Conmemoración de los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, adhiere a las movilizaciones en el marco de este aniversario y exige la condena efectiva a los responsables materiales y políticos y repudia todas las manifestaciones antipiqueteras realizadas por los bloques políticos patronales.

21/06/2022

Expediente 1714-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, adhiere a las movilizaciones en el marco de este aniversario y exige la condena efectiva a los responsables materiales y políticos y repudia todas las manifestaciones antipiqueteras realizadas por los bloques políticos patronales.

Fundamentos

El 26 de junio se cumplen 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, se trató de una operación represiva en regla, por lo cual es ajustada la denominación de Masacre de Avellaneda. En dicha jornada hubo treinta y tres heridos de bala producidos por las tropas conjuntas de la Policía Bonaerense, Prefectura y la Policía Federal, que dispusieron francotiradores desde las inmediaciones con armas especialmente escogidas para disimular la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, por lo cual numerosos heridos lo fueron por balas de calibre 22 para luego montar la farsa de que eran heridos o muertos víctimas de los propios manifestantes.

No se trató de una represión más de las tantas que hemos tenido bajo todos los gobiernos constitucionales -no solo bajo la dictadura genocida- contra los trabajadores en lucha. Aquella represión fue preparada minuciosamente por un Consejo de Seguridad comandado por el gabinete nacional que era de “unidad nacional” porque lo integraban no sólo los peronistas del presidente Eduardo Duhalde, sino también un radical como Jorge Vanossi, activo inspirador y conspirador de la operación. Ese gabinete expresaba a la “liga de gobernadores”, sostén del presidente provisional elegido por la asamblea legislativa, después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre que acabó con el gobierno de De la Rúa y Cavallo.

El movimiento piquetero era el heredero político y continuador del Argentinazo que derivó en el “que se vayan todos”. El gobierno surgido del telefonazo entre Raúl Alfonsín y Duhalde cuando se sucedían cinco presidentes en una semana venía a rescatar al Estado sacudido por la irrupción popular donde confluyeron piqueteros y ahorristas estafados en la famosa unión de piquetes y cacerolas. Había que golpearlo, derrotarlo, para recomponer esa autoridad perdida por el Estado de los explotadores.

Claro que la política de la burguesía no fue solo represión y ni siquiera empezó por allí. El problema fue que un importante sector –como hoy la Unidad Piquetera- escapó a aquella cooptación: el Bloque Piquetero Nacional, el MIJD y el MTD Aníbal Verón. Había que golpear y quebrar a aquellos díscolos que organizaban crecientemente a millones de desocupados que habían alcanzado el pavoroso porcentaje del 22% durante aquel 2002.

Y, a no dudar, la operación represiva destinada a “aleccionar” a los “cortadores de ruta” contaba con la anuencia de los dueños del poder, algo seguramente hablado en discretas reuniones del Alvear entre banqueros, terratenientes y poderosos industriales. Recomponer un ciclo de negocios requería disciplina social y que el mal ejemplo piquetero no se extendiera a las fábricas y lugares de trabajo, que ya demasiado tenían con la ola de ocupaciones de fábrica que derivaron en las gestiones obreras. Aquellas gestas en las que tanto se destacó apoyando el Polo Obrero: Brukman, Zanón, Lavalán, Grissinopolis, o los obreros del subte que impusieron las seis horas en una de las grandes luchas de la etapa. El ala devaluacionista que tenía nada menos que a jugadores como Techint en sus filas había impuesto una devaluación de 3 a 1, ahora había que garantizar los negocios y la regimentación de las grandes víctimas de toda megadevaluación, los trabajadores.

La operación represiva fracasó. El gobierno de Duhalde tuvo que apurar su salida, cuando la lucha del movimiento piquetero desde la tarde misma de la Masacre desbarató la mentira más famosa de Clarín: “la crisis se cobró dos nuevas víctimas”, como tituló su tapa. La reacción extraordinaria del Bloque Piquetero armando la conferencia de prensa y la movilización del día siguiente fueron decisivas en una batalla que llevaría días, semanas, hasta el acampe en Plaza de Mayo del 7 de agosto.

En estos días se ha denunciado con justa indignación el pedido de libertad a Fanchiotti y Acosta, los asesinos materiales de Darío y Maxi. Denunciamos el hecho de que Aníbal Fernández, uno de los autores intelectuales de la Masacre, uno de los máximos responsables políticos, alguien que también formó parte del operativo de impunidad en el crimen de Mariano Ferreyra, no solo esté impune sino que sea ministro de Seguridad. Hay en ello un mensaje profundo. El de una clase social que rescata a quién rescata y prepara al Estado con tipos como él y como Berni. Sin duda una fuerte lección para quienes creyeron ver en el kirchnerismo una corriente liberadora y antirrepresiva después que Néstor descolgara el cuadro de Videla. A no engañarse, nos dicen, aquí estamos para defender la recomposición del Estado como Duhalde y después Néstor Kirchner la defendieron tras el Argentinazo y el Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002.

A 20 años, centenares de miles de piqueteros se organizan de manera independiente a los gobiernos, mostrando la vigencia de un movimiento histórico de los más explotados dentro de los explotados. Pero también son 20 años que nos muestran que bajo todos los que nos gobernaron en estas dos décadas perdemos los trabajadores. Por eso la vigencia de las banderas de la gran Marcha Federal “por el trabajo y el salario, contra el hambre y la pobreza”. Por eso hoy tenemos que luchar por la libertad y la absolución de todos los condenados y procesados por luchar. Porque la derrota de fondo de los asesinos de Kosteki y Santillán será la derrota de una clase social y sus gobiernos, será la victoria del gobierno de los trabajadores para lo cual tenemos que organizarnos como alternativa política y de poder.

Informes referidos a la“Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en conmemoración a las víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañon el 30 de Diciembre de 2004“

16/05/2022

Expediente 1396-D-2022

Adhesión proyecto Alejandrina Barry

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, por escrito y en formato digital, sobre los siguientes puntos referidos a la“Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en conmemoración a las víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañon el 30 de Diciembre de 2004“:

  1. Informe la cantidad de escuelas de inicial y media, en las que se desarrolló la “Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en conmemoración a las víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañon el 30 de Diciembre de 2004” el 30 de marzo del corriente año.
  2. Informe la cantidad de alumnos, distinguiendo según el grado y la edad, que participaron de la “Jornada…” en las escuelas primarias de la Ciudad. Referencie según el distrito.
  3. Informe la cantidad de alumnos, distinguiendo según el año y la edad, que participaron de la “Jornada…” en las escuelas secundarias de la Ciudad. Referencie según el distrito.
  4. Informe cantidad de docentes que dictaron las clases temáticas sobre la “Jornada…” en las escuelas primarias de la Ciudad. Referencie según el distrito.
  5. Informe cantidad de docentes que dictaron las clases temáticas sobre la “Jornada…” en las escuelas secundarias de la Ciudad. Referencie según el distrito.
  6. Informe la cantidad de alumnos, distinguiendo según el año y la edad, que participaron de la “Jornada…” en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS). Referencie según el distrito.
  7. Informe cantidad de docentes que dictaron las clases temáticas sobre la “Jornada…” en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS). Referencie según el distrito.
  8. Informe la cantidad de alumnos, distinguiendo según el año y preferentemente la edad, que participaron de la “Jornada…” en los Institutos de Formación Docente (terciarios). Referencie según el distrito.
  9. Informe cantidad de docentes que dictaron las clases temáticas sobre la “Jornada…” en los Institutos de Formación Docente (terciarios). Referencie según el distrito.
  10. Informe qué materiales escritos, en papel y digitalizados, así como visuales y audiovisuales, se utilizaron para el desarrollo de la “Jornada…” en cada uno de los cuatro niveles educativos y de formación de educación pública dependientes del GCABA y mencionados anteriormente. Adjunte prueba de los mismos

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El 18 de mayo del 2006, se sancionó la Ley N° 1.977 que indica en su artículo primero “Institúyase el 30 de Marzo como “Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en conmemoración a las víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañon el 30 de Diciembre de 2004“.

Cabe recordar que aquel 30 de diciembre de 2004 sucedió la masacre, durante un recital de la banda de rock Callejeros en el local bailable República Cromañón, ubicado en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires. El suceso dejó un saldo de 194 muertos, al menos 1432 heridos, y una cantidad de sobrevivientes estimada en la causa penal de alrededor de 4500 personas, y cientos de familias, amigos y amigas atravesadas por un profundo dolor frente a la pérdida de sus seres queridos, además de las consecuencias sociales y psicológicas de sobrevivientes y sus allegados y allegadas.

Es de suma importancia que se resguarde la memoria de lo que nos sucedió como sociedad para que no vuelva a pasar. Esto es parte de la lucha por verdad y justicia frente a ese crimen social que hace años dan sobrevivientes, familiares, amigos, amigas, y distintos colectivos y organizaciones que apoyan este reclamo. Frente a esto, es indispensable para nosotras y nosotros apoyar la visibilidad y concientización sobre un hecho tan trascendente como éste, para así prevenir frente a los espacios de recreación principalmente juvenil.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.

Repudia a la represión y las detenciones realizadas por la Policía de la Ciudad hacia trabajadores precarizados cartoneros del MTE que reclamaban por aumento de salario y apertura de paritaria, y reclama la inmediata libertad de los 13 trabajadores detenidos

06/05/2022

Expediente 1301-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1°- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión y las detenciones realizadas por la Policía de la Ciudad hacia trabajadores precarizados cartoneros del MTE que reclamaban por aumento de salario y apertura de paritaria, y reclama la inmediata libertad de los 13 trabajadores detenidos.

FUNDAMENTOS

El día 5 de mayo, en horas de la tarde en CABA, se desarrollaba una manifestación de trabajadores precarizados cartoneros del MTE que reclamaban por aumento de salario y apertura de paritarias, cuando un operativo de la policía de la ciudad llevó adelante una represión que terminó con trabajadores heridos y 13 que aún continúan detenidos.

Los reclamos contra la precarización laboral y por aumento de salario son más que justos en medio de una inflación y un ajuste que se descarga contra los trabajadores, aún más fuertemente después del acuerdo con el FMI. Este es respondido desde el Estado  con  represión, detenciones y procesamientos a los reclamos populares.

Este hecho se inscribe en el marco de los dichos de Larreta, que frente a otras movilizaciones ha planteado que las mujeres “usan a los chicos de escudo en las manifestaciones”. El derecho a la protesta es un derecho fundamental frente a la situación de ajuste que se está viviendo y es por eso que es necesario reclamar el fin de la represión, la liberación y que se termine con la persecución frente a los reclamos populares.

Repudia a la represión llevada a cabo por la policía de Catamarca y ordenada por el Gobernador Raúl Jalil, apoyo al reclamo de Andalgalá y Choya contra MARA Agua Rica y pedido la inmediata libertad de Karina Ortega

05/05/2022

Expediente 1285-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1°- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión llevada a cabo por la policía de Catamarca y ordenada por el Gobernador Raúl Jalil, poyar el reclamo de Andalgalá y Choya contra MARA Agua Rica y reclama la inmediata libertad de Karina Ortega, activista encarcelada en la represión.

FUNDAMENTOS

En la noche de este martes 3 la policía de Catamarca reprimió violentamente a los vecinos de Choya, una localidad cercana a la mina Agua Rica, cercana a Andalgalá. Producto de la represión, hay varios heridos que han sido llevados al hospital de Andalgalá y una detenida, Karina Orquera, y se reclama en la Comisaría por su liberación.

La represión es un nuevo intento para quebrar la resistencia popular a la puesta en marcha del emprendimiento, que va a contaminar con cianuro los ríos destruyendo el acceso al agua en la zona y generando un enorme perjuicio para las comunidades. El operativo represivo comenzó en horas de la tarde para garantizar que la empresa pudiera introducir camionetas con materiales en la zona de la mina. El acampe de la asamblea de Aguas Claras buscaba justamente impedir esto, y se había llegado a un acuerdo para que no pasaran materiales.

Desde abril que se llevan adelante cortes selectivos de los vecinos de Choya contra el emprendimiento megaminero que se encuentra a 17 km del pueblo y estaría afectando directamente al río choya (allí se colocaría los diques de cola).

Recordemos que en Andalgalá se viene avanzando en la instalación de Agua Rica incluso con represión y detenciones, como ocurrió en 2010 o nuevamente, en abril de 2021 cuando fueron detenidos 12 compañeros por el reclamo antiminero.

El gobernador Jalil actúa directamente con la policía como agente de las mineras contra los pueblos. La megaminería es una cuestión de Estado para el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y para todos los bloques políticos patronales. La lucha contra su instalación es una causa popular que ha motivado puebladas enormes, como ocurrió en Chubut y en Mendoza.

En este momento, los vecinos se concentran en el Municipio para reclamar la libertad de Karina Ortega, activista encarcelada en la represión, y denuncian que hay heridos que han sido llevados al hospital producto de la acción policial.

Rechazamos la represión y llamamos a apoyar el reclamo de Andalgalá y Choya contra MARA Agua Rica.

Proyecto de declaración en repudio a la aparición de siniestros muñecos en la movilización del “tractorazo”.

28/04/2022

PROYECTO DE DECLARACION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

DECLARA
Repudiar la instalación de muñecos ahorcados simbolizando a dirigentes
políticos, sociales, sindicales y de DDHH, realizada en el marco del denominado
“tractorazo” a Plaza de Mayo.
A su vez, repudiar y rechazar todo tipo de acciones y discursos que inciten al
odio con el solo objetivo de impulsar a la represión y criminalización de la
protesta social, generando asimismo un envalentonamiento a unos sectores
violentando a otros.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En la movilización realizada a Plaza de Mayo el pasado 23 de abril de carácter
meramente patronal, permitió evidenciar el contenido reaccionario y fascistizante
de quienes la organizaron, promovieron y apoyaron. La instalación de muñecos
ahorcados con la cara de dirigentes políticos -que incluyó a dirigentes del Frente
de Izquierda y de Trabajadores Unidad como Néstor Pitrola y Nicolás del Caño;
de DDHH como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini; sindicalistas como Hugo
Moyano; gobernadores y funcionarios como Alicia Kirchner, Mayra Mendoza,
Santiago Cafiero, Máximo Kirchner y Victoria Donda; dirigentes de
organizaciones sociales como Juan Grabois de la Utep, entre otros- es la
conclusión lógica del envalentonamiento derechista que distintos sectores
políticos realizan contra quiénes luchan.
El PRO en su conjunto, como los denominados libertarios, apoyaron y se
movilizaron junto a las patronales agrarias. Son ellos mismos quienes
promueven una línea de ataques fascistizantes cuando los que se movilizan son
sectores trabajadores: el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta acusó a las piqueteras de usar de escudos
humanos a sus hijos y que deberían sacarle el plan social a quién se movilice,
mientras que el espacio de Javier Milei promueve la conformación de un grupo
de choque contra quién se movilicen por reclamos populares. Estos ataques, sin
embargo, se transforma en su extremo contrario cuando son los capitalistas
quienes se movilizan, cortan rutas, o hasta ingresan tractores a la Plaza de Mayo.
No podemos dejar de mencionar que, a pesar de que en esta oportunidad
también fueron víctimas del ataque, funcionarios del Gobierno Nacional han
tenido declaraciones del mismo tenor, como las que realizaron Juan Zabaleta o
Sergio Berni.
Esos discursos de odio contra la población trabajadora, contra los sectores más
vulnerables de la población que impulsan a la represión y criminalización de la
protesta social, cuando no a grupos de choque de corte fascistoide, se traducen
en un envalentonamiento por parte de sus seguidores, que ya ha tenido otros
episodios en la historia y que se van traduciendo en ataques “simbólicos” -como
los expuestos en el “tractorazo”- para ir pasando hacia ataques físicos -como ya
se pueden ver en atentados contra locales de organizaciones populares, o como
fue hacia la estación de Subte Rodolfo Walsh.
Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el
presente Proyecto de Declaración.

Proyecto de repudio y rechazo a la implementación del sistema de reconocimiento facial por Larreta.

28/04/2022

ROYECTO DE DECLARACION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA

Repudiar y rechazar enérgicamente el accionar por parte del Ministerio de Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la utilización del Sistema de Reconocimiento
Facial de Prófugos (SRFP) dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de
Horacio Rodríguez Larreta Jefe de Gobierno, para acceder a datos biométricos de millones de
personas que no estaban siendo buscadas por la justicia.

Entre las personas se encuentran dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos
humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Repudiar, asimismo, todo tipo de espionaje por parte del Estado que tiene por objetivo la
intromisión para desarticular la organización de aquellos y aquellas que reclaman por causas
populares, y que de esta manera se suma a otros casos como el llamado Proyecto X, o el
Proyecto AMBA, o el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan y del REPUNTE. Este
abanico de investigaciones ilegales fue producido sin distinción de signo político de los gobiernos
de turno.

Rechazar, también el reforzamiento de un Estado policial que viola los derechos individuales.

Fundamentos
Sr. Presidente:
Como es de público conocimiento el juez Roberto Gallardo ordenó suspender el sistema
de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada.
A partir de ello, salió a la luz que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos
funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: desde diputaos y dirigentes del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores -Unidad como ser la diputada nacional Myriam
Bregman, el diputado nacional Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, también diputado (MC),
o a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, pasando por propio Presidente de la
Nación, Alberto Fernández y la Vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, e
incluso dirigentes de la coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales,
Facundo Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales,
periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.
Vale señalar que, a su vez, la periodista Irina Hauser ha denunciado múltiples
irregularidades en torno a la contratación de la empresa prestataria del servicio, así
como también de su composición y de su funcionamiento.
El sistema de videovigilancia tenía el supuesto fin de dar con información de personas
prófugas. Sin embargo, el gobierno de la CABA se valió del sistema para armar informes
de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima. De fondo, tiene el
propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la
Ciudad, proyectarse nacionalmente y, como complemento de eso, de acallar cualquier
oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen.
No es casual que el ministro de seguridad de la CABA Marcelo D´Alessandro haya
puesto a disposición de la Justicia Nacional las cámaras de la Ciudad para perseguir a
los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.
Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero.
En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019. Gabriel Solano, dirigente del
Partido Obrero (actual Legislador de la CABA) le respondió a Horacio Rodríguez Larreta
cuando este pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí
sostuvo que “estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta.
Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que
controla la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la
justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres,
los jóvenes, los migrantes”.
Este nuevo espionaje por parte del Ministerio de Seguridad d la CABA se suma a otros
que también hemos denunciado en tiempo y forma.
Como el espionaje a los familiares de Ara San Juan en donde la resolución del juez
Martín Bava, señala que agentes de la AFI elevaban sus informes a la cúpula del
organismo, integrada entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quienes a su vez
mantenían al tanto al expresidente Mauricio Macri.
Uno de los partes anticipaba, con gran nivel de detalle, los reclamos que los familiares
presentarían al exmandatario en la Casa Rosada. Otro informaba que aquellos se
acercarían a la quinta de Chapadmalal, en la que se encontraba el empresario en
febrero de 2018, para entregarle una carta con una solicitud de pedidos de informes.
El espionaje sufrido por los familiares, que querían conocer las razones del hundimiento
y cuestionaban al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, formó parte de este
despliegue mucho más vasto que montan los servicios de inteligencia. En el marco del
Proyecto AMBA, se crearon seis bases de la AFI en el Conurbano, entre 2016 y 2017,
que se sumaban a las ya existentes en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata.
De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), esas bases estuvieron
dirigidas por excomisarios que cumplieron funciones durante la última dictadura militar.
Y llevaron a cabo tareas de inteligencia contra decenas de organizaciones obreras,
sociales, políticas, e incluso comedores populares y merenderos. Los sindicatos
docentes, grupos piqueteros, de Derechos Humanos, y las organizaciones que integran
el Frente de Izquierda, fueron objetivos de los espías.
El espionaje contra las organizaciones de lucha fue un recurso al servicio de las políticas
de ajuste, amedrentamiento y represión, que tuvieron uno de sus capítulos en la
aprobación de la reforma previsional y el posterior enjuiciamiento y condena de los
compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz por participar de las manifestaciones contra el
robo a los jubilados.
Se suma a este andamiaje de espionajes los dichos de Marcelo Villegas exministro de
trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en donde expresa su deseo de contar con una
“Gestapo” para embestir contra los trabajadores y los sindicatos.
Pero no ha sido un recurso privativo del macrismo, como lo enseña el Proyecto X de la
época kirchnerista. Es decir, todos los gobiernos “democráticos” se valieron de los
instrumentos del Estado, para llevar a cabo sus propósitos contra los derechos más
elementales, y no solo incluyendo a quienes fueron partícipes de la última dictadura
militar, sino implementando sus métodos; secuestro, tortura seguida de muerte fue lo
que la policía Bonaerense a cargo de Sergio Berni hizo con Facundo Astudillo Castro.
Hasta el día de hoy el homicidio sigue impune, manteniendo el encubrimiento del
ministro de seguridad amparado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Del famoso Proyecto X, se publicaron documentos de la información que recababa
Gendarmería con datos de los dirigentes sociales de todas las villas de la Ciudad o un
listado de más de mil organizaciones monitoreadas por la fuerza que incluyeron gremios,
entidades del campo y organismos de derechos humanos.
Cabe señalar también las declaraciones de Rodrigo Jara, quien fuera bailarín de
Showmatch, programa conducido por Marcelo Tinellli. En una entrevista en 2021,
reconoció sin mosquearse que hacía 15 años atrás, en 2006, integró los servicios de
inteligencia de la policía bonaerense.
Jara relató: “trabajaba de civil. Tenía barba, arito, pelo largo, te dejaban tener tatuajes.
Cuanto menos parecieras policía, mejor”, y detalló que “en ese momento había
‘explotado’ el tema de los piquetes. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en
las manifestaciones para ver qué era lo que querían y cuánto tiempo se iban a quedar,
si se iban a ir a otro lado y quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La
Plata, a la superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía”.
Además, agregó que participó incluso de las escuchas telefónicas de la fuerza luego de
la desaparición de Julio López, un “full-time” del espionaje.
No es menor que Jara presente que le asignaron esta tarea “cuando estallaron los
piquetes”. El 2006 fue un año destacado para el movimiento piquetero que venía de
protagonizar la rebelión popular del 2001. Quienes gobernaban en los años en que Jara
era un servicio de inteligencia infiltrado, son los mismos que gobiernan hoy con las
mismas políticas. Basta con decir que la policía bonaerense respondía a las órdenes del
gobierno provincial de Felipe Solá, que gobernó con Menem, con Ruckauf, con los
Kirchner y hoy con los Fernández.
Las declaraciones de Jara blanquearon un método que ya es conocido y se repite
constantemente.
Esta política de echar mano a los servicios de inteligencia no tiene otro fin que digitar la
represión a las movilizaciones populares. Existe hoy, existía en 2006 y existe desde
hace décadas, arrastrando incluso elementos y recursos de la dictadura militar.
Por eso, es necesario un repudio y rechazo a estas prácticas que van en contra de los
intereses de las y los trabajadores.
Para finalizar, hacer mención a que este Proyecto de Declaración se complementa con
los ya presentados en la Legislatura porteña por los legisladores del Frente de Izquierda
y Trabajadores Unidad.1
Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el presente
Proyecto de Declaración.

 https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122720

https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122689

 

Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

 

Repudia a la instalación de muñecos ahorcados simbolizando a dirigentes políticos, sociales, sindicales y de DDHH, realizada en el marco del denominado “tractorazo” a Plaza de Mayo

26/04/2022

Expediente 1179-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1°-  La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la instalación de muñecos ahorcados simbolizando a dirigentes políticos, sociales, sindicales y de DDHH, realizada en el marco del denominado “tractorazo” a Plaza de Mayo.

FUNDAMENTOS

La movilización patronal realizada a Plaza de Mayo, permitió evidenciar el contenido reaccionario y fascistizante de quienes la organizaron, promovieron y apoyaron. La instalación de muñecos ahorcados con la cara de dirigentes políticos -que incluyó a dirigentes del FITU como Néstor Pitrola y Nicolás del Caño, de DDHH como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, sindicalistas como Hugo Moyano, gobernadores y funcionarios como Alicia Kirchner, Mayra Mendoza, Santiago Cafiero, Máximo Kirchner y Victoria Donda, dirigentes de organizaciones sociales como Juan Grabois de la Utep, entre otros- es la conclusión lógica del envalentonamiento derechista que distintos sectores políticos realizan contra quiénes luchan.

Tanto el PRO -en su versión “paloma”, como en su versión “halcón”- como los denominados libertarios, apoyaron y se movilizaron junto a las patronales agrarias. Son ellos mismos quienes promueven un línea de ataques fascistizantes cuando los que se movilizan son sectores trabajadores: Larreta acusó a las piqueteras de usar de escudos humanos a sus hijos y que deberían sacarle el plan social a quién se movilice, mientras que el grupo de Milei promueve la conformación de un grupo de choque contra quién se movilicen por reclamos populares. Estos ataques, sin embargo, se transforma en su extremo contrario cuando son los capitalistas quienes se movilizan, cortan rutas, o hasta ingresan tractores a la Plaza de Mayo. No podemos dejar de mencionar que, a pesar de que en esta oportunidad también fueron víctimas del ataque, funcionarios del Gobierno Nacional han tenido declaraciones del mismo tenor, como las que realizaron Juan Zabaleta o Sergio Berni.

Esos discursos de odio contra la población trabajadora, que impulsan a la represión y criminalización de la protesta social, cuando no a grupos de choque de corte fascistoide, se traducen en un envalentonamiento por parte de sus seguidores, que ya ha tenido otros episodios en la historia y que se van traduciendo en ataques “simbólicos” -como los expuestos en el “tractorazo”- para ir pasando hacia ataques físicos -como ya se pueden ver en atentados contra locales de organizaciones populares, o como fue hacia la estación de Subte Rodolfo Walsh.

Por estos motivos, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Repudia a los ataques negacionistas sobre el colegio Normal 7 realizado por seguidores de Milei y exige al Gobierno de la CABA a arbitrar los medios para restaurar la fachada del edificio

26/04/2022

Expediente 1177-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1°-  La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia los ataques negacionistas sobre el colegio Normal 7 realizado por seguidores de Milei y exige al Gobierno de la CABA a arbitrar los medios para restaurar la fachada del edificio.

FUNDAMENTOS

En el día de ayer, 24 de abril, el colegio Normal 7 de la Ciudad de Buenos Aires apareció con pintadas por sobre un mural que reivindicaba la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos, con inscripciones de “MILEI 23” y tachando consignas en defensa de los derechos humanos, con una clara intención negacionista. Mural que fuera restaurado recientemente por la comunidad educativa del Normal 7, luego de haber sido anteriormente intervenido.

No es casual que una fuerza política que promueve el negacionismo, que lleva de candidatos a personas que reivindican públicamente a Videla, que promueva grupos de choque contra los piqueteros o que apoya movilizaciones donde se expone a muñecos ahorcados con caras de dirigentes políticos, engendre seguidores que desarrollen un accionar fascistizante. Estos ataques se precedieron por varios otros que ya hemos repudiado en esta Legislatura y sin embargo los ataques continúan sin que ningún legisladores de esa fuerza los repudie.

De permitir que estos atentados proliferen, como lo prueba la historia, los ataques irán incrementándose tanto en cantidad, como en relación a sus propósitos, para pasar a ser ataques físicos contra la población trabajadora.

Por estos motivos, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Convócase al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, para responder sobre el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos

13/04/2022

Expediente 1077-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- Convócase en los términos del artículo 83 inciso 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a concurrir el día 21 de abril a las 12.00 hs al recinto de la Legislatura para responder sobre el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Fundamentos

El juez Gallardo ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada. A partir de ello, salió a la luz que el Gobierno Porteño, espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: diputados y dirigentes del FITU como Néstor Pitrola, Chiquito Belliboni o Del Caño, pasando por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, e incluso dirigentes de su coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales, Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales, periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.

 El sistema de videovigilencia tenía el supuesto fin de dar con información de personas prófugas. Sin embargo, el gobierno de Larreta, aprovechó para armar informes de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima.  De fondo, tiene el propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la Ciudad y proyectarse nacionalmente. Y como complemento de eso, de acallar cualquier oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen. No es casual, que el ministro de Seguridad D’alessandro haya puesto a disposición de la Justicia Nación las cámaras de la Ciudad, para perseguir los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.

Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero. En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019, Gabriel Solano le respondió a Larreta cuando éste pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí sostuvo que: “Estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta. Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que controle la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres, los jóvenes, los migrantes.”

Es importante señalar que en 2020 se sancionaron modificaciones del sistema de videovigilancia en la Legislatura. Allí, a partir de un proyecto presentado por el Frente de Todos, se consolidó el sistema que hoy se denuncia. A pesar que el kirchnerismo terminó votando en contra, fue el proyecto elaborado por ellos el que pavimentó la discusión. Incluso en ese proyecto, no se cuestiona al sistema de vigilancia como tal, sino que se proponían modificaciones para “contribuir a la utilización racional de recursos en la materia”.

En dicha sesión Solano denunció ” un Gran Hermano PRO-K”. “Estamos en presencia de un reforzamiento de un Estado policial. Se están violando derechos individuales muy importantes: defendemos la privacidad de las personas. La intimidad no es un delito. Si uno vive en una sociedad en donde la conspiración por parte del Estado es la norma, como no vamos a pensar que el sistema de vigilancia se va a aplicar para esa conspiración. Después no digan ‘yo no sabía’, porque están todos los elementos para saberlo. Hacemos responsable a los que voten a favor y hacemos responsables a los que hicieron el proyecto.”

Por estos motivos, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

 

Repudia a la represión llevada adelante por la Policía de la Ciudad hacia la movilización al INCAA y exigencia de la inmediata libertad para los detenidos

13/04/2022

Expediente 1075-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art 1- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la represión llevada adelante por la Policía de la Ciudad hacia la movilización al INCAA y exige la inmediata libertad para los detenidos

FUNDAMENTOS

La Policía de la Ciudad reprimió violentamente en la tarde de este lunes 11 de abril una movilización a las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), organismo dependiente del Ministerio de Cultura nacional. Los manifestantes reclaman la salida de la actual conducción del organismo, comenzando por su presidente, Luis Puenzo. En una fuerte denuncia al ajuste y la subejecución presupuestaria, un texto elaborado por la asociación de Documentalistas de la Argentina (Doca) lo coloca como el principal responsable del desguace de la institución en detrimento y perjuicio del cine independiente, así como de los documentalistas, cineastas y trabajadores audiovisuales.

Un enorme operativo listo para reprimir una movilización pacífica a cargo de la fuerza metropolitana comenzó a hacer lo suyo. Empezando por empujones a los manifestantes, el esquema represivo comenzó a actuar y detuvo a una persona. Esto despertó la bronca de los presentes, que al grito de “que lo suelten” comenzó a presionar para lograr la libertad del primer aprehendido. No obstante, la Policía de la Ciudad no cesó en su brutalidad, y los privados en su libertad ya son tres al momento.

Exigimos la inmediata libertad de todos los compañeros que hayan resultado detenidos en el operativo, y denunciamos por igual el ajuste en el sector, que se traduce en una enorme precarización sobre las condiciones de vida y de trabajo de cineastas, documentalistas y trabajadores audiovisuales.

Repudio al accionar represivo y persecutorio del gobierno jujeño de Gerardo Morales quien encarceló tres luchadorxs populares del Frente de Lucha Piquetero,  Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque de la dirección del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagaste, del MAR.  Y exige su inmediata e incondicional liberación y el cese de la persecución y la criminalización de la protesta social. Basta de presos por luchar

07/04/2022

Expediente 1008-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su enérgico repudio al accionar represivo y persecutorio del gobierno jujeño de Gerardo Morales quien durante el día miércoles 5 de abril, encarceló tres luchadorxs populares del Frente de Lucha Piquetero,  Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque de la dirección del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagaste, del MAR.  Y exige su inmediata e incondicional liberación y el cese de la persecución y la criminalización de la protesta social. Basta de presos por luchar.

Fundamentos:

En las últimas horas fueron detenidos los compañeros Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque de la dirección del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagaste, del MAR.

La policía de Morales irrumpió en los domicilios con un supuesta orden de allanamiento. La acusación es por haber participado de medidas de luchas del movimiento piquetero, todas las cuales se desarrollaron con miles de participantes en un cuadro de aumento de la miseria y el hambre en la provincia y el país.

No es la primera vez que Gerardo Morales recurre a la represión para frenar los reclamos populares. El 3 de marzo, tras una brutal represión con denuncias de torturas y amenazas, detuvieron a 15 compañerxs que fruto de una intensa campaña y movilización fueron liberados. Se trata de una vía para hacer pasar el ajuste con la grave crisis que viven los trabajadores.

Repudiamos las detenciones y exigimos la inmediata libertad de los compañeros.

La gravedad de la política represiva del gobierno de Jujuy merece masivos pronunciamientos y movilizaciones de repudio.

A 15 años del fusilamiento Carlos Fuentealba, maestro neuquino asesinado por el gobierno de Sobich quien enviara una represión brutal a una lucha docente, basta de impunidad, justicia en la causa Fuentealba II, y juicio, castigo y cárcel común a los responsables políticos y materiales

04/04/2022

Expediente 947-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 15 años del fusilamiento Carlos Fuentealba,  maestro neuquino asesinado por el gobierno de Sobich quien enviara una represión brutal a una lucha docente, declara su exigencia de basta de impunidad, justicia en la causa Fuentealba II, y exige juicio, castigo y cárcel común a los responsables políticos y materiales.

Fundamentos:

En el día de hoy se cumplen 15 años del crimen de estado cometido sobre el docente Carlos Fuentealba en momentos en que se desarrollaba una movilización y corte de ruta en el marco de la lucha docente neuquina del año 2007, exigiendo al gobierno de Sobich aumento de salario y condiciones laborales y educativas, la respuesta fue una represión y el fusilamiento del compañero Fuentealba. Los métodos represivos desatados contra aquella manifestación encuentran hoy su continuidad para aplicar a como dé lugar el ajuste exigido por el pacto con el FMI mientras las penurias del hambre, la miseria y la desocupación recaen sobre los sectores populares.  En este mismo sentido el presupuesto educativo nacional y los de cada jurisdicción han sido recortados provocando mayor vaciamiento.  Las luchas de la docencia misionera y santacruceña, entre otras, son la expresión de las mencionadas necesidades, producto de una política anti educativa que empuja al conjunto del magisterio a reclamos integrales vinculados al salario y a la defensa de la educación pública en general.

Hoy como hace catorce años, las seccionales recuperadas por la docencia clasista y combativa del sindicato ATEN realizan un acto. La docencia combativa que ha transformado esos actos en instancias de independencia política de los gobiernos será blanco de una provocación sin parangón: este año la conducción provincial del  sindicato ATEN ha tomado la iniciativa de realizar acciones en forma conjunta con el propio Estado que avaló la represión ese día. En este caso con el secretario de DD.HH de la Nación, con quien irán a Arroyito el 5 de abril a colocar una “señalización”, como si no existiera ya el monumento que se ha levantado y que recuerda el lugar exacto en que Carlos “dio su última clase”.

Se ha traspasado un límite de clase en la integración política con el Estado represor a través de la participación de funcionarios que comparte actualmente el gobierno con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien en el 2007, como Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, ofreció a Sobisch enviar la Gendarmería a Neuquén. No se trató de una oferta “protocolar” al fusilador, ya que al mismo tiempo la Gendarmería fue enviada a reprimir las huelgas docentes en el sur del país.

Expresamos el repudio y el rechazo a la llegada de un funcionario cómplice de la represión del 2007. Es una acción de provocación de los represores.

Ante 15 años de impunidad, desde el FITU apoyamos y promovemos  el apoyo popular contra el bloqueo político-judicial de la causa Fuentealba II, que investiga las responsabilidades políticas del fusilamiento, y reivindicamos la vigencia de la lucha de Carlos Fuentealba en cada acción en que el pueblo sale a exigir por sus derechos.

El fusilamiento de Carlos fue un crimen de Estado, y como tal, ha sido blindado por todo el aparato de ese Estado, los tres poderes y sus expresiones políticas.

Las banderas de la lucha de Carlos Fuentealba sigue presente en cada reivindicación docente-estudiantil.

¡Cárcel a los responsables! ¡Justicia por Carlos!

Defensa de las Libertades Democráticas

29/03/2022

Artículo 1º.- GARANTICESE en todo el ámbito de la Municipalidad de Córdoba las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación y toda otra libertad y/o derecho que haga al más pleno desarrollo político, social y económico del pueblo trabajador. 

 

Artículo 2°.- PROHÍBASE toda resolución, disposición, normativa o reglamentación que busque sancionar, multar o restringir de cualquier manera el ejercicio del derecho legítimo a la protesta social, sea contra las personas y/o organizaciones sociales, sindicales o populares que integren, por su carácter enteramente arbitrario e inconstitucional.

 

Artículo 3°.- PROHÍBASE toda medida, disposición, normativa o reglamentación que suprima y/o restringa el acceso a la asistencia alimentaria, social y laboral a personas en situación de vulnerabilidad social, no pudiendo aplicarse ninguna multa y/o sanción que afecte planes socio-laborales, programas asistenciales, o programas sociales de cualquier tipo.

 

Artículo 4°.- DEROGUESE el art. 154 del Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, Ordenanza Nº 12468, y toda reglamentación, disposición o resolución de orden municipal que atentara o contradiga el derecho a la protesta social instituido por la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis y la legislación nacional.

 

Artículo 5º.- de forma.

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

La agudización de la crisis social, alimentada por una inflación creciente, el deterioro del poder adquisitivo de las familias trabajadoras, y el incremento de la precarización y la desocupación, acicatean los reclamos sociales en la ciudad, como en todo el país. 

En este marco, el ascenso de la lucha popular de los movimientos sociales y de los trabajadores, en reclamo de trabajo genuino, asistencia social y alimentaria, aumento y universalización de los planes sociales, el paicor y el servicio de comedios, ha sido punto de ataque de todo el arco patronal y sus representantes políticos. 

El proyecto iniciado por el Concejal Negri, de la UCR, que plantea la supresión o restricción de la asistencia social a quienes protagonicen medidas de protesta, tuvo su antecedente en el proyecto de Diego Casado, del bloque Hacemos por Córdoba, que planteaba aumentar las multas a quienes desarrollen medidas de lucha en la vía pública. 

Oficialistas y opositores confluyen en un planteo común, aplicar una política de “mano dura” contra las medidas de protesta que proliferan en la ciudad, en este caso reforzando una normativa represiva por excelencia, como lo es el Código de Convivencia Ciudadano de la Ciudad de Córdoba. En ambos casos nos encontramos frente a medidas que atentan contra el legítimo derecho a la protesta instituido por la Constitución Nacional, profundizando una línea fascistizante para amedrentar y aplacar las protestas sociales, que tiene alcance nacional. 

Esta posición tuvo su expresión más acabada en las declaraciones del referente libertario y tributario de Milei, Ramiro Marras, quién llamó a impulsar un “Movimiento Antipiquetero Argentino”. Se trata de un planteo de contenido claramente fascista, que rememora las décadas del terrorismo de estado en nuestro país. Un planteo que le costó miles de caídos y 30.000 desaparecidos a la clase obrera argentina. 

El reforzamiento de la represión y judicialización a los trabajadores que luchan es, sin embargo, un hecho. La brutal represión que sufrieron las organizaciones de la Unidad Piquetera en San Pedro, Perico, y en distintas localidades de Jujuy, cuando desarrollaban un plan de lucha por trabajo genuino y alimento para los comedores y merenderos populares sostenidos a pulmón, tenía el objetivo de escarmentar a los compañeros movilizados, dejando un saldo de decenas de heridos, y detenidos. De este modo el gobierno jujeño de Gerardo Morales llevó a fondo lo que es una política por la que pugnan los diversos sectores capitalistas a nivel nacional.

Un nuevo capítulo  de esta posición lo vivimos con la reciente represión en frente al Congreso de la Nación cuando se desarrollaba una masiva movilización contra el pacto con el FMI. Luego de una cacería de brujas contra los manifestantes, que implicó un enorme despliegue de las fuerzas represivas, se avanzó en la judicialización de los luchadores; mientras que desde el ejecutivo nacional se procedió en un ataque político contra las organizaciones. 

El propio Ministro de Desarrollo, Zabaleta, anunció un día después de los incidentes que se habían identificado a los supuestos autores de los ataques al Congreso y se les habría suspendido la asistencia social que percibían, en este caso el Potenciar Trabajo. El proyecto presentado por el concejal Negri, no es más que la búsqueda de institucionalizar una medida inaugurada por el propio kirchnerismo. 

Ahora bien, privar a una familia en situación de vulnerabilidad de la mínima asistencia que brinda el Estado por protestar contra las causas de que el 60% de la población esté por debajo de la línea de la pobreza, es una política criminal, y profundamente antipopular. 

Por su parte la justicia, mediante la utilización de figuras como la de daños, resistencia a la autoridad, lesiones, la de asociación ilícita, o intimidación pública, arremeten contra los manifestantes y sus organizaciones. 

La figura de intimidación pública ya fue utilizada por la justicia para condenar a Cesar Arakaki y Daniel Ruíz, por haber participado de las masivas movilizaciones en el Congreso contra la reforma jubilatoria, bajo el gobierno macrista. Sin embargo, la implementación de la figura en asociación ilícita en este tipo de manifestaciones, implica un salto en la persecución política que facilita la aplicación preventiva más allá de toda prueba, como así también la persecución judicial a las organizaciones en su conjunto. 

Estamos ante una avanzada represiva a nivel nacional, que en Córdoba ya ha tenido sus antecedentes. A la penosa disposición de llevar a juicio a 27 estudiantes que lideraron la lucha universitaria en 2018, se suman una serie de hechos represivos, donde se desataca el desalojo y la posterior detención de las familias de Estación Ferreyra, o los operativos policiales contra las luchas obreras como en ERSA.

Las crecientes movilizaciones de las organizaciones sociales de las organizaciones sociales, acicateadas por una crisis social sin precedentes, son la consecuencia directa de la política de ajuste de sus gobiernos que hambrea a la población trabajadora. Si verdaderamente existiera la voluntad de resolver el problema de las protestas, se debiera comenzar por atacar las raíces de las mismas, respondiendo a las demandas sociales que las generan: trabajo, salario y vivienda. 

Sin embargo, el gobierno de Llaryora ha optado por alinearse al FMI y profundizar el ajuste, delineado en su propio presupuesto. Vale mencionar, que en una ciudad con el 13% de desocupación, un 50% de personas bajo la línea de la pobreza, y uno de cada 6 niños con hambre, el presupuesto municipal preveía unos 2.414 millones de pesos para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad; de los cuales la mitad se destina a comedores, mientras que casi mil millones va al programa de Servidores Urbanos (1985 beneficiarios), y encargadas de comedores (1077 beneficiarias).

Las presiones para avanzar en una línea fascistizante y antiderechos, se encuentran en plena sintonía con el giro derechista que ha adoptado el ejecutivo nacional tras la asunción de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad, un declarado enemigo del movimiento piquetero, quien fuera responsable político del asesinato de Kosteky y Santilla, y de nuestro compañero Mariano Ferreyra. 

No se trata de un exabrupto de los concejales, estamos ante una posición que ha sido parte fundamental del gobierno de Llaryora. Recientemente el Concejo Deliberante, con el rechazo de la bancada del FIT, modificó el estatuto municipal para habilitar las sanciones contra las y los municipales que ejerzan su legítimo derecho a la protesta. 

El ejecutivo municipal ha hecho propio todo tipo de métodos de apriete y extorsiones contra las y los trabajadores violando el primer y más importante cuerpo legal que consagra el Derecho a huelga y protege de esta manera a quienes decidan ejercerlo, que es la Constitución Nacional, la que en su Artículo 14 bis establece, en el segundo párrafo, los Derechos colectivos del trabajo, garantizando a los gremios el de la negociación colectiva y el Derecho de Huelga. Entendiendo los constituyentes el concepto gremio como el colectivo de lxs Trabajadorxs de una actividad, estén o no afiliadxs a un Sindicato; como así también Ley N° 20, o la Ley N.º 23.551 de Asociaciones.

La política desarrollada por el Concejal Negri, con el cual coincide el oficialismo, resulta a todas luces arbitraria, discriminatoria y promotora del odio a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Asimismo, se desconocen abiertamente las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación, que ha sido garantizadas por la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Pactos y Tratados Internacionales. Es muy grave lo que está sucediendo porque de esa forma se impulsa la represión estatal, que está emparentada al terrorismo de Estado. Justo en momentos donde se acaba de cumplir un nuevo aniversario del golpe genocida que avanzo en varios de los planteos que hace el concejal. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a éste cuerpo apruebe el presente proyecto, rechazando todo intento formal, legal y/o político, de avanzar en la criminalización de la protesta social, o medidas punitivas de cualquier orden. 

                                                                                

Repudia a distintos hechos y dichos negacionistas en relación al genocidio perpetrado por la última dictadura militar, tales como la vandalización de sitios de memoria o de homenajes a militantes populares, la reivindicación de los indultos menemistas o la reivindicación de la teoría de los dos demonios

29/03/2022

Expediente 889-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1° – La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia distintos hechos y dichos negacionistas en relación al genocidio perpetrado por la última dictadura militar, tales como la vandalización de sitios de memoria o de homenajes a militantes populares, la reivindicación de los indultos menemistas o la reivindicación de la teoría de los dos demonios.

FUNDAMENTOS

En la últimas semanas, mientras transitábamos un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, se sucedieron distintos hechos que tratan de negar los crímenes de la última dictadura. Estos hechos tienen como propósito provocar un envalentonamiento tanto del aparato represivo del Estado como de sectores civiles hacia la población que lucha por sus reivindicaciones. Como caso paradigmático, citamos la idea por parte de los autodenominados Libertarios de crear un Movimiento Antipiquete, pretendiendo recrear movimientos fascistizantes que han existido en argentina, como ha sido la Liga Patriótica, o en otros sectores del planeta como fueron las Camisas Pardas o las Camisas Negras.

Entre estos hechos podemos enumerar la vandalización que se hizo contra el sitio de memoria Virrey Cevallos (ex centro clandestino de detención), como también la vandalización de la estación de subte Rodolfo Walsh, reivindicado por el grupo de Republicanos Unidos que hoy militan en las filas del oficialismo porteño. Este bloque, junto al de la Libertad Avanza, se pronunciaron contrarios a repudiar el golpe de Estado en la última sesión en la Legislatura.

A su vez, Ramiro Marra, legislador de La Libertad Avanza, reivindicó los indultos para los genocidas efectuados por Menem, repudiando así la lucha de décadas de centenares de organizaciones de Derechos Humanos.

La importancia de repudiar estos hechos está en evitar que movimientos fascistas pretendan aparecer en escena y actuar con impunidad, al amparo del Estado.

Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Repudia el ataque a la memoria de Rodolfo Walsh que llevó adelante un grupo de personas identificadas como “Jóvenes Republicanos” mediante la vandalización de la estación de subte que lleva el nombre del periodista y escritor de asesinado hace 45 años por una patota de la ESMA

29/03/2022

Expediente 882-D-2022  

Adhesión a proyecto de Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia el ataque a la memoria de Rodolfo Walsh que llevó adelante un grupo de personas identificadas como “Jóvenes Republicanos” mediante la vandalización de la estación de subte que lleva el nombre del periodista y escritor de asesinado hace 45 años por una patota de la ESMA.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Este 24 de Marzo se cumplieron 46 años del inicio de la última dictadura cívico militar genocida.

Mientras decenas de miles volvieron a salir a la calle reclamando Memoria, Verdad y Justicia por las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, un grupo de provocadores negacionistas del último genocidio ocurrido en nuestro país atacó cobardemente la memoria de Rodolfo Walsh. La provocación que llevó adelante este grupo identificado como “Jóvenes Republicanos” quienes resultarían ser una corriente “juvenil” del PRO ligada a Patricia Bullrich, tiene la intención de negar los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar argentina y convertir a las víctimas del terrorismo de estado en victimarios. Es una gravísima repetición de los argumentos y campañas que se lanzaban durante esos años nefastos para justificar las detenciones, las listas negras, las muertes, la pérdida de toda libertad, los campos de concentración y las desapariciones que llevaron adelante los militares junto a la pata civil de la última dictadura.

El escritor y periodista, autor de obras como Operación Masacre y ¿Quien mató Rosendo?, fue asesinado por una patota  hace 45 años justamente en la esquina debajo la cual se encuentra la estación del Subte de la Línea E que lleva su nombre y que ahora fue vandalizada por este grupo de militantes del PRO. Su asesinato fue cometido por un grupo de tareas de la ESMA (lugar donde fue visto por última vez su cuerpo) en el mismo día en que Walsh había comenzado a distribuir el famoso escrito “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” dónde denunciaba los crímenes y atrocidades cometidos por el gobierno a los fines de aplicar un plan político, económico y social de miseria, expresando en dicha carta que “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Este ataque es parte de una estrategia y una ofensiva de grupos de derecha para  intentar negar la  historia, a los 30.000 detenidos desaparecidos, en búsqueda de lograr la impunidad de los genocidas. 

Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Rechazo al maltrato policial que padeció un joven con Condición del Espectro Autista en el Premetro de la Ciudad que constituye un nuevo caso de violencia institucional

29/03/2022

Expediente 881-D-2022

Adhesión a proyecto de Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta el más enérgico rechazo al maltrato policial que padeció un joven con Condición del Espectro Autista, hecho ocurrido el martes 22 de marzo de 2022 en el Premetro de la Ciudad que constituye un nuevo caso de violencia institucional, y expresa su acompañamiento y solidaridad con el joven agredido y su familia.   

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El día 22 de marzo de 2022, cerca de la estación de Villa Lugano, una policía de la Ciudad de Buenos Aires maltrató verbal y físicamente a un joven que estaba sentado en uno de los vagones mientras su madre lo esperaba en el andén. El trato agresivo por parte de la policía produjo una crisis en el joven agredido quien tiene una condición de salud (Condición del Espectro Autista).

De acuerdo al relato de una pasajera que difundió el video a través de redes sociales, los hechos se originaron cuando “la oficial le gritó injustamente a un nene que no quería bajar del Premetro debido a que tiene una condición de salud (CEA), le provocó un ataque de nervios y respondió agresivamente. La mujer no quiso identificarse y no es la primera vez que le falta el respeto a los pasajeros”.

Este nuevo hecho de violencia institucional, en esta oportunidad teniendo como víctima a un joven con una condición de salud, no es un evento aislado. Resulta repudiable y preocupante la sistematicidad del maltrato y la violencia policial en nuestra ciudad y que por lo general tiene como destinatarios a los jóvenes de los sectores más pobres de nuestra ciudad.

Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Repudia a la vandalización del ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos

22/03/2022

Expediente 797-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art 1° – La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la vandalización del ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos.

FUNDAMENTOS

En la mañana del 21 de Marzo, en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos se encontraron pintadas sobre la fachada del sitio, en donde funciona un espacio de memoria y la redacción del medio “Grito del Sur”.

A pocos días de un nuevo aniversario del golpe genocida debemos llamar la atención del crecimiento de expresiones de odio contra la militancia popular: desde la creación de fuerzas de choque fascistizantes contra los piqueteros por parte de los autodenominados “libertarios”, como el operativo de criminalización de la protesta contra la movilización contra el FMI en el Congreso, impulsado por el Gobierno Nacional. Las distintas tentativas de “reconciliación” con la Fuerzas Armadas son el caldo de cultivo para que elementos fascistas sientan que pueden actuar con impunidad.

Fueron los “Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad” quienes lograron que se revelara que ahi habia un CCD.  Esther Pastorino fue la impulsora para que la Legislatura se pronunciara por este sitio

Este año, la convocatoria a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del golpe toma un sentido particular: el gobierno peronista está cerrando un acuerdo con el FMI que implican la bancarrota nacional y la continuidad de los planes de ajuste que se encargó de diseñar e impulsar en la década del ’70 y dio lugar a la más sangrienta dictadura.

La dictadura cívico-militar-eclesiástica argentina secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 30 mil personas, para aniquilar físicamente un proceso ascendente de luchas obreras, que se abriera con el Cordobazo en 1969. Los crímenes del terrorismo de Estado comenzaron antes del golpe de 1976. El gobierno peronista de Isabel Perón ya había puesto en marcha, por un lado, el funcionamiento de la Triple A de López Rega, como así también el Operativo Independencia, con la excusa de combatir la guerrilla en Tucumán.

La dictadura se impuso para implantar un régimen que endeudó y empobreció al país, tanto de la mano del FMI como de otros usureros internacionales. Durante la dictadura, la deuda externa argentina pasó de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Con la derrota de Malvinas, unos días previos a la caída de la dictadura, se estatizó la deuda del sector privado, agravando aún más el peso de la deuda.

Declárese de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro “Desaparecer en Democracia” de la periodista Adriana Meyer

17/03/2022

Expediente 730-D-2022

Adhesión proyecto Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárese de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro “Desaparecer en Democracia” de la periodista Adriana Meyer, publicado por la Editorial Marea.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Adriana Meyer es periodista. Actualmente es redactora en la sección política en el diario Página 12 y columnista de Justicia y Sociedad en radio La Red. Es colaboradora en las revistas Cítrica, Acción  y en La Izquierda Diario. A lo largo de su extensa labor periodística ha realizado innumerables investigaciones y coberturas de casos de violación a los Derechos Humanos en nuestro país. Es, también, docente universitaria en la UBA.   

En “Desaparecer en democracia” la autora plasma una profunda investigación sobre casos de desapariciones forzadas que ocurrieron en nuestro país durante los gobiernos constitucionales de las últimas cuatro décadas. Muchas de esas investigaciones fueron realizadas mientras la autora cubría como periodista y acompañaba muchos de los procesos que luchaban por la aparición con vida de las víctimas. Desde esa proximidad logra, a lo largo de toda la obra, que el lector tome dimensión no solo de la extensión y de la vigencia de las desapariciones forzadas de personas a manos de las fuerzas de seguridad sino también de las peleas que deben dar los familiares de las víctimas y de los organismos de DDHH que los acompañan.

El libro abarca las desapariciones forzadas ocurridas durante los gobiernos constitucionales que asumieron desde el fin de la última dictadura cívico militar. Abarcando casos ocurridos en la década del 80 como los de José Luis Franco, Néstor Gutierrez, el de Osvaldo Sivak. Además de los casos emblemáticos de la década del 90 y la primera década del 2000 como los de Miguel Bru, Sebastián Bordón, Natalia Melmann, María de los Angeles Verón, Jorge Julio López y Luciano Arruga, la obra también atestigua y relata sobre muchísimas desapariciones forzadas que, no siempre con igual repercusión social, permiten determinar el nivel de sistematicidad de estas prácticas por parte de las distintas fuerzas de seguridad federales y de las distintas provincias. También se encuentran relatados distintos casos de desapariciones forzadas ocurridas en nuestra ciudad. Los casos recorren todo el territorio de nuestro país en prueba de la extensión y dimensión de estos crímenes.

Por último, la autora desarrolla en profundidad los casos ocurridos desde el año 2015 a la actualidad.

Desaparecer en Democracia es una obra de denuncia a los responsables de la desaparición forzada de las 218 personas en nuestro país desde diciembre de 1983 hasta julio de 2021. También permite tomar dimensión de lo profundamente enraizado que se encuentra esa práctica en las fuerzas de seguridad de nuestro país, el cometido de las mismas en función de políticas represivas con objetivos precisos, y en las redes de impunidad que operan en favor de la vigencia de las mismas y que anidan en los miembros del poder judicial que, por ejemplo, en muchos casos niegan los habeas corpus presentados en favor de las víctimas.

Por lo aquí expuesto y conociendo el compromiso y la sensibilidad de mis pares es que solicitó el acompañamiento de este proyecto.

Repudia a la represión llevada a cabo el pasado jueves 3 de marzo en la provincia de Jujuy en el marco de las movilizaciones que reclamaban por trabajo y el reconocimiento y la asistencia a comedores populares

08/03/2022

Expediente 573-D-2022

Proyecto de declaración

Artículo 1°.- La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión llevada a cabo el pasado jueves 3 de marzo en la provincia de Jujuy en el marco de las movilizaciones que reclamaban por trabajo y el reconocimiento y la asistencia a comedores populares, y exige la inmediata libertad a los 7 detenidos que aún continúan en esa situación, el cierre de las causas como así también el cese de las persecuciones políticas y de las amenazas y atentados.

Fundamentos

El pasado jueves 3 de marzo se llevaron adelante manifestaciones en distintos puntos de la provincia de Jujuy cuyo reclamo era el reconocimiento y la asistencia a merenderos y comedores populares que funcionan a pulmón día a día, como así también el acceso a trabajo genuino para miles de desocupados de la provincia. En este contexto, la policía provincial del gobernador Gerardo Morales llevó adelante una brutal represión sobre los manifestantes en Perico, San Pedro, La Quiaca y varias localidades, sirviéndose de balas de goma, golpes y arrojando piedras sobre los mismos, produciendo decenas de heridos dentro de los cuales se hallaban niños y niñas, además de llevarse detenidos a más de 20 manifestantes.

Esta represión se ubica en un marco de ajuste en la provincia, donde los trabajadores de la salud, docentes y municipales vienen reclamando y yendo al paro por el reclamo de aumento de salarios mientras la pobreza aumenta permanentemente y el gasto social es utilizado para reforzar a los punteros y las organizaciones ligadas al gobierno. Es por esto que ya desde el día previo a la movilización, se había advertido a las organizaciones que iban a llevar adelante el reclamo que no se les permitiría llegar con el transporte público a la capital provincial y por lo tanto el día jueves tuvieron que hacer los reclamos en los distintos puntos del interior de la provincia.

Luego de las detenciones, se les negaba a los familiares y los compañeros de los detenidos conocer su paradero, y una vez liberados algunos de ellos se constató que habían sufrido torturas y habían sido golpeados dentro de las comisarías teniendo que ser atendidos por médicos.

Al momento aún se encuentran detenidos 7 manifestantes, entre ellos una mujer embarazada que fue detenida en el marco de un proceso violento y riesgoso para su situación, siendo golpeada mientras le aseguraban que la iban a hacer abortar. En la noche del viernes siguiente, el auto de uno de estos 7 detenidos fue incendiado en la puerta de su casa, donde funciona un comedor, mientras se habían avistado policías alrededor esperando a cazar a todo aquel que se acerque. Se han realizado movilizaciones en distintos puntos del país (Misiones, Santiago del Estero, CABA, Jujuy) exigiendo la libertad de los detenidos, el fin de las persecuciones y que se atiendan los reclamos.

Es por todo esto que pedimos la aprobación del presente proyecto.

Repudio a los graves hechos ocurridos el pasado 8 de febrero en la provincia de Córdoba en el marco de una serie de movilizaciones

03/03/2022

Expediente 173-D-2022

Adhesión a proyecto de Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia enérgicamente los graves hechos ocurridos el pasado 8 de febrero en la provincia de Córdoba en el marco de una serie de movilizaciones que en todo el país expresaron masivamente el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde durante el transcurso de la movilización de manera coordinada, simultánea y por ende premeditada, en distintos puntos de la misma, grupos de personas encapuchadas exhibieron armas de fuego amedrentando al conjunto de los participantes y provocando distintos tipos de incidentes. El saldo de los ataques, al momento, son varios heridos de distintas organizaciones participantes y un joven de 15 años de la organización Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave.

Este accionar de bandas armadas coordinadas en distintos puntos de la movilización, no podría haber sucedido sin el accionar de la policía de Schiaretti, que dejó correr las agresiones, sugiriendo una zona liberada.

Asimismo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige que se investiguen los hechos que venimos a repudiar, para llegar al fondo de la verdad y castigar a los responsables políticos y materiales. Tanto el gobierno provincial como al nacional deben brindar las mayores garantías y el respecto al derecho a la protesta callejera y demás libertades democráticas.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Traemos a consideración de esta Legislatura este proyecto de Declaración cuyo objetivo es repudiar fuertemente los graves hechos ocurridos en el día 8 de febrero del corriente año, en la Ciudad de Córdoba en el marco de diversas movilizaciones que en todo el país rechazaron el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Estos hechos ya han sido objeto de repudio tanto en Córdoba como a nivel nacional por parte del campo de los organismos de derechos humanos, y a fin de ser considerado por las y los diputados reproducimos en estos fundamentos el comunicado conjunto de las organizaciones convocantes donde se da cuenta de los hechos y se repudian los ataques que se produjeron cuando finalizaba la masiva movilización de este martes en la capital cordobesa.

REPUDIAMOS LOS ATAQUES A LA MARCHA EN CONTRA DEL ACUERDO CON EL FMI.

En el día de ayer el pueblo argentino se movilizó en todo el país contra el acuerdo del gobierno nacional y el FMI. En Córdoba fue un hito histórico, con una contundente y unitaria movilización con más de 20 mil personas en repudio a los tarifazos, el ajuste en curso y las políticas de hambre y desempleo que se quieren profundizar con este acuerdo. En ese marco, de manera coordinada, simultánea, por ende premeditada, en distintos puntos de la movilización, grupos de personas encapuchadas exhibieron armas de fuego amedrentando al conjunto de los participantes y provocando distintos tipos de incidentes.

Hasta el momento conocemos de hechos en la columna del polo Obrero en Vélez Sarsfield y 27 de abril con un grupo de infiltrados que generaron disturbios y una estampida que causó lesiones a mujeres y menores de edad; en Yrigoyen y Obispo Trejo hubo hechos similares en la columna del FOL cuando desde un auto con personas encapuchadas mostraron armas y dispararon al aire; frente a la plaza Vélez Sarsfield sucedió lo mismo en la columna de Libres del Sur.

Decenas de organizaciones hemos confluido en repudio al pago de la deuda, afirmando que sostendremos la necesidad de una alternativa política nacional ante la estafa que nos quieren imponer. A pesar de la enorme movilización nos llama la atención la poca cobertura mediática ante esta gran movilización como la que protagonizamos el día de ayer.

Estos ataques se dan para disciplinar y paralizar la expresión en las calles. El saldo de los ataques organizados en distintos puntos de la movilización, según los hechos que tenemos registrados por el momento, es de varios compañeros y compañeras heridas, algunos hospitalizados y un compañero de 15 años de Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave. No descartamos ninguna hipótesis desde que sector se puede haber gestado el ataque, pero exigimos al gobierno de la provincia una investigación de los graves acontecimientos ocurridos.

Sostenemos enfáticamente que los hechos sucedidos, los cuales quieren vulnerar el derecho democrático a la expresión popular y masiva en las calles, no hacen más que redoblar la apuesta en la lucha para que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino quienes la generaron.

Llamamos al conjunto de la ciudadanía, organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos y los medios de comunicación a visibilizar y repudiar lo sucedido el día de ayer en el marco de la lucha contra el acuerdo con el FMI.

Frente de Izquierda Unidad (PTS-PO-IS-MST)- Libres Del Sur-FOL-PRML-OLPRL-COR-NMAS-Marabunta-Votemos Luchar-MTR Cuba.

Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento y ante la gravedad de los hechos consignados es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Repudio a la represión realizada por la Policía de la Ciudad hacia organizaciones piqueteras y repudio a los dichos del Ministro Zabaleta catalogando de “extorsión” a las movilizaciones y anunciado que no habrá más planes sociales

17/02/2022

Expediente 2928-D-2021

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1°- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión realizada por la Policía de la Ciudad hacia organizaciones piqueteras y repudia los dichos del Ministro Zabaleta catalogando de “extorsión” a las movilizaciones y anunciado que no habrá más planes sociales.

FUNDAMENTOS

En el día de ayer, miembros de distintas organizaciones piqueteras que reclamaban asistencia social fueron reprimidas en la avenida 9 de Julio por la Policía de la Ciudad, dependiente del Gobierno de Larreta, debiendo algunos de ellos ser hospitalizados. En este repudiable hecho, se grafica como los distintos partidos políticos patronales actúan en común para cumplir los acuerdos con el FMI.

En los días y semanas previos, personeros de los autodenominados “libertarios” exigían una respuesta más represiva hacia los sectores en lucha. Luego de la represión, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, acusó a los movilizados de “extorsión” y declaró que no habrá más altas en los planes sociales. Se trata de la excusa para hacer frente al acuerdo del FMI, para de esa forma encontrar una vía para reducir el déficit fiscal, a costa de los sectores más empobrecidos.

Este ataque a los que luchan también se dio a otros sectores en lucha como  los ferroviarios del Sarmiento y los controladores áereos.

La respuesta a la pobreza que abarca a la mitad de la población no vendrá de la mano de la represión ni del acuerdo con el FMI, sino rompiendo con el Fondo, desconociendo la deuda externa y nacionalizado la banca y el comercio exterior para reorientar los recursos del país en la generación de trabajo genuino.

Por estos motivos, solicito la aprobación del presente proyecto.

Repudio a la ley contaminante de zonificación minera en Chubut y repudio a la represión al pueblo de chubutense que se movilizaba contra dicha ley

17/12/2021

Expediente 2820-D-2021

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la ley contaminante de zonificación minera en Chubut y repudia la represión al pueblo de chubutense que se movilizaba contra dicha ley

Fundamentos

La escandalosa aprobación del proyecto de zonificación minera en la Legislatura de Chubut dio lugar a lo que se esperaba: una poderosa reacción popular, en la senda las formidables rebeliones y expresiones de lucha que se han producido en Chubut durante los últimos años, en defensa de los salarios y también contra la represión.

Si bien el epicentro de las protestas callejeras es la capital Rawson, donde se encuentra la Legislatura, la Casa de Gobierno y los diferentes ministerios y edificios públicos, la movilización popular también se replica fuertemente en los diferentes municipios y concejos deliberantes, ya que en su último artículo la ley aprobada establece un porcentaje de regalías específico (el 14%) para aquellos municipios que “adhieran” y un 1% para los que no lo hagan, dentro de los próximos días. Hay que aclarar que los pomposos porcentajes que se mencionan para los diferentes sectores parten de un mísero 3% del total de la producción sobre el valor en boca de mina, es decir el mineral sin ningún tipo de intervención previa.

La bronca popular se ha expresado con enormes movilizaciones en las diferentes ciudades, frente a la brutal represión y “cacería” desarrollada en la capital Rawson el miércoles 15 en la madrugada posterior a la aprobación de la zonificación. La bronca también se expresó con la quema de edificios públicos, como la Casa de Gobierno, la Fiscalía de Rawson, la sede del Superior Tribunal de Justicia, el municipio de Trelew, entre otros. #NoEsNo, “Fuera Arcioni”, “Que se vayan todos” se escucha en las calles de Chubut.

Por estas horas corre el rumor de la declaración del un “estado de sitio” en la provincia, algo sólo previsto a nivel nacional, pero lo cierto es que parece imponerse de hecho, pues la represión y las “razzias” recrudecen en Rawson y también en Trelew. Según información de la Comisión por la Justicia y contra la Impunidad, durante la noche hubo 20 personas detenidas, ya liberadas, aún hay tres menores demorados, junto a Diego Oria, un conocido activista de las asambleas de Trelew.

Es muy grande la comprensión de que la aprobación de esta ley ha sido una maniobra del régimen político en su conjunto. La sesión especial que aprobó la ley, incorporada sobre tablas a la orden del día, fue convocada por el acuerdo entre el presidente de la legislatura (el vicegobernador Ricardo Sastre) y todos los presidentes de bloque (arcionismo, PJ-Frente de Todos, UCR y los diferentes unibloques). Más allá de que luego el resultado haya sido 14 a 11, todos los bloques son responsables, porque además ninguno, en su momento, impulsó un dictamen favorable, para su tratamiento, de la Iniciativa Popular 2020 que prohibía definitivamente la megaminería en toda la provincia.

Dentro del bloque político megaminero se encuentra también la burocracia sindical (petroleros, camioneros y Uocra), ya que según la ley de zonificación el 2% de las regalías va directo a la caja de los sindicatos involucrados en los emprendimientos mineros. El hecho de ser una caja política para funcionar como fuerza de choque es que petroleros privados (“Loma” Ávila, patotero de docentes) y Jerárquicos (José Yugdar) también percibirán este porcentaje. Los obreros petroleros no tienen nada que ver, en ningún lado, con la producción en una mina.

Ha resultado novedoso que incluso otros gremios controlados por la burocracia, como en el sector de la pesca, Somu (marineros), Supa (estibadores), Sutap (administradores portuarios), se han pronunciado en contra de la zonificación e incluso habían llamado a movilizar para la sesión suspendida del jueves 16, ya que consideran que la megaminería podría afectar el agua y por lo tanto sus puestos de trabajo. En Madryn varios  trabajadores de Aluar participaron de la movilización popular, así como también se destacó un grupo de guardavidas.

Otro de los elementos que completa el cuadro de bronca popular, y deja en claro que sólo piensan en el agua para las mineras, es el hecho de que la zonificación que abrió la puerta a la megaminería se aprobó en el momento en que varias ciudades y localidades están sin agua hace varios días, como Yala Laubat, Epuyén, Puerto Pirámides y Comodoro Rivadavia, la ciudad más populosa de la Patagonia, por la rotura de un acueducto que deberá ser reparado por una empresa perteneciente al empresario kirchnerista Cristóbal López, CPC, tras estar judicializada varios años por el gobierno de Macri.

El apoyo a la lucha del pueblo de Chubut se replica en todo el país e incluso a nivel internacional. Una gran marcha de agrupaciones socioambientales combativas, encabezadas por la coordinadora Basta de Falsa Soluciones, repudió la represión frente a la Casa de Chubut en CABA. También hubo acciones en Misiones, La Pampa, Neuquén, Mar del Plata, entre otros puntos de todo el país.

Es necesario redoblar los esfuerzos. Las grandes movilizaciones de la provincia, los piquetes en las rutas y la lucha en las calles marcan el camino, son la mayor herramienta para enfrentar a los dueños del poder y la depredación ambiental capitalista, ligada en Argentina al acuerdo con el FMI.

Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto

A 20 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del año 20001, justicia por las 38 víctimas de la masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad actuantes, y exige juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales

06/12/2021

Expediente 2745-D-2021

Proyecto de Declaración:

A  20 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del año 20001, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  exige justicia por las 38 víctimas de la masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad actuantes, y exige  juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales, y el cese inmediato de la persecución y criminalización de la protesta social de ayer y de hoy. 

Fundamentos:

En las Jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, la respuesta ante la rebelión popular fue una  feroz represión, el último manotazo del gobierno de la Alianza –y de los gobernadores peronistas– para permanecer en el poder. El gobierno de la Alianza debutó matando a dos compañeros en el puente de Corrientes-Resistencia y se fue como llegó, con una masacre de 38 personas.

Veinte años después del Argentinazo, el signo sigue siendo el de la impunidad. De las 38 muertes, sólo ocho fueron llevadas a juicio y obtuvieron alguna condena.

Por las siete muertes producidas en Capital Federal fueron juzgados, a principios del 2016, solamente cuatro homicidios –y las penas dictadas resultaron irrisorias.

Mientras el pueblo trabajador era subsumido por un ajustazo, sacudido por la inflación, la corrida cambiaria, la corrida bancaria y el “corralito”, el gobierno de De la Rúa y los provinciales seguían pactando con los organismos internacionales de crédito la sangría popular. 

El principal responsable de la masacre, el ex presidente Fernando de la Rúa, ni siquiera pasó por el banquillo de los acusados.

Los dos funcionarios de mayor jerarquía que llegaron a juicio, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron penas de cuatro años y nueve meses de cárcel más nueve años de inhabilitación y de cuatro años de prisión, respectivamente, por hallarlos culpables de los “homicidios culposos”  de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cuatro homicidios que llegaron a la instancia de juicio oral. Otros policías, de distinta jerarquía, recibieron penas similares. De los 17 acusados, seis fueron absueltos y dos sobreseídos. 

En la provincia de Santa Fe, donde se produjeron diez asesinatos, sólo fue llevado a juicio el de Carlos “Pocho “ Lepratti. El autor fue condenando a 14 años y otros siete oficiales recibieron dos años y 8 meses de castigo por alteración de pruebas en la investigación. Fueron las únicas condenas.

La situación no fue diferente en la provincia de Buenos Aires. De las nueve víctimas, sólo los casos de Ariel Maximiliano Salas y Damián Vicente Ramírez –de apenas 14 años–, asesinados en La Matanza, llegaron a juicio. Fueron condenados dos civiles: el comerciante Luis Mazzi, a 14 años, y su custodio, a 4 años y 6 meses, por homicidio en riña. Los siete homicidios restantes, cuyos autores materiales fueron identificados como miembros de la policía bonaerense, siguen impunes.

Con excepción del homicidio de Ramón Alberto Arapi, en Corrientes, donde se condenó a 20 años de prisión al autor material y por encubrimiento y adulteración de pruebas a otros seis oficiales de la policía correntina, el resto de los asesinados el 19 y 20 de diciembre siguen impunes.

Para este régimen, por norma, la represión es una “decisión política no judiciable”. Sobre todo, cuando se trata de una rebelión popular.  En tanto la condena a los militantes César Arakaki y Daniel Ruiz sigue la línea represiva y criminalizadora de la protesta social.  Ambos militantes condenados por su participación en las jornadas contra la reforma previsional de Macri, demuestran que la política persecutorio y las condenas disciplinantes son, invariablemente gobierne quien gobierne, contra el pueblo, sus interese y contra quien los defiende.

Convócase al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a concurrir el día 25 de noviembre a las 12.00 hs al recinto de la Legislatura para responder sobre los hechos referidos al asesinato de Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad

19/11/2021

Expediente 2635-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- Convócase en los términos del artículo 83 inciso 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a concurrir el día 25 de noviembre a las 12.00 hs al recinto de la Legislatura para responder sobre los hechos referidos al asesinato de Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Fundamentos

Cuatro jóvenes de 17 años fueron interceptados el miércoles por policías de civil en Barracas, y uno de ellos -Lucas González- fue baleado en la cabeza. En horas de la tarde de este jueves, su tío confirmó el fallecimiento. La versión policial es que hubo un «enfrentamiento», pero cae por su propio peso. Los chicos estaban desarmados, aunque la policía de Larreta dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban.

Lucas, el joven asesinado, venía con sus tres compañeros de probarse en las inferiores del club Barracas Central.

En el marco del ataque, los padres de los chicos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. «La Policía dice que los vieron en calidad de sospechosos y que habían atropellado a alguien. Cuando le hicieron la pericia de los chicos y sacaron un arma que terminó siendo de juguete. ¿A ustedes les parece que tengan un arma los chicos? Ellos recién salían de probarse en un club», dijo el padre de uno de los jóvenes.

«Le di el auto porque mi mujer no lo pudo traer ahí. Yo pongo las manos en el fuego por mi hijo. Es más, tienen las rodillas lastimadas de haber jugado al fútbol hoy. Incluso, si fueren delincuentes, ellos no hubiesen parado a pedir ayuda a la Policía misma», agregó. En este sentido, el hombre agregó que los jóvenes fueron detenidos en carácter de «sospechosos» y trasladados a un centro de detención de menores (luego fueron liberados).

Los vecinos se movilizaban por la tarde del jueves hacia la comisaría, para repudiar el crimen policial. Los efectivos involucrados habrían sido pasados a disponibilidad.

«Es un claro caso de gatillo fácil; por eso la policía de la Ciudad, que cuenta con un historial de casos de este tipo, ha intentado presentar su versión de los hechos inventando un tiroteo. Es la misma fuerza policial descompuesta que viene siendo reforzada con recursos por parte del gobierno de Larreta», señaló el Polo Obrero en un comunicado.

Según denuncia CORREPI, desde su creación hace 5 años, la Policía de la Ciudad ha asesinado a 121 personas en casos de gatillo fácil. Este recinto viene de homenajear a fuerzas represivas que actúan en la Ciudad, con la única excepción de los diputados del Frente de Izquierda Unidad

Reclamamos que el crimen se esclarezca con urgencia. Justicia por Lucas.

Repudio a los episodios de gatillo fácil ocurridos en Barracas el miércoles 17 de noviembre por parte de la Policía de la Ciudad,  exige que se juzgue a los responsables y que el Gobierno de explicaciones de lo ocurrido

18/11/2021

Expediente 2626-D-2021

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia los episodios de gatillo fácil ocurridos en Barracas el miércoles 17 de noviembre por parte de la Policía de la Ciudad,  exige que se juzgue a los responsables y que el Gobierno de explicaciones de lo ocurrido.

Fundamentos

Cuatro jóvenes de 17 años fueron interceptados por policías de civil en Barracas, y uno de ellos fue baleado en la cabeza y se encuentra de gravedad. La versión policial es que hubo un «enfrentamiento», pero cae por su propio peso. Los chicos estaban desarmados, aunque la policía de Larreta dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban.

Lucas González, el joven que fue baleado, venía con sus tres compañeros de probarse en las inferiores del club Barracas Central.

En el marco del ataque, los padres de los chicos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. «La Policía dice que los vieron en calidad de sospechosos y que habían atropellado a alguien. Cuando le hicieron la pericia de los chicos y sacaron un arma que terminó siendo de juguete. ¿A ustedes les parece que tengan un arma los chicos? Ellos recién salían de probarse en un club», dijo el padre de uno de los jóvenes.

«Le di el auto porque mi mujer no lo pudo traer ahí. Yo pongo las manos en el fuego por mi hijo. Es más, tienen las rodillas lastimadas de haber jugado al fútbol hoy. Incluso, si fueren delincuentes, ellos no hubiesen parado a pedir ayuda a la Policía misma», agregó. En este sentido, el hombre agregó que los jóvenes se encuentran detenidos en carácter de «sospechosos» y que el mismo miércoles a la tarde fueron trasladados a un centro de detención de menores hasta que se esclarezca la causa.

El operativo de encubrimiento por parte del gobierno hacia las fuerzas policiales es total: aún no se conoce la identidad de los policías que atacaron a los menores, abonando la impunidad. Reclamamos que el hecho se esclarezca con urgencia por parte de Horacio Rodríguez Larreta. Justicia por Lucas. Solicitamos el acompañamiento al presente proyecto.

Repudio a la represión sufrida por el pueblo mapuche a la Lof Quemquemtrew y exigencia al cese de la represión y que se desestimen las causas judiciales a los integrantes de la Lof

29/09/2021

Expediente 2311-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión sufrida por el pueblo mapuche a la Lof Quemquemtrew y exige el cese de la represión y que se desestimen las causas judiciales a los integrantes la Lof Quemquemtrew

FUNDAMENTOS

A mediados de este mes se inició por parte de la Lof Quemquemtrew el proceso de recuperación territorial en la zona conocida como Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón. En un comunicado público, desde la comunidad expresaron dicha acción. En él manifiestan volver al lugar en el que supieron vivir sus ancestros a través de diferentes comunidades conformadas con varias autoridades como machi, longko, pillancushe, werken, lawentuchefe, entre otras. También se mantenían costumbres muy valiosas como camarucos y nguillipun. Actualmente la zona se encuentra totalmente militarizada tras llevarse a cabo una violenta cacería e intento de desalojo el pasado viernes, y parte de la Lof Quemquemtrew se encuentra sin poder comunicarse con integrantes que quedaron en el lugar. Tampoco los pueden asistir con alimentos desde entonces, ya que la policía de Río Negro, en una decisión que no puede calificarse como menos que criminal, les prohíbe el ingreso.

El intento de desalojo se produce a pesar de que el fiscal Francisco Arrien, de El Bolsón, se había comprometido a esperar la realización de un encuentro de comunidades para volver a tomar una decisión de conjunto el lunes 27; pero no se cumplió ese compromiso. La decisión de la fiscal en Jefe de Bariloche Betiana Cendón, en conjunto con el juez Ricardo Calcagno, fue ordenar que se identifique a las personas, lo que devino en desalojo y represión. Esto dejó como saldo el encarcelamiento a cuatro integrantes de la comunidad que finalmente fueron liberados, pero se les abrieron causas judiciales.

En el comunicado de la Lof la comunidad denuncia que el lugar recuperado está “deshabitado hace más de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos”. Pero se arroga la titularidad de la zona Rolando Rocco, quien se apropió del lugar talando el bosque nativo y plantando pinos (especie nociva para el ecosistema del lugar).

Los intentos de desalojo y la represión que se está llevando adelante en Río Negro, como ocurre ahora en Cuesta del Ternero, en Villa Mascardi o también en el intento de desalojo a la comunidad Cañumil en la zona de Chenqueniyen Arriba, no escapan a lo que fue el llamado «Consenso Bariloche» realizado en agosto pasado. En ese encuentro el poder político provincial, junto a los grupos económicos especuladores con intereses en la zona, resolvieron ir hasta las últimas consecuencias para quedarse las tierras ociosas que hoy están recuperando las comunidades mapuche y cientos de familias que se ven obligadas a tomarlas ante la enorme crisis habitacional.

Lo denunciamos en su momento como un encuentro peligroso, porque no venía a resolver la falta habitacional o las demandas del pueblo mapuche, sino a profundizar la represión en defensa del negocio inmobiliario, megaminero y del turismo. Finalmente, se confirma nuestra denuncia, y tiene como principales responsables políticos al gobierno provincial de Arabela Carreras, quien encabezó el foro Consenso Bariloche en su momento poniendo al Estado al servicio del negocio especulador.

A pesar de la situación represiva y de las advertencias de lo que significó el foro, ni el gobierno nacional ni sus funcionarios condenaron las políticas de represión al pueblo mapuche en Río Negro y Chubut. No han tomado cartas en el asunto, colocándose de manera cómplice en la misma línea política provincial.

Exigimos el cese de la represión. Abajo las causas judiciales a los integrantes la Lof Quemquemtrew. Justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

Por todos estos motivos, solicitamos se apruebe el proyecto

Repudio a los sucesivos ataques y agresiones a locales, murales y militantes del Frente de Izquierda

27/09/2021

Expediente 2286-D-2021

Proyecto de Ley

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia los sucesivos ataques y agresiones a locales, murales y militantes del Frente de Izquierda

Fundamentos

En las últimas semanas, el Frente de Izquierda fue víctima de sucesivas agresiones hacia locales, murales y militantes del Frente de Izquierda Unidad. Entre ellos se encuentran el ataque a los locales partidarios de Izquierda Socialista en Chacarita y el MST en Caballito, la vandalización del mural homenaje a Mariano Ferreyra en Parque Rivadavia, el ataque de una patota a militantes del Partido Obrero que realizaban una actividad política en Villa Ortúzar , y el agravio anti semita que recibió la candidata del FITU Myriam Bregman.

Estos hechos tienen una conexión entre sí, referida a los sucesivos discursos contra la izquierda, los trabajadores y los movimientos piqueteros que se fomentan desde referentes políticos que luego son amplificados a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

El ataque hacia el mural de Mariano Ferreyra fue realizado por gente ligada a Milei. La patota que atacó a militantes del Partido Obrero en Villa Ortúzar estaba identificada con el partido filo nazi que tiene como figura a Biondini, y se desenvolvieron ante la vista cómplice de la policía de la Ciudad.

Naturalizar o dejar pasar estos hechos engendran un peligro enorme ya que la violencia política que no es condenada, toma más impulso y puede tomar formas de violencia física de mayores dimensiones y consecuencias. Todo movimiento fascista fue engendrando supuestos “enemigos internos” a los cuales se los fue atacando de forma crecientemente violenta hasta llegar al exterminio físico sobretodo de militantes ligados a la izquierda.

Por todos estos motivos, solicitamos a la Legislatura la aprobación del presente proyecto.

Recuerdo a la noche de los lápices y exigencia del fin de la represión, el gatillo fácil, apertura de los archivos y contra la impunidad de ayer y hoy

24/09/2021

Expediente 2273-D-2021

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al cumplirse 45 años del secuestro y desaparición de estudiantes en la ciudad de La Plata a manos de la última dictadura militar a raíz del pedido del boleto estudiantil, llama a recordar “que los lápices siguen escribiendo”

A su vez exige el fin de la impunidad de ayer y de hoy, ningún genocida libre, contra el gatillo fácil, la represión y por la apertura de los archivos de inteligencia de todas las fuerzas represivas para recuperar a todos los hijos y nietos que aún nos faltan.

Fundamentos

Sr Presidente:

Hace 45 años atrás en plena dictadura cívico-militar, secuestraron, desaparecieron, torturaron y asesinaron a estudiantes en la ciudad de la Plata a raíz del legítimo reclamo por un boleto estudiantil. La fecha ha quedado grabada en la memoria colectiva como la “noche de los lápices”, ya que las víctimas del terrorismo de estado eran alumnos de escuela secundaria.

La noche del 16 de septiembre de 1976, luego de una protesta fueron secuestrados en sus propios domicilios por la dictadura de Jorge Videla. El operativo de secuestro fue realizado por un comisario de la Bonaerense comandada por Camps.

Pablo Díaz, Emilce Moler, Patricia Miranda, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Claudio de Acha fueron secuestradosy torturados entre el 16 y el 21 de setiembre. De todos ellos, solo los tres primeros lograron sobrevivir, así como también lo hizo Gustavo Calotti quien había sido secuestrado una semana antes que sus compañeros.

El silencio fue la norma para quienes los asesinaron. En los “Juicios por la Verdad” que se realizaron en La Plata, los nombres de los represores señalan, entre ellos, a Miguel Etchecolatz,Valentín Pretti, alias “Saracho”, y al ex cabo de la Bonaerense Roberto Grillo. Ellos tenían el secreto del destino de los adolescentes.

Desde la Asociación de Docentes Ademys, como todos los años se conmemora la lucha de los estudiantes de La Plata y se denuncia de manera tajante el accionar de la última dictadura militar. “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

A su vez, denunciamos a todos los gobiernos constitucionales que gobernaron la Argentina desde 1983 con represión, ajuste y entrega. Es la misma clase capitalista que propició el golpe del ‘76 haciendo negocios con la dictadura la que continuó dominando al país durante todos los gobiernos constitucionales. Son los que de la mano de los gobiernos de turno continuaron precarizando, atacando y llevando a la pobreza a millones de familias trabajadoras. Fueron los gobiernos “democráticos” los que honraron la deuda externa gestada centralmente por la dictadura, profundizando la dependencia nacional, el sometimiento y la entrega del país al imperialismo “pagando serialmente” y aumentando exorbitantemente la deuda que contrajo la dictadura. Los jóvenes de ayer y hoy llaman a escribir un futuro que no se encuentre atado a las decisiones que van contra los intereses del pueblo trabajador.

Por todo lo expuesto, se pide la aprobación de este proyecto de declaración.

Repudia al ataque sufrido por militantes del Partido Obrero por parte de un grupo del “Frente Patriótico” durante una actividad de campaña

07/09/2021

Expediente 2168-D-2021

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia el ataque sufrido por militantes del Partido Obrero por parte de un grupo del “Frente Patriótico” durante una actividad de campaña en la esquina de Av. Triunvirato y Av. Los Incas el pasado 4 de septiembre.

Fundamentos

El pasado sábado 4 de septiembre, durante una actividad de volanteo de campaña electoral, como las que se desarrollan todos los sábados en la esquina de Triunvirato y Los Incas, un grupo de militantes del “Frente Patriótico” agredió de forma física y violenta, al grito de “marxistas” y “zurdos de mierda”, a un militante del Frente de Izquierda sin mayor motivo que el hecho de estar en la misma esquina que ellos, teniendo que ser atendido por el SAME.

El accionar de la policía de la ciudad fue amparar esta violencia, dejándolos actuar, e incluso, de manera previa al ataque, instando a los militantes del Partido Obrero a que se vayan de la esquina para evitar malos entendidos. Luego de la agresión realizaron una imputación de un lado y del otro como si se hubiera tratado de un altercado, cuando hay pruebas grabadas en video que evidencian que la agresión vino justamente de quienes se reivindican nacionalistas y tienen planteos supremacistas. El ataque continuó luego a través de mensajes privados en las redes sociales.

La violencia proferida y el ataque sufrido se ubican en el marco donde ciertos grupos y partidos políticos incitan a “combatir el zurdaje”, incluso durante sus discursos de campaña. Estos discursos, propios de quienes no respetan una ideología diferente a la propia y no tienen problema en cuestionar las libertades democráticas, deben ser fuertemente cuestionados. No se pueden permitir tales agresiones y menos en el marco de una actividad política. Pedimos la aprobación del presente proyecto, instamos al Gobierno de la Ciudad a repudiar el hecho e instamos a la justicia a cambiar la carátula de lo sucedido.

Ordenanza Mateo: Asistencia social a familias vulnerables

15/06/2021

Artículo 1°: OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto disponer una serie de medidas de asistencia social para familias en situación de vulnerabilidad, en el contexto de emergencia sanitaria y social. 

 

Artículo 2°: DISPONER la realización de un relevamiento habitacional, socio-sanitario, en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones, detallando las condiciones ambientales, habitacionales y sanitarias, el grado de urbanización, condiciones de seguridad y familias afectadas.

 

Artículo 3°: REALIZAR un padrón de casillas y casas precarias que no cuenten con condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad. 

 

Artículo 4°: DISPONER un plan de refacciones y mejoras inmediatas de casillas y casas precarias, para garantizar las condiciones de seguridad y salubridad habitacional.

 

Artículo 5°: ESTABLECER un plan de urbanización de emergencia destinado a garantizar la conexión de servicios esenciales, agua potable, gas, energía eléctrica, a casas y casillas precarias radicadas en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

 

Artículo 6°: REALIZAR un empadronamiento de personas desocupadas y subocupadas que habitan en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

 

Artículo 7°: CREASE una bolsa de trabajo, que integrará a las personas relevadas en el art. 6, con el objeto de emplear a sus integrantes en las obras de refacción y mejoras de casas y casillas, como así también en el plan de urbanización en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

 

Artículo 8°: CREASE un Programa Mateo de Asistencia Social a Familias Vulnerables en contexto de crisis sanitaria. Los beneficiarios podrán acceder mediante un empadronamiento directo cuya único requerimiento será el de presentar como una declaración jurada de ingresos familiares de bajos recursos.

 

Artículo 9°: Los inscriptos en el Programa Mateo de Asistencia Social a Familias Vulnerables en contexto de crisis sanitaria, recibirán los siguientes beneficios:

  1. Entrega mensual de módulos alimentarios familiares. Entrega semanal de viandas calientes para estudiantes de escuelas municipales y provinciales que se encuentren dentro del ejido urbano de la ciudad.
  2. Serán exentos del pago de taza, tarifas y servicios hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiéndose prorrogar automáticamente el beneficio mientras dure la emergencia sanitaria.
  3. Acceso a un Seguro Médico Total, que garantice la accesibilidad de ambulancias y servicios de emergencia a los asentamientos bajo entera responsabilidad estatal.

 

Artículo 10°: ESTABLECER un SEGURO AL PARADO, destinado a personas que no cuenten con un trabajo registrado. El mismo tendrá un monto equivalente a los $40.000 y se pagará mensualmente por el periodo que duren las restricciones sanitarias.

 

Artículo 11°: de forma  

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

Los primeros días de Junio un incendio arrasó la casa de Yudith Villarruel, ubicada en el barrio conocido como la “toma de Cabildo”. Como consecuencia del siniestro, la familia perdió todo. Yudith es madre soltera. Tiene 4 hijos a cargo, dos nenas de 3 y 5 años y dos nenes de 12 y 6 años respectivamente. La familia alcanzó a salir con lo justo de la casa que se quemó. De modo que los niños y Yudith se quedaron con lo puesto. En ese marco se solicitó la asistencia del gobierno de la provincia, pedido que hasta ahora es negado. 

Vale recordar que la toma de Cabildo se convirtió en un barrio obrero por la lucha colectiva de las y los compañeros organizados en el Polo Obrero. Si fuera por el gobierno, estas familias serian parte de las miles de personas que no tienen acceso a la tierra y la vivienda.

La situación de Yudith es la misma que atraviesan muchas familias en la ciudad. Con la llegada de las bajas temperaturas, en las viviendas que no cuentan con un sistema de calefacción en condiciones crece el riesgo de incendios. Los incendios en hogares de familias trabajadoras se dan en un cuadro concreto de pobreza, precarización laboral y desocupación.

La nevada del pasado martes 16 de junio recrudeció la situación para miles de familias cordobesas. El inédito suceso que dejó postales históricas, puesto que desde hace 14 años no caía una nevada en la ciudad, tuvo como telón de fondo el padecimiento extremo de las familias vulnerables que viven en situaciones de precariedad en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones. 

La ola polar en contexto de pobreza y miseria social, ya ha dejado sus víctimas. A Mateo Natanael Álvarez, el niño de 9 meses fallecido tras un incendio en B° 40 Guasos, se suman al menos cinco víctimas de intoxicación por monóxido de carbono. Vale aclarar que todas ellas se dieron en casillas y casas precarias, sin condiciones mínimas de seguridad y la prestación de servicios adecuada.

No se trata de tragedias inexplicables, sino de muertes evitables. La situación de precariedad y déficit habitacional que afecta a más de 120.000 familias en la ciudad de Córdoba, es consecuencia directa de una política que favorece los emprendimientos inmobiliarios de grandes constructoras y especuladores, mientras desplaza a miles de familias a las periferias de la ciudad. No se trata de una orientación exclusiva de la gestión del ex intendente Ramón Mestre. Cabe señalar que el gobierno de Martín Llaryora acaba de aprobar un nuevo ordenamiento territorial en la ciudad para favorecer la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de la tierra por parte de las constructoras. 

Esta orientación de privación de tierra y vivienda a los que más la necesitan es también  sostenida por el gobierno de Juan Schiaretti. Según un reciente informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (Otes), “a pesar de la crisis manifiesta, el gobierno de la provincia de Córdoba pone en práctica una amplia subejecución de recursos presupuestados en áreas sensibles a la coyuntura actual, como lo son Vivienda y Producción”. En este sentido, el estudio señala que “dicha insensibilidad se re-expresa en el proyecto de ley del presupuesto 2021, donde el Estado provincial proyecta aumentos por debajo de la inflación para Vivienda”.

Con la bancada del Frente de Izquierda hemos impulsado en este Concejo varios proyectos tendientes a abordar y solucionar el problema habitacional. En esta línea se encuentra el proyecto de ordenanza para la creación de un Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba destinado a la construcción de viviendas únicas, familiares y sociales. Y la creación de un Plan de Viviendas destinado a satisfacer las necesidades habitacionales actuales y/o futuras establecidas de acuerdo al registro permanente de los grupos familiares que no cuentan con vivienda propia. 

El presente proyecto de ordenanza viene a establecer una intervención inmediata y de emergencia, para atender la crisis social que tiene al 42% de la población por debajo de la línea de pobreza. Asimismo prevé una serie de medida para anticiparse a las bajas temperaturas que se prevén en las próximas semanas. Según indicó el meteorólogo Mario Navarro, se avecina una nueva ola polar, “el 6 de julio empieza la rotación de viento al sur, con heladas y nevadas. Incluso, también para la otra semana. Vamos a tener otra nevada, casi con seguridad”. 

Es por todo lo expuesto, y atento a la dramática situación por la que atraviesan las familias más vulnerables de nuestra ciudad, es que solicito a mis pares presten aprobación al presente proyecto de ordenanza. 

Declara preocupación y rechazo a las causas abiertas a doce dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero en la provincia de Neuquén

14/06/2021

Expediente 1559-D-2021

Declaración 

Art 1° – Su preocupación y rechazo a las causas abiertas a doce dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero en la provincia de Neuquén por parte del Juzgado Federal de Zapala. 

Art 2° – Su solicitud de proceder al archivo de las causas que aplican el Código Penal a un conflicto social por reclamos. 

Art 3° – De forma. 

FUNDAMENTOS 

A fines de marzo y comienzos de abril, tras un mes de desarrollo de la histórica huelga de Salud, comenzaron a llegar a una docena de dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero, citaciones a indagatoria de parte del Juzgado y la Fiscalía Federal de Zapala. En los imputados están el compañero Cesar Parra, concejal y dirigente del Partido Obrero y el Polo Obrero; Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto de Aten Zapala, y grandes compañeros/as del Partido Obrero y el Polo Obrero. Evidentemente se trata de represalias orquestadas junto al gobierno provincial contra las organizaciones que han apoyado incondicionalmente la lucha de las y los autoconvocados de Salud. Que la circunstancia que los hechos imputados se produjeron en el año 2019, muestra la clara intencionalidad de persecución política que tiene la activación ahora de las dos causas. Previo a la pandemia, en el 2019, el aumento de la desocupación en la zona central de la provincia marcaba registros récord, así como el incremento de la miseria social. Por lo que el reclamo de trabajo bajo convenio, en una ciudad que tenía adjudicadas varias obras públicas en el presupuesto de ese año, era un reclamo de estricta justicia. Sin embargo el gobierno provincial del MPN y el local (en ese entonces en manos del Frente Grande), en complicidad con la patria contratista optaban por permitir bajo sus narices el trabajo precario o en negro en las obras o el otorgamiento clientelar de la ayuda social. El reclamo en los términos del Polo Obrero era inadmisible para los gobiernos, y rechazaron todo tipo de reclamos por nota, reuniones, etc., previas al piquete. Luego de todo un proceso de movilizaciones al municipio y Acción Social, se decidió la instalación de los piquetes por los cuales hoy, un año y medio después, se producen las citaciones. Hace dos años la intendencia del Frente Grande, y ahora la del MPN, así como la Gendarmería y las instituciones oficiales, trataron de presentar un panorama de caos y desabastecimiento. La propia fiscal Federal dice en su imputación que el día 23 de setiembre de 2019 recorrió comercios, estaciones de servicio, bancos, farmacias y otros lugares, para constatar la situación. De su propio escrito surge que, prácticamente en el 100% de las consultas que hizo, la respuesta fue negativa respecto a que faltaran mercancías o insumos. No obstante, y a pesar de mencionar que los supermercados estaban cerrados por ser el día del empleado de comercio y no pudo verificarlos, la fiscal afirma que “le consta el desabastecimiento de los mismos por comentarios de vecinos”. Pero además, a pesar de reconocer que la jurisdicción provincial no adhirió al “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad” (de Patricia Bullrich entonces), la fiscal se permite aplicarlo para “acompañar una nueva mirada de bienestar social”. No había desabastecimiento, se toma de un “Protocolo” que no debería aplicar al caso. Tal es la “seriedad” con que la parte acusadora pretende fundamentar los supuestos estragos económicos y sociales causados por el Polo Obrero. Esto solo, ya pinta de cuerpo entero que se trata de una causa amañada, con fundamentos forzados y que tomó impulso en plena huelga de Salud. Las citaciones son, precisamente, contemporáneas al día en que los autoconvocados/as de Salud instalaron el primer piquete en Arroyito el 1º de abril. Una fiscal que para acusar afirma que no verificó, pero que le “consta”, no es una contradicción legal, es una afirmación política de su intención punitiva contra el reclamo social. Es a la luz de estos hechos que hay que valorar la tozudez de las y los autoconvocados de Salud para que no se tomen represalias ni administrativas, ni penales contra su lucha. Otras medidas de presión fueron ejecutadas por el Ejecutivo Provincial, como ha sido la negativa de entrega de alimentos para los comedores y merenderos de las organizaciones como el Polo Obrero y el FOL, cuando ya estaban comprometidas y cuando crece el hambre de miles de familias. Que no cuentan además con otro recursos que los comedores que son sostenidos por las organizaciones sociales. Es a la luz de estos hechos que hay que contextualizar la “venganza” del gobierno del MPN de retacear la ayuda a los merenderos y a los programas de las organizaciones sociales que apoyan la huelga de Salud. Sin pasar por alto que otros dos militantes del Partido Obrero han sido imputados en otra causa en la ciudad de Chos Malal por el Juzgado Provincial. Nuestro proyecto se inscribe en la campaña de pronunciamientos provincial, nacional e internacional por el archivo de las causas y la anulación de las mismas, en todos los lugares de trabajo y estudio, en la convicción que derrotar este intento regimentador del Estado es una victoria para el conjunto de las luchas. Solicito tratamiento y aprobación de la presente declaración, porque el derecho a luchar es el primer y natural derecho de los que solo tienen sus brazos para poner un plato de comida en la mesa de sus hijas/os.

Repudio a la persecución del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza sobre Soledad Sosa, y los trabajadores judiciales

10/06/2021

Expediente 1536-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESUELVE

Repudiar la persecución, hostigamiento y violencia que ejercen las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza sobre su empleada y ex diputada nacional, Soledad Sosa, y los trabajadores judiciales de la provincia.

Exigir a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el fin de estas prácticas persecutorias y de hostigamiento dentro del Poder Judicial de la Provincia, y que tome las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir.

FUNDAMENTOS

Sr. presidente:

El Poder Judicial de la provincia de Mendoza está llevando a cabo una política de persecución, hostigamiento y violencia sobre Soledad Sosa, empleada de la institución, ex diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y dirigente política, sindical y del movimiento de lucha de las mujeres de Mendoza. 

Una vez terminado su mandato como diputada nacional (2015-2017), Soledad Sosa se reincorpora a su lugar de trabajo en el Poder Judicial mendocino y comienza a sufrir traslados (tres veces) de su lugar de trabajo sin ningún tipo de justificativo. Posteriormente, también es víctima de maltrato y violencia de género por parte de funcionarios que responden a la Corte, lo cual está todo debidamente documentado.

Soledad desarrolla una importante acción sindical en la provincia, como dirigente de la agrupación naranja judicial y secretaria adjunta de la CTA Mendoza. Es en este rol que ha rechazado la política de ajuste, flexibilización laboral y ajuste salarial que sufren los trabajadores judiciales, siendo esto lo que ha motivado una persecución, hostigamiento y violencia sobre su persona. Como prueba a esto, es que uno de los traslados injustificados sucedió un día después de que Soledad organizara una asamblea de piso en el tribunal donde trabaja en ese momento.

En los últimos meses, particularmente luego de haber tenido a su hija y finalizada la licencia por maternidad, el hostigamiento, la violencia laboral y el maltrato han ido creciendo. En primera instancia intentaron desconocer su pedido de licencia por maternidad y horario de lactancia mientras pretendían que bajo la pandemia volviera a la presencialidad sin ninguna reglamentación y por fuera de la acordada de la Corte. 

Esta situación motivó una denuncia por parte de Soledad Sosa al administrador de su juzgado y al jefe de recursos humanos en la Sub secretaría de trabajo y en la Corte Suprema de Justicia. Pero la discrecionalidad e impunidad con la que actúa el Poder Judicial es digno de una banda de mafiosos amigos, ya que esta denuncia no ingresó (fue cajoneada) hasta que el administrador realizara una denuncia por malos tratos contra Soledad, semanas después y posterior a un pedido de pronto despacho presentado por ella.

El recrudecimiento de la pandemia y el reclamo de los trabajadores judiciales por medidas efectivas de protección sumó otro capítulo, pues las autoridades se dedicaron a presionar a los trabajadores para que tomaran tareas de forma presencial, en condiciones de casi hacinamiento, en oficinas y edificios que prácticamente no cubren las necesidades de ventilación básicas para la vida, más aún en periodos de bajas temperaturas. Las autoridades se dedicaron a esconder los contagios e incluso los casos positivos con la única motivación de no afectar los negocios de financieras que reclaman las ejecuciones de embargos.

Soledad fue solicitada para una entrevista por un canal televisivo de la provincia por la gravedad de las denuncias mediante sus redes sociales. El administrador, bajo la directiva de las autoridades del Poder Judicial provincial, mandó a la fuerza policial a retirar a los periodistas y a Soledad del edificio en una clara violación del derecho de expresión y la libertad de prensa. Y no contento con esta acción anti democrática solicitó la apertura de un nuevo sumario contra Soledad por expresar, en medios periodísticos, su descontento con el desprecio a la vida de los trabajadores judiciales por parte de la Corte.

El estado público que tomó en la provincia de Mendoza esta situación y las denuncias de violencia laboral y abuso de poder por parte de Soledad ha destapado una situación estructural de trato misógino contra las trabajadoras judiciales, de violencia psicológica y laboral permanente para garantizar una mayor “productividad”, extensiones horarias violando toda legislación laboral vigente. Es en este marco que crecen las denuncias, reuniones y asambleas de los trabajadores judiciales para ponerle un freno a esta situación.

Ante la gravedad de los hechos, se hace necesario reclamar el fin de la persecución y violencia contra Soledad y todos los trabajadores judiciales ya que es un derecho democrático elemental. 

Por todos estos motivos, solicitamos a los y las diputados que acompañen el presente Proyecto de Declaración.

Protección integral de los derechos humanos de las personas en situación de calle o riesgo a situación de calle

25/04/2021

Artículo 1°.- Objeto. La ordenanza tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el ámbito de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- Mesa Inter Ministerial. Créase una Mesa Inter Ministerial con participación y control de la Comisión de Organizaciones Sociales, creada por el artículo 3 de la presente ordenanza. La Mesa integrará a todas las áreas municipales correspondientes en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el Ministerio  de Obras Públicas de la Provincia, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Provincia. La misma tendrá carácter de Autoridad de Aplicación en la presente ordenanza. 

Artículo 3°.- Comisión de Organizaciones Sociales. Créase una Comisión de Organizaciones Sociales compuesta por representantes de las organizaciones sociales que actúen en el ámbito de la ciudad de Córdoba, con cargos electos de manera directa por asambleas de vecinos, de carácter rotativo y revocable. La misma tendrá por objeto direccionar y controlar las políticas estatales tendientes a ejecutar las obligaciones del estado municipal previstas en la presente ordenanza, como así también la de velar por el ejercicio de derechos a personas en situación de vulnerabilidad social previstos en la normativa nacional, provincial y municipal. Para ello contará con las más amplias facultades. 

Artículo 4°.-Alcance. La presente ordenanza comprenderá: 

  1. A personas en situación de calle son quienes, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados.
  2. Personas en riesgo a la situación de calle, quienes sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra:
  3. a) Residan en establecimientos públicos o privados -sean médicos, asistenciales, penitenciarios u otros- de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso.
  4. b) Se encuentren notificadas de una situación inminente de desalojo o de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo, y no tengan recursos para procurarse una vivienda.
  5. c) Habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica, que estén o no incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto 358/2017.

Artículo 5º. Principio general. La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Artículo 6º.- Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física. El Estado municipal debe realizar acciones tendientes la eliminación de toda discriminación o estigmatización.

Artículo 7º.- Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad. El Estado municipal debe garantizar la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria.

Artículo 8º.- Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. El Estado municipal debe abstenerse de cualquier acción coercitiva dirigida a impedir o hacer cesar dicho acceso y uso, estableciendo políticas tendientes a garantizar el acceso a dichos servicios.

Artículo 9º.- Derecho al acceso pleno a los servicios socio-asistenciales, de salud y a un trabajo genuino. El Estado municipal articulara las medidas necesarias para el acceso pleno de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle a los servicios socio-asistenciales, de salud, y al trabajo genuino, en relación de dependencia, bajo convenio colectivo de trabajo y con plenos derechos laborales.  

Artículo 10°.- Derecho al acceso a una vivienda digna. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente. 

Artículo 11°.- Plan de construcción de cien mil viviendas populares. Los proyectos y la ejecución contemplaran la totalidad de obras de infraestructura y de servicios, tendiente a satisfacer las demandas de salud, defensa del ambiente, educación, recreación, cultura y espacios verdes de las viviendas y de los barrios.

Artículo 12°.- Plan de obras públicas. Las obras de construcción de viviendas y las de infraestructura y servicios se ejecutarán y financiaran por administración directa del municipio, sin participación alguna de empresa o grupo privado.

Artículo 13°: Bolsa de Trabajo. Para la ejecución de las obras de construcción el Estado municipal se empleará  mano de obra a través de una bolsa de trabajo realizada por la Comisión de Organizaciones Sociales comprendida por las personas alcanzadas por la presente ordenanza que cuenten con diversos oficios y/o profesiones. 

Artículo 14°.- Relevamiento. La Autoridad de Aplicación, en el plazo de treinta días a partir de la publicación de la presente ordenanza y luego anualmente, organizará y realizará un relevamiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en forma coordinada y conjunta con la Comisión de Organizaciones Sociales

El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un diagnóstico para la implementación de las políticas públicas integrales para este sector de la población, considerando sus diferentes subgrupos. En el diseño y la realización del relevamiento deben participar especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas por personas en situación de calle o personas en riesgo a la situación de calle.

Artículo 15°.- Centros de Integración Social. La Autoridad de Aplicación, creará una red de Centros de Integración Social, con las siguientes características:

1.- Estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares. En el caso de grupos familiares con niños, niñas o adolescentes se dispondrá un área institucional específica con profesionales capacitados/as para el cumplimiento de sus derechos.

2.- Serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación interdisciplinaria, continua y permanente, veinticuatro horas por día, todos los días del año 

3.- Promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares, articulando acciones con instituciones públicas y organizaciones sociales dedicadas a esta problemática.

4.- Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios.

5.- Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas y se crearan nuevos Centros de Integración Social, de acuerdo a las necesidades relevadas.

Artículo 16°.- Plantel Interdisciplinario. Establécese la conformación de un plantel interdisciplinario de profesionales de la psicología, del trabajo social, del derecho, trabajadores en general, etc, con carácter de planta estable y con plenas garantías laborales, para la asistencia integral de las personas alcanzadas por la presente ordenanza con funcionamiento eficaz en cada uno de los centros de Integración Social. El plantel dependerá de las Secretaria de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la ciudad de Córdoba.     

Artículo 17°.- Sistema de Atención Telefónica. Se creará un sistema de atención telefónica permanente de carácter gratuito, para la intervención inmediata de los organismos competentes en la atención de las situaciones comprendidas en esta ordenanza.

Artículo 18°.- Sistema de Atención Móvil. Se creará un sistema de móviles de servicio permanente, para la intervención inmediata y personal en las situaciones comprendidas en esta ordenanza.

 

Artículo 19°.- Informe anual. La Autoridad de Aplicación publicará un informe anual que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 20°.- Presupuesto. El Presupuesto General para la Administración Municipal tendrá una partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente ordenanza.

MEDIDAS TRANSITORIAS

Artículo 21°.- Suspensión de desalojos. Suspéndase, hasta el cumplimiento efectivo de las prerrogativas establecidas en la presente ordenanza, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda. Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la presente. 

Artículo 22°.- de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Córdoba más de 400 personas se encuentran directamente en situación de calles, es decir que viven en la vía pública, otras tantas se encuentra en riesgo de situación de calles. Las cifras, reconocidas el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad de la  Defensoría del Pueblo a través de un relevamiento anual  se incrementan todos los años. 

El relevamiento realizado en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba incluyó segmentos de barrios, también céntricos, como General Paz, Alberdi, Nueva Córdoba y Cofico. Pese a que la Municipalidad de Córdoba sostiene el Programa Personas en Situación de Calle desde comienzos del año 2019, que depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia del Gobierno de la ciudad, sin atender las condiciones de fondo que configuran el caldo de cultivo para este fenómeno social, la situación se agrava de manera alarmante, constando, incluso la permanencia de familias enteras en situación de calle. 

 Los alojamientos del Estado resultan insuficientes incluso durante la pandemia. Además, surge el interrogante sobre qué sucederá con las personas, hoy contenidas temporalmente en esos espacios, luego de la segunda ola de contagios por Covid y la apertura de nuevas flexibilizaciones o el cambio de estación climática. El riesgo latente es que retornen nuevamente a la vía pública sin solución de fondo.

La propia defensoría del pueblo reconoce que el 50% de la población actual es gente que nunca estuvo bajo programa. La pobreza, el desalojo de muchas familias en el último periodo y las políticas de ajuste impactaron en la duplicación de gente viviendo en la calle. Como contrapartida hay una disminución de la población en los albergues transitorios. En 2018 y en 2019, la población en situación de calle hogarizada fue de 212 y de 231, respectivamente. Pero, por la implementación de las medidas sanitarias de prevención, están funcionando al 60 por ciento de sus capacidades. Además, deben afrontar dificultades económicas, de escasez de recursos humanos y de materiales para gestionar sus instituciones en un escenario de nuevas exigencias y desafíos presentados por la pandemia.

De acuerdo con el relevamiento de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de la población en situación de calle padece, al menos, un problema de salud. En la mayoría de los casos, es algún tipo de enfermedad crónica, que implica la necesidad de un tratamiento sostenido en el tiempo y con diversas especialidades médicas. Durante las entrevistas, algunos reconocieron situaciones de consumo de sustancias, previas o durante la situación de calle. Quienes están consumiendo dijeron que lo hacen “como una manera de sobrellevar las condiciones en las que viven”.

En cuanto al acceso a las instituciones de salud, aproximadamente un tercio manifestó haber tenido inconvenientes para acceder a los hospitales públicos y para encontrar solución a su problema de salud. Algunas de las personas entrevistadas expresaron que en el último año les ha resultado aún más difícil acceder a las instituciones sanitarias. Esto responde a diversos motivos. 

Por un lado, las instituciones públicas de salud a las que acuden se han encontrado afectadas a la atención de casos de Covid-19 de manera exclusiva, y otras han restringido su atención en los momentos de aumento de casos y de ocupación de camas críticas. Otro motivo que responde al riesgo que implica acercarse a los establecimientos de salud. Al poseer una enfermedad crónica, se considera un factor de riesgo ante las probabilidades de contagio de coronavirus.

A través del presente proyecto de ordenanza planteamos un programa de “Protección integral de los derechos humanos de las personas en situación de calle o riesgo a situación de calle”. Partimos del cumplimiento de los derechos humanos de personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad, que han sido despojados de absolutamente todo. Para ello es necesario atender las condiciones de fondo que llevaron a esa situación, la inaccesibilidad del empleo genuino y a la vivienda digna, los bloqueos a la salud y la educación pública y los escasos recursos del Estado destinados a la asistencia social en el marco de un brutal ajuste que tiene como trasfondo el pago de la deuda externa y el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. 

Por eso nuestro proyecto parte de la creación de una Mesa Interministerial con participación y control de las organizaciones sociales que trabajan con independencia de cualquier compromiso con los gobiernos. Partimos del derecho a la indentidad, a la dignidad personal y a la integridad física, y que se respeten todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Para ello resulta fundamental el acceso al trabajo genuino  y la vivienda digna. Proponemos un plan de obra pública y la construcción de cien mil viviendas populares que además contenga la realización de una bolsa de trabajo compuesta por las mismas personas alcanzadas por este programa. Asimismo, una red de Centros de Integración Social, con trabajadores y profesionales de carácter interdisciplinario y  de planta estable. El relevamiento permanente de las personas que se encuentran en situación de calles y/o corren riesgo que estarlo, y la inmediata asistencia integral a cargo del Estado. 

Estos son solo algunos aspectos centrales para la atención de una problemática social que se agudiza al calor de la crisis a la que nos llevaron todos los que gobernaron. Entendemos de suma urgencia atender esta situación para no seguir socavando los derechos humanos de las personas que habitan nuestra ciudad, y por ello solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ordenanza.      

       

  

 

 

Proyecto de declaración en repudio al fallo “2×1” en favor de los genocidas de la última dictadura cívico-militar

10/05/2017

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

 DECLARA

 Su repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró aplicable el beneficio del 2×1, enmarcado en la derogada ley 24.390, en el caso de Luis Muiña, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Su rechazo a la política de reconciliación con los genocidas de la dictadura que este fallo expresa -que fue iniciada con la designación de Milani al frente del Ejército bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y es continuada por el actual gobierno de Mauricio Macri-, que tiene por objetivo la reinserción de las Fuerzas Armadas en la represión interior. 

 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El día 3 de mayo se conoció el fallo de la Corte Suprema de la Nación que por mayoría, declaró aplicable la derogada Ley 24.390, que establece el cómputo del 2×1 en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires –Expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”.

El beneficiado por este fallo, Luis Muiña, integró durante la dictadura la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de “Swat”, y que operó dentro del Posadas, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”. En la citada causa fue condenado a 13 de años de prisión por ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, agravado por su rol de funcionario público, en el Hospital Posadas de Haedo (provincia de Buenos Aires), cuando un operativo militar con tanques y helicópteros -comandado personalmente por Reynaldo Bignone- ocupó en marzo de 1976 dicho establecimiento y detuvo trabajadores que luego fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como “El Chalet”.

El fallo no fue unánime. Votaron por la afirmativa los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti, mientras que Lorenzetti y Maqueda votaron en disidencia, señalando que esa reducción de penas no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

En la fundamentación de su rechazo a esta resolución en beneficio de Muiña, Lorenzatti y Maqueda sostuvieron que el juzgamiento de delitos de lesa humanidad “no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).” Y en alusión al argumento esgrimido por sus pares respecto de que el artículo 2 de la ley penal establece el beneficio de la aplicación la ley penal más benigna, señalaron que “el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”. Es una manera de decir que el fallo en sí mismo pone en cuestión cuál es la valoración de los delitos de lesa humanidad que prima en la justicia argentina. 

Importa agregar que la referida Ley 24.390, que estuvo en vigencia entre los años 1994 y 2001, fue derogada en ese año mediante la ley 25.430. Los jueces que votaron en disidencia por ello argumentan que “no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390” (ídem, Infobae, 03/05/2017).

El aspecto más grave y repudiable del fallo, que lo coloca en el terreno de la impunidad, es que instituye en causas de lesa humanidad la “conmutación de penas”: un indulto parcial por el que se sustituye una pena por otra de menor grado o rigor. Esto pone en riesgo y frustra el proceso de investigación, en un país donde los pocos genocidas juzgados han sido condenados en varias causas y es muchas veces en virtud de ello que están cumpliendo una pena – no se avanza en el juzgamiento de responsables y partícipes por fuera de un pequeño grupo, al que ahora se quiere garantizarle la impunidad.

Respecto de los juicios contra los genocidas cabe señalar que los mismos se desarrollan de manera fragmentada, en audiencias cortas y de pocos días por semana que garantizan, además, la impunidad biológica. Mientras tanto, el Estado conserva secretos los archivos de la dictadura. Los números hablan por sí solos: desde el 2006 hasta hoy, sobre 2800 genocidas acusados, 1279 están libres (¡el 45%!); un 38% es el porcentaje de genocidas que recibieron prisión perpetua en el marco de 13 juicios que se llevaron adelante en nueve jurisdicciones (un porcentaje que no llega a contemplar un represor por centro clandestino que funcionó en el país); hay 426 acusados que fallecieron antes de terminar el proceso y 50 genocidas que se encuentran prófugos. Es evidente que los límites de los juicios responden a una decisión política de Estado de no ir a fondo contra los genocidas.

El fallo contó con el inmediato respaldo del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, en nombre de la “independencia de la justicia”, un argumento bochornoso por parte de un funcionario del gobierno que designó a los jueces de la Corte que impulsan estas medidas tendientes a la amnistía de los genocidas y a la conmutación de penas, ambas prohibidas por el derecho internacional porque frustrarían los procesos de juzgamiento –claro que la designación de los mismos contó con el acuerdo de los senadores del PJ y el FPV. 

Aunque parte del máximo poder judicial, este fallo se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del gobierno, que se puso en evidencia en su momento con las declaraciones de Lopérfido, Gómez Centurión y del propio presidente Macri. Este operativo de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas que impulsa todo un sector de la burguesía en nuestro país, tiene como antecedentes más recientes las reuniones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con los defensores de los genocidas, y la Conferencia Episcopal en la que se anunció que los obispos recibirán a familiares tanto de desaparecidos como de militares partícipes de la dictadura, en un proceso orientado a la “reconciliación en el marco de la cultura del encuentro” (Infobae, 2/5). A nadie se le escapa entonces que la Iglesia, que fue cómplice del terrorismo de Estado de la última dictadura, se ha sumado a la comparsa pro-impunidad. Así lo advierte incluso un editorialista de Clarín cuando destaca que “la decisión se toma en momentos en que la cúpula de la Iglesia Católica ha llamado a un diálogo sobre la reconciliación entre familiares”.

Se trata entonces de una línea política de fondo que postula la “reconciliación” y la impunidad en función de reintroducir a las fuerzas armadas en tareas de “seguridad interior”. Es el mismo rumbo que ensayaron los gobiernos kirchneristas en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”, y pretendieron formar un ejército “nacional y popular” bajo la conducción del genocida César Milani.

Resulta que el mismo Estado que discute el agravamiento de penas en todos los planos de la vida social –y particularmente el de la protesta– se vuelve garantista a la hora de juzgar al cuerpo de oficiales que ejecutó el genocidio dictatorial. Por ello no tienen reparos en echar mano de una ley derogada hace más de quince años.

Detrás de este fallo está en juego una orientación de impunidad a los genocidas y reforzamiento represivo de la vida política y social, a través de un mayor protagonismo y una reconciliación con las FFAA.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Fuera Milani

13/11/2015

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Repudiar el ascenso del General César Luis Milani al grado de Teniente General y su
nombramiento como Jefe del Ejército Argentino.
Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional su inmediata destitución del cargo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El nombramiento de César Luis Milani, como Jefe del Ejército, y su reciente ascenso a
Teniente General, a pesar de las numerosas denuncias de familiares de detenidos desaparecidos,
organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales y políticas del país que pesan
sobre su persona, en cuanto a su vinculación con casos de desapariciones de personas durante
la última dictadura militar de 1976 al 1983, constituye un agravio y atropello a la lucha
que por casi cuarenta años vienen llevando adelante los organismos de derechos humanos
y el movimiento popular argentino por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio.

Los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas llevan realizadas
contundentes y sólidas denuncias que sustentan este proyecto de resolución. Nos referimos
a las que vinculan al ahora Teniente General Milani con la desaparición en 1976 del
conscripto Alberto Agapito Ledo, con el secuestro y torturas que sufrieran Ramón Alfredo
Olivera -y su padre-, en un centro clandestino de La Rioja y con el secuestro del periodista
riojano Oscar Plutarco Schaller (causa 1828/00 contra Luciano Benjamín Menéndez). Estas
gravísimas acusaciones fueron realizadas hace décadas por las víctimas y sus familiares. A
ello se debe agregar la participación de Milani en el “Operativo Independencia”, que
eliminó físicamente a gran parte de la militancia obrera y juvenil de la provincia de
Tucumán; su paso como oficial de inteligencia por el Batallón de Ingenieros de
Construcciones 141 con sede en La Rioja, que fue el epicentro de la represión en aquella
provincia y donde funcionó un Centro Clandestino de Detención, y finalmente, su paso
también por el Batallón de Inteligencia 601, de acuerdo a los listados desclasificados y
publicados por primera vez en febrero de 20 l O en la revista Veintitrés. No podemos dejar
de señalar que allí Milani compartió tareas de espionaje para el secuestro, tortura y
desaparición de personas junto al actual titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrado
también como Milani al supuesto “proyecto nacional” que se pregona desde el gobierno
nacional.

Como es de público conocimiento, los senadores del oficialismo y sus aliados adujeron la
figura del principio de inocencia para sostener su designación, a pesar de que Milani está
siendo investigado por estos crímenes y delitos. Sin embargo, esto contradice numerosos
antecedentes de ascensos a militares objetados por militantes y organismos de derechos
humanos en virtud de los cuales fueron denegados por la Cámara Alta. Fueron los casos,
por ejemplo, de Rafael Braga (pliego rechazado el 18 de diciembre de 2002, condenado a
prisión perpetua tiempo después) y de Julio César Binotti (pliego rechazado el 27 de
noviembre de 2002, actualmente imputado en la causa ESMA por su participación en los
llamados “vuelos de la muerte”). No nos equivocamos si consideramos la designación de
un represor de la dictadura al frente del Ejército como un punto final en la demagogia
derecho humanista del gobierno nacional y como un fuerte golpe a la lucha popular por el
juicio y castigo a los asesinos, genocidas y represores de ayer y de hoy. Un gobierno que
pasó de “descolgar el cuadro de Videla” a designar a un acusado por genocidio como
máximo exponente del ejército deja claro que en vez de “defender los derechos humanos”,
como lo ha venido diciendo con su doble discurso, los viola.

Milani es un oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, ex jefe de ese organismo. Por
primera vez, un oficial de Inteligencia se desempeña en la comandancia en jefe del Ejército.
Ese servicio de inteligencia está denunciado -como los servicios de inteligencia de la
Policía Federal y de Gendarmería- por espionaje interno a las organizaciones de
trabajadores, populares y políticas. Incluso, han reasignado partidas presupuestarias y le
otorgaron a inteligencia del Ejército fondos adicionales ($ 1.325 millones de partidas
extras), mayores que los que recibe la propia SI del Estado. Se advierte claramente en el
perfil de la designación una orientación política sobre el rol del Ejército en cuestiones
internas, lo que junto a los antecedentes como represor de la dictadura, configuran un claro
peligro para la plena vigencia de las libertades democráticas. Esa presunción de
intervencionismo del Ejército en cuestiones internas se vio confirmada con el
desplazamiento de tropas que colaboraron con otras fuerzas de seguridad
en la provincia de Santa Cruz para el desalojo de familias sin techo ocupantes de tierras. El
ex Presidente Fernando De la Rúa intentó utilizar a esta fuerza para sofocar la rebelión
popular de diciembre de 200 1, sin éxito. En los últimos días se emitió un radiograma con
“orden de apresto” para los efectivos del Ejército hasta el 31 de diciembre del corriente por
las tensiones sociales que rodean este fin de año 2013 de aguda inflación y reclamos
sociales y salariales. El gobierno nacional está dando continuidad a la repudiada aprobación
de la llama Ley Antiterrorista, con una jefatura del ejército a la medida de la aplicación de
esa ley que introduce las herramientas de un estado de excepción contra las libertades
democráticas.

Si el oficialismo, a pesar de los cuestionamientos, decidió ignorar estas denuncias y
precedentes es por estos motivos de fondo. No se puede soslayar que el nombramiento del
cuestionado Milani se produce en un marco de crisis de fin de ciclo del Gobierno y de una
aguda descomposición de los aparatos de seguridad y en un marco donde arrecian los
reclamos populares contra la carestía y el ajuste sobre las condiciones de vida, lo que
constituye, a juzgar por la experiencia, una clara señal de reforzamiento del aparato
represivo del Estado, en momentos de crisis económica y política, que será oportunamente
utilizado contra los reclamos del movimiento popular y los trabajadores. Ya es parte de una
“política de Estado” de este Gobierno utilizar a las fuerzas armadas para la represión
interior y el espionaje político contra opositores, en lo cual la Gendarmería Nacional es un
caso emblemático. César Luis Milani colaboró con la profundización del Proyecto X,
conjuntamente con la ex ministra de Defensa Nilda Garré. Recordemos, también, que dicho
programa de espionaje contra organizaciones políticas y sociales opositoras tiene su
cabecera en Campo de Mayo, una dependencia del Ejército y la Gendarmería.
Vale decir que la designación de Milani viene a jugar un rol político concreto en la crisis
actual.

El Gobierno Nacional pretende volver a darles a las FFAA un protagonismo político,
cuestión que se evidenció en el discurso de asunción del propio Milani, quien se encargó de
destacar su intención de poner al Ejército al servicio de un supuesto “proyecto nacional”.
Más allá de su alineación política real, lo que traduce de gravitar en el poder político y la
crisis política en curso.

César Luis Milani no sólo no debería haber sido ascendido y designado como Jefe del
Ejército, sino que debería estar siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Si aún no
lo está -al igual que miles de partícipes militares y civiles del genocidio- se debe al imperio
durante más de 17 años de las leyes y decretos de impunidad impuestos por gobiernos
radicales y justicialistas, y a un sistema actual de juicios donde toda la carga de la prueba
cae sobre los pocos sobrevivientes del genocidio, mientras que el Estado cuenta al día de
hoy con archivos que este Gobierno, al igual que sus antecesores desde 1983, se niega a
hacer públicos.

Por todo lo expuesto, llamamos a esta Cámara de Diputados y al pueblo trabajador, a
acompañar el presente proyecto de resolución. No sólo están en juego la reivindicación de
la lucha de más de 35 años por el juicio y castigo a los genocidas: será también una fuerte
señal de rechazo y resistencia ante los preparativos que están en marcha de reforzamiento
del aparato militar y de espionaje, que apuntan inequívocamente contra el movimiento
popular.