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Parlamento: Cámara de Diputados de la Nación

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS – ENCOTEL – Y EMPRESANACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ANONIMA – ENCOTESA -. SE RECONOCE UNA INDEMNIZACION A FAVOR DE LOS EX AGENTES QUE NO SEHAYAN ACOGIDO AL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA – PPP -.

11/08/2026

PROYECTO DE LEY
La Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, reunidos en el Congreso Nacional
sancionan con fuerza de ley:


EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS – ENCOTEL – Y EMPRESA
NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ANONIMA – ENCOTESA -. SE
RECONOCE UNA INDEMNIZACION A FAVOR DE LOS EX AGENTES QUE NO SE
HAYAN ACOGIDO AL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA – PPP -.
ARTICULO 1° – El Estado Nacional reconoce una indemnización a favor de los ex agentes
de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) – o a su derecho habientes
-, que estuvieran en relación de dependencia con la empresa ENCOTESA Sociedad
Anónima al 24 de enero de 1992 y a los que ingresaron con posterioridad a esta fecha.
Este reconocimiento es en base al derecho adquirido en virtud de la Ley n°23.696 que
instituyó el régimen del Programa de Propiedad Participada para todo el personal de las
empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas «sujeta a
privatización».
ARTÍCULO 2° – Se fija la indemnización en la suma de SETENTA Y TRES mil dólares (U$S
73.000) o el equivalente en pesos CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL pesos ($104.275.000) el importe que resultare más favorable al trabajador.
La compensación será pagadera en efectivo, en pesos y al cambio del día de cobro de la
misma. Una vez publicada en el boletín oficial, si el importe más favorable al trabajador
fuere la suma de pesos CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL pesos ($104.275.000), la misma se ajustará según el índice del IPC del INDEC.
ARTICULO 3° – La indemnización no podrá ser gravada con ningún tipo de impuesto y es
inembargable.
ARTICULO 4° – En el plazo de sesenta (60) días corridos de la sanción de esta ley, el
Ministerio de Finanzas de la Nación, deberá reglamentar la ley y notificar a los ex agentes
de ENCOTEL incluidos en el Artículo 1° de la presente ley, las liquidaciones que les
correspondan, teniendo en cuenta las pautas indicadas en el artículo 2° de la presente ley.
El pago de la indemnización no deberá exceder los 180 días corridos de la sanción de esta
ley.
ARTICULO 5°- La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 6º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño


FUNDAMENTOS


Sr. Presidente:
Traemos nuevamente este Proyecto de Ley a consideración, y lo volvemos a presentar en
virtud de defender el derecho de las y los trabajadores que fueron afectados y perjudicados
por las privatizaciones en la década del ´90. Se trata de un reclamo sostenido por un
colectivo importante de trabajadores del sector, de todo el país, que se vienen organizando
hace años sin respuestas por parte de ningún gobierno y por es por esto que insistimos en
su urgente tratamiento.
La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) fue creada en 1972 como
empresa pública que prestaba servicio postal, telegráfico y monetario. Durante la
dictadura videlista (1976/1983) se inició la privatización de la actividad, permitiendo el
ingreso de empresas privadas en el servicio de correos y encomiendas. En 1989 el Poder
Legislativo aprobó la Ley de Reforma del Estado y la Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos fue declarada sujeta de privatización por medio de concesión. En 1991 el
Poder Ejecutivo transfirió ENCOTEL al ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos (dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos).
El 24 de enero de 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, en el marco de la política
de entrega de las empresas estatales al capital privado, a través del decreto 214,
ENCOTEL pasa a ser una sociedad anónima: la Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos S.A. (ENCOTESA). Inmediatamente se producen despidos masivos, a través
de las modalidades de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Este proceso llegó a
despedir, a lo largo de la década del noventa, a alrededor de 20.000 trabajadores, que,
sumados a los despidos de las demás empresas y reparticiones privatizadas,
ascendieron a cientos de miles. Esta crisis de desocupación fue uno de los factores que
desataron los levantamientos del año 2001.
Consideramos el 24 de enero de 1992 como la fecha de corte para incluir a todos los ex
trabajadores de ENCOTEL/ENCONTESA que fueron despedidos en el marco de la
privatización de los años noventa, en esta ley que los indemniza por el incumplimiento
del derecho a las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP) y bonos de
participación en las ganancias, inscriptos en la ley madre privatizadora número 23696,
de fecha 17/08/1989.
Esta ley que origina las privatizaciones también estableció el Programa de Propiedad
Participada (PPP), como un derecho otorgado a los trabajadores, con el afán de presentar
a las privatizaciones como un avance, al capital privado como “inversionistas” y a la
entrega de las empresas estatales, como un proceso de mejora de los servicios y de la
actividad industrial. De esta manera, la supuesta participación de los trabajadores en las
ganancias de las privatizadas fue un señuelo para imponer una política que, a la vista de
los resultados, no sólo ha fracasado como factor de desarrollo nacional, sino que ha
significado un saqueo para la población y los recursos del país. Una vez instalado el
capital privado, nunca llegaron las inversiones ni la eficiencia, todo lo contrario. Se
encarecieron los servicios, se profundizó y extendió la crisis económica, se masificó la
desocupación y la pobreza, y se les negó a los trabajadores el derecho establecido en
dicha ley.
El 24 de marzo de 1997, mediante el Decreto N°265/1997, la empresa ENCOTESA fue
liquidada y la prestación de servicios postales le fue otorgada en concesión al grupo
denominado Correo Argentino SA, constituido por el grupo SOCMA (propiedad de la
familia Macri, cuyo presidente era Franco Macri), el Banco Galicia y el Correo Inglés, que
ofició del sector estatal requerido por la Unión Postal Internacional (UFI). De este modo,
la Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en llevar a fondo la
privatización del servicio postal. De acuerdo con el contrato de concesión, que se había
firmado por un término de 30 años, la Sociedad Macri debía pagarle al Estado nacional
un canon semestral de 51,6 millones de pesos. En el año 1999 los Macri dejaron de pagar
y acumularon una deuda de aproximadamente 900 millones de dólares con acreedores
privados y con el Estado nacional. Cuando el grupo SOCMA se hizo cargo de los servicios
el 1 de septiembre de 1997, el correo contaba con 20.400 trabajadores y no tenía pasivos
financieros. En menos de cuatro años el grupo SOCMA redujo los puestos de trabajo a
12.800, es decir, despidió a 10.000 trabajadores. Los empleados fueron sometidos a un
régimen laboral con cada vez mayores sobre exigencias. Los Macri fraguaron una quiebra
contable. Así, en septiembre de 2001, la empresa Correo Argentino entró en concurso
preventivo.
El 19 de noviembre de 2003, a pocos meses de asumir la presidencia de la Nación, Néstor
Kirchner firmó un decreto mediante el que rescindía el contrato de concesión de servicios
postales de la empresa Correo Argentino a la Sociedad Macri (SOCMA), Banco Galicia y
el Correo Inglés. El Estado pretendió absorber la deuda millonaria de la familia Macri con
el Estado nacional y con acreedores privados, en una clara operación de rescate del
grupo empresario.
Claro que no se reincorporó a los ex trabajadores despedidos, no se entregaron las
acciones del PPP, no se les exigió a los grupos empresarios el pago de dichas acciones
ni el Estado se hizo cargo de la indemnización, pero sí lo hizo de la deuda del grupo
Correo Argentino. La actividad del resto de las empresas privadas continuó. Es decir que
se mantuvo el esquema privatizador de los ´90 con el agregado del rescate del grupo
Macri y de su deuda con el Estado.
No podemos dejar de señalar que las cúpulas sindicales fueron facilitadoras de estas
políticas, ya que lejos de organizar a los trabajadores y afiliados, actuaron en su contra.
Los ex agentes de ENCOTEL que estaban en actividad al 24 de enero de 1992 se
encuentran a 24 años del momento en que debieron recibir el 14 % de las acciones de
su empresa, según el Programa de Propiedad Participada. Cabe señalar dos hechos
fundamentales:
A – La UPU (Unión Postal Universal) establece que el servicio postal de cada país debe
contar con uno de origen estatal. Por este motivo, los grupos SOCMA y Banco Galicia,
se asocian con el estatal Correo Inglés. La privatización del servicio postal no fue
implementada a través de una ley como lo hicieron con las empresas estatales YPF, Gas
del Estado, etc., por este motivo. Por lo tanto, se justifica ampliamente la fecha de corte
del 24 de enero de 1992, a través del decreto 242 que implementó el inicio de la
privatización en esta área.
B – Los ex trabajadores tienen derecho indiscutido a recibir la indemnización por el
incumplimiento del PPP, sin el requisito de que las empresas privatizadas declararan
dividendos porque el 29/12/98, a través del Decreto Nº1.560, se faculta a la Secretaría
de Comunicaciones a aprobar el Formulario de Adhesión al Programa de Propiedad
Participada, Acuerdo General de Transferencia y el Convenio de Sindicación de
Acciones, que colocaba a los trabajadores de la empresa Correo Argentino S.A. como
adherentes al PPP (art. 1°). En la misma se instruye para que, conforme a la normativa
vigente en la materia, se proceda a realizar todos los actos necesarios para instrumentar
esta cesión (art. 2°). Por el artículo 3° de dicho decreto se aclara que conforme al numeral
3.13 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación aprobada por Decreto N°265, la
cesión a favor de los trabajadores del 14% del capital accionario, lo es con carácter
gratuito, con cargo a la adhesión al Programa, al Acuerdo General y al Convenio de
Sindicación que oportunamente se apruebe. Con fecha 25/06/99 la Secretaría de
Comunicaciones mediante la Resolución N°18.317 establece los requisitos que deberá
reunir el personal de la ex ENCOTESA para adherir al PPP de Correo Argentino S.A. y
por la Resolución Nº18.318 aprueba el Formulario.
Nada de esto se llegó a concretar, en una clara violación de los derechos legales de los
trabajadores que fueron castigados con desocupación, flexibilidad laboral e
incumplimiento de las deudas contraídas por las privatizadas, amparadas por el Estado.
Como es el caso del grupo SOCMA y Banco Galicia, a los que el Estado le absorbió la
deuda. Hay una conducta delictiva tanto en este rescate del grupo empresario como en
la violación de los derechos de los trabajadores.
Por lo tanto, esta ley pretende resarcir económicamente, en parte, el perjuicio ocasionado
por la sistemática política privatizadora de los gobiernos y otorgarles una indemnización
cuyo monto resulte en un resarcimiento real por semejante saqueo a las familias de los
trabajadores. Nos apoyamos en el antecedente de YPF, cuyo derecho fue reconocido por
medio de una ley similar en este CongresoEs por este motivo que la suma indemnizatoria se fija en un equivalente a 73.000 dólares,
en la medida que permita subsanar tanto el capital que se les confiscó a los trabajadores,
así como la compensación por los punitorios que deberían percibir por tantos años de
postergación. Esta ley contiene todas las especificaciones en montos, plazos e
instrumentos de pago para asegurarles a los trabajadores que el PEN hará efectivo el
pago, en tiempo y forma.
Por todo lo expuesto se les solicita a las Sras. Diputadas y a los Sres. Diputados
acompañen el presente proyecto de ley.


Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño

RESARCIMIENTO ECONÓMICO A FAVOR DE LOS EX TRABAJADORES DE LAEMPRESA AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO

11/08/2026

PROYECTO DE LEY
La Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, sancionan con fuerza de ley:


RESARCIMIENTO ECONÓMICO A FAVOR DE LOS EX TRABAJADORES DE LA
EMPRESA AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO
ARTÍCULO 1º.- El Estado nacional reconoce una indemnización económica a favor de
los ex trabajadores de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, o sus
derechohabientes que no hubiesen recibido la participación accionaria dispuesta en la
ley 23.696. Aquellos agentes que hubiesen recibido alguna suma en concepto de
indemnización por no haber sido incluidos en el programa de propiedad participada, sea
en virtud de alguna norma o por haber tenido fallo favorable en juicio, podrán reclamar
la diferencia que existiese a su favor entre lo percibido y el monto que disponga la
presente ley.
ARTÍCULO 2º.- Se considera incluidos en el artículo 1º de la presente ley a los
trabajadores de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado que se desempeñaban
en relación de dependencia al día 26 de marzo de 1992, en virtud de lo dispuesto en el
decreto 509/92.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la indemnización a percibir por cada ex trabajador o sus
derechohabientes se fija en la suma de setenta y tres mil dólares (U$S 73.000) o su
equivalente en pesos CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL pesos ($104.275.000), el importe que resultare más favorable al trabajador.
Dicho resarcimiento será pagadero en pesos al cambio del día de su efectivo pago. Si
el equivalente en pesos aquí indicado fuese más favorable al trabajador, se actualizará
por el IPC del INDEC, dicha actualización se aplicará por el período comprendido entre
la fecha de determinación del monto referido y la del efectivo pago.
ARTÍCULO 4º.- Las indemnizaciones resultantes de la aplicación de la presente ley
serán inembargables, salvo que se trate de créditos de naturaleza alimentaria, y estarán
exentas del pago del impuesto a las ganancias.
ARTÍCULO 5º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a emitir bonos de consolidación
de deuda para cubrir el monto de las indemnizaciones dispuestas por la presente ley,
y/o a reasignar partidas presupuestarias y extrapresupuestarias necesarias para su
cumplimiento.
ARTÍCULO 6º.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los
30 días de su publicación, y deberá notificar las liquidaciones calculadas a los
beneficiarios dentro de los 30 días de sus respectivos requerimientos.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño


FUNDAMENTOS


Sr. Presidente:
Traemos nuevamente este Proyecto de Ley a consideración, y lo volvemos a presentar
en virtud de defender el derecho de las y los trabajadores que fueron afectados y
perjudicados por las privatizaciones en la década del ´90. Se trata de un reclamo
sostenido por un colectivo importante de trabajadores del sector, de todo el país, que se
vienen organizando hace años sin respuestas por parte de ningún gobierno y por es por
esto que insistimos en su urgente tratamiento.
Aprobada en 1989, en medio de una crisis hiperinflacionaria y de demandas sociales, la
Ley 23.696 fue el puntapié de una de las reformas del Estado que dio comienzo al
proceso de desguace de las empresas públicas en Argentina durante los años 90
generando un impacto profundo y estructural: desempleo masivo, aumento de tarifas de
servicios públicos, precarización laboral y la extranjerización de empresas clave. Así, se
habilitó un proceso de transformación marcada por las privatizaciones, la
descentralización y la desregulación estatal en favor de las grandes empresas. Con el
argumento de que buscaban eficiencia y reducir el déficit fiscal, derivaron en la
concentración de mercados, aumento de la deuda externa y corrupción en los procesos
de venta.
El gobierno de Javier Milei con el mismo argumento logró que le aprobaran la Ley Bases
en la cual nuevamente declara «sujetas a privatización» a empresas estatales
específicas, utilizando el marco procedimental de la Ley 23.696. Los resultados no
pueden ser otros que una nueva catástrofe para la clase trabajadora, incluso más grave
por desenvolverse desde la base de la catástrofe anterior.
Estas privatizaciones de las empresas del Estado argentino fueron fundamentadas en
la necesidad de reducir el déficit fiscal, el monto de la deuda pública externa, mejorar la
eficiencia de la producción y servicios a través de la competencia privada y superar la
obsolescencia del equipamiento estatal.
Treinta años después, la deuda externa y el déficit fiscal se encuentran en niveles
históricos récord. El monopolio estatal ha sido sustituido por monopolios privados, no se
ha realizado la inversión en infraestructura para adecuar la producción y los servicios,
que son completamente ineficientes y siguen mostrando grandes niveles de precariedad
y obsolescencia. Esta situación desembocó en la grave crisis de abastecimiento de
1988/1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema
Interconectado Nacional por una magnitud superior a los 1.000.000 MWh/año.
Con las privatizaciones, el Estado dejó de tener un papel en la planificación energética,
reemplazado por un mercado oligopólico con una matriz energética poco diversificada.
La Empresa Agua y Energía Eléctrica tenía presencia en todo el territorio nacional,
contaba con una potencia instalada de 4.670 MW, de la que un 55% era de generación
térmica, y el resto hidroeléctrica.
La empresa AyE fue desguazada y fragmentada en múltiples unidades de negocios,
eliminando el sistema integrado y reemplazándolo por tres subsectores: generación,
transporte y distribución. Se dividió la antigua empresa estatal en 18 generadoras
privatizadas, se provincializó la distribución en el interior, y se creó un nuevo monopolio
fusionando las líneas de alta tensión de AyE, HIDRONOR y SEGBA bajo el control de
Transener.
La evolución de la potencia instalada desde las privatizaciones muestra un crecimiento
de la generación térmica (ciclo combinado, turbo vapor, turbo gas y diésel), lo que
acentuó el uso de combustibles fósiles y la vulnerabilidad del sistema frente a la
escasez, como se demostró en los últimos años a un alto costo económico y social.
Para favorecer su venta, las empresas -entre ellas Agua y Energía Eléctrica Sociedad
del Estado- cesantearon en forma directa o mediante el perverso mecanismo de “retiros
voluntarios” a gran parte de su personal, a fin de reemplazarlos por empleados fuera del
convenio laboral, o bien por servicios tercerizados. Los retiros voluntarios merecen un
breve examen: se redujo el 30% del personal en las distribuidoras, el 45% en las
centrales térmicas y alrededor del 25% en las áreas de transporte. Se trató de despidos
encubiertos, ofreciendo sumas similares a las indemnizaciones de ley a cambio de las
renuncias, y cuando éstas no eran aceptadas se emprendían acciones de persecución,
se practicaban traslados que empeoraban las condiciones de empleo, se imponían
tareas diferentes a las habituales sin haber capacitado a los agentes para
desempeñarlas, y hasta se ponía a disponibilidad, sin tarea asignada, a los menos
dispuestos a aceptar el retiro. Todo esto produjo un gran desgaste psicológico a miles
de trabajadores, que finalmente optaron por aceptar el dinero y quedarse sin empleo.
La situación creada a partir de estas premisas trajo gravísimas consecuencias a las
familias trabajadoras, ya que a partir de mediados de la década del 90 el desempleo fue
masivo y la precarización e informalidad laboral, norma en la práctica. Consumidas las
indemnizaciones y pagos por “retiro voluntario”, una enorme franja de trabajadores se
sumergió en la pobreza y la marginación.
Por todo lo expuesto, el reconocimiento del derecho a la propiedad participada, y por lo
tanto a la indemnización contemplada en el presente proyecto de ley, es un
resarcimiento -aunque parcial- a los ex trabajadores de la empresa Agua y Energía
Eléctrica Sociedad del Estado.
Por todo esto, solicito a las y los diputados que acompañen este proyecto de ley.


Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño

SALARIO MÍNIMO MUNICIPAL

11/08/2026

PROYECTO DE LEY


La Cámara de Diputado de la Nación sanciona con fuerza de ley…
SALARIO MÍNIMO MUNICIPAL


ARTÍCULO 1°— Ámbito de Aplicación. Las disposiciones y beneficios de la presente
Ley serán de aplicación a los dependientes de las Administraciones Públicas Municipales
en cada una de las Provincias del país incluyendo a todo trabajador que desarrolla tareas
propias del servicio público encasillado dentro de la planta permanente o transitoria del
régimen de empleo público incluyendo aquellos que presten funciones bajo cualquier otro
régimen contractual.
ARTÍCULO 2°— Salario Mínimo Municipal Nacional. Los trabajadores comprendidos en la
presente Ley tendrán garantizado un piso salarial equivalente a cuatro (4) Salarios Mínimos
Vitales y Móviles para el ingresante en cualquiera de los agrupamientos o modalidad de
encasillamiento o contratación.
ARTÍCULO 3°— Sumas No Remunerativas. Toda suma, montos a cuenta, bonos u otro haber
que perciban los trabajadores por cualquier concepto se incorporarán al salario como haber
remunerativo sujeto a aportes a partir de la vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°— Carrera Administrativa. Los trabajadores pertenecientes a la planta permanente
ingresarán por Concurso a través de mecanismos transparentes garantizándose el derecho al
progreso en la carrera administrativa en los diferentes niveles de cada agrupamiento con
promociones como máximo cada cinco años así como a la designación con antelación suficiente
al cese de actividad, en el nivel inmediato superior del que revista que le permita obtener el
beneficio jubilatorio en dicho cargo y conforme las normas previsionales de cada jurisdicción.
ARTÍCULO 5°— Aportes del Estado. El Estado Nacional garantizará los aportes necesarios
asistiendo a aquellas jurisdicciones cuyos ingresos sean insuficientes para el cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 6°— La presente Ley es una norma de Orden Público
ARTÍCULO 7°— De forma.


Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño


FUNDAMENTOS


Señor presidente
En la Argentina, los trabajadores municipales son, dentro de los registrados, quienes se
encuentran en las peores condiciones laborales y salariales.
Por caso, los municipales de la Provincia de Buenos Aires (que por su extensión, población y
cantidad de municipios es la que tiene mayor porcentaje de estos trabajadores a nivel nacional),
perciben un salario básico de “ingresantes” (categoría 10) de 733.059$ a partir del mes de mayo,
donde se aplica un 12% de aumento según informa la Federación de Sindicatos Municipales
Bonaerense (FeSiMuBo). Este monto, como puede verse, está muy lejos de la canasta familiar,
que el INDEC estimó en febrero 2026 para una familia de 4 integrantes en 1.397.672$. De hecho,
no cubre tampoco la Canasta Alimentaria Mínima difundida por la junta interna de ATE INDEC,
que se calcula en 789.979$. También ese monto fue calculado en el mes de febrero, por lo que
conoceremos próximamente cifras más altas, que contemplen la inflación que continúa
creciendo, particularmente en bienes de consumo como los alimentos.
A su vez, en la mayoría de los municipios los trabajadores denuncian que el cincuenta por ciento
de los ingresos se percibe como no registrado (en negro) vaciando las cajas previsionales. En
algunos municipios el escenario es mucho peor, ya que mediante mecanismos como el
monotributo se contrata trabajadores muy por debajo del salario básico de convenio antes
mencionado.
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14.656 de 2014 que regula las relaciones laborales y
negociaciones colectivas de los trabajadores municipales establece la creación del Consejo de
Empleo Municipal, pero recién en los últimos meses fue convocado por primera vez, y en la
mayoría de municipios no se regula a través de los Convenios Colectivos las condiciones
inherentes a la relación de empleo público como postula la Ley sino que los gobiernos
municipales optaron por sancionar Ordenanzas con exclusión de la representación gremial.
En el resto del país la situación es similar en cuanto a la falta de representación sindical
agravándose aún más la cuestión salarial en las jurisdicciones más pequeñas donde los
trabajadores municipales. Con una inflación que no cesa, la situación desesperante del
trabajador municipal debe ser atendida por esta Cámara estableciendo por Ley un piso salarial
para todo el país que garantice remuneraciones acordes al alza del costo de vida.
El proyecto prevé garantizar el importe equivalente a cuatro (4) SMVyM para las remuneraciones
que perciban los ingresantes a la función pública que establezca un piso sobre el cual se
escalonarán los haberes de las restantes categorías de la carrera. En pasadas presentaciones
de este proyecto, se estipulaba un piso salarial de 2 (dos) SMVyM, el actual considera necesario
subir ese piso al doble (4 SMVyM) por el desfasaje entre el aumento del costo de vida y un salario
mínimo que no refleja el mismo poder adquisitivo.
A su vez se determina que todas las asignaciones fijadas a los trabajadores activos revistan el
carácter de “remunerativas” a los fines de fortalecer los ingresos de las Cajas Previsionales hoy
deficitarias y el consiguiente sinceramiento y traslado porcentuales a los haberes de la clase
pasiva titulares de beneficios previsionales.
Históricamente los gremios vienen reclamando “urgentes políticas de corto y mediano plazo ante
la gravosa situación salarial que sufren las y los trabajadores municipales y sus familias, pero
también condiciones dignas de empleo entre las que se cuentan garantizar la igualdad y
transparencia en el ingreso a la función pública que impida los nombramientos políticamente
direccionados.
Se procura con esta Ley asegurar el derecho a la carrera administrativa que posibilite la
promoción y el ascenso de los trabajadores en el escalafón sin discriminaciones con base a la
antigüedad evitando la permanencia arbitraria en los niveles escalafonarios más bajos por
discriminatorias postergaciones y que les permita alcanzar con antelación suficiente al cese de
la actividad una jubilación como mínimo con el haber del grado inmediato superior previsto para
cada agrupamiento. Esto último constituye una elemental reparación a la condena que sufren
miles de municipales que llegan a la jubilación sin que se les haya reconocido el esfuerzo y la
idoneidad adquirida en el correr de los años, y, al mismo tiempo una manera de no ser
condenados a jubilaciones de indigencia, como ocurre hoy masivamente.
Por último, a los fines de viabilizar la instrumentación de la norma se prevé que el Estado
Nacional garantice los aportes necesarios mediante mecanismos presupuestarios que permitan
la vigencia en todo el país de los derechos establecidos por la misma.
Esta Ley es de Orden Público para garantizar el cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo
en su Art 173. de PARIDAD SALARIAL – que establece “El principio constitucional de igual
remuneración por igual tarea deberá ser cumplimentado en todos los contratos individuales,
convenciones colectivas de trabajo, reglamentaciones y todo acto por el cual se fijen o estipulen
salarios.”
Por lo expuesto invito a las Sras. Diputadas y a los Sres. Diputados a acompañar el
presente Proyecto de Ley.


Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño

ABOLICIÓN DEL IMPUESTO AL SALARIO

11/08/2026

PROYECTO DE LEY


La Cámara de Diputados de la Nación sanciona con fuerza de ley…
ABOLICIÓN DEL IMPUESTO AL SALARIO


ARTÍCULO 1°- Queda excluido el salario del impuesto a las ganancias o ingresos personales. Esta exclusión comprende la retribución que, por cualquier concepto, perciba un trabajador en relación de dependencia bajo convenio, tanto estatal como privado. Esta disposición rige a partir del ejercicio fiscal 2026.
ARTÍCULO 2°- Establécese la exclusión del pago de impuesto a las ganancias sobre cualquier tipo de indemnización laboral, incluida la antigüedad, establecidas por las leyes vigentes, como también los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales, las indemnizaciones que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. Lo mismo vale para las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido. Como también sobre los montos abonados por acogerse al retiro voluntario o la simple extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo, en la medida que todos ellos tienen un carácter restitutorio y/o compensatorio de la pérdida de la fuente de trabajo. Esta disposición rige a partir del ejercicio fiscal 2026.
ARTÍCULO 3°- Queda excluida la jubilación del impuesto a las ganancias o ingresos personales, con excepción de aquellas funciones que hayan estado eximidas del pago del tributo durante su vida laboral, como los jueces y el personal diplomático. Esta exclusión se hace extensiva a los pagos derivados o relacionados con ese concepto, tales como pensiones, retiros y subsidios. Quedan comprendidas también en esta exclusión las retroactividades, reconocidas en sede administrativa o judicial, emergentes de una sentencia de reajuste de haberes previsionales, y los intereses accesorios a dichos créditos. Quedarán excluidas también las jubilaciones de los trabajadores judiciales de carrera.
ARTÍCULO 4°- Las disposiciones de los artículos primero y segundo no serán de aplicación respecto a los pagos, por cualquier concepto, que se realicen a las personas que forman de parte de elencos directivos, ejecutivos, gerenciales y de control de sociedades, empresas y organizaciones, estén o no estén constituidas regularmente. Se exceptúa de dicho tratamiento al personal directivo de escuelas y a quienes ejerzan cargos escalafonarios dentro de la
administración pública o en el marco de convenios colectivos de trabajo, correspondientes a las carreras profesionales o laborales del ámbito en que se desempeñan.
ARTÍCULO 5°- Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 1 y 2, se establece como Mínimo No Imponible para el trabajo personal de una persona soltera y/o sin cargas de familia el costo de cinco Canastas Básicas Totales (CBT), según es calculada por el INDEC para un hogar de 4 personas. Para el caso de las personas casadas, en unión civil o concubinato, haya o no hijos en la familia, el mínimo no imponible será equivalente a cuatro CBT. Este monto será actualizado trimestralmente, utilizando como parámetro la actualización trimestral de dicha canasta.
ARTÍCULO 6°- El personal directivo empresarial o estatal que supere el monto de (5) cinco canastas familiares, especificado en el artículo 4, como ingreso mensual, deberá pagar el impuesto a la cuarta categoría sobre el excedente del Mínimo No Imponible en base a la siguiente escala: 1) De 0 a 2 CBT anuales , el porcentaje será de 9%, 2) más de 2 y hasta 4 CBT anuales, el porcentaje será de 14%, 3) mas 4 y hasta 6 CBT anuales, el porcentaje será de 19%, 4) más de 6 y hasta 8 CBT anuales, el porcentaje será de 23%, 5) más de 8 y hasta 10 CBT anuales, el porcentaje será de 27%, 6) más de 10 y hasta 12 CBT anuales, el porcentaje será de 31%, 7) a partir de 12 CBT anuales, el porcentaje será de 35%. Dichos valores rigen desde el 01 de enero de 2026 y deberán ser actualizados trimestralmente en los términos convenidos en el artículo 4.
ARTÍCULO 7°- Los trabajadores autónomos tendrán un Mínimo No imponible equiparable al costo de cinco CBT, establecido en los términos del artículo 5°, incluida las cláusulas de actualización allí contenidas. Así mismo, se excluye de la obligación del pago del componente impositivo a los trabajadores monotributistas quienes están alcanzados por el mismo bajo el carácter de prestadores o locadores de servicios, cuando sus ingresos no superen un monto equivalente a 5 (cinco) veces el costo de la canasta familiar (en los términos del artículo 5), según es calculada por los institutos de estadística de las centrales sindicales. Este monto será actualizado trimestralmente, utilizando como parámetro la variación de dicha canasta publicada por el INDEC.
ARTÍCULO 8°- El importe previsto como Mínimo No Imponible, cuando se tratase de las ganancias referidas al ejercicio de profesiones liberales u oficios será de cinco CBT, de acuerdo al cálculo que se realiza en el artículo 5 de la presente Ley, y se indexará por los métodos previstos en la misma.
ARTÍCULO 9°- Los trabajadores en relación de dependencia ingresarán las obligaciones que les correspondan con la AFIP o cualquier otro organismo del Estado, respecto de este impuesto, mediante la presentación de declaraciones juradas y/o pagos efectuados por sus propios titulares. Los empleadores cesan en sus funciones de agentes de retención. En cada empresa se nombrarán comisiones independientes electas por el propio personal a los fines de asesorar y velar por el cumplimiento de esta disposición
Artículo 10°- Se suprimen todas las disposiciones en las normas legales en vigencia que contradigan el contenido de la presente ley.
ARTÍCULO 11°- La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 12°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Traemos a consideración nuevamente este proyecto de ley y volvemos a insistir en su tratamiento tras sucesivas presentaciones parlamentarias, que han sido sistemáticamente cajoneadas. El tema cobra vital actualidad dada la reinstalación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores asalariados por parte del gobierno de Javier Milei.
Reproducimos a continuación los fundamentos originales del proyecto presentado por primera vez en el año 2016 –dando cuenta de la persistencia de un reclamo tan sentido para el movimiento obrero y la política confiscatoria del salario que defendieron y defienden los sucesivos gobiernos hasta nuestros días.
Fundamentos del Proyecto presentado en 2016 por los diputados Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López (Expte. N° 0572-D-2016):
El presente proyecto apunta a abolir el llamado impuesto a las ganancias a los asalariados o a la cuarta categoría, aunque se trata de un «impuesto al salario». En la actualidad son afectados por esta confiscación un millón trescientos mil trabajadores. Cuando se añade a este impuesto directo otros del mismo carácter, como la contribución personal a la previsión social, y otros indirectos, como los que gravan el consumo personal o a la vivienda única e incluso ingresos brutos al consumo personal, se llega a la conclusión que el sistema impositivo confisca un 55% del salario de los trabajadores.
Los pisos que fueron establecidos en el mes de agosto de 2013 por el gobierno anterior, mediante el decreto Kicillof-Cristina Fernández, no sólo no resolvieron la situación luego de dos paritarias, 2014 y 2015, sino que han distorsionado por completo el impuesto, debido a que seguían vigentes mínimos no imponibles bajísimos, por un lado. Por otro lado, quien percibía en 2013 $15001 de salario bruto era fuertemente gravado, y estaba exento quien percibía $14999.
Los últimos anuncios rimbombantes del presidente Macri sobre la elevación del Mínimo No imposible fueron finalmente un fraude al pueblo, en la medida que ahora habría más trabajadores que pagarían el confiscatorio impuesto, ya que 180 mil dejarían de hacerlo, pero 220 mil entrarían en el gravamen, por la anulación de la disposición del 2013. Además, ahora quedarán incluidos en ganancias 110 mil jubilados, antes exentos. Esto, en un cuadro inflacionario y paritarias de por medio, la distancia entre pagar el 9% o pagar el 35% se recortará rápidamente. Además, la suba del MNI está muy por debajo de la inflación acumulada desde el 2001 en adelante, que resultó del 1.500%. Los 30 mil pesos netos de piso se transformaron en 30 mil pesos brutos. Esto significa que una persona casado con dos hijos que gane 25 mil de bolsillo pasa a tributar ganancias y uno soltero pasa a hacerlo a partir de los 18.900 pesos. Todo esto fue saludado por la burocracia sindical que se sentó en primera fila para recibir tamaño fraude a los trabajadores.
Esta confiscación salarial es la otra cara de la eximición de pago de retenciones a las mineras y a las patronales del agro, como los enormes subsidios a las petroleras. Existe una enorme transferencia de fondos que se extraen de una superexplotación sobre las condiciones de trabajo, como este gravoso impuesto sobre los salarios, hacia el beneficio del bolsillo empresarial, que reciben un regalo impositivo, a pesar que estos mismos son responsables del vaciamiento de nuestros recursos naturales y energéticos y de la contaminación de nuestro territorio. Los trabajadores estamos financiando los beneficios que recibieron los capitalistas. El paquete de ajuste, del que el impuesto al salario forma parte, es la garantía de las “condiciones de pago” que Macri le debe a los acreedores internacionales para el acuerdo con los buitres y el ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento, la piedra fundamental de su gobierno.
Además de ser confiscatorio, la carga de este impuesto se hace más pesada aún, en el marco de la disparada de precios sobre los alimentos básicos, los alquileres y medicamentos, entre otros gastos corrientes de las familias trabajadoras, y los recientes tarifazos sobre los servicios públicos, que fueron de una vez y con reconocimiento de cláusulas de actualización mensual a Edenor y Edesur por parte del gobierno, mientras a los docentes de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se les ha hecho una propuesta de aumento salarial muy por debajo de la inflación y en cuotas, lo que implicará una grave pérdida de su poder adquisitivo.
La carga creciente del impuesto a las ganancias sobre salarios se inicia con la «tablita» que impuso el gobierno de la Alianza en 2000. Esa reforma aumentó las alícuotas que pagan los asalariados según niveles de ingreso. Pero, además, las escalas que determinan la tasa a pagar no fueron actualizadas, mientras que el mínimo no imponible para la aplicación del impuesto fue siempre ajustado por debajo de la inflación. Como consecuencia de ello, cada vez más trabajadores se incorporaron al pago del «impuesto a las ganancias» en su máximo porcentaje, el 35%, pagando igual tasa que cualquier empresa o grupo económico.
Es conocido que los ingresos arrancados de este modo a los trabajadores fueron aplicados al pago de una deuda pública usuraria: por lo tanto, la orientación impositiva que aquí denunciamos ha convertido al Estado en un instrumento de la presión confiscatoria del capital financiero sobre los trabajadores. A esta carga sobre el salario debe sumarse la que resulta de la privatización de la educación, la salud y demás servicios públicos, que sumaron otros gastos a la canasta familiar, sin que fuera compensado por un aumento correspondiente del salario nominal. No estamos ante una “redistribución progresiva del ingreso” sino todo lo contrario.
El falso «impuesto a las ganancias» es recaudado en forma compulsiva -llamada retención en origen-, lo cual no ocurre con las escalas superiores de quienes pagan impuestos a las ganancias o ingresos personales, que lo hacen por medio de una declaración impositiva. El agente de retención, las patronales, tienen la posibilidad de eludir al fisco y retener una parte de lo recaudado en su propio beneficio.
En un mercado de competencia perfecta -lo cual implica una utilización plena de los recursos disponibles-, cualquier gravamen a los salarios es transferido a la parte patronal, que debe compensar la disminución que el impuesto provoca en el precio de la fuerza de trabajo. Como
esa premisa no está reunida, el sistema impositivo que grava los ingresos y los gastos de los asalariados opera como un elemento de presión para reducir el precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor histórico. Esa plusvalía extraordinaria es usada por el Estado para hacer frente a la deuda pública usuraria y al subsidio a diversos sectores capitalistas.
En oposición a ello, nuestro proyecto excluye taxativamente al salario y a las jubilaciones del pago del impuesto a las ganancias, así como a cualquier pago relacionado con ellos – indemnizaciones por despido o accidentes, pensiones o subsidios.
Sin perjuicio de lo anterior, exime de cualquier impuesto los ingresos equivalentes a tres canastas familiares para el trabajo en relación de dependencia, según es estimada por los centros de estadística de las centrales sindicales. Hoy el valor de esa canasta familiar se sitúa en los $19000.
Luego, el proyecto extiende estas mismas exenciones a los monotributistas, entendiendo que bajo esta figura se ha desarrollado vastamente una relación laboral encubierta y precaria.
En este proyecto, quedarían gravados sólo los directivos empresariales o estatales a partir de las tres canastas familiares, hoy un importe aproximado de $57000 para un soltero. Además, se corrige la llamada “escala de Machinea”, actualizando sus montos congelados hace 16 años, haciéndola progresiva según los ingresos.
Los profesionales y/o trabajadores de oficios que implican el trabajo personal de trabajadores de la salud u oficios, como el de plomero y electricista, entre otros, deben ser considerados como trabajadores, ya que el ejercicio de su trabajo personal está determinado por la constitución del mercado y sus regulaciones y por lo tanto deben recibir el mismo tratamiento que los trabajadores en relación de dependencia a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias.
Finalmente, se suprime el papel de las patronales como agentes de retención y deducción compulsiva del impuesto sobre los salarios brutos.
A partir de lo anterior, establecemos una clara línea demarcatoria frente a iniciativas del oficialismo y de la oposición de meramente “reformar” el impuesto.
Inscribimos el planteo de la abolición del impuesto al salario en la lucha por terminar con las exacciones impositivas del Estado sobre los que trabajan y por impuestos progresivos al capital, a las rentas y patrimonios, en el marco de una reorganización social dirigida por los trabajadores.
Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley
Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Nicolás del Caño

Interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete Manuel Adorni

18/06/2026

EXPTE N°2913-D-2026

ARTÍCULO 1°. – Citar al Señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, a este recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el objeto de ser interpelado, en los términos de lo previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, a los efectos de sustanciar el tratamiento de una moción de censura fundamentada en las siguientes causales:

  1. Fraude fiscal y ocultamiento patrimonial confeso, el cual se deriva de sus últimas declaraciones mediáticas y de las declaraciones juradas rectificativas de los últimos tres períodos fiscales (desde su ingreso a la función pública), donde reconoce haber omitido ante el fisco e ingresado al patrimonio familiar una suma de, al menos, 500.000 dólares. 
  2. Falso testimonio ante esta Cámara, al haber afirmado en la sesión informativa del 29 de abril de 2026 que “nunca existió ocultación alguna” respecto de sus bienes y patrimonio, cuando sus últimas declaraciones juradas y declaraciones públicas a los medios dan cuenta de lo contrario.
  3. Inconsistencias en la cronología, origen, trazabilidad y documentación respaldatoria de sus supuestas inversiones en criptoactivos, las cuales serían el respaldo para fundamentar que su crecimiento patrimonial no estaría ligado a un enriquecimiento ilícito en la función pública.
  4. Falsedad en la justificación del origen de los fondos, amparándose en una herencia familiar que contradice abiertamente los registros sucesorios y la situación de deudas, embargos e hipotecas que pesaban sobre su progenitor, así como en supuestos e inverificables ingresos «en negro» de su cónyuge.
  5. Adhesión al «Régimen de Inocencia Fiscal» (Régimen Simplificado de Ganancias) en medio de una tormenta de denuncias por enriquecimiento ilícito y de investigaciones en curso por parte de la Justicia Federal, utilizándolo como un escudo de impunidad política y judicial.
  6. Violación sistemática e incumplimiento deliberado de las Leyes de Emergencia en Discapacidad (Ley N° 27.793), Financiamiento Universitario (Ley N° 27.795) y Emergencia Pediátrica (Ley N° 27.796).
  7. Cualquier otra cuestión que decida el pleno incluir en el tratamiento al momento de la interpelación.

Néstor Pitrola

Romina Del Plá

 

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene por objeto citar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, a la Cámara de Diputados de la Nación en virtud de lo previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, a los efectos de su interpelación y el inicio de una moción de censura.

El presente proyecto, que actualiza y reafirma lo planteado en el Expediente 2789-D-2026 por nuestro interbloque del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, y que se suma a otros tantos expedientes en idéntico sentido, se hace necesario a la luz de los hechos de público conocimiento y las nuevas noticias respecto de la situación del Jefe de Gabinete de Ministros. Manuel Adorni se encuentra sospechado de enriquecimiento ilícito, con una causa judicial abierta en su contra que investiga el origen de los fondos con los que el funcionario vio crecer su patrimonio enormemente desde que asumió como funcionario público en 2023.

Frente a los cuestionamientos, que crecen mes a mes, Adorni presentó el pasado 11 de junio sus Declaraciones Juradas (la de este año y las “rectificatorias” de años anteriores) y brindó explicaciones mediáticas, en una entrevista en el medio La Nación+, sobre su patrimonio. Lejos de echar luz sobre el asunto y evacuar las sospechas sobre su presunto enriquecimiento ilícito, las declaraciones y la entrevista agravaron aún más su situación personal y la crisis política que atraviesa al conjunto del gobierno nacional en este tema.

Mientras el gobierno nacional ajusta los salarios, la educación y la salud públicas, y le exigen al pueblo un sacrificio intolerable, el Jefe de Gabinete es el protagonista de un escándalo de corrupción que ofende la realidad de la mayoría trabajadora de nuestro país. Los documentos presentados y sus dichos en la entrevista confirman, en opinión de quienes impulsamos este proyecto, una monumental estafa patrimonial, entre lo que podemos puntualizar lo siguiente:

Adorni acaba de presentar declaraciones juradas rectificatorias que abarcan los últimos tres años desde su llegada a la función pública. Allí reconoció la escandalosa omisión impositiva de haber ocultado un patrimonio mínimo de 513.000 dólares. Si tomáramos por cierta la versión del Jefe de Gabinete, estaríamos ante un fraude fiscal y una evasión multimillonaria. De todas maneras, es tan inconsistente la versión de Adorni que al mismo tiempo habla de un “error involuntario” (no haber informado sus ahorros) y afirma haber ahorrado “en negro, como todos los argentinos” (una acción por demás voluntaria y “justificada” en sus dichos porque es lo que hacen “los argentinos”).

  • Si la versión de los hechos expuesta por Adorni en estos días fuera cierta, eso significa que mintió conscientemente cuando asistió a la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, cuando afirmó que “nunca existió ocultación alguna” respecto de su patrimonio. Según las propias declaraciones juradas patrimoniales presentadas el 11 de junio hubo ocultamiento de dinero (al menos 513.000 dólares) e incluso de una vivienda en el Country Golf Indio Cuá, que no fue informada en su declaración jurada patrimonial del 4 de agosto de 2025 y fue incorporada una vez desatado el escándalo, según información periodística.

 

  • Estamos frente a una nueva estafa “cripto”. En primer lugar, existe una total inconsistencia en la cronología de las inversiones que Adorni describe en los medios de comunicación. Los documentos mostrados en las entrevistas no aclaran las fechas exactas de compra y salida del mercado cripto. Adorni brindó fechas distintas en su aparición televisiva, pero en cualquiera de los escenarios los análisis técnicos de la cotización histórica del Bitcoin desmienten que con el capital inicial declarado se hayan podido obtener los 300.000 dólares de ganancia neta que alega en el período que menciona. A esta situación se debe sumar que el propio Jefe de Gabinete afirmó desconocer el funcionamiento de Bitcoin y otras criptomonedas, en distintas entrevistas y apariciones públicas posteriores a 2018, año en el que, según sus dichos, ya habría liquidado sus activos cripto y recibido la ganancia.
  • A esto debemos sumar que el Jefe de Gabinete no ha acreditado, al menos públicamente, la titularidad, integridad ni correspondencia de las supuestas cuentas cripto. Las direcciones públicas de la blockchain servirían para verificar si esos fondos realmente existieron en los años declarados o si, por el contrario, se trata de una maniobra de blanqueo posterior para legalizar retribuciones espurias.
  • Sigue siendo una incógnita absoluta el origen del capital inicial de 200.000 dólares en efectivo que dice haber utilizado para dolarizarse en el mercado de criptomonedas. En la entrevista televisiva no especifica la procedencia de semejante masa de divisas para realizar una inversión en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas, en una época donde Adorni era en un empleado de una agencia oficial de autos de Renault, a la que demandó en 2016 tras su despido, amparándose en derechos laborales que su gobierno quiere destruir por completo.
  • Aunque no lo haya vinculado directamente en la entrevista, es necesario poner de manifiesto la farsa de la “herencia del padre” con la que Adorni dice haber hecho “su primer dinero”. Adorni aludió a una supuesta fortuna en efectivo que su hermano y él “encontraron” en el departamento de su fallecido padre. Sin embargo, este relato choca de frente con los antecedentes familiares y patrimoniales reales: dicho dinero no surge de ningún registro sucesorio y contradice la montaña de deudas, hipotecas y embargos judiciales que pesaban sobre su progenitor al momento de su muerte. Sin ir más lejos, en una publicación de la red social Twitter (hoy X) en 2018, Adorni afirmaba lo siguiente: “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.” ¿Por qué le costó tanto si había encontrado dinero en el departamento del padre? ¿Por qué decidía invertir 200.000 dólares en un mercado altamente volátil mientras pesaba sobre él y su familia deudas tan importantes?
  • También con estas últimas actualizaciones encontramos una gran contradicción con el supuesto préstamo de dos jubiladas. Si el Jefe de Gabinete disponía de semejante fortuna líquida, resulta inverosímil y contradictorio que haya tenido que recurrir a un sospechoso préstamo hipotecario por parte de dos jubiladas (familiares de un amigo, casualmente) para adquirir su departamento en Caballito. ¿Estamos ante una simulación destinada a ocultar el flujo de dinero real?
  • Gastos suntuosos y el comodín de los “ingresos en negro» de su esposa. El funcionario sigue sin poder explicar la brecha abismal entre su sueldo como funcionario público y un nivel de vida que incluye refacciones edilicias al contado por cientos de miles de dólares, alquileres y compra de inmuebles millonarios en barrios privados como Indio Cua y consumos en tarjetas de crédito que duplican sus ingresos brutos. La única defensa del Jefe de Gabinete ha sido escudarse en supuestos e inverificables ingresos «en negro» de su esposa, una coartada demasiado floja de papeles. Para aportar números al asunto, en el expediente de la justicia Federal Adorni acreditó al menos 406.000 dólares y nuevas deudas por 335.000 dólares, incluyendo compras de propiedades, alquileres en dólares, refacciones en efectivo, viajes en aviones privados, y gastos suntuarios. ¿Cómo puede hacer frente a esto con un ingreso de 7.1 millones de pesos?
  • El blindaje del Régimen de Inocencia Fiscal. Para coronar este mamarracho incongruente, Adorni se adhirió de apuro al “Régimen Simplificado de Ganancias” (la nueva ley de «Inocencia Fiscal» que se aprobó en el Congreso Nacional como iniciativa del propio gobierno y sus aliados en diciembre de 2025, hace tan solo seis meses, constituyendo un traje a medida de evasores, corruptos y narco-diputados como Espert.) en medio de la tormenta de denuncias penales por enriquecimiento ilícito. El funcionario utiliza una ley que él personalmente impulsó como un tapón fiscal y un salvoconducto judicial para declarar su auto-amnistía, pretendiendo borrar a través de una presentación por ventanilla de ARCA lo que constituye un delito penal flagrante. El régimen de inocencia fiscal presume inocente a quien presente su declaración jurada bajo ese esquema, siempre y cuando la presente “correctamente” y no supere los 1.000 millones de pesos de patrimonio. Curiosamente, Adorni declaró un patrimonio de 944 millones, apenas por debajo del umbral. Adicionalmente, su esposa Bettina Angeletti también se adhirió, y de esta manera ambos quieren impedir que ARCA pueda revisar los ejercicios fiscales previos en busca de inconsistencias. La adhesión de Adorni (y también de su esposa) al régimen es completamente inadmisible y debiera ser rechazada por ser un funcionario público de alto rango cuyo patrimonio no puede dejar de ser objeto de un escrutinio público

A la situación que recae sobre el Jefe de Gabinete en relación a su crecimiento patrimonial, que los medios de comunicación calculan superior al 400% en términos reales (2.241% neto) respecto de cuando ingresó a la función pública, se suman otros causales de la interpelación y moción de censura. Entre ellos, indudablemente está el incumplimiento de las leyes de Emergencia en Discapacidad (Ley N° 27.793), Financiamiento Universitario (Ley N° 27.795) y Emergencia Pediátrica (Ley N° 27.796), leyes votadas y ratificadas por este Congreso tras los vetos confiscatorios del Poder Ejecutivo, reviste el carácter de un crimen social.

Mientras Adorni adquiere propiedades y viaja en aviones privados, estamos asistiendo al quiebre de centenares de instituciones, transportistas y hogares, dejando a miles de niñas, niños y adultos en situación de desamparo total por el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los retrasos criminales de Incluir Salud y PAMI. En el mismo sentido, el estrangulamiento presupuestario ha empujado a la docencia universitaria a la indigencia salarial, mientras el vaciamiento del Hospital Garrahan —sostenido en pie únicamente por la heroica lucha de sus trabajadoras y trabajadores— expone a la niñez más desprotegida a la falta de insumos médicos básicos y al éxodo de sus profesionales. Para los capitalistas y sus funcionarios hay exenciones fiscales e “inocencia” en la evasión; para la salud, la educación y los discapacitados, un brutal ajuste.

Es evidente que el “tema Adorni” tiene un lugar destacado en la agenda pública nacional. No es solo por el nivel de escándalo de los hechos, sino también por el brutal contraste entre la realidad de la población trabajadora y los lujos de este funcionario público, que dedicó los últimos años justamente a provocar a la población festejando cada ataque de la “motosierra” contra el pueblo. La indignación crece con una camarilla gobernante que expone un brutal enriquecimiento mientras la juventud trabajadora y las familias obreras se saltean comidas porque el salario no alcanza para cubrir la canasta básica

En ese sentido, es necesario decir que el de Manuel Adorni no es un caso aislado, sino que es una pieza más en un esquema de corrupción y estafas que comanda el presidente de la nación Javier Milei y toda su camarilla. El presidente es la cabeza política y el principal responsable de este régimen que combina este entramado de corrupción capitalista y una ofensiva antiobrera sin precedentes con la reforma laboral esclavista y otras tantas medidas.

Quedó más que demostrado que la «lucha contra la casta» era una farsa absoluta. El gobierno del «déficit cero» es, en realidad, un grupo que promueve negociados capitalistas y conspiraciones contra el pueblo. Lo vemos en el escándalo de la estafa financiera de la criptomoneda $Libra, o en las coimas de la ANDIS, ambas causas abiertas que involucran a lo más alto del Poder Ejecutivo.

La permanencia de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete es intolerable. Pero en opinión de esta bancada, el asunto no puede reducirse a Adorni, sencillamente porque los hechos no se reducen solo a su persona. Es por eso que insistimos en nuestro planteo de avanzar en el juicio político al presidente Javier Milei, para el cual hay sobradas razones, y ponemos ese planteo a disposición del conjunto del pueblo trabajador, que más temprano que tarde está llamado a sacarse de encima este gobierno de estafadores, corruptos y antiobreros.

Por todo lo expuesto, solicitamos a las diputadas y diputados de este cuerpo la aprobación inmediata del presente proyecto de resolución para interpelar y realizar la moción de censura al Jefe de Gabinete en este recinto.

Declarar de interés de la H. Cámara de diputados el 17 de abril, Día del Prisionero Palestino.

27/04/2026

EXPTE N°1830-D-2026

De interés de la H. Cámara de diputados el 17 de abril, Día del Prisionero Palestino.

Desde 1974, cada 17 de abril se conmemora el Día del Prisionero Palestino, en señal de solidaridad con los miles de prisioneros confinados de manera irregular en cárceles y centros de detención israelíes, sin garantías mínimas de sus derechos.

 

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

FUNDAMENTOS

Traemos a consideración este proyecto de Declaración el cual plantea declarar de interés de la H. Cámara de Diputados el 17 de abril, Día del Prisionero Palestino.

Desde 1974, cada 17 de abril se conmemora el Día del Prisionero Palestino, en señal de solidaridad con los miles de prisioneros confinados de manera irregular en cárceles y centros de detención israelíes, sin garantías mínimas de sus derechos.

El 17 de abril cuando se conmemora el Día del Prisionero Palestino, es una fecha profundamente significativa para este pueblo y hoy toma una relevancia aún más importante a la luz de los hechos que nadie puede negar. Esto no debe ser tomado a la ligera ya que el ultimo 30 de marzo, en un nuevo aniversario del Día de la Tierra Palestina, el parlamento israelí terminó de dar aprobación a la “Ley de Ejecución” que es la pena de muerte por ahorcamiento para prisioneros palestinos.  Informes de la organización B´Tselem (israelí) y de Samidoun (palestina) coinciden en las cifras, la denuncia de las arbitrariedades y en la denuncia a los tratos hacia los detenidos. Las dos denuncian lo mismo, pero solo una, Samidoun, es acusada de “terrorista” por Estados Unidos, Canadá, Alemania y el propio Israel.

En las cárceles israelíes rige la pena de muerte, las torturas, las desapariciones de personas, el aislamiento y los abusos sexuales. Israel mantiene detenidos a 350 niños sin que ningún titular periodístico de los operadores del sionismo siquiera insinúe un atisbo de indignación por estas prácticas. Lejos de eso, acompañan y construyen el relato sionista con el que se sostiene esta barbarie.

Las cifras son elocuentes: el total de detenidos hoy supera las 9.600 personas. Ninguno de ellos fue sometido a un juicio con garantías para la parte acusada, 3.532 están bajo el sistema de “detenciones administrativas” que es como se llama al secuestro de personas que permanecen desaparecidas sin que sus familiares conozcan destino, acusación ni condiciones de detención. A 1.251 los consideran directamente “combatientes ilegales” por el servicio penitenciario de manera unilateral, lo cual los coloca en la fila de la ejecución de la pena de muerte. De acuerdo a la información que suministra Samidoun, solo en el mes de febrero detuvieron a 525 personas, entre ellas a 25 mujeres y 37 niños. Desde 2023 las ejecuciones de prisioneros ascienden a 88 mártires.

Esta información es suministrada y respaldada por las organizaciones citadas y por muchas más. El director del Centro Palestino de Estudios sobre Prisioneros, Rayid Al Ashkar, ha señalado hace poco que Israel ataca “deliberada y sistemáticamente” a los niños con el objetivo final de “destruir sus vidas y futuro”, y que “las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron el pasado año a más de 600 niños en los territorios ocupados”.

Esta realidad contrasta con el trato que reciben los colonos asesinos de palestinos. Un informe de una comisión independiente de investigación de la ONU denuncia que Israel ha utilizado la violencia sexual y reproductiva contra los palestinos “como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación” (marzo de 2025). En el caso del abuso sexual filmado que fue difundido por la fiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi, la detenida terminó siendo esta funcionaria, mientras que los ejecutores fueron tratados judicial y mediáticamente como héroes nacionales.

Yinon Levi fue puesto bajo arresto domiciliario tras disparar y matar al activista palestino y colaborador en el documental ganador del Oscar «No Other Land«, Awdah (Odeh) Hathaleen, en la zona de Masafer Yatta, en la Cisjordania ocupada. El colono asesino ya había sido denunciado anteriormente por otros crímenes. Todos los días ocurren agresiones, torturas, robo de tierras, destrucción de olivos y asesinatos que se suceden impunemente bajo el auspicio del ejército israelí.

En el mismo sentido, la asociación Waed de prisioneros, creada en 2006 en Gaza, también denuncia las condiciones de detención. “La Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos Palestinos, la Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPS) y la Asociación Addameer de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos informaron (…) que el número de menores reclusos (junils) ascendía a aproximadamente 350, distribuidos entre las prisiones de Ofer y Megiddo, y señalaba que en la prisión de Damon había dos niñas. Añadía que, a finales de 2025, el número de menores en ‘detención administrativa’ (virtualmente secuestrados) había alcanzado los 180”.

Este informe continúa con precisiones escalofriantes: “A principios de abril de 2026, el número de ‘detenidos administrativos’ (secuestrados) en prisiones israelíes ascendía a más de 3.532. Esta cifra incluye a mujeres y niños, la mayoría de los cuales son ex reclusos que han pasado años en cárceles israelíes. Otras categorías de detenidos incluyen estudiantes de primaria, secundaria y universidad, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados, ingenieros, médicos, académicos, parlamentarios, activistas, trabajadores y familiares de primer grado de palestinos asesinados y presos recluidos en cárceles israelíes, incluidas las hermanas de los fallecidos y las esposas de los presos”.

Como queda de manifiesto, lo más destacado del activismo antisionista de los territorios ocupados está dentro de las cárceles, sometido a torturas y sin ningún juicio justo ni derecho a la defensa.

Asimismo, de acuerdo a este informe Israel retiene 97 cuerpos de detenidos muertos en las cárceles, y sobre la situación sanitaria en el sistema carcelario se reportan todo tipo de proliferación de enfermedades a raíz del destrato israelí.

Las organizaciones denuncian que el ente israelí intensificó los ataques contra mujeres en febrero. El informe de Samidoun de febrero señala que “entre las detenidas se encuentran la estudiante de la Universidad An-Najah Shaimaa Jbour (Salem, Nablus), la estudiante Jana Ihsan Abu Warda (campamento de Al-Fawwar, Hebrón) y la periodista y expresa Bushra al-Tawil (Al-Bireh), sometida a detención administrativa” junto a otras 18 mujeres. La organización denuncia que “Sara Hamad (campamento de Qalandia) fue arrestada para presionar a su hijo a entregarse”.

Esta es la vida cotidiana de los palestinos en Gaza, Cisjordania y en Jerusalén. Los palestinos del 48 que aún viven en los territorios ocupados sufren, a su vez, todo tipo de persecuciones, detenciones en cárceles y detenciones domiciliarias y todo tipo de persecuciones y discriminaciones. Y también los palestinos refugiados en Líbano y en otros países sufren la infiltración sionista y los bombardeos y ataques de todo tipo.

Esta realidad es la verdadera cara del conflicto. El Estado genocida de Israel no quiere que se les ponga nombre, apellido e historia a los prisioneros palestinos. La política israelí requiere de la deshumanización completa, el silenciamiento y la mentira para construir el demonio innombrado: el palestino no existe para el sionista fanático y para el propio Estado. La afirmación de que “ocuparon una tierra sin pueblo” una mentira que tiene a 800 mil desplazados como testigos de la agresión, buscan hacerla realidad mediante el silenciamiento, la censura y un relato mentiroso sobre la historia de lo ocurrido. La realidad es que la decadencia sionista ha alcanzado su punto más profundo. No hay vuelta atrás, este cuadro de intensificación de la represión se da en el marco de una decadencia que como nunca antes refleja el carácter colonial y criminal de un Estado cuya forma de supervivencia es el asentamiento en tierras robadas y el expansionismo criminal contra palestinos, libaneses, jordanos y sirios.

Es sumamente importante conocer y reflexionar sobre la situación de miles de palestinos privados de libertad y en ese sentido, este día es para rendir homenaje a la dignidad, resiliencia y firmeza de aquellos prisioneros.

La comunidad del pueblo palestino en este día, recuerda a hombres, mujeres y niños que permanecen detenidos, muchos de ellos sin cargos ni juicio, enfrentando condiciones inhumanas, que han sido objeto de preocupación por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Sus historias son un testimonio de perseverancia frente a la adversidad y de una lucha constante por la justicia y la libertad. Asimismo, se honra a sus familias, quienes viven la ausencia, la incertidumbre y el dolor de la separación. Su resistencia cotidiana es parte esencial de esta realidad que no debe ser ignorada.

El Día del Prisionero Palestino es, además, un llamado a la conciencia internacional sobre la importancia de garantizar el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, a condiciones dignas de detención y a la protección de los más vulnerables, especialmente los niños.

Reafirmamos que la libertad, la justicia y la dignidad son derechos universales e inalienables.

Quienes soslayan esta brutal realidad antidemocrática, sean progresistas o derechistas, han superado la línea roja de la moralidad hace mucho tiempo. Seguiremos la lucha por la liberación de todos los prisioneros palestinos.

Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento y aprobación de este proyecto de declaración.

 

Expresar el más enérgico repudio a la visita del presidente de la nación, Javier Milei, al Estado sionista de Israel.

24/04/2026

EXPTE N°1787-D-2026

  • Expresar el más enérgico repudio a la visita del presidente de la nación, Javier Gerardo Milei, al Estado sionista de Israel. En el mismo sentido, repudiar el objetivo del gobierno de ratificar la alianza con dicho Estado, responsable del genocidio contra el pueblo palestino, y, junto a Estados Unidos, de la ofensiva imperialista y la guerra contra Irán y El Líbano.
  • Denunciar que la celebración a la que asiste el presidente y la delegación argentina intenta ser presentada como el “Día de la independencia de Israel”, pero que en realidad se trata de un nuevo aniversario de la Nakba, es decir la instauración del Estado colonialista y sionista, y la catástrofe palestina con la destrucción y el desplazamiento de más de 700.000 pobladores que habitaban esas tierras.
  • Repudiar enérgicamente el discurso de Javier Milei en su visita, por tratarse de una justificación ideológica del genocidio y la limpieza étnica contra el pueblo palestino por parte del Estado sionista, en particular al afirmar que “con algunas culturas no vamos a poder convivir”.
  • Rechazar el conjunto de los Memorandos firmados por Javier Milei, en representación de Argentina, y el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, en representación del Estado sionista, que estipulan: colaboración en la lucha contra el terrorismo, cooperación en desarrollo de IA, líneas de créditos millonarios para empresas israelíes que inviertan en Argentina, y vuelos directos entre Argentina y la Palestina ocupada a través de la empresa israelí EL AL.
  • Repudiar particularmente que la profundización del alineamiento del gobierno nacional con el Estado de Israel se lleve adelante cuando la empresa israelí Navitas Petroleum, en conjunto con la británica Rockhopper Exploration, anunciaron que comenzarán perforaciones en alta mar cerca de las Islas Malvinas a partir de 2028, algo por completo ilegal y que configura una nueva violación a la soberanía nacional por parte del imperialismo inglés.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

 

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar el más enérgico repudio a la visita del presidente de la Nación al Estado de Israel, así como al conjunto de definiciones políticas, diplomáticas y económicas que dicha visita implica. Denunciamos que, con esta visita de Milei, le otorga un respaldo al genocida y criminal de guerra Benajmín Netanyahu, primer ministro israelí, sobre el que pesa un pedido de captura internacional por parte de la corte penal internacional.

El Estado de Israel, sostenido política, militar y financieramente por Estados Unidos, es actualmente el responsable del genocidio contra el pueblo palestino, por un lado, y de la guerra imperialista contra Irán y El Líbano, iniciativas con las cuales el imperialismo busca rediseñar el mapa de lo que se conoce como Medio Oriente.

En su visita, Javier Milei volvió a respaldar la guerra imperialista. Recordemos que hace un mes, en sus declaraciones públicas en Nueva York dijo “vamos a ganar la guerra contra Irán”, comprometiendo, por fuera de la constitución, la participación y seguridad de nuestro país en un conflicto internacional de enorme magnitud. En esta oportunidad, además de respaldar la guerra contra Irán y El Líbano, Milei lanzó una justificación ideológica del genocidio, al afirmar que “con algunas culturas no vamos a poder convivir”.

También es motivo de nuestro repudio la circunstancia de la visita de Javier Milei. Este 21 de abril, el Estado sionista festeja su “Día de la Independencia”, pero detrás del mismo lo que se omite deliberadamente es que la fecha remite a la Nakba, es decir, a la catástrofe que implicó el desplazamiento forzado de unas 700.000 personas y el inicio de un proceso de colonización que persiste y se profundiza en el presente. Podemos reconocer en este hecho una continuidad lógica entre la política negacionista del gobierno nacional con el genocidio de la última dictadura en nuestro país, y la invisibilización de este hecho histórico, que constituye una forma de negacionismo en la Palestina ocupada.

Por otra parte, los acuerdos y memorandos suscriptos durante la visita deben ser absolutamente rechazados. Nos encontramos frente a la impostura de que el gobierno argentino suscriba una «colaboración en la lucha contra el terrorismo» con el Estado más terrorista y asesino del planeta, que se ocupa de perseguir a quienes lo enfrentan o denuncian. Palabras como “terrorismo” y “antisemitismo” son utilizadas por el Estado sionista y por el actual gobierno argentino para perseguir opositores, como es el caso de Vanina Biasi, la legisladora del Partido Obrero que será llevada a juicio por denunciar el genocidio en Gaza. Reiteramos una vez más: Antisionismo no es antisemitismo, y repudiamos la banalización por parte del gobierno y los agentes del sionismo de una cuestión tan grave como el antisemitismo para usarlo como herramienta de persecución política

Además, el gobierno suscribió un memorando de “cooperación en desarrollo de Inteligencia Artificial”, la que Israel utiliza en Gaza para identificar palestinos (supuestos “terroristas”) y asesinarlos. También acordaron otorgar líneas de créditos millonarias para que empresas israelíes inviertan en Argentina. Las mismas empresas que están detrás del genocidio y el colonialismo, como es el caso de Mekorot, la empresa que le niega el agua potable a la población gazatí y aquí tiene acuerdos con 12 provincias y con AySA para administrar nuestra agua. A todo esto, se suma el memorando para establecer vuelos directos entre Argentina y el Estado de Israel, a través de la empresa israelí EL AL.

Finalmente, resulta particularmente grave que este alineamiento se produzca en simultáneo con anuncios de exploración hidrocarburífera en áreas cercanas a las Islas Malvinas por parte de empresas de Israel junto a empresas del imperialismo británico ocupante de las islas. Estas acciones constituyen un acto de entrega colonial por parte del gobierno de Javier Milei absolutamente inaceptable para el pueblo argentino que reclama por la soberanía de las Islas Malvinas.

El contraste absoluto con esta política de entrega nacional que representa el actual gobierno lo representa el pueblo que lucha contra el genocidio y contra la guerra imperialista en Argentina y en el mundo. En particular queremos destacar la acción de la Flotilla Global Sumud, que, con una importante delegación argentina, que ya hemos propuesto apoyar en el proyecto Expte. 1491-D-2026, se encuentra rumbo a la franja de Gaza para solidarizarse con el pueblo palestino y para darle mayor impulso a la movilización internacional antisionista y antimperialista.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento a este proyecto que expresa un rechazo integral a la orientación adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional en relación a este viaje y a una política exterior que avala el genocidio y las guerras imperialistas.

 

Repudio a la decisión del PEN de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada.

23/04/2026

EXPTE N°1765-D-2026

Manifestar su más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, configurando un grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información.

Expresar su profunda preocupación ante la adopción de medidas de carácter general que impiden el ejercicio del trabajo periodístico en la sede del Poder Ejecutivo, lesionando libertades democráticas elementales y obstaculizando el acceso de la población a información pública.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregma

 

FUNDAMENTOS

La decisión del gobierno nacional de prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, y además cerrar el Salón de periodistas, constituye un hecho de extrema gravedad. No se trata de una medida administrativa aislada, sino de una restricción directa y generalizada al ejercicio del periodismo en uno de los principales ámbitos de producción de información pública del país.

La exclusión total de la prensa de la sede del Poder Ejecutivo implica, en los hechos, un bloqueo al acceso a fuentes directas de información oficial. La acreditación periodística no es una concesión discrecional del gobierno de turno, sino una herramienta indispensable para garantizar el derecho constitucional a informar y ser informado. Su anulación generalizada configura un mecanismo de censura.

A este cuadro se suma un elemento particularmente grave: el mensaje recibido por los trabajadores de prensa que se desempeñan en el palacio gubernamental, según el cual “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. Esta formulación no sólo refuerza la arbitrariedad de la medida, sino que introduce una presunción generalizada de sospecha sobre el conjunto de la prensa, invirtiendo el principio de legalidad y habilitando prácticas propias de vigilancia y control incompatibles con un régimen democrático.

A diferencia de medidas previas dirigidas contra medios específicos, esta decisión reviste un carácter aún más grave por su alcance indiscriminado. La prohibición total elimina cualquier forma de control presencial de la actividad gubernamental, consolidando un esquema de comunicación unilateral, sin preguntas, sin repreguntas y sin posibilidad de contraste directo de la información oficial.

En este sentido, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires ha advertido que las restricciones al trabajo periodístico se inscriben en una política sistemática de hostigamiento a la prensa crítica. Estas medidas tienden a disciplinar la labor periodística y a limitar su rol de control sobre los actos de gobierno, afectando el funcionamiento de un sistema democrático.

La medida se inscribe en un cuadro más amplio de ataques a las libertades democráticas. En los últimos meses se han registrado campañas de estigmatización contra periodistas, restricciones al acceso a la información pública, intentos de desacreditar investigaciones periodísticas y acciones represivas frente a la protesta social. La prohibición de ingreso a la prensa profundiza esta orientación al eliminar directamente la presencia periodística en la sede gubernamental.

Asimismo, esta política se desarrolla en un contexto de fuerte ajuste económico y social, además de numerosas investigaciones que involucran hechos de corrupción vinculados a funcionarios del más alto nivel en el gobierno, como el jefe de gabinete Manuel Adorni. En este marco, el cercenamiento de la libertad de prensa aparece como un recurso para limitar la circulación de información crítica sobre las consecuencias de dichas políticas y restringir el debate público.

La gravedad de la medida radica en que no solo afecta a los trabajadores de prensa, sino que vulnera el derecho de toda la población a acceder a información plural, directa y sin intermediaciones oficiales.

Por todo lo expuesto, corresponde que esta Cámara exprese su más enérgico repudio a esta decisión y se pronuncie en defensa irrestricta de la libertad de prensa y del derecho a la información.

Repudiar el operativo xenófobo y persecutorio llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones con el objetivo de identificar, controlar y hostigar a trabajadores migrantes.

22/04/2026

EXPTE N°1753-D-2026

Repudiar el operativo xenófobo y persecutorio llevado adelante el pasado viernes 17 de abril por la Policía Federal Argentina (PFA) en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones en el barrio de Once, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el despliegue de más de 200 efectivos con el objetivo de identificar, controlar y hostigar a trabajadores migrantes, incluyendo el ingreso a locales comerciales para el escaneo de documentación y toma de huellas.

Denunciar que este operativo constituye una política deliberada de persecución hacia la población migrante, en línea con la orientación reaccionaria del gobierno de Javier Milei, que busca emular los métodos de control y deportación impulsados por Donald Trump en los Estados Unidos.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

FUNDAMENTOS

Traemos a consideración de este cuerpo el presente Proyecto de Declaración a fin de repudiar el operativo xenófobo y persecutorio llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) junto con la Dirección Nacional de Migraciones en el barrio de Once, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo implicó el despliegue de más de 200 efectivos que coparon la zona con el objetivo de identificar migrantes en supuesta situación irregular, mediante el escaneo de documentos, la toma de huellas y el ingreso a locales comerciales. Se trata de un procedimiento que, por su escala y modalidad, constituye una verdadera razzia contra trabajadores migrantes.

Este accionar no es un hecho aislado. Se inscribe en una política sistemática del gobierno de Javier Milei, que ha impulsado medidas restrictivas contra la población migrante, incluyendo decretos como el 366/25, que endurece los controles migratorios, criminaliza la protesta social y apuntala a las fuerzas represivas con amplias facultades discrecionales. En este sentido, desde las bancas del Frente de Izquierda-Unidad, con autoría de la diputada Vanina Biasi, y el acompañamiento de la diputada Vilma Ripoll y los diputados Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, se ha presentado un proyecto de ley para la anulación de dicho decreto (EXPTE N° 3176-D-2025).

El carácter de estos operativos remite directamente al accionar del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los Estados Unidos, organismo que se ha convertido en un instrumento central de persecución estatal contra la población migrante. Sus intervenciones se caracterizan por redadas masivas, detenciones arbitrarias y un régimen de hostigamiento permanente sobre comunidades trabajadoras y racializadas. Como se ha documentado, estas prácticas han incluido incluso muertes bajo custodia y un despliegue cuasi militar en barrios populares, configurando un dispositivo de disciplinamiento social basado en el terror y la criminalización de la migración. La orientación del gobierno de Javier Milei al replicar este tipo de operativos en el país no es un exceso aislado, sino la adopción consciente de un modelo represivo que apunta a fragmentar y someter a la clase trabajadora.

En este marco, el gobierno recurre a la persecución de los sectores más vulnerables para imponer un clima de disciplinamiento social en los barrios trabajadores. La estigmatización de los migrantes forma parte de una política más amplia de fragmentación de la clase obrera, que intenta enfrentar a trabajadores argentinos y extranjeros entre sí.

Al mismo tiempo, mientras se despliegan estos operativos, el gobierno garantiza condiciones favorables para los grandes capitales, permitiendo la fuga de divisas, el saqueo de los recursos naturales y el deterioro de las condiciones laborales de la población.

Lejos de resolver los problemas sociales, estas medidas agravan la situación de los trabajadores y refuerzan mecanismos de discriminación y exclusión. Frente a ello, resulta necesario reafirmar la defensa de los derechos de la población migrante y la unidad de la clase trabajadora, sin distinción de nacionalidad, contra las políticas de ajuste y persecución.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración.

 

 

Anúlese el Decreto 264/2026: Decreto que autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.

22/04/2026

EXPTE N°1706-D-2026

 

ARTÍCULO 1°— Anúlese el Decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 16 de abril del 2026.

ARTÍCULO 2°— Déjese sin efecto y declárase nulo de nulidad absoluta e insanable, por su carácter inconstitucional y colonial, todo acto resultante del mencionado Decreto.

ARTÍCULO 3°— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Néstor Pitrola

Romina Del Plá

Myriam Bregman

FUNDAMENTOS

            El presente proyecto tiene por objeto anular el Decreto 264/2026, y declarar nulo de nulidad absoluta e insanable todo acto resultante del mismo. Se trata de un Decreto que autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, para la participación en el ejercicio “DAGA ATLÁNTICA”, que pretende llevarse a cabo en territorio argentino, en la Base Naval Puerto Belgrano, en la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina del partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, autoriza la ejecución del Ejercicio “Passex”, que contará con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, ambos pertenecientes a la Armada estadounidense que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina.

Es claro que este decreto reviste un acto de extrema gravedad política. Este decreto no solo es inconstitucional por avanzar sobre facultades exclusivas del Congreso de la Nación (vulnerando el inciso 28 del Artículo 75 de la Constitución), sino que además profundiza una orientación política del gobierno libertario de subordinación a los intereses estratégicos y militares de los Estados Unidos.

El ingreso de tropas extranjeras y la realización de ejercicios militares conjuntos en territorio argentino no pueden analizarse de manera aislada ni como simples “instancias de cooperación”. Se inscriben en una política sistemática de alineamiento con el aparato militar de una potencia imperialista que interviene de manera directa e indirecta en conflictos en todo el mundo, promoviendo guerras, ocupaciones y desestabilización de pueblos.

En este sentido, resulta imprescindible señalar el contexto internacional en el que se dicta este decreto. El imperialismo estadounidense patrocina el genocidio por parte del Estado sionista de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania contra el pueblo palestino, y en las últimas semanas profundizó su injerencia militar en Medio Oriente con la guerra contra Irán y El Líbano, pujando por un rediseño de Medio Oriente en su favor, con consecuencias devastadoras de decenas de miles de muertos. Habilitar la presencia militar del ejército de Estados Unidos coloca a nuestro país como una pieza más del imperialismo en esta escalada bélica.

Como mencionábamos, el decreto vulnera de manera flagrante la Constitución Nacional al omitir la necesaria intervención del Congreso, único órgano facultado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, según el inciso 28 del artículo 75. Este avasallamiento es, a esta altura, parte de una práctica habitual de gobierno que busca imponer su política atropellando incluso cualquier normativa vigente. En el mismo sentido se coloca el Decreto 941/2025 de inteligencia, que refuerza a la SIDE y vulnera las libertades democráticas más elementales, entre otras regulaciones que el gobierno intenta imponer mediante decretos. Es el mismo gobierno que, además, incumple leyes aprobadas e insistidas por el Congreso en varias oportunidades, como el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable del Decreto 264/2026, así como de todos los actos que de él se deriven, y rechazar de manera categórica cualquier forma de injerencia militar extranjera en nuestro país.

 

Repudiar las políticas implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que implican recortes en la cobertura de medicamentos y restricciones en el acceso a prestaciones.

21/04/2026

EXPTE N°1686-D-2026

Expresar su repudio a las políticas implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que implican recortes en la cobertura de medicamentos y restricciones en el acceso a prestaciones, constituyendo una grave vulneración del derecho a la salud de millones de jubilados y pensionados.

Rechazar los criterios restrictivos establecidos por el organismo para acceder a la cobertura total de medicamentos, que excluyen a amplios sectores de afiliados y dificultan el acceso a tratamientos esenciales.

Manifestar su preocupación por el deterioro del sistema de atención del PAMI, incluyendo el recorte de ingresos a los profesionales de la salud, la falta de insumos, las deudas con prestadores y la reducción de servicios y amenazas de cierre de bocas de atención, hospitales y policlínicos, que afectan directamente la calidad y continuidad de las prestaciones.

Expresar su apoyo a los reclamos de las y los trabajadores y profesionales del PAMI en defensa de sus condiciones laborales y del sistema de atención a las personas afiliadas, denunciando el congelamiento de las negociaciones paritarias, las situaciones de persecución laboral y traslados compulsivos, mientras se sostienen y amplían designaciones en cargos jerárquicos dentro del organismo.

Exigir el pase a planta permanente de las y los trabajadores contratados del PAMI, garantizando estabilidad laboral y condiciones dignas para el desarrollo de sus tareas.

 

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

FUNDAMENTOS

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución para alertar, una vez más, sobre la grave situación que atraviesan las y los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), producto de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, que restringen el acceso a medicamentos, prestaciones médicas y atención integral.

Como ya hemos señalado en anteriores proyectos presentados, se han profundizado los recortes en la cobertura del 100% de medicamentos a través de distintos mecanismos. Por un lado, se eliminó el programa de medicamentos esenciales gratuitos que garantizaba la provisión gratuita mediante la simple prescripción médica, sin necesidad de trámites adicionales.

En muchos casos, estos medicamentos pasaron a ser considerados de “venta libre”, con niveles de cobertura parcial que oscilan entre el 50% y el 80%, trasladando una parte significativa de su costo a las y los afiliados.

Por otro lado, aquellos medicamentos que dejaron de contar con cobertura total y no se eliminaron del vademécum, fueron incorporados al sistema de subsidios por razones sociales, lo que implica la realización de trámites administrativos y el cumplimiento de criterios restrictivos de acceso, tanto en materia de ingresos como de condiciones patrimoniales, que limitan significativamente su alcance. Toda persona afiliada cuya jubilación supere los $570.429,38 queda excluida de dicha cobertura, lo que implica que amplios sectores de jubilados con ingresos apenas por encima del mínimo quedan sin acceso garantizado a sus tratamientos.

Asimismo, y tal como venimos advirtiendo, se han producido recortes en otras prestaciones esenciales del PAMI, entre ellos la internación domiciliaria, donde se ha eliminado el módulo de cuidador a domicilio destinado al acompañamiento en situaciones de rehabilitación, siendo reemplazado en algunos casos por ayudas económicas insuficientes y de muy difícil acceso, considerando también el recorte en el área social que evalúa estos subsidios.

Este recorte no solo deteriora la calidad de vida de las personas afiliadas, sino que además traslada la carga del cuidado a las familias o directamente deja sin cobertura situaciones de alta vulnerabilidad, profundizando aún más el proceso de desprotección que atraviesan las y los jubilados. Cabe señalar que la situación de ingresos de las y los jubilados agrava aún más este escenario.

Actualmente, al mes de abril, la jubilación mínima se ubica en $380.286,25, a lo que se adiciona un bono de $70.000, configurando ingresos claramente insuficientes frente al costo de vida. Esta situación contrasta de manera dramática con el costo real de vida de las personas mayores. Según la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de las y los jubilados alcanzó en marzo los $1.824.682, evidenciando una brecha abismal entre ingresos y necesidades reales.

En consecuencia, la combinación de haberes insuficientes, aumento sostenido del precio de los medicamentos y restricciones en la cobertura configura un escenario que, como ya hemos advertido en reiteradas oportunidades, obliga a cada vez más jubilados y jubiladas a elegir entre alimentarse o continuar con sus tratamientos médicos, constituyendo una vulneración directa del derecho a la salud.

A este cuadro se suma el deterioro del sistema de atención primaria, evidenciado en el paro de 72 horas iniciado el lunes 13 de abril por las y los médicos de cabecera, en rechazo a la Resolución 1107/2026 del INSSJP-PAMI.

Dicha normativa modifica el esquema de pago de honorarios, suprimiendo incentivos económicos, lo que implica una reducción superior al 50% en los ingresos profesionales. El nuevo esquema reduce ese monto a aproximadamente $2.100 mensuales por afiliado.

Según datos difundidos por el propio organismo, un profesional con una cartera de aproximadamente 800 pacientes —alrededor de 40 por día hábil— percibiría ingresos cercanos a $1.600.000 mensuales bajo el nuevo esquema. Sin embargo, este cálculo se basa exclusivamente en el componente capitado, tras la eliminación de pagos por consulta, incentivos y otros adicionales que anteriormente formaban parte de la remuneración, lo que —según denuncian los propios profesionales— implica una caída significativa en los ingresos.

A esta situación se suma la precarización laboral de una parte significativa de las y los trabajadores del organismo, que se desempeñan bajo modalidades de contratación sin estabilidad. En este contexto, resulta necesario avanzar en el pase a planta permanente de las y los trabajadores contratados, garantizando condiciones laborales dignas y la continuidad de los equipos de atención.

A su vez, y en línea con este proceso de desfinanciamiento que venimos denunciando, prestadores de salud han señalado la existencia de deudas acumuladas del PAMI con clínicas, sanatorios y proveedores de insumos, estimadas en cifras cercanas a los $500.000 millones. Si bien desde el Gobierno se han anunciado transferencias y pagos parciales para regularizar la situación, lo cierto es que persisten retrasos y dificultades en el funcionamiento del sistema, lo que afecta directamente el funcionamiento y la disponibilidad de las prestaciones médicas.

En este mismo sentido, se han registrado denuncias y alertas en distintas jurisdicciones respecto de la posible reducción de servicios y amenazas de cierre de bocas de atención, hospitales y policlínicos del PAMI —como en los casos de Rosario y Hurlingham—. Estas situaciones generan una profunda preocupación, ya que implican un recorte directo en la capacidad de atención del sistema y las prestaciones para miles de afiliados.

Este conjunto de medidas no solo impacta en las condiciones laborales del personal de salud, sino que repercute directamente en la atención de las y los afiliados, produciendo demoras, interrupciones en tratamientos y una creciente sobrecarga del sistema público de salud.

Resulta particularmente alarmante que, en este contexto, funcionarios del propio Gobierno hayan relativizado la gravedad de la situación. En declaraciones públicas, el Ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que uno de los problemas del sistema es que las personas “viven más”, expresión que pone en evidencia una concepción regresiva que considera la longevidad como un problema y no como un derecho.

Todo ello configura un escenario de vulneración sistemática de derechos que, como hemos venido sosteniendo, utiliza a las y los jubilados como variable de ajuste, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Por último, resulta fundamental remarcar la importancia de la enorme lucha que siguen dando las y los jubilados frente a estos ataques sistemáticos por parte del gobierno nacional y frente a las represiones constantes por parte de las diferentes fuerzas represivas del Estado.

Por estas razones solicitamos a las y los diputados el acompañamiento del presente proyecto.

 

 

 

 

Repudio a la brutal represión a los docentes de Córdoba en la Asamblea Provincial

21/04/2026

EXPTE N°1652-D-2026

Repudiar la brutal represión a los docentes de Córdoba en la Asamblea Provincial con representación de los 26 departamentos, que sesionaba en la ciudad capital, quienes se manifestaron para denunciar el fraude e impedir que se lleve adelante por el gobierno provincial y la Lista Celeste.

Asimismo, repudiar la detención arbitraria de Pablo Perón delegado departamental.

También repudiar y denunciar la infiltración de policías de civil en dicha asamblea departamental.

Solidarizarse y apoyar a las y los docentes que desde hace meses luchan por aumento salarial frente a los salarios de miseria que mantiene el gobernador Martín Laryora.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

 

Fundamentos

Traemos a consideración de este cuerpo este proyecto de Declaración para repudiar que en el día la fecha la policía del gobierno de la provincia de Córdoba por orden del gobernador Martín Llaryora reprimió brutalmente a los docentes que se habían manifestado a la departamental, que congrega delegados de los 26 departamentos de la provincia y sesiona en la ciudad Capital, para denunciar el fraude que la burocracia de la Lista Celeste y el gobierno se preparaban para consumar.

Desde todo el fin de semana el gobierno, los medios de comunicación y la burocracia de la Lista Celeste estuvieron operando para consumar el fraude, violentando el mandato que llevaba la mayoría de los delegados departamentales de rechazo a la paupérrima propuesta salarial del gobernador Llaryora.

Para garantizar semejante fraude desplegaron un descomunal operativo, vallando el recinto sindical donde sesionaba la asamblea departamental donde impidieron en primera instancia el ingreso a los delegados departamentales. Un verdadero escándalo, y como si eso fuese poco metieron policías de civil dentro del sindicato participando como veedores de la asamblea, lo cual fue denunciado y repudiado masivamente.

Cuando las y los docentes quisieron ingresar fueron brutalmente reprimidos: las y los docentes fueron golpeados, les tiraron gases lacrimógenos, les tiraron las vallas encima, y no conformes con ese brutal accionar se llevaron detenido a Pablo Perón delegado de uno de los departamentos quien llevaba mandato de hecho y que iba a acreditarse a la asamblea. (Horas más tarde y producto de la movilización de las y los docentes Pablo Perón fue liberado).

Cuando lograron ingresar solicitaron que la sesión, es decir, que la asamblea no sesione en ese contexto de represión, y entre tanto sea liberado el compañero detenido y que se quite la custodia policial. Es inamisible que una asamblea obrera de trabajadores, en este caso docentes sesione custodiado por la policía, con la infantería, con armas largas, etc., es un hecho que no se ve desde la dictadura militar.

Finalmente, el gobierno de Laryora y la burocracia de la Lista Celeste consumaron el fraude dando vuelta los mandatos de delegados que llevaban el rechazo a la propuesta hecha por la gobernación.

Este fraude solo se pudo llevar adelante con la represión y detención de docentes que vienen luchando por un salario igual a la canasta familiar desde hace meses. Es la manera en que acciona el gobierno para acallar las voces independientes del gobierno y la burocracia sindical: lo mismo hizo el 11F en el marco del paro contra la reforma laboral, cuando la docencia de UEPC capital y la izquierda denunciaron la complicidad de Llaryora con Milei para aprobar la reforma esclavista. Por esa represión y detenciones, otros trabajadores del sindicato como Nahuel Rodríguez e Ignacio Meneses tienen una causa judicial abierta por parte de la justicia provincial.

Vale aclarar que la propia convención del mandato de rechazo era de 76 delegados contra 58 que llevaban la aceptación, esto responde al pedido que viene haciendo la docencia en Córdoba; que es un aumento salarial del 40% de una sola vez y remunerativa para alcanzar la línea de pobreza y una indexación mensual con IPC.

Por supuesto que ese reclamo no fue votado, sino un aumento mensual por IPC y sumas no remunerativas que no llega ni al 10%.

Por último, nos solidarizarnos y apoyamos a las y los docentes en esta enorme lucha que vienen desarrollando en toda la provincia.

Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento a este proyecto de Declaración.

 

Repudio al cierre del programa “Volver al Trabajo”

31/03/2026

EXPTE 1007-D-2026

Manifestar el más enérgico repudio al cierre del programa “Volver al Trabajo”.

Solicítese al Gobierno de la Nación Argentina y al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que retrocedan en la decisión de dar de baja y cerrar el programa “Volver al Trabajo”, garantizando la continuidad de las políticas de asistencia directa a casi un millón de trabajadores desocupados y precarizados.

Néstor Pitrola

Romina Del Plá

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

FUNDAMENTOS

El cierre del programa “Volver al Trabajo” constituye un ataque directo contra cerca de un millón de trabajadores y trabajadoras desocupados y precarizados, que encuentran en este ingreso un sostén elemental para su subsistencia. La eliminación de los aproximadamente $78.000 mensuales implica, en los hechos, dejar sin recursos a cientos de miles de familias en un cuadro social ya atravesado por el hambre y la miseria.

La medida impacta de lleno sobre quienes sostienen tareas esenciales en los barrios populares: comedores y merenderos, espacios de cuidado de infancias y adultos mayores, centros comunitarios de salud y educación, así como actividades productivas como el reciclado, la producción textil, la agricultura familiar y la venta ambulante. Se trata de trabajos socialmente necesarios, invisibilizados por el Estado y ahora directamente atacados.

Este avance se inscribe en la política de la “motosierra” del gobierno de Javier Milei, que descarga la crisis sobre los sectores más explotados mientras avanzan los cierres de fábricas, la destrucción del empleo registrado y la caída general de las condiciones de vida. En los últimos años se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo y miles de empresas bajaron sus persianas, profundizando un escenario de recesión.

Los propios datos oficiales dan cuenta de este deterioro: la desocupación ronda el 7,5%–7,9%, alcanzando a cerca de 1,7 millones de personas, con una subocupación que supera el 12% y una masa creciente de trabajadores que, aun teniendo empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas.

Se trata, además, de un recorte con fuerte impacto territorial, cuyo alcance en las economías provinciales es significativo. La distribución de titulares del programa muestra una alta concentración en distritos como la provincia de Buenos Aires, con más de 413.000 beneficiarios, seguida por Tucumán con casi 47.000 y la Ciudad de Buenos Aires con más de 35.000, en un contexto donde el promedio nacional supera los 31.000 titulares por jurisdicción. La eliminación de estos ingresos implica una contracción directa del consumo en los barrios populares de todo el país, afectando no sólo a las familias alcanzadas sino también a las economías regionales que dependen de ese circuito básico, especialmente en los pequeños comercios de proximidad que dependen de ese consumo para su funcionamiento cotidiano. Con este recorte, el impacto económico total por año es de 600 millones de dólares, siendo el Noroeste la región más castigada, que a su vez es la que mayor pobreza concentra.

En este cuadro, la eliminación del programa no es un hecho aislado sino un salto en la ofensiva contra el conjunto de la clase trabajadora. Al empujar a cientos de miles de personas a la desocupación abierta, el gobierno apunta a abaratar la fuerza de trabajo y presionar a la baja los salarios de todos.

El reemplazo del programa por “vouchers de capacitación” es una maniobra fraudulenta. No garantiza ingresos, no resuelve la subsistencia y encubre la eliminación de la asistencia social. Lejos de existir un plan serio de formación, no hay infraestructura ni dispositivos reales de capacitación: se trata de una ficción montada para justificar el ajuste.

Las y los trabajadores del programa no sólo no accedieron a las capacitaciones prometidas, sino que tampoco fueron incorporados al mercado laboral. El discurso oficial sobre la “empleabilidad” encubre la responsabilidad del propio gobierno en la destrucción del empleo.

La implementación de la medida, comunicada de manera arbitraria a través de la aplicación “Mi Argentina” y con plazos perentorios, profundiza la incertidumbre y deja en evidencia el carácter improvisado y coercitivo de la política oficial.

El ataque apunta también a desarticular la organización independiente de los trabajadores desocupados. La eliminación de la asistencia social busca quebrar a las organizaciones que sostienen la lucha en los barrios y liberar recursos para destinarlos al pago de la deuda y a beneficios para el gran capital.

Frente a esta ofensiva, el movimiento piquetero ha comenzado a dar una respuesta en las calles. El Polo Obrero, junto a otras organizaciones sociales y piqueteras, impulsaron ollas populares, asambleas en puntos estratégicos como Once, Constitución y Retiro, y un piquetazo nacional con decenas de cortes en todo el país, como parte de un plan de lucha contra el intento de dejar sin ingresos a un millón de trabajadores.

Estas acciones expresan la tendencia a la organización y a la lucha de los sectores más golpeados, que enfrentan un ajuste que pretende hacer recaer la crisis sobre sus espaldas. La defensa de los programas sociales, de los comedores populares y de las condiciones de vida en los barrios se ha convertido en un punto de concentración de la resistencia obrera y popular.

En un contexto de crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupación, la eliminación del programa “Volver al Trabajo” constituye una política criminal que agrava la emergencia social. Lejos de garantizar una salida laboral, empuja a la población trabajadora a una mayor exclusión.

Corresponde, por el contrario, garantizar un ingreso que cubra las necesidades básicas de las familias trabajadoras, ampliar los programas existentes, abrir nuevas inscripciones y avanzar hacia un seguro al desocupado financiado con recursos provenientes del no pago de la deuda y de un impuesto progresivo al gran capital.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Repudio al asesinato de Cristian Pereyra, docente de La Matanza.

19/03/2026

EXPTE N°0693-D-2026

Su repudio al asesinato de Cristian Pereyra, ocurrido en la madrugada del domingo 15 de marzo en La Matanza, provincia de Buenos Aires, a manos de Matías Alejandro Vizgarra, policía de la UTOI de la policía bonaerense.

Asimismo, exige una investigación a fondo del caso para juzgar y condenar a todos los implicados en el hecho, incluyendo a los policías y funcionarios que procedieron de forma irregular en la investigación posterior por configurar un claro intento de encubrimiento.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

FUNDAMENTOS

El domingo 15 de marzo el asesinato de Cristian Pereyra sacudió y conmovió a La Matanza. Cristian era un docente, padre de una niña de tres años, que se encontraba trabajando con la aplicación Didi, ya que como una gran cantidad de docentes de la provincia de Buenos Aires y del país, y como tantos otros trabajadores, no llegaba a fin de mes.

Durante la madrugada, Cristian se encontraba realizando su último viaje antes de regresar a su casa, cuando fue asesinado de varios balazos en la autopista Presidente Perón y Ruta 3, a la altura de Virrey del Pino. Todas las pruebas apuntan al efectivo de la UTOI de la policía bonaerense Matías Alejandro Vizgarra, quien figura en la plataforma como el último pasajero de la víctima. El auto robado de Cristian fue encontrado posteriormente abandonado en Ciudad Evita, a pocas cuadras de la base policial donde este efectivo se presentó a cumplir funciones unas horas más tarde.

Una serie de hechos, como la velocidad de realización de la autopsia sin peritos de parte ni claridad sobre qué fuerza la realizó, dado que se hizo en Puente 12, el mismo lugar donde trabaja Vizgarra; el impedimento de reconocimiento del cuerpo por parte de la familia; y la demora en ser recibida por el fiscal Arribas que lleva el caso; lleva a inferir que es un procedimiento con fuertes irregularidades en una etapa crucial como es el inicio de la investigación.

Las hermanas de Cristian, Ana y Victoria, pudieron reunirse con el fiscal Arribas, recién el martes 17, en el marco de un paro docente distrital y una segunda movilización masiva de docentes, familiares y amigos.

Cabe agregar también que Vizgarra no es el único efectivo policial implicado, ya que la familia denuncia que otro policía filmó a Cristian muerto en la autopista, en un vídeo que circuló en redes hasta que fue dado de baja frente al reclamo de las hermanas.

El caso de Cristian conmueve a todo el país y particularmente a toda la docencia, porque cada vez son más las y los trabajadores de la educación que son empujados a buscar trabajos por fuera de la escuela para llegar a fin de mes. En esa búsqueda, y como producto de la descomposición del sistema en el que vivimos y el accionar de una policía cada vez más integrada a las bandas del delito organizado y reforzada por los gobiernos para desenvolver toda la violencia sobre las y los trabajadores, podemos perder la vida. Los gobiernos nacional, provincial y municipal son responsables de esta situación, que parte de la miseria salarial y termina con la muerte de un docente en manos de la policía bonaerense. 

También debe considerarse que la familia, siendo Cristian trabajador de una aplicación, en este caso Didi, queda completamente desamparada frente a su asesinato en el ejercicio de la función, limitándose la empresa a proveer algunos datos para la investigación, pero no garantizando a su hija de 3 años de edad, ningún tipo de indemnización o seguro de vida. Queda de manifiesto la indefensión de las y los trabajadores de aplicaciones frente a las empresas que tienen ganancias millonarias a costa de trabajadores y trabajadoras a quienes no les reconocen ese carácter.

Es imprescindible reclamar justicia por Cristian y acompañar a su familia. Debe investigarse su asesinato y todas las complicidades policiales, judiciales y políticas que en estas pocas horas ya quedaron sobre la mesa.

Por todo lo expuesto, solicitamos a las y los diputadas/os acompañar el presente proyecto de declaración.

Pedido de informe al PEN por la intervención del Puerto de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

29/01/2026

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad y Jefatura de Gabinete de Ministros, informen de manera precisa, completa y sin evasivas sobre la intervención del Puerto de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del día 21 de enero de 2026, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos mediante la Resolución 4/2026, conforme al siguiente detalle:

Decisión política e intervención del Puerto de Ushuaia

  1. ¿Qué decisión política adoptó el Poder Ejecutivo Nacional para intervenir el Puerto de Ushuaia y quiénes fueron los funcionarios responsables de dicha decisión?
  2. ¿Cómo se fundamentó dicha intervención y qué objetivos políticos, económicos o estratégicos se persiguieron con la misma?

Ejecución represiva de la intervención

  1. ¿Por qué motivo la intervención fue ejecutada mediante un operativo con presencia de fuerzas represivas federales, bajo custodia de Gendarmería y Policía, y con suspensión de la operatoria normal del puerto?
  2. ¿Qué justificación tiene la utilización de fuerzas federales frente a la protesta de los trabajadores portuarios?

Designación de autoridades operativas y rol de Juan Avellaneda

  1. ¿Por qué motivo el Poder Ejecutivo designó a Juan Avellaneda, Jefe de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, como responsable operativo de hecho del Puerto de Ushuaia en el marco de la intervención dispuesta por la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación?
  2. ¿Qué relación mantiene Juan Avellaneda con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y con su titular, Iñaki Arreseygor, y bajo qué mandato político actúa como enlace con el gobierno nacional?
  3. ¿Es cierto que Juan Avellaneda fue quien realizó la denuncia que derivó en las medidas de control sobre la Dirección Provincial de Puertos y que dicha denuncia fue utilizada como fundamento para la posterior intervención del puerto?

Selección arbitraria de personal y división de los trabajadores

  1. ¿Por qué razón se habilitó únicamente a Juan Avellaneda y a otros 19 trabajadores para ingresar y desempeñar funciones en el puerto, excluyendo al resto de los aproximadamente 150 trabajadores que allí se desempeñaban? ¿Qué criterios objetivos utilizó el Poder Ejecutivo para seleccionar a ese grupo reducido de trabajadores y excluir al resto?

Situación laboral y futuro de los trabajadores portuarios

  1. ¿Cuál es la situación laboral actual de los trabajadores portuarios desplazados de sus funciones como consecuencia directa de la intervención?
  2. ¿Garantiza el Poder Ejecutivo la continuidad laboral, salarial y de derechos adquiridos de la totalidad de los trabajadores del puerto?
  3. ¿Se prevén despidos, suspensiones, retiros voluntarios, tercerizaciones o cambios en el encuadramiento laboral durante o después de la intervención?

Fondos del puerto, ajuste y destino de los recursos

  1. ¿Cuál será el destino de los fondos generados por el Puerto de Ushuaia durante el período de intervención?

Privatización y negocios privados

  1. ¿Constituye la intervención del Puerto de Ushuaia un paso previo a su privatización total o parcial?
  2. ¿Evalúa el Poder Ejecutivo impulsar la construcción de un puerto privado en la zona utilizando fondos públicos?
  3. ¿Qué empresas o grupos económicos serían beneficiados por dicha eventual privatización?
  4. ¿Qué participación tiene el ministro de Economía Luis Caputo, y el Grupo Mirgor en los planes estratégicos vinculados al sistema portuario fueguino?

Injerencia extranjera, Atlántico Sur y Antártida

  1. ¿Qué negociaciones, compromisos o entendimientos mantiene el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras en relación con el uso, administración o control del Puerto de Ushuaia?
  2. ¿Se evalúa habilitar el puerto como base logística, operativa o militar para intereses extranjeros en el Atlántico Sur y la Antártida?
  3. ¿Qué rol asigna el Poder Ejecutivo al Puerto de Ushuaia en su política antártica?
  4. ¿Se prevé integrar al puerto en esquemas internacionales que impliquen una pérdida de control soberano argentino sobre el acceso a la Antártida?

Responsabilidad del gobierno provincial de Tierra del Fuego

  1. ¿Fue consultado el gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego antes de la intervención del puerto?
  2. ¿Avaló o consintió el gobierno provincial dicha intervención?

Orientación general del gobierno nacional

  1. ¿Cómo se inscribe la intervención del Puerto de Ushuaia en la política general de ajuste, pago de la deuda externa y alineamiento con los Estados Unidos impulsada por el gobierno de Javier Milei?

 

 

Repudio al asesinato del trabajador de la Salud Alex Pretty, enfermero de cuidados intensivos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América, a manos de agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE)

29/01/2026

EXPTE N° 7167-D-2025

Repudiar el asesinato del trabajador de la Salud Alex Pretty, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, ocurrido el 24 de enero de 2026 en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América, a manos de agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE), en el marco de un operativo antimigratorio y represivo de gran escala cuyo principal responsable político es el presidente Donald Trump, constituyendo un gravísimo hecho de violencia estatal y un ataque a libertades democráticas fundamentales.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

FUNDAMENTOS

El asesinato de Alex Pretty se inscribe en el marco de una política migratoria y de seguridad impulsada por el gobierno de los Estados Unidos que ha adquirido un carácter crecientemente autoritario y fascistizante, expresado en la militarización del territorio, las redadas masivas, la criminalización de la protesta social, la estigmatización de la población migrante como “enemigo interno” y el uso letal de la fuerza por parte de agencias federales como el ICE y la Patrulla Fronteriza, dirigidas políticamente por Donald Trump y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estas prácticas, lejos de ser excepcionales, forman parte de un patrón sistemático de violencia estatal que busca disciplinar a la población mediante el miedo y la represión, y que tuvo en Minneapolis una de sus expresiones más brutales.

Este crimen no constituye un hecho aislado. Días antes, en el mismo marco represivo, Nicole Good, activista y observadora legal, fue asesinada durante un operativo del ICE, consolidando un antecedente directo que evidencia la escalada de violencia estatal contra civiles, militantes y defensores de las libertades democráticas. Ambos asesinatos revelan un patrón de actuación que incluye el uso de la fuerza letal, la impunidad de los agentes involucrados y los intentos oficiales de criminalizar a las víctimas para justificar el accionar represivo.

El asesinato de Pretty ocurrió en el marco de la Operación Metro Surge, un despliegue federal masivo del ICE y fuerzas de seguridad que incluyó redadas, detenciones arbitrarias y persecución directa a migrantes y manifestantes, y que ya había generado episodios previos de violencia estatal. Este operativo fue denunciado como una verdadera cacería de migrantes, orientada a imponer un régimen basado en la intimidación, la delación y la represión abierta, rasgos característicos de una ofensiva de tipo fascista contra libertades democráticas elementales.

El asesinato de Alex Pretty desató una respuesta popular de enorme magnitud. En Minneapolis y en otras ciudades se desarrollaron movilizaciones masivas, incluso bajo temperaturas bajo cero, que confluyeron en una huelga general en el estado de Minnesota, con la participación de sindicatos, organizaciones de trabajadores, comunidades migrantes y amplios sectores de la población. Esta huelga general, que incluyó el cierre de comercios y la paralización de actividades, expresó un rechazo profundo y consciente al accionar del ICE y a la ofensiva represiva del gobierno estadounidense, demostrando que el asesinato de Pretty actuó como catalizador de un movimiento de masas contra la política migratoria fascistizante.

La magnitud de la rebelión social obligó al gobierno de los Estados Unidos a desplazar a Gregory Bovino, jefe operativo de la Patrulla Fronteriza y principal responsable del operativo represivo en Minneapolis, una decisión que lejos de responder a un criterio de justicia o rendición de cuentas, buscó contener la crisis política sin desmantelar el dispositivo represivo ni modificar la orientación general de la política migratoria. El reemplazo de Bovino se inscribió así en una maniobra de recambio táctico frente al avance de la protesta, mientras se sostiene intacta la estructura represiva del ICE.

Este crimen y la respuesta estatal que lo rodea no pueden analizarse como un fenómeno aislado de carácter foráneo. La orientación del ICE de Donald Trump guarda claras similitudes con la política impulsada por el gobierno de Javier Milei en la Argentina, que avanza en la persecución de migrantes en manos de la flamante Agencia Nacional de Migraciones que está bajo la órbita política del Ministerio de Seguridad y la ministra Alejandra Monteoliva, o con la aplicación del Decreto 366/25 que endurece los controles migratorios, criminaliza la protesta social y apuntala a las fuerzas represivas con amplias facultades discrecionales, un régimen que concibe a los sectores populares y a la población migrante como enemigos internos a disciplinar, al servicio de un programa de ajuste, saqueo y subordinación imperialista.

Frente a este cuadro, reafirmamos la necesidad de enfrentar toda forma de violencia estatal contra la población migrante, en Argentina y en el mundo, de denunciar los dispositivos represivos puestos al servicio del capital y del imperialismo, y de rechazar toda política de Estado que, bajo el pretexto del “orden” y la “seguridad”, avance contra las libertades de organización y lucha de la clase trabajadora internacional y los sectores oprimidos.

Por todo lo expuesto llamamos a las y los diputados a acompañar este Proyecto de Resolución.

 

Incorporación de las y los trabajadores de farmacia Dr. Ahorro

19/01/2026

EXPTE N°7113-D-2025

La Cámara de Diputados de la Nación declara…

Solidarizarse con las y los más de noventa trabajadores despedidos de la cadena de farmacias Dr. Ahorro (Energía y Vida de Argentina S.A.).

Repudiar los despidos y exigir la reincorporación de todas y todos los trabajadores y el pago de todas las deudas que la empresa tiene con ellos…

Acompañar todas las medidas de reclamo que las y los trabajadores lleven adelante en función de que se garanticen sus derechos.

 

Néstor Pitrola

Romina Del Plá

Nicolás del Caño

Myriam Bregman

 

FUNDAMENTOS

Traemos a consideración de este cuerpo este Proyecto de Declaración en virtud de la necesidad de brindar nuestra total solidaridad para con las y los trabajadores de la cadena de “Farmacias Dr. Ahorro” los cuales desde hace prácticamente un mes vienen luchando por sus derechos más elementales, y, esencialmente por sus puestos de trabajo.

Desde fines del mes de diciembre de 2025 hasta la fecha, más de noventa trabajadoras y trabajadores han sido despedidos. Esto producto del cierre de varias sucursales en diferentes provincias del país, y en donde solo en la Capital Federal cerraron siete.

Además de lo que significa ser despedido de un trabajo y más en este contexto económico tan difícil para el conjunto de las y los trabajadores, la patronal ha sido extremadamente cruel en comunicarle a muchos de ellos el despido el mismo 24 de diciembre. Un comerciante (de Corrientes al 2400) en diálogo con el portal Bae señaló que “el local funcionó hasta el 24 de diciembre, los trabajadores salían llorando porque les avisaban que se quedaban sin trabajo. Fue muy triste ver cómo la gente salía muy mal”.

La empresa, que desembarcó en Argentina a mediados de septiembre de 2002 y que tiene al empresario mexicano Xavier González Zirión como presidente, ha enviado los telegramas de despidos invocando una supuesta crisis económica y aplicando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente, que habilita el pago del 50% de la indemnización correspondiente. Una maniobra que utilizan las patronales para no cumplir con sus obligaciones. Según denuncian sus trabajadores el trámite sobre el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación fue rechazado en el mes de octubre y archivado el 17 de noviembre de 2025, según fueron informados por dicha entidad. En el mismo sentido, denuncian que la empresa sigue facturando cifras importantes, de alrededor de hasta 3 millones de pesos por día en algunas sucursales.

Asimismo, sostienen que la caída en la facturación que argumenta el empleador no se debe a una falta de demanda, sino a una decisión de la empresa de no reponer mercadería, de no buscar alternativas con otros laboratorios o droguerías, y de no ofrecer precios competitivos. Del mismo modo, hubo una reducción progresiva del stock de medicamentos. Desde octubre, la falta de productos se profundizó, con depósitos casi vacíos y la ausencia de unas 140 especialidades medicinales, lo que impactó directamente en las ventas. Es decir, la empresa tomó la política de no traer productos ni buscar reemplazos, al mismo tiempo se habrían emitido cheques sin fondos por montos millonarios, lo que llevó a que algunos proveedores dejarán de venderles, sin que se buscaran alternativas. En otras palabras, están vaciando deliberadamente la empresa.

Según diferentes medios, la empresa de capitales mexicanos y con más de dos décadas de presencia en la Argentina, presentó la declaración de cesación de pagos, acumula cheques rechazados por más de $20 millones y avanzó con un ajuste que incluye el cierre de las siguientes sucursales: dos locales en Córdoba; un local  en Salta; un local en Mendoza y siete locales en CABA: avenida José M. Moreno 63 en Caballito, avenida Saénz 1135 en Pompeya; avenida Lope de Vega 3185 en Villa Devoto; Somellera 5671 en Villa Lugano; avenida Corrientes 2423 en Balvanera; Salta 1736 en Constitución y avenida Cabildo 4859 en Saavedra.

A esto hay que sumarle que las farmacias constituyen un eslabón esencial en el acceso a la salud de la comunidad, por lo que estas decisiones empresariales impactan no solo en los trabajadores sino también en vecinos y vecinas.

La situación salarial de las y los trabajadores de esta cadena de farmacias no difiere de la de la gran mayoría de los trabajadores en el país, tienen salarios muy por debajo del costo de vida. Desde noviembre del año pasado, los sueldos se pagaron en hasta tres cuotas, no han realizado los aportes previsionales, los aportes al sindicato y deben vacaciones y aguinaldos.  De hecho, los despedidos aún no han cobrado el sueldo de diciembre.

La grave situación por la que están atravesando las y los trabajadores se agrava frente al rol de ADEF (Asociación de Empleados de Farmacias), el sindicato que nuclea a las y los trabajadores del sector, dirigido por Víctor Carricarte. Les ha dado la espalda respecto de medidas de acción sindical, de movilización y lucha que los propios trabajadores cesanteados han ido adoptando.

Esta política de complicidad con las patronales hay que combatirla como lo vienen haciendo las y los trabajadores. Con asambleas, cortes y manifestaciones en conjunto con otros sectores en lucha.

El conflicto se enmarca en la ofensiva que las patronales están desplegando contra la clase obrera aplicando de hecho la reforma laboral que el gobierno de Milei pretende hacer pasar en este Congreso, lo que implica llevar a las y los trabajadores a un cuadro de esclavitud laboral. Tenemos que contribuir a detener esta sangría que lleva más de 400 mil puestos de trabajo perdidos entre sectores formales e informales.

Estos atropellos contra los trabajadores no sólo debemos denunciarlos sino acompañarlos. Es por estos motivos que solicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados acompañen este proyecto de declaración.

 

Restitución del financiamiento a las escuelas técnicas y a la Ciencia y Tecnología

08/01/2026

EXPTE Nª7085-D-2025

 

ARTÍCULO 1°.- Restitúyase la vigencia del artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.

ARTÍCULO 2°.- Se conformará una comisión con representantes electos de docentes, padres y estudiantes a los efectos de verificar el cumplimiento del artículo 52 de la Ley 26.058, restituido en la presente Ley.

ARTÍCULO 3°.- Restitúyase la vigencia de los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ARTÍCULO 4°.- Se conformará una comisión con representantes electos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, del sistema universitario nacional y de investigadores y becarios a los efectos de verificar el cumplimiento de los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614, restituidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 5°.- Deróguese toda norma que se oponga a lo establecido en el artículo 1° y 3° de la presente Ley.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

 

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El Presupuesto General para la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2026 aprobado por el Congreso contiene una gran cantidad de medidas que implican ajustes y recortes contra áreas fundamentales para la población trabajadora. Abundan los artículos que plantean pasar “motosierra” por la educación, la ciencia, la salud, los salarios, el ambiente y muchos otros puntos que contienen reivindicaciones populares. Mientras, otros tantos artículos benefician a grandes empresarios, y habilitan al gobierno a continuar y profundizar una política de endeudamiento y entrega colonial.

Entre los derechos afectados por esta ley, se dispuso de forma completamente irregular la derogación lisa y llana de normas que garantizaban el financiamiento de la Educación Técnico Profesional y del Sistema Científico Nacional.

En el caso de la ETP, la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, elimina el principal fondo de financiamiento del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica). Es cierto que los sucesivos gobiernos han incumplido los magros compromisos de financiamiento establecidos en la Ley, y que sólo parcialmente dotaron al INET de fondos para transferir a las escuelas técnicas. Y también es cierto que con la derogación de este artículo, la situación de desfinanciamiento se profundizará llevando al abismo a la educación técnica, siendo que distintos especialistas calculan que el presupuesto 2026 derivará en un recorte de 84,5% de los recursos del INET.

Es necesario decir que por su naturaleza específica, las escuelas técnicas no se sostienen solo con los salarios, que corren por cuenta de las provincias como consecuencia de la descentralización del sistema educativo, sino que necesitan fondos para el equipamiento y los insumos de las prácticas de cada orientación que le dan especificidad a la Educación Técnico Profesional. Sin ese equipamiento y esos insumos las escuelas técnicas no pueden cumplir su función educativa.

Por el lado del sistema científico nacional, la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 pone fin a la obligación del estado de elevar progresivamente la inversión en Ciencia y Técnica para llevarla al equivalente del 1% del Producto Bruto Interno en 2032. De esta forma, el Poder Ejecutivo se garantiza tener las “manos libres” para profundizar el recorte en el sector sin mayores consecuencias. Ya para el año 2026 se calcula que la caída en términos reales del presupuesto de Ciencia y Técnica será de un 48,8%, profundizando un ajuste muy marcado sobre un sector que ya se encuentra paralizado y golpeado por despidos masivos, rebajas salariales (pérdidas del orden del 40% del poder adquisitivo en el sector), censura de artículos de investigación, restricciones en el ingreso a la carrera científica y la no efectivización de cargos ya concursados. A esto se suman recortes en becas, la eliminación de líneas de financiamiento y la paralización de políticas clave para sostener el sistema científico. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ya atravesaba una crisis que ahora se profundiza y amenaza con su continuidad.

Esta situación empuja a investigadores e investigadoras a abandonar el Conicet y las distintas instituciones que componen el sistema científico, amenazando con la pérdida de una generación completa de científicos argentinos.

Frente a esta situación planteamos la inmediata restitución de los artículos 52 de la Ley 26.058 y los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 y la derogación de toda norma que los ponga en cuestionamiento, al tiempo que reclamamos su efectiva e inmediata implementación.

Por último, teniendo en consideración los incumplimientos pasados de estas normativas de financiamiento por parte de los distintos gobiernos, el presente proyecto plantea la conformación de comisiones de control integradas por representantes electos por parte de los principales interesados. De esta forma, se conforma una herramienta de fiscalización para dar efectivo cumplimiento del financiamiento estipulado.

Por supuesto, el reclamo inmediato planteado en el presente proyecto de Ley, se complementa con reclamos de fondo de ambos sectores, para que se destine un presupuesto que realmente atienda todas las necesidades, garantizando salarios igual a la canasta familiar para docentes e investigadores, y las herramientas y materiales necesarios para la tarea de educación técnica y para la investigación científica.

Por los motivos expuestos y los que expondremos oportunamente, solicitamos el acompañamiento y aprobación del presente proyecto de Ley.

 

 

 

Derogar el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social

18/06/2025

EXPTE N°3230-D-2025

Artículo 1°- Derógase el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social (Ley 27.641), suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017, por constituir un compromiso de asistencia previsional a ciudadanos de un estado genocida que viene desenvolviendo una limpieza étnica en la franja de Gaza, masacrando a más de 55.000 gazatíes en su mayoría niños, mujeres y ancianos y que persiste mediante el uso del hambre como arma de guerra para forzar a la población a abandonar sus territorios.

Artículo 2°- El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina procederá a romper relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel, cuyo presidente Benjamin Netanyahu es un prófugo de la Justicia Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad, como forma de manifestar su solidaridad con el pueblo palestino por su horroroso sufrimiento y su oposición a la política de apartheid, racista, xenófoba y belicista que agrede militarmente a todos los pueblos de la región y transformó Gaza en un campo de concentración durante años para terminar convirtiéndola en cementerio.

Artículo 3°-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

                                                          FUNDAMENTOS

 

Sr. Presidente:

La reciente visita del presidente Javier Milei al estado genocida de Israel que hemos denunciado en nuestro Proyecto de Resolución Expte 3149-D-2025 es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel.

Efectivamente el mandatario argentino se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad, y suscribió un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. Así lo vienen denunciando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, y el Jefe de Operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. (sitio de Naciones Unidas, 20/5)

Como ya anunciara el presidente estadounidense, Donald Trump, el plan en marcha consiste en “limpiar” Gaza, expulsando a su población para un desarrollo turístico-inmobiliario de alta gama. Desde que el sionismo rompió el acuerdo de cese al fuego alcanzado a fines de enero, que establecía, entre otros puntos, el intercambio de rehenes por prisioneros políticos palestinos, alrededor de 2.500 gazatíes fueron asesinados, elevando la cifra total a cerca de 55 mil. A su vez, a comienzos de marzo, el ejército israelí reimpuso un bloqueo casi total al ingreso de alimentos, agua, combustibles y medicinas que colocó nuevamente al enclave al borde de la hambruna y el colapso de la atención sanitaria.

El denominado “Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo”, firmado por Milei no sólo apunta a traducir en hechos concretos este alineamiento incondicional con el Estado sionista, sino que va mucho más allá. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, el Memorándum implica una cooperación sin precedente supuestamente “en contra del terrorismo”, que implica investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná.

Se trata de fortalecer los negociados como el de la empresa estatal israelí de aguas Mekorot, denunciada por los relatores de Naciones Unidas en Palestina por utilizar el agua como arma de guerra, que viene firmando sucesivos acuerdos de manejo del agua con las provincias argentinas. También “apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios” Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), quien comanda un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. (Clarín, 27/5)

La Fundación que condecoró al presidente argentino con el premio Génesis, “el Nobel israelí”, con el otorgamiento de un millón de dólares que Milei utilizará para propagandizar en América Latina la “causa” sionista, valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.), así como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Aun así Milei no pudo evitar ser abucheado por una multitud en la Universidad Hebrea por su apoyo al genocidio.

Es en este contexto que Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional.

Por estos motivos solicitamos acompañar el presente Proyecto de Ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

 

 

 

ANULACIÓN DEL DNU 366/2025. ANTIMIGRANTES

17/06/2025

EXPTE N° 3176-D-2025

ARTÍCULO 1°- Anúlese el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 (DNU-2025-366-APN-PTE – Disposiciones), publicado en el Boletín Oficial con fecha 28 de mayo de 2025, por medio del cual se establece por decreto una reforma reaccionaria y anticonstitucional de la ley 25.871 de migraciones, que impone restricciones al acceso a la ciudadanía, facilita deportaciones, introduce el cobro de prestaciones de salud en dependencias públicas y habilita el arancelamiento en las universidades nacionales, entre otras medidas que integran una política anti migratoria y expulsiva contra los trabajadores por parte del gobierno de Javier Milei.

ARTÍCULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

FUNDAMENTOS

Presentamos este proyecto de ley con el objetivo de anular en su totalidad el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 366/25, por el cual se modifica de manera regresiva, la Ley de Migraciones N 25871.

Este decreto constituye un brutal ataque contra los derechos elementales de la población migrante que vive y trabaja en nuestro país, y por extensión, contra toda la clase trabajadora y resulta anticonstitucional debido a que no existen razones “de necesidad y urgencia” que justifiquen la modificación de una ley por la vía de un decreto.

Lejos de atender una necesidad real o una emergencia concreta, el decreto representa una reforma regresiva, con claros tintes xenófobos, de clase y represivos. Modifica aspectos fundamentales de la Ley de Migraciones N.º 25.871, una norma conquistada gracias a décadas de lucha de las organizaciones de derechos humanos, migrantes y sociales, y que reconoce a la migración como un derecho humano.

El cumplimiento del decreto en cuestión puede provocar el efecto contrario al que se declara, ya que es presentado por el gobierno como un instrumento que le dé celeridad a la registración de extranjeros, debido a que ha sido la Ley que se modifica la que permitió vehiculizar las iniciativas institucionales necesarias para agilizar la obtención de la residencia definitiva de miles de migrantes que vivían en la irregularidad. Incluso contando con la ley de migraciones el Estado argentino siguió vulnerando muchos derechos de las personas migrantes incluido el hecho de que la obtención de la residencia no se computa desde el momento del ingreso al país lo que impacta, por ejemplo, en la posibilidad de estas personas de acceder a una jubilación luego de haber trabajado durante toda la vida en nuestro país.

El DNU 366/25 establece una batería de medidas que apuntan directamente contra la población trabajadora migrante, especialmente la proveniente de países limítrofes, con el claro propósito de expulsarla o marginarla del acceso a la educación, la salud y la ciudadanía y su correspondiente derecho a protestar y organizarse para luchar. El objetivo de esta reforma es instrumentalizar a los migrantes con el fin de construir un “enemigo interno” al cual culpar o responsabilizar por la crisis social que se agrava con la ofensiva capitalista del gobierno de Javier Milei. En definitiva, se trata de una herramienta para discriminar, perseguir y criminalizar personas racializadas.

En la argentina hay en este momento 1.9 millón de extranjeros, lo que representa un 4,2% de la población total. Hace 60 años la cifra de extranjero era de 2.6 millones de personas sobre una población total que apenas superaba los 20 millones de habitantes. La caída de migrantes ha sido pronunciada y ningún índice educativo, de salubridad o de seguridad indica que haya algún problema con la población extranjera que afecte a la “población nativa”. El decreto es en su conjunto, una gran excusa para fomentar la idea de que algunos extranjeros, particularmente bolivianos, peruanos o paraguayos, constituirían algún problema para la población cuando, en realidad, los sectores populares tienen problemas laborales, habitacionales, de bajo poder adquisitivo y otros como fruto de las políticas gubernamentales de diferente signo político en favor de grandes sectores capitalistas y de no como fruto del trabajo de esas comunidades. En definitiva, las dificultades de los sectores populares no son causadas porque un trabajador boliviano acceda a un trabajo, una asistencia social o algo por el estilo sino más bien, porque sectores capitalistas, nativos o extranjeros (Paolo Roca de Techint, por ejemplo) aplican políticas que afectan la vida de los trabajadores mientras ellos se enriquecen.

El marco en el que se da esta realidad es el de una crisis económica brutal profundizada por el gobierno de Milei el cual está liquidando puestos de trabajo de manera masiva y particularmente en rubros en los que tienen más presencia determinadas comunidades migrantes como lo es el de los despidos en el rubro de la vestimenta afectada por la política de apertura de importaciones. En definitiva, los ataques tienen que ver por un lado con la voluntad de parte del gobierno nacional de hacer proliferar principios discriminatorios entre los sectores populares, que dividan a estos entre sí frente al avance de la política hambreadora del gobierno nacional, y por el otro tienen que ver también con la disminución del uso de mano de obra barata por parte de patronales que hoy como fruto de la recesión ya no necesitan bajar sus costos laborales contratando mano de obra barata. La xenofobia y el racismo se incrementan entonces como fruto del descarte de esta mano de obra y como instrumentos políticos de la derecha para gobernar impartiendo ideologías reaccionarias que fraccionen y distraigan a la sociedad.

Los datos a tener en cuenta son que la población migrante se encuentra en retroceso desde hace varios años y la recesión del gobierno de Milei ha profundizado esto junto al hecho de que Argentina se ha convertido en el país más caro del mundo con los salarios más bajos como fruto de la política de intervención estatal que fomenta el gobierno para controlar los salarios a la baja.

Veamos algunos de los aspectos más graves que fundamentan nuestra posición:

Ciudadanía para los ricos, exclusión para los trabajadores

El decreto modifica la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina, reemplazando el criterio de aportes al país por parte de los migrantes —como el trabajo, el estudio o los lazos comunitarios— por la necesidad de realizar una “inversión relevante”. En otras palabras, se niega la ciudadanía al trabajador y se le otorga al empresario. Se privatiza el derecho a pertenecer.

La “venta de ciudadanía” a extranjeros que se incorpora como criterio en el Decreto 366, resulta no solo una medida con un claro sesgo de clase en favor de las personas mas enriquecidas, sino que, unida a las políticas de blanqueos permanentes inaugurada por Milei, resultan un llamado a la instalación de narcos, tratantes y otras formas de la delincuencia delitos transnacional.

Residencias más precarias y plazos arbitrarios

Se reduce de 180 a 90 días la validez de la residencia precaria, lo que genera un escenario de inestabilidad y desprotección para miles de trabajadores migrantes que necesitan tiempo real y concreto para regularizar su situación, buscar empleo, vivienda, y construir un proyecto de vida digno. La regularización de la situación no depende de la persona migrante en la mayoría d ellos casos sino de organismos nacionales y del país de origen de la persona migrante que suelen manejarse con tiempos muchos más laxos de los establecidos en el decreto de referencia. Sin embargo, las consecuencias del incumplimiento de dichos tiempos recaerán, como siempre ha ocurrido, sobre la persona y no sobre las instituciones y los estados.

La reducción d ellos tiempos en cuestión tampoco hacen a una necesidad asociada a algún daño que estas personas puedan generar en la Argentina y mucho menos al porcentaje de personas migrantes sin registración que existan hoy ya que esta, desde la aplicación de la ley de migraciones, no es el problema central planteado entre las comunidades migrantes.

Restricción de derechos y disolución del principio de reunificación familiar

Se elimina la extensión de derechos a los familiares de personas migrantes, una medida que atenta contra la unidad familiar y el principio de no discriminación. Este ataque a las familias obreras migrantes es una forma de presión para disuadir la radicación permanente en el país de sectores vulnerables.

En un primer análisis de urgencia del decreto realizado por el abogado Pablo Ceriani Cernadas, el especialista en cuestiones migratorias señala: “la obligación de proteger el derecho a la vida familiar tiene jerarquía constitucional en virtud de la Convención sobre Derechos del Niño y otros tratados de igual jerarquía.” Y agrega; “los artículos y el espíritu de este DNU no harán otra cosa que agravar la interpretación inconstitucional que la Dirección Nacional de Migraciones y diversos tribunales -incluyendo la Corte Suprema- vienen haciendo sobre la situación de niños/as separados de sus padres a través de medidas de expulsión del país.”

Educación y salud públicas, bajo amenaza

El decreto habilita el arancelamiento de las universidades nacionales para la población migrante y el cobro de servicios de salud en hospitales públicos, salvo emergencias. Estas medidas son una afrenta directa al principio de gratuidad y universalidad de estos servicios, y una clara violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza derechos a todos los habitantes del suelo argentino, sin distinción de nacionalidad. Sin embargo, sus postulados deben ser analizados en su justo contexto: las universidades nacionales no inscriben a personas que no tengan la residencia en nuestro país por lo tanto este planteo cumple la función política de fomentar la xenofobia (presenta a los extranjeros como personas que vienen a aprovecharse de “lo argentino” una deformación completa de la realidad ya que esa población, vive, trabaja y aporta en nuestro país). En lo relativo a la Salud, el gobierno nacional sólo tiene potestad resolutiva de arancelamientos sobre los hospitales nacionales (12) y su efectivo cumplimiento debe atravesar cuestiones claves como la contraposición entre la norma propuesta y el juramento hipocrático que obliga a los médicos a atender a las personas sin importar religión, opinión política, ni nacionalidad. El sistema de salud argentino está descentralizado y por lo tanto estas decisiones son potestad de las provincias, algunas de las cuales ya han comenzado con una política de estas características. Negar la atención primaria en salud a miles de personas tiene como contrapartida una desatención que con el pasar del tiempo vuelve más costosa la atención sanitaria de patologías que no fueron atendidas a su debido tiempo.

Deportaciones exprés

La facilitación de “deportaciones exprés”, que ya se habían institucionalizado mediante el decreto de Macri que fuera derogado en el año 2021, institucionaliza una presunción de culpabilidad contra el migrante pobre y crea un clima de persecución y hostigamiento que aviva el odio xenófobo, en lugar de promover la integración y el respeto mutuo. Impulsa la expulsión de migrantes ante la condena en primera instancia de un delito, violando el principio de inocencia que rige en el estado de derecho.

Mientras se endurecen las condiciones para que los trabajadores migrantes accedan a derechos básicos, se abren las puertas a los capitales extranjeros sin regulación alguna. El gobierno de Milei se muestra dispuesto a entregar soberanía a cambio de inversiones, mientras persigue y reprime a quienes vienen al país a contribuir con su trabajo.

Este decreto no sólo es ilegítimo por su forma —dictado sin consulta ni urgencia real— sino profundamente inconstitucional en su contenido. Viola principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los pactos de derechos humanos ratificados por nuestro país. Sin embargo, la ausencia de un poder judicial independiente y la colaboración política que el régimen de Javier Milei recibe en el parlamento hacen que esta violación a legislaciones y convenios vigentes no tenga consecuencias.

Su implementación no traerá más que sufrimiento a miles de personas, conflictos en las instituciones educativas y sanitarias, y una peligrosa división entre trabajadores migrantes y nacionales, alentando el odio, el prejuicio y la persecución. Lo que es seguro que ninguna de estas medidas traerá algún beneficio al resto de la población.

El objetivo final del decreto anti migratorio del gobierno de Milei es claro: atemorizar a millones de personas migrantes que trabajan y viven en nuestro país, para desincentivar cualquier intento de organización y lucha por sus derechos. Se trata de una política que busca disciplinar a la clase trabajadora en su conjunto, sembrando miedo, división y discriminación.

La migración no es un delito. Por el contrario, es una condición histórica, social y natural de la humanidad. Desde sus orígenes, el ser humano ha migrado en busca de mejores condiciones de vida, de sustento y de desarrollo. Impedir o criminalizar la migración equivale a ir en contra de la propia evolución y del derecho fundamental a buscar una vida digna.

En Argentina, un Estado Nacional formado por diversas olas migratorias, los verdaderos “ilegales” no son los trabajadores migrantes que llegan con lo puesto a ganarse el pan, sino los grandes capitales extranjeros que obtienen beneficios impositivos escandalosos, radicaciones exprés y hasta cesión de tierras en zonas estratégicas del país, como ocurre con los grandes terratenientes en el sur. Estos casos constituyen no solo una burla a los migrantes pobres, sino una violación flagrante a los derechos de soberanía nacional. Estas políticas son también una burla para con los auténticos originarios de nuestro territorio, aquellos que habitaban el suelo miles de años antes de la conformación del Estado Nacional y que hoy son perseguidos por el Estado argentino porque sus tierras son apetecibles para intereses capitalistas, muchos d ellos cuales son extranjeros, pero no de los pobres perseguidos, sino de los ricos y beneficiados por las políticas gubernamentales. 

Los trabajadores migrantes hacen lo que han hecho y siguen haciendo millones de compatriotas argentinos que migran a Estados Unidos, Europa u otros países en busca de un futuro mejor. No hay ninguna diferencia esencial entre el migrante boliviano que trabaja en una obra, la enfermera paraguaya que cuida en un hospital público, o el joven argentino que lava copas en España: todos son parte de una misma clase que enfrenta las mismas injusticias, y que debe tener los mismos derechos.

Este proyecto de ley busca anular el decreto 366/25 por ser una norma regresiva, inhumana y anticonstitucional, y porque representa una amenaza directa contra la unidad, los derechos y la dignidad del conjunto de la clase trabajadora.

Todos los sectores políticos que se reclaman democráticos y defensores de los derechos humanos deben rechazar este decreto ilegal, inconstitucional y profundamente regresivo. 

No se trata sólo de defender los derechos de las personas migrantes, sino de defender el carácter público, gratuito y universal de la salud y la educación, de rechazar la utilización del Estado para beneficiar a los grandes capitales a costa del pueblo trabajador, y de afirmar que en la Argentina no hay lugar para políticas de exclusión ni de odio.

Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

 Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

Repudio a la visita del presidente Javier Milei al Estado de Israel

13/06/2025

EXPTE N°3149-D-2025

Repudiar la visita del presidente Javier Milei al Estado de Israel, en momentos en que éste está llevando adelante un genocidio, motivo por el cual su presidente, Benjamín Netanyahu, se encuentra prófugo de la justicia internacional acusado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

Rechazar el memorándum de entendimiento que pretende firmar el gobierno argentino con el Estado de Israel, asociando a la Argentina al plan para ampliar la ocupación de la Franja de Gaza, anexar sus territorios, desplazar la población hacia el sur del enclave y poner bajo su control el flujo de la ayuda humanitaria, reemplazando la distribución colectiva de alimentos por entregas individuales, previa requisa y registro de los pobladores hambrientos. 

Denunciar el intento del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, reclamada por los palestinos como su capital, en completa sumisión a los dictados de Donald Trump y su política de transformar Gaza en un resort. 

Exigir la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel.                                           

FUNDAMENTOS

Sr, presidente:

El presidente Milei inició este jueves 5 de junio un nuevo viaje que incluye reuniones con la premier italiana Giorgia Meloni, el nuevo Papa León XIV, con Macron y en España participará de un evento de la ultraderecha. 

Con todo, el cierre estelar será en Israel, donde junto a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino, el mandatario argentino se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad. Hablará también ante el parlamento y suscribirá un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. 

La puesta en marcha del plan de anexión tiene lugar en medio de una situación terminal en materia humanitaria. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, advirtió que dos millones de gazatíes (sobre 2,4 millones de habitantes) pasan hambre como consecuencia del bloqueo total que Tel Aviv reimpuso el 2 de marzo. Tom Fletcher, jefe de operaciones humanitarias de Naciones Unidas, advirtió el martes 20, en una entrevista con la BBC, que 14 mil niños corrían el riesgo de morir si en 48 horas no ingresaba asistencia al enclave costero. 

Se trata de un plan aprobado en mayo para ampliar la ocupación de la Franja de Gaza, anexar sus territorios, desplazar la población hacia el sur del enclave y poner bajo su control el flujo de la ayuda humanitaria, reemplazando la distribución colectiva de alimentos por entregas individuales, previa requisa y registro de los pobladores hambrientos. Este plan monstruoso, que se pondría en marcha en las próximas semanas, va de la mano de la movilización de decenas de miles de reservistas adicionales. 

Desde que el sionismo rompió el acuerdo de cese al fuego alcanzado a fines de enero, que establecía, entre otros puntos, el intercambio de rehenes por prisioneros políticos palestinos, alrededor de 2.500 gazatíes fueron asesinados, elevando la cifra total a cerca de 55 mil. A su vez, a comienzos de marzo, el ejército israelí reimpuso un bloqueo casi total al ingreso de alimentos, agua, combustibles y medicinas que colocó nuevamente al enclave al borde de la hambruna y el colapso de la atención sanitaria. Como parte de este plan genocida, las fuerzas sionistas llegaron al extremo de disparar contra ambulancias que iban a socorrer heridos en la zona sureña de Rafah (dejando quince muertos) y, más recientemente, de efectuar un ataque con drones en aguas internacionales contra un buque que iba a llevar asistencia a los desesperados habitantes de la Franja. 

Mientras Israel bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria, ésta se amontona en las fronteras. La portavoz de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), Louise Wateridge, señaló desde Jordania que “tienen suficiente comida para 200.000 personas durante todo un mes, así como medicamentos suficientes para el funcionamiento de nueve centros de salud y 38 puntos médicos de la Agencia, con lo que atender a 1,6 millones de personas” (sitio de Naciones Unidas, 20/5). Pero todo se estrella con la implacable negativa sionista. 

En el caso de la atención médica, el director de la OMS para los Territorios Ocupados, Rick Peeperkorn, asegura que el sistema sanitario se encuentra “empujado al límite, con hospitales bombardeados y suministros vitales disminuyendo (…) hay una aguda escasez de todo, incluido líquidos intravenosos, antibióticos, insulina, desinfectantes e incluso materiales de limpieza básicos” (ídem). 

Alimentos e insumos sanitarios varados en la frontera, gazatíes muriendo por el hambre y sin acceso a la salud. ¿Qué otra prueba se necesita para confirmar que estamos en presencia de una perversa operación de características genocidas? 

Agravando la situación, en las últimas semanas Israel ha organizado una ONG dirigida por un ex marine estadounidense, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) -operación financiada por EEUU creada para eludir a las ONGs establecidas y a las agencias de la ONU para desviar las presiones internacionales frente al bloqueo genocida de alimentos israelí que pone en riesgo de muerte a más de medio millón de personas a corto plazo.  

GFH distribuye solo en 4 centros altamente vigilados a los que los gazatíes deben asistir. El objetivo es someterlos a largas horas de espera para quebrarlos y forzar su desplazamiento. La ONU se ha negado a trabajar con GHF. Su portavoz Farhan Haq confirmó que “este plan de distribución no se ajusta a nuestros principios fundamentales, incluidos los de imparcialidad, neutralidad e independencia y no participaremos en él”.  

Hace una semana el desborde de la situación llevó a que la “Fundación” de mercenarios perdiera el control de las instalaciones y se retirara disparando contra los mismos palestinos a los que supuestamente debía asistir.    

Milei recibirá en la Knesset un galardón (Premio Génesis) por su compromiso con Israel y un premio de un millón de dólares que donará para el desarrollo de propaganda israelí en América Latina. La Fundación que lo condecoró valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.) como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Devolución de gentilezas: uno apoya el plan criminal en Gaza, los otros el ajuste brutal en Argentina. 

El memorándum de entendimiento, consagra un alineamiento con Tel Aviv detrás de la fachada del combate del “terrorismo”. Según Clarín (27/5), “apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios” Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. 

Montoto ha seguido la carrera de Patricia Bullrich, donde en los años 70 fungió como secretario de Mario Firmenich hasta ser en la actualidad el titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) y comandar un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad. Hace pocas semanas, fue el anfitrión del presidente Javier Milei en un encuentro en que el mandatario anticipó la firma de un memorándum para afianzar lazos con Tel Aviv. Existe un interés entre las partes en profundizar los negocios. El embajador argentino en Israel, el rabino Axel Wahnish, habría organizado una reciente visita de 300 empresarios a Israel (Iton Gadol, 27/5). También se espera el anuncio de un vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires. 

Otro aspecto de la gira son las promesas del presidente argentino de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, siguiendo los pasos de Donald Trump durante su primera presidencia. Como gesto, la residencia del embajador argentino fue trasladada en 2024 a dicha ciudad, que es reclamada por los palestinos como capital. Dicha residencia sería, ahora, la sede de un encuentro entre Milei y familiares de rehenes en Gaza. Justamente, el Foro de Familiares y de Rehenes, que ya había cuestionado a Netanyahu por dinamitar la tregua, recibió con espanto el nuevo plan, afirmando que el gobierno prioriza la ocupación territorial por sobre el regreso de los cautivos. Y el ministro de cultura, Miki Zohar, del Likud, le dio a su modo la razón, al reconocer que la ampliación de las operaciones y la ocupación pone en peligro la vida de los rehenes, pero tiene que hacerse de todos modos.

El presidente argentino llegaría a Israel el 11 de junio. Exactamente al revés que su orientación, corresponde la ruptura de lazos diplomáticos y comerciales con el Estado israelí y el repudio del genocidio contra el pueblo palestino.  

Por estas razones invitamos a acompañar el presente Proyecto de Resolución. 

Vanina Biasi

 Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

 

 

Registración laboral para todos los trabajadores

10/06/2025

EXPTE N°3052-D-2025

ARTÍCULO. 1º— Todo trabajador o trabajadora cuya relación laboral, sea esta del ámbito público o privado, no estuviere registrada o lo estuviere deficientemente, está habilitado para denunciar esta situación a la Secretaría de Trabajo mediante una simple nota escrita, telegrama obrero (ley 23.789) o carta documento y a intimar fehacientemente a su empleador para que en forma inmediata regularice dicha relación inscribiéndola como un contrato de trabajo en relación de dependencia.

ARTÍCULO. 2º— Se entiende por relación laboral deficientemente registrada aquella en la que el empleador declare una fecha de ingreso posterior a la real, una remuneración menor a la percibida por el trabajador, una jornada de trabajo inferior a la real y toda aquella relación encubierta con contratos denominados como locación de servicios, de obra, de representación, de pasantía o con cualquier otra denominación que fraudulentamente pretenda ocultar una relación laboral dependiente.

ARTÍCULO. 3º— El trabajador que hubiere realizado la denuncia y/o intimación previstas en el Art. 1º de esta ley gozará desde el momento de la realización de las mismas, de estabilidad en su puesto de trabajo durante un período de 36 meses. En el mismo período no podrán modificarse sus condiciones de trabajo.

ARTÍCULO. 4º— La simple invocación de la existencia de trabajo no registrado, deficientemente registrado o fraudulentamente registrado habilitará al personal de la empresa o establecimiento público o privado, haya en el mismo o no trabajadores afiliados a un sindicato, a elegir delegados en asambleas realizadas dentro o fuera del establecimiento.

Los delegados así elegidos gozarán de la tutela sindical prevista en el Capítulo XII y concordantes de la Ley 23.551 para los delegados del personal.

ARTÍCULO. 5º— La regularización de la relación laboral a partir de la denuncia y/o intimación previstas en el Art. 1º de esta ley, no releva al empleador infractor de las deudas contraídas con los trabajadores y con el sistema de la seguridad social, los trabajadores podrán continuar todas las acciones legales derivadas de la relación laboral y son acreedores a las indemnizaciones y multas previstas en su favor en la legislación vigente por nula, deficiente o falsa registración. Asimismo, el cobro de eventuales indemnizaciones y demás deudas salariales serán calculadas desde el ingreso del trabajador/a.

ARTÍCULO. 6°— De forma.

 

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Traemos nuevamente a consideración este Proyecto de Ley en virtud de que la situación laboral de las y los trabajadores se encuentra en un avance gigantesco de agravamiento de sus derechos y porque no deja de ser una radiografía de los intereses sociales y económicos que prevalecen en este parlamento, por el solo hecho de que el tratamiento del mismo haya sido sistemáticamente bloqueado, por los Bloques mayoritarios de esta Cámara.

En un campo político antagónico a los bloques políticos que dominan este Congreso se encuentran los luchadores del movimiento obrero, la juventud, y los jubilados que han llevado a cabo importantes luchas contra la depredación laboral que representa la informalidad y las consecuencias que ella trae en el futuro.

En la era Milei la informalidad alcanzó un récord: hay más de 8 millones de trabajadores en situación informal, según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH), correspondiente al último trimestre de 2024.

Según los últimos datos de la EPH en 31 grandes aglomerados urbanos del país, menos de dos tercios de los trabajadores estaban registrados (62,1%) y 37,9% se desempeñaba sin descuentos ni aportes para el sistema jubilatorio. Los ocupados en relación de dependencia representaban 72,2% del total -cayó 1,5 puntos porcentuales en 2024- y los independientes el 27,8% restante. Entre los asalariados 63,9% lo hace en la formalidad y 36,1% en la ilegalidad. La proporción de informalidad laboral asalariada se eleva a 90% (9 de cada 10 trabajadores) en la franja del 10% del total de trabajadores con menores ingresos;

Ese cuadro ha llevado a que frente a un promedio general al cierre del tercer trimestre de 2024 de 100 asalariados ocupados en los hogares se detectó un promedio de 122 no ocupados, en el extremo del 10% con menor ingreso esa relación sube a 198, y a 187 en la siguiente, y explica el núcleo duro de indigencia que llega al 10% de la población que no cuenta con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación.

Por lo tanto, el ingreso promedio mensual de los asalariados registrados fue de $ 781.652 mientras que el de los no registrados alcanzó a $ 315.720, con una brecha de casi el 60%.

El cálculo por mediana arroja una brecha todavía más amplia: mientras la mitad de los asalariados registrados percibió hasta $ 700 mil por mes en el tercer trimestre de 2024, su equivalente entre los no registrados fue de $ 248 mil, con una brecha del 64,6%.

En este punto es importante resaltar que el Gobierno estableció por decreto los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, mediante la Resolución 5/2025, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció las nuevas cifras, en agosto será de $322.000.  Una verdadera vergüenza frente a tamaña crisis que están sufriendo la población.

Por otra parte, cabe recordar que los integrantes del gobierno nacional y los empresarios suelen adjudicarle la responsabilidad del trabajo no registrado al peso de los impuestos al trabajo, pero este Congreso no se ha cansado de votar leyes a favor de los empresarios con exenciones impositivas: la realidad es que, lejos de generar puestos de trabajo han reducido personal y los que quedan son explotados al máximo, no lo que dice Milei de que los trabajadores explotan a los patrones.

Asimismo, vale recordar también, que el gobierno el 20 de diciembre de 2023, emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, conocido como “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, el cual introdujo cambios significativos en la legislación laboral. Desde la extensión del período de prueba hasta la modificación de indemnizaciones por despido y las limitaciones al derecho de huelga.

En definitiva, esta situación de informalidad ha llevado a que millones de personas no puedan jubilarse habiendo trabajado a lo largo de toda su vida y tengan que depender de una moratoria que este gobierno y sus cómplices dejaron caer y conspiran para que no se convierta en ley en la cámara de senadores, en cuyo caso el gobierno de Milei ya anunció que avanzaría con el veto. Asimismo, más de 5 millones de jubilados cobran una jubilación mínima de $285.820,74 más un bono que está congelado de $70.000, lo que significa unos $355.820,74, muy lejos de lo que cuesta la canasta básica del jubilado: hoy en un 1.200.000.

Esta situación es un límite para mejorar las condiciones de vida impostergables para más de un tercio de los habitantes.

La falta de registración laboral fue puesta al rojo vivo como el gran drama que sufrió la clase obrera en medio del combate a la pandemia y la cuarentena, que dejó brutalmente expuestos a miles de trabajadores y trabajadoras que no contaban con ningún tipo de protección laboral ante el ‘parate’ económico y la brutal crisis que se vivía en el país.

A lo largo de los años las y los trabajadores se han organizado y luchado para combatir la precarización laboral. Entre los emblemas de esta lucha se encuentra el compañero Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y de la Unión de Juventudes por el Socialismo. Mariano, fue brutalmente asesinado el 20 de octubre de 2010 por una patota de la burocracia sindical que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad y el poder político de turno. El juicio ejemplar y la condena a José Pedraza, a miembros de la patota y a policías a cargo del operativo, fue una conquista del enorme movimiento popular que luchó por esta causa. La popularidad de Mariano y de la lucha por Justicia contra los responsables políticos y materiales de este crimen, es indisociable de las banderas que él levantó, por las que luchó y por las que murió. La tercerización y la informalidad laboral que constituyen un fraude contra la clase obrera brutalmente extendido en nuestro país, fueron motor de la bronca popular contra la burocracia sindical y contra los defensores de un régimen de super explotación de las y los trabajadores.

Es decir, la lucha de Mariano Ferreyra se emparenta con la lucha contra la informalidad porque es muy común que los trabajos se tercericen en empresas para mayores ganancias de ellas a costa de los derechos de las y los trabajadores.

La precarización laboral es una realidad creciente, en tiempos de apps, de organización de las trabajadoras de casas particulares, de miles de trabajadores informales que se encuentran, como nunca, por debajo de la línea de la pobreza, producto de salarios miserables por fuera del convenio. En ese sentido, vale recordar que Elsa Rodríguez, compañera del Polo Obrero atacada por la patota el mismo 20 de octubre de 2010 es también expresión de la lucha contra la precarización. Son las y los trabajadores desocupados que este gobierno de estafadores criminaliza por defender el trabajo genuino y por exigir los alimentos para los más de 45.000 comedores en todo el país.

La circunstancia de que el trabajo en negro se mantenga cuanto menos en la enorme proporción de un 40 % de los asalariados, sin incluir en esa cifra la inmensa masa de trabajadores subempleados de los planes sociales, revela el fracaso inapelable de la legislación vigente para prevenirlo, basada exclusivamente en inspecciones, multas y demás sanciones fiscales y administrativas sistemáticamente evadidas por enormes sectores patronales, entre los que no está exceptuado el propio Estado encargado de velar por el cumplimiento de las leyes laborales. 

Por supuesto que todos estos tipos de fraude laboral no podrían realizarse sin la complicidad de y de la responsabilidad de las burocracias sindicales que hacen la vista gorda cuando no, como en el caso de José Pedraza, son directamente parte del “negocio” de la explotación de cientos de trabajadores.

Lo mismo vale para la cartera de Trabajo -ahora reducido a secretaría- que, como se sabe, muy frecuentemente arregla con las patronales para desoír las denuncias o fraguar las inspecciones.

Por eso es clave que la denuncia y el control recaigan sobre los propios trabajadores.

El presente Proyecto de Ley tiene como principal fundamento que la lucha contra la informalidad laboral, que condena a más del 40% de los trabajadores a la precariedad, la miseria salarial, pésimas condiciones de trabajo y exclusión de toda cobertura social solo puede ser garantizada por los propios damnificados. Esta grave situación laboral fue el pilar de la política kirchnerista de recomposición de los negocios de la burguesía nacional bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, luego continuada bajo el macrismo, Alberto Fernández y hoy profundizada con el gobierno criminal de Javier Milei.

La precariedad laboral se agrava al calor de los miles de despidos y cierres de fábricas que dominan el escenario económico y social del país.

La reforma laboral avanza gremio por gremio, ante la incapacidad de votar una ley en el Congreso nacional. Es sabido, las reformas laboral y previsional integran la agenda del FMI, pero es también la agenda del poder económico en la Argentina que pretende recomponer tasas de beneficio destruida por su propia huelga de inversiones y fuga de capitales, la bicicleta financiera de los Caputo y cía., mediante la superexplotación obrera.

Con este proyecto damos una forma muy concreta a este reclamo tan sentido, que establece las condiciones para que las y los trabajadores denuncien su situación y garantizar su registro (Arts. 1º y 2º de este proyecto). Esto requiere brindar estabilidad laboral a todo trabajador que reclame su correcta registración (art. 3º). Otra medida clave para combatir el trabajo informal es garantizar la capacidad de organización de los trabajadores mediante la elección de delegados, convocada, haya o no haya afiliados a un sindicato determinado, en todos los lugares de trabajo para reforzar la cohesión de los trabajadores que tienen que encarar su lucha legal por la registración correcta (art. 4º). La registración laboral en modo alguno debe dar lugar a ninguna forma de amnistía sobre las deudas de los empleadores con el sistema de la seguridad social y con los propios trabajadores que podrán continuar todas sus acciones legales y hacerse acreedores a las indemnizaciones y multas previstas por las leyes vigentes (Art. 5º).

Volvemos a presentar e insistir con este proyecto -tantas veces presentado y tantas veces cajoneado- como aporte a la lucha que deberá tener a la clase obrera organizada y en las calles- para superar, por medio de una acción política independiente, a los partidos enemigos de sus derechos. 

Por lo expuesto, solicitamos el urgente tratamiento y la aprobación de este proyecto.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Repudiar el caso de gatillo fácil por un efectivo de la Policía Federal que hirió de muerte y asesinó a Thiago Correa de 7 años de edad

10/06/2025

EXPTE N°3047-D-2025

Repudiar un nuevo caso de gatillo fácil ocurrido en Ciudad Evita (La Matanza, Provincia de Buenos Aires) por parte de Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un efectivo de la Policía Federal que hirió de muerte y asesinó a Thiago Correa, de 7 años de edad, cuando tiraba a quemarropa contra un grupo de asaltantes en retirada y terminó matando asimismo a uno de ellos, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, e hiriendo a otros dos: Uriel Montenovo y Uriel Leiva, ambos de 21 años. 

Denunciar que este crimen, con un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que dispara con su arma reglamentaria, estando fuera de servicio, 11 tiros en apenas segundos a personas que estaban huyendo, muestra una vez más que la policía y las fuerzas represivas de nuestro país, adoctrinadas en el odio y la violencia contra los pobres, en la represión y el desprecio a los sectores más vulnerables de la sociedad cuando salen a protestar, y en la cobertura a los grandes criminales como el negocio narco, es el principal factor de inseguridad en nuestro país.

Responsabilizar a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, máxima autoridad política sobre la PFA, y repudiar sus declaraciones de encubrimiento y el operativo de impunidad que prepara en los mismos términos que hizo con la “doctrina Chocobar” cuando era funcionaria del gobierno de Mauricio Macri. Rechazar de plano que el gobierno nacional y el ministerio de seguridad le brinden patrocinio y soporte jurídico y legal a Daniel Aguilar Fajardo, mientras dejan indefensos y sin recursos para su querella a las familias de las víctimas de este grave crimen.

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El pasado viernes 6 de junio en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza (Provincia de Buenos Aires), a las 7.40 de la mañana, horario en el que muchos niños de guardapolvo blanco transitaban por la calle con su mochila a cuestas, Thiago Correa, de siete años de edad, fue herido de muerte tras ser alcanzado por los disparos de Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un efectivo de la Policía Federal que tiró a quemarropa contra un grupo de asaltantes que estaban en abierta retirada y terminó matando a uno de ellos e hiriendo a otros dos.

Su papá, Fabián Correa, relató desconsolado: «Yo estaba hablando con él lo más bien, de la vida, de cómo vamos a salir adelante como padre e hijo. Lo tenía a cocochito. Lo llevé arriba mío porque él me lo pidió: ‘Pa, hace mucho que no me llevás'».

Thiago fue internado en el Hospital de Niños de San Justo en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza, y murió horas después. Una vez más, las balas de la policía irrumpieron allí donde había palabra, proyectos a futuro y gestos de ternura para destruirlo todo.

Thiago no llegó a la escuela junto a sus compañeros por culpa del agente policial Aguilar Fajardo, quien, estando de civil, se creyó dueño de la vida y la muerte de los jóvenes que intentaron robarle y respondió vaciando el cargador de su revólver. En esa balacera también asesinó a uno de ellos, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, e hirió de gravedad a otros dos, Uriel Montenovo y Uriel Leiva, ambos de 21. Actualmente, el uniformado se encuentra detenido por orden del fiscal Diego Rulli, imputado por «exceso de legítima defensa».

Lo cierto es que no constituye un acto de «defensa» ni mucho menos «legítima» tirar a matar como forma de evitar un robo callejero. Ese procedimiento, que es moneda corriente dentro las fuerzas represivas, parte de deshumanizar a los jóvenes que delinquen, considerándolos residuos descartables. El desprecio por la vida de los denominados «pibes chorros», fomentado desde el poder, está atravesado por el racismo y el odio de clase, y se extiende a todos aquellos que se adecúan a esa imagen estereotipada.

Milei y Bullrich refuerzan ese estigma sobre la juventud de los barrios, batiendo el parche de la baja de edad de punibilidad y respaldando el accionar de las fuerzas represivas en cada hecho de gatillo fácil, como ocurrió con Chocobar o con el gendarme que asesinó al trabajador de frontera Fernando Gómez. De ese modo, buscan justificar una mayor militarización de las calles, a los fines de regimentar a la población trabajadora para evitar que levante cabeza frente a los atropellos del gobierno.

Con esos discursos punitivos, dan carta blanca para que muchos, al igual que Aguilar Fajardo, se sientan impunes de abrir fuego en la vía pública generando nuevas masacres. Lo ocurrido desmiente que la problemática de la inseguridad que azota a las barriadas obreras pueda encontrar solución aumentando la presencia policial, tratándose de una institución completamente imbricada en los circuitos ilegales de los que se nutren las actividades delictivas.

Para sumar, un informe del centro de Estudios legales y Sociales (CELS) revela que 8 de cada 10 muertes de este tipo en 2025 en el Gran Buenos Aires ocurrieron con efectivos fuera de servicio.

Como vemos, las responsabilidades políticas de este crimen llegan hasta la cúpula del Estado y la única forma de obtener justicia es a través de la movilización. Abrazamos a las familias de Thiago, de Brandon, de Uriel Montenovo y de Uriel Leiva en estos momentos tan difíciles.

Por todos estos motivos solicitamos a las y los diputados el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

ANULACIÓN DEL DNU 366/2025. ANTIMIGRANTES

05/06/2025

EXPTE N°2943-D-2025

ARTÍCULO 1°- Anúlese el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 (DNU-2025-366-APN-PTE – Disposiciones), publicado en el Boletín Oficial con fecha 28 de mayo de 2025, por medio del cual se establece por decreto una reforma reaccionaria y anticonstitucional de la ley 25.871 de migraciones, que impone restricciones al acceso a la ciudadanía, facilita deportaciones, introduce el cobro de prestaciones de salud en dependencias públicas y habilita el arancelamiento en las universidades nacionales, entre otras medidas que integran una política anti migratoria y expulsiva contra los trabajadores por parte del gobierno de Javier Milei.

ARTÍCULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Presentamos este proyecto de ley con el objetivo de anular en su totalidad el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 366/25, dictado de manera unilateral y sin intervención del Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei. Este decreto constituye un brutal ataque contra los derechos elementales de la población migrante que vive y trabaja en nuestro país, y por extensión, contra toda la clase trabajadora.

Lejos de atender una necesidad real o una emergencia concreta, el decreto representa una reforma regresiva, con claros tintes xenófobos, de clase y represivos. Modifica aspectos fundamentales de la Ley de Migraciones N.º 25.871, una norma conquistada gracias a décadas de lucha de las organizaciones de derechos humanos, migrantes y sociales, y que reconoce a la migración como un derecho humano.

El DNU 366/25 establece una batería de medidas que apuntan directamente contra la población trabajadora migrante, especialmente la proveniente de países hermanos de América Latina, con el claro propósito de expulsarla o marginarla del acceso a derechos esenciales como la educación, la salud y la ciudadanía. Veamos algunos de los aspectos más graves que fundamentan nuestra posición:

Ciudadanía para los ricos, exclusión para los trabajadores

El decreto modifica la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina, reemplazando el criterio de aportes al país por parte de los migrantes —como el trabajo, el estudio o los lazos comunitarios— por la necesidad de realizar una “inversión relevante”. En otras palabras, se niega la ciudadanía al trabajador y se le otorga al empresario. Se privatiza el derecho a pertenecer.

Residencias más precarias y plazos arbitrarios

Se reduce de 180 a 90 días la validez de la residencia precaria, lo que genera un escenario de inestabilidad y desprotección para miles de trabajadores migrantes que necesitan tiempo real y concreto para regularizar su situación, buscar empleo, vivienda, y construir un proyecto de vida digno.

Restricción de derechos y disolución del principio de reunificación familiar

Se elimina la extensión de derechos a los familiares de migrantes, una medida que atenta contra la unidad familiar y el principio de no discriminación. Este ataque a las familias obreras migrantes es una forma de presión para disuadir la radicación permanente en el país de sectores vulnerables.

Educación y salud públicas, bajo amenaza

El decreto habilita el arancelamiento de las universidades nacionales para la población migrante y el cobro de servicios de salud en hospitales públicos, salvo emergencias. Estas medidas son una afrenta directa al principio de gratuidad y universalidad de estos servicios, y una clara violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza derechos a todos los habitantes del suelo argentino, sin distinción de nacionalidad.

Deportaciones exprés

La facilitación de deportaciones exprés, que institucionaliza una presunción de culpabilidad contra el migrante pobre, y crea un clima de persecución y hostigamiento que aviva el odio xenófobo, en lugar de promover la integración y el respeto mutuo. Impulsa la expulsión de migrantes ante la condena en primera instancia de un delito, violando el principio de inocencia.

Mientras se endurecen las condiciones para que los trabajadores migrantes accedan a derechos básicos, se abren las puertas a los capitales extranjeros sin regulación alguna. El gobierno de Milei se muestra dispuesto a entregar soberanía a cambio de inversiones, mientras persigue y reprime a quienes vienen al país a contribuir con su trabajo.

Este decreto no sólo es ilegítimo por su forma —dictado sin consulta ni urgencia real— sino profundamente inconstitucional en su contenido. Viola principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los pactos de derechos humanos ratificados por nuestro país.

Su implementación no traerá más que sufrimiento a miles de personas, conflictos en las instituciones educativas y sanitarias, y una peligrosa división entre trabajadores migrantes y nacionales, alentando el odio, el prejuicio y la persecución.

El objetivo final del decreto anti migratorio del gobierno de Milei es claro: atemorizar a millones de personas migrantes que trabajan y viven en nuestro país, para desincentivar cualquier intento de organización y lucha por sus derechos. Se trata de una política que busca disciplinar a la clase trabajadora en su conjunto, sembrando miedo, división y discriminación.

La migración no es un delito. Por el contrario, es una condición histórica, social y natural de la humanidad. Desde sus orígenes, el ser humano ha migrado en busca de mejores condiciones de vida, de sustento y de desarrollo. Impedir o criminalizar la migración equivale a ir en contra de la propia evolución y del derecho fundamental a buscar una vida digna.

En Argentina, los verdaderos “ilegales” no son los trabajadores migrantes que llegan con lo puesto a ganarse el pan, sino los grandes capitales extranjeros que obtienen beneficios impositivos escandalosos, radicaciones exprés y hasta cesión de tierras en zonas estratégicas del país, como ocurre con los grandes terratenientes en el sur. Estos casos constituyen no solo una burla a los migrantes pobres, sino una violación flagrante a los derechos de soberanía nacional.

Los trabajadores migrantes hacen lo que han hecho y siguen haciendo millones de compatriotas argentinos que migran a Estados Unidos, Europa u otros países en busca de un futuro mejor. No hay ninguna diferencia esencial entre el migrante boliviano que trabaja en una obra, la enfermera paraguaya que cuida en un hospital público, o el joven argentino que lava copas en España: todos son parte de una misma clase que enfrenta las mismas injusticias, y que debe tener los mismos derechos.

Este proyecto de ley busca anular el decreto 366/25 por ser una norma regresiva, inhumana y anticonstitucional, y porque representa una amenaza directa contra la unidad, los derechos y la dignidad del conjunto de la clase trabajadora.

Todos los sectores políticos que se reclaman democráticos y defensores de los derechos humanos deben rechazar este decreto ilegal, inconstitucional y profundamente regresivo. 

No se trata sólo de defender los derechos de las personas migrantes, sino de defender el carácter público, gratuito y universal de la salud y la educación, de rechazar la utilización del Estado para beneficiar a los grandes capitales a costa del pueblo trabajador, y de afirmar que en la Argentina no hay lugar para políticas de exclusión ni de odio.

Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

Apoyo y solidaridad a la lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan. Repudio a los ataques del Gobierno.

03/06/2025

EXPTE N°2884-D-2025

Dar total apoyo a los médicos residentes, administrativos, médicos de planta, enfermeros, profesionales de diferentes ramas y personal de mantenimiento, pilares fundamentales de la atención integral y de alta complejidad del Hospital Garrahan, en su lucha por revertir el desguace que promueve el gobierno nacional.

Reivindicar que esta lucha ha obligado al gobierno a anunciar un aumento para médicos residentes (que representan 10% de la planta total) y advertir que aún no ha hecho propuesta alguna para el resto de la planta.

Repudiar las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni en las que miente sobre la proporción de administrativos respecto del personal dedicado a tareas asistenciales, junto a amenazas de controles y despidos, falsedades y amenazas replicadas por la viceministra de Salud,  Loccisano y el propio presidente Milei.

Rechazar el comunicado de la dirección del Hospital Garrahan a través de la red social X, por el que acusa de “ñoquis” a los trabajadores sin documentación alguna, entre otras mentiras y agravios, que funcionarios con sueldos mensuales superiores a los 6 millones de pesos difunden para ocultar sus propios privilegios y su objetivo de vaciar el Hospital.

 

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El conflicto que se desarrolla en el Hospital Garrahan, el mayor hospital pediátrico de nuestro país, no solo moviliza a la totalidad de sus trabajadores que denuncian el vaciamiento intencional de que es objeto por parte del gobierno de Milei, sino que concita el apoyo de millones de personas que reconocen la calidad y el esfuerzo del personal profesional, de técnicos/as y enfermeros/as.

Durante la multitudinaria marcha del jueves 29 de mayo donde el Garrahan confluyó con miles de prestadores en discapacidad acompañados por pacientes y sus familias, se pudo escuchar la voz de los residentes, denunciando la gigantesca carga horaria por una remuneración de $4.000 la hora, y a los médicos denunciando el vaciamiento del principal insumo del hospital, sus profesionales, que renuncian porque ya no pueden continuar trabajando en esas condiciones.

En estas circunstancias el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el Hospital Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. “Prácticamente 2 empleados administrativos por cada médico”, dijo.

Esto es falso. El 68% de los trabajadores del hospital (3.190) forman parte del nivel asistencial -es decir, están en contacto con los pacientes-, según datos de 2024 del Departamento de Estadística del hospital. El personal administrativo está compuesto por 473 personas, no 953 como dijo Adorni.

A medida que el conflicto se desarrollaba, el gobierno anunció los decretos que prohíben las huelgas en particular sobre los denominados “esenciales”. La respuesta fue contundente la asamblea decidió un paro como único camino para que los trabajadores fueran escuchados.

El gobierno apeló a la conciliación obligatoria mediante una resolución de la Secretaría de Trabajo, o sea el mismo Estado que es Juez y parte interfiere en una decisión soberana de los trabajadores.

Esta extorsión del gobierno sin embargo no logró sus objetivos, toda vez que aún acatando la conciliación obligatoria, las asambleas ratificaron el curso de lucha estableciendo el 3 de mayo como limite a la realización de la mesa de negociación.

Esto dio lugar a un recule del gobierno con una oferta salarial dirigida sólo a los residentes, con el evidente propósito de dividir a los trabajadores.

Efectivamente, en la mañana del domingo 1° de junio, mediante un posteo en su cuenta de X la dirección del Hospital, sin privarse de acusar a los trabajadores de “ñoquis” y de reivindicar el brutal ajuste amenaza con la implementación del sistema de datos biométricos para el ingreso del personal del hospital y afirma “desde 01 de junio el Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido. Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quién no asiste, afuera.” Luego anuncia que el ingreso de los residentes llegará en Julio a $1.300.000 y aclara que “Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza”.

Este sector cobraba $ 797.000 en mano hasta este mes. Según explican fuentes gubernamentales, sobre ese número el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono, pero se decidió que ese monto ascienda a $ 500.000, es decir, un incremento nominal de $ 300.000.

Este 36% de aumento total solo para los residentes, busca desactivar las asambleas de los empleados del hospital -y particularmente de los médicos residentes- que se preveían para el martes y el resto de la semana. Sin embargo, pese al aumento para los médicos residentes, la Asamblea de Residentes del Hospital Garrahan publicó un comunicado posterior que repudia los modos utilizados por el Gobierno en su anuncio, y no reconocen haber recibido ninguna propuesta salarial en mesa de parte del Ministerio de Salud tanto porque se trata de un posteo y no de una propuesta formal y sobre todo porque el hospital no es su empleador sino el Ministerio de Salud, que es quien debería informarlo

Por su parte la Junta Interna de ATE comunicó este mediodía que la suba salarial sólo para residentes excluye a más del 90% de los empleados del hospital, “de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”.

“Esto no funciona sólo con una parte, ni siquiera con todos los médicos. El reclamo es también para el personal de planta, que incluye médicas, enfermeras, técnicas, imágenes”, los que no fueron comprendidos en los anuncios de este domingo. “Nos quieren dividir”, y agregaron “la conciliación obligatoria, de hecho, fue aplicada respecto de los trabajadores de la planta y el gobierno ya la incumplió, porque no convocó ninguna audiencia de negociación y amenaza con persecución y despidos”.

En su comunicado la Junta Interna concluye “Ya refutamos categóricamente a la viceministra Loccisano, el vocero Adorni y hasta el presidente Milei, quienes mintieron respecto de la cantidad de trabajadores que cumplimos funciones en el hospital -por ejemplo, el doble de administrativos de los que hay realmente-. Pretenden desviar la atención sobre supuestos ñoquis, que si existieran serían de ellos, dado que controlan la gestión del hospital desde diciembre de 2023.

A la par, la APyT (Asociación de Profesionales y Técnicos Hospital de Pediatría Garrahan) en su comunicado publicado en el día de ayer dice, entre varios puntos, que: “La asfixia salarial ha llegado a un extremo tal que es la causa directa de la renuncia de cerca de 200 trabajadores de los distintos equipos interdisciplinarios, afectando la capacidad de respuesta que necesitan nuestros pacientes con enfermedades graves y complejas”.

Además, interpelan “al Congreso Nacional para que incluya en el temario de su próxima sesión, convocada para el día 4/6, el tratamiento de un proyecto de Ley de Financiamiento y Blindaje Presupuestario para el Hospital, además de una recomposición salarial inmediata, una salida estructural de fondo para la problemática de nuestra Institución y repudiando los términos violentos y persecutorios del comunicado del Gobierno y solicitan que ponga fin a las difamaciones y maniobras que intentan distorsionar la naturaleza del reclamo”.

Y cierran, diciendo: “No aceptaremos ningún tipo de persecución política, que nos remite a las más oscuras épocas de nuestra historia”.

Y anuncian “los trabajadores y trabajadoras del Garrahan nos reuniremos en asamblea general el próximo martes a las 13 horas para definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones. Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”.

La lucha del Hospital Garrahan es decisiva para la defensa de nuestro sistema público de salud atacado por el gobierno “libertario” para beneficiar el negocio capitalista de la medicina privada, aún al precio de destruir la principal institución de salud pediátrica de la Argentina. 

Esta Cámara no puede permanecer en silencio. Por esta razón invitamos a respaldar el presente Proyecto de Resolución.

 

 

 

 

 

Apoyo y solidaridad con las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

03/06/2025

EXPTE Nº2879-D-2025

Manifestar todo su apoyo y solidaridad con las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que se están organizando en una asamblea multisectorial en defensa de los puestos de trabajo, contra la política de desguace y vaciamiento impulsada por el gobierno nacional, que apunta a reducir al Instituto y sus trabajadores a la mínima expresión, eliminando líneas de trabajo y produciendo cientos de despidos.

Repudiar la decisión anunciada por el ministro Sturzenegger de degradar por decreto al INTI a la categoría de una dirección nacional dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo, quitándole al Instituto su carácter autónomo, autárquico y federal. Del mismo modo, expresar su repudio a las versiones de fusión del INTI con el INTA, como otra posible variable de desguace de ambos organismos.

Apoyar todas las acciones de lucha resueltas por las y los trabajadores en defensa del INTI, del sistema científico nacional y de sus puestos laborales.

FUNDAMENTOS

Sr. presidente:

Las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se están organizando en defensa de los puestos de trabajo, contra la política del gobierno nacional, que apunta a reducir al Instituto y sus trabajadores a la mínima expresión, eliminando líneas de trabajo, produciendo cientos de despidos, y a su vez degradando al INTI a la categoría de dirección nacional dependiente de alguna secretaria ministerial.

Han puesto pie para esta lucha una asamblea multisectorial de trabajadores, que desde principios del mes de mayo viene realizando acciones de protesta contra la información que circulaba respecto de las pretensiones gubernamentales de avanzar en una fusión (desguace) del Instituto con el INTA.

El intento de fusión de ambos organismos (INTA e INTI) generó un proceso de movilización impulsado por autoconvocatorias de los trabajadores como en el INTI. Están reclamando a las representaciones sindicales un plan de lucha de todos los estatales para derrotar a un gobierno que ya despidió a más de 40.000 trabajadores.

Por estas horas, el ministro Federico Sturzenegger, uno de los encargados de organizar la política de ajuste fiscal del gobierno nacional, anunció recortes y reestructuraciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se trata de un combo que incluye el despido de miles de trabajadores y el remate de bienes (que seguro terminan en manos de los especuladores inmobiliarios amigos del Gobierno como IRSA), diseñado para garantizar el pago de la deuda con el FMI y el resto de los acreedores internacionales.

Este martes 27 de mayo más de 200 trabajadores y trabajadoras del INTI se reunieron en asamblea en el Instituto, sumado a 80 compañeros/as que se conectaron desde todas las sedes del país, donde resolvieron profundizar el plan de lucha. En el comunicado que emitieron señalan que refuerzan su organización “tras las declaraciones de Sturzenegger en los medios, anunciando la decisión de centralizar el INTI como parte del Ministerio de Economía. Desde la Multisectorial venimos advirtiendo sobre esta decisión de degradar al Instituto y quitarle su carácter autónomo, autárquico y federal, y la inminencia de la publicación de ese decreto en el marco de los 42 días que restan de facultades delegadas para hacerlo”. Asimismo, se pronuncian en defensa del “INTI y del sistema científico en la defensa de la soberanía nacional” y se sumaron a la acción de “visibilización del ataque a la ciencia, la investigación y las universidades, que se llevará a cabo mañana en el Polo Tecnológico, convocada por investigadorxs de Conicet, promoviendo la más amplia articulación en la defensa de nuestros organismos” el pasado 28 de mayo.

La autonomía del INTI y su Sistema de Centros de Investigación son una herramienta para los trabajadores, porque no sobra nadie es urgente la defensa de todo su personal y el carácter federal, científico y de calidad de este organismo. Denunciamos que la política de vaciamiento es al servicio de profundizar la apertura indiscriminada de las importaciones, con el objetivo de profundizar el sometimiento al Fondo Monetario Internacional.

El plan de Sturzenegger y el gobierno de Javier Milei busca el desguace del Estado e implica despidos y recortes en medio de una recesión que adquiere dimensiones cada vez más importantes. En este contexto cobra una importancia central la organización y movilización de las y los trabajadores para derrotar esta política de ofensiva anti obrera.

Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

EMERGENCIA SALARIAL PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL GARRAHAN

02/06/2025

EXPTE N°2837-D-2025

ARTÍCULO 1°-   La presente ley tiene por objeto garantizar el financiamiento necesario para el normal funcionamiento del Hospital Garrahan, asegurando las partidas presupuestarias para gastos salariales de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 2°- El Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar los recursos para los años 2025 y 2026, a fin de permitir el financiamiento de los salarios del Hospital Garrahan de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 4° de la presente ley.

ARTÍCULO 3°- Se establece para los trabajadores del Hospital Garrahan un salario inicial equivalente al costo de la canasta básica familiar calculada por la Asociación de Trabajadores del Estado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (ATE INDEC) que arroja $1.819.121 al mes de mayo de 2025, actualizada por IPC al momento de la aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO 4°- Se establece la obligación de recomponer los salarios de todos/as las y los trabajadores que desempeñan tareas en el Hospital Garrahan, de todos los escalafones y sectores, sin discriminar por modalidad de contratación, incluyendo a los residentes y becarios, de modo de cubrir a la totalidad del personal del Hospital, con un aumento del 100% a partir del 31 de mayo de 2025.

Desde el mes siguiente a la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del año 2026 se deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme al IPC o Ripte emitidos por el INDEC, según resulte más favorable al trabajador.

ARTÍCULO 5°- Se establece la exclusión del impuesto a las ganancias o ingresos personales para los salarios de las y los trabajadores del Hospital Garrahan. Esta exclusión comprende la retribución que, por cualquier concepto, perciba un trabajador en relación de dependencia en el Hospital Garrahan. Esta disposición rige a partir del ejercicio fiscal 2024.

ARTÍCULO 6°- Queda excluido de lo establecido en el Artículo 5° de la presente ley el personal directivo del Hospital.

ARTÍCULO 7°- Se establece el pase a planta permanente de todos los y las trabajadoras del Hospital Garrahan, de todos los escalafones y de manera independiente de la modalidad de contratación, incluyendo a los residentes y becarios, a partir del momento de sanción de la presente.

ARTÍCULO 8°- Dé forma.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El Hospital Garrahan es el principal centro de salud pediátrico del país, referencia en América Latina por la capacidad profesional de todo su personal.

Sin embargo, como denuncian las y los trabajadores, se está produciendo un vaciamiento del hospital con profesionales que renuncian dados los salarios de miseria. En el sector de residencias, muchísimas especialidades importantes quedaron sin cubrir por falta de postulantes. El Garrahan, por su parte, es en forma creciente el “embudo” al que caen los niños y las niñas a quienes el sistema de salud bonaerense y porteño les cierra la puerta en la cara por falta de recursos. Así, los salarios y las condiciones de trabajo se deterioran. 

Una enfermera con 10 años de antigüedad, que estudió, se formó y atiende su jornada de alta complejidad, gana 900.000 pesos, mientras el cálculo de una canasta de consumos mínimos que debe afrontar una familia en nuestro país, que hace años calcula la Junta Interna de ATE del INDEC, hoy está en 1.819.121 pesos. Esto contrasta con los ingresos de los directivos del hospital, puestos a dedo por el Gobierno, no por concurso, que arrancan arriba de los 5,5 millones de pesos.

Las y los trabajadores tienen tres reclamos básicos: en primer lugar, un aumento salarial del 100% para todo el personal, sin importar la tarea que haga; también, plantean que tiene que haber un piso salarial que se corresponda con la canasta familiar, y finalmente el rechazo a que se cobre el impuesto al salario, mal llamado a las Ganancias, que ya afecta a los trabajadores con más antigüedad y abarcaría a muchos más al obtenerse el aumento solicitado.

Estos reclamos han dado lugar a una lucha muy decidida en el hospital de parte de los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, oficios y profesiones, iniciando el año pasado un movimiento que resuelve medidas de acción en asambleas generales convocadas por la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y un sector autoconvocado. Este año los residentes, con la convocatoria a un paro por tiempo indeterminado, fueron la punta de lanza de un nuevo plan de lucha que reagrupó nuevamente a todos los sectores del hospital en defensa de la salud pública.

La penuria salarial dejó en evidencia que la destrucción del ingreso de los trabajadores afecta directamente las posibilidades y la calidad de atención de uno de los principales hospitales del país. Por los salarios por debajo de la línea de pobreza ya centenares de trabajadores renunciaron, en puestos que no son cubiertos y que comprometen el normal funcionamiento de servicios enteros. Al mismo tiempo el recorte de presupuesto hasta niveles insostenibles se traslada a la falta de medicación, insumos de peor calidad y el deterioro acelerado de la infraestructura hospitalaria.

A esta realidad los trabajadores le opusieron la defensiva consigna “contra el vaciamiento del hospital”, que se encuentra íntimamente ligada a la lucha por un “salario igual a la canasta familiar” (también votada por los residentes), incorporación de personal y pase a planta de los contratados.

La pelea por el salario en el hospital viene creciendo, luego de enormes paros en 2024.

La defensa del Hospital Garrahan y de la salud pública hoy está en manos de sus trabajadores frente a la irresponsabilidad de la secretaría de salud, el Ministerio de Capital humano y el propio gobierno nacional en el vaciamiento del sistema de salud.

Por estas razones solicitamos a las y los diputados nacionales la aprobación del presente proyecto de ley que refiere a las demandas por las cuales reclama el movimiento de lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan.

 

Repudio a las declaraciones ofensivas hacia las personas con discapacidad del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo

30/05/2025

EXPTE N°2791-D-2025

Repudiar enérgicamente las declaraciones ofensivas hacia las personas con discapacidad del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

Asimismo, solidarizarse y acompañar a las personas con discapacidad, a sus familias y a las y los trabajadores del área en sus reclamos.

En consecuencia, exigir la destitución de su cargo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente

Traemos a consideración de este cuerpo un Proyecto de Resolución que tiene por objeto repudiar de manera enérgica y firme las declaraciones y dichos de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre las personas con discapacidad y sus familias.

Hace apenas unas horas se revelaron y rápidamente se viralizó en las redes sociales las agresiones de parte del titular de ANDIS Diego Spagnuolo en una reunión realizada el año pasado con familiares y personas con discapacidad la cual pretendía dar respuesta a las inquietudes por la desfinanciación en políticas de discapacidad.

Diego Spagnuolo nuevamente atacó al colectivo de discapacidad cuestionando directamente los beneficios de por ejemplo en el transporte que tienen las personas con discapacidad y confrontó, sin filtro, a un niño con TEA.

El hecho ocurrió durante un encuentro con Marlene, madre de Ian Moche, joven activista con autismo reconocido por su tarea de concientización. Marlene denunció públicamente que Spagnuolo le dijo: «Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado». Como si no fuese demasiada agresión, lanzó otra frase que generó indignación: «¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?».

Ian, que apenas tiene 12 años, no se quedó callado. Durante su participación en el programa transmitido por streaming Circo Freak, conducido por el periodista Matías Colombatti, expresó con total claridad: «Nos costó mucho lograr esos derechos. Que diga que no son adquiridos es faltarle el respeto a toda la lucha».

Este ataque a la discapacidad no es el primero por parte del funcionario y abogado de Javier Milei. Recordemos que en febrero pasado el Gobierno publicó una resolución oficial que buscaba endurecer los criterios para poder acceder a una pensión y que incluía términos despectivos e insultantes, expresiones arcaicas y ofensivas descartadas desde hace décadas por la comunidad médica y los tratados internacionales de derechos humanos. En la resolución se dirige a las personas con discapacidad como «Idiota», «retardado», «imbécil»: eran algunos de las palabras insultantes. Ante las críticas de las organizaciones, el Gobierno dio marcha atrás y dijo en un comunicado que se trató de un «error» responsabilizando a otro funcionario de haber redactado el texto. Spagnuolo no asumió alguna responsabilidad por el contenido, ni pidió disculpas públicas.

Este ataque por parte del gobierno de Milei tampoco es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan integral de ataque a la salud, a la educación y a las condiciones de vida del conjunto de les trabajadores y de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.

En medio de los recortes que afectan a las personas con discapacidad—quienes ven sus tratamientos demorados, postergados o directamente suspendidos debido al ajuste y las medidas del plan motosierra del Gobierno de Javier Milei—esta acción se suma a una serie de atropellos contra el colectivo, como la desregulación y el desfinanciamiento de las obras sociales, así como los despidos en ANDIS, que han impactado mayormente a personas con discapacidad. Todos estos ataques forman parte de una política criminal contra la clase obrera.

Por todos los motivos expuestos llamamos a las Sra. Diputadas y a los Sres. Diputados a acompañar este Proyecto de Resolución.

Vanina Biasi

 Nicolás del Caño

Vilma Ripoll

Christian Castillo

Alejandro Vilca

Repudiar el anuncio del Ministro de Justicia de la nación, Mariano Cúneo Libarona, de ceder dentro del espacio de Memoria Ex ESMA un edificio de 5.000m2 para ser utilizado por los fiscales federales, sin destino claro.

29/05/2025

EXPTE N°2790-D-2025

Repudiar el anuncio del Ministro de Justicia de la nación, Mariano Cúneo Libarona, de ceder dentro del espacio de Memoria Ex ESMA un edificio de 5.000m2 para ser utilizado por los fiscales federales, sin destino claro.

Rechazar la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría, toda vez que supone un nuevo ataque y despidos de las y los trabajadores.

Exigir que se respete el funcionamiento actual del Museo Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria, sus funciones y tareas, imprescindibles para garantizar la memoria, la verdad y la justicia.

Defender la autonomía y autarquía del Banco Nacional de Datos Genéticos.

 

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El gobierno de Javier Milei ha lanzado en los últimos días un ataque desaforado contra cualquier política de defensa de las libertades democráticas en la Argentina. 

Luego de los despidos masivos y el vaciamiento de diferentes programas y sitios de la memoria, y de montar un gigantesco operativo represivo para impedir el recital gratuito que iba a realizar Milo J -motivo de un proyecto de declaración que presentamos (Expte. N° 0952-D-2025)-, degradó el área de Derechos Humanos pasándola de secretaría a subsecretaría. Puso al Museo Sitio ESMA, que es patrimonio de la humanidad, y al Archivo Nacional de la Memoria como «unidades» del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos».

También le quitó autonomía y autarquía al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), institución que ha servido para recuperar la identidad de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, e internacionalmente para la identificación de restos humanos. Por estas razones los trabajadores de la secretaría de DDHH convocan para este viernes 27 a una movilización dentro del predio.

Como si no bastara, el ministro de justicia, Mariano Cuneo Libarona, anunció a través de las redes sociales del ministerio en un comunicado oficial, que van a entregarle un edificio de 5.000m2 ubicado dentro de la ex ESMA a los fiscales federales y todo su personal para satisfacer el reclamo de un lugar separado de los tribunales de Comodoro Py y así destrabar el objetivo de introducir el régimen acusatorio en la Justicia Federal. Cúneo manifestó que «los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad» -degradando la lucha por la memoria a una cuestión “ideológica”, y traficando la política libertaria de inseguridad como libre de valores o ideología, cuando su gobierno construye un relato de la realidad en el que los “terroristas” son los jubilados que luchan contra el hambre y los manifestantes populares.

Se pretende de este modo transformar un espacio cuyo objetivo es denunciar e informar lo que ocurrió en el principal centro de detención, tortura y exterminio de la última dictadura cívico militar eclesiástica, del que partían los vuelos de la muerte, para utilizarlo como base de operaciones de lo más corrupto de la justicia argentina.

Efectivamente aquí se podrán armar nuevas causas truchas como las que la justicia federal ha montado contra las organizaciones de desocupados, o hacia los manifestantes que se atreven a enfrentar el protocolo de la ministra Bullrich o a quienes como la Diputada Vanina Biasi o el dirigente Alejandro Bodart han «osado» denunciar el genocidio sionista sobre la población palestina.

Incluso podríamos en un futuro ver nuevamente recorrer en los pasillos de la ESMA a detenidos esposados. Un despropósito digno de un régimen fascista, a imagen y semejanza del ministro Cúneo Libarona, que se ha caracterizado por defender a los peores delincuentes a lo largo de toda su carrera profesional o de obstruir la investigación de un acto de terrorismo como la causa AMIA.

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

Vanina Biasi

Alejandro Vilca

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

 

ANULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 34/2025 DEL MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA

29/05/2025

EXPTE N°2786-D-2025

ARTÍCULO 1°- Anúlese la Resolución 34/2025 (RESOL-2025-34-APN-STEYFP#MDYTE) del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, firmada por el secretario Maximiliano Matías Narciso Fariña y publicada en el Boletín Oficial con fecha del 21 de mayo de 2025, por medio de la cual se ataca la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras dentro del Estado, imponiendo una intromisión absolutamente improcedente del Estado en la regulación de las elecciones y la representación sindical. 

ARTÍCULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Entre las medidas antiobreras que adoptó el gobierno de Milei en la última semana se incluye una específica contra la organización de trabajadoras y trabajadores del Estado. La resolución 34/2025 emitida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado supone el absoluto control por parte de ese ente respecto de la convocatoria de elecciones sindicales y de quién puede o no ser representante de sus compañeras y compañeros. Para esto, establece toda una serie de procedimientos mediante los cuales centraliza la nómina completa de las personas que se postulen en los comicios de alguno de los gremios estatales.

Además de su carácter persecutorio, este “Gran Hermano” tiene como propósito disminuir la cantidad de personas protegidas por tutela gremial frente a nuevos despidos. Así, el anexo 2 de la resolución plantea la confección de un “registro de juicios en los que se invoca tutela gremial”. En otras palabras, el gobierno no quiere dejar flanco alguno para sus nuevas tandas de “despidos masivos” que, en su plan, no deberían sufrir obstáculos ni en la justicia ni en ningún lado. El “registro centralizado de delegados de la administración pública nacional”, por su parte, será armado con instrucciones detalladas para reducir la cantidad de delegados admitidos como válidos. La pretensión patronal llegaría hasta el impedimento completo de las elecciones, si la organización no reúne afiliaciones por un mínimo del 10% de la planta de empleados. Así, el gobierno, o sea la patronal, se reserva el derecho a definir todo lo referido a la organización de sus trabajadores. Es significativo que este enjambre de regulaciones y opresión burocrática provenga del “libertador” Federico Sturzenegger, confirmando nuevamente que la única libertad que defienden es la de la clase capitalista, y que aman al Estado y sus normas como instrumento para reprimir y reventar a los trabajadores y trabajadoras. También vale destacar que la resolución se apoya en normas establecidas por gobiernos previos, tanto el macrista como el de Kirchner (el 10% de piso lo firmó Carlos Tomada).

Es lícita la pregunta acerca de por qué tanto encono contra los sindicatos, si finalmente el accionar desorganizador de la CGT fue decisivo para que todas las medidas reaccionarias de Milei pasaran. En el Estado, UPCN firma todas las paritarias a la recontra baja y deja pasar los despidos en masa, sin que ATE organice una respuesta real a tamaño ataque. Pero la clase capitalista tiene plena conciencia de que, aunque la burocracia sindical sea su fiel colaboradora, no es suficiente: los sindicatos son conquistas de los trabajadores que debe desmantelar para imponer una derrota profunda, que aún no ha logrado. Por eso, el gobierno retoma su ataque al derecho de huelga y a nuestras organizaciones.

En defensa de los trabajadores del Estado y de su derecho a la organización sindical, es imperioso rechazar de plano la injerencia patronal en los sindicatos: los trabajadores y trabajadoras deben definir de manera autónoma cómo organizarse y quiénes son sus representantes. Está planteada una pelea en regla por el salario, contra los despidos y por el derecho a organizarse libremente, contra la dictadura patronal que encabezan Milei, Sturzenegger y compañía.

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Alejandro Vilca

Nicolás del Caño

Christian Castillo

 

Repudiar y reclamar explicaciones al Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, respecto del Plan de la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocido como Plan de Inteligencia Nacional (PIN)

28/05/2025

EXPTE N°2740-D-2025

Repudiar y reclamar explicaciones al Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, respecto del Plan de la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocido como Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que ha sido denunciado por dar total libertad de acción a la SIDE para la persecución política, al habilitar a sus agentes a realizar inteligencia y recolectar información sobre “actores estratégicos” que, por ejemplo, generen “pérdida de confianza” sobre las políticas económicas del gobierno nacional, lo que equivale a una legalización y habilitación del espionaje estatal sobre todo aquel que cuestione a los funcionarios, se organice por sus reclamos o denuncie la represión.

Solicitar a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que fueron informados por el propio Neiffert en noviembre del año pasado respecto de los lineamientos estratégicos de la SIDE y el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno, que brinden explicaciones respecto de cuáles fueron las consideraciones que tuvieran sobre dicho plan y los motivos por los cuales no han tenido ninguna actuación respecto del mismo, en el marco de las funciones que le son propias como la de “fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional”.

Demandar a esta Cámara de Diputados el urgente tratamiento del Expte. N°3933-D-2024, por medio del cual se anulan los decretos N° 614/2024 (DNU-2024-614-APN-PTE) y N° 615/2024 (DECTO-2024-615-APN-PTE), de creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente directamente del presidente de la nación, con control operativo de cuatro agencias vinculadas a las tareas de inteligencia, y de la estructura orgánica y funcional de la jurisdicción y de los órganos desconcentrados de la SIDE, junto con el dictado de normas complementarias y aclaratorias.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El día domingo 25 de mayo del corriente, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación una nota que describe la existencia de un Plan Nacional de Inteligencia (PIN) donde se fijan los lineamientos estratégicos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para los próximos años.

De acuerdo al informe, se trata de un documento secreto elaborado por la cúpula del organismo presidido por Sergio Neiffert. Allí se caracteriza “cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, enumerar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas. Y las enumera, a lo largo de un texto de 170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades”.

En el PIN se otorga a  la SIDE “la facultad de recabar información de todos aquellos que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionen los operativos de la ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados” y a aquellos  “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno.  

Lo que seguramente erosiona la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios son casos como la estafa con la criptomoneda $Libra o las denuncias de corrupción en el PAMI o los blanqueos sin límite para los evasores que serían héroes para el presidente Milei, mientras los jubilados que no pueden jubilarse porque sus patrones no hicieron los aportes serían ladrones.

La autenticidad del PIN cuenta, según Alconada Mon, con al menos dos fuentes independientes entre sí, la que luego fue confirmada por el propio gobierno a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que admitió su existencia aunque rechazando los objetivos persecutorios que se le adjudican. Además, el Gobierno lanzó una advertencia directa a los medios que reproduzcan el contenido del PIN. Según la Casa Rosada, se trataría de un «documento secreto» cuya divulgación implicaría «un delito federal».

El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a todos aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación” y a quienes promuevan la “distorsión” de la “percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial.

Es preciso recordar que el Presidente de la Nación viene insistiendo con la necesidad de “odiar más a los periodistas”, un claro ataque a la libertad expresión y que un funcionario de la Casa Rosada, Juan Pablo Carreira, fue el autor de un video desarrollado con inteligencia artificial aparecido durante la veda electoral en la que el ex presidente Macri anuncia que decidió bajar la candidatura de Silvia Lospenatto, llamando a votar al candidato libertario Manuel Adorni, lo que claramente constituye un operativo de desinformación y manipulación de la información pública en las vísperas a una elección. Estas prácticas fueron calificadas por el presidente Javier Milei como “libertad de expresión”.

El documento secreto también alude como foco de interés de los analistas y agentes de la SIDE a los “fenómenos” derivados de la pobreza y la desigualdad, como también de las migraciones internas que “puedan constituir un riesgo” para lo que define como el “desarrollo integral” de la Nación, sin tampoco aportar más precisiones. ¿Quedarían algunas organizaciones sociales bajo la lupa de los espías? Se pregunta Alconada Mon.  La respuesta es sí, considerando que el PIN fija como prioridad la lucha contra el terrorismo (una figura reiteradamente utilizada por la ministra Patricia Bullrich contra manifestantes populares) –incluido el de “raigambre anarquista”, un claro direccionamiento para tipificar como terrorismo a todo movimiento de lucha u oposición política consecuente. Esto mismo se ha verificado en la manipulación mediática contra las organizaciones piqueteras, los allanamientos ilegales y los procesamientos sin pruebas a las organizaciones de desocupados y a los detenidos “al voleo” en las movilizaciones en todo el último período.

Por otra parte, la decisión en el Plan de Inteligencia Nacional de darle prioridad absoluta al alineamiento total con Estados Unidos e Israel, no solo es un acto de sumisión absoluta frente a una potencia extranjera, sino que pone a la Argentina en la lista de cómplices del genocidio sionista sobre el pueblo palestino. Una derivación de ello es el enorme peso y la impunidad con la que actúa la DAIA en nuestro país y su poder de censura y persecución, valiéndose fuertemente del poder judicial, como evidencian las causas judiciales completamente anti democráticas contra Vanina Biasi y Alejandro Bodart, por manifestar públicamente su repudio al genocidio sionista.

Pocas horas después de publicado su informe, Alconada Mon denunció que recibió diez intentos para tomar el control de su cuenta de WhatsApp, como también un intento de ingresar a su cuenta en la red social X, además de enviarle insultos y amenazas a su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos, y registrarlo con su nombre en una página pornográfica.

Todo lo descripto hasta aquí dan cuenta de los motivos más justificados para el repudio y el pedido de explicaciones al titular de la SIDE, Sergio Neiffert. Del mismo modo que a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que fue informada de los lineamientos generales de la SIDE y los detalles del Plan de Inteligencia Nacional de este gobierno en noviembre del año pasado por el propio Neiffert, y hasta el momento no se le conoce una sola actuación al respecto. El tema es grave dado que entre las funciones de esta comisión bicameral figura la de “fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional”: un catálogo de todo lo que el gobierno de Javier Milei está violentando con este mega plan de espionaje contra el pueblo.

Estos hechos asimismo vuelven a poner en debate lo planteado en nuestro Proyecto de ley (Expte 3933-D-2024) para anular los decretos de relanzamiento de la SIDE. Alli se plantea la necesidad de desmantelar completamente la SIDE y todos los organismos de inteligencia que sólo se utilizan para el espionaje contra el pueblo y para las operaciones políticas de los gobiernos de turno.

En sus fundamentos planteamos que “El gobierno de Javier Milei ha relanzado nuevamente la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trata de los bien llamados “sótanos oscuros” del Estado capitalista, que han servido bajo todos los regímenes políticos, democracia y dictadura, fundamentalmente para el espionaje y la conspiración contra el pueblo.  Los servicios de inteligencia en nuestro país, lejos de servir para una defensa nacional estratégica contra amenazas foráneas, han estado históricamente colonizados por los servicios extranjeros del imperialismo y fueron empleados para las peores conspiraciones contra el pueblo y los intereses nacionales -mientras se reforzó el saqueo y el sometimiento colonial. Bajo la última dictadura cívico-militar-eclesiástica la SIDE fue un instrumento del Plan Cóndor, para diseñar planes de secuestros, tortura y genocidio. Bajo los gobiernos constitucionales, su uso para el espionaje interno y el espionaje político fue recurrente, bajo todos los gobiernos. (…)”

“(…) Junto con la relanzada SIDE, que dependerá directamente del presidente Javier Milei y contará con rango y jerarquía de ministerio, los decretos que proponemos anular agrandan tremendamente su estructura. Resulta paradójico que el gobierno que venía a destruir el Estado, está haciendo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral. Lo único que destruye Milei son puestos de trabajo, mientras agiganta el aparato burocrático del Estado en materia represiva y especialmente en lo que respecta al reforzamiento de la capacidad de espionaje del Estado contra la población. (…)”

Denunciamos en este proyecto también que “Entre las modificaciones a la ley de inteligencia que contienen los decretos, se amplían las facultades de inteligencia y contrainteligencia, por ejemplo haciéndolos extensivos a quienes el Poder Ejecutivo entienda que amenazan o ponen en riesgo “los intereses estratégicos de la Nación, la sociedad y representantes de gobiernos extranjeros” -algo cuya definición no puede ser más que un terreno de arbitrariedades en manos de gobiernos capitalistas que se dedican a rifar los intereses nacionales, y siendo éste un rasgo exacerbado bajo el propio gobierno de Javier Milei que busca llevar a niveles de paroxismo el sometimiento colonial promoviendo un nuevo ciclo de “relaciones carnales” con el imperialismo norteamericano.  Las modificaciones incluyen un capítulo “bis” al artículo 4 de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que es el que limita las actividades de inteligencia, habilitando que la información que pueda ser obtenida por “la actividad de los órganos u organismos de inteligencia”, pueda ser utilizada para investigaciones judiciales “preservando las fuentes y los métodos” -es decir, sin rendir cuentas sobre los medios por los cuales se obtiene dicha información. A la vez, legaliza que la justicia “pueda requerir el auxilio de los órganos u organismos de inteligencia en las tareas de su especialidad”. Se trata de una grave ampliación de facultades que incorpora el espionaje como herramienta de los procesos judiciales.” 

“La ampliación de facultades para el espionaje atraviesa todo el cuerpo normativo, incluyendo por ejemplo la producción de inteligencia referida a “toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”, para lo cual la ASN “contará con medios propios para la obtención y reunión de información”. Esto escrito por un gobierno que considera “terroristas” que incurren en “sedición” e “intento de golpe de Estado” a manifestantes populares que ejercen el derecho a la protesta social, es la legalización de una política de Estado para espiar al pueblo con medios “propios” que escapan a toda legalidad (escuchas ilegales, infiltración, espionaje, manipulación de personas, plantación de “pruebas”, y un largo etcétera). Estamos ante una vulneración de las más elementales garantías constitucionales y las libertades democráticas. Además, se elimina la prohibición de argumentar «obediencia debida» ante un hecho puntual, “como eximente de responsabilidad”. Entre otras disposiciones, quedan en manos de la propia SIDE y sus organismos la elaboración de los proyectos de presupuesto para el financiamiento de sus actividades, y “amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias de sus órganos desconcentrados”. Se eliminan las declaraciones juradas para sus integrantes y se crea una nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia para «cooperar» con el organismo, lo que ha sido señalado por periodistas como un pedido de la DEA.  De esta manera, los titulares de la refritada SIDE tendrán control absoluto de los fondos asignados y los fondos “extra”, adicionales que pueda recibir. Entre ellos, los fondos reservados -utilizados con los fines más espurios, ilegales y corruptos, como ha ocurrido sobradamente a lo largo de nuestra historia. (…)”

Y concluíamos en la fundamentación que “fundamos nuestra oposición a esta nueva SIDE como un rechazo de fondo a las facultades para espiar y conspirar contra el pueblo por parte de los Estados. Como parte de esa posición, seguimos reclamando y luchando, junto a los organismos de Derechos Humanos, por la apertura de los archivos secretos de 1974 a 1983 en relación al terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, así como la apertura de los archivos secretos del Estado en el caso Amia”.

Ahora no estamos frente a un plan “a ejecutarse”, sino en plena ejecución. Es lo que surge de las operaciones de inteligencia y provocaciones desplegadas contra las movilizaciones populares, los ataques a los trabajadores de prensa y contra los opositores en general. Para todos estos operativos la SIDE contó un presupuesto de 100 mil millones de pesos en gastos reservados por decreto, que este congreso anuló luego de que ya fueran gastados, y luego una ampliación de 25 mil millones en marzo de este año, de los cuales 8 mil millones fueron para gastos reservados. Es ilustrativo de los objetivos y la construcción política de este gobierno el hecho de que el presupuesto que le niegan a áreas claves que hacen a derechos sociales conquistados en este país, se lo destinan al espionaje y las conspiraciones contra el pueblo.

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

 

 

 

 

 

 

LEY JUBILACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE 82% MÓVIL: Amplíese el régimen especial de jubilaciones y pensiones de la Ley 26.508 al Personal No Docente de las Universidades Nacionales a los que refiere el Convenio Colectivo de Trabajo 366/06 y su reglamentación.

27/05/2025

EXPTE N°2700-D-2025

Artículo 1°— Amplíese el régimen especial instituido en la Ley 26.508 a todo el personal No Docente de las instituciones universitarias, cualquiera fuese su régimen de revista. Se entienden comprendidos en los términos de la presente ley a todos los trabajadores que no desempeñen tareas docentes y se hallen comprendidos en el convenio colectivo 366/06 del personal no docente de las Universidades Nacionales.

Artículo 2°— El mencionado régimen se conformará con un aporte adicional del 2% sobre el porcentaje vigente de acuerdo con el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones -la Ley 24.241 y sus modificatorias- y se aplicará a partir de las remuneraciones que se devenguen para el mes siguiente al de la promulgación de la presente medida.

Artículo 3°— Las jubilaciones del personal al que se refiere la presente ley y las pensiones de sus causahabientes se regirán por las disposiciones de la presente y por las del régimen general de jubilaciones y pensiones para el personal que preste servicios en relación de dependencia.

Artículo 4°— Tendrá derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el artículo siguiente, el personal que reuniere los requisitos que a continuación se enumeran:

  1. a) Tuviera cumplida la edad de sesenta y cinco (65) años los varones y sesenta (60) años las mujeres. Estas últimas podrán permanecer en su puesto de trabajo hasta los 65 años, ejerciendo su derecho de opción.;
  2. b) Acreditare: veinte (20) años de servicios universitarios no docentes.

Los servicios no docentes, provinciales, municipales o en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán acumulados a los fines establecidos en este artículo

Los servicios en instituciones universitarias de ubicación muy desfavorable se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres (3) de servicios efectivos.

El haber previsional calculado según las normas de la presente ley no podrá ser inferior al que resulte de las normas de la ley general.

  1. c) Registrar el último cese de su actividad laboral como no docente universitario.

Artículo 5°— El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal No Docente será equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual de la categoría que tuviera asignado al momento del cese o bien a la remuneración actualizada de la mayor categoría que hubiera desempeñado por un lapso no inferior a veinticuatro (24) meses, cualquier fuera su régimen de revista. Si este período fuera menor, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres (3) años calendario más favorables continuos o discontinuos.

La comisión paritaria nacional deberá determinar el lugar equivalente que el jubilado tendría en el escalafón con sueldos actualizados en caso de supresión o modificación de cargos.

En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida que se modifiquen los sueldos del personal en actividad.

El Estado asegurará, con los fondos que concurran al pago, cualquiera fuese su origen, que los jubilados perciban efectivamente el ochenta y dos por ciento (82 %) móvil.

Artículo 6°— El porcentaje establecido en el artículo anterior no se modificará, aunque la edad o antigüedad acreditada excediera los mínimos fijados en el artículo 3º.

Artículo 7°— El haber de la jubilación por invalidez del personal mencionado en el artículo 1º que se incapacitare hallándose en funciones en alguno de los ámbitos referidos en dicho artículo, será equivalente al de la jubilación ordinaria determinada de acuerdo con el artículo 4º, aunque no reuniere los requisitos establecidos en el artículo 3º.

Artículo 8°— Jubilación Por Invalidez. Tendrán derecho a percibir Jubilación por Invalidez los trabajadores que se incapaciten en forma total física o intelectual por cualquier causa y que no tengan derecho a Jubilación Ordinaria. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laboral una disminución del 60% o más.

La determinación de la disminución de la capacidad laboral estará a cargo de las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo u órgano similar que tenga las mismas atribuciones, bajo las normas de procedimiento y revisión que establecerá la reglamentación.

Artículo 9°— Pensión por Fallecimiento. En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de Jubilación por Invalidez o del trabajador en la actividad descripta en la presente ley, gozarán de pensión por fallecimiento los derechohabientes que se enumeran en el art. 53 de la ley 24.241 sus modificatorias y reglamentarias.

Artículo 10°— El haber de la pensión por fallecimiento se calculará bajo las condiciones y porcentajes de la Jubilación Ordinaria.

Artículo 11°— Los beneficiarios de prestaciones de jubilación ordinaria, jubilación por invalidez y pensión por fallecimiento otorgadas bajo el amparo de las leyes 18.037, y 24.241 y sus modificatorias podrán solicitar la inclusión en sus términos, siempre que se acrediten los extremos de ésta y devengarán desde la solicitud.

Artículo 12°— De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El presente proyecto de ley trae consigo la reivindicación que implica restituir un régimen jubilatorio que estuvo vigente, que acordó a los trabajadores el derecho a percibir el 82% móvil del salario que percibían al momento de jubilarse, siempre que se cumpliera con un mínimo de recaudos los que en éste nuevamente se recrean.

En efecto, la Ley 22.955 sancionada en 1983 estableció un régimen jubilatorio que incluyó al Personal No Docente de las Universidades Nacionales, y generó como beneficio el derecho al 82% móvil. Sin embargo, la Ley 23.966 de Emergencia Económica estableció, entre otras medidas, en el Título I del “Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social” en su Título V, la derogación de regímenes de jubilaciones especiales, entre los que estaba contemplada la ley 22.955. No obstante, previa a la eliminación de los regímenes especiales, se dictaron un conjunto de disposiciones destinadas a mantener, aunque con restricciones, sistemas previsionales bajo la consideración de que justificaban un tratamiento diferenciado en virtud de las características de sus actividades.

Sin perjuicio de ello, la ley 24.019, en la segunda parte del art. 4, dispone: que los que ya eran beneficiarios de los regímenes derogados por la ley 23.966 y sus futuros causahabientes, como por ejemplo la ley 22.955, conservarán todos los derechos de las leyes vigentes a la fecha del cese del titular o al 31/12/1991. La ley 24.019 mantuvo para ciertos trabajadores la movilidad de la ley 22.955 a fin de priorizar la concreta prestación de servicios bajo ese régimen, lo que no ocurrió con el personal no docente de universidades públicas que vuelve a quedar incorporadas en el marco de la ley 18.037, que no había perdido su vigencia por aplicación de la ley 22.955 sino que solamente había modificado los requisitos y o condiciones establecidas en la ley general.

Paulatinamente el escenario, Sr. Presidente, ha ido modificándose: la Ley 26.508 sancionada en 2009 estableció un régimen jubilatorio que incluyó al Personal Docente de las Universidades Nacionales con el beneficio del derecho al 82% móvil. Esta medida ha venido generando un claro acto de discriminación hacia trabajadores que se encuentran encuadrados bajo una misma patronal con dos regímenes jubilatorios diferentes. De ahí que la presente medida busque subsanar dicha distinción injustificada con la ampliación del régimen instituido por la Ley 26.508 al conjunto del personal de las Universidades Nacionales.

No hay justificación alguna para sostener la inaplicabilidad de un régimen que plasma garantías constitucionales. Actuarialmente el incremento porcentual del 2% en los aportes obligatorios avala financieramente la ecuación por propia sustentabilidad, y considerando el rango etario de los 60.000 trabajadores de la actividad que se distribuyen en las Universidades Públicas de todo el país, de las cuales alrededor del 50% cuentan con una población joven entre sus trabajadores, el pase a la pasividad se estima en un 5% anual, lo que garantiza la reinstalación armonizada del nuevo marco legal.

Por lo expuesto es que solicitamos se nos acompañe en el presente proyecto.

Vanina Biasi

Alejandro Vilca

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

 

 

EMERGENCIA AMBIENTAL, HÍDRICA, SOCIAL, SANITARIA, ECONÓMICA, TERRITORIAL Y HABITACIONAL EN ZONAS AFECTADAS

20/05/2025

POR LA INUNDACIÓN EN EL AMBA

 EXPTE N°2466-D-2025

Artículo 1°.- Declárase la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de abril de 2025, en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por la inundación que comenzó el 16 de abril del mismo mes y año.

Artículo 2°.- La emergencia declarada en el artículo precedente tiene como objeto garantizar todas las medidas necesarias para paliar las consecuencias de la inundación sobre todas las familias, territorios y economías afectadas, priorizando a los sectores más vulnerados, y adoptar las acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la misma.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional destinará la totalidad del presupuesto necesario para:

  1. afrontar todos los recursos y acciones pertinentes para garantizar agua potable, alimentos, vestimenta, abrigo, alojamiento, atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas;
  2. garantizar la asistencia de todo el personal que sea necesario a los fines de cumplimentar con las tareas que emanan de la Emergencia declarada en esta ley, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad, recursos y herramientas afines a las condiciones que exija la labor asignada;
  3. la reconstrucción de los hogares, bienes e infraestructura pública o personal afectada, sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado;
  4. el restablecimiento de todas las redes de servicios públicos;
  5. la recuperación inmediata de las actividades sanitarias, educativas, económicas y sociales y toda otra acción que resultare necesaria, priorizando a los sectores más

vulnerables, en el marco de la emergencia dispuesta en esta Ley como de las definiciones que al respecto realice el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación que inició el 16 de abril y toda otra acción climática a ella vinculada, que crea el artículo 4° de la presente norma.

Artículo 4°.- Créase el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación y toda otra acción climática a ella vinculada, el que tendrá como tarea inmediata el relevamiento y control de la zona afectada.

Dicho comité estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.

Artículo 5°.- Prohíbase la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del territorio afectado por las consecuencias del temporal, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios.

Artículo 6°.- Las partidas presupuestarias establecidas en la presente deberán emerger del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo creado por la Ley N° 27287 y, de no ser suficientes de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales y de la suspensión inmediata de los pagos de la fraudulenta deuda externa.

Artículo 7°.- A sola comprobación del domicilio o zona afectada, las personas y comunidades damnificadas, ya sea que se desempeñen en ámbitos estatales, públicos y/o privados, bajo el régimen de contratos, en calidad de planta permanente, autónoma o de cualquier otra forma de empleo registrado o no registrado, tendrán derecho a licencias laborales con goce de haberes desde el momento en que se produce la inundación y hasta tanto se normalice la situación de anomalía provocada por la misma. Estas licencias laborales garantizan a las personas damnificadas la percepción de la totalidad de su salario así como todos los derechos sociales que de su condición laboral se desprenden.

Artículo 8°.- Prohibición de despidos. A sola comprobación del domicilio y zona afectada, queda prohibido el despido por ausencia laboral de las personas damnificadas.

Artículo 9°.- Créase el subsidio a los damnificados por el temporal, el que será equivalente al monto de los daños y/o pérdidas ocasionadas y tendrá como fin asistir a todas aquellas personas, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales, consorcios de edificios, clubes y comercios que sufrieron las consecuencias de la misma.

El acceso a este beneficio deberá solicitarse dentro de los sesenta (60) días hábiles de aprobada la presente ley. A tal fin, la autoridad de aplicación habilitará una línea telefónica gratuita y/o página web para que los damnificados puedan iniciar su reclamo.

Los requerimientos, el control y seguimiento del otorgamiento de los subsidios estará a cargo del Comité de Emergencia que crea el artículo 4° de esta ley.

Artículo 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

 Señor Presidente:

Traemos a consideración un proyecto de Ley que tiene por objeto declarar la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de abril de 2025, en la Provincia de Buenos Aires por las consecuencias de la inundación que afecta a distintas localidades de la misma, fundamentalmente el conurbano, con alertas meteorológicas que aún continúan.

Las recurrentes y cada vez más severas inundaciones que azotan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) constituyen una crisis que demanda una respuesta urgente y eficaz, que permita paliar no sólo las consecuencias de estos eventos, para nada casuales, sino también garantizar su acción preventiva.

Las precipitaciones registradas desde el 16 de abril en el AMBA alcanzaron niveles sin precedentes, provocando consecuencias devastadoras en términos humanos, sociales y económicos, con el saldo de una persona fallecida en Pilar, y tres desaparecidos -según datos oficiales del gobierno provincial-, y miles de familias afectadas. Las consecuencias, superaron los límites de lo que se considera un evento climático ordinario, evidenciando una tendencia preocupante hacia la intensificación de los fenómenos meteorológicos.

En efecto: las lluvias torrenciales superaron ampliamente los promedios históricos, en períodos muy cortos de tiempo y muy por encima de los 90 milímetros que suelen registrarse en mayo. De acuerdo con el último reporte del sábado a las 23.59, en la zona del AMBA y gran parte de la franja norte se acumularon entre 50 y 90 mm de forma generalizada, mientras que la zona de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes y San Antonio de Areco y aledaños sumaron acumulados de entre 90 y 120 mm solo durante el sábado 17 de mayo.

En algunas zonas cayeron más de 300 milímetros de agua, lo que provocó cortes totales en las rutas 8 y 9, así como en varios accesos provinciales. Las localidades de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco fueron las más afectadas, con lluvias que superaron los 280 milímetros en menos de 24 horas. En cifras oficiales, permanecen 2.979 personas evacuadas.

Pero la excepcionalidad del evento, no quita su previsión. Tanto es así que desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron sobre el mismo con emisión de distintas alertas.

Las miles de familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en centros de evacuación improvisados, se tradujeron en más de 2.900 personas evacuadas, distribuidas en 21 municipios de la provincia de Buenos Aires, según registros periodísticos.

Las inundaciones también causaron graves daños a viviendas, comercios, escuelas, hospitales y otras infraestructuras esenciales. La interrupción de servicios básicos como el suministro eléctrico, que afectó a más de 50.000 usuarios en el AMBA, agrava aún más la situación de emergencia. Las rutas y los sistemas de transporte también se vieron colapsados y las consecuencias de la inundación aún impiden el acceso a zonas afectadas, así como la provisión de ayuda.

Pero la gravedad de las consecuencias de las inundaciones en el AMBA no se debe únicamente a la intensidad de las lluvias, sino también a una serie de factores estructurales que aumentan la vulnerabilidad de la región.

La reducción drástica de la inversión pública bajo el gobierno de Javier Milei, con una caída del 75,1% en términos reales en 2024 en comparación con 2023, y un desplome del 71,5% en la inversión real directa (obra pública) ha dejado al AMBA en una situación de extrema fragilidad. Junto a esto, la falta de inversión sostenida y planificada en obras de infraestructura hidráulica y de adaptación al cambio climático, por parte del gobierno de Axel Kicillof, es un factor determinante en la recurrencia y severidad de las inundaciones a las que asistimos, como vimos recientemente también en la inundación de Bahía Blanca. Ambos gobiernos tienen responsabilidad.

También la tienen respecto a la expansión de la construcción urbana en zonas inundables y a la impermeabilización del suelo, que dificultan el drenaje del agua y aumentan el riesgo de inundaciones. La especulación inmobiliaria y la falta de planificación territorial priorizan el beneficio económico a corto plazo, al servicio de negocios como el inmobiliario, sobre la seguridad y el bienestar de la población, generando una distribución desigual del riesgo.

También las actividades agropecuarias y la deforestación contribuyen a la degradación de los suelos y la reducción de su capacidad de absorción de agua, aumentando la escorrentía superficial. La presencia de industrias contaminantes en la cuenca, como en La Matanza, agrava los riesgos sanitarios asociados a las inundaciones. La falta de mantenimiento y limpieza de los sistemas de desagüe pluvial y los cursos de agua contribuyen a la obstrucción del flujo del agua y la acumulación de sedimentos, lo que agrava permanentemente el riesgo de inundaciones.

Los sectores más vulnerables de la población, con menores recursos económicos y acceso a servicios básicos, son los más afectados por las inundaciones. La falta de acceso a viviendas seguras, la precariedad laboral y la ausencia asistencia estatal ante la magnitud de la inundación, aumentan la exposición al riesgo y dificultan la recuperación de las familias.

Así como la solidaridad brota desde abajo, con vecinos que se organizan para ayudarse, escuelas y casas que se convierten en lugares de acopio de agua, abrigo, alimento, o se organizan para asistir a los adultos mayores y enfermos, las denuncias a todos estos factores también viene desde abajo

Desde hace más de dos décadas los Vecinos Autoconvocados de Campana vienen denunciando los impactos sociales y ambientales de los planes de ordenamiento territorial financiado por el grupo Techint y ejecutado por distintas representaciones políticas. Denuncian que en 2016 la Oficina para el Desarrollo Sustentable (OPDS) ocultó información que demostraba que Tenaris-Siderca- del Grupo Techint y el gobierno provincial estaban avanzando en un plan para transformar en no navegable el Arroyo de la Cruz, una vía navegable interior del pueblo de Campana con desembocadura en el Río Paraná.

Concretando este propósito, el grupo Techint usurpó la isla frente a su planta industrial y cortó una de las dos desembocaduras del Arroyo de La Cruz rellenándola, convirtiendo el arroyo y la isla en un lote de tierra para utilizarla como depósito de chatarra. Lo mismo ocurrió con el Puerto de Frutos de Campana, entregado a Techint a cambio de un Estadio para el Club Villa Dálmine, el que nunca se concretó. Así, un espacio de uso público se transformó en un depósito de miles de toneladas de chatarra. Estas instrucciones explican que, frente a una crecida importante, los barrios aledaños a la planta se inunden como ha ocurrido el fin de semana del 16 de mayo.

Los vecinos Autoconvocados de Campana exigen: “La urgente re-canalización del Arroyo de La Cruz remediando la desembocadura que el Grupo Techint destruyó impunemente”. También reclaman “recuperar la soberanía comunitaria sobre el Puerto de Frutos de Campana privatizado en 2017 a favor de Techint y que se inicie un plan de contingencia y reconstrucción barrial que garantice el acceso a la tierra, al techo, al trabajo y al bienestar de nuestras familias”.

Las inundaciones son producto del avance de estos factores, que facilitan las inundaciones y sus consecuencias, sin que ningún gobierno haya hecho las obras necesarias para que esto no ocurra. Insistimos: sin que ningún gobierno, ni las autoridades nacionales ni provinciales, tomen las medidas básicas y urgentes que reclama esta situación, hoy de emergencia.

Es urgente un plan de emergencia integral, que garantice que la población afectada podrá reparar los daños del temporal a costo cero y que prevenga que miles no vuelvan a sufrir sus consecuencias ante el alerta en curso. Por eso este proyecto que traemos a consideración se propone declarar la Emergencia con el objeto garantizar todas las medidas y acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación, destinando a tal fin todo el presupuesto que sea necesario.

Para ello, proponemos que las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente emerjan del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo creado por la Ley N° 27287 y, de no ser suficientes de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales y de la suspensión inmediata de los pagos de la fraudulenta deuda externa.

El mismo estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.

 

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

 

RESARCIMIENTO A LOS EX TRABAJADORES DEL CASINO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL DEL ESTERO

08/05/2025

                                 

EXPTE N°1965-D-2025

ARTÍCULO 1° – El Estado Nacional reconoce una indemnización a favor de los ex empleados del Instituto Provincial de Casinos e Hipódromos de Santiago del Estero o a sus derecho habientes, que estuvieran en relación de dependencia al 16 de junio de 1994 quienes luego de la Intervención Federal encabezada por Juan Schiaretti, con distintas maniobras y engaños fueron presionados para aceptar retiros “voluntarios” que no respetaron los montos indemnizatorios, “desapareciendo” toda la documentación que acreditaba los años trabajados. 

ARTÍCULO 2° Se fija la indemnización en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL pesos ($35.325.000) o el equivalente en pesos a TREINTA MIL dólares (U$S 30.000), el importe que resultare más favorable al trabajador. La compensación será pagadera en efectivo, en pesos y al cambio del día del cobro de la misma. Una vez publicada en el boletín oficial, si el importe más favorable al trabajador fuere la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL pesos ($10.950.000), la misma se ajustará al momento del efectivo pago según el índice combinado IPC y salarios privados del INDEC.

ARTICULO 3° – La indemnización no podrá ser gravada con ningún tipo de impuesto y es inembargable.

ARTICULO 4° – En el plazo de sesenta (60) días corridos de la sanción de esta ley, el Ministerio de Economía de la Nación, deberá reglamentar la ley y notificar a los ex empleados del Instituto Provincial incluidos en el Artículo 1° de la presente ley, las liquidaciones que les correspondan. El pago de la indemnización no deberá exceder los 180 días corridos de la sanción de esta ley.

ARTICULO 5°– La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

 

Reiteramos ante este cuerpo la presentación del Proyecto de Ley identificado como expediente N°4574-D-2023, impulsado por la Diputada Nacional Romina Del Plá. Este proyecto reviste una importancia crucial para un grupo de trabajadores y sus familias, quienes han sufrido profundamente las consecuencias de políticas implementadas tanto a nivel nacional como provincial en aquel entonces. A pesar del tiempo transcurrido, estas familias aún no han recibido una respuesta justa frente a la flagrante vulneración de los derechos de los trabajadores del Casino de Santiago del Estero.

 

Por ello, respaldamos con firmeza el legítimo reclamo de estas 120 familias trabajadoras, quienes, tras casi tres décadas de injusticia, merecen un resarcimiento económico que repare el daño sufrido. Este reclamo adquiere una relevancia aún mayor en el contexto actual, marcado por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, que continúan afectando negativamente al pueblo trabajador.

 

Reiteramos los fundamentos expuestos durante el período parlamentario de 2023.

 

El 16 de diciembre se cumplirán 30 años de lo que se dio en llamar “el Santiagueñazo”, una rebelión obrera y popular de características inéditas.

En 1993, los negociados con la obra pública, los desfalcos con los fondos estatales y un endeudamiento público inaudito, hicieron estallar el déficit fiscal. El gobernador Carlos Mujica había renunciado el 28 de octubre y fue sucedido por Fernando Lobo, su vicegobernador. Éste aprobó las leyes exigidas por el presidente Menem, que Mujica se había negado a aprobar.

En diciembre se adeudaban salarios por tres meses. La «salida» consensuada entre oficialismo y oposición fue una ley ómnibus que declaró en «disponibilidad» a todos los empleados estatales, despedía a quienes tuvieran menos de un año de antigüedad, y bajaba los salarios a los niveles de dos años atrás.

La pueblada dio lugar a la Intervención Federal de la provincia por parte de Carlos Menem, apoyada en el Congreso por un arco político que iba desde el Frente Grande de Chacho Álvarez y Solanas al “carapintada” Aldo Rico. El interventor fue Juan Schiaretti, acompañado por el represor Andrés Antonietti.

En mayo de 1994 el interventor del Instituto Provincial de Casinos comunica a los 120 trabajadores del Casino de Termas de Rio Hondo que, con el fin de salvaguardar la fuente de trabajo, se entregaría la gestión y administración a la totalidad de los empleados del mismo.

Después de 30 días y en el mayor sigilo la intervención puso en venta el pliego para licitar la privatización. Enterados, los trabajadores constituyeron una cooperativa de trabajo amparándose en la Ley provincial N°6044/4 que habilitaba la adjudicación directa a los trabajadores organizados en esa forma. Lo que les fue negado.

No obstante, los trabajadores se presentaron en la licitación siendo de los 5 oferentes solo la Cooperativa de Empleados y la empresa Magna quienes cumplieron con las exigencias del pliego de bases y condiciones. Los impugnados recurrieron a la justicia que habilitó a la S.A. Zaimaquis Goitía a continuar en la licitación, que finalmente ganaron recibiendo el casino en noviembre de 1994.

Sin embargo, al firmarse los contratos se pudo constatar que dicha S.A. era inexistente al momento de la licitación habiéndose constituido recién en febrero de 1995. Esto inició una causa penal contra los socios por falsedad ideológica.

Nada de esto fue obstáculo para que la Intervención Federal y la empresa adjudicataria se apoderaran de todos los bienes de la cooperativa de trabajo. Bajo amenazas, los trabajadores fueron forzados a aceptar el retiro voluntario. Las certificaciones de servicios se entregaban declarando menos años que los efectivamente trabajados, reduciendo considerablemente los montos indemnizatorios.

Como sucediera con el Programa de Propiedad Participada (PPP) por el que hoy siguen reclamando decenas de miles de ex trabajadores de empresas privatizadas en todo el país, se manipuló con perfidia a trabajadores que sólo pretendían conservar sus fuentes de trabajo, violando la Ley 6044 que establece en su artículo 9 que durante el proceso de privatización el trabajador seguirá amparado por su derecho al trabajo todo lo cual se encuentra ampliamente documentado.

Al momento de cobrar, los trabajadores recibieron Bonos para la Creación de Empleo en los Sectores Privados Provinciales (BOCEP) y fueron obligados a firmar una autorización para que les fuera descontado el 20.8% equivalentes a 5.000 dólares del total sin lo cual no se les pagaba.

Los trabajadores del casino fueron discriminados respecto de otros sectores privatizados como bancarios que recibieron incentivos económicos para aceptar el Retiro Voluntario.

Mediante Ley 6012 el Interventor Schiaretti promovía una jubilación a los 46 años más allá de la antigüedad: beneficio negado a los trabajadores del casino quienes durante su relación laboral realizaban un doble aporte por la caja de empleados que formaba parte del sueldo.

Hoy ANSES no reconoce la actividad de estos trabajadores aduciendo que la documentación se incendió. Fueron jubilados como monotributistas. Otros jubilados en 1994 con la misma función hoy los triplican en haberes.

El exBanco Provincia de Santiago del Estero recibía los depósitos jubilatorios en la cuenta 6015. Sin embargo, el ente residual informa que no hay documentación también desaparecida por incendio. Copias de originales en manos de los trabajadores confirman esta defraudación.

Ante el escándalo Schiaretti emitió un decreto reconociendo los derechos previsionales de estos trabajadores y facultando a la Ex caja de Jubilaciones a resolver los casos de estos jubilados. Sin embargo, la ANSES lo desestimó.

Por todo lo expuesto y el evidente atropello a los derechos de los trabajadores del Casino de Santiago del Estero, consideramos legítimo el reclamo de estas 120 familias trabajadoras que luego de casi 30 años de injusticia merecen un resarcimiento económico.

Asimismo, pongo a disposición de las y los diputados la documentación respaldatoria de estos fundamentos.

Solicitamos a las señoras diputadas y señores diputados acompañar el presente Proyecto de Ley.

Vanina Biasi

 

LICENCIAS ESPECIALES DE LA LEY 20744 LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO – Dentro de la Ley 20744 (LCT)

08/05/2025

EXPTE N°1966-D-2025

ARTÍCULO 1°— Incorpórese al artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), como inciso f el siguiente texto:

f). Licencia por violencia de género. Los tiempos de la licencia serán evaluados por personal médico, psicológico o especializado en violencia de género, proporcionado gratuitamente por los centros salud y los centros de atención y asistencia a la víctima, no necesitando el empleador más prueba fehaciente. la licencia puede prorrogarse, extendiéndose el plazo de días que dura la misma, todas las veces que el personal médico / psicológico / especializado que asisten a la víctima indiquen que sea necesario.

ARTÍCULO 2°— Modifíquese el artículo 159 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo. 159. —Salario. Cálculo.

Las licencias a que se refiere el artículo 158 serán pagas, y el salario se calculará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 155 de esta ley.

En el caso de la licencia establecida en el artículo 158 inciso f la trabajadora afectada percibirá el 100% (cien por ciento) de su salario.

ARTÍCULO 3°— De Forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Presentamos nuevamente este proyecto de ley, por cuarta vez consecutiva, y reiteramos la necesidad de su tratamiento y aprobación urgente. Es fundamental atender una demanda esencial de las mujeres trabajadoras, especialmente en un contexto donde los derechos que este colectivo ha conquistado con tanto esfuerzo están siendo constantemente amenazados por el gobierno de Javier Milei.

La actualidad de dicho proyecto se agiganta toda vez que el actual gobierno de Javier Milei, que profesa el negacionismo de la violencia y de la brecha salarial, pretende asimismo circunscribir la violencia de género a los casos de “violencia doméstica” y eliminar la figura de femicidio del Código Penal, retrocediendo décadas en la comprensión y lucha contra la violencia de género.

Reproducimos a continuación los fundamentos de su presentación, bajo el N° de Expte. 2535-D-2018:

La violencia de género constituye un flagelo social de envergadura en nuestro país y en el mundo. La conmoción ante los terribles casos de femicidios que se sucedieron en el último período –la estación terminal de una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres-, dio lugar a masivas movilizaciones que irrumpieron con el #NiUnaMenos el 3 de junio de 2015 y se sucedieron a lo largo de estos últimos cuatro años, ganando en masividad y organización del movimiento de mujeres. La lucha contra la violencia hacia las mujeres dio lugar al desarrollo de un programa de reivindicaciones que atienen a la subordinación de la mujer en los distintos ámbitos de su vida y, en particular, en el mundo del trabajo. Las licencias por violencia de género es uno de los reclamos más elementales que sigue siendo desoído por todos los gobiernos.

Tras la multitudinaria movilización por las mujeres el pasado 8 de marzo, Día Internacional de Mujer Trabajadora, que congregó a medio millón de personas ante el Congreso Nacional, el gobierno de Macri presentó un proyecto de ley llamado de “equidad de género, de oportunidades y de salario”, que no supera el status de una maniobra demagógica. Sobre el tema que nos ocupa en este proyecto, el gobierno plantea en su proyecto que “se establecerán 10 días corridos de licencia por año por violencia de género”. La arbitrariedad de colocar un límite de diez días anuales, más que otorgar un derecho, es establecer una restricción que pesará exclusivamente sobre la víctima, no sobre el golpeador. ¿Qué ocurrirá más allá del décimo día? El proyecto oficial, hasta donde se conoce, no incorpora, en cambio, centros de ayuda las 24 horas, construcción de casas refugio, subsidios para las víctimas, ni nada de eso.

La mujer sufre una fuerte discriminación en el ámbito laboral, generalmente con menores salarios que los trabajadores varones, ante la cual la iniciativa oficial no da ninguna respuesta de fondo. La gran mayoría de ellas solo consiguen trabajos precarios con jornadas extenuantes. Sumado a esto, el Estado le impide el derecho al aborto seguro y gratuito condenando a miles de mujeres a morir en abortos clandestinos, mayoritariamente mujeres de la clase trabajadora. Tales son las formas que toma la violencia contra la mujer.

Las mujeres que padecen este flagelo, no solo no tienen la contención y protección que merecen por parte Estado, sino que no cuentan con ninguna cobertura legal que impida a los empleadores suspenderlas o echarlas por ausentarse del trabajo.

Queremos mencionar que la falta de regulación en este punto, conduce a muchas de las mujeres violentadas a tener que utilizar el artículo 45 del LCT de “licencia psiquiátrica”, lo que resulta contraproducente porque esta herramienta puede redundar en un argumento en contra de la tenencia de los hijos. Este fue el caso de una docente en Chubut que se transformó en un caso testigo y llevó a la implementación de la licencia por violencia en esa provincia.

Esta violencia que pesa sobre las mujeres no encuentra su fundamento sólo en un problema de género; el tipo de organización social capitalista favorece la descomposición social que lleva a situaciones de extrema violencia y un mayor grado de explotación hacia las mujeres. El Estado juega un fuerte rol en este sentido, permitiendo esa mayor explotación y discriminación laboral.

En contraposición a la farsa que propone el gobierno, nuestro planteo es que la licencia, además, cuente con el pago del 100% del salario en el período de tiempo que dure, y que la misma pueda ser prorrogada por todo el tiempo que resulte necesario para que la trabajadora afectada reúna las condiciones necesarias para reinsertarse laboralmente.

El presente proyecto pretende darle un marco de protección legal a las miles de mujeres que padecen de violencia de género y no cuentan con herramientas para conservar uno de los elementos fundamentales que le pueden permitir avanzar hacia la separación de su golpeador; la continuidad de su fuente de trabajo como posibilidad de su independencia económica. Es fundamental colocar a la violencia de género como un motivo para solicitar una licencia.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al proyecto de los Sres./as. Diputados/as

Vanina Biasi

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓNFRENTE AL ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

08/05/2025

EXPTE N°1967-D-2025

CAPÍTULO I

OBJETIVO Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1°. – El objetivo de la presente ley es implementar medidas de prevención, protección, asistencia y reparación a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y violencia, así como a las personas sobrevivientes de dicho delito y a las madres protectoras y personas que los defienden y acompañan. 

Se entiende por “abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes” toda interacción sexual de los mismos con un adulto o adolescente 5 años mayor (conocido o no, del ámbito familiar o no) en la que existe una significativa disparidad en la edad, en materia de desarrollo tanto cognitivo como físico, y en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el/la infante o adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no se demuestran signos de rechazo.

Se entiende por “sobrevivientes de abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes” a las personas que sufrieron este delito durante su infancia y/o adolescencia y que conviven con los recuerdos traumáticos a lo largo de toda una vida, independientemente de la edad a la que hayan podido elaborar y representarse el abuso al que fueron sometidos.

            Se entiende por “madres protectoras” a las personas que cumplen las tareas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso y distintos tipos de violencias, sean las progenitoras biológicas o quienes cumplen ese rol, y que en el ejercicio de protección escuchan, creen y efectúan las denuncias pertinentes en defensa de los derechos y la integridad de las infancias y adolescencias.

CAPÍTULO II

REFORMA DE LA LEY 26.150 DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

ARTÍCULO 2°. –  Se le otorga carácter de orden público a la ley que rige la educación sexual integral y se instituye la condición de contenido curricular obligatorio en todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de todo el territorio de la República Argentina y sus jurisdicciones.

ARTÍCULO 3°. – Se establece el carácter laico, científico y respetuoso de las diversidades sexuales y de género de los contenidos dictados en materia de educación sexual integral en todos los niveles educativos y jurisdicciones del país, tanto en las escuelas de gestión estatal como privadas. Los mismos deben contar en la currícula escolar y académica con espacios curriculares exclusivos y contenidos transversales, acordes a la edad y madurez psicológica y emocional de cada grado y ciclo lectivo, basados en el derecho a la salud integral y a una vida y un desarrollo de la sexualidad libre de violencias y respetuosa de la intimidad y el deseo de las personas. 

ARTÍCULO 4°. – Se prohíbe la anteposición del “ideario institucional” particular de cada comunidad educativa y de “las convicciones de sus miembros”, en respeto a los principios establecidos en el Art. 1°, 2° y 3° de la presente ley.

ARTÍCULO 5°. – Se instituye la formación y actualización en servicio en ESI, con puntaje, de las y los docentes de todos los niveles en todo el territorio nacional, a fin de que puedan tener las herramientas necesarias para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la base de los principios establecidos en la presente norma. Se deberá garantizar asimismo el nombramiento de las y los docentes necesarios para el dictado de las materias-talleres específicas de ESI a fin de garantizar su dictado en todo el país.

ARTÍCULO 6°. – Se prohíben los códigos de vestimenta en los establecimientos educativos de la República Argentina, que son contrarios al respeto de una vida libre de violencias, refuerzan prejuicios discriminatorios y educan en concepciones oscurantistas con respecto al género y a las responsabilidades en situaciones de abuso o atentados contra la integridad de las personas.

CAPÍTULO III

INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y CONTENCIÓN DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

ARTÍCULO 7°. – Se anulan todos los convenios del Estado Nacional en todas las jurisdicciones del país, con instituciones u organismos de distinta índole que sean de carácter confesional y religioso (no laico) destinados a la asistencia de niños, niñas y adolescentes, cualquiera sea su modalidad (programas específicos, institutos de menores, etc.). Se garantiza asimismo la continuidad de las políticas y tareas de atención y contención a niños, niñas y adolescentes afectados por esta disposición, y su ampliación, mediante ejecución directa por parte del Estado, para lo cual se contratará personal profesional idóneo y capacitado, en planta permanente, el cual recibirá asimismo capacitación en ESI en servicio y acorde a los principios establecidos en el Art. 1° y el Capítulo II de la presente ley. 

Art. 8°. – Se ordena a los Estados provinciales y municipales, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adecuar su política de asistencia y contención a niños, niñas y adolescentes de modo de proceder de acuerdo a y en los términos establecidos por el artículo precedente.

CAPÍTULO IV

REFORMA DE LA LEY 24.270 DE IMPEDIMENTO DE CONTACTO

ARTÍCULO 9°. – Se excluye del alcance del “delito al padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes”, y de las penas establecidas para el mismo, a las madres protectoras, tal como se las define en el Art. 1° de la presente ley.

CAPÍTULO V

ACCESO A LA JUSTICIA

ARTÍCULO 10°. – Se crean en todo el territorio nacional, a razón de al menos 1 cada 30 mil habitantes, fiscalías especiales de violencia de género y abuso a la niñez y la adolescencia, con personal interdisciplinario capacitado en la materia y en planta permanente. Los fiscales a cargo de las Fiscalías creadas en el Art 1º de la presente Ley, serán elegidos por el voto directo y secreto del padrón de mujeres y diversidades de la zona de influencia, y tendrán cargos revocables por el mismo padrón.

ARTÍCULO 11°. – Se garantiza para toda persona denunciante de abuso sexual contra las infancias y violencia contra niñxs y adolescentes (sea una madre protectora o una persona sobreviviente), patrocinio jurídico gratuito desde el momento de efectuar la denuncia y durante todo el tiempo que demande el proceso judicial, con personal profesional capacitado en ESI y los principios establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 12°. – Se garantiza para la persona denunciante, para lxs niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y violencia y para las personas sobrevivientes de esos delitos, sin importar su edad al momento de realizar la denuncia, atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria y social, con personal capacitado en ESI en los términos establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 13°. – Se da por desacreditada y se establece la invalidez judicial de la figura de Síndrome de Alienación Parental (SAP) por ser una construcción ideológica arbitraria e inexistente que carece de sustento científico. El empleo argumentativo del SAP por parte de jueces, fiscales o cualquier magistrado será objeto de sanciones.

ARTÍCULO 14°. – Se establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, mediante la reforma pertinente del Código Penal.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 15°. – Se determina la adecuación del Código Penal y las leyes afectadas por la presente, a fin de cumplir con las determinaciones aquí establecidas. Se establece la anulación y/o modificación contraria a las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 16°. – Se destinarán partidas presupuestarias específicas para garantizar la efectiva implementación de la presente.

ARTÍCULO 17°. – La presente ley es de orden público y de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 18°. – De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Es evidente que la agenda de ataques del gobierno de Javier Milei ha tenido como uno de los principales objetivos, las reivindicaciones de las mujeres y las diversidades, tratándolas como enemigas. Desde sus primeros días de campaña, antes de ganar las elecciones, su enfoque en atacar la ESI y el aborto legal se alinea con la tendencia internacional de las ultraderechas a profundizar los embates misóginos y negar la diversidad en la identidad.

Milei pronunció un deplorable discurso en Davos que marcó un hito en su agresividad. A esto se suma la política de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que busca eliminar los contenidos de la ESI y modificar el diseño curricular escolar para imponer un único enfoque de enseñanza. Esto ocurrió después de que la Secretaría de Educación nacional retirara recursos audiovisuales alojados en el portal virtual Educ.ar relacionados con la ESI, alegando que difundían “un alto contenido de ideología de género” y “adoctrinamiento”.

Este es otro intento del gobierno por arremeter contra el derecho a decidir de miles de jóvenes, negando el acceso a un conocimiento científico, laico y respetuoso de la diversidad. En su lugar, se impone el oscurantismo, principios de sometimiento y subordinación de las mujeres en la sociedad, el rechazo a las identidades de género diversas dentro del colectivo LGBTIQ+, y prejuicios religiosos contrarios a la igualdad y la libertad.

Los hechos de abuso, en particular el abuso sexual, ocurren de manera cotidiana en esta sociedad contra niños, niñas y adolescentes. Estos abusos se producen en todo tipo de instituciones, especialmente en la institución familiar y en la eclesiástica. No es casual que estas instituciones hayan sido moldeadas históricamente por principios clericales, ocupando un lugar destacado en los Estados nacionales de Europa y América.

Por otra parte, la explotación de niños, niñas y jóvenes vulnerables en diferentes ámbitos para la industria de la prostitución resulta de estado público en estos días y se han sucedido a través del tiempo en el mundo del deporte y en el mundo mediático.

No son casos aislados. La desprotección y la degradación de las infancias, el horror que se extiende puertas adentro de numerosos hogares, atraviesa todos los poros de esta sociedad de manera impune.

Este Congreso viene de aprobar la llamada “Ley Lucio” en referencia a uno de los casos producidos en los últimos tiempos en el que el niño abusado fue asesinado. Estos abusos son moneda corriente y producen un efecto devastador sobre la vida de muchas personas y los condicionan de diferentes formas, perpetrando desde edades muy tempranas un sometimiento que cumple una enorme función de disciplinamiento social.

La ascendente escucha a las víctimas que se produjo en los últimos 30 años a partir de la toma de estado público de miles de abusos dentro del ámbito eclesiástico contra miles y miles de personas, corrió por cuenta de la sociedad y por un sector minoritario del periodismo y no del Estado.

Quienes integran el extenso aparato del Estado que tiene por función central defender los intereses capitalistas, se han mantenido en silencio frente a esta barbarie o peor aún, han sido partícipes directos del encubrimiento consciente de estas acciones que se producen en ámbitos educativos fuertemente sostenidos por el Estado en lo económico, en ámbitos que debieran proteger a niños y adolescentes institucionalizados por el poder judicial, en seminarios, iglesias y hasta en institutos de niños hipoacúsicos. La “tercerización” en manos de instituciones y organismos clericales, o vinculados a organizaciones que defienden principios oscurantistas y reaccionarios, de las tareas que debiera cubrir el Estado en materia de atención y contención de niños, niñas y adolescentes es uno de los pilares de la reproducción de este flagelo.

El poder que le confieren los gobiernos a los reaccionarios grupos antiderechos y las iglesias en distintos niveles de intervención del Estado es parte de este entramado. Se ampara y protege a los curas abusadores, se bloquea el derecho a una educación sexual integral desprovista de prejuicios, que eduque en conceptos de respeto y libertad, y se refuerza la intervención clerical que predica la defensa de un modelo familiar donde el delito es denunciar las violencias y la virtud es someterse a la autoridad del más fuerte y tolerar las agresiones y humillaciones. Esta es la ideología oficial más extendida en las escuelas, los hospitales y los barrios de nuestro país.

Según el Ministerio de Justicia de la Nación solo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. Esta cifra asciende en 2023 a 5391. Esto surge de las denuncias recibidas en la OVD. El dato se conoce en el marco del Día Internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil.

El mayor porcentaje entre 12 y 17 años. Esas cifras provienen de un registro muy deficitario, porque las denuncias son la excepción en una sociedad educada en la naturalización de las violencias y las relaciones de poder. La extensión del abuso sobre niños, niñas y adolescentes es uno de los indicadores más palmarios del grado de descomposición social al que ha llegado el capitalismo, donde el goce está asociado a ejercer poder y explotar la vulnerabilidad de quienes no tienen ninguna herramienta para defenderse.

En materia de acceso a la justicia, el sistema es sumamente expulsivo, re-victimizante y persecutorio para las y los sobrevivientes y para las madres protectoras. Para quienes sufrieron abuso en la infancia, la prescripción ha sido durante mucho tiempo -y sigue siendo- un arma del Estado para garantizar la impunidad. En nuestro país recién en 2011 se modificaron los plazos para estos delitos (ley Piazza) y en 2015 se vuelven a ampliar con una ley que establece que los tiempos para la proscripción empiezan a correr a partir de que la víctima efectúa la denuncia. Por regla, éstas tienen lugar muchos años después, cuando la persona logra elaborar lo que vivió, identificar la manipulación y el abuso, y animarse a enfrentar a sus agresores y la revictimización a la que los somete el sistema.  Más aún cuando se trata de abusos en ámbitos de confianza y crianza del niño o niña, donde los testimonios de los sobrevivientes se producen con muchos años posteriores al grave hecho que representa para una persona que quien es el símbolo de bondad y que goza de la más alta consideración social, abuse sexualmente de ellas.

A las madres que protegen a sus hijos e hijas el sistema judicial les responde con persecución y criminalización. Se utiliza contra ellas la ley de impedimento de contacto o el falso e inexistente SAP (Síndrome de Alienación Parental) buscando convertir a las víctimas en victimarios. La falta de aplicación del interés superior del niño repercute atrozmente en la vida de infancias, adolescencias y maternidades protectoras, dando privilegios a la mayoría de varones denunciados, lo que repercute finalmente en revinculaciones no deseadas entre los denunciados y sus víctimas menores de edad. Este accionar del Poder Judicial no es anecdótico, expresa la intervención de uno de los pilares del poder del Estado interesado en sostener un régimen de explotación social, que necesita de múltiples mecanismos de sujeción y sometimiento de los más débiles. Por otra parte, los jueces y fiscales que actúan de esta manera, son elegidos en sus cargos vitalicios por el poder político a través de los senados -que tienen el poder también de destituirlos.

Las medidas de prevención y protección contra el abuso sexual en la infancia y la adolescencia que plantea este proyecto de ley son urgentes y son parte de un programa de lucha contra la impunidad y la responsabilidad del Estado ante esta barbarie. La defensa de las infancias y de las madres protectoras exige tomar acciones urgentes.

Por estos motivos solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento y la aprobación de la presente normativa.

Vanina Biasi

CONTRA EL REMATE DE TIERRAS E INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL

08/05/2025

EXPTE N°1968-D-2025

ARTÍCULO 1° – Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia N°1382, del 9 de agosto de 2012, declarado válido por la Cámara de Diputados de la Nación el 21/11/2012, por el cual se dictó la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), así como todos aquellos actos dictados en consecuencia del citado decreto.

ARTÍCULO 2° – Derógase el Decreto del PEN N°2670/15, del 01 de diciembre de 2015, reglamentario del DNU 1382/12 citado en el artículo 1° de la presente, así como todos aquellos actos dictados en consecuencia 

ARTÍCULO 3° – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) residual, o el organismo que la suplante, tendrá objetivos exclusivamente administrativos de inventariado y de conservación de las propiedades inmuebles del Estado Nacional Argentino.

ARTÍCULO 4°- Declárase la nulidad de los decretos 952/2016, 1064/2016, 1173/2016, 153/2017, 255/2017, 928/2017, 355/2018 y de cada una de las ventas de tierra pública efectuadas en virtud de dichos decretos y de los que los sucedan en el futuro, que tampoco cuenten con autorización previa del Congreso Nacional ni hayan cumplido con el procedimiento establecido por esta ley en su Artículo 6°.

ARTÍCULO 5° – Establécese que ningún organismo podrá vender bienes inmuebles del Estado Nacional sin contar con la previa autorización del Congreso Nacional.

ARTÍCULO 6°- Con anterioridad a tratar propuestas de desafectación del dominio público, enajenación o cambio de uso de cualquier predio integrante de tierras nacionales de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 inciso 5) de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados deberá, con una antelación no menor a sesenta (60) días de su tratamiento en comisión, convocar a Audiencia Pública de tratamiento de la misma y, posteriormente, someterla a una Consulta Popular Vinculante en la jurisdicción en que se encontrare el objeto de la propuesta.

ARTÍCULO 7°- Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a dictar normas en los términos de la presente ley, en consonancia con sus marcos jurídicos.

ARTÍCULO 8°– De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Traemos nuevamente a consideración este Proyecto de Ley Contra El Remate De Tierras E Inmuebles Del Estado Nacional, el cual fuera presentado en dos oportunidades sin tener tratamiento.

Este proyecto ha sido elaborado con la coordinadora de vecinos y trabajadores que se organizan contra la especulación inmobiliaria, e insistimos con su tratamiento ya que es imperiosa la necesidad de terminar con este proceso de liquidación de las últimas tierras públicas nacionales en aras de negocios inmobiliarios privados y dedicarlas a paliar necesidades que hacen a un mejor y más saludable hábitat urbano.

Reproducimos a continuación los fundamentos de su última presentación, realizado bajo mi autoría, hace más de dos años:

 

La Constitución Nacional otorga facultades sólo al Congreso de la Nación para «Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional» (art. 67 – inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y modificaciones y art. 75 – inc. 5 de la de 1994).

No obstante, diferentes administraciones nacionales y de la CABA han optado por hacerlo a través de Decretos o simples Convenios firmados por Intendentes o Jefes de Gobierno.

Otra vía no constitucional ha sido la de crear organismos como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, el ENABIEF y su sucesor, el Organismo Nacional de Administración de Bienes -ONABE, sociedades anónimas como la Corporación Antiguo Puerto Madero -CAPM SA- o, últimamente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE-, a quienes se les transfieren las tierras nacionales y la facultad de enajenarlas.

Ese procedimiento de vender tierras nacionales por Decreto -que había tenido sus antecedentes en la venta de tierras del Parque 3 de Febrero a los clubes deportivos en 1978, la creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA en 1989 y la operación de compraventa del Predio Ferial del Parque 3 de Febrero en 1991- a partir del año 2012 se hizo oficial y frecuente.

El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1382/12 por el que se disolvió el ONABE -Organismo Nacional de Administración de Bienes- y se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). De ahora en adelante, todas las tierras públicas del país pasaron a depender de esa Agencia, incluidas las ferroviarias, que por una ley anterior estaban bajo jurisdicción de la ADIF SE.

En septiembre de 2012 el Decreto del PEN N° 1722/12 estableció la creación de un Polo Audiovisual en 12 hectáreas de tierras públicas nacionales situadas en Isla Demarchi.

La desafectación de los predios ferroviarios pertenecientes a las ex playas ferroviarias de Palermo, Caballito y Liniers también tuvo lugar en 2012: el Decreto del PEN Nº 1723/12 dispuso su utilización para el “desarrollo de proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios, a cuyos fines instrúyese a la ANSES” y al Ministerio de Economía “para que constituyan una Sociedad Anónima”. A su vez, la AABE “deberá instrumentar la transferencia a título gratuito de los inmuebles consignados…, a favor de la Sociedad Anónima mencionada en el artículo precedente”.

Todo ello en abierta contradicción con el art. 75 – inc. 5 de la Constitución Nacional, que otorga facultades sólo al Congreso de la Nación para «Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional». De estas violaciones a la Constitución Nacional no sólo fueron responsables los funcionarios de turno, sino también los que dejaron hacer para después poder continuar con los negocios provenientes de las irregulares ventas. Los socios en dichas “operaciones urbanas” pertenecen a entidades corporativas y a diferentes partidos políticos que actúan como agentes de los brokers inmobiliarios, de las grandes empresas constructoras y de importantes estudios de arquitectura.

El 01 diciembre 2015 el Decreto del PEN N°2670/15 reglamentó el DNU N°1382/12, por el que se creaba la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE- completando el cuadro de facultades inconstitucionales al otorgar poderes absolutos poderes a esta Agencia, convirtiéndola en reemplazante del Congreso Nacional en el tema del uso y la enajenación de las tierras nacionales. Esto a pocos días de asumir un nuevo gobierno de otro signo político.  

Ya en 2016 / 2017, en una combinación de leyes de urbanización a medida y decretos de venta, se suceden la liquidación de las playas ferroviarias de Chacarita y Colegiales, de un importante sector de la de Retiro y de otro predio ferroviario adyacente a Barrio Parque; otro perteneciente a Vialidad Nacional lindero con la Av. Gral. Paz, varios al Ejército en Palermo, de un importante predio ferroportuario en Catalinas Norte, otro en La Boca denominado «Catalinas Sur 2» y otros también consumados o en marcha.

En 2018 y 2019 continuó la venta de tierras nacionales por Decretos del Poder Ejecutivo.

Esta operatoria significó la liquidación de unas 200 hectáreas de tierras públicas nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, las últimas no urbanizadas y, por esa condición, reclamadas por los grandes inversores inmobiliarios.

Como se ve, la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado vino a prestar servicios básicos al proceso de traspaso de tierras públicas nacionales a manos de ‘desarrolladores’ privados.

Se impone la necesidad de terminar con este proceso de liquidación de las últimas tierras públicas nacionales en aras de negocios inmobiliarios privados y dedicarlas a paliar necesidades que hacen a un mejor y más saludable hábitat urbano, siempre escuchando y teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de tomar decisiones cuyas consecuencias suelen ser irreversibles.

Invitamos a los/as señores/as Diputados/as, convocándolos a co-suscribir este Proyecto necesario para impedir que se siga rematando y entregando las tierras y edificios públicos y preservar el interés general, particularmente de los trabajadores y vecinos.

 Vanina Biasi

 

HABILITACION DE SALAS INFANTILES DENTRO LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO

07/05/2025

EXPTE N°1969-D-2025

ARTÍCULO 1° — En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de 50 (cincuenta) trabajadores, independientemente de las modalidades de contratación, el empleador deberá habilitar salas infantiles para niños/as hasta la edad de 5 (cinco) años, poniendo las mismas bajo la custodia de personal médico, psicopedagogo y cuerpo docente competente para garantizar el aprendizaje colectivo y la recreación de los niños/as que asistan al establecimiento. A su vez, debe contar con un comedor donde el niño/a cuente con desayuno, almuerzo y merienda.

La jornada de las salas infantiles debe durar lo mismo que la jornada laboral de la madre o el padre. La misma no debe ser cambiada en función de un régimen rotativo de trabajo durante la permanencia del niño/a en la sala infantil. Si el progenitor/a prefiriera (por razones de comodidad, distancia, etc.) dejar a su hijo/a en otra escuela infantil cercana a su domicilio, se le abonara el 100% (cien por ciento) del gasto de la misma contra la presentación de los recibos correspondientes.

A los efectos del cómputo de la cantidad de personas que trabajan en el establecimiento, se tendrán en cuenta tanto las y los dependientes del establecimiento principal, como aquellas y aquellos dependientes de otras empresas, en tanto presten servicios en el establecimiento principal.

En caso de que el establecimiento laboral contare con menos de 50 (cincuenta) empleados, el empleador debe asumir el 100% (cien por ciento) del gasto de una escuela infantil hasta la edad considerada en el presente proyecto.

ARTÍCULO 2° — Todas las disposiciones del Artículo 1° son igualmente obligatorias para todos los establecimientos de la Administración Pública Nacional y sus dependencias en todo el territorio nacional, así como para la Administración Pública de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

ARTÍCULO 3° — De forma.

Fundamentos

Sr. Presidente:

Presentamos nuevamente ante esta Cámara el proyecto de ley, por sexta ocasión consecutiva, tras repetidos bloqueos a su tratamiento por parte de los bloques capitalistas que predominan en esta institución. Es crucial atender una demanda esencial de las mujeres trabajadoras, especialmente en un contexto en el que los derechos conquistados con tanto esfuerzo por este colectivo están siendo constantemente amenazados por el gobierno de Javier Milei.

Reproducimos a continuación los fundamentos de su presentación bajo el N° de Expte. 2545-D-2022:

El presente establece la obligatoriedad del empleador de garantizar salas infantiles para niños/as hasta los cinco años de edad en los lugares de trabajo a partir de los 50 empleados, o asumir el 100% (cien por ciento) del gasto de una escuela infantil hasta la edad considerada en caso de ser preferencia del trabajador/a o de contar con un número inferir de empleados/as.

Estas disposiciones son mucho más ajustadas a las necesidades que viven las y los trabajadores en nuestro país que lo dispuesto por el reciente decreto del Poder Ejecutivo. En su decreto reglamentario, el gobierno establece la obligación de contar con salas materno paternales para los establecimientos laborales recién a partir de los 100 empleados y hasta los tres años de edad de los niños y niñas. En caso de que el empleador deba cubrir gastos particulares del trabajador o trabajadora para garantizar el cuidado de sus hijos/as, la reglamentación gubernamental tampoco garantiza la cobertura integral (del 100%) -y dicha medida queda establecida como una opción de la patronal para las empresas con más de 100 empleados. Para el pago de este monto no remunerativo, se indica un piso mínimo de las sumas dinerarias equivalente al 40% de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” del Personal con retiro del régimen previsto en ley de trabajo de casas particulares. Al 1° de marzo la escala salarial para esa categoría laboral indicaba un salario de $37.973 mensuales. El piso por lo tanto es de $15.189,20. Ahora bien, ese piso sólo es aplicable a las y los trabajadores que laboran en jornada completa y se reduce proporcionalmente si una trabajadora o un trabajador está contratado en una jornada reducida o media jornada.

Aunque esta suma supera con creces las establecidas en acuerdos paritarios como beneficios sociales en los convenios donde ya se encontraba garantizado el reintegro de gastos, lo cierto es que la posibilidad de sustitución beneficia superlativamente a las patronales pues el pago de dicha suma la exime de garantizar efectivamente los espacios de cuidado que tiene un costo mayor del que representa el pago de dichas sumas. También debe considerarse que la suma supliría en los hechos la obligación de la creación de espacios de cuidados con personal profesional idóneo para la atención de las infancias y deja a la deriva a las trabajadoras y trabajadores a procurarse el lugar de cuidado posible en función de sus reales ingresos.

Otra cuestión, es que el piso se encuentra atado a una “paritaria” que impone el Estado a las trabajadoras de casas particulares cuyos salarios se encuentran entre los más bajos casi en la línea de indigencia y siendo uno de los sectores de la clase obrera más precarizados. La sustitución que si bien no es incompatible desnaturaliza la obligación de la patronales y el derecho de las y los trabajadores a contar efectivamente con espacios de cuidados tal como lo dispone el artículo 179.

Para completar, el decreto del PEN da un plazo de un año para que sus disposiciones empiecen a regir.

Recordemos que el artículo 179 fue incorporado en el texto original de la ley de contrato de trabajo en 1974, y después de 48 años recién contamos con una norma que operativiza (limitadamente) dicho derecho, luego de que se llegara a la Corte producto de los sucesivos recursos que interpusieron los gobiernos de Cristina Kirchner y de Macri contra las primeras sentencias que reconocían el derecho.

Desde que la Corte dictó la sentencia pasó mucha agua debajo del puente. En enero de este año la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una nota al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, en la cual ponían de manifiesto la posible “resistencia de los empleadores a contratar trabajadores con una expectativa etaria de posible paternidad/maternidad, distorsión del costo empresario y consecuente traslado a precios, entre otros”, y continuaban diciendo en su comunicación “entendemos que la reglamentación puede y debe dar la opción al empleador de optar por ese reintegro debidamente documentado”. Los planteos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios eran y son representativos de todo el arco patronal.

Este lobby del sector empresarial de nuestro país es el que impuso los límites del decreto oficial, con absoluta complicidad por parte de la CGT y las CTA que vienen pavimentando la pérdida de conquistas de la clase obrera durante más de 40 años entregando los derechos de las y los trabajadores mediante la reforma de los convenios colectivos de trabajo.

Es una necesidad urgente tomar medidas para que la función laboral de la trabajadora y/o el trabajador no vaya en detrimento de la decisión de conformar una familia por parte de los mismos o que esta decisión no implique el abandono obligatorio de alguno de ellos a sus trabajos.

Representa un enorme esfuerzo para el y la trabajador/a mantener una familia cumpliendo con las necesidades de cuidado, cariño y dedicación que requiere un/a niño/a, y a la vez mantener su fuente de trabajo que es lo que constituye la única posibilidad de poder contar con el poder adquisitivo para alimentar y sostener dicha familia. Lo fundamental es la defensa de la integridad de la familia trabajadora.

Entendemos que el presente proyecto toma en cuenta la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nro. 26.061 a la vez que reconoce como una tarea del empleador garantizar la posibilidad de que su empleado/a pueda decidir conformar una familia bajo la contención y la protección social de quienes detentan el poder de otorgarle al trabajador/a sus medios de existencia.

A su vez, este derecho debe ser extensivo a los padres no solo porque defendemos la posibilidad de conformación de familias con personas del mismo sexo -atento a la Ley de Matrimonio igualitario Nro. 26.618- sino porque existe un gran bache en términos de reglamentación legislativa sobre aquellos casos en los que es el padre el único sostén de la familia, mientras que la madre se ocupa de la casa o trabaja por cuenta propia. Queremos dejar en claro que, en estos casos, debe ser a nombre del padre el derecho a utilizar la escuela infantil del establecimiento de trabajo, ya que la tarea de criar un niño no corre por cuenta de solo de uno de los padres. Esta idea aparece reforzada a partir de la necesidad de combatir la imposición de que es la madre quien debe ocuparse de la crianza de los niños/as.

Por todos estos motivos, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del presente Proyecto de ley para su pronto tratamiento.

Vanina Biasi

 

 

 

 

 

 

SUSPENSION DE LOS DESMONTES DE LOS BOSQUES NATIVOS

07/05/2025

EXPTE N°1970-D-2025

ARTÍCULO 1°. Se prohíben y suspenden los desmontes y cambios de uso del suelo por un período de 24 meses a partir de la sanción de la presente Ley. La suspensión incluye a los desmontes y cambios de uso del suelo, que hayan sido autorizados previamente, en virtud del principio precautorio que debe regir en cuestiones ambientales.

ARTÍCULO 2°. La suspensión de desmontes establecida en el artículo 1 podrá ser prorrogada por similares períodos, cuantas veces hiciera falta hasta que se considere superados los motivos que la fundamentan.

ARTÍCULO 3°. Deróguese toda norma que permita la re-categorización de toda zona de mayor grado de protección a una de menor grado de protección.

ARTÍCULO 4°. Se reconoce poder de veto y de control y seguimiento del cumplimiento de la presente ley, a las Asambleas Populares Ambientales -que serán constituidas en forma directa por los trabajadores, las comunidades originarias y los pueblos de cada zona en que estén asentados los Bosques Nativos- para cualquier modificación del status de dichos Bosques. Y con pleno mandato de que se garantice el cumplimiento de esta ley.

ARTÍCULO 5° De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Traemos a consideración este proyecto de ley, anteriormente, presentado en el año 2020 y luego en 2022 y en 2024 en virtud de seguir reclamando por su urgente tratamiento ya que, diferentes acontecimientos en los últimos años y sobre todo en el último periodo ratifican la vigencia del mismo.

Hemos visto que a lo largo de estos años todos los gobiernos, lejos de tomar medidas de fondo para el cuidado del ambiente y su protección, por el contrario, han entregado nuestros recursos para los negocios de un puñado de capitalistas.

El actual gobierno no difiere de los anteriores a la hora de entregar nuestros recursos. Y esto, lo podemos afirmar a partir de que la Ley Ómnibus fue presentada en el Congreso, la cual abonaba una mayor depredación capitalista del ambiente, dado que modificaba tres leyes regulatorias claves en esta materia: la Ley de Bosques Nativos (26.331), la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema (26.562) y la Ley de Glaciares (26.639). Esto puso en alerta a todo el movimiento en defensa del ambiente. En ese sentido, es importante remarcar el ataque que están sufriendo los activistas que defienden el medio ambiente por parte del gobierno de Javier Milei con persecuciones, detenciones y causas armadas.

Reproducimos a continuación los fundamentos del último proyecto presentado, pero sin antes señalar que, según la Agencia de Noticia Tierra Viva, Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país. La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día. Representa un 15 por ciento más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales. Entre enero y junio, el desmonte en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas, en Santiago del Estero 21.047, en Formosa 7.162 hectáreas y en Salta llegó a 4.200. Es claro que la política de este gobierno nada tiene que ver con los intereses del pueblo trabajador y mucho menos por el cuidado del ambiente para las futuras generaciones.

Fundamentos proyectos anteriores:

En ese mismo sentido, hay que mencionar el incendio en el Parque Nacional Los Alerces a fines de enero de este año. Dos focos de incendio se originaron en horas de la noche y en lugares de difícil acceso, lo que hace presumir que fueron intencionales, sumado a las difíciles condiciones climáticas el arduo trabajo de los profesionales para combatir el fuego se hacía imposible.

Denunciamos al mismo tiempo que las y los brigadistas trabajan en las peores condiciones laborales, arriesgando su vida para proteger a las y los habitantes afectados y a nuestro ambiente.

A nadie se le puede escapar que los trabajadores de diversos parques nacionales se manifestaron en todo el país tras la firma del DNU 70/2023: el 24 de diciembre, el personal de los parques nacionales se enteró que a los contratados que habían ingresado durante el 2023 no se les iban a renovar los contratos. La mayoría son brigadistas de incendios. El próximo 31 de marzo, según la Asociación de Trabajadores del Estado, quedarán sin empleo más de seiscientos trabajadores y trabajadoras del sector de los cuales treinta y seis se desempeñan en el Parque Nacional Los Alerces.

La precarización en las brigadas es moneda corriente. Hace años que los trabajadores del sector luchan por mejores condiciones salariales, pase a planta, recategorizaciones, jubilaciones anticipadas y reconocimiento de trabajo de riesgo, así como su carrera, entre tantas necesidades básicas como equipos, ropa, viandas, jubilación acorde, etc.

El gobierno nacional puso en marcha un mega DNU, que acaba con las condiciones laborales más básicas de los trabajadores, con la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras para profundizar el saqueo, el remate y la apropiación de nuestro territorio.

Es por eso que es de suma importancia el urgente tratamiento de este proyecto para proteger el ambiente.

Vale recordar, asimismo, que, durante el mes de febrero 2022, nos encontrábamos con que ardieron 750.000 hectáreas en la provincia de Corrientes – el 10% de su superficie – afectando incluso los esteros del Iberá, arrasando con el monte nativo. Denunciamos en el momento que el responsable es el negocio forestal y el monocultivo de pinos, no sólo porque el pino arde muchísimo y se planta sin cortafuegos ni medidas de seguridad, sino, además, porque consume mucha agua, contribuyendo a secar las napas. Sin embargo, el gobierno provincial completamente impotente para controlar el fuego se opone a la ley de humedales por sus compromisos con el capital forestal.

Al mismo tiempo en Misiones las localidades de Cerro Corá, Apóstoles, Caraguatay San Javier y San Ignacio también sufrieron incendios. Misiones tiene 400.000 hectáreas plantadas con pino. En la Patagonia en enero se perdieron 6.000 hectáreas de bosque nativo en la zona del lago Martín y Steffen en Bariloche, otras 4.000 en la zona de Quillén y un foco enorme en la zona de Puerto Madryn arrasó más de 90.000 hectáreas.

El fuego abarcó este verano 11 provincias argentinas. Pero ahora mismo la población de Rosario en Santa Fe denuncia la quema sistemática de islas frente a la ciudad. En los últimos 2 años el fuego consumió 800.000 hectáreas, el equivalente a 44 veces la superficie de esta ciudad invadida por el humo y las cenizas.

Asimismo, en el año 2020 decíamos que había que partir de reconocer que la Ley N°26.331, ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental, más conocida como la Ley de Bosques, ha encontrado sus límites en la clase propietaria de las tierras donde están asentados dichos bosques. Estas oligarquías terratenientes hasta han transformado la ley en una nueva fuente para esquilmar los fondos fiscales con los subsidios que el Estado debe pagar en las llamadas “zonas rojas” y “zonas amarillas” donde están prohibidos los desmontes. Terrenos donde no se puede producir (por su carácter pedregoso, etc.) productos agropecuarios reciben subsidios estatales. Lo concreto, es que luego de haber disminuido en una primera etapa el ritmo de los desmontes, en los últimos años ha vuelto a aumentar de una manera alarmante.

Son los gobiernos provinciales los que permiten la recategorización desde una zona de mayor protección a otra de menor, con el fin de autorizar desmontes. Evidencian así su carácter corrupto y están violando el principio precautorio establecido -incluso- en la ley general del ambiente.

Estos desmontes se deben principalmente al avance del cultivo de soja y de la ganadería. Es el gobierno nacional y los gobiernos provinciales los que han llamado a extender sin límite alguno las fronteras agropecuarias. Más allá de las ‘recategorizaciones’ se han incrementado notablemente los desmontes ilegales y ‘accidentales’ (incendios, etc.).

El avance de estos desmontes se hizo -en muchos casos- a costa del desalojo de comunidades originarias y campesinos criollos, muchos de cuales han pasado a formar parte de las periferias de poblados cercanos a las capitales provinciales aumentando el pauperismo de un sector de la población condenado a condiciones de precariedad y miseria crecientes. Un informe (parcial) de organizaciones ambientalistas señala que en el último año se han deforestado ilegalmente el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la pérdida de 40.965 hectáreas de bosques nativos solo en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.

El motor de estos desmontes es el afán de lucro de monopolios y terratenientes que solo se interesan por aumentar sus ganancias. Estos desmontes tienen incidencia directa en los problemas ambientales y sociales: inundaciones, etc.

Un reconocido ambientalista ha planteado: “Es hora de que la Argentina debata el desmonte ilegal, el otorgamiento de los permisos para deforestar en zonas protegidas y el incendio intencional como delitos penales ambientales y que se obligue a los responsables a restaurar los bosques nativos».

Mientras se desarrolla este debate es necesario dictar de manera urgente una ley que establezca la prohibición taxativa de los desmontes, porque lo que se desmonta en el ínterin es relativamente hecho consumado (dadas las dificultades existentes para la reforestación). Es imperiosa la suspensión total de desmontes ‘legales’ por recategorizaciones, como los ilegales de hecho o por ‘accidentes’ (incendios, etc.). Hay que parar los desmontes antes que sus consecuencias se transformen -en gran medida ya lo son- en trágicas.

Hemos planteado también un papel extraordinario a la constitución de Asambleas Populares Ambientales. Sólo éstas pueden superar la corrupción de gobiernos provinciales que alientan los desmontes y pueden ejercer un control efectivo del cumplimiento de esta resolución.

La armonía entre la naturaleza y las necesidades productivas de la sociedad solo podrá darse sobre la base de otro régimen social que no establezca como patrón productivo el lucro de los capitalistas, sino el de satisfacer las necesidades de la población. Un gobierno de trabajadores hará realidad una planificación económica integral. Mientras tanto, como transición, proponemos esta Ley para contener la barbarie productiva capitalista contra la floresta y los bosques nativos.

Por estos motivos, llamamos a las diputadas y a los diputados acompañen el presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

IMPLEMENTACION DE LACTARIOS EN EL AMBITO LABORAL Y ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

07/05/2025

EXPTE N°1971-D-2025

ARTÍCULO 1°— Objetivo. Implementar la disponibilidad, en el espacio público y privado, de las condiciones necesarias para promover la lactancia materna, respetando el derecho de las mujeres a amamantar en condiciones de higiene y seguridad.

ARTÍCULO 2°— Disponer el establecimiento de lactarios en los siguientes espacios;

  1. a) Espacios públicos; establecimientos educativos; dependencias del Estado, parques nacionales, provinciales, municipales; plazas, estaciones de trenes y subtes.
  2. b) Espacio privado; establecimientos laborales, educativos y de esparcimiento.

ARTÍCULO 3°— Llevar adelante un control sobre la higiene de los lactarios dispuestos. Los mismos deben encontrarse en un espacio cuidado que permita a las madres trabajadoras extraer su leche materna en condiciones de higiene, seguridad y comodidad y su almacenamiento.

ARTÍCULO 4°— Es autoridad de aplicación de la presente ley, la que determine el Poder Ejecutivo Nacional, quien debe coordinar su aplicación en los distintos espacios.

ARTÍCULO 5°— Modifíquese el artículo 179 de la ley 20.744 que quedara redactado de la siguiente manera:

«Art. 179. -Descansos diarios por lactancia.

Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a dos (2) años posteriores a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas y/o de creencias religiosas sea necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado. El empleador deberá habilitar salas maternales y escuelas escolares para niños/as hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan.

ARTÍCULO 6°— De forma.-

Fundamentos

Sr. Presidente:

Presentamos nuevamente este proyecto de ley, por cuarta vez consecutiva, y reiteramos la necesidad de su tratamiento y aprobación urgente. Es fundamental atender una demanda esencial de las mujeres trabajadoras, especialmente en un contexto donde los derechos que este colectivo ha conquistado con tanto esfuerzo están siendo constantemente amenazados por el gobierno de Javier Milei.

Reproducimos a continuación los fundamentos de su presentación bajo el N° de Expte. 2537-D-2018:

 

Hace dos años se conoció la denuncia de Constanza Santos, quien publicó en su muro de Facebook que dos mujeres policía de San Isidro la desalojaron violentamente de la plaza pública donde estaba amamantando a su bebé. La policía local blandió falsamente la existencia de una ley que prohibiría amamantar en público, un abuso policial que fue legitimado en varias instancias estatales posteriores a las que se dirigió la denunciante -dos comisarías, la fiscalía y el juzgado de la zona.

 Al caso de Constanza se suman numerosos casos de mujeres que, sin recursos para convertir la persecución estatal en denuncia y en lucha por un derecho, fueron removidas de distintas calles de nuestro país.  

 Los criterios oscurantistas que priman sobre la exposición del cuerpo de la mujer -como ocurre en los casos de censura a madres que amamantan- han conducido a todo tipo de atropellos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta situación dio lugar a importantes movilizaciones en nuestro país bajo el lema de “tetazo” –tal es el caso de la concentración en Obelisco que tuvo lugar en febrero de 2017 luego de que 20 policías impidieran a tres mujeres tomar sol en topless en un balneario de la localidad bonaerense de Necochea.

 La censura contra el amamantamiento en público tiene una larga data y no sólo criolla. A principios de año en Inglaterra se desató una fuerte polémica luego de que un restaurante obligara a una mamá a taparle la cara a su bebé con una servilleta mientras amamantaba, lo que empujó al premier Cameron a pronunciar un discurso a favor de la lactancia. Algo similar sucedió en los EE. UU también a inicios de año. El antecedente más resonante es el que se produjo hace unos años en Guadalajara, México cuando un corrimiento similar de una mujer amamantando en un Centro comercial, desató una manifestación masiva de mujeres dando de amamantar en Plazas de todo el país.

 La idea de que el amamantamiento deber ser un acto privado corresponde a una realidad social en la cual la crianza y el cuidado de los niños son tareas privativas de la familia nuclear y particularmente de la mujer, cuyas labores se realizan de espaldas a la sociedad, con sacrificio y entrega.

 

La sanción de la exhibición de las tetas como una parte impúdica del cuerpo de la mujer, es favorable a la mercantilización del cuerpo femenino por cuya exhibición se beneficia la industria de la pornografía y otras industrias. Todo lo que implique la comercialización del cuerpo femenino es intocable para el Estado y sus representantes: la misma comisaría llena sus arcas con las coimas de los prostíbulos de la zona que esclavizan tetas por importantes sumas de dinero. Ni se les pasaría por la cabeza interrumpir este proceso de comercialización de los cuerpos femeninos.

 La condena al amamantamiento en público no proviene de personas aisladas timoratas o educadas en el atraso, ellas sólo expresan las consecuencias. La degradación de esta actividad exclusiva de la mujer, proviene de lineamientos impartidos desde el Estado.

 Argentina formalmente responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud relativas a la importancia de la lactancia para la salud del bebé entre los 6 meses y 2 años de vida, las condiciones materiales para el amamantamiento y el cuidado de la primera infancia distan mucho de ser las adecuadas.

 Con un 40% de trabajo en negro, con una gran parte de la población femenina sumergida en la pobreza, la lactancia se convierte en una invisible tabla de salvación para los niños y la madre, condenada socialmente. Una mujer lactante inserta en el mercado laboral en negro, no tiene ni chaces de reclamar por este derecho. Gracias si logra mantener el trabajo habiendo quedado embarazada. El pretendido fanatismo por las mujeres y sus frutos, no son más que otro discurso hipócrita que se desvanece frente a la realidad que se les impone a la mayoría.

 La Ley de Contrato de Trabajo establece dos descansos de media hora para que la trabajadora amamante en su domicilio o en lugares privados destinados a tales fines, pero existe un vacío legal sobre la obligación del Estado y las patronales de disponer espacios acordes para la lactancia, ya sean salas maternales o guarderías (http://www.iprofesional.com/notas/131141-Cmo-funciona-el-rgimen-de-los-descansos-diarios-por-lactancia). Dado que la mayoría de los establecimientos públicos y privados no disponen de lactarios o espacios acordes, las mujeres trabajadoras suelen juntar ambos recesos en uno de una hora para “escaparse” a algún lugar donde dar la teta, o recurren a las leches fortificadas, una rama importante para el negocio de las empresas lácteas. Dar la teta, no es negocio, incrementa el costo laboral y en definitiva, pertenece a las tareas femeninas que debieran ser realizadas en cualquier circunstancia sin pedir nada al respecto.

De manera pública o privada, relajadas o en pleno proceso de socialización, divirtiéndose o atravesando un trauma, la modalidad de dar la teta debe poder ser elegida, en la medida de sus posibilidades, por la mujer. La decisión de no dar la teta también debe convertirse en una elección respetada. Como sea, la decisión de la mujer debe dejar de ser degradada en el altar de principios sociales creados interesadamente para preservar un orden social violento y estigmatizante.

Por las razones expuestas, llamamos a los/as sres/as diputados/as a acompañar el presente proyecto.

 Vanina Biasi

 

 

 

 

 

 

 

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