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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación Resuelve:
Instar al Poder Ejecutivo Nacional a que cese en la intervención del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), desde diciembre de 2023 a
través del Dr. Esteban Ernesto Leguízamo, y dé cumplimiento a las disposiciones de la
Ley 19032 y su modificatoria, Ley 25615, convocando en un plazo perentorio a
elecciones generales de los 7 directores correspondientes a los beneficiarios del PAMI,
poniendo así en marcha la normalización de dicho Instituto.
Vanina Biasi
Mónica Schlotthauer
Nicolás del Caño
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados) fue
creado por la ley 19.032, luego modificada por ley 25615. Por ellas se establece en su
artículo 1° que se trata de una “persona jurídica de derecho público no estatal, con
individualidad financiera y administrativa”. Es decir, no pertenece a la administración
pública nacional.
El art 5°de la Ley establece que será gobernado y dirigido por un directorio integrado por
11 directores, 7 de los cuales deberán ser electos por los afiliados. Pero hace décadas, casi
sin interrupción, que está en manos de interventores puestos por el Poder Ejecutivo. La
ley sólo autoriza la intervención por 180 días debiéndose convocar de inmediato a
elecciones.
Continuando con la “tradición” de todos los gobiernos en el incumplimiento de esta ley,
actualmente Javier Milei mantiene al frente del Instituto al Dr. Esteban Ernesto
Leguízamo, designado Director Ejecutivo del PAMI.
La historia del PAMI está plagada de corrupción. Más de la mitad de sus directores
generales fueron procesados por coimas de prestadores y laboratorios. En la década
menemista todos sus directores fueron procesados por malversación de fondos públicos.
El más conocido, Víctor Alderete, fue condenado, aunque no cumplió la pena por su
avanzada edad. En el año 2000, bajo el gobierno de De La Rúa, el PAMI se negó a pagar
una abultada deuda a la fundación Favaloro -lo que muchos indicaron como causal del
suicidio del conocido médico.
A los que sí se condena a la indigencia es a los adultos mayores, rebajando una y otra vez
los ingresos. Pero además ahora se recorta los medicamentos y los servicios de un instituto
que no pertenece a la Administración Púbica Nacional, que tiene sus propios fondos pero
que todos los gobiernos lo usaron y usan como caja propia. Queda demostrado que los
jubilados sostienen al Estado y no al revés.
Por ello resulta indispensable una auditoría independiente, con participación de
representantes de los jubilados.
El PAMI debe normalizarse dando lugar a su propia administración en manos de un
Directorio electo democráticamente.
Mientras ello ocurre, la actual dirección debe anular la resolución 2431/2024
garantizando la cobertura gratuita, al 100% del costo efectivo del Programa de
Medicamentos del PAMI, incluyendo medicamentos de todo tipo, sin excepción ni
restricciones para las y los jubilados y pensionados habitantes en la República Argentina,
tal lo expresado en nuestro Proyecto de Ley Expte. 4854-D-2024.
Por todas estas razones, solicitamos que esta Cámara exija que se dé cumplimiento a las
Leyes N°19032 y N°25615 que obligan a garantizar la designación de un directorio electo
del PAMI.
Por lo expuesto invito a acompañar el presente Proyecto de Resolución.