
admitiéndose subas en el cobro de los servicios;
b.- las transferencias del tesoro nacional mediante subsidios fijados según el
presupuesto vigente; y
c.- la creación de un impuesto equivalente al 3% de todos los ingresos de casinos,
bingos y máquinas tragamonedas ubicados en territorios nacionales o aguas federales
circundantes. Los fondos serán percibidos por la Lotería Nacional y los respectivos
organismos provinciales de loterías y casinos, y transferidos a la “Empresa nacional
de energía eléctrica”.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La crisis energética nacional, que afecta particularmente la zona del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el 37% de la población
nacional, volvió a afectar recientemente a cientos de miles de usuarios con cortes de
suministro en momentos de la mayor ola de calor registrada en la historia. Esta realidad es la
que viven también miles diariamente, explicado en todos los casos por una falta de inversión
y de mantenimiento que lleva décadas.
Una vez más vemos cómo las empresas responsables de la distribución pertenecen al área de
las empresas privatizadas, como Edesur, Edenor y otras distribuidoras menores. Una herencia
del noventismo que se mantiene intacta, sin que ningún gobierno la haya tocado jamás.
En febrero con la llegada de esa ola de calor, fueron cientos de miles los usuarios del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los que se vieron afectados con cortes masivos, así
como también -consecuentemente- del suministro de agua. Como se conoció por la denuncia
de los vecinos y vecinas, a pesar de los constantes reclamos las empresas no hacen nada para
solucionar la situación de miles de habitantes, sobre todo de los barrios más pobres, que ya
vienen padeciendo dificultades, con reiterados cortes de luz y subidas bruscas de tensión que
han arruinan muchos de sus electrodomésticos y ponen en peligro la salud de personas
mayores, personas electro dependientes, insulinodependientes o que padecen enfermedades,
discapacidades, etc. Es la denuncia que hicieron, por ejemplo, los vecinos del barrio de Villa
Lugano, en CABA, que ante el reclamo recibieron como respuesta una brutal represión
comandada por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Los apagones de 2019 y 2023, que se originaron en el Sistema de Transmisión de Alta
Tensión de la empresa monopólica (Transener), también pusieron al desnudo esta situación
crítica del sistema eléctrico nacional: la desidia para garantizar las protecciones necesarias
ante “incidentes” como el que ocasionó que la mitad del país quedara sin luz el 1° de marzo
pasado; las protecciones que sí se garantizan para las grandes empresas y consumidores; el
incumplimiento de los procedimientos por parte de las distribuidoras.
Un problema en la Red, aún pequeño, que no se aísla y se transforma en un dominó por
negligencia compartida entre el Estado y las empresas. Eso fue lo que sucedió en ambas
oportunidades, a causa del abandono de los servicios públicos, que viene de larga data: una
anarquía movida por la ganancia privada.
Las raíces de la actual crisis energética hay que buscarlas en el período de la dictadura militar.
El exorbitante incremento de la deuda pública y el desfinanciamiento de las empresas del
Estado generaron las condiciones para la futura privatización en la cual los acreedores del
Estado Nacional tendrían acceso privilegiado a la venta de las empresas públicas, proceso
comandado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington.
Durante el gobierno de la Unión Cívica Radical, encabezado por Raúl Alfonsín, se
profundizó la desinversión y el abandono de las empresas de servicios públicos. Los cortes
programados del suministro de la energía eléctrica hacia el final de su mandato son un
testimonio de esa política.
La privatización de los bienes nacionales se implementaría en gran escala bajo el gobierno
del Partido Justicialista bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. En el caso de la energía
eléctrica, fue a través de la Ley 24.065. La ineficiente gestión estatal fue utilizada como
argumentación para proporcionar ventajas inauditas a las empresas de capital extranjero que
en asociación con capitales locales compraron a precio vil las empresas públicas. El supuesto
aporte de inversiones y de tecnología que harían los capitales privados, y previsto en los
pliegos de licitación, nunca ocurrió. Transcurridas tres décadas se demostró que la gestión
privada de las empresas de servicios públicos condujo, en el caso de la energía eléctrica, a un
colapso del sistema. Lo mismo se podría decir para otras privatizaciones, como el petróleo y
gas, el transporte ferroviario o la telefonía. La lógica de maximización de las ganancias
operativas y especulativas por parte de las empresas, sin inversiones implicó un saqueo de los
recursos nacionales existentes.
El acceso a la energía es un derecho inalienable de la sociedad moderna, pero el modelo
actual coloca a un recurso esencial como un commodity que agrava la crisis en el sistema de
generación, transmisión y distribución a la par que profundiza la pobreza energética que
sufren las barriadas populares que no pueden acceder a un servicio de calidad, gratuito y en
armonía con el ambiente.
La ola de privatizaciones sucedió en un contexto inflacionario agudo y de creciente déficit
fiscal. Este fue otro de los argumentos esgrimidos por los privatizadores: la necesidad de
reducción del déficit fiscal en el marco de una amplia Reforma del Estado. Los principales
afectados fueron miles de trabajadores ferroviarios, telefónicos, de la electricidad, entre tantas
otras empresas públicas, que pasaron a engrosar las filas de la desocupación.
En el caso de la estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) el plantel de
trabajadores fue reducido desde 21.535 empleados a 7.945 entre los años 1990 y 1997. Una
parte de ellos fueron recontratados posteriormente por las empresas privatizadas bajo la
modalidad de trabajadores tercerizados y precarios. Un sistema de fraude laboral a gran
escala, avalado por el Estado. Finalmente, la privatización de las empresas públicas no
contribuyó a reducir el déficit fiscal. Por el contrario, una parte significativa del presupuesto
público se destina en la actualidad a subsidiar las ganancias de las mismas empresas
privatizadas. Sólo en 2021, los subsidios al sector energético fueron de 10.910 millones de
dólares, un 2,4% del PIB. Esta suma significa un aumento del 75% respecto a 2020 y un
130% frente a 2019, sostuvo la consultora Economía y Energía.
Luego de la debacle económica, política y social en diciembre de 2001, bajo la Ley de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario en enero de 2002, se fijaron las
tarifas de servicios públicos y se renegociaron los contratos de los servicios públicos en
manos de empresas privadas. Es decir, el esquema de empresas privatizadas que venía desde
el gobierno de Carlos Saúl Menem continuó con plena vigencia en estos años. Los sucesivos
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner agregaron a este esquema, el otorgamiento de
subsidios. Según Chequeado, esto también implicó la pesificación forzosa y el congelamiento
de los precios de los servicios públicos, lo que provocó que las empresas privadas recurrieran
ante el CIADI para iniciarle juicios al Estado argentino.
El sistema quedó fraccionado en empresas dedicadas a la generación de energía, otras a su
transporte y, por último, las que distribuyen. En este último segmento es donde operan
Edesur, Edenor y Edelap, las involucradas en los cortes que mencionamos arriba. El
fraccionamiento del sistema durante las privatizaciones, bajo el argumento de incorporar
mayor eficiencia mediante la competencia en el segmento de generación, fue contrarrestado
por las estrategias de un reducido número de grupos empresarios que bajo diversas formas
societarias participa en toda la cadena: en la generación, como en el transporte y la
distribución, aumentando la concentración.
De acuerdo con la escasa información disponible, en 2009 había (según FETERA-CTA) unos
9000 empleados tercerizados prestando servicios solamente para Edenor y Edesur. Un
verdadero fraude laboral que realizan las empresas al incorporar a los trabajadores bajo el
régimen flexibilizador, como sucede por ejemplo en el caso de la construcción, llegando los
trabajadores a ser inscriptos en el sindicato UOCRA y no bajo el régimen que les
corresponde, de Luz y Fuerza, donde los convenios contemplan las especificidades y riesgos
de trabajar con electricidad y donde los sueldos llegan a ser más del doble. A su vez, con
esto se deja a los trabajadores completamente marginados del régimen previsional
contemplado por el decreto 937/74, que establece la edad jubilatoria a los 55 años por trabajar
con riego de vida, vejez prematura y sus especificidades
Hoy, mientras los trabajadores del sector continúan sufriendo un aumento de la precarización
y la tercerización, las patronales avanzan con peores condiciones de trabajo y con despidos,
como denuncian hace tiempo los trabajadores de EMA Servicios S.A., Argencobra S.A.,
Luminitec S.R.L. y otras que siguen en pie de lucha ante la intransigencia patronal y el
silencio de las instituciones del Estado, como los ministerios de Trabajo nacional y
provincial. Como denuncian muchos de ellos, en estos casos es frecuente además la
confección de “listas negras” de “inhibidos”, ya que ante cualquier reclamo obrero, las
empresas proceden al despido y al bloqueo de sus CUIT para trabajar en el futuro en
cualquier empresa distribuidora y sus respectivas tercerizadas.
Está claro, y resulta cada vez más evidente, la responsabilidad de la política gubernamental
en la crisis energética. Distintos informes explican que el crecimiento de la generación
eléctrica no alcanza en los últimos años ni a la cuarta parte de la expansión de la economía, y
esto tiene su correlato en la distribución de energía donde las instalaciones no dan abasto
(sobre todo en las zonas más solventes para los negociados inmobiliarios y en las más pobres,
donde el crecimiento económico se da de la mano de asentamientos y villas de emergencia).
Se producen en este marco explosiones en las cámaras, quema de fusibles y de medidores, y
pérdidas de instalaciones que quedan obsoletas.
Entre las zonas más afectadas por los cortes de energía de los últimos años, pueden contarse
además de algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, amplios sectores de municipios del
conurbano, como Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, siguiéndoles de cerca
Ezeiza, Esteban Echeverría y algunas regiones de Tres de Febrero, Malvinas Argentinas y
José C. Paz, San Vicente y Guernica. En muchos de estos lugares se suman las múltiples
conexiones “ilegales” que se ven obligados a realizar vecinos de asentamientos o villas para
poder tener energía, porque las empresas no colocan o no realizan inversiones para mantener
en buen funcionamiento los medidores comunitarios, lo que genera, a su vez, un aumento en
los problemas energéticos en todos los barrios.
El resultado de la escasa inversión es una mayor carga de generación, sobre una potencia que
crece lentamente, y el cada vez más alto impacto contaminante, agravando la acuciante crisis
ambiental así como la mala calidad de los materiales. Destacamos en especial lo que sucede
por ejemplo con las ternas de distribución que son inyectadas diariamente con cientos de
litros de aceite refrigerante, y que luego van a parar a las napas de agua, tal como denuncian
vecinos y trabajadores del sector. Esta preocupante situación podría solucionarse con
inversión y planificación.
Sin embargo, es falso que sólo la insuficiente distribución que realizan Edenor, Edesur y
Edelap explique los cortes de luz en la zona del AMBA y La Plata. Estas empresas tienen una
parte importante de responsabilidad. Realizaron inversiones ínfimas, cosméticas e
insuficientes para sostener el ritmo de crecimiento de la demanda. Pero el gobierno alimentó
esa estrategia empresarial.
La política de subsidios tuvo como resultado el apuntalamiento de las ganancias de las
empresas dedicadas a la energía eléctrica de manera directa, y de forma indirecta se
contribuyó a mejorar las condiciones de ganancias del conjunto de la clase empresarial
reduciendo el componente del costo de los servicios públicos en el salario. Los pésimos
servicios para la población trabajadora son la conclusión lógica de esa ecuación.
Luego de una década de crecimiento a tasas chinas, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner, los problemas estructurales no se resolvieron. Bajo el
macrismo, empeoran en el marco del endeudamiento con el FMI y las exigencias que
imponen en materia de subsidios a la energía y recorte del déficit fiscal. Una estafa que
ambas coaliciones convalidaron en el Congreso bajo el gobierno del Frente de Todos en
2022.
La empresa Edesur está controlada por la multinacional italiana Enel desde 2008, que tiene
una participación accionaria mayoritaria en un holding de empresas extranjeras, como bien
señala esta nota de La Izquierda Diario. Según confirma un artículo de El Destape, desde al
menos 2015 esta empresa no realiza desembolsos para inversiones en el país. Enel también
tiene activos el segmento de generación termoeléctrica con las centrales Costanera, Dock
Sud, hidroeléctrica con El Chocón, en el transporte con Yacylec, en la distribución con
Edesur y Enel X, una sociedad que se dedica a servicios destinados a la transformación de
energía a nivel doméstico, urbano e industrial. La misma preponderancia del capital
extranjero que rige en otros sectores estratégicos, como el petróleo, la minería, el
“agrobusiness” y la industria.
Sin embargo, según anunció Edesur en noviembre de 2022, estos activos que hoy están en
manos de la multinacional Enel serán puestos a la venta “en el marco del plan de desinversión
a nivel mundial anunciado” como parte de su proceso de “transición energética”. Con esas
ventas, buscará reducir su deuda hipermillonaria de 69.000 millones de euros (a septiembre).
Vendiendo parte de lo que posee, buscará reducir el pasivo a no más de 52.000 millones de
euros a fines de 2023.
Edesur es un ejemplo claro de ese largo proceso de saqueo, desinversión y “castigo” a la
población, que es la que paga con tarifazos y pésimos servicios los movimientos de compra y
venta de megaempresas como Enel, que operan bajo el amparo de todos los gobiernos que
gestionaron el Estado en las últimas décadas. Desde las privatizaciones menemistas hasta las
autorizaciones de aumentos fenomenales de tarifas del macrismo, pasando por los gobiernos
kirchneristas, delarruista y frentetodista.
El caso de Edenor tampoco es ajeno a este estado de cosas. Con el visto bueno del ENRE, en
2021 se confirmó su venta, pasando de las manos de Marcelo Mindlin (uno de los
empresarios energéticos más ricos de los últimos tiempos), al frente de Pampa Energía, al
grupo de Vila, Manzano y Filiberti. Según el diario La Nación el exministro de Interior de
Carlos Menem y dueño de América José Luis Manzano, junto a su ya socio Daniel Vila, se
asociaron a su vez con Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, histórico proveedor de
insumos para potabilizar el agua de la empresa estatal Aysa, para concretar esta millonaria
operación. En el caso de Edesur se registran a su vez a empresarios como Pérez Companc y
Nicolás Caputo. Algunas megatorres construidas por este empresario tienen conexión directa
a las empresas generadoras, sin pasar por la fase de distribución. De este modo, se presentan
verdaderas islas con luz en barrios donde el suministro se interrumpe.
En el caso de Edelap, la mayor distribuidora de energía bonaerense, su historia también se
remonta a unas tres décadas atrás, cuando en plena etapa de privatizaciones del gobierno de
Carlos Menem se adjudicó la concesión de la Empresa Distribuidora La Plata S A.
(EDELAP) al consorcio COINLEC, compuesto por accionistas argentinos y estadounidenses,
por un período de 95 años. Desde entonces a esta parte, la empresa pasó por distintas manos.
La última, en 2016, pasó de manos del grupo del empresario Alejandro Macfarlane (ex
director del banco Macro de Jorge Brito y dueño también de EDEA) a las de la empresa
Desarrolladora Energética S.A (DESA), de Rogelio Pagano, quien posee otras cuatro
distribuidoras de electricidad (Edea, Eden y Edes en la Provincia; y Edesa en la provincia de
Salta) y concentra el 58,8 por ciento de los usuarios de energía eléctrica y el 65,2 por ciento
de la energía distribuida en la Provincia de Buenos Aires.
Estas empresas continuaron la obra iniciada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, con
el aval de todos los gobiernos posteriores (la Alianza, los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner, el macrismo y de actualmente el de Alberto Ferández),
dejando en pie una de sus principales herramientas para optimizar ganancias: el trabajo
precario. Casi todo su personal de cuadrillas es tercerizado a través de otras empresas. Estos
trabajadores, en general mal equipados, realizan el mismo trabajo que el personal de planta
permanente, sin tener derecho a estar bajo convenio lo que implica una consecuente baja en
los salarios y en los derechos laborales, estando a la orden del día las cesantías y los despidos.
A esto hay que sumar, también en condiciones de trabajo precario, a los trabajadores que
realizan sus tareas en los “call centers” y que deben atender miles de llamados diarios,
muchas veces sin que las empresas les brinden alguna información para dar en medio de la
crisis energética.
Los distintos salvatajes a las empresas distribuidoras practicados por el Estado Nacional no
contribuyeron a una modificación de la conducta de las empresas distribuidoras guiada por la
ganancia inmediata, en muchos casos directamente especulativa, sin ninguna preocupación
por las inversiones mínimas para sostener la infraestructura básica. La creación de un cargo
especial fijo para los usuarios de Edenor y Edesur establecido por Resolución 347/2012 de la
Secretaría de Energía a ser utilizado en forma exclusiva para obras de infraestructura y
mantenimiento de las instalaciones de las distribuidoras en el área metropolitana no revirtió la
situación. Por su parte, la Resolución 250/13 que buscaba mejorar la situación patrimonial de
Edenor y Edesur tampoco contribuyó a mejorar la provisión del servicio a los usuarios. La
participación de veedores estatales en los directorios de las empresas de distribución de
electricidad no sirvió para cambiar el rumbo de decadencia de las inversiones, ni siquiera
para advertir el colapso inminente del sistema. Este es el derrotero reciente de una política
energética fracasada.
En el año 2016, bajo la administración de Mauricio Macri que puso al frente del ministerio de
Energía, al ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, se llevó adelante un brutal ataque al
salario de los trabajadores. Haciendo lugar al reclamo de las concesionarias privadas se
aplicaron tarifazos en los servicios públicos. Entre 2015 y 2019 la tarifa a los usuarios
residenciales de Edenor aumentó 3222 % (731 % en términos reales) y a los de Edesur
3178 % (720 % en términos reales) según la Auditoría de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)
de Edenor y Edesur realizada por el ENRE.
Este documento detalla que la política combinada de subas tarifarias, reducción de subsidios
y dolarización de la generación implicó que trabajadores, trabajadores pasivos, comercios e
industrias necesiten destinar cada vez una porción mayor de sus ingresos al pago de las
facturas de energía eléctrica.
Mientras los tarifazos impactaron en los ingresos de la población, las empresas amasaron
ganancias millonarias. Según el ranking de los 1000 grupos empresarios que más venden
elaborado por la revista Mercado, Edenor ocupó el puesto 27 en 2019 con ventas por $
89.944 millones, y Edesur tuvo el puesto 41 con ventas por $ 64.855 millones. En el ranking
también se encuentran otras empresas que pertenecen al rubro de Generación, transporte y
distribución de energía eléctrica como Pampa Energía, Enel Argentina, entre otras.
En 2019 Edenor ganó $ 12.134 millones y Edesur $ 12.681 millones. Si se suma las
ganancias de estas dos empresas, y se considera un tipo de cambio promedio de ese año ($
48,3) se podría decir que Edenor y Edesur ganaron por día 1,4 millones de dólares en
2019. Una suma muy lejana a lo que cobra un trabajador promedio.
Si se ve el cargo variable que paga un usuario de bajo consumo de Edesur (tarifa R1), el
aumento entre octubre de 2015 y diciembre de 2021 fue de 3607 %. O, visto de otra forma, la
tarifa se multiplicó por 37. Y en el mismo período que las tarifas de electricidad se
multiplicaron por 37, los salarios se multiplicaron apenas por 7 (aumentaron 595 %). Muy,
pero muy por detrás, de la tarifa energética.
Luego de años de recibir subsidios del Estado, de mantener niveles de inversión nulos, de
haber aumentado su rentabilidad vía tarifazos, ante los constantes cortes de suministro las
compañías buscan eludir responsabilidades argumentando que se deben a las temperaturas
extremas, cuando los problemas tienen su causa en una infraestructura colapsada. Piden
nuevas subas de tarifas, pero vale la pena aclarar que el solo requerimiento de un aumento de
tarifas impactó en el alza de las acciones de estas empresas en la Bolsa. Sus ganancias crecen
al ritmo de la crisis energética y la especulación a futuro de lo que van obtener como
transferencia desde el pueblo trabajador.
Con nuevos tarifazos en puerta, al servicio de las demandas del plan de ajuste del FMI, está
claro que urge poner fin a esta situación. La anulación de las concesiones y la expropiación a
las privatizadas de energía eléctrica, su estatización y puesta en funcionamiento bajo gestión
de trabajadores y usuarios populares es la única salida favorable a los intereses de la amplia
mayoría. Estableciendo en primer lugar el control de las empresas eléctricas por parte de los
trabajadores, usuarios populares y técnicos (con mayoría de trabajadores), para realizar una
profunda investigación sobre las causas de la crisis energética y, por sobre todo, implementar
un plan de medidas urgentes para resolver las penurias que sufre la población afectada y
garantizar la energía en todos los hogares. Una empresa única de electricidad donde el control
sea resultado permanente de pruebas, simulacros y verificación junto al aporte de los usuarios
populares para buscar un correcto funcionamiento y una verdadera calidad del servicio.
Además, hay que disponer, en lo inmediato, la anulación de todas las concesiones a las
generadoras, transportadoras y distribuidores de energía, procediendo a su nacionalización y
estatización, conformando una sola empresa estatal de energía (junto a las empresas estatales
provinciales ya existentes) y ponerla a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios. El
quite de la concesión deberá hacerse sin indemnización alguna o con pago simbólico. Esto
implicaría acabar con la administración privada de CAMMESA, que hoy funciona como
oficina del gran lobby energético, donde las grandes empresas de distribución se condonan
deudas y no pagan la energía que luego venden a un altísimo precio a los usuarios,
monopolizando el mercado mayorista de energía bajo control de técnicos y trabajadores. Ya
vimos en qué terminó la “seminacionalización” de Repsol, llevada adelante por el Gobierno
Nacional, donde finalmente se entregó una suma millonaria atendiendo las expectativas de la
empresa española que había saqueado los recursos nacionales. El único objetivo de esta
estatización parcial fue el de entregar las riquezas del yacimiento Vaca Muerta a la
explotación de Chevron. Las amenazas recientes del gobierno nacional de estatizar
parcialmente Edenor y Edesur pueden tener la intencionalidad, en caso de concretarse, de que
las empresas energéticas se queden con la parte del león en las áreas más rentables mientras
las grandes inversiones corren por cuenta del Estado. Un negocio para las arcas de los
empresarios.
De ninguna manera se puede permitir que las empresas responsables de la debacle y la crisis
energética actual sean gestionadas por los funcionarios oficiales, como ocurrió por ejemplo
en el caso de Aerolíneas Argentinas. Tampoco que la gestión recaiga en dirigentes sindicales
que colaboraron con las privatizaciones y continúan al día de hoy siendo una especie de
“gerentes” al servicio de los directorios actuales. La gestión de trabajadores y usuarios
populares refiere a que los trabajadores sean votados en asambleas por empresas y los
usuarios en las zonas afectadas por los cortes. Las tareas que lleve adelante este comité serán
solventadas en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas y ganancias empresarias,
mediante alícuotas adicionales del impuesto a las ganancias y a los bienes personales; así
como de un impuesto a las salas de juego, según lo establece el Artículo 8º de la presente ley.
Estas medidas constituyen a nuestro entender el primer paso para avanzar hacia la
conformación de una empresa nacional, bajo gestión de los trabajadores con participación de
comités de usuarios residenciales, que integre el conjunto del sistema energético, incluidos
los recursos petroleros y gasíferos, donde la financiación necesaria para su funcionamiento se
sostenga en base a impuestos progresivos a los grandes empresarios y banqueros y del no
pago de la deuda externa, que permitan las inversiones necesarias para garantizar el servicio a
toda la población. Y contenga un primer paso hacia una transición en la matriz energética
sustentable y amigable con el ambiente.
Con esta perspectiva, abrimos el debate y ponemos a disposición de las y los trabajadores,
usuarios residenciales y técnicos y de las organizaciones interesadas en terminar con la
herencia de las privatizaciones, en éste y otros sectores, el presente proyecto de ley.
Por los motivos expuestos, y los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos su
tratamiento y aprobación.

 

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Proyecto de resolución: Pedido de Informe a la Secretaría de Energía.

20/02/2023

Solicitar al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de Energía informe a esta Cámara sobre:

  1. Las medidas a tomar respecto de la falta de inversión por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
  2. Las condonaciones de deuda a dichas empresas.
  3. La situación de la empresa Edesur, teniendo en cuenta las declaraciones del grupo propietario acerca de su venta.
  4. Los resarcimientos a las familias afectadas por los cortes de luz.

 

FUNDAMENTOS 

En los últimos días, según los datos publicados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), los cortes del suministro eléctrico afectaron a más de 200 mil usuarios entre clientes de Edesur y Edenor.

Las distribuidoras del Amba justifican el pésimo estado del servicio que brindan diciendo que el gobierno no les concede los aumentos solicitados -del 260% en esta oportunidad.

Edesur, entre 2018 y 2019, incrementó sus resultados en un 168%, no obstante, sus inversiones crecieron muy por debajo de la inflación en ese período (33% vs. 53,8%). En 2020, la firma no reinvirtió nada de las ganancias acumuladas en 2019 y procedió a recortar las inversiones en un 50% nominal.

Sin abrir los libros de las compañías a fin de evaluar los costos reales y averiguar qué hicieron con los subsidios millonarios recibidos durante las últimas dos décadas, se les acaba de condonar $139.405 millones de la deuda que poseen Edenor y Edesur con la mayorista eléctrica Cammesa, y les permite pagar los $80.210 millones restantes en 96 cuotas a tasa en pesos subsidiada.

Mientras la población trabajadora debe lidiar con un calor asfixiante a causa de la huelga de inversiones en el servicio de electricidad, pagando boletas cada vez más caras, los capitalistas responsables de ese vaciamiento reciben numerosos beneficios por parte del Estado.

Esta situación quedó evidenciada en el reclamo por parte de los vecinos del barrio porteño de Villa Lugano, que estuvieron días enteros sin luz, produciendo pérdidas de electrodomésticos, alimentos por falta de refrigeración y en algunos casos falta de agua. La única respuesta del Estado fue la represión a los manifestantes, que luego de la visibilización del conflicto pudieron recuperar el servicio.

Creemos que es necesario abrir los libros de toda la cadena energética, lo cual permitiría conocer los costos reales y las ganancias de las compañías, en función de fijar tarifas acordes a las necesidades sociales e impulsar un plan de inversiones para mejorar el servicio.

Esto como un paso transicional en el camino de nacionalizar bajo control de los trabajadores toda la industria energética y así dirigir ese recurso estratégico al desarrollo del país bajo un punto de vista mayoritario.

Por los motivos aquí presentados, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Congelamiento del boleto y apertura de los libros de las concesionarias

16/05/2022

Artículo 1.- INSTAR al DEM a presentar ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba el informe anual de seguimiento y monitoreo de la situación económica, financiera y patrimonial de los concesionarios del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), según lo previsto en el art. 92 de la ordenanza N° 12076, correspondiente al periodo 2021. El mismo debe contener información relativa a: a) Estados contables, con informe del auditor, emitido por profesional de ciencias económicas, e intervenido por el Consejo Profesional pertinente; b) Memoria anual de la empresa; c) Estados proyectados por dos (2) años a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico, de la situación económica, financiera y técnica, debiendo incluir flujos de caja, programas de inversiones, origen de reservas y mejoras propuestas para el servicio que presta.

Artículo 2.- EXIGIR al DEM arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento al art. 93 de la ordenanza N° 12076, y proceda a solicitar a las empresas concesionarias, vía la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT), los registros contables y toda la información que respalde la actividad económica de las mismas, detallando el origen y destino de los subsidios municipales, provinciales y nacionales. Los mismos deben contener información relativa al ejercicio en curso, y serán presentados al Concejo Deliberante.

Artículo 3.- INSTAR al DEM a presentar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba los resultados de la evaluación continua del desempeño empresarial, correspondiente al período 2021 de las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros, según lo previsto en el art. art. 95 de la ordenanza N° 12076. El mismo debe detalla: a) Estado de la flota; b) Cumplimiento del servicio; c) Satisfacción del usuario.

Artículo 4°.- DISPONGASE el congelamiento de la tarifa del TUP por un plazo de doce (12) meses, pudiéndose prorrogar dicha medida de manera automática mientras dure la Emergencia del Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros y Movilidad Urbana de la Ciudad de Córdoba, establecida por ordenanza N° 13043. En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

Artículo 5°.- de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

El inminente paro de UTA pone nuevamente en agenda la profunda crisis por la que atraviesa el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad (TUP).
Nuevamente usuarios y trabajadores del transporte somos presas de una disputa entre empresas, municipio y nación por la distribución de los subsidios. Se trata de una disputa que nada tiene que ver con garantizar un servicio eficiente, que dé cumplimiento de las pautas mínimas previstas en el Pliego de Licitación o el Marco Regulatorio. Estamos frente a un enfrentamiento patronal que amenaza con dejar en los próximos días a miles de vecinos sin un servicio esencial.
La FETAP exige un aumento del 100% de los subsidios municipales y provinciales, como así también un incremento superior de los subsidios nacionales. Argumentan para ello el quebranto de las empresas ante el alza en los insumos y los salarios de los choferes. El propio intendente Martín Llaryora se ha colocado como vocero de este planteo ante el gobierno nacional, respaldado por la iniciativa de la diputada Vigo que reclama un boleto federal.
Ahora bien, ni las empresas ni el municipio han brindado precisiones del destino de esos fondos estatales que vienen en ascenso en los últimos dos años. El punto es delicado, porque los incrementos en los subsidios se dieron a la par de una reducción relativa de los salarios de los choferes (quienes hoy cuentan con un básico por debajo de la canasta familiar), una reducción de líneas y frecuencias, y un notable deterioro del servicio en general.
Así las cosas, con el discurso del federalismo el intendente se coloca como CEO de Ersa, Coniferal y cía., en lugar de preservar el derecho de trabajadores y usuarios al acceso a un servicio esencial de calidad. Es notable el énfasis con que reclama más subsidios, pero no aplica sanción alguna ante las decenas de irregularidades e incumplimientos de las empresas respecto al Pliego de Licitación y el Margo regulatorio.
Es claro que en el fondo de la cuestión se busca preservar los márgenes de ganancia extraordinarios que han tenido las concesionarias del transporte público en los últimos diez años. No se nos escapa que en la última década ERSA S.A. pasó de ser una pequeña concesionaria local, a ser una empresa de transporte con alcance internacional. Este crecimiento empresarial tuvo como contra cara un deterioro creciente del servicio de transporte urbano, y un ataque permanente a los salarios y condiciones laborales de sus trabajadores.
Queda claro entonces que la exigencia de mayores subsidios no tendrá su correlato en una mejora en la prestación del servicio. Esta presión por los subsidios tiene como telón de fondo preparar las condiciones para un nuevo aumento del boleto. De concretarse estaríamos ante un nuevo golpe al bolsillo de trabajadores y usuarios, en un cuadro económico y social crítico. Vale aclarar que en lo que va de la gestión de Hacemos Por Córdoba, el boleto ha concentrado un incremento superior al 100%, mientras las empresas reclaman un nuevo incremento del 57%.
Entendemos que antes de reclamar más fondos estatales lo que corresponde es que se rinda cuentas. En este sentido se inscribe el presente proyecto de resolución. El mismo intima al DEM a brindar información relativa a los estados contables de las empresas, según lo previsto en los art. 92, 93 y 95 de la ordenanza N° 12076, como así también prevé el congelamiento del boleto mientras dure la emergencia en transporte.
Se trata de una medida de emergencia para blindar el bolsillo de las y los vecinos, como así también sentar las bases para avanzar en una reconfiguración del sistema de transporte que en función de las necesidades sociales.
El transporte debe dejar de ser una fuente de lucro capitalista para un puñado de empresario amigos del gobierno de turno, y debe empezar a considerarse como lo que es, un servicio esencial. El proyecto de ordenanza presentado por este bloque para la estatización del servicio bajo el control de trabajadores y usuarios es un aporte crucial en esta dirección.
Por lo expuesto, y lo que oportunamente se incorporará durante el debate, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Proyecto de resolución para la limpieza de piletones cloacales.

20/04/2022

PROYECTO DE RESOLUCION
VISTO:
La necesidad de los vecinos del barrio Néstor Kirchner, de León y René Favaloro de
que se realice la reparación de las plantas de tratamiento cloacal instalados en cada uno
de estos barrios.
CONSIDERANDO:
QUE los piletones de tratamiento de residuos cloacales no funcionan en estos barrios
generando serias consecuencias en los vecinos que viven allí y alrededor.
QUE estos piletones, que no funcionan, son un foco infeccioso y de contaminación que
afecta a la salud de los paceños.
QUE al no funcionar estos piletones, los desechos cloacales rebalsan por los inodoros,
patios y veredas de los vecinos de la zona.
QUE al no funcionar estas plantas de tratamiento, la materia fecal termina
contaminando también las napas de agua que consumen los vecinos.
QUE si estas plantas no funcionan, la materia fecal sin tratamiento termina
desembocando y contaminando el arroyo Pinazo y el canal de Panamá y el arroyo
Belaustegui.
QUE estos piletones con desechos cloacales sin el adecuado cerco perimetral, como es
el caso del barrio René Favaloro, son un peligro para los niños y niñas que pueden caer
allí dentro.
QUE en el caso del barrio de León, por las propias características del canal, la materia
fecal sin tratamiento termina afectando a barrios populares que se encuentran próximos
al canal de Belaustegui.
QUE es responsabilidad del Estado Municipal garantizar una buena calidad de vida a
los ciudadanos paceños.
POR TODO ELLO:
Este Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones conferidas por la ley
orgánica de las municipalidades. Sanciona con fuerza de:
RESOLUCION:
ARTICULO 1º Solicitar al Poder ejecutivo municipal que a través del área que
corresponda repare y ponga en funcionamiento los piletones de tratamiento de residuos
cloacales de los barrios Néstor Kirchner, De León y René Favaloro.
ARTICULO 2º De forma

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Proyecto de ordenanza por la creación de espacio recreativo para el barrio Nestor Kirchner de Jóse C. Paz

20/04/2022

Visto que en el barrio Nestor Kirchner hay un gran descampado en la zona de la purificadora entre la manzana 38 y al costado de la manzana 26 que se conecta al bulevar principal del barrio; y que en el barrio no hay un espacio de recreación deportiva y recreativa.

Considerando:

Que el cuidado, puesta en valor de los espacios verdes son necesarios para los vecinos del barrio.

Que es muy importante la creación de  espacios deportivos en el barrio.

Que el descampado sin iluminación genera inseguridad.

El concejo deliberante resuelve:

Articulo 1 : Construir un parque en el campito del barrio Kirchner ubicado la zona de la purificadora entre la manzana 38 y al costado de la manzana 26 que se conecta al bulevar principal del barrio. El mismo contara con bancos, senda para correr, gimnasio y cancha de futbol. La senda para correr continuará en el bulevar la cual será iluminada para su uso seguro.

Articulo 2 : de forma.

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Defensa del Transporte Público de Pasajeros y de las y los Trabajadores

04/04/2022

Artículo 1°: Declarase la emergencia en materia de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en la Ciudad de Córdoba, y dispónese la inmediata recisión de los contratos de concesión con las empresas prestatarias del servicio de TUP.

 

Artículo 2°: Establécese la expropiación de unidades, infraestructura e insumos de las  empresas prestatarias del servicio del TUP, con una indemnización que no podrá ser superior a $1. Las empresas deberán responder por los pasivos con los trabajadores, ambiental y fiscal que tuvieran al día de la entrada en vigencia de la presente ordenanza. 

 

Artículo 3°: Prohíbase los despidos y las suspensiones de las y los trabajadores del TUP, quienes pasaran a ser dependientes de la Ciudad de Córdoba, garantizando todos sus derechos convencionales, adquiridos y demás que actualmente les corresponda.

  

Artículo 4°: Los recorridos afectados del sistema del TUP de pasajeros serán explotados de manera exclusiva por la Ciudad de Córdoba, quedando el mencionado servicio bajo control de la “Comisión de Contralor” según dispone el art. 5 de la presente. 

 

Artículo 5°: Créase el órgano de contralor obrero y popular del TUP de la Ciudad de Córdoba, el cual se denominara “Comisión de Contralor”. La misma estará integrada por diez representantes de los trabajadores que prestan servicios en el TUP, y por diez representantes de la población de la Ciudad de Córdoba.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el voto directo y secreto de la totalidad de los empleados que presten efectivamente servicios en relación dependencia en el TUP, sean estos de planta permanente o se encuentren en situación de tercerización y/o precarización laboral.  La elección se realizará por listas y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

Los representantes de la población serán elegidos por el voto directo y secreto de los habitantes de la Ciudad de Córdoba, mayor de dieciséis años. La elección se realizará por candidatos postulados por los partidos políticos actuantes en distrito único y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

El mandato de todos los integrantes de la Comisión de Contralor durara un año. Todos los integrantes de la Comisión de Contralor se encuentran amparados por las garantías establecidas en los artículos 40, 48, 50 y 52 de la Ley Nacional Nº 23.551.  

 

Artículo 6º: La Comisión de Contralor deberá velar por el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal relativa al transporte de Pasajeros, a las cuestiones laborales y ambientales. Para ello contará con las más amplias facultades. Asimismo la Comisión de Contralor deberá auditar los estados contables de la empresa pública que preste el servicio del transporte de pasajeros; como así también el destino de los subsidios percibidos, sean estos de carácter nacional, provincial o municipal y otras formas de financiamiento. Los resultados de estas auditorías tendrán carácter público.

 

Artículo 7°: Establécese la dotación mínima de unidades en funcionamiento efectivo del TUP, de acuerdo a lo que disponga la Comisión de Contralor. Asimismo el Gobierno de la Ciudad de Córdoba, a propuesta de la Comisión de Contralor, procederá a diseñar los recorridos necesarios para brindar el servicio de TUP de pasajeros a todos aquellos barrios que a la fecha de sancionada la presente ordenanza, se encuentren sin la debida provisión del servicio.

 

Artículo 8°: Dispónese el congelamiento de todas las tarifas del TUP, a partir del 1° de marzo de 2020. Estos valores tendrán una vigencia de 12 meses, pudiéndose prorrogar. Luego de ese plazo, la tarifa del boleto del TUP de  Córdoba, solo podrá ser modificada anualmente en un porcentaje tope máximo que no podrá superar la mitad del porcentaje de aumento del índice de Salarios Nivel General difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o el organismo que lo reemplace en el futuro.

En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

 

Artículo 9º: Deróguense toda aquella normativa que sea contraria a los mandatos de la presente ordenanza.

Artículo 10º: De forma.

 

 

Fundamentos

 

Este 23 de junio un nuevo paro del transporte paralizó a la ciudad de Córdoba. El detonante es el mismo que el de los últimos paros, el incumplimiento de las empresas concesionarias en el pago integral del salario. A esta nueva provocación patronal se suman los rumores de que las y los trabajadores percibirían parte de su sueldo mediante la tarjeta Activa, destinada a la compra en locales específicamente habilitados por el municipio para tal fin.

Ante incumplimiento por parte de las empresas, la UTA convocó al paro. Mientras tanto se realizó una autoconvocatoria frente al sindicato para exigir respuestas a la conducción del gremio. Esto da cuenta de una predisposición de lucha. Sin dudas un elemento clave para arrancar el compromiso del intendente Martín Llaryora de garantizar el pago integral del salario en las próximas horas, lo que terminó con la medida de fuerza.

Sin embargo, lejos está de llegarse a una solución de fondo. Y es que la situación se vuelve insostenible, la falta de pago se da en el marco de una negociación paritaria que lleva tres meses de vencida, con un salario promedio de $63 mil pesos.

Un festín de subsidios para las empresas

Ante el empantanamiento de las negociaciones que llevan adelante los gobiernos locales y el gobierno nacional por el aumento de los subsidios al transporte, los continuos incumplimientos por parte de la patronal son a todas luces una extorsión por la liberación de fondos.

Las empresas usan el reclamo de las y los trabajadores por un aumento salarial del 40% para demandar más subsidios. Para ello, incurriendo en todo tipo de irregularidades, desconocen el Marco Regulatorio y los Pliegos de Licitación, y privan a las y los trabajadores de un servicio esencial.

El intendente Martín Llaryora en lugar de aplicar las medidas a disposición del municipio para garantizar el transporte, avanzando en la apertura de los libros de las empresas, en la aplicación de sanciones, o incluso en determinar la caducidad de la concesión frente a los reiterados incumplimientos, se ha colocado como portavoz de las empresas reclamando ante Nación por la disparidad en la entrega de subsidios en Amba y en interior del país.

El gobierno de Fernández respondió redoblando la apuesta. Colocándose como el garante de la renta empresaria ofreció un aumento de 8 mil millones de pesos en subsidios a partir de junio, a condición de que las provincias pongan otros 8 mil millones más. De esta forma a los $180 millones de Nación, los $90 millones de provincia y los $60 millones de la municipalidad que las empresas perciben mensualmente, se sumarían uno $1.467 millones anuales en subsidios.

El festín de subsidios que reciben las empresas sin embargo no se ve reflejado en el servicio. Al deteriorado sistema de transporte se sumó la eliminación de líneas, el recorte de recorridos, la quita de unidades de circulación y una frecuencia cada vez más larga. Fernández, Schiaretti y Llaryora se pelean por ver qué caja estatal será la que responda a las exigencias empresarias, pero nadie controla el destino de esos fondos.

Según lo informado por las empresas el 80% de los salarios de las y los trabajadores del transporte estaría cubierto por subsidios; además el gasoil se encuentra subsidiado y los empresarios reciben un subsidio por unidad en funcionamiento. A esto se suma lo que recaudan por uno de los boletos más caros del país.

Sin embargo, las propias empresas admiten que en los últimos años no hubo renovación ni mantenimiento de la flota; por el contrario, se han retirado numerosas unidades de circulación sin reemplazarlas. Aun así, afirman ser insolventes a la hora de dar respuestas al reclamo salarial de las y los trabajadores del transporte.

La crisis terminal del sistema pone de manifiesto al fracaso absoluto de la política de la privatización del transporte. Mediante subsidios, aumentos sistemáticos en el costo del boleto y un progresivo recorte salarial, trabajadores y usuarios financiamos de nuestro bolsillo la renta empresaria.

Desde la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo hemos elevado un pedido de informe la apertura de los libros de las empresas para determinar con claridad el destino de los millones que usuarios y trabajadores aportamos. Y denunciamos frente a Defensa del Consumidor los incumplimientos reiterados de la legislación vigente.

A su vez presentamos una serie de proyectos para intervenir frente a la crisis, declarando la emergencia sanitaria en el sistema de transporte para disponer de una serie de medidas de emergencia que incluyen la restitución de líneas y recorridos; el aumento de la flota y el respeto de las frecuencias previstas en los pliegos de licitación; la provisión de elementos de bioseguridad, la incorporación de las y los trabajadores del transporte al calendario de vacunación como personal esencial, y la constitución de una comisión de bioseguridad integrada por las y los trabajadores.

En apoyo al proceso de autoconvocatorias impulsamos el aumento salarial de emergencia que eleve el básico al costo de la canasta familiar, hoy en $100.000, y repudiamos cualquier intento de alterar el pago de los haberes mediante la tarjeta Activa.

Sin embargo, al rotundo fracaso de la gestión privada del transporte es necesario oponerle la estatización del servicio, bajo control de trabajadores y usuarios, para que deje de ser un negocio de Ersa, Aucor y Ciudad de Córdoba, y sea efectivamente un derecho. Por todo lo expuesto solicito a mis las y los concejales, presten tratamiento y aprobación al presente proyecto de ordenanza.

 

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

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    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

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    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Acceso Universal a los Servicios Esenciales de Energia Eléctrica y Agua Potable

04/04/2022

Artículo 1: GARANTICESE el acceso universal a los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable a toda la población de la ciudad de Córdoba, en tanto constituyen elementos centrales del concepto de “Vivienda Digna” garantizado en la Constitución Provincial, Nacional y la Declaración de Derechos Humanos y Tratados Internacionales  suscriptos por nuestro país. 

Artículo 2: DISPÓNGASE un relevamiento de los barrios periféricos y/o asentamientos precarios que no cuenten con acceso a los servicios esenciales de energía eléctrica y/o agua potable, o la provisión de los mismos sea riesgosa, precaria o irregular. Asimismo, procédase el relevamiento socio-ambiental de las familias vulnerables que residen en dichos asentamientos o barrios.    

Artículo 3: PROHÍBASE toda limitación, obstaculización o impedimento al derecho a los servicios esenciales de las personas, sustentado en la ausencia de regularización dominial, posesoria o judicialización de los territorios que habitan las familias alcanzadas por la presente ordenanza.    

Artículo 4: EMPLACESE a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y a Aguas Cordobesas S.A a disponer de manera inmediata la realización, a su cargo, de las obras de tendido eléctrico y red de agua potable y demás medidas necesarias para el acceso seguro a los servicios esenciales de las familias relevadas.  

Artículo 5: Los costos que se desprendan de la aplicación de la presente ordenanza correrán por cuenta de las empresas prestatarias del servicio. Las tareas que demande el acceso a los servicios se desarrollarán bajo la supervisión de la “Comisión de Familias Usuarias” cuya creación se dispone en el artículo 7 de la presente ordenanza, bajo responsabilidad del Estado municipal.  

Artículo 6: ESTABLECESE una “tarifa social” que garantice el acceso universal a los servicios esenciales. En ningún caso la tarifa podrá ser prohibitiva ni confiscatoria de los ingresos de las familias usuarias. En ningún caso se procederá al corte de los servicios. Asimismo, prohíbase el traslado de costos a las familias usuarias a través de impuestos, tasas o cualquier adicional establecido en función de las medidas necesarias para la provisión de los servicios que siempre estarán a cargo de las empresas prestatarias.    

Artículo 7: Créase una COMISIÓN DE FAMILIAS USUARIAS integrada por representantes de las familias vulnerables que residen en los barrios y asentamientos objeto de esta ordenanza. El objeto de esta comisión es por el cumplimiento y seguimiento de las disposiciones fijadas en la presente ordenanza, como así también en la normativa nacional, provincial y municipal relativa al derecho a la vivienda digna y los servicios esenciales. Para ello contará con las más amplias facultades. 

Artículo 11: Comuníquese al Ejecutivo Municipal.

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Distintos estudios y trabajos de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Arquitecto, del Gobierno Nacional,  han estimado que en Córdoba faltan trescientas cincuenta mil viviendas, como así también casi 120 mil viviendas se han establecido en asentamientos, conocidas como “villas miserias”.

Desde hace unos años muchas familias organizadas comenzaron a ocupar de manera pública y pacífica predios fiscales y comenzaron a limpiarlo. Se trata de predios que antes eran basurales, por años ociosos, sin cerco perimetral, cartel, ni nada que los identifique. 

Desde un primer momento, las familias, que no tienen a dónde vivir ni como pagar un alquiler, comenzaron a construir viviendas por demás precarias, utilizando materiales no aptos para la misma como maderas, cartones, chapas, etc. Las “viviendas” carecen de todo y las familias se encuentran verdaderamente hacinadas. En muchos casos se convive con desechos cloacales y basurales a cielo abierto. El estado de vulnerabilidad de las personas que viven en estos asentamientos es total y alarmante, en especial los niños, los ancianos y los discapacitados.

En el marco de una pandemia de Covid-19 mundial no existe la provisión de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica. Las  “viviendas” no cuentan con las mas mínimas instalaciones necesarias para que una familia pueda vivir dignamente. No hay tanque de agua, ni cañerías, ni piletas, ni sanitarios; necesarios para la higiene de los alimentos y personal de los habitantes, sólo utilizan palanganas y fuentones. La mayoría de las familias vive en un ambiente plurifuncional que hace las veces de comedor, dormitorio y cocina. No hay muebles, ni sillas, ni camas suficientes para las personas de cada casilla. 

Estas condiciones fueron agravadas por las bajas temperaturas. Esas condiciones climáticas golpearon y golpean crudamente sobre las familias, degradando aun más las condiciones de hábitat y sanitarias de las mismas. Una decena de personas fallecieron este año por accidentes producidos al intentar calefaccionar viviendas precarias, por incendios o intoxicación con monóxido de carbono. Hace dos semanas, en el momento más frio de este año, falleció Mateo, un bebé de 9 meses, en un incendio causado por una vela en una casilla de barrio los Cuarenta Guasos.  

Las Naciones Unidas han reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, trabajo, educación y salud, no existe dignidad para el ser humano y sus derechos están limitados. En tal sentido, la energía eléctrica y el agua potable son la base de derechos básicos como alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación; el servicio eléctrico y de agua potable no pueden ser considerados como una mercancía o como un negocio, al contario se traduce como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas. Estos servicios están relacionados con el bienestar de las personas y condiciones elementales de comodidad; no son un derecho único de quienes puedan pagarla, sino una condición necesaria para el bienestar.

El acceso a la energía y el agua potable es un complemento imprescindible del derecho a la vivienda, ya que sin servicios difícilmente se puede cocinar, tener luz, agua caliente o calefacción. Sin ella resulta imposible alcanzar el nivel de vida y bienestar adecuados que recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Así, a pesar de que los instrumentos internacionales no reconocen el derecho a la energía de forma explícita, sí lo hacen de forma indirecta. Por ejemplo, la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) considera el “derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción”; y asimismo se expresa que “los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas

Al respecto resulta terminante lo dispuesto por la Constitución de la provincia de Córdoba, en su artículo 58: “Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.

El Estado Provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados. La política habitacional se rige por los siguientes principios: 1. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad. 2. Impedir la especulación. 3. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia.

Asimismo el derecho a la vivienda y a servicios públicos esenciales como son el acceso a energía eléctrica y agua potable, deben ser abordados desde el punto de vista de la protección de los derechos de niños, ancianos y discapacitados; por cierto los mas vulnerables frente casos como el presente. La misma Constitución provincial expresa: “Artículo 25: El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar”. 

“Artículo 27: Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de la solidaridad”.

“Artículo 28: El Estado Provincial, la familia y la sociedad procuran la protección de los ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de realización personal y de servicio a la sociedad”.

La responsabilidad del gobierno municipal en relación al acceso a la vivienda y los servicios públicos esenciales, surge incuestionable de las normas transcriptas ut supra. Pero también de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Provincial que expresamente refiere el carácter operativo y no solamente de los derechos consagrados. Dice el artículo 22: “Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal”.

Un Estado de derecho que proclama como valor primordial la defensa de la persona no puede desatenderse de mecanismos con los que efectivamente se garantice su protección y mucho menos puede instruir a las fuerzas policiales a los fines de establecer un hostigamiento permanente; que busca, resulta evidente, desorganizar y reprimir a las familias vulnerables que se encuentran en barrios y asentamientos precarios. 

La postura arbitraria e ilegal de EPEC y de Aguas de Cordobesas S.A, al no proveer el servicio de energía eléctrica y ni siquiera responder debidamente las peticiones de los vecinos, se enmarca en ese accionar represivo; y busca establecer un nuevo elemento (la no provisión del servicio), para golpear sobre las familias trabajadoras.     

Por todo lo expuesto venimos es que solicito a mis pares acompañen la presente Ordenanza de forma urgente.

 

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Creación de una Comisión de Seguimiento y Control Social de las obras públicas de José C. Paz.

14/03/2022
 

PROYECTO DE ORDENANZA:

Visto: la falta de obras públicas de urbanización como asfalto, zanjeo, entubamiento, luminaria.

Considerando:

El lento avance, o en algunos casos su paralización completa, de las obras de urbanización que trae aparejado condiciones de vida insalubres y de riesgo.

Que los vecinos hacen reclamos y denuncias constantes sobre la situación de deterioro de las calles y veredas.

Que las lluvias ocasionan grandes inundaciones por la falta de asfalto y drenajes.

Que la falta de iluminación en las calles conlleva a situaciones de peligro para los vecinos.

Que no existe un cronograma para la finalización de las obras urbanización urgentes como es los asfalto, los entubamientos y la luminaria.

La falta de personal municipal destinado a las tareas de obras públicas.

La falta de maquinarias y herramientas para la urgente realización de dichas obras.

El consejo deliberante resuelve:

Artículo 1.- Créase en el ámbito de la dirección de Obras Públicas una comisión de Seguimiento y Control Social, cuyo objeto será la definición de un cronograma de obras publicas para el distrito. Dicha comisión tendrá la atribución de decidir cuales son las prioridades de las obras a realizar.

Artículo 2.- La Comisión de Seguimiento y Control Social de las obras públicas, establecidas en el artículo 1, deberán estar integradas por ciudadanos electos en asambleas por cada barrio de distrito, delegados de los trabajadores electos en asamblea para tal fin y un representante de cada bloque del concejo deliberante de José C. Paz.

Artículo 3.- La comisión de Seguimiento y Control Social tendrán como atribuciones la participación en el diseño, puesta en marcha y ejecución de la obra que se le asignen quedando facultadas ante la dirección de Obras Públicas

Artículo 4.- Los ciudadanos electos en asamblea para formar parte de la Comisión de Seguimiento y Control Social deberán residir o domiciliarse en el distrito. En el caso de los trabajadores electos para formar parte de las Comisión, estos deberán estar implicados directamente en la ejecución de la obra.

Artículo 5.- Las personas a cargo de la realización de una obra determinada quedan obligadas a colaborar con la Comisión de Seguimiento y Control Social, designada para tal fin, mediante audiencias públicas toda vez que esta lo requiera. Las audiencias deberán realizarse en el lugar físico donde se ubica el consejo deliberante y deberán contar con la presencia de representantes del gobierno municipal.

Articulo 6 – Para el cumplimiento de plan de obras públicas se contratará trabajadores municipales en planta permanente y bajo convenio municipal. Para dichas contrataciones se abrirá bolsas de trabajo para la incorporación de trabajadores desocupados de José C. Paz.

ARTÍCULO 7: De forma.-

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Estatización con control de trabajadores y usurarios de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

13/01/2022

Proyecto de Ley presentado por los Diputados Provinciales Guillermo Kane y Graciela Calderón estableciendo la estatización con control de trabajadores y usuarios de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. Número de expediente: D- 4903 / 21-22

 

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

Estatización con control de trabajadores y usurarios

de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

 

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

 

Artículo 1 – Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 – En los términos de la emergencia establecida, disponer la compra inmediata de los materiales y equipos (p.e., generadores eléctricos) necesarios, y la contratación en planta permanente de personal idóneo para realizar de manera perentoria la reconexión de los usuarios que se encuentran sufriendo cortes en el suministro de electricidad.

Artículo 3 – Otorgar un resarcimiento económico de pago inmediato para aquellos hogares y pequeños comercios, equivalente a las pérdidas materiales y económicas sufridas como consecuencia de los cortes del servicio. Los recursos necesarios para el pago de dicho resarcimiento deberán obtenerse de las ganancias de las actuales empresas privadas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.   

Artículo 4 – Declarar la nulidad absoluta de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos -leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones provinciales- que motivaron la transferencia a empresas privadas de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 5 – La anulación de dichos contratos se realiza sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido al momento de las concesiones.

Artículo 6 – A partir de la presente ley se estipula la estatización del servicio de electricidad. A tal fin se crea la empresa “Energía Eléctrica del Estado”, 100% estatal, cuya participación nacional y provincial deberá ser establecida por ley nacional. El Estado reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de todo el sistema de energía eléctrica -incluida la generación, el transporte y la distribución-.

Artículo 7 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores/as y organizaciones de usuarios/as, elegidos democráticamente.

Artículo 8 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones y al que fuera despedido a causa de planes de racionalización o achicamiento. 

Artículo 9 – Se incorporará con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente a los/as trabajadores/as que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el servicio de energía eléctrica.

Artículo 10 – Se crea una Comisión Investigadora especial compuesta por trabajadores/as del sector, elegidos/as democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema de energía eléctrica del ámbito concesionado al sistema estatal, facultada además con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos penales y civiles de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.

Artículo 11 – Comuníquese al P.E.

Artículo 12 – De forma.

 

FUNDAMENTOS

 

Sr. Presidente:

El martes 11 de enero un corte de luz masivo afectó a gran parte del AMBA, dejando a 700 mil usuarios sin servicio eléctrico. Familias y pequeños comercios quedaron sin luz y, como consecuencia, también sin agua. Los vecinos de los barrios afectados recuerdan que es algo repetido en cada verano. Incluso, el año comenzó con otro apagón masivo, desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero, que dejó a 190 mil usuarios sin luz.

Las empresas distribuidoras responsables de los cortes no son otras que Edenor, Edesur, Edelap y demás privatizadas, que vienen ganando millones hace años, ya sea con subsidios o tarifazos, a costa del pueblo trabajador. Debe recordarse que el gobierno de Mauricio Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, “dolarizando las tarifas”, afirmando que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una enorme mentira. Por su parte, el gobierno del Frente de Todos no retrotrajo ninguno de esos aumentos, manteniendo la estafa al pueblo trabajador e, incluso, habilitando aumentos del 20% para enero y febrero, que se verán reflejados en las boletas de marzo y abril. Sólo en 2021 las empresas privatizadas de la energía recibieron subsidios por más de 9.000 millones de dólares, según el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. Pero durante estos años las empresas utilizaron los subsidios para enriquecerse y no para mejorar el servicio. Así, por citar un ejemplo, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata ya en 2017 denunciaba que “Edea S.A. recauda millonarias sumas anuales que gira fronteras afuera a final de cada ejercicio. Sin inversión en el servicio, sin contratar el personal necesario, con un solo Centro de Atención en Mar del Plata para 500 mil usuarios” (18/01/2017).

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que se debe declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, tomando todas las urgentes medidas necesarias para reestablecer el suministro eléctrico a hogares y pequeños comercios. Asimismo, se deben anular los contratos de concesión y estatizar el servicio de energía eléctrica, bajo control de los/as trabajadores/as y usuarios/as, única manera de mejorar el servicio y terminar con la usura de las empresas capitalistas que hacen negocios con la necesidad del pueblo trabajador.

El actual sistema eléctrico es la consecuencia de las privatizaciones de SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, las tres empresas estatales que proveían electricidad hasta 1992. El gobierno de Carlos Menem, con el apoyo de todos los partidos patronales, privatizó el sistema de energía eléctrica, amparándose en la ley 24.065 y de esta manera desintegró el sistema, dividiéndolo en varias empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras, mismo esquema que existe hoy en la provincia de Buenos Aires. Esta reforma habilitó a que grupos de empresarios extranjeros y nacionales, lucren con un servicio público esencial como es la electricidad.

Desde entonces, las empresas privatizadas recibieron abultados subsidios que solo sirvieron para aumentar sus propias ganancias, ya que no hubo ninguna mejora en el servicio. Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no controla la falta de inversión de las empresas, ni el acceso de los usuarios, ni la calidad del servicio. Es un organismo que le garantiza las ganancias a los capitalistas, siendo cómplice de esta estafa al pueblo trabajador. El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) establece mínimos requisitos que deben cumplir las empresas concesionadas (calidad de servicio, sistema de telegestión para trámites, cantidad de oficinas de atención al público, etc.), sin embargo, no los hace cumplir y las sanciones monetarias que reciben las empresas rara vez son pagadas.

Tanto en los gobiernos kirchneristas, durante doce años, como en los cuatro años del gobierno macrista, se mantuvo la misma política de financiar las ganancias de los grupos empresarios, sin invertir un solo peso en mejorar la calidad del servicio. Los subsidios millonarios a las generadoras, transportadoras y distribuidoras eléctricas, como la la central Térmica de Ezeiza, Solalban Energía, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Eden, Edes y otras, sirvieron para aumentar las ganancias de los capitalistas, sin ningún tipo de control sobre la calidad de un servicio que, luego de años de privatización, se demostró que fue un robo y saqueo al pueblo trabajador. Ahora con el gobierno de Alberto Fernández, el sistema de subsidios a las empresas se profundizó. Desde enero de 2020, crecieron un 113% en el acumulado de 12 meses. Pasaron de US$ 4.400 millones a US$ 9.488 millones a septiembre de 2021. Esto demuestra que los subsidios que durante estos años lleva pagando el Estado no fueron para mejorar el servicio, sino para enriquecer los propios negocios de sus dueños. 

Estas empresas, que llevan años brindando pésimos servicios y burlándose de los usuarios, son premiadas con tarifazos astronómicos y con el perdón de sus millonarias deudas. Entre las 70 empresas de distribución eléctrica que abastecen a los usuarios de todo el país acumulan deudas por $142.887 millones. Las principales empresas endeudadas son las que mayores ganancias registran: Edenor con $18.000 millones (Manzano-Vila), Edesur $20.800 millones (Enel de capitales italianos), Edemsa $9.813 millones (Manzano-Vila). En contrapartida, los usuarios que deben el pago de boletas de electricidad nunca son beneficiados.

Las empresas privatizadas ya demostraron que lo único que les interesa es llevarse sus superganancias. El acceso a la electricidad es un servicio público básico, un derecho humano que no puede ser tratado como una mercancía ni en función del lucro privado. Por eso, la única salida para garantizar realmente tarifas accesibles para todos y servicios de calidad pasa por la rescisión de todos los contratos de concesión y la estatización de todo el servicio, gestionado por quienes realmente saben del tema, sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Ley.

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica

13/01/2022

Proyecto de Ley presentado por los Diputados Provinciales Guillermo Kane y Graciela Calderón estableciendo la creación de un Programa de atención a damnificados por la emergencia eléctrica. Número de expediente: D- 4904 / 21-22

 

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

 

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

Artículo 1 – Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 – En los términos de la emergencia establecida, se crea el Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3- El Programa contemplará la creación de un comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética, integrado por:

1°) Un representante de cada bloque de la Legislatura.

2°) Representantes municipales.

3°) Representantes de los usuarios de los barrios afectados.

4°) Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía.

5°) Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

Artículo 4- Son funciones del Comité de Emergencia:

1°) Realizar un mapa de las zonas de la Provincia afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados.

2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia.

3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.

4°) Organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto.

Artículo 5 – El Comité de Emergencia receptará las denuncias de los vecinos sobre pérdidas materiales, ya sea de mercadería o equipos eléctricos causados por los cortes de energía, gestionando un resarcimiento económico de pago inmediato.

Articulo 6 – El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria un padrón de técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la formación las cuadrillas de emergencia necesarias para cada municipio. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

Artículo 7 – Se establece como criterio prioritario para la elaboración de los padrones de técnicos y operarios electricistas a aquellos trabajadores de la empresa EMA servicios S.A. que fueron despedidos durante el 2021. En segundo lugar, se establece la prioridad en dicha elaboración a los trabajadores de empresas tercerizadas dependientes de EDENOR y EDESUR.

Artículo 8 – El Programa de atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica será íntegramente financiado por un impuesto extraordinario a las empresas prestadoras del servicio eléctrico en el ámbito de la Provincia, equivalente al 5% de su facturación.

Artículo 9 – Comuníquese al P.E.

Artículo 10 – De forma.

 

 

FUNDAMENTOS

Durante el martes 11 de enero, cuando iniciaba una ola de calor en nuestro país, más de 700 mil usuarios del Área Metropolitana fueron afectados por la caída del servicio eléctrico.

Frente al masivo “apagón”, el gobierno nacional decidió absolver de responsabilidad a las empresas distribuidoras, aludiendo una supuesta “contingencia”. Sin embargo, este corte se suma a las repetidas fallas en el servicio, que se vienen sucediendo desde fines de diciembre, con decenas de miles de usuarios afectados a diario.

Es evidente la desinversión en infraestructura, equipamiento y personal que es común a todas las concesionarias privadas que gestionan este servicio. Edesur, Edenor, Edelap y compañía han recibido subsidios millonarios, y el visto bueno a tarifazos constantes en los últimos años, que de todas formas no han redundado en ninguna mejora del servicio.

Frente a la situación de emergencia, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se acusan mutuamente por su política energética. Pero ninguno de los dos armados políticos apunta contra las distribuidoras privadas, mostrando el nivel de complicidad que ambos gobiernos tuvieron y tienen con ellas.

Finalmente, los tarifazos del macrismo (ingreso directo a las distribuidoras) fueron en detrimento de los subsidios (ingreso indirecto). Asumido Alberto Fernández se invirtió la ecuación, preservando siempre los intereses de estos capitalistas parasitarios: los subsidios pasaron de US$ 4.400 millones en 2019, superando los US$ 10.000 millones para el 2021, según estimaciones del Instituto Mosconi. Se estima que en los últimos diez años los subsidios energéticos acumularon US$ 132.000 millones, tres veces lo adeudado al FMI, para que llegado el 2022 la infraestructura energética siga colapsando con un golpe de calor.

Como puede verse, el argumento de las “pérdidas” por las tarifas “controladas”, es completamente falso. En realidad, este argumento es solo utilizado por las empresas para reclamar nuevos aumentos de tarifas, que el gobierno nacional acaba de habilitar con aumentos del orden del 20%, y que impactarán en las boletas de marzo y abril. Mientras tanto, los usuarios que deben pagar mes a mes esas facturas, hoy sufren los graves problemas de la desinversión.

Vista la situación de emergencia y los cientos de miles de damnificados en la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda Unidad plantea la creación de un “Programa de atención a damnificados” para tomar de manera urgente las medidas necesarias. Planteamos en el presente proyecto de ley, la creación de un Comité de Emergencia para gestionar estas medidas, que incluyen la creación de brigadas de trabajadores, la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y otros elementos necesarios, y el resarcimiento económico a los usuarios afectados.

Planteamos, además, que el negocio espurio de las distribuidoras energéticas debe terminarse, comenzando por la apertura de los libros de toda la cadena energética (productoras, transportadoras y distribuidoras), para determinar el costo real de producción y garantizar las inversiones necesarias con la nacionalización del sector para ponerlo bajo control obrero y de los usuarios. Kirchneristas-peronistas y macristas son responsables de una política de saqueo y desinversión energética.

Por todas estas consideraciones solicitamos a los señores Diputados que voten favorablemente este proyecto de Ley.

 

 

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Dejar sin efecto los aumentos establecidos para 2022 para las tarifas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas

12/01/2022

Expediente 2858-D-2021

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°- Dejar sin efecto los aumentos establecidos para 2002 para las tarifas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas.

Artículo 2°- Se convoca a una audiencia pública de carácter vinculante que tendrá como propósito poner en consideración la propuesta de tarifas elaborada por el Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El gobierno de Larreta comenzó el año oficializando los aumentos para distintos servicios concesionados que rigen en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas.

Los aumentos establecidos llegan hasta el 51% que según señala el ejecutivo se trata de una actualización a partir de la inflación de los costos fijos que estos servicios tienen. Sin embargo, dichos costos son desconocidos para la población de la Ciudad y no son sometidos a un control para determinar las ganancias de dichas empresas.

No rige la misma suerte para los trabajadores que son usuarios de dichos servicios, sus salarios no son actualizados por inflación, ni siquiera aquellos dependientes del Gobierno de la Ciudad: docentes, trabajadores de la salud, municipales. Se trata, por lo tanto, de un tarifazo en desmedro del bolsillo de los trabajadores.

Para revertir esta situación, reclamamos que se dejen sin efecto dichos aumentos y la convocatoria a una audiencia pública de carácter vinculante para poner en consideración la propuesta de tarifas elaborada por el Poder Ejecutivo. Las realizadas solo cumplen la formalidad establecida por la ley. Sin embargo, el Gobierno de Larreta, deshecha las opiniones vertidas en ellas, así como ocurrió con las audiencias sobre la construcción de megatorres, y se vale de su carácter no vinculante para actuar a su antojo.

Los recientes apagones eléctricos son la prueba irrefutable de que los servicios públicos concesionados o privatizados no funcionan al servicio de la población, sino que son un botín para distintas empresas, que se valen de subsidios y tarifazos recurrentes sin la necesidad de invertir para un mejor servicio. Los gobiernos ceden a las presiones de las empresas que exigen tarifazos para conservar su tasa de ganancia.

Por estos motivos solicito la aprobación del presente proyecto

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

04/01/2022

Expediente 2848-D-2021

Proyecto de Ley

Artículo 1°.- Se crea el Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El Programa contemplará la creación de un Comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética, integrado por: 

1°)  Un representante de cada bloque de la Legislatura de la Ciudad. 

2°)  Representantes de los Consejos Consultivos de las Comunas y de los barrios afectados. 

3°)  Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía. 

4°)  Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Artículo 3°. Son funciones del Comité de Emergencia: 

1°) Realizar un mapa de las zonas de la Ciudad afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados. 

2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia. 

3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.

4) Organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto.

Artículo 4°.-  El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria  un padrón de técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la formación de un mínimo de 60 (sesenta) cuadrillas de emergencia, a razón de cuatro por Comuna de la Ciudad. Atenderán de inmediato la reparación de cámaras, subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

Artículo 5°.- Se establece como criterio prioritario para la elaboración de los padrones de técnicos y operarios electricistas a aquellos trabajadores de la empresa EMA servicios S.A. que fueron despedidos durante el 2021. En segundo lugar, se establece la prioridad en dicha elaboración a los trabajadores de empresas tercerizadas dependientes de EDENOR y EDESUR.

Artículo 6°.- El Comité de Emergencia receptará  las denuncias de los vecinos sobre pérdidas materiales, ya sea de mercadería o equipos electrónicos causados por los cortes de energía,  y gestionará el cobro de indemnizaciones.

Artículo 7°. El Programa para la atención de damnificados por la Emergencia Eléctrica será íntegramente financiado por un impuesto extraordinario a las empresas prestadoras del servicio eléctrico en el ámbito de la Ciudad equivalente al 5% de su facturación.

FUNDAMENTOS

A la fecha de presentación del presente proyecto van contados cinco días desde el comienzo de los cortes de luz, extendidos por el Amba, que alcanzaron picos de entre 50.000 y 60.000 usuarios sin suministro eléctrico y que desataron el enojo de los vecinos, con cortes y algunos cacerolazos. Llegado este punto, la concesionarias privadas alegan “pérdidas” por las tarifas “controladas” y el gobierno “sanciona” al tiempo que libera tarifas y aumenta los millonarios subsidios.

Se trata del recurrente juego entre las distribuidoras eléctricas (Edesur y Edenor) y el gobierno, donde ambas se pasan la responsabilidad por la evidente desinversión en infraestructura y los cortes en el suministro eléctrico

Para desentenderse de su responsabilidad, el gobierno ha multado a Edesur –la que acumula más cortes- por $105 millones por las interrupciones y $133 millones por atención deficiente, además de reclamar el no cobro de la energía no suministrada: chirolas que no compensan el daño emergente. Lo que se omite mencionar es que las distribuidoras absorben este “gasto excepcional” con los subsidios millonarios del Estado.

Las concesionarias privadas alegan que vienen realizando inversiones y que incluso llevan “perdidos”, hasta septiembre del 2021, $15.000 millones. Claro que esto responde a la contabilidad creativa de este sector parasitario, que se vale de los cortes de luz para reclamar mayor liberación de tarifas y recursos.

Esto ocurre a pesar de que el gobierno ya dio el visto bueno para un aumento de entre el 17 y 20% en las tarifas energéticas y cuando avanza con segmentación tarifaria y el quite de “beneficios” en la facturación por vía del reempadronamiento compulsivo.

La titular del Ente Regulador de Energía (Enre), Soledad Manín, ha salido a despegarse de Edesur y Edenor, señalando que durante el macrismo las distribuidoras recibieron un 3.200% de aumento en las facturas, sin que eso se traduzca en mayor inversión.

Los tarifazos del macrismo (ingreso directo a las distribuidoras) fueron en detrimento de los subsidios (ingreso indirecto). Asumido Alberto Fernández se invirtió la ecuación, preservando siempre los intereses de estos capitalistas parasitarios: los subsidios pasaron de US$ 4.400 millones en 2019, superando los US$ 10.000 millones para el 2021, según estimaciones del Instituto Mosconi.

Se estima que en los últimos diez años los subsidios energéticos acumularon US$ 132.000 millones, tres veces lo adeudado al FMI, para que llegado el 2022 la infraestructura energética siga colapsando con un golpe de calor.

A la presión de las distribuidoras eléctricas, a las cuales el gobierno amenaza de tanto en tanto sin producir ningún resultado concreto, por mayores tarifazos que eliminen la “tutela” del Estado de sus ganancias, se suma la presión por el aumento de los combustibles, sector desde donde reclaman una “actualización” del 30%. De consumarse todas estas aspiraciones patronales estaríamos ante un nuevo salto en los indicadores de pobreza e indigencia.

El negocio espurio de las distribuidoras energéticas debe terminarse comenzando por la apertura de los libros de toda la cadena energética (productoras, transportadoras y distribuidoras), para determinar el costo real de producción y garantizar las inversiones necesarias con la nacionalización del sector para ponerlo bajo control obrero y de los usuarios. Kirchneristas y macristas son ambos responsables de una política de saqueo y desinversión energética.

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

    Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

  • Entregan más 65 mil firmas a la jueza Servini por los presos políticos

    Este medio día la diputada Nacional Romina Del Plá estuvo en Comodoro Py junto a organizaciones políticas y de DDHH para hacer entrega a la jueza Servini de Cubría un petitorio más de 65 mil firmas nacionales e internacionales en repudio a la represión, las detenciones y las causas armadas a raíz de la movilización contra la Ley Bases en el Senado.

  • Gabriel Solano: “El martes vamos a Plaza de Mayo por la libertad de todos los detenidos”

    El diputado y dirigente del Partido Obrero - Frente de Izquierda convocó a la movilización junto a todos los sectores que participaron de la asamblea en el Serpaj. Martes 16.30h en Plaza de Mayo.

Caducidad de la Concesión a ERSA

23/09/2021

Artículo 1.-ESTABLECESÉ la caducidad de la concesión de las líneas del TUP asignadas a la empresa ERSA, por las causales prevista en el art. 85 inciso b, f, i, k, m, del Marco Regulatorio, ordenanza 12076; y en el art. 43, incisos a, b, d del Pliego de Concesión, ordenanza 12146. 

 

Artículo 2°.- Los recorridos del sistema del TUP afectados serán explotados de manera exclusiva por la Ciudad de Córdoba, quedando el mencionado servicio bajo control de la “Comisión de Contralor” según dispone el art. 8 de la presente ordenanza.

 

Artículo 3.- ORDENESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) la incautación provisional de los vehículos e instalaciones de la empresa ERSA, por razones de interés público, a efectos de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, según lo previsto en el art. 87 de la ordenanza 12076.

 

Artículo 4.- DISPONGASE la inhabilitación por diez (10)  años a la empresa ERSA para obtener una nueva Concesión o prestación precaria en jurisdicción Municipal, tal y como queda estipulado en el art. 86 de la ordenanza 12076.

 

Artículo 5.- ORDENESE el pago de las multas correspondientes por las infracciones cometidas según lo previsto en los incisos b, c y e del art. 44 de la ordenanza 12146. Las misma serán computadas con cargos por reincidencia y su pago deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días.

 

Artículo 6.- DISPONGASÉ de los recursos recaudados en conceptos de multas a la empresa ERSA a la refacción y puesta en funcionamiento de la flota incautada a dicha empresa, a los fines de poder garantizar el servicio. 

 

Artículo 7°.- PROHÍBASE los despidos y las suspensiones de las y los trabajadores del TUP de las líneas afectadas, quienes pasaran a ser dependientes de la Ciudad de Córdoba, garantizando todos sus derechos convencionales, adquiridos y demás que actualmente les corresponda.

 

Artículo 8°.- CRÉASE el órgano de contralor obrero y popular del TUP de la Ciudad de Córdoba, el cual se denominara “Comisión de Contralor”. La misma estará integrada por diez representantes de los trabajadores que prestan servicios en el TUP, y por diez representantes de la población de la Ciudad de Córdoba.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el voto directo y secreto de la totalidad de los empleados que presten efectivamente servicios en relación dependencia en el TUP, sean estos de planta permanente o se encuentren en situación de tercerización y/o precarización laboral.  La elección se realizará por listas y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

Los representantes de la población serán elegidos por el voto directo y secreto de los habitantes de la Ciudad de Córdoba, mayor de dieciséis años. La elección se realizará por candidatos postulados por los partidos políticos actuantes en distrito único y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

El mandato de todos los integrantes de la Comisión de Contralor durara un año. Todos los integrantes de la Comisión de Contralor se encuentran amparados por las garantías establecidas en los artículos 40, 48, 50 y 52 de la Ley Nacional Nº 23.551.  

 

Artículo 9º: La Comisión de Contralor deberá velar por el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal relativa al transporte de Pasajeros, a las cuestiones laborales y ambientales. Para ello contará con las más amplias facultades. Asimismo la Comisión de Contralor deberá auditar los estados contables de la empresa pública que preste el servicio del transporte de pasajeros; como así también el destino de los subsidios percibidos, sean estos de carácter nacional, provincial o municipal y otras formas de financiamiento. Los resultados de estas auditorías tendrán carácter público.

 

Artículo 10.– de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

La disposición adoptada por el intendente Martín Llaryora de retirar la concesión de las líneas 3 y 8 a la empresa ERSA, ratifica el sin número de denuncias que viene realizando las y los trabajadores del transporte y los usuarios respecto a las reiteradas irregularidades en las que ha incurrido dicha empresa frente a la prestación del servicio.

Los siniestros protagonizados por diferentes unidades de ERSA en las últimas semanas exponen de cuerpo entero la política de vaciamiento que se viene operando desde hace años en el sistema de transporte, y que ha redundado en un desconocimiento de la frecuencia fijada en el Pliego de Concesión (Ordenanza 12146), en el incumplimiento de la cantidad de unidades en funcionamiento y de reserva previstas en el Marco Regulatorio (Ordenanza 12076), en las condiciones de mantenimiento, seguridad e higiene de las mismas, entre otras.

Todas estas infracciones sistemáticas impactan negativamente en la prestación de un servicio esencial, con el agravante de que la falta de mantenimiento adecuado pone en riesgo la seguridad y la salud de pasajeros y trabajadores del transporte. Los controles municipales dieron cuenta de que una gran parte de las unidades en funcionamiento contaban con el ITV vencido, lo que constituye una falta grave y es causal suficiente para dar por finalizada la concesión. 

El hecho de que funcionarios de la Secretaria de Transporte admitan por trascendidos mediáticos que al menos el 80% de la flota tenía la oblea vencida, coloca al gobierno de Llaryora en responsable de una política de desinversión criminal.

Esta escandalosa situación de la empresa ERSA no es una novedad. Hace meses, tras recibir varias denuncias, realizamos un pedido de informe para que se rinda cuentas sobre el estado de las unidades del transporte urbano en circulación, la falta de frecuencias, y el destino de los subsidios. Sin embargo, Llaryora prefirió encubrir la situación y colocarse como lobista de las empresas para reclamar más subsidios a nación. 

La gestión privada del transporte no solo fracasó en garantizar el servicio, sino que en su incompetencia pone en riesgo la vida e integridad física de los usuarios y choferes. La solución que improvisa Llaryora, la de reemplazar la flota de ERSA con unidades de Tamse es impracticable y en los hechos implicaría una reducción aún mayor de la frecuencia. 

Lo que corresponde es la suspensión de la concesión a ERSA, la confiscación de la flota y el cobro de todas las multas por incumplimiento del pliego de licitaciones; recursos que deben ser puestos para la refacción y renovación de las unidades. 

En este mismo sentido es necesario avanzar en la estatización del sistema de transporte, pero como no hay dudas de que la gestión municipal es responsable directa de encubrir el vaciamiento para garantizar los negociados de las concesionarias, dicha estatización solo puede proceder bajo control de trabajadores y usuarios. 

Por lo antes es que presento el presente proyecto de resolución, y solicito a mis pares su pronto tratamiento y aprobación.

  • Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

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Anulación del aumento de boleto urbano

12/07/2021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Artículo 1°: EXIGIR al DEM la anulación el aumento del 16% en el valor del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que rige a partir del 10 de julio de 2021.

Artículo 2°: DISPONGASE el congelamiento de la tarifa del TUP por un plazo de doce (12) meses, pudiéndose prorrogar dicha disposición de manera automática hasta finalizado el periodo de contingencia por pandemia en la ciudad. En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

Artículo 3°: EXHORTAR al DEM aplique el art. 91 de la ordenanza 12076 “Marco Regulatorio”, e informe sobre el estado de las cuentas de las empresas concesionarias del TUP, detallando ingresos y egresos por rubro.

Artículo 4º: De forma.

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