[Legislatura PBA] Se presentó un pedido de informe larepresión por parte de la Policía Bonaerense a una manifestación de docentes y estudiantes de Lomas de Zamora

23/06/2022

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados a los reclamos de la comunidad educativa del ISFD 103 de Lomas de Zamora, y la posterior represión por parte de la Policía Bonaerense a una manifestación de docentes y estudiantes de dicha institución, en particular:

 

  1. Exprese el motivo por el cual se decide reprimir con balas de goma la manifestación de la comunidad educativa el 22 de junio;
  2. Consigne los motivos por los cuales se procedió a la detención de jóvenes estudiantes y un docente en dicha represión;
  3. Detalle qué oficial y/o funcionario dio/dieron la orden para ejecutar dicha represión. Indique si existe alguna indagación del Ministerio de Seguridad al respecto de esto.
  4. Informe las actuaciones del ejecutivo provincial en relación a las múltiples denuncias de la comunidad educativa acerca de la existencia de una “zona liberada” en los alrededores de las instalaciones del ISFD N°103;
  5. Detalle si existen gestiones abiertas con el Municipio de Lomas de Zamora para dar cuenta de esta problemática;
  6. Indique si existe una investigación abierta para dar con la patota de hombres armados que, con fines delictivos, ingresó a la institución el 21 de junio, y que, según denuncian los estudiantes, gatillaron fallidamente un arma a una integrante del Centro de Estudiantes;
  7. Informe todo otro dato de interés en relación con los problemas antes mencionados.

FUNDAMENTOS

El martes 21 de junio en el Instituto Superior de Formación Docente N° 103, de la localidad de Lomas de Zamora, sucedió un hecho muy grave. Una patota de entre 7 y 8 personas ingresó a la institución con fines delictivos. En el hecho, estas personas apuntaron con un arma y gatillaron fallidamente a una integrante del centro de estudiantes, poniendo en riesgo su vida y la del conjunto de la comunidad educativa del Instituto.

            Según denuncian estudiantes y docentes, estamos frente a un problema sistemático. Reiteradas veces se realizaron denuncias sobre la inseguridad y las “zonas liberadas” en los alrededores de las instalaciones. El ingreso de esta patota armada, entonces, significa un agravamiento de una situación pre-existente.

            El día 22 de junio, la comunidad educativa se convocó en el Puente La Noria, en el marco de un paro de actividades en la institución, para denunciar la gravedad de los hechos relatados y reclamar una solución inmediata a este problema.

            Sin embargo, la respuesta al reclamo fue una completamente injustificada represión con balas de goma, que además tuvo como resultado varias detenciones. Dicho accionar de la Policía Bonaerense no hace más que levantar sospechas sobre la connivencia de esa institución, dependiente del Ejecutivo provincial, y las bandas delictivas. En lugar de ofrecer algún tipo de solución al reclamo, se encargan de reprimir a las víctimas que denuncian una gravísima situación.

            Es necesario, entonces, repudiar enérgicamente la represión policial, avanzar con una investigación para dar con todos los responsables de la situación de inseguridad que atraviesa el Instituto, y establecer de inmediato un corredor seguro para docentes y estudiantes.

            El presente proyecto de solicitud de informes apunta en ese sentido, y por ello invitamos a las señoras y señores diputados a votarlo afirmativamente.

[Legislatura PBA] Proyecto de declaración de repudio por el otorgamiento de prisión domiciliaria a los genocidas Luis Ángel Firpo, Mario Ocampo y Miguel Etchecolatz, por parte de Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal

14/06/2022

La Plata, 10 de junio de 2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

DECLARA

Su repudio por el otorgamiento de prisión domiciliaria a los genocidas Luis Ángel Firpo, Mario Ocampo y Miguel Etchecolatz, por parte de Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

 

FUNDAMENTOS

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, les concedieron el privilegio de la prisión domiciliaria a tres represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, Luis Ángel Firpo, Mario Ocampo y el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, que tiene varias sentencias a prisión perpetua.

Dos de los fallos benefician a represores condenados por el caso conocido como Contraofensiva Montonera, en el que se juzgaron los secuestros, tormentos y homicidios cometidos contra militantes de esa organización política que volvieron del exilio entre 1979 y 1980 para enfrentarse con las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En el caso de Etchecolatz, la decisión fue adoptada en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones.

Firpo y Ocampo ya obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario. El primero lo incumplió para hacer las compras y el segundo estuvo prófugo. Por ahora, el beneficio del arresto domiciliario se hará efectivo para ellos y para Etchecolatz todavía no, por no tenerlo otorgado en otras causas.

Para concederle el arresto domiciliario al multicondenado represor, que recientemente obtuvo perpetua en el juicio Garachico Arana Residual, los jueces consideraron que tiene 93 años y que, como planteó su defensa, su salud sufrió un deterioro por la supuesta falta de recursos del Servicio Penitenciario Federal para poder asistirlo debidamente. Pero el hecho de que se encuentre actualmente en el Sanatorio en Merlo es prueba de que se puede garantizar su derecho de acceso a la salud. La edad no puede ser una excusa para conceder un beneficio que, en el caso de estos crímenes contra la humanidad, redundaría en un privilegio. Las personas privadas de su libertad por delitos comunes carecen de estos beneficios, lo que también da cuenta del carácter de clase de la justicia, que además avala los problemas de salud que muchas veces son inventados por los genocidas y sus defensores.

Familiares de víctimas del represor multicondenado Miguel Etchecolatz repudiaron el fallo de la Cámara de Casación que le otorgó la prisión domiciliaria al genocida y afirmaron que con esa resolución los jueces “volvieron a desaparecer a sus familiares”.

Desde Justicia Ya (una de las querellas contra los genocidas en estos juicios) también repudiaron enérgicamente la resolución de les jueces y sostienen que el único lugar para los genocidas es la cárcel común, perpetua y efectiva. También afirmaron que los problemas de salud realmente existentes pueden tratarse en el marco de la cárcel común como está sucediendo actualmente en el caso de Etchecolatz.

Los crímenes de lesa humanidad siguen siendo perpetrados por el pacto de silencio que hicieron los genocidas. No sabemos cuál fue el destino de la mayoría de nuestras compañeras y nuestros compañeros desaparecidos, ni de les hijes apropiades que aún no conocen su identidad, como Clara Anahí que fue secuestrada en el operativo de la casa Mariani Terrugi comandado por Etchecolatz. Además, sabemos que es el máximo responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien tan valientemente lo denunció.

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores, acompañen con su voto la presente iniciativa.

Proyecto de declaración de apoyo a la lucha de las obreras de la Fábrica marplatense Textilana SA

26/04/2022

Proyecto de declaración presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) para apoyar a la lucha de las obreras de la Fábrica marplatense Textilana SA. Número de expediente:  D-1836/22-23

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

 LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su apoyo a la lucha de las obreras de la Fábrica marplatense Textilana SA, conocida comercialmente como Mauro Sergio, su rechazo a la persecución sindical que se vive al interior de la misma y resuelve la re incorporación de las más de 50 obreras despedidas en lo que va del año.

El cese del maltrato y  acoso patronal permanente a las operarias de la planta y el respeto de las licencias sin represalias.-

FUNDAMENTOS

El día 18 de abril se dio a conocer nuevamente otro despido por parte de la empresa Textilana SA más conocida como Mauro Sergio, con un procedimiento totalmente armado, dónde la trabajadora despedida llega hasta el lugar de trabajo y recién en la garita de seguridad le avisan de su despido. 

Luego, en la carta documento que se le envía (con posterioridad a los hechos) a la compañera, se le inventan todo tipo de acusaciones falsas por “comportamientos agresivos y violentos” dónde el único testimonio que tienen para probar esto es  un gerente de producción y el propio dueño de la fábrica.

Se trata de una arbitrariedad total y una impostura enorme ya que la empresa tiene cientos de casos de denuncia por acoso y abuso laboral por las cuales hay sobrados expedientes y testimonios denunciando estas situaciones en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sin que esta patronal sea siquiera multada.

Mauro Sergio viene despidiendo en lo que va del año a casi 50 trabajadoras. El último caso se trata de una compañera de más de 15 años de antigüedad, dónde se le inventa una causa para no pagarle nada a la hora de despedirla.

El no accionar del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires lo transforma en un cómplice fundamental de la familia Todisco ya que desde la Comisión Interna de Textilana se vienen denunciando todos los descuentos indebidos y  despidos arbitrarios a obreras que tenían licencia psiquiátrica producto de los maltratos, acosos laborales y exigencias de productividad sobrehumanas. Sin embargo el Ministerio no interviene y deja pasar esta situación colaborando con el incremento de la superexplotación en la planta y los despidos en la ciudad de Mar del Plata.

Esta situación no es aislada sino que se trata de situaciones que ocurren en todos los talleres y empresas textiles de la provincia.

La comisión Interna de trabajadores está denunciado que la situación en la fábrica es muy grave pues aparte de los despidos, los salarios son bajísimos y van acompañados de un ritmo de producción que lleva a la superexplotación de sus obreras. Estos ritmos de trabajo influyen negativamente en la salud de las trabajadoras que luego de ritmos extenuantes, no pueden ni siquiera hacer uso de las licencias médicas que tienen por derecho por temor a represalias, descuentos y hasta despidos, como vemos en varios casos. 

 De este modo, la fábrica sufre una reducción terrible de personal y, sin embargo, se trabaja mucho más que antes y no se respetan ni los derechos más elementales.

Por otro lado el armado de causas truchas, los acosos laborales y el mal trato hacia las y los trabajadores no cesan y se atropellan los derechos a diario. Por estas razones es que solicitamos a los señores Diputados que voten favorablemente el presente proyecto de Declaración. 

 

Proyecto de declaración para instar al gobierno nacional a recibir a las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera

05/04/2022

Proyecto presentado por declaración presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) para instar al gobierno nacional a recibir a las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, y atender los reclamos contra el hambre y la miseria, por trabajo genuino, seguro al desempleo, aumento de los montos de la asistencia social, y por más y mejores alimentos para los comedores. Número de expediente: D-1532/22-23

 

Provincia de Buenos Aires

Honorable Cámara de Diputados

 

La Plata, 4 de abril de 2022.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

RESUELVE

 

Instar al gobierno nacional a recibir a las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, y atender los reclamos contra el hambre y la miseria, por trabajo genuino, seguro al desempleo, aumento de los montos de la asistencia social, y por más y mejores alimentos para los comedores.

 

Fundamentos

Entre el miércoles 30 de marzo y el 1 de abril tuvo lugar una masiva acción de lucha convocada por la Unidad Piquetera en todo el país. Con una movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social y un posterior acampe, el reclamo trascendió en los medios de comunicación masivo y estuvo en la primera plana de los debates nacionales. Además de la acción en la Capital Federal, la lucha tuvo sus réplicas en 15 provincias y más de 120 ciudades de todo el país.

La movilización de las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera tiene un listado de reclamos, que se nuclean en la lucha contra el hambre y la miseria creciente en nuestro país. Recordemos que, según el INDEC, la pobreza supera el 37% de la población argentina, en una situación que tiende a agravarse con la inflación en curso, que podría superar holgadamente los 50 puntos durante este año.

Es necesario considerar justos los reclamos piqueteros. En la situación actual, es completamente inviable que una familia pueda vivir dependiendo de un plan Potenciar Trabajo, de poco más de $16.000, cuando la canasta alimentaria supera los $42.000 según Focus Market. Al mismo tiempo, el recorte a la asistencia alimentaria es insoportable, con una Tarjeta Alimentar que no alcanza para las familias, y con la discontinuidad de la entrega de alimentos y el bajo contenido nutricional de los que se brinda a los comedores, como denuncian incluso organizaciones ligadas al oficialismo.

Se calcula que estas manifestaciones reunieron alrededor de 100 mil personas en todo el país, con más de 50 mil solo en la CABA, frente al Ministerio que preside Zabaleta. A pesar de la masividad, el gobierno nacional se mostró intransigente, negándose a reunirse con las organizaciones piqueteras que impulsan los reclamos. No solo eso, sino que luego de un fallido intento de reunión el lunes 28, el ministerio difundió falsamente que habrían ofrecido solucionar 2 o 3 puntos de los reclamos de la Unidad Piquetera, cosa que fue desmentida por las organizaciones.

Esta intransigencia frente a decenas de miles de personas que reclaman por trabajo genuino, por un seguro al desempleo, por el aumento de los montos de la asistencia social, y por más y mejores alimentos para los comedores, encuentra su explicación en la política económica del gobierno. El acuerdo arribado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue votado afirmativamente por el Frente de Todos y Juntos en el Congreso Nacional, implica un ajuste del gasto que tiene a la asistencia social como uno de sus blancos, además del intento de avanzar con reformas laborales y jubilatorias contra los trabajadores.

Siguiendo por el camino dictado por el FMI, estos graves problemas que atraviesan a la población argentina no tendrán solución, sino que se agravarán. Por eso es necesario romper con el FMI, desconocer la deuda ilegítima y fraudulenta, y destinar los recursos del país a un desarrollo nacional que permita generar empleo genuino y garantizar las condiciones de vida del conjunto de la población.

Haciendo estos señalamientos generales, consideramos necesario instar al gobierno nacional a recibir a los manifestantes, que ya anunciaron nuevas medidas de lucha, y atender sus justos reclamos.

Por todo lo expuesto, invitamos a las y los señores/as diputados/as a votar afirmativamente el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración en defensa del Instituto Biológico Tomás Perón

05/04/2022

Proyecto de declaración presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) en defensa del Instituto Biológico Tomás Perón. Número de expediente: D-1530/22-23

 

 

Provincia de Buenos Aires

Honorable Cámara de Diputados

 

La Plata, 4 de marzo de 2022.-

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

RESUELVE

 

Declarar la defensa del Instituto Biológico Tomas Perón por su enorme importancia para la salud pública y su preocupación por el vaciamiento en curso y el ahogo presupuestario que impide y dificulta la realización del trabajo.

 

Fundamentos

El Instituto Biológico “Tomás Perón” viene atravesando una situación de vaciamiento y de ahogo presupuestario que está limitando su funcionamiento y en algunos casos lo ha llevado a la parálisis en la producción.

El IB es una institución de una enorme importancia para la salud y por lo tanto para la sociedad en su conjunto ya que allí se elaboran productos que son usados, por ejemplo, en Hospitales.

Los trabajadores auto convocados del INSTITUTO BIOLÓGICO “DR. TOMÁS PERÓN” vienen manifestando su preocupación ante esta situación y alertan sobre la posibilidad de que algunas tareas y producción, ya sea por falta de insumos u otras causas a corto plazo, corran con la posibilidad de desaparecer.

Se ha discontinuado la producción de distintos productos de elaboración histórica en el Instituto Biológico como Vacunas: la Antirrábica de uso veterinario, la Antirrábica de uso humano, BCG, Doble Adulto (Tétano – Difteria), Inmuno BCG líquida e Inmuno BCG liofilizada (tratamiento del cáncer de vejiga); y Sueros: Antiloxosceles (anti araña de los rincones), Antibothrópico (anti yarará), Antibotulínico AB y Antidiftérico.

A su vez el IB es el único Laboratorio Estatal del país público-privado, productor de sueros y vacunas entre las que destacamos la producción de Suero Antibotulínico “AB” y Suero antidiftérico.

Otra denuncia de los trabajadores es que el Alcohol en gel que se fabricaba en el IB, fundamental en época de pandemia COVID-19 dejo de realizarse para porque la elaboración del mismo fue tercerizada al laboratorio privado Algabo, desestimando la PRODUCCIÓN PÚBLICA.

El Laboratorio que posee la capacidad operativa para elaborar una amplia gama de medicamentos para la atención primaria de la Salud, sólo está produciendo Metformina para el Programa de Diabetes del Ministerio de Salud.

Diabetes:

  • Metformina 500 mg comprimidos
  • Glibenclamida 5 mg comprimidos

Hipertensión y patologías cardiovasculares:

  • Atenolol 50 mg comprimidos
  • Enalapril 10 mg comprimidos
  • Furosemida 40mg comprimidos
  • Hidroclotiazida 25 mg comprimidos

Antimicrobianos:

  • Mebendazol 100 mg comprimidos (parasitosis)
  • Albendazol 400 mg comprimidos masticables (parasitosis)
  • Fluconazol 150 mg comprimidos
  • Fluconazol 100 mg comprimidos (micosis)
  • Pirazinamida 250 mg comprimidos (tuberculosis)
  • Tratatamientos del dolor y patologías del SNC.
  • Haloperidol 10 mg comprimidos (psicosis)
  • Ibuprofeno 400 mg comprimidos (AAINE)
  • Paracetamol 500 mg comprimidos (AAINE)
  • Tramadol 50 mg comprimidos
  • Pregabalina 75 mg comprimidos

Antibióticos beta-lactámicos pediátricos:

  • Amoxicilina 250mg/5ml
  • Amoxicilina 500mg/5ml
  • Cefalexina 250mg/5ml

Tampoco se están realizando, desde septiembre de 2021, las determinaciones de arsénico, sodio, potasio y contaminantes agroquímicos en aguas de consumo en Escuelas, Hospitales, Municipios y particulares, por encontrarse los equipos fuera de servicio (a pesar de los reiterados pedidos de reparación) Esto impide la realización de trabajos a terceros e influyen en los Análisis fisicoquímicos, determinaciones especiales y productos de uso doméstico, cosméticos e industriales.

Muchas otras funciones que se encuentran cercanas a desaparecer son:

– Diagnóstico de leptospirosis (muestras humanas y animales),

-Estudios Micológicos.

– Centro Provincial de Referencia de VIH/SIDA y Hepatitis virales

-Diagnóstico de COVID-19 (incorporado desde mayo 2020).

– Programa de Control de Calidad Interlaboratorial para todos los laboratorios públicos de la Provincia de Buenos Aires (incluido desde 2021 el control de calidad de Test rápido para VIH).

– Diagnóstico para enfermedades de trasmisión sexual.

– Diagnóstico de Hantavirus y Rabia para el territorio bonaerense (siendo hoy el único Laboratorio de la Provincia que los realiza). 

-Análisis de alimentos SIN TACC, control y registro de envases en contacto con alimentos, productos domisanitarios y cosméticos.

– Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos para análisis de potabilidad de agua de consumo y diálisis.

-Registro Nacional de Establecimientos Elaboradores y su respectiva fiscalización.

Estas falencias se ven agravadas por la vacante de La Dirección de Laboratorio y Control, desde el 01/03/2022 dado que la directora se jubiló, sin embargo los trabajadores se encuentran con un alto grado de compromiso con sus tareas, misiones y funciones del Instituto que debiera ser aprovechado en beneficio de la salud pública en general.

Es por todas estas razones que llamamos a las y los señores diputados a votar afirmativamente este proyecto de resolución.

 

Guillermo Kane presentó un proyecto de Creación de Centros Integrales de la Mujer y Diversidades en la Provincia de Buenos Aires

23/03/2022

El Diputado Provincial del Frente de Izquierda-Unidad Guillermo Kane presentó un proyecto de Creación de Centros Integrales de la Mujer y Diversidades en la Provincia de Buenos Aires.

Número de expediente: D- 721 / 22-23

 

PROYECTO DE LEY

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

 

L E Y

 

Creación de Centros Integrales de la Mujer y Diversidades

 

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

ARTÍCULO 1: Se dispone la creación de Centros Integrales de la Mujer y Diversidades (a partir de ahora CIMyD) a razón de 1 cada 100.000 habitantes, y garantizando al menos uno por localidad. Los mismos brindarán atención íntegramente gratuita.

  1. Créanse CIMyD para cada localidad de la Provincia de Buenos Aires. La instalación de los mismos comenzará por uno por localidad hasta completar el objetivo de la presente Ley:
  2. Los CIMyD brindarán atención y realizarán el seguimiento, y la recuperación de la víctima de violencia de género, ofreciendo un espacio de seguridad y un tratamiento integral sobre los orígenes de la violencia sufrida y dispondrán de herramientas sociales y económicas que apunten a la independencia económica y la reparación de los daños que la violencia les hubiere generado.
  3. Los CIMyD brindarán atención íntegramente gratuita. Las líneas telefónicas y la atención de manera presencial deberán funcionar las 24 horas los 365 días del año. Dispondrán un espacio de vivienda transitoria para las víctimas y sus hijos.

ARTÍCULO  2: Para cumplir con las disposiciones del Artículo 1° de la presente ley, se ordena:

  1. a) La expropiación sin indemnización de las propiedades de la Iglesia Católica que no están destinadas a la profesión del culto (emprendimientos inmobiliarios, etc.), con el objetivo de transformarlas en casas de tránsito para víctimas de violencia de género y sus hijos, sin injerencia del clero ni de culto alguno.
  2. b) La expropiación de todo inmueble ocioso y vacío, sin indemnización, destinado a constituirse como casas refugios para víctimas de violencia de género y sus hijos –con excepción de los pequeños propietarios de hasta dos viviendas, que no superen los 100 (cien) metros cuadrados cada una.

ARTÍCULO 3:  Crease para cada CIMyD equipos interdisciplinarios integrados por al menos tres profesionales, entre los que pueden contemplarse abogados, trabajadores sociales, psicólogos, médicos. Podrán incorporarse a estos equipos los profesionales y el personal que se estime necesario para una correcta atención. El personal de los CIMyD será designado por concurso público de antecedentes y oposición para los cargos de coordinación

ARTÍCULO  4: Se destina una partida presupuestaria extraordinaria para el nombramiento en cada CIMyD de profesionales que serán designados como planta permanente gozando de salarios acordes a los convenios colectivos de trabajo. En el futuro, el funcionamiento de los CIMyD deberá contemplarse como parte del ejercicio presupuestario de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5: Los CIMyD establecerán mesas de trabajo con las áreas programáticas de los hospitales públicos y los establecimientos escolares dependientes de los Ministerios de Salud y Educación respectivamente a fin de garantizar la protección integral del grupo familiar afectado.

ARTÍCULO 6: Se creará una Comisión de control y seguimiento compuesta por quien dirija la gestión de cada CIMyD, un representante electo de los trabajadores de cada Centro y representantes de organizaciones de mujeres y diversidades, de la comunidad de derechos humanos, barriales y sindicales del territorio correspondiente. La misma funcionará con una regularidad de dos veces por mes y tendrá amplias funciones de control y potestades para solicitar la revocatoria del mandato del directorio.

ARTÍCULO 7: Será considerada víctima de violencia de género y pasible de ser atendida en un CIMyD la mujer que realice la denuncia de manera verbal o escrita, en forma personal o por terceros, con o sin asistencia de letrados, ante las líneas telefónicas dispuestas para ello, comisaría o cualquier dependencia estatal a la que la misma recurra.

ARTÍCULO 8:  Se abre un registro público nacional y en cada provincia de las zonas desde donde se registran llamadas de denuncia con la finalidad de conformar una red de apertura de casas refugios y de contención de organizaciones populares.

ARTÍCULO 9:  Se dispone la apertura de los archivos de las comisarías, bajo control de organizaciones sociales y de mujeres, a fin de tener un registro de las denuncias recepcionadas por violencia de género.

ARTÍCULO 10: Se crean flotas con personal especializado destinado a la búsqueda domiciliaria de las víctimas de violencia de género y sus hijos.

ARTÍCULO 11: Regístrese, publíquese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, cumplido archívese.

ARTÍCULO 12: De forma.-

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Durante el 2021 la provincia de Buenos Aires fue la provincia con la tasa más alta de feminicidios, noventa y seis de los doscientos cincuenta y seis ocurridos en el país. Según el observatorio Lucia Pérez, en lo que va del 2022, ocurrieron 45 femicidios y transfemicidios en el país, es decir 1 cada 29 horas.

Así mismo, según el registro del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, entre el 20 de marzo y el 19 de julio, las operadoras atendieron 5.903 consultas por violencia de género. El número representa una suba promedio del 35% en los pedidos de ayuda respecto de antes de la cuarentena. El 50% de los pedidos de ayuda se concentra en nueve municipios: La Plata, Mar del Plata (General Pueyrredón), La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Moreno y Quilmes. Estas cifras se traducen en ejemplos concretos como el de Noelia Vanina Sánchez, que fue asesinada por su expareja luego de hacer varias denuncias en la Comisaría de la Mujer de Merlo en enero de 2021, también el caso de Sandra Carricaberri, una vecina del barrio El Pericón que fue asesinada por su pareja en el mes de junio.

En 8 de cada 10 casos, las víctimas denuncian que el agresor es su actual o ex pareja. Y el 96% de quienes ejercen la violencia son varones que, al igual que sus víctimas, tienen entre 25 y 44 años.

Según un informe realizado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en el 2020 ocurrieron 152 ataques contra las diversidades sexuales, que se distinguen en ataques al derecho a la vida (57%) y ataques a la integridad física (43%). Desgranando las identidades que particularmente sufren la violencia observamos que encabezan la lista las mujeres trans (84%), seguidas por las identidades gay (12%), lesbianas (3%), y varones trans (1%). Respecto a la autoría de los crímenes registrados se distingue entre los perpetrados por particulares (45%) donde la cifra entre agresores conocidos y desconocidos para las víctimas es similar (ambas rondan el 22%) y los ataques perpetrados por acción de funcionarios y organismos del Estado (44%) y por las fuerzas de seguridad del Estado (11%). Para la población trans la expectativa de vida es de 35 años. Además existen las omisiones del Estado a los derechos que debe garantizar. Recientemente se aprobó la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans, arrancada por el movimiento LGBTI que históricamente denuncia la exclusión laboral (1 de cada 10 personas TTNB tiene empleo en relación de dependencia y el 70% se dedica a la prostitución como única posibilidad de ingreso), pero la misma no se cumple en la inmensa mayoría de los casos y no se asigna presupuesto para su efectiva implementación.

El decreto provincial 997//2020 establece la creación de los Hogares de Protección Integral (HPI) como dispositivos pensados para dar respuesta a mujeres y LGTBI+ que estén atravesando situaciones de violencias por razones de género, que requieran protección y seguridad al iniciar el camino de salida de las violencias y que no cuenten con otro espacio de resguardo dentro de sus redes y vínculos más cercanos. 

Las mujeres y diversidades son víctimas de violencia de género, que a su vez sufren la precariedad laboral, los trabajos informales, la falta de empleo, componiendo el 70 % de la población más pobre. Siendo en muchos casos jefas de familia. Las víctimas en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos materiales para salir de relaciones violentas.

Denunciamos que el Estado no destina recursos que permitan una real asistencia a las víctimas, mientras refuerza las causas que alimentan la violencia contra las mujeres y diversidades: la precarización laboral y la miseria, el amparo a un poder judicial que revictimiza y protege a quienes ejercen violencia, el bloqueo a la ESI, la injerencia oscurantista de las iglesias que predican la humillación, el sometimiento y la defensa de un modelo familiar basado en jerarquías autoritarias y opresivas donde proliferan todo tipo de abusos.

Por todo lo mencionado anteriormente, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de Ley.

 

Proyecto de Solicitud de Informes frente a los despidos y la persecución sindical en el municipio de Berazategui

11/02/2022

La Plata, 4 de febrero de 2022.-

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Dirigirse a la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, a fin de solicitar informe por escrito a la brevedad de las siguientes cuestiones referidas a los despidos efectuados por el municipio de Berazategui el 31 de diciembre del 2021.

  • Los trabajadores despedidos de la municipalidad de Berazategui solicitaron, con fecha 12 de enero de 2022, una entrevista con la ministra mediante una carta fundamentada con sus reclamos, ¿Cuál fue la respuesta del ministerio frente al pedido? ¿Por qué no se dictó la conciliación obligatoria ni se actuó en función de la reincorporación de los miembros del sindicato despedidos, tal como solicitaba la nota presentada?
  • ¿Cuál fue la actuación de la ministra y sus funcionarios en este caso para bregar por la defensa de los puestos de trabajo?
  • Los trabajadores denuncian un fraude laboral que consiste en la modalidad de “contratación temporaria” de los empleados por tiempos que llegan a superar los diez años, ¿Qué piensa hacer el ministerio de Trabajo frente a esta manifiesta vulneración del art. 70 de la ley 14.656 – “Régimen marco de Empleo Municipal”?
  • ¿Qué constatación ha hecho el ministerio sobre denuncias por precarización laboral y vulneración de derechos laborales en el municipio de Berazategui por parte de los trabajadores?
  • ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Trabajo para garantizar el derecho a organización de los trabajadores municipales de Berazategui en vistas que siguen despedidos a día de hoy 8 miembros de la Comisión Directiva de la UPMB (Unión de Personal Municipal de Berazategui), sindicato con inscripción gremial publicada en Boletín Oficial el jueves 29 de noviembre de 2018? ¿Se va a permitir que el municipio avance en el desmantelamiento de un sindicato con inscripción gremial y Comisión Directiva constituida?

 

FUNDAMENTOS

El día 30 de diciembre de 2021 en Berazategui, la municipalidad dispuso el despido de más de 160 trabajadores contratados en distintas áreas. Gran parte de estos despidos fueron efectivizados bajo la modalidad de “finalización” de contratos.

Los trabajadores, y en particular el sindicato UPMB, denuncian que este formato de contratación es un verdadero fraude laboral, que afecta a más de 1500 municipales. Los contratos se extienden durante años, superando en muchos casos una década de trabajo bajo este formato. La única finalidad que persiguen estas contrataciones, entonces, es la de precarizar las condiciones de trabajo, con sueldos reducidos y menos derechos para los contratados respecto de los trabajadores de planta permanente del municipio.

Luego de importantes movilizaciones y acciones de lucha de los trabajadores, gran parte de los despedidos fueron recontratados. Sin embargo, al día de hoy 8 trabajadores siguen sin ser reincorporados. Todos ellos son miembros de la Comisión Directiva del sindicato UPMB (Unión del Personal Municipal de Berazategui), incluyendo al Secretario General y al Secretario Adjunto, lo cual habla de una persecución sindical realmente escandalosa de parte de la intendencia de Juan José Mussi.

Desde la notificación de los despidos, el 31 de diciembre, los trabajadores comenzaron un plan de lucha con paros, cortes de calle y otras acciones. Justamente desde el comienzo del conflicto, el sindicato denuncia una serie de intimidaciones de los secretarios y directores del gobierno municipal para que se levanten las medidas, sin resolver el reclamo de la reincorporación.

Como parte de esa política de amedrentamiento, la UPMB denunció oportunamente que el ejecutivo provincial y el municipio dispusieron un enorme operativo de la policía bonaerense en el interior del predio de Higiene Urbana, con la finalidad de quebrar, aunque fuera parcialmente, las medidas de fuerza de los trabajadores y garantizar la salida de algunos camiones.

En ese sentido, queremos expresar nuestra preocupación por el accionar del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mientras la policía intervino en favor del municipio, el ministerio de Trabajo no ha dado respuesta a los trabajadores, aún cuando los mismos se movilizaron a la sede ministerial y entregaron un escrito fundamentado solicitando una audiencia y puntualizando en sus reclamos. Este pedido de informes, entonces, tiene como objetivo llamar la atención sobre la inacción del ministerio frente a hechos graves de despidos injustificados y persecución sindical.

Desde ya, los reclamos de los trabajadores no son reducidos a la reincorporación, que sin dudas es la exigencia más urgente. El sindicato UPMB presenta un pliego de reclamos que incluye la equiparación salarial por igual tarea (en la actualidad algunos ganan alrededor de $45 mil y otros contratados en los últimos años unos $33 mil), recomposición salarial que saque estos ingresos de niveles de pobreza, y el pase a planta de todos los trabajadores.

Por último, queremos señalar que esta lucha se enmarca en un cuadro de ajuste, ataques a las condiciones de trabajo y reforma laboral lugar por lugar que exige el FMI y que los distintos gobiernos y empresas quieren imponer. Frente a ello, un triunfo en los reclamos de los trabajadores municipales de Berazategui es un paso adelante para fortalecer la lucha contra los despidos en el Estado y en el sector privado, y contra la precarización laboral.

Por todos estos motivos solicitamos a los señores Diputados la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes

Guillermo Kane presentó un pedido de informes por la contaminación de la empresa Trieco SA

10/02/2022

El Diputado Provincial del Frente de Izquierda-Unidad Guillermo Kane presentó un pedido de informes a la Ministra Vilar, titular del Ministerio de Ambiente PBA, y a Martín Sabbatella, titular de ACUMAR, sobre a la situación de contaminación producida por la empresa Trieco SA en la localidad de Avellaneda.

Número de expediente: D- 5052 / 21-22

 

 

La Plata, 7 de febrero de 2022.-

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

RESUELVE

Dirigirse a Daniela Marina Vilar, titular del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, y a Martín Sabbatella, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de solicitar informe por escrito a la brevedad de las siguientes cuestiones referidas a la situación de contaminación producida por la empresa Trieco SA.

Preguntas

1 ¿Por qué se permite el funcionamiento de Trieco SA para la incineración de residuos patógenos si sus hornos se encuentran clausurados desde 2016?

2 ¿Por qué dejan que trabaje la firma Trieco SA, sin ningún tipo de control, teniendo las chimeneas por debajo de la altura establecida en la ley 11.347?

3 ¿Cuáles son los motivos para dejar funcionar a Trieco SA? Ya que hasta el momento no ha presentado de forma pública la “Evaluación Ambiental”, obligatoria por ley 11.347 artículo 34

4 En el “Nuevo Régimen de Fiscalización Ambiental” de ACUMAR se otorga la potestad de informe de la descarga de desechos industriales a las propias industrias ¿Qué verificación realiza el Estado sobre las declaraciones juradas de las empresas sobre la contaminación? ¿Por qué esta información no es de acceso público?

5 ¿Qué tratamiento tuvieron las denuncias n°67573, 67540, 67411, 67464  hechas al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS); la denuncia n°111566 a la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR; la denuncia a la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas Complejo Sur el 28/07/2020?

 

 

FUNDAMENTOS

Trieco SA -también conocido como Stericycle- ubicada en Sargento Ponce y Camino de la Costa (Avellaneda) es una de las cuatro empresas autorizadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento final de los residuos peligrosos: especialmente los denominados patógenos, provenientes de los centros de salud de la zona.

Según cálculos gubernamentales, más de 20.000 industrias descargan su basura en aguas de la cuenca Matanza Riachuelo, pero solo poco más de un cuarto de ellas se encuentran registradas por el “Nuevo Régimen de Control y Fiscalización Ambiental”, con el cual la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) “crea un mapa de alertas, en los cuales los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos” (ACUMAR 11/01/2019).

Las denuncias presentadas por vecinos y trabajadores de Dock Sud, Sarandí, Villa Inflamable e Isla Maciel, informan acerca de olores nauseabundos, humo espeso, muy oscuro e irrespirable, contaminación en tierra, aire y agua, malestares físicos en boca, ojos, piel, garganta y estómago. Investigaciones concluyen que Trieco SA no cumple con los parámetros y protocolos necesarios para la tarea, incumpliendo con la ley 11.347 de “Tratamiento, Manipuleo y Disposición de Residuos Patógenos”.

A veinte años de los “mil días” de María Julia Alzogaray, a cuatro años de “los arbolitos” de Bergman en las orillas de la cuenca, hoy Cabandié afirma “No podemos conseguir dólares sin contaminar. Por eso propusimos un canje de deuda por acción climática”.

Desde el año 2009 el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene recibiendo dinero del Banco Mundial como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), para la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo (tres cuotas por un total que supera los USD $1.200 millones). Sin embargo, los niveles de contaminación y suciedad del cauce acuífero se mantienen como uno de los más altos del mundo.

Denunciamos que esta orientación política compartida por todos los gobiernos hasta la actualidad es contraria a la garantización de las condiciones de vida de los trabajadores.

Por todos estos motivos solicitamos a los señores Diputados la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes.

Solicitud de informes a Berni y Kreplak respecto a la crisis por la cocaína adulterada

04/02/2022

Proyecto de solicitud de informes presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) referido a la crisis por la cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires. Número de expediente: D- 5019 / 21-22

 

La Plata, 4 de febrero de 2022.-

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Dirigirse al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a fin de solicitar informe por escrito a la brevedad de las siguientes cuestiones referidas a la intoxicación de decenas de personas por cocaína adulterada, y la muerte, hasta el momento, de más de 20 de ellas.

 

  • ¿En qué consistió la respuesta del poder ejecutivo frente a la crisis por la droga adulterada? ¿Qué resoluciones tomó el “comité de emergencia”, que incluía al gobernador Axel Kicillof y a distintos ministros, dentro de los cuales se encuentra usted?
  • En las últimas horas se detuvo a Joaquín “el paisa” Aquino, y otras personas presuntamente relacionadas a una red de narcotráfico, ¿Desde cuándo tenían identificada esta red? ¿Por qué se lo detiene luego de una tragedia y no antes?
  • ¿Cuál es el procedimiento con la droga incautada en función de arribar a conclusiones sobre su composición? ¿Qué actuaciones hubo por parte de las autoridades hasta el momento?
  • ¿Por qué la policía bonaerense y el ministerio de seguridad de la Provincia no actuaron frente a las 23 denuncias por venta ilegal de estupefacientes, realizadas durante 2021 por los vecinos del barrio Puerta 8 de Tres de Febrero?
  • Informe detallado acerca de las causas judiciales y detenciones de efectivos policiales vinculados al narcotráfico, profundizando acerca de las declaraciones realizadas a la prensa por el Sr. ministro, marcando que: “todos los días tenemos alguna detención de policías vinculados con el narcotráfico”. ¿Cuántos efectivos están implicados? ¿A qué nivel? ¿Qué acciones se tomaron al respecto? ¿Por qué persisten estos casos?
  • ¿Cómo es posible que un negocio como el del narcotráfico, que, según estimaciones, significa varios cientos de millones de dólares anuales, opere con el gran nivel de impunidad que lo hace?
  • También según declaraciones del Sr. Ministro, se venden “200.000 dosis de cocaína todos los días”. ¿Cómo tienen dimensionado ese mercado sin actuar sobre ello? ¿Cuántos puntos de venta de cocaína estiman que hay en la provincia y bajo qué condiciones para permitir esa venta diaria?
  • ¿Qué seguimiento hay de los activos y el lavado de dinero de la plata que surge del narcotráfico? ¿Qué medidas se han tomado respecto de las instituciones financieras que procesan sus ganancias?
  • ¿Qué funcionamiento tienen los programas estatales en el ámbito de la salud apuntados al combate a las adicciones? ¿Qué tasa de éxito tienen?
  • ¿Qué extensión tiene el consumo de opiáceos que son endémicos en nuestro país, y su comparación con la misma problemática en otros países?

 

 

FUNDAMENTOS

El 2 de febrero, el país y la provincia se vieron conmocionados por una verdadera masacre: Al menos 23 personas fallecieron y 84 permanecen internadas en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires luego de intoxicarse con cocaína adulterada. Según las primeras versiones, la droga podría contener sustancias como veneno para ratas o fentanilo, un estupefaciente que puede ser letal en muchos casos.

A día de hoy, no se sabe con exactitud el alcance del producto, pero se espera que el número de muertos crezca a medida que se reporten más casos, incluyendo la posibilidad de víctimas que puedan haber fallecido sin haber recibido atención médica.

Esta tragedia, como no podía ser de otra manera, despertó la bronca popular de los vecinos de las localidades afectadas. En Hurlingham, una de las localidades más afectadas por el caso, un gran grupo de personas arremetió contra un patrullero en la puerta del hospital municipal, denunciando la complicidad de la policía con el narcotráfico que se desarrolla todos los días en sus barrios.

El narcotráfico en nuestro país es un gran flagelo. Pero sobre todo es un negocio multimillonario, que no tendría lugar sin el amparo del poder político y las fuerzas represivas a las redes de narcotráfico.

Este caso es una demostración brutal de esa complicidad que lleva años. Los vecinos del Barrio Puerta 8 de Tres de Febrero, donde se comercializó la primera droga contaminada, habían hecho durante el año pasado 23 denuncias por venta de estupefacientes. Sin embargo, y aún habiéndose hecho dos procedimientos en noviembre y diciembre, nada impidió que se siguiera adelante con la venta de una droga potencialmente letal.

Lo que siguió después de la tragedia fue también demostrativo de una política que evita caer sobre los responsables directos del narcotráfico. La primera acción oficial del ministro Berni y la policía bonaerense fue plagar el barrio Puerta 8 de oficiales, alterando a los familiares ya consternados por la situación de las víctimas, e incluso apresando personas inocentes, según las denuncias de los vecinos. Justamente, quienes viven en Puerta 8 denuncian que, como sucede en la mayoría de los casos, allí se comercializa la droga pero quienes manejan el negocio no viven allí.

En este mismo sentido, la persecución a los consumidores es un intento de “lavar” la responsabilidad que le cabe al poder político. Mientras tanto, las redes de narcotráfico operan impunemente, con zonas liberadas por las fuerzas policiales.

El Estado tampoco tiene ninguna respuesta para darle a la juventud que consume y que sufre dependencia física y psicoemocional hacia este tipo de sustancias. No hay un acompañamiento de las adicciones ni de las familias que ven a sus seres queridos atravesar la enfermedad, ni tampoco del resto de los problemas de salud a largo plazo que genera el consumo. A su vez son escasos los dispositivos puestos en marcha, que no pasan de algunos centros de atención ambulatoria en zonas de población vulnerable y Comunidades Terapéuticas para internaciones de quienes lo requieran, previa evaluación por profesionales del Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Denunciamos que una parte del presupuesto destinado a este fin es desviado a iglesias y a ONG’s, como el “programa de atención en ámbito religioso”. El estado no asume la responsabilidad de tener una política frente a la salud de los adictos, y lo deriva incluso en instituciones reaccionarias.

No podemos dejar de mencionar que, más allá de este hecho, lo cierto es que todos los días se consumen drogas adulteradas -es común que los vendedores intenten abultar el producto con otra sustancia más fácil de conseguir y más barata-, y todos los días mueren pibes por ello.

La lucha contra el narcotráfico es, en definitiva, una lucha de fondo contra un régimen social que arrastra a la clase trabajadora, a través de la violencia y la explotación, a refugiarse en el consumo de sustancias de manera problemática, mientras que luego la persigue por ello. Por ese motivo, desde el Frente de Izquierda Unidad también reclamamos la despenalización del consumo y la necesidad de poner en pie toda una serie de dispositivos para acompañar a las víctimas y las familias de víctimas del narcotráfico, a quienes cuentan con adicciones y sus allegados y a toda la población que requiera atención, que cuente con presupuesto propio y estén bajo control de profesionales de la salud del área.

Desmantelamiento de todas las redes de narcotráfico, libertad para todos los consumidores detenidos y derogación de la ley de drogas 23.737 de la dictadura.

 

Por todos estos motivos solicitamos a los señores Diputados la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes

Proyecto de declaración rechazando el acuerdo del gobierno nacional con el FMI

03/02/2022

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

 

La Plata, 3 de Febrero de 2022.-

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

-Su oposición y rechazo al acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, que traerá un mayor endeudamiento y un mayor ajuste contra el pueblo argentino, y que implica una intromisión directa del FMI en la política económica nacional.

 

FUNDAMENTOS

El pasado 28 de enero, el presidente Alberto Fernández anunció que el ejecutivo nacional arribó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo estipula un duro ajuste contra el pueblo y admite una intromisión directa de los funcionarios del organismo de crédito en el país, con un régimen de monitoreo trimestral sobre el conjunto de la política económica.

Como ha sucedido con los anteriores 21 acuerdos que el estado nacional suscribió con el FMI desde el año 1956, estamos frente a un pacto que coloca a nuestro país en una posición colonial.

De acuerdo con lo informado por el ejecutivo, queda claro que entramos en un período de gran ajuste. El déficit fiscal primario que estaba previsto en 3,3% del PBI en 2022 pasará a 2,5% este año, a 1,9% en 2023 y a un 0,9% en 2024. Para ejemplificar, si volviera a ponerse en debate el Presupuesto 2022, rechazado en el Congreso Nacional, esta nueva “meta” respecto al déficit significaría que el gobierno nacional debería presentar un proyecto con un recorte de 400.000 millones de pesos (a valor actual).

El texto que difundió el directorio fondomonetarista sobre el acuerdo clarifica que habrá nuevos “tarifazos” en los servicios básicos, como la luz, el gas y el agua. Justamente, uno de los requerimientos para lograr el descenso del déficit fiscal es avanzar en fuertes recortes a los subsidios, lo que se trasladará a las boletas de los usuarios. Así lo estamos viendo en estas últimas semanas con los aumentos del 20% en la luz y el gas, y un 32% en el agua (Aysa).

Además, el presidente y su ministro de economía hablan de una “mayor recaudación impositiva” como la clave para el éxito de este acuerdo. Sin embargo, el sentido del “Consenso fiscal” que pretenden tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional es habilitar subas en Ingresos Brutos, lo que impacta directamente en los precios de los productos de consumo masivo. Es decir que la cuenta del acuerdo rubricado la pagarán los trabajadores y el pueblo argentino en general.

En términos del desarrollo económico nacional, el acuerdo implicará un nuevo escollo para cualquier tipo de repunte productivo. La reducción del déficit fiscal, con los recortes del gasto estatal y aumentos como el de ingresos brutos, repercutirán en la baja del consumo popular y en un descenso de la obra pública. Los tarifazos a la energía, por su parte, también aumentarán los costos de la industria.

El objetivo fijado de contar con reservas internacionales por 5.000 millones de dólares para fin del 2022 también es recesivo. Para garantizarlo, requerirá de mayores trabas a las importaciones como forma de evitar la salida de divisas. Más aún cuando todos los pronósticos, por diversos motivos, apuntan a una fuerte caída de los niveles de exportación, que el año pasado fueron récord.

Sumado a todo esto, el acuerdo presentado no implica de ninguna manera una caída del endeudamiento, sino que significará todo lo contrario. Nos llevará, con seguridad, a nuevas crisis de deuda, estirando indefinidamente la tutela del Fondo y del imperialismo sobre la economía argentina. Gracias al acuerdo, esta tutela tomará una forma de “co-gobierno” durante los próximos años, debido al monitoreo directo del directorio del FMI sobre toda la política económica nacional.

En torno al endeudamiento, la política monetaria que establece este acuerdo (financiamiento vía emisión de pesos limitado al 1% del PBI) ya anticipa que el gobierno deberá tomar deuda por nada menos que 10.000 millones de dólares para que las cuentas públicas cierren en 2022 con el déficit fiscal propuesto y los pagos de intereses a los bonistas y al propio FMI. Advertimos que la Casa Rosada ya se encuentra gestionando nuevos préstamos de otros organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial con ese objetivo, lo cual refuerza la subordinación del país a los mismos.

A fin de cuentas, el gobierno del Frente de Todos, que despotricaba contra el “endeudamiento” del macrismo y decía que lo iba a “investigar”, ahora avala y honra esa deuda con este pacto con el FMI, y abre la puerta a un mayor endeudamiento y dependencia de los organismos de crédito internacionales que responden al imperialismo.

En los hechos, puede afirmarse, los requerimientos del Fondo Monetario Internacional son cumplidos desde antes del acuerdo por el gobierno de Alberto Fernández. Podemos verlo en el ajuste a las jubilaciones, cuya representación en el PBI perdió más de 1% el último año. También en la caída de los salarios, y en el crecimiento de la precarización laboral, como parte de una “reforma laboral” de hecho que se quiere imponer contra los trabajadores.

Rubricado a espaldas del pueblo argentino, incluso sin haber pasado aún por el Congreso Nacional, el acuerdo debe ser repudiado por su contenido. No habrá crecimiento nacional ni salida a los reclamos populares de la mano del Fondo Monetario Internacional.

Para abrir paso a un desarrollo nacional es necesaria la ruptura con el FMI y los “acreedores”, y el repudio de la deuda externa usuraria e ilegítima, que es un instrumento de saqueo de los recursos nacionales por parte del imperialismo. Es necesario destinar esos recursos a impulsar una reorganización social bajo el mando de un gobierno de los trabajadores. En ese sentido, el impulso a la movilización popular para repudiar este acuerdo resulta fundamental, y en eso nos empeñamos desde el Frente de Izquierda Unidad.

 

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Declaración.

 

 

Diputado Guillermo Kane – PO – Frente de Izquierda Unidad

Proyecto de declaración en apoyo a los y las trabajadoras de La Nirva

31/01/2022

Proyecto de declaración presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU)  en apoyo al reclamo de las y los trabajadores de La Nirva. Número de expediente: D- 4995 / 21-22

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

  • Apoyar el reclamo de los y las trabajadoras de La Nirva. Apoyar el reclamo de revoque de orden de desalojo expedida en Exp N°: 33584/2018 publicado por el Poder Judicial de la Nación Juzgado Nº 7 – Secretaría Nº 13, con firma del Juez Fernando G. D’ Alessandro, que resuelve:

 

  1. Disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril de la deudora ubicada en la calle Dorrego Nº 854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada.

 

FUNDAMENTOS

El día 30 de diciembre de 2021 se publica la orden del Juez Fernando D´Alessandro de desalojar la planta ubicada en Lomas del Mirador, correspondiente al Municipio de La Matanza. La misma genera un gran rechazo entre los y las trabajadoras de La Nirva. Desde agosto de 2019 llevan adelante distintas medidas para garantizar el cobro de meses de sueldos adeudados, aguinaldos y reconocimiento de aportes sociales que le corresponden a más de 60 familias, deuda que la patronal PRODUCTOS LA NIRVA S.A, representada por el accionista mayoritario Matías Paradiso, ningunea sistemáticamente evadiendo compromisos legales e incumpliendo promesas de pago.

En 2018 comenzó la falta de pago de sueldos y aguinaldos a las y los trabajadores de La Nirva. Ante los reclamos, la empresa procedió con despidos y Matias Paradiso se ausenta dejando además deudas con empresas de servicios y con bancos. Entre las deudas hacia los trabajadores, se destacan 7 meses de sueldos atrasados y aguinaldo sin abonar, también los aportes sociales correspondientes.

El expediente N°: 33584/2018 elaborado por el Juez D’Alessandro califica a los y las trabajadoras de llevar adelante actos “ilegítimos y delictuales”, ignorando que los trabajadores asistieron a todas las audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo dispuestos a alcanzar una solución al reclamo mientras que Matías Paradiso dejó de asistir a los llamados.

El expediente menciona la existencia de una propuesta de pago de la deuda una vez cumplido el desalojo, pero los trabajadores y trabajadoras de La Nirva lo desmienten. El hecho de que el Juez Fernando D’Alessandro haya incluído este argumento sin investigar la existencia de una propuesta, evidencia la arbitrariedad en favor de la patronal contra los trabajadores que ejercen su legítimo derecho de resguardar sus fuentes de trabajo y garantía del cobro por el trabajo realizado y adeudado. La gravedad se profundiza cuando se observan antecedentes de promesas inclumplidas, entre que se encuentra la entrega de cheques sin fondos, un accionar que las y los trabajadores calificaron de “estafador y malicioso” ya que generó compromisos y deudas de estos con terceros.   

Las y los trabajadores de La Nirva se organizan en asamblea permanente custodiando la planta, ya que comprende la única garantía de cobro por su trabajo. Habiendo atravesado una experiencia de compromisos legales y promesas incumplidas de la patronal, apoyar el reclamo por la derogación del desalojo es necesario hasta alcanzar la resolución del conflicto.

Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

  • Apoyar el reclamo de los y las trabajadoras de La Nirva. Apoyar el reclamo de revoque de orden de desalojo expedida en Exp N°: 33584/2018 publicado por el Poder Judicial de la Nación Juzgado Nº 7 – Secretaría Nº 13, con firma del Juez Fernando G. D’ Alessandro, que resuelve:

 

  1. Disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril de la deudora ubicada en la calle Dorrego Nº 854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada.

FUNDAMENTOS

 

El día 30 de diciembre de 2021 se publica la orden del Juez Fernando D´Alessandro de desalojar la planta ubicada en Lomas del Mirador, correspondiente al Municipio de La Matanza. La misma genera un gran rechazo entre los y las trabajadoras de La Nirva. Desde agosto de 2019 llevan adelante distintas medidas para garantizar el cobro de meses de sueldos adeudados, aguinaldos y reconocimiento de aportes sociales que le corresponden a más de 60 familias, deuda que la patronal PRODUCTOS LA NIRVA S.A, representada por el accionista mayoritario Matías Paradiso, ningunea sistemáticamente evadiendo compromisos legales e incumpliendo promesas de pago.

En 2018 comenzó la falta de pago de sueldos y aguinaldos a las y los trabajadores de La Nirva. Ante los reclamos, la empresa procedió con despidos y Matias Paradiso se ausenta dejando además deudas con empresas de servicios y con bancos. Entre las deudas hacia los trabajadores, se destacan 7 meses de sueldos atrasados y aguinaldo sin abonar, también los aportes sociales correspondientes.

El expediente N°: 33584/2018 elaborado por el Juez D’Alessandro califica a los y las trabajadoras de llevar adelante actos “ilegítimos y delictuales”, ignorando que los trabajadores asistieron a todas las audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo dispuestos a alcanzar una solución al reclamo mientras que Matías Paradiso dejó de asistir a los llamados.

El expediente menciona la existencia de una propuesta de pago de la deuda una vez cumplido el desalojo, pero los trabajadores y trabajadoras de La Nirva lo desmienten. El hecho de que el Juez Fernando D’Alessandro haya incluído este argumento sin investigar la existencia de una propuesta, evidencia la arbitrariedad en favor de la patronal contra los trabajadores que ejercen su legítimo derecho de resguardar sus fuentes de trabajo y garantía del cobro por el trabajo realizado y adeudado. La gravedad se profundiza cuando se observan antecedentes de promesas inclumplidas, entre que se encuentra la entrega de cheques sin fondos, un accionar que las y los trabajadores calificaron de “estafador y malicioso” ya que generó compromisos y deudas de estos con terceros.   

Las y los trabajadores de La Nirva se organizan en asamblea permanente custodiando la planta, ya que comprende la única garantía de cobro por su trabajo. Habiendo atravesado una experiencia de compromisos legales y promesas incumplidas de la patronal, apoyar el reclamo por la derogación del desalojo es necesario hasta alcanzar la resolución del conflicto.

 

Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de ley de expropiación de La Nirva

31/01/2022

El diputado Guillermo Kane, del Frente de Izquierda Unidad, presentó un proyecto de ley sobre la expropiación de la fábrica La Nirva. Número de expediente: D- 4994 / 21-22

 

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1: Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, identificado catastralmente como Circ. II Secc. E Mz 220, Parcela 5C Partido 70, partida 97505, a nombre de Matías Paradiso y/o quienes resulten sus legítimos propietarios. Como asimismo las instalaciones, maquinaria y herramientas que se encuentran dentro del mismo conforme al inventario que como Anexo se adjunta y forma parte de la presente.

Artículo 2: El inmueble, las instalaciones, maquinarias y herramientas expropiadas por la presente Ley serán adjudicadas en propiedad y a título oneroso a la Cooperativa de Trabajo La Nirva inscripta en el Registro Nacional de Cooperativas bajo la matrícula N°45872 con cargo de ser los mismos destinados a la consecución de sus fines cooperativos.

Artículo 3: El incumplimiento del cargo estipulado en el Artículo 2 ocasionará la revocatoria del dominio a favor del Estado Provincial.

Artículo 4: La Autoridad de Aplicación de la siguiente Ley será determinada por el Poder Ejecutivo y tendrá a su cargo la ejecutividad y el contralor de las acciones actuando como ente coordinador entre las distintas áreas administrativas provinciales.

Artículo 5: La Nirva será declarada proveedora privilegiada del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que compraría a precio de mercado una cuota de su producción acordada con los trabajadores para abastecer el Servicio Alimentario Escolar y otros proyectos donde su producción pueda ser de utilidad.

Artículo 6: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendido con cargo al Fondo de Recuperación de Fábricas De la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 7: Autorizase al Poder Ejecutivo a proceder a la compensación de créditos fiscales que la Provincia de Buenos Aires posea contra los titulares de dominio en concepto de impuestos, tasas, multas, gravámenes y demás tributos provinciales.

Artículo 8: Exceptuase a la presente de lo establecido en el Art. 47 de la Ley 5708- Ley General de Expropiaciones (T.O. según Decreto N°8523/86 y sus modificatorias) estableciéndose en cinco (5) años el plazo para considerar abandonada la expropiación.

Artículo 9: La escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, estando la misma exenta del impuesto al acto.

Artículo 10: Comuníquese al Poder Ejecutivo. –

 

FUNDAMENTOS

El día 30 de diciembre de 2021 se publica la orden del Juez Fernando D´Alessandro de desalojar la planta ubicada en Lomas del Mirador, correspondiente al Municipio de La Matanza. La misma genera un gran rechazo entre los y las trabajadoras de La Nirva. Desde agosto de 2019 llevan adelante distintas medidas para garantizar el cobro de meses de sueldos adeudados, aguinaldos y reconocimiento de aportes sociales que le corresponden a más de 60 familias, deuda que la patronal PRODUCTOS LA NIRVA S.A, representada por el accionista mayoritario Matías Paradiso, ningunea sistemáticamente evadiendo compromisos legales e incumpliendo promesas de pago. En 2018 comenzó la falta de pago de sueldos y aguinaldos a las y los trabajadores de La Nirva. Ante los reclamos, la empresa procedió con despidos y Matías Paradiso se ausenta dejando además deudas con empresas de servicios y con bancos. Entre las deudas hacia los trabajadores, se destacan 7 meses de sueldos atrasados y aguinaldo sin abonar, también los aportes sociales correspondientes.  No está de más informar que el Sr. Paradiso tiene causas en que tramitan ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 3 de Morón, Sec. 11:

  • FSM 150417/2018 – PRODUCTOS LA NIRVA S.A. Y OTRO S/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: REMOLI, ROMINA Y OTRO
  • FSM 4181/2021 – PRODUCTOS LA NIRVA Y OTROS S/ APROPIACIÓN RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INFRACCIÓN ART. 303 Y DEFRAUDACIÓN.

El expediente N°: 33584/2018 elaborado por el Juez D’Alessandro califica a los y las trabajadoras de llevar adelante actos “ilegítimos y delictuales”, ignorando que los trabajadores asistieron a todas las audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo dispuestos a alcanzar una solución al reclamo mientras que Matías Paradiso dejó de asistir a los llamados. El expediente menciona la existencia de una propuesta de pago de la deuda una vez cumplido el desalojo, pero los trabajadores y trabajadoras de La Nirva lo desmienten. El hecho de que el Juez Fernando D’Alessandro haya incluído este argumento sin investigar la existencia de una propuesta, evidencia la arbitrariedad en favor de la patronal contra los trabajadores que ejercen su legítimo derecho de resguardar sus fuentes de trabajo y garantía del cobro por el trabajo realizado y adeudado. La gravedad se profundiza cuando se observan antecedentes de promesas incumplidas, entre que se encuentra la entrega de cheques sin fondos, un accionar que las y los trabajadores calificaron de “estafador y malicioso” ya que generó compromisos y deudas de estos con terceros.

Las y los trabajadores de La Nirva se organizan en asamblea permanente custodiando la planta, ya que comprende la única garantía de cobro por su trabajo. Habiendo atravesado una experiencia de compromisos legales y promesas incumplidas de la patronal, apoyar el reclamo por la expropiación es necesario para garantizar las fuentes de trabajo.

Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto de LEY.

 

 

Estatización con control de trabajadores y usurarios de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

13/01/2022

Proyecto de Ley presentado por los Diputados Provinciales Guillermo Kane y Graciela Calderón estableciendo la estatización con control de trabajadores y usuarios de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. Número de expediente: D- 4903 / 21-22

 

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

Estatización con control de trabajadores y usurarios

de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

 

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

 

Artículo 1 – Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 – En los términos de la emergencia establecida, disponer la compra inmediata de los materiales y equipos (p.e., generadores eléctricos) necesarios, y la contratación en planta permanente de personal idóneo para realizar de manera perentoria la reconexión de los usuarios que se encuentran sufriendo cortes en el suministro de electricidad.

Artículo 3 – Otorgar un resarcimiento económico de pago inmediato para aquellos hogares y pequeños comercios, equivalente a las pérdidas materiales y económicas sufridas como consecuencia de los cortes del servicio. Los recursos necesarios para el pago de dicho resarcimiento deberán obtenerse de las ganancias de las actuales empresas privadas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.   

Artículo 4 – Declarar la nulidad absoluta de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos -leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones provinciales- que motivaron la transferencia a empresas privadas de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 5 – La anulación de dichos contratos se realiza sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido al momento de las concesiones.

Artículo 6 – A partir de la presente ley se estipula la estatización del servicio de electricidad. A tal fin se crea la empresa “Energía Eléctrica del Estado”, 100% estatal, cuya participación nacional y provincial deberá ser establecida por ley nacional. El Estado reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de todo el sistema de energía eléctrica -incluida la generación, el transporte y la distribución-.

Artículo 7 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores/as y organizaciones de usuarios/as, elegidos democráticamente.

Artículo 8 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones y al que fuera despedido a causa de planes de racionalización o achicamiento. 

Artículo 9 – Se incorporará con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente a los/as trabajadores/as que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el servicio de energía eléctrica.

Artículo 10 – Se crea una Comisión Investigadora especial compuesta por trabajadores/as del sector, elegidos/as democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema de energía eléctrica del ámbito concesionado al sistema estatal, facultada además con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos penales y civiles de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.

Artículo 11 – Comuníquese al P.E.

Artículo 12 – De forma.

 

FUNDAMENTOS

 

Sr. Presidente:

El martes 11 de enero un corte de luz masivo afectó a gran parte del AMBA, dejando a 700 mil usuarios sin servicio eléctrico. Familias y pequeños comercios quedaron sin luz y, como consecuencia, también sin agua. Los vecinos de los barrios afectados recuerdan que es algo repetido en cada verano. Incluso, el año comenzó con otro apagón masivo, desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero, que dejó a 190 mil usuarios sin luz.

Las empresas distribuidoras responsables de los cortes no son otras que Edenor, Edesur, Edelap y demás privatizadas, que vienen ganando millones hace años, ya sea con subsidios o tarifazos, a costa del pueblo trabajador. Debe recordarse que el gobierno de Mauricio Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, “dolarizando las tarifas”, afirmando que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una enorme mentira. Por su parte, el gobierno del Frente de Todos no retrotrajo ninguno de esos aumentos, manteniendo la estafa al pueblo trabajador e, incluso, habilitando aumentos del 20% para enero y febrero, que se verán reflejados en las boletas de marzo y abril. Sólo en 2021 las empresas privatizadas de la energía recibieron subsidios por más de 9.000 millones de dólares, según el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. Pero durante estos años las empresas utilizaron los subsidios para enriquecerse y no para mejorar el servicio. Así, por citar un ejemplo, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata ya en 2017 denunciaba que “Edea S.A. recauda millonarias sumas anuales que gira fronteras afuera a final de cada ejercicio. Sin inversión en el servicio, sin contratar el personal necesario, con un solo Centro de Atención en Mar del Plata para 500 mil usuarios” (18/01/2017).

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que se debe declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, tomando todas las urgentes medidas necesarias para reestablecer el suministro eléctrico a hogares y pequeños comercios. Asimismo, se deben anular los contratos de concesión y estatizar el servicio de energía eléctrica, bajo control de los/as trabajadores/as y usuarios/as, única manera de mejorar el servicio y terminar con la usura de las empresas capitalistas que hacen negocios con la necesidad del pueblo trabajador.

El actual sistema eléctrico es la consecuencia de las privatizaciones de SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, las tres empresas estatales que proveían electricidad hasta 1992. El gobierno de Carlos Menem, con el apoyo de todos los partidos patronales, privatizó el sistema de energía eléctrica, amparándose en la ley 24.065 y de esta manera desintegró el sistema, dividiéndolo en varias empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras, mismo esquema que existe hoy en la provincia de Buenos Aires. Esta reforma habilitó a que grupos de empresarios extranjeros y nacionales, lucren con un servicio público esencial como es la electricidad.

Desde entonces, las empresas privatizadas recibieron abultados subsidios que solo sirvieron para aumentar sus propias ganancias, ya que no hubo ninguna mejora en el servicio. Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no controla la falta de inversión de las empresas, ni el acceso de los usuarios, ni la calidad del servicio. Es un organismo que le garantiza las ganancias a los capitalistas, siendo cómplice de esta estafa al pueblo trabajador. El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) establece mínimos requisitos que deben cumplir las empresas concesionadas (calidad de servicio, sistema de telegestión para trámites, cantidad de oficinas de atención al público, etc.), sin embargo, no los hace cumplir y las sanciones monetarias que reciben las empresas rara vez son pagadas.

Tanto en los gobiernos kirchneristas, durante doce años, como en los cuatro años del gobierno macrista, se mantuvo la misma política de financiar las ganancias de los grupos empresarios, sin invertir un solo peso en mejorar la calidad del servicio. Los subsidios millonarios a las generadoras, transportadoras y distribuidoras eléctricas, como la la central Térmica de Ezeiza, Solalban Energía, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Eden, Edes y otras, sirvieron para aumentar las ganancias de los capitalistas, sin ningún tipo de control sobre la calidad de un servicio que, luego de años de privatización, se demostró que fue un robo y saqueo al pueblo trabajador. Ahora con el gobierno de Alberto Fernández, el sistema de subsidios a las empresas se profundizó. Desde enero de 2020, crecieron un 113% en el acumulado de 12 meses. Pasaron de US$ 4.400 millones a US$ 9.488 millones a septiembre de 2021. Esto demuestra que los subsidios que durante estos años lleva pagando el Estado no fueron para mejorar el servicio, sino para enriquecer los propios negocios de sus dueños. 

Estas empresas, que llevan años brindando pésimos servicios y burlándose de los usuarios, son premiadas con tarifazos astronómicos y con el perdón de sus millonarias deudas. Entre las 70 empresas de distribución eléctrica que abastecen a los usuarios de todo el país acumulan deudas por $142.887 millones. Las principales empresas endeudadas son las que mayores ganancias registran: Edenor con $18.000 millones (Manzano-Vila), Edesur $20.800 millones (Enel de capitales italianos), Edemsa $9.813 millones (Manzano-Vila). En contrapartida, los usuarios que deben el pago de boletas de electricidad nunca son beneficiados.

Las empresas privatizadas ya demostraron que lo único que les interesa es llevarse sus superganancias. El acceso a la electricidad es un servicio público básico, un derecho humano que no puede ser tratado como una mercancía ni en función del lucro privado. Por eso, la única salida para garantizar realmente tarifas accesibles para todos y servicios de calidad pasa por la rescisión de todos los contratos de concesión y la estatización de todo el servicio, gestionado por quienes realmente saben del tema, sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Ley.

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica

13/01/2022

Proyecto de Ley presentado por los Diputados Provinciales Guillermo Kane y Graciela Calderón estableciendo la creación de un Programa de atención a damnificados por la emergencia eléctrica. Número de expediente: D- 4904 / 21-22

 

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

 

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

Artículo 1 – Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 – En los términos de la emergencia establecida, se crea el Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3- El Programa contemplará la creación de un comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética, integrado por:

1°) Un representante de cada bloque de la Legislatura.

2°) Representantes municipales.

3°) Representantes de los usuarios de los barrios afectados.

4°) Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía.

5°) Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

Artículo 4- Son funciones del Comité de Emergencia:

1°) Realizar un mapa de las zonas de la Provincia afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados.

2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia.

3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.

4°) Organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto.

Artículo 5 – El Comité de Emergencia receptará las denuncias de los vecinos sobre pérdidas materiales, ya sea de mercadería o equipos eléctricos causados por los cortes de energía, gestionando un resarcimiento económico de pago inmediato.

Articulo 6 – El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria un padrón de técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la formación las cuadrillas de emergencia necesarias para cada municipio. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

Artículo 7 – Se establece como criterio prioritario para la elaboración de los padrones de técnicos y operarios electricistas a aquellos trabajadores de la empresa EMA servicios S.A. que fueron despedidos durante el 2021. En segundo lugar, se establece la prioridad en dicha elaboración a los trabajadores de empresas tercerizadas dependientes de EDENOR y EDESUR.

Artículo 8 – El Programa de atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica será íntegramente financiado por un impuesto extraordinario a las empresas prestadoras del servicio eléctrico en el ámbito de la Provincia, equivalente al 5% de su facturación.

Artículo 9 – Comuníquese al P.E.

Artículo 10 – De forma.

 

 

FUNDAMENTOS

Durante el martes 11 de enero, cuando iniciaba una ola de calor en nuestro país, más de 700 mil usuarios del Área Metropolitana fueron afectados por la caída del servicio eléctrico.

Frente al masivo “apagón”, el gobierno nacional decidió absolver de responsabilidad a las empresas distribuidoras, aludiendo una supuesta “contingencia”. Sin embargo, este corte se suma a las repetidas fallas en el servicio, que se vienen sucediendo desde fines de diciembre, con decenas de miles de usuarios afectados a diario.

Es evidente la desinversión en infraestructura, equipamiento y personal que es común a todas las concesionarias privadas que gestionan este servicio. Edesur, Edenor, Edelap y compañía han recibido subsidios millonarios, y el visto bueno a tarifazos constantes en los últimos años, que de todas formas no han redundado en ninguna mejora del servicio.

Frente a la situación de emergencia, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se acusan mutuamente por su política energética. Pero ninguno de los dos armados políticos apunta contra las distribuidoras privadas, mostrando el nivel de complicidad que ambos gobiernos tuvieron y tienen con ellas.

Finalmente, los tarifazos del macrismo (ingreso directo a las distribuidoras) fueron en detrimento de los subsidios (ingreso indirecto). Asumido Alberto Fernández se invirtió la ecuación, preservando siempre los intereses de estos capitalistas parasitarios: los subsidios pasaron de US$ 4.400 millones en 2019, superando los US$ 10.000 millones para el 2021, según estimaciones del Instituto Mosconi. Se estima que en los últimos diez años los subsidios energéticos acumularon US$ 132.000 millones, tres veces lo adeudado al FMI, para que llegado el 2022 la infraestructura energética siga colapsando con un golpe de calor.

Como puede verse, el argumento de las “pérdidas” por las tarifas “controladas”, es completamente falso. En realidad, este argumento es solo utilizado por las empresas para reclamar nuevos aumentos de tarifas, que el gobierno nacional acaba de habilitar con aumentos del orden del 20%, y que impactarán en las boletas de marzo y abril. Mientras tanto, los usuarios que deben pagar mes a mes esas facturas, hoy sufren los graves problemas de la desinversión.

Vista la situación de emergencia y los cientos de miles de damnificados en la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda Unidad plantea la creación de un “Programa de atención a damnificados” para tomar de manera urgente las medidas necesarias. Planteamos en el presente proyecto de ley, la creación de un Comité de Emergencia para gestionar estas medidas, que incluyen la creación de brigadas de trabajadores, la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y otros elementos necesarios, y el resarcimiento económico a los usuarios afectados.

Planteamos, además, que el negocio espurio de las distribuidoras energéticas debe terminarse, comenzando por la apertura de los libros de toda la cadena energética (productoras, transportadoras y distribuidoras), para determinar el costo real de producción y garantizar las inversiones necesarias con la nacionalización del sector para ponerlo bajo control obrero y de los usuarios. Kirchneristas-peronistas y macristas son responsables de una política de saqueo y desinversión energética.

Por todas estas consideraciones solicitamos a los señores Diputados que voten favorablemente este proyecto de Ley.

 

 

Proyecto de declaración en solidaridad y apoyo a los trabajadores de salud

06/01/2022

Proyecto de declaración presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) en solidaridad y apoyo a los trabajadores de salud . Número de expediente: D- 4866 / 21-22

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su solidaridad y apoyo a los trabajadores de salud que son víctimas del vaciamiento y son expuestos a situaciones de violencia frente a una población desesperada por el acceso a la salud en el contexto de pandemia.

FUNDAMENTOS

La escalada de contagios de Covid-19, por la proliferación de la variante Ómicron, está dejando como saldo un colapso de un sistema sanitario que no da abasto. La saturación del sistema sanitario tiene su origen en el desmantelamiento de los “refuerzos” del Estado, así como en la desinversión en materia de salud, en medio del ajuste fondomonetarista aplicado por el gobierno.

A diferencia de las etapas anteriores, con un alto índice de mortalidad y ocupación de Unidades de Terapia Intensiva, ahora el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso por la demanda exponencial de testeos y consultas debidos a la tercera ola del coronavirus.

Las situaciones más graves se registran en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y CABA, donde se concentran más del 65% de los casos de contagios, y donde en los últimos días se han visto extensas colas interminables en las puertas de los centros de salud privados, hospitales públicos y lugares de testeo.

Esta situación ha implicado la saturación de los servicios de atención telefónica y las guardias hospitalarias, cuyo personal debe combinar la atención de una demanda excepcional y creciente, junto a la cobertura sanitaria por otras enfermedades, padecimientos y/o situaciones ajenas al Covid-19.

Otro rasgo distintivo de esta situación es que el personal de salud no solo se encuentra superado por dicha demanda sanitaria, sino que es una de las principales víctimas de los contagios por su alto nivel de exposición, los que implica una baja las y los trabajadores disponibles y un mayor agravamiento de la crisis en curso.

La tensión por la demanda aumenta y el colapso y agotamiento sin precedente deja expuesta una situación terrible para la población. La descarga de enojo y violencia se desatan injustamente sobre los trabajadores de la salud.

El video recientemente viralizado en el Hospital de Pacheco deja al desnudo una situación que se vive en toda la Argentina. La responsabilidad directa es del Estado, que con su política de desfinanciamiento han llevado a un colapso sanitario que tiene como cara más cruda el enfrentamiento entre los pacientes y el personal de salud.

La misma situación se repitió en distintos distritos de la Provincia, como en Mar del Plata, frente a las colas para realizar el test de Co-Vid19 que llegan a ser de 7 horas al rayo del sol, con un reducido personal que trabaja a un ritmo frenético.

La demanda de testeos aumentó entre un 300 y 400 % en solo dos semanas. El personal de salud viene siendo ajustado hace cuatro meses cuando los gobiernos decidieron dar por terminada la pandemia. Despidieron enfermeras y médicos de todos los centros de salud reduciendo el plantel a un esquema mínimo de atención.

Ningún trabajador de la salud merece ser expuesto por esta situación. Es necesario que se aumenten los presupuestos para salud y se nombre a todo el personal necesario para evitar estos episodios.

Es por esto, que solicitamos a los señores diputados que voten afirmativamente el presente proyecto de declaración.

 

 

Proyecto de declaración contra la exploración sísmica petrolera en las costas bonaerenses

05/01/2022

Proyecto de declaración presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) contra la exploración sísmica petrolera en el Mar Argentino. Número de expediente: D- 4865 / 21-22

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires RESUELVE

Apoyar el reclamo popular contra la exploración sísmica petrolera off-shore. Rechazar y pedir la derogación la Resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con firma del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié, que dictamina fundamentalmente:

  1. La suspensión de plazos del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto denominado “Campaña de adquisición sísmica off shore argentina, Cuenca Argentina Norte, en las Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 que se localizan frente a las costas de Mar del Plata y región.
  2. La aprobación de la “Adquisición sísmica 2D-3-D-4D off-shore en bloque CAN 108 – CAN 114” presentado por la petrolera noruega Equinor.

Fundamentos

La reciente publicación en el Boletín Oficial de la resolución que dictamina la explotación petrolera off-shore en el Mar Argentino ha generado una gran preocupación. También, como sucediera en ocasión de la Ley de Zonificación Minera en Chubut, ha merecido un amplio rechazo popular. El mismo se está expresando en numerosas movilizaciones en todo el país, y particularmente en nuestra Provincia de Buenos Aires a lo largo de la costa atlántica, bajo la denominación de “Atlanticazo”.

La gravedad de la medida es denunciada por múltiples especialistas, que coinciden en señalar que este tipo de actividad daña fuertemente a los ecosistemas marinos y a las poblaciones costeras. De hecho, en la Audiencia Pública N°1 del 21 de Julio, convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 95% de los más de 300 participantes que tomaron la palabra se expresaron en contra.

Para hacer estos trabajos en ultramar, los buques sísmicos efectúan bombardeos acústicos, disparos con cañones de aire que crean ruidos increíblemente fuertes (superiores a los 215 decibeles) con alta frecuencia, cuyo impacto puede cubrir una superficie de más 4.000 Kilómetros.

La fauna marina (como la ballena franca austral, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos e incluso las poblaciones de peces) es gravemente afectada y sufre los efectos de esta actividad tan dañina. La exposición a estos ruidos genera desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, reducción de la viabilidad de los huevos, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o envaramiento.

Una vez concluida la etapa exploratoria, los riesgos con la explotación, están asociados a posibles explosiones y derrames. Según un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), “la probabilidad de ocurrencia de derrames para diferentes niveles de producción de petróleo offshore obtenida a partir de más de 50 años de datos estadísticos, para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, tiene una ocurrencia del 100%, incluso de derrames de grandes cantidades mayores a 1.000 bbl” (noviembre 2020).

En nuestro país existe el antecedente del Golfo San Jorge, en el cual no se realizaron estudios previos de los efectos sobre la pesca y existió un fallo a favor de los pescadores al respecto.

En otros casos icónicos alrededor del mundo, se puede mencionar el derrame producido por la empresa Shell en el Delta del Níger, que ocasionó una causa judicial que lleva 10 años y la multinacional sólo ha cumplido con el 10% de las tareas de limpieza, generando efectos irreversibles a los pueblos de la región. Otro derrame grave fue el de Deep Water Horizon en el Golfo de México, responsabilidad de British Petroleum y Halliburton. Allí, los trabajadores que efectuaron la limpieza de los restos de petróleo fueron expuestos al crudo y a los gases emanados, lo que impactó gravemente sobre su salud. Estudios e informes médicos posteriores registraron que los efectos tóxicos derivaron en trastornos como dolores de cabeza, tos crónica, dificultad para respirar, erupciones cutáneas y serios riesgos de desarrollar cáncer de hígado, leucemia, entre otros.

No parece casual que los estudios que avalan este proyecto y califican su impacto ambiental como “leve” sean los que ha contratado la compañía Equinor, interesada en la explotación. La consultora Serman y Asociados, responsable del estudio en cuestión, es reconocida por elaborar estudios muy cuestionados en distintos emprendimientos que conllevan un gran riesgo ambiental. Por ejemplo, ha elaborado el cuestionado estudio de impacto ambiental para las represas de Santa Cruz, un caso que se encuentra en la Corte Suprema por la subestimación consciente del riesgo para los glaciares de la elevación del nivel del Lago Argentino.

En este caso, la explotación petrolera en las cosas del Mar Argentino también afectaría a la población local, impactando negativamente en el resto de las actividades de la región. Especialmente se vislumbran los efectos perjudiciales que tendría sobre los derivados de la economía asociada a la pesca, su industria y el turismo, que abarcan en el distrito a una cantidad de empleos no comparables con los que la industria petrolera pudiera generar.

Además de todo esto, la medida se intenta implementar en medio de una aguda crisis socioambiental que atraviesa nuestro país, con focos de incendio en 11 provincias. La muerte de dos tripulantes en la caída de un helicóptero sobre el incendio en Aluminé, ha demostrado las condiciones extremas y de absoluta precariedad sobre las cuales actúan los brigadistas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha tomado las medidas de prevención antes, ni ahora toma medidas ni amplía recursos para combatir el fuego. Nos preguntamos, ¿Qué sucedería entonces frente a un hipotético derrame en el mar argentino?

Denunciamos que el Gobierno avanza con estos proyectos que destruyen el ambiente, aún en medio de esta crisis, con el objetivo de pagar la deuda al FMI y a los acreedores internacionales. Nada tiene que ver esto con un supuesto “desarrollo nacional”. Mientras los recursos son explotados por multinacionales, en un esquema semicolonial de saqueo habilitado por acuerdos secretos entre el Estado y empresas como Equinor, Shell o Chevron, las divisas que quedan para el Estado terminan en la fuga de capitales o en el pago de la deuda. En ese mismo sentido, llamamos la atención sobre el Decreto 900/2021, publicado el 29/12/2021, que reduce las regalías para esta explotación a un 6% durante 10 años, y denunciamos que se trata de una política de sujeción del Estado Nacional a las multinacionales.

Como mostró el Chubutazo que quebró el intento de imponer la Ley de Zonificación Minera que habilitaba la megaminería contaminante, los trabajadores y el pueblo argentino pueden derrotar esta medida. ¡Fuera las petroleras de nuestros mares!

Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración contra la exploración sísmica petrolera off-shore