Congelamiento del boleto y apertura de los libros de las concesionarias

Artículo 1.- INSTAR al DEM a presentar ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba el informe anual de seguimiento y monitoreo de la situación económica, financiera y patrimonial de los concesionarios del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), según lo previsto en el art. 92 de la ordenanza N° 12076, correspondiente al periodo 2021. El mismo debe contener información relativa a: a) Estados contables, con informe del auditor, emitido por profesional de ciencias económicas, e intervenido por el Consejo Profesional pertinente; b) Memoria anual de la empresa; c) Estados proyectados por dos (2) años a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico, de la situación económica, financiera y técnica, debiendo incluir flujos de caja, programas de inversiones, origen de reservas y mejoras propuestas para el servicio que presta.

Artículo 2.- EXIGIR al DEM arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento al art. 93 de la ordenanza N° 12076, y proceda a solicitar a las empresas concesionarias, vía la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT), los registros contables y toda la información que respalde la actividad económica de las mismas, detallando el origen y destino de los subsidios municipales, provinciales y nacionales. Los mismos deben contener información relativa al ejercicio en curso, y serán presentados al Concejo Deliberante.

Artículo 3.- INSTAR al DEM a presentar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba los resultados de la evaluación continua del desempeño empresarial, correspondiente al período 2021 de las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros, según lo previsto en el art. art. 95 de la ordenanza N° 12076. El mismo debe detalla: a) Estado de la flota; b) Cumplimiento del servicio; c) Satisfacción del usuario.

Artículo 4°.- DISPONGASE el congelamiento de la tarifa del TUP por un plazo de doce (12) meses, pudiéndose prorrogar dicha medida de manera automática mientras dure la Emergencia del Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros y Movilidad Urbana de la Ciudad de Córdoba, establecida por ordenanza N° 13043. En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

Artículo 5°.- de forma.

FUNDAMENTOS

El inminente paro de UTA pone nuevamente en agenda la profunda crisis por la que atraviesa el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad (TUP).
Nuevamente usuarios y trabajadores del transporte somos presas de una disputa entre empresas, municipio y nación por la distribución de los subsidios. Se trata de una disputa que nada tiene que ver con garantizar un servicio eficiente, que dé cumplimiento de las pautas mínimas previstas en el Pliego de Licitación o el Marco Regulatorio. Estamos frente a un enfrentamiento patronal que amenaza con dejar en los próximos días a miles de vecinos sin un servicio esencial.
La FETAP exige un aumento del 100% de los subsidios municipales y provinciales, como así también un incremento superior de los subsidios nacionales. Argumentan para ello el quebranto de las empresas ante el alza en los insumos y los salarios de los choferes. El propio intendente Martín Llaryora se ha colocado como vocero de este planteo ante el gobierno nacional, respaldado por la iniciativa de la diputada Vigo que reclama un boleto federal.
Ahora bien, ni las empresas ni el municipio han brindado precisiones del destino de esos fondos estatales que vienen en ascenso en los últimos dos años. El punto es delicado, porque los incrementos en los subsidios se dieron a la par de una reducción relativa de los salarios de los choferes (quienes hoy cuentan con un básico por debajo de la canasta familiar), una reducción de líneas y frecuencias, y un notable deterioro del servicio en general.
Así las cosas, con el discurso del federalismo el intendente se coloca como CEO de Ersa, Coniferal y cía., en lugar de preservar el derecho de trabajadores y usuarios al acceso a un servicio esencial de calidad. Es notable el énfasis con que reclama más subsidios, pero no aplica sanción alguna ante las decenas de irregularidades e incumplimientos de las empresas respecto al Pliego de Licitación y el Margo regulatorio.
Es claro que en el fondo de la cuestión se busca preservar los márgenes de ganancia extraordinarios que han tenido las concesionarias del transporte público en los últimos diez años. No se nos escapa que en la última década ERSA S.A. pasó de ser una pequeña concesionaria local, a ser una empresa de transporte con alcance internacional. Este crecimiento empresarial tuvo como contra cara un deterioro creciente del servicio de transporte urbano, y un ataque permanente a los salarios y condiciones laborales de sus trabajadores.
Queda claro entonces que la exigencia de mayores subsidios no tendrá su correlato en una mejora en la prestación del servicio. Esta presión por los subsidios tiene como telón de fondo preparar las condiciones para un nuevo aumento del boleto. De concretarse estaríamos ante un nuevo golpe al bolsillo de trabajadores y usuarios, en un cuadro económico y social crítico. Vale aclarar que en lo que va de la gestión de Hacemos Por Córdoba, el boleto ha concentrado un incremento superior al 100%, mientras las empresas reclaman un nuevo incremento del 57%.
Entendemos que antes de reclamar más fondos estatales lo que corresponde es que se rinda cuentas. En este sentido se inscribe el presente proyecto de resolución. El mismo intima al DEM a brindar información relativa a los estados contables de las empresas, según lo previsto en los art. 92, 93 y 95 de la ordenanza N° 12076, como así también prevé el congelamiento del boleto mientras dure la emergencia en transporte.
Se trata de una medida de emergencia para blindar el bolsillo de las y los vecinos, como así también sentar las bases para avanzar en una reconfiguración del sistema de transporte que en función de las necesidades sociales.
El transporte debe dejar de ser una fuente de lucro capitalista para un puñado de empresario amigos del gobierno de turno, y debe empezar a considerarse como lo que es, un servicio esencial. El proyecto de ordenanza presentado por este bloque para la estatización del servicio bajo el control de trabajadores y usuarios es un aporte crucial en esta dirección.
Por lo expuesto, y lo que oportunamente se incorporará durante el debate, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.