Caducidad de la Concesión a ERSA

  • Servicios públicos
Presentado por:  
  • Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba
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Artículo 1.-ESTABLECESÉ la caducidad de la concesión de las líneas del TUP asignadas a la empresa ERSA, por las causales prevista en el art. 85 inciso b, f, i, k, m, del Marco Regulatorio, ordenanza 12076; y en el art. 43, incisos a, b, d del Pliego de Concesión, ordenanza 12146. 

 

Artículo 2°.- Los recorridos del sistema del TUP afectados serán explotados de manera exclusiva por la Ciudad de Córdoba, quedando el mencionado servicio bajo control de la “Comisión de Contralor” según dispone el art. 8 de la presente ordenanza.

 

Artículo 3.- ORDENESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) la incautación provisional de los vehículos e instalaciones de la empresa ERSA, por razones de interés público, a efectos de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, según lo previsto en el art. 87 de la ordenanza 12076.

 

Artículo 4.- DISPONGASE la inhabilitación por diez (10)  años a la empresa ERSA para obtener una nueva Concesión o prestación precaria en jurisdicción Municipal, tal y como queda estipulado en el art. 86 de la ordenanza 12076.

 

Artículo 5.- ORDENESE el pago de las multas correspondientes por las infracciones cometidas según lo previsto en los incisos b, c y e del art. 44 de la ordenanza 12146. Las misma serán computadas con cargos por reincidencia y su pago deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días.

 

Artículo 6.- DISPONGASÉ de los recursos recaudados en conceptos de multas a la empresa ERSA a la refacción y puesta en funcionamiento de la flota incautada a dicha empresa, a los fines de poder garantizar el servicio. 

 

Artículo 7°.- PROHÍBASE los despidos y las suspensiones de las y los trabajadores del TUP de las líneas afectadas, quienes pasaran a ser dependientes de la Ciudad de Córdoba, garantizando todos sus derechos convencionales, adquiridos y demás que actualmente les corresponda.

 

Artículo 8°.- CRÉASE el órgano de contralor obrero y popular del TUP de la Ciudad de Córdoba, el cual se denominara “Comisión de Contralor”. La misma estará integrada por diez representantes de los trabajadores que prestan servicios en el TUP, y por diez representantes de la población de la Ciudad de Córdoba.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el voto directo y secreto de la totalidad de los empleados que presten efectivamente servicios en relación dependencia en el TUP, sean estos de planta permanente o se encuentren en situación de tercerización y/o precarización laboral.  La elección se realizará por listas y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

Los representantes de la población serán elegidos por el voto directo y secreto de los habitantes de la Ciudad de Córdoba, mayor de dieciséis años. La elección se realizará por candidatos postulados por los partidos políticos actuantes en distrito único y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

El mandato de todos los integrantes de la Comisión de Contralor durara un año. Todos los integrantes de la Comisión de Contralor se encuentran amparados por las garantías establecidas en los artículos 40, 48, 50 y 52 de la Ley Nacional Nº 23.551.  

 

Artículo 9º: La Comisión de Contralor deberá velar por el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal relativa al transporte de Pasajeros, a las cuestiones laborales y ambientales. Para ello contará con las más amplias facultades. Asimismo la Comisión de Contralor deberá auditar los estados contables de la empresa pública que preste el servicio del transporte de pasajeros; como así también el destino de los subsidios percibidos, sean estos de carácter nacional, provincial o municipal y otras formas de financiamiento. Los resultados de estas auditorías tendrán carácter público.

 

Artículo 10.- de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

La disposición adoptada por el intendente Martín Llaryora de retirar la concesión de las líneas 3 y 8 a la empresa ERSA, ratifica el sin número de denuncias que viene realizando las y los trabajadores del transporte y los usuarios respecto a las reiteradas irregularidades en las que ha incurrido dicha empresa frente a la prestación del servicio.

Los siniestros protagonizados por diferentes unidades de ERSA en las últimas semanas exponen de cuerpo entero la política de vaciamiento que se viene operando desde hace años en el sistema de transporte, y que ha redundado en un desconocimiento de la frecuencia fijada en el Pliego de Concesión (Ordenanza 12146), en el incumplimiento de la cantidad de unidades en funcionamiento y de reserva previstas en el Marco Regulatorio (Ordenanza 12076), en las condiciones de mantenimiento, seguridad e higiene de las mismas, entre otras.

Todas estas infracciones sistemáticas impactan negativamente en la prestación de un servicio esencial, con el agravante de que la falta de mantenimiento adecuado pone en riesgo la seguridad y la salud de pasajeros y trabajadores del transporte. Los controles municipales dieron cuenta de que una gran parte de las unidades en funcionamiento contaban con el ITV vencido, lo que constituye una falta grave y es causal suficiente para dar por finalizada la concesión. 

El hecho de que funcionarios de la Secretaria de Transporte admitan por trascendidos mediáticos que al menos el 80% de la flota tenía la oblea vencida, coloca al gobierno de Llaryora en responsable de una política de desinversión criminal.

Esta escandalosa situación de la empresa ERSA no es una novedad. Hace meses, tras recibir varias denuncias, realizamos un pedido de informe para que se rinda cuentas sobre el estado de las unidades del transporte urbano en circulación, la falta de frecuencias, y el destino de los subsidios. Sin embargo, Llaryora prefirió encubrir la situación y colocarse como lobista de las empresas para reclamar más subsidios a nación. 

La gestión privada del transporte no solo fracasó en garantizar el servicio, sino que en su incompetencia pone en riesgo la vida e integridad física de los usuarios y choferes. La solución que improvisa Llaryora, la de reemplazar la flota de ERSA con unidades de Tamse es impracticable y en los hechos implicaría una reducción aún mayor de la frecuencia. 

Lo que corresponde es la suspensión de la concesión a ERSA, la confiscación de la flota y el cobro de todas las multas por incumplimiento del pliego de licitaciones; recursos que deben ser puestos para la refacción y renovación de las unidades. 

En este mismo sentido es necesario avanzar en la estatización del sistema de transporte, pero como no hay dudas de que la gestión municipal es responsable directa de encubrir el vaciamiento para garantizar los negociados de las concesionarias, dicha estatización solo puede proceder bajo control de trabajadores y usuarios. 

Por lo antes es que presento el presente proyecto de resolución, y solicito a mis pares su pronto tratamiento y aprobación.