Este proyecto fue presentado en la Legislatura Bonaerense bajo el expediente: D-2008/23-34
La Plata, 11 de mayo de 2023
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Convocar, a los Señores/as Ministros/as de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Transporte y de Justicia y Derechos Humanos fin de que se presenten ante la Cámara, informen públicamente y respondan las inquietudes de las y los legisladores provinciales acerca de la situación gravísima en la cuenca del Río Paraná que viene impactando en las islas aluvionales, montes, humedales y poblaciones del Río Paraná a partir de: Sobredragado de la Hidrovía, circulación permanente de grandes buques, minería arenera a cielo abierto, incendios intencionales en islas, envenenamiento de sus aguas y lechos con glifosato, piretrinas, espesantes para la minería arenera, residuos de la industria papelera, pérdidas radioactivas de las centrales Atucha I y II, invasión de especies exóticas, mortandad masiva de peces, expulsión de su población isleña para desarrollos inmobiliarios y ganadería, prohibidos por las leyes que protegen a las islas del Paraná por su carácter aluvional y pertenecientes al lecho del río. Todo lo cual afecta a una población de 15 millones de habitantes de sus costas e islas.
FUNDAMENTOS
Esta convocatoria a los Señores/as Ministros/as se basa en la documentación aportada por Raúl Quirino, referente de los Autoconvocados Zárate Campana y la Asamblea del Paraná reunida en el mes de octubre de 2022 en Zárate y en marzo de 2023 en Ramallo. Las acciones de la Asamblea del Paraná constan en las publicaciones periodísticas de la Red Latina Sin Fronteras y en el Informe Quirino a la Cámara de Diputados de la Nación que oportunamente nos fuera entregado y en documentación ampliatoria de otros colectivos socio ambientales del Paraná.
Esta documentación no trata la situación particular de Tigre y no agota la información sobre otros conflictos en desarrollo en otros municipios ribereños del Paraná como las contaminaciones con agroquímicos en Baradero o el Puerto Regasificador en Escobar.
INTEGRALIDAD DEL RÍO PARANÁ
Acorde con la documentación entregada por la Asamblea del Paraná es indispensable considerar:
Que el Río Paraná –un Bien del Dominio Público Natural- es una unidad geográfica, geológica, legal, biosistémica y estratégica constituida por las costas, el agua, el lecho y las Islas aluvionales que emergen del mismo.
Que esas islas aluvionales emergentes del lecho del Rio Paraná abarcan una superficie de 17.500 km2, habitados por una población integrada a humedales, cuerpos de agua, monte nativo y biodiversidad, en situación de degradación sistemática.
Que ese territorio estratégico integrado al Rio Paraná está habitado por comunidades Isleñas Indefensas, socialmente precarizadas, vaciadas de normas, instituciones y tutela del Estado y privadas de todas las formas de soberanía popular sobre el uso y disposición de su propio territorio.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL EN EL PARANÁ
Constatamos seis grandes iniciativas del Estado impactando en las islas aluvionales, montes, humedales y poblaciones del Rio Paraná
El Plan Nacional de Ganadería en Humedales, del Gobierno Nacional y la Sociedad Rural, con respaldo pseudo-ecologista de Wetlands Internacional y la Fundación Humedales, fue lanzado formalmente el 6 de abril de 2022 en Victoria, Entre Ríos. Su objetivo es expandir sobre humedales y cuerpos de agua del Delta del Paraná la utilización del “paquete tecnológico” de Bayer, Monsanto y Syngenta que incluye semillas genéticamente modificadas, glifosato y otros agrovenenos de alto impacto ambiental, poniendo como únicos resguardos ambientales… ¡apelaciones a la “responsabilidad social empresaria” (sic) o “premios (sic) a aquellos productores (sic) que desarrollen buenas prácticas agrícolas (sic)”
El Plan de Forestación Corporativa Intensiva se basa en reemplazar bosque nativo por monocultivo de pinos exóticos de rápido crecimiento. Este plan se sustenta en el despojo de tierras de poblaciones originarias de los Andes y el Paraná y produce el llamado “desierto verde”. Según Tierra Viva /Verónica Corzo “Los pinos apagan la biodiversidad de la región: inhiben el crecimiento de otros vegetales debido a las sustancias que segregan y desecan el suelo.” En el Delta la forestación intensiva -liderada por Papel Prensa y Arauco- agota el agua de los humedales, genera la perdida de diversidad y altera la regulación hidrológica propia del bosque nativo.
El Plan de Extractivismo Arenero, impulsado por el Gobierno Nacional y los Gobernadores de Buenos Aires y Entre Ríos. En Buenos Aires, el Gobernador Kicillof (FDT) propone expandir la jurisdicción y atribuciones de la mafia del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA), integrado por los Intendentes Municipales Ribereños y liderado por el Intendente Passaglia de San Nicolás, cuyos estragos en el Parque Aguiar y la Isla Alfano ni la suprema corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires logra frenar. En Entre Ríos el Gobernador Bordet (PJ) liberó la extracción del 70% de la arena destinada al fracking de Vaca Muerta. Amparada por el Gobierno Nacional la empresa belga Jan De Nul Group -además del dragado del Paraná- se estableció en Diamante con la devastadora arenera “Arenas Argentinas del Paraná S.A.”, bajo completo encubrimiento político y sindical.
El Plan Nuclear Argentino y su hermética Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) intentan implantar en Atucha, Lima, a orillas del Río Paraná, un reactor nuclear de origen chino Hualong One que las movilizaciones populares lograron rechazar en Río Negro defendiendo a toda la Patagonia.
El Plan Energético Nacional, en cuyo marco se creó el Puerto Regasificador de Escobar, inaugurado el 8 de junio de 2011(CFK), bajo contralor de YPF y ENARSA, recibe gas natural licuado (GNL) importado. Fue implantado contra todas las normativas internacionales en el Río Paraná en lugar de construirse “en mar abierto y con buques proa al océano”. Fue clausurado por el Juez Charvay por peligro de muerte urbana masiva en un radio de 50 km (que barrería con destilerías, centrales atómicas, etc.) y reactivado por presiones políticas.
Los Planes de Urbanizaciones Náuticas, “reconvirtiendo” humedales, cuencas e Islas del Paraná en un negocio inmobiliario privado, dejó enormes estragos en Tigre, Campana, Zárate, Ramallo y San Nicolás. Estos estragos son potenciados por la resolución N° 400/2019 del Gobernador Kicillof para la “regularización de conjuntos inmobiliarios consolidados” con el fin de “una debida planificación territorial de los Municipios (sic) y con ello también la adecuada tributación y registro de los inmuebles” (sic)”, liberando con solo algunos trámites administrativos la construcción de barrios cerrados sobre cuencas y humedales del Paraná. Advertimos que en Zárate la población isleña está siendo sometida a un brutal proceso de desposesión territorial por parte del Club Náutico Zárate y otras oscuras Empresas.
LA CONDICIÓN INTANGIBLE DE LAS ISLAS DEL PARANÁ
Las islas del delta del Paraná, por su carácter aluvional, forman parte del lecho de esta vía navegable internacional. Son bienes del Dominio Público Natural, protegidas por la Constitución, las leyes, el Código Civil y Comercial de la Nación y diecisiete pactos internacionales. No pueden enajenarse en forma privada (art. 235,237,1959 y 1960 CC y CN). Existen derechos a la posesión familiar o comunitaria de los pueblos isleños que allí residen (art. 235). No pueden venderse, ni embargarse, ni privatizarse (art. 237). Forman parte del erario público del Estado Nacional y de las provincias ribereñas y únicamente el Poder Legislativo Nacional puede alterar esta condición. Toda acción que intente entregar a privados para su explotación comercial, inmobiliaria, forestal o ganadera es ilegal.
Las islas aluvionales del Paraná y sus ecosistemas están poblados por familias y trabajadores integrados a su hábitat; son pescadores, canoeros, guías de pesca, forestadores, hacheros, junqueros, apicultores, ceramistas, mimbreros, artesanos, quinteros, criadores de animales de granja, familias que tienen una economía de subsistencia habitando una posesión comunitaria permanente e ininterrumpida dentro del Delta del Paraná bonaerense, frente a las riberas de San Nicolás, San Pedro, Ramallo, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando.
DESPOSESIÓN ISLEÑA Y DESTRUCCIÓN AMBIENTAL.
La población isleña viene padeciendo impunemente, con la complicidad de los Estados provinciales y municipales ribereños, la amenaza de empresarios, la coacción de las fuerzas de seguridad y la violenta destrucción de sus viviendas.
De esta manera se concreta el progresivo desplazamiento forzado de las familias para invadir sus posesiones comunitarias con el objeto de realizar actividades empresarias agro ganaderas, forestales, e inmobiliarias de alto impacto ambiental sobre humedales, acuíferos y cuencas hídricas, al tiempo que se expulsa a quienes residen en las islas del Paraná, impidiendo su acceso al alimento, a la educación y al trabajo en el hábitat isleño.
San Nicolás
ESTRAGOS EN PARQUE AGUIAR E ISLA ALFANO
El 21 de abril de 2022 los isleños Autoconvocados organizados en la Asamblea del Paraná concurrieron a la casa de gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo hicieron ante la irresolución de la Audiencia N° 1520 dispuesta el 6 de diciembre de 2021 por el Gobernador Kicillof, que nunca se concretó.
Frente a la intensidad de los reclamos en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires fueron atendidos por funcionarios de la Ministra de Ambiente Daniela Vilar y de la Ministra de Gobierno María Cristina Álvarez Rodríguez.
Ante estos funcionarios denunciaron el caso de la isla Alfano frente a San Nicolás donde desconociendo probados derechos de posesión familiar que se remontan a 1934, el intendente de esta localidad Manuel Passaglia -el mismo que entregó a su hermano 877 hectáreas para la pastura y engorde intensivo de ganado- invadió con retroexcavadoras dicha isla, taló más de 300 árboles nativos, derrumbó la vivienda sobre palafitos de un habitante isleño, arrasó con la laguna de desove de peces, y derrumbó el albardón costero y ecosistemas convivientes, para transformar el hábitat isleño en dos balnearios al mejor estilo Miami, a los que denominó “Barranquitas” y “El Arenal”.
Cabe destacar que el Director Provincial de Islas, Eugenio Ligesmeyer bajo las órdenes de la Ministra de Gobierno, después de haber presenciado los estragos en la isla Alfano, les advirtió a los Autoconvocados “que todo el poder lo tiene la Municipalidad.” (Sic)
Lamentablemente, el Gobierno Provincial legitimó con su anomia las acciones del municipio de San Nicolás ejecutando ilegalmente obras de infraestructura en el Parque Regional, Forestal y Botánico Rafael de Aguiar, un área de humedales, bosques ribereños y ambientes característicos del delta bonaerense, protegida por leyes nacionales y provinciales, y refugio del último bosque de Toratay -arbusto endémico de las islas y riberas del Paraná inferior- que sobrevive en la provincia de Buenos Aires.
En 2019, mediante una ordenanza, el intendente Passaglia le quitó el status legal de área natural protegida, lo que es contrario a sus atribuciones.
En 2020 inició un proyecto ilegal para el ensanchamiento de una calle de tierra y la posterior construcción de una costanera con murallón sobre el arroyo Yaguarón, una mega-obra de relleno con escombros y tierra sin haber realizado estudios de impacto ambiental ni anunciar el objetivo de estos movimientos de suelo sobre las orillas del arroyo principal del río Paraná.
La movilización de los vecinos y movimientos ambientales frente a la destrucción con maquinaria vial de árboles nativos fue enfrentada en enero de 2021 con una brutal represión policial con golpizas, diez detenciones (incluido el guarda parques Oscar Ramírez), amenazas de muerte y hasta agresiones misóginas.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) concurrió al lugar en algunas oportunidades, las obras se detienen algunos días y vuelven a comenzar.
A esta altura, el daño ambiental es irreparable.
Según el Foro Medio Ambiental (Fomea) de San Nicolás, las mega-obras encubren proyectos urbanísticos en zonas prohibidas motivados por la especulación inmobiliaria de sectores empresarios y funcionarios políticos que despliegan su accionar con el objetivo de apropiarse de trescientas cincuenta hectáreas de humedales y bosques nativos de esta reserva.
El reclamo de inconstitucionalidad de la ordenanza y las movilizaciones de vecinos lograron que en julio de este año la Corte Suprema provincial dictaminara la prohibición de continuar con las obras lo que fue simplemente ignorado por el intendente Passaglia.
En noviembre, y frente a nuevas denuncias, la Corte ordenó una pericia que confirmó el hallazgo de maquinaria pesada, un camino que dividió en dos un espejo de agua, la construcción de paradores y la construcción de un puente.
Un nuevo fallo dispuso la inmediata clausura de las obras, ordenando retirar la maquinaria, camiones y equipos. A pesar de este segundo fallo del Tribunal Supremo de la Provincia de Buenos Aires Passaglia siguió adelante. No podía ser de otro modo desde el momento en que la Corte bonaerense delegó la aplicación del fallo en la policía de Sergio Berni responsable de la represión violenta a los vecinos y en el Ministerio de Ambiente provincial a cargo de Daniela Vilar quien nunca atendió las denuncias presentadas por los vecinos.
El 4 de Enero de este año en momentos en que ingresaba nuevamente maquinaria pesada a la reserva, la abogada ambientalista Dra. Ana Fernández llamó a la policía y cuando esta se presentó le entregó copia del fallo.
La reacción del comisario Claudio González a cargo de la Comisaría 1ra fue romper el documento de la Suprema Corte, atacar a la abogada, esposarla y detenerla provocándole lesiones (Fotos y videos adjuntos).
El Clan Passaglia sigue actuando con total impunidad a pesar de dos fallos de la Corte provincial y en medio de un escándalo de corrupción que los tiene imputados por la Justicia Federal.
San Nicolás
ATANOR: Impunidad Política y Judicial
ATANOR SCA, una filial de la multinacional norteamericana de Albaugh LLC, calificada como de Tercer Nivel Ambiental (Tercera Categoría = máximo nivel de peligrosidad humana y ambiental), fue habilitada primero por el Municipio -que libera el “indicador urbanístico de uso del suelo”- y luego por la Provincia -que libera la operación de la planta dentro del casco urbano de San Nicolás.
En 2016 la movilización de vecinos y organizaciones respaldando el reclamo de Walter Ibarra, referente de la ONG “Protección Ambiental del Río Paraná”, lograron que la justicia provincial ordene la clausura provisoria
A pesar de las clausuras, reaperturas y allanamientos a lo largo de los años ATANOR continuó vertiendo líquidos prohibidos al río Paraná y envenenando a los vecinos de San Nicolás.
El Estado Argentino ha sido intimado en tres oportunidades por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir ante las evidencias presentadas por los vecinos que relevaron 200 muertes en seis cuadras del vecindario linderas con la planta. Argentina no respondió ninguna de las intimaciones.
El 6 de marzo de 2023 la Jueza Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás dictó sentencia definitiva en el amparo ambiental que por contaminación del Río Paraná inició en el año 2015 el Foro Medio Ambiental (FOMEA). Después de 8 años, durante el cual se acumularon cánceres, enfermedades pulmonares, muertes humanas, contaminación de tierras, exterminio de ecosistemas, envenenamiento de los recursos hídricos subterráneos y del Río Paraná, el Poder Judicial se limitó “ordenar” al (OPDS/Ministerio Ambiente Provincial), que haga lo que omitió hacer en casi cuatro años de mandato: “emitir dictamen sobre la licencia de emisiones gaseosas” y “realizar mediciones mensuales de efluentes gaseosos, conforme a la normativa vigente” y a la AUTORIDAD DEL AGUA un organismo absolutamente burocrático e inoperante, “expedir dictamen sobre la procedencia de autorización de explotación de recurso hídrico subterráneo a empresa ATANOR” , “expedir dictamen sobre la procedencia de autorización de vuelco a la empresa ATANOR” y “a medir mensualmente en lo sucesivo en el vuelco de la empresa ATANOR, los niveles de Atrazina y sus metabolitos” O sea que la empresa puede seguir volcando Atrazina, un herbicida disruptor endocrino (químico capaz de dañar nuestras hormonas y afectar negativamente a nuestra salud) que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno, con mayor evidencia en cáncer de mama y próstata.
El fallo apela a la “responsabilidad empresarial” y la necesidad de “proteger el desarrollo económico” y la jueza le ordena a la propia ATANOR que implemente una “evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativos”, que realice “ un estudio de perturbación del suelo” y que –después de nueve trágicos años- concrete “la inmediata puesta en funcionamiento de un sistema de mejora de tratamiento a su costo ” . Sin aplicar ninguna pena concreta, ni multa, ni obligación de reparar daños ambientales o resarcir y asistir a las víctimas.
ATANOR solo fue “condenada” a pagar al equipo de abogados y especialistas ambientalistas intervinientes la módica suma de unos 36 JUS o sea $ 255.333 a repartir entre 4 personas. Una burla en la cara de los vecinos de San Nicolás.
La connivencia de todos los poderes del Estado Nacional, Provincial y Municipal se manifiesta en este sólo caso. Pero hay muchos más.
CAMPANA: IMPUNIDAD Y EXPANSIÓN CORPORATIVA
Desde hace más de dos décadas los Vecinos Autoconvocados de Campana vienen denunciando los impactos humanos, sociales, estratégicos y ambientales de los planes de ordenamiento territorial financiado por el grupo Techint y ejecutado por distintas representaciones políticas.
Después que Quirino denunciara en la Justicia Federal el corte y relleno del lecho original del Arroyo de la Cruz y reclamara ante las autoridades políticas y concejales el esclarecimiento del Arrasamiento del Centro Clandestino de Detención Tiro Federal Campana, que el grupo Techint –bajo completa complicidad política- demoliera e hiciera desaparecer a pesar de una cautelar de la justicia por “presuntos hallazgos de restos humanos” vinculados al Terrorismo de Estado, los Autoconvocados de Campana denuncian que en 2016 que la Oficina para el Desarrollo Sustentable (OPDS) oculto información que demostraba que Tenaris-Siderca- Grupo Techint y el gobierno provincial estaban avanzando en un plan para transformar en no navegable el Arroyo de la Cruz, una vía navegable interior del pueblo de Campana con desembocadura en el Río Paraná.
Este ocultamiento de información estratégica por parte del Gobierno Provincial coincidió con la resolución de fuerzas políticas mayoritarias de Campana (PRO + CAMBIEMOS + FPV + PJ + FR + LA CÁMPORA) de entregar a Tenaris Siderca el Puerto Soberano de Frutos de Campana, utilizando el ardid de una bizarra “Operación de Canje Estadio x Puerto”.
Estos expedientes y la denuncia presentada al Tribunal Federal N° 1 de Campana, cuya documentación adjuntamos, fueron ocultados por funcionarios y legisladores de todas las fuerzas políticas para liberar el 23 de noviembre de 2017, mediante una Ordenanza respaldada por los votos unificados de todas las bancadas, la privatización del Puerto Comunitario de Frutos de Campana en favor de Tenaris-Siderca – Grupo Techint.
De esta forma, la comunidad de Campana perdió la cabecera de la Ruta de la Producción del Mercosur que une los puertos del Paraná con el Río de la Plata y se anuló hasta el día de hoy la conexión isleño-continental prevista como esencial desde el mismísimo ordenamiento territorial de 1952 y se barrió aquella histórica iniciativa de colonización y reparto de tierras que garantizaran la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
Un artículo de Página 12 de Gustavo Veiga (https://www.pagina12.com.ar/105366-plan-canje-una-cancha-por-un-puerto), recogiendo información de los vecinos Autoconvocados de Campana, sintetiza de esta manera la Operación Canje de Estadio x Puerto que –después de un fallido intento de la Intendente Giroldi (PJ-FPV) en el año 2014- consumara el intendente Abella (PRO-CAMBIEMOS) en el año 2017:
“La permuta oficializada por las autoridades políticas de Campana tiene una historia que va más allá de la ordenanza de Abella. Comenzó en 2011, cuando el municipio era gobernado por la intendenta del Frente para la Victoria Stella Maris Giroldi. La funcionaria propició la operación canje con otro proyecto (30394/11) y lo hizo público en una solicitada. Entendía que era necesario “intercambiar los terrenos de avenida Mitre y Puccini por otros en la zona del Puerto de Frutos”. En esa dirección se encuentra la cancha. El predio donde se levanta nunca le perteneció a Dálmine Siderca o Tenaris –la denominación que adoptó la empresa del grupo Techint en 2001– por lo que se quedó con el estratégico puerto pagándolo con otras tierras fiscales”.
Las consecuencias de esta fenomenal entrega de tierras, cuencas y áreas estratégicas se comprobarían rápidamente.
El Potrero de las Burras paso se ser un valle de inundaciones de los arroyos La Pesquería y de la Cruz, con monte nativo, humedales y biodiversidad sorprendentes, a ser un área de disposición final de residuos peligrosos del Grupo Techint.
El Puerto Soberano de Frutos de Campana y su dársena –a la vista de todos-, pasaron a ser un depósito de chatarra que se alza como una montaña altamente contaminante liberada de todo contralor ambiental.
Los derrames de grafito al Río Paraná pueden ser constatados en cualquier mapa interactivo de Google.
Desde la Asamblea del Paraná los vecinos reclaman la nulidad de la ordenanza privatizadora del Puerto de Frutos de Campana en favor del grupo Techint. La inmediata recuperación de la navegabilidad del Arroyo de la Cruz. El saneamiento del área de acumulación de chatarra y residuos contaminantes de Siderca y la habilitación del embarcadero isleño Campana como recurso indispensable de conexión isleño-continental a través del Paraná.
ZÁRATE: DESPOSESIÓN ISLEÑA
En Zárate la apropiación privada de las costas ha dejado a las familias isleñas con un único acceso al Paraná, en la continuación de la calle Rivadavia, lindera al exclusivo Club Náutico Zárate.
El conflicto más grave lo constituye el plan de desalojo isleño impulsado por el club Náutico Zárate, que ha iniciado la usurpación de posesiones comunitarias ancestrales, hostigando y persiguiendo a la población isleña con métodos mafiosos, con el objetivo de crear un nuevo Nordelta, levantando terraplenes alrededor de las viviendas o directamente destruyendo casas y muelles.
DRAGADO Y EXTRACTIVISMO ARENERO
El Paraná se ha transformado en la patria de la usurpación, destrucción y contaminación ambiental bajo la vista gorda de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
La llamada Hidrovía, un gigantesco canal de dragado de 1.240 Km en el tramo argentino con una profundidad de más de 50 pies, es la principal obra de infraestructura logística del país y es la ruta de salida de casi el 80% de la producción cerealera.
La Hidrovía ha generado un extraordinario impacto ambiental desde sus orígenes, en primer término, por la alteración constante del lecho del río, hábitat natural de innumerables especies, que ha hecho retroceder la población de peces, sustento alimentario de la población isleña.
En 2021 bajo la administración de la empresa belga Jan de Nul, la bajante histórica del Paraná fue “resuelta” mediante el expediente de profundizar el canal en 50 cm a lo largo de todo su curso.
Con la bajante aún mayor de 2022 este recurso se volvió a utilizar.
No se conocen estudios oficiales del impacto ambiental que esta práctica genera. Al comenzar 2023 nos encontramos con una nueva bajante que amenaza con llegar al nivel cero (al 10/1 estaba en 50cm).
El escaso caudal termina concentrándose sobre el canal de la Hidrovía. “El zanjón para garantizar la navegación de barcos mercantiles se chupa el agua de los arroyos y riachos del humedal. Una de las consecuencias es la mortandad de peces que quedan atrapados en charcos calientes y sin oxígeno” (1).
El sedimento de los riachos se acumula y no deja entrar el agua porque no dragan las bocas, así empieza a escasear el agua para las personas en zonas de islas.
Pero no son solo las islas, la ciudad de Victoria (Entre Ríos) está atravesando una crisis hídrica sin precedentes que pone en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población.
Las organizaciones ambientales de Victoria elaboraron un informe con imágenes que indican tres bocas que son “indispensable dragar para que alimenten a nuestro humedal y así lograr que los riachos y arroyos mantengan su caudal actuando como cortafuegos naturales”. La falta de agua impide combatir los incendios intencionales.
En junio de 2021 la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) realizó un pedido de informe al Ministerio de Transporte de la Nación, con copia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Reclamó saber quién autorizó esos trabajos y si hubo evaluación de impactos ambientales. “El sobredragado está considerado como un crimen ambiental porque compromete seriamente el futuro del Paraná, que ya sufrió una bajante extraordinaria con la sequía en 2020”.
Lucas Micheloud, integrante de la AAAA, confirmó al programa Apuntes y resumen (Radio UNR) que la empresa no solo no tenía autorización, sino que ni siquiera informó de los trabajos a Nación. Incluso el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, trasladó por nota esas mismas inquietudes a la Jan de Nul, la firma belga que ahora quedó fuera de la concesión.
El sobredragado denunciado tiene sus motivos. Con la pérdida del caudal, los buques de ultramar no pueden navegar algunos tramos o no llegan a cargar sus bodegas. El flete se encarece. El negocio de la exportación es menos negocio. Los defensores de ese modelo -a quienes se pudo escuchar en la reunión de Comisión de Transporte de esta Cámara- les ponen cifras a las pérdidas: 244 millones de dólares solo en un cuatrimestre de 2020. ¿Cuánto cuestan las barrancas que se caen, los riachos que se secan, los peces que se pierden; qué porcentaje del humedal es sacrificable para mejorar la rentabilidad de los agroexportadores?
Sin una ley de presupuestos mínimos que los proteja, el fuego, en los últimos años, ha devorado gran parte de los humedales del Delta entrerriano. Pero los incendios intencionales no son los únicos que destruyen toda la vida que habita en este enorme y vital ecosistema.
La empresa Jan de Nul ya mencionada, después de varias prórrogas de su contrato original en 1995 ha cedido su lugar a la Administración General de Puertos (AGP). Sin embargo, hoy desarrolla una de las actividades más lucrativas del momento con su empresa Arenas Argentinas del Paraná en la localidad entrerriana de Diamante quien junto a YPF y su plataforma de extracción de arena El Mangrullo, en el río Gualeguay, son los principales proveedores de Vaca Muerta. YPF/Ibicuy, La Cooperativa de Aguas de Ibicuy, localidad entrerriana de 10.000 habitantes, presentó en diciembre de 2020 un recurso exigiendo al gobierno entrerriano un informe del impacto ambiental de las canteras y areneras del sur provincial. Así pudo acceder a 33 expedientes constatando la ausencia de audiencias públicas que establece la Ley de Ambiente.
Otro dato llamativo fue el volumen de agua que utilizan estas plantas. El Mangrullo ocupa un predio de 400 hectáreas e YPF reconoció, en una audiencia que se realizó por radio, que la extracción de agua sería de 1000m3 por hora, equivalente al consumo diario de una ciudad de 120.000 habitantes, cuando en el informe ambiental ante la provincia declaró no necesitar hacer uso del agua.
Otras 3 areneras extraen casi 300 millones de litros mensuales, en todos los casos del acuífero Guaraní una de las reservas de agua potable más grandes del mundo.
FLOCULANTES. –
Otra gran preocupación con respecto al funcionamiento de las areneras está vinculada directamente al uso de una sustancia química conocida como floculante (Sanuroil) por la arenera El Mangrullo de YPF. Siendo que en el expediente señalan que no lo utilizan y en la audiencia reconocieron utilizar 100 kilos por día. El floculante es un producto químico que según la SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos) es nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel y por inhalación. Se utiliza para separar la arena ultra fina requerida por el fracking de otros componentes que acompañan su extracción. El tratamiento se realiza en unos “ciclones” donde se produce el lavado. Lo que hace el floculante es generar un proceso de decantación mucho más rápido. Multiplicando por mil el tiempo de decantación se acelera la precipitación, entonces de 100 pasa a 100 mil kilos.
En el expediente N°2.230.890 referido a la planta “El Mangrullo” de YPF S.A, la empresa informa que se “construirá una pileta que actuará como depósito “Dique de cola” convenientemente acondicionado para que no se ocasionen fugas y por ende daños al ambiente”.
CONTROLES. –
En el recurso de amparo se solicitaron al gobierno provincial respuestas que éste no dio. Según Ricardo Luciano abogado de la Cooperativa de Aguas de Ibicuy “El Estado no pudo informar quién, cómo, y cuándo se controlan las actividades que desarrollan las areneras, y por consiguiente el grado de contaminación y devastación que producen”. “Mensualmente se extraen miles de toneladas de arena de los Departamentos Islas del Ibicuy, Victoria, Diamante, Concepción del Uruguay, dejando cráteres a su paso, contaminado con el uso de floculantes, residuos de combustibles, esparcimiento por el aire de arena sílica que está probado científicamente que es cancerígena por inhalación, inundando campos linderos a las plantas como ya está sucediendo en Departamento Islas del Ibicuy, destruyendo caminos”, debido al enorme flujo de camiones que parten por día con rumbo al sur del país. Y asegura que donde antes había una biodiversidad abundante y autóctona de flora y fauna, hoy solo hay cavas, o fosas, de 3 a 5 metros de profundidad. “Muchos trabajadores de Ibicuy han muerto de cáncer de pulmón luego de trabajar con estas arenas, Silicosis se llama la enfermedad pulmonar irreversible producida por el contacto continuo al inhalar un polvo que contiene pequeñas partículas de un material duro que se denomina sílice –presente en altos porcentajes en este tipo de arenas”, detallaron en un comunicado la organización ambientalista Cauce junto al gremio docente de Agmer.
El 9 de abril ambas organizaciones interpusieron un amparo ambiental ante la Vocal de Cámara Valentina Ramírez Amable contra YPF, el Estado provincial y la Municipalidad de Ibicuy. Una de las razones era la cercanía de un barrio y de la escuela N 30 “Ejército Argentino” a una de las plantas más grande que opera en la provincia. Allí decían: “En el caso del Municipio de Ibicuy se pidió que se declare la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental, revocándolo en todos sus términos.
Respecto al gobierno provincial, se señala que omitió controlar debidamente el proceso de evaluación de impacto ambiental iniciado por la Empresa YPF S.A y que esta última actuó de manera ilegal al incumplir las normas de protección ambiental y de salud y calidad de vida humana, al instalar su planta de lavado y clasificación de arenas en un área natural protegida, llamada “Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres” (Ley Provincial N.º 9718.), un humedal que se encuentra dentro de un área natural protegida, un humedal que forma parte del macro-sistema de humedales que componen el Delta del Paraná”. “YPF S.A. no ha presentado información completa sobre sus procesos y los químicos que utilizará en los mismos. No se ha explicitado los procesos de tratamiento de efluentes líquidos de los depósitos que se constituirán como diques de cola, y los efectos o consecuencias que tendrá en los ecosistemas y en la salud y calidad de vida de la población la utilización del producto SANUROIL”.
Lo que siguió fueron dos fallos judiciales. En el primero admitió parcialmente la demanda presentada pero desestimó el pedido de revocación de la actividad minera ordenando a la firma YPF reemplazar el floculante SANUR OIL en un plazo de 120 días, estableciendo que durante ese lapso “se realizarán muestreos de calidad de agua en la modalidad sugerida por el perito interviniente -pozo de agua, piletas de lodos, barrio aledaño, escuela y arroyo- en la frecuencia que impongan los órganos técnicos de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAER).
La justicia concluyó que “no hay criterio científico uniforme”. No obstante, señala que deberían incrementarse la periodicidad de los muestreos y extensión de los parámetros a analizar”. Los vecinos y organizaciones apelaron el fallo. La empresa YPF S.A señaló que la “gestión ambiental” es exitosa.
Luego de la apelación, un segundo fallo emitido por el Superior Tribunal de Justicia ordena la realización de monitoreo de agua cada 45 días en el término de un año, y obliga a proveer a las autoridades de control los estudios de toxicidad de los floculantes utilizados sobre una mayor diversidad de organismos vivos, con una periodicidad de tres meses. También ratifica la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo en un plazo máximo de 180 días y ordena realizar, por parte de la SAER junto a la Municipalidad de Ibicuy, “una campaña de divulgación periódica de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y agua obtenidos, publicando los resultados y conclusiones en lenguaje llano y accesible”. Un primer paso logrado por la demanda de vecinos y ambientalistas, no por la acción de los organismos ambientales.
CONSECUENCIAS
En Entre Ríos se concentra más del 80% de toda la producción de arena silícea que se utiliza en Vaca Muerta para el fracking. Cada tonelada de arena puesta en yacimiento tiene un costo de aproximadamente 40 dólares, mientras que la arena que se extrae de Chubut tiene un precio bastante más elevado (más de $100 dólares la tonelada).
En 2021, se consumieron 13.572 toneladas de arena por pozo, un 68% más que el año anterior y casi el doble de las 7.755 toneladas de 2019. “Vaca Muerta en su plena producción estima consumir 8.000.000 de toneladas anuales.
El territorio humedal es el más codiciado: allí se encuentra la materia prima necesaria que requiere la actividad petrolífera de Vaca Muerta. La arena fina que provee el humedal entrerriano, “el nuevo oro” según la considera la industria extractiva, se utiliza para mantener abiertas las fracturas hidráulicas de pozos de petróleo y gas. Cada pozo consume entre 6 y 15 mil toneladas de arena, dependiendo de la cantidad de fractura.
La localidad de Ibicuy posee alrededor de 8 mil habitantes y se destaca por las actividades agroganaderas, explotación forestal y la pesca deportiva. En la última década, la extracción de recursos naturales no renovables, como las arenas silíceas, cobró un especial interés por la abundancia y pureza de sílice que abarata el proceso de lavado.
Dado el código de minería, las minas de tercera categoría, como la arena silícea, pertenecen únicamente al propietario y el estado provincial no recibe regalías por su explotación, sino que se cobran cánones relacionados a la actividad, permisos de inscripción y el cumplimiento de normas ambientales. La flexibilidad del marco regulatorio sobre estos minerales hace que el estado no logre tener un conocimiento fehaciente de cuánto producen las empresas y cuál es el canon correspondiente”.
Según la Fundación Cauce “Actualmente se encuentran operando ocho empresas que se ubican dentro del ejido municipal y según los últimos datos relevados las empresas declaran despachar por día, a través de camiones bateas, 4000 toneladas de arena con destino final la localidad de Añelo.
En otras palabras, desde Ibicuy salen aproximadamente 250 camiones diarios que permiten fracturar y extraer hidrocarburos en Vaca Muerta. Del valor total que transporta cada camión (aproximadamente US$ 6000 si tenemos como referencia el valor de la arena en US$200) el municipio recibe por tasa municipal 4 dólares por camión.
El mayor reclamo de los vecinos de Ibicuy es la degradación del principal acceso al municipio, la Ruta 45 (inaugurada en 2012), provocada por el intenso tráfico de camiones bateas que arruinó en pocos meses el pavimento y hasta el día de la fecha continúa con un estado intransitable. El exceso de carga de los camiones no sólo arruina la infraestructura vial (puentes, pavimento o señalización) sino que también conlleva una serie de aspectos negativos para la municipalidad como son los accidentes de tránsito (solo en 2020 fallecieron diez personas en este tramo), mayores demoras de los vecinos para trasladarse, presencia de gran cantidad de arena en la calzada y menores incentivos para la llegada del turismo.
Este escenario provocó múltiples protestas de los vecinos y cortes de la ruta nacional 12 para exigir a las autoridades las obras correspondientes y un plan estratégico adecuar la actividad a la vida de los pobladores. Solo para dimensionar el impacto económico que tiene el excesivo tráfico de carga en la infraestructura vial, podemos tomar el costo final la obra de bacheo que se realizó en 2021 que costó $290 millones (el equivalente a diez años de tasa municipal por extracción de arenas) y que al día de la fecha ya está roto nuevamente.
El procesamiento de arena ejerce presión sobre las capas freáticas locales, lo que pone en riesgo a los ciudadanos comunes. El uso del agua potable proveniente de las napas de la Formación Talavera, la misma de la que se abastecen los vecinos, se utiliza para el proceso de lavado de arena. La cantera El Mangrullo (perteneciente a YPF S.A) [5], está consumiendo en solo dos horas de producción lo mismo que todos los vecinos de Ibicuy en todo un día. [6] De aquí surge una real preocupación social referida a la capacidad de carga y filtrado de las napas y la posibilidad de que acumulativamente los nueve proyectos mineros estén afectando un bien común y la vida de las personas. En este sentido la Cooperativa de Agua de Ibicuy solicitó en reiteradas oportunidades información pública a las empresas y presentó un amparo ante la justicia para conocer el estado de situación.
Las transformaciones del uso del suelo en el municipio son increíbles, pasando de ser una localidad agrícola-ganadera a una minera en poco tiempo. Incluso, proyectos mineros como “La República” perteneciente a la empresa Cristamine, impactaron en los campos de producción ganadera aledaños, provocando inundaciones y contaminación de los cursos de agua. Ante este escenario, las organizaciones sociales, productores agropecuarios y vecinos autoconvocados llevaron a cabo diferentes acciones (legales, contenciosas e institucionales) para exigir información y restringir la actividad en el ejido municipal de empresas que no contaban con las habilitaciones correspondientes y los Certificados de Aptitud Ambiental. Esta movilización logró durante 2022 que el Juzgado Federal de Gualeguaychú, dispusiera el cese de actividades de nueve canteras de arenas silíceas y cuatro plantas de lavado ubicadas en Ibicuy y Gualeguaychú por 45 días, dados los reiterados incumplimientos ambientales y la falta de respuesta a las intimaciones realizadas.
Posteriormente, en el mes de octubre, el Juez Federal de Gualeguaychú ordenó la clausura definitiva de la planta de lavado de Cristamine por contaminación ambiental. Referencias bibliográficas Agencia AIM (2022).
GANADERIA EN HUMEDALES: GLIFOSATO Y PIRETRINAS
Los incendios de campos que arrasan con las posesiones comunitarias buscan instalar la ganadería en humedales que pretende imponer el “paquete Monsanto” (semilla transgénica, glifosato) para cultivo de forraje para ganadería de exportación. Este sistema está destruyendo los humedales de Entre Ríos, provincia que ya representa el 35% de las exportaciones nacionales de carne. Sin una ley de presupuestos mínimos que los proteja, el fuego, en los últimos años, ha devorado gran parte de los humedales del Delta entrerriano. Pero los incendios intencionales no son los únicos que destruyen toda la vida que habita en este enorme y vital ecosistema.
Este “boom” explica también la gigantesca contaminación que trae el río Gualeguay que desemboca en su cuenca con glifosato y piretrinas que el humedal isleño no llega a degradar. Un trabajo de Agosto de 2022, que lleva la firma de Tomás Mac Loughlin, Leticia Peluso y Damián Marino, expertos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) – dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata-, arrojó que toda la cuenca del río Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, presenta altas concentraciones del cancerígeno glifosato tanto en el cuerpo de agua como en el lecho, como así también detectó la presencia de insecticidas piretroides como la deltametrina y concentraciones de herbicidas a base de atrazina mayores a otras ya comprobadas.
La cuenca del Gualeguay comprende un cuarto de todo el territorio entrerriano. Y el río desemboca en el delta del Paraná, por lo que los agrotóxicos detectados se trasladan y terminan por impactar, acumulación mediante, en los humedales que hoy sufren las llamas.
CONCLUSIONES
En síntesis, el Paraná viene siendo sometido a una presión ambiental creciente por el extractivismo arenero, la contaminación de papeleras como Celulosa, Papel Prensa, Papelera del Plata o Atanor que vierten sus residuos sin el menor control, por el tráfico incesante de buques graneleros que derraman constantemente hidrocarburos en sus aguas, por el ingreso de especies exóticas con los buques de ultramar, como el mejillón dorado de Asia que instalado en el Paraná obstruye con sus colonias las cañerías. Los pescadores artesanales confirman la ausencia de pesca y el Conicet la presencia de glifosato en el 100% de los sábalos estudiados y las consecuencias desastrosas de la prolongada bajante, está a su vez consecuencia del calentamiento global.
La Asamblea del Paraná, entregó a esta banca el Informe Quirino documentando detalladamente las consecuencias del extractivismo arenero de YPF y Jan de Nul cuya actividad se ha multiplicado gracias a los miles de toneladas de arena que consume el fracking en Vaca Muerta, produciendo una depredación del lecho del río, afectando sus ecosistemas y cuyas consecuencias por el polvo de sílice son conocidas: silicosis y cáncer de pulmón.
Allí también se describe, a partir de informes oficiales, las consecuencias de las centrales Atucha I y II en la contaminación con elementos radiactivos como el Cobalto 60 y el Tritio encontrados en las orillas del Paraná.
Estos fundamentos son apenas una representación parcial de la grave situación del Delta del Paraná, por lo cual solicitamos a esta Cámara en forma urgente:
Convocar al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que explique qué medidas se han tomado o en su defecto por qué no se han tomado las medidas necesarias para que no continúe la expansión de las corporaciones, la precarización de la población isleña y la degradación del río Paraná, de sus aguas, costas e islas. Convocar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para que explique cómo es posible la violación sistemática de los derechos humanos de la población isleña mediante la expulsión de sus territorios, mediante el incendio de sus campos y viviendas que ocupan por generaciones en forma ininterrumpida, así como la represión que se desata sobre aquellos ciudadanos que se manifiestan contra la contaminación ambiental. Convocar al Ministro de Transporte siendo su cartera la responsable de garantizar el funcionamiento de la Hidrovía, la obra logística más importante del país y también de las consecuencias ambientales y sociales que esa obra genera en las aguas, islas y humedales del río Paraná que son bienes comunes de uso público.
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