PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA EXPTE N°3399-D-2024

28/06/2024

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación Resuelve:
Su completo repudio y condena a la asonada golpista protagonizada por las Fuerzas
Armadas el día 26/6/2024 frente a la Casa de Gobierno en Bolivia.
Su apoyo a la movilización popular que logró el repliegue de los militares alzados y el
encarcelamiento de sus mandos militares, y su llamado a reforzar la organización de los
trabajadores bolivianos contra los animadores de estos intentos golpistas y represivos.
Su denuncia a los intereses imperialistas que operan en Bolivia, para reforzar el saqueo
colonial del pueblo y sus recursos naturales, como la explotación del litio en la mayor
reserva del mundo que constituye Bolivia junto a nuestro país y Chile.
Su repudio al silencio del presidente Milei, que mientras acusa a los manifestantes
populares de “golpistas”, no rechazó el intento de golpe de Estado en Bolivia.

Vanina Biasi
Nicolás del Caño
Mónica Schlotthauer
Christian Castillo
Alejandro Vilca

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El intento de golpe de Estado que tuvo lugar en el día de ayer, miércoles 26 de junio, en
Bolivia constituye un hecho gravísimo. El comandante del Ejército de Bolivia, Juan José
Zuñiga, ocupó la Plaza Murillo, frente a la Casa de Gobierno (Palacio Quemado), con
tanquetas, blindados y fuerzas militares. Penetró a la Casa de Gobierno rompiendo la
puerta con una tanqueta.
Su reclamo público fue el de impedir que Evo Morales, dirigente del MAS, se pudiera
presentar como candidato a presidente para las elecciones del 2025, disputando el intento
de reelección del actual presidente Luis Arce, de una fracción del MAS enfrentada.
Con el correr de las horas se evidenció que el resto de las Fuerzas del Ejército
permanecían acuarteladas y no se sumaban a la asonada golpista de Zuñiga. Al tiempo
que Evo Morales convocaba a la huelga general y al corte nacional de rutas para enfrentar
el golpe. La Central Obrera Boliviana (COB) y las centrales campesinas lanzaron el
llamamiento.
Según versiones periodísticas, Arce habría destituido a Zuñiga la noche del martes. Pero
esto no fue publicitado, ni anunciado quién lo reemplazaba en la Jefatura del Ejército.
Recién después del allanamiento militar a la Casa de Gobierno, Arce hizo pública la
destitución de Zuñiga y del alto mando militar y su reemplazo por el General José
Sánchez.
En la Plaza Murillo comenzaron a congregarse los primeros contingentes de ciudadanos
repudiando el golpe, que fueron dispersados por las fuerzas alzadas con gases
lacrimógenos.
Aislado, Zuñiga montó en una tanqueta y se retiró, produciéndose un desbande de las
fuerzas golpistas, que fueron perseguidas y hostilizadas por crecientes sectores populares
que acudían contra el golpe. Pocos minutos más tarde, Zuñiga y otros mandos militares
eran detenidos por la policía.
Zuñiga hizo declaraciones que implicaban al propio presidente Arce. Manifestó que el
domingo tuvo una entrevista con él, quién le pidió ayuda ante los difíciles momentos que
atravesaba el gobierno. Que su accionar militar sobre la Casa de Gobierno respondía a
ese pedido: darle fuerza al presidente para desautorizar la posibilidad que Evo Morales
pudiera presentarse. Amenazando, Zuñiga, con arrestar al propio Evo Morales para cesar
con la agitación antigubernamental que se venía desarrollando. De ser ciertas estas
declaraciones, estaríamos frente a una especie de autogolpe de Arce, proceso que se le
terminó escapando de las manos.
Zuñiga también pidió la liberación de los presos políticos de la derecha responsables del
golpe del 2019 (la “presidenta” golpista Añez, el exgobernador fascistoide Camacho, etc.)
y terminar con la “elite” que estaba hundiendo en la crisis a Bolivia.
La disputa interna del MAS que enfrenta al presidente Arce de un lado y Evo Morales del
otro, y que tiene como telón de fondo la interpretación constitucional de si este último
tiene derecho a presentarse nuevamente en elecciones como candidato a presidente, viene
escalando. El fin de semana último, las organizaciones del MAS amenazaron con lanzar
una ola de cortes de rutas por esta disputa, en defensa de la candidatura de Morales. El
gobierno de Arce respondió que buscaban provocar una “crisis estructural” con los
bloqueos, buscando incluso acortar el mandato presidencial para “imponer” su
candidatura.
En medio de este mar de acusaciones cruzadas se desarrolló la asonada golpista.
Corresponde señalar que el gobierno de Arce se ve acuciado por un creciente y rápido
crecimiento de la crisis económica y social. Hay una disparada de los precios de alimentos
de primera necesidad, falta de combustibles (que ha elevado también el precio de los
mismos) y también falta de dólares para importar productos. Las patronales camioneras
ya realizaron dos paros con bloqueos de ruta de 24 y 48 horas.
Para este jueves 27 estaba anunciada una huelga general camionera con nuevos bloqueos
por tiempo indeterminado de las rutas. Horas antes de que se iniciara la asonada golpista,
el gobierno de Arce llegó a un acuerdo con la patronal Cámara Boliviana de Transporte.
Por la misma se habría avenido a responder satisfactoriamente a los reclamos patronales
reduciendo o subsidiando naftas y diesel, eliminando o disminuyendo impuestos, etc.
Razón por la cual los transportistas levantaron el lanzamiento del paro.
En el último período, el gobierno de Arce acudió crecientemente a las fuerzas militares.
Estas fueron colocadas custodiando las estaciones de servicio para impedir que se fugaran
combustibles para ser vendidos en el mercado negro o en contrabandos exportadores.
También fue el Ejército el encargado de operativos en las fronteras para evitar el
contrabando de alimentos y combustibles.
Hay denuncias concretas de que se habían ido produciendo depuraciones de oficiales
afines a Evo Morales, colocando en su lugar otros más ligados a Arce.
“El gobierno argentino, fue –según el diario Clarín (27/6/2024)- uno de los últimos en
condenar el levantamiento militar e intento de Golpe de Estado en Bolivia”.
Prácticamente, cuando éste ya se había resuelto en forma desfavorable para los golpistas.
Lo hizo a través de la Canciller, Diana Mondino, pero no hubo declaraciones del
presidente, tan prolífico para acusar de “golpistas” a luchadores populares y llamado a
silencio cuando se debía denunciar un golpe de Estado en curso en nuestro país vecino.
Y nada dicen tampoco sobre el grave hecho de que la canciller está gestionando el asilo
político a los golpistas brasileros bolsonaristas que se alzaron contra el electo gobierno
de Lula en enero del 2023.
Los trabajadores y explotados del altiplano deben enfrentar esta crisis en curso. La
resolución lograda con el repliegue de los militares alzados y el encarcelamiento de los
mandos militares es parcial y momentánea.
Las masas bolivianas han protagonizada en reiteradas oportunidades su capacidad de
lucha contra los golpes cívico/militares que pretenden instaurar regímenes de represión,
proscripción y avasallamiento de las libertades democráticas. El golpe que llevo a la
presidencia a Jeanine Añez en el 2019 fue derrocado por la huelga general y el bloqueo
de caminos protagonizada por el pueblo. Ese es el camino, la movilización y la huelga
general.
Por todos estos motivos solicitamos a las y los diputados el acompañamiento del presente
Proyecto de Resolución.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: INTERPELACIÓN A BULLRICH POR 12 DE JUNIO EXPTE N°3396-D-2024

28/06/2024

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación Resuelve

Citar para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional
y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación- a
la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una sesión abierta de la
Cámara de Diputados, a fin de que informe públicamente y responda las inquietudes de
los legisladores nacionales sobre la feroz represión contra miles de personas que se
manifestaban el 12 de junio pasado en ocasión del tratamiento por parte de la Cámara de
Senadores de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, así como las detenciones arbitrarias y anti
democráticas de 33 personas judicializadas luego de que el gobierno las acusara de
“sedición” e “intento de golpe de estado”.

Vanina Biasi

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El día 12 de junio, en momentos en que se desarrollaba una multitudinaria concentración
en la Plaza de los dos Congresos, las fuerzas de seguridad federales que comanda la
Ministra Patricia Bullich (Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional)
junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que responde a Jorge Macri, desataron
una brutal represión con el objetivo de desalojar a quienes se manifestaban contra la
aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara de Senadores, que culminó
con una brutal cacería de manifestantes y decenas de detenciones arbitrarias e ilegales de
quienes ejercían su democrático derecho a la protesta. Previamente, y sin mediar incidente
alguno, cinco diputados sufrieron ataques con gas pimienta en sus rostros.
Como pudo observarse en todos los registros periodísticos, se trató de una acción
premeditada, aprovechando la desconcentración de una parte de las columnas sindicales,
con el objetivo de evitar la llegada de miles de personas que se sumarían al culminar su
jornada laboral.
Con un descomunal despliegue represivo que incluyó gases lacrimógenos y gas pimienta,
balas de goma, camiones hidrantes, miles de efectivos y cientos de ellos motorizados;
luego de forzar la retirada de la mayoría de los manifestantes que se encontraban en las
inmediaciones de la Plaza de los dos Congresos, desataron una feroz cacería “al voleo”
que continuó a muchas cuadras de distancia en zonas donde no existía concentración ni
incidente alguno. Sin embargo, a escasos metros del Congreso, unas pocas personas
pudieron volcar e incendiar un vehículo de la Cadena 3 -incendio que no fue combatido
a pesar de encontrarse un carro hidrante en el lugar que era utilizado contra los
manifestantes, y de haber ocurrido a la vista de las fuerzas de seguridad, que no actuaron,
ni los detuvieron, ni los identificaron. Se agrega a ello, la sospecha de que haya
participado personal de las fuerzas represivas vestidas de civil, “infiltrados” entre los
manifestantes y montando las provocaciones que luego se utilizaron para justificar la
represión y las detenciones. Es precisamente lo que acaba de declarar la jueza María
Servini en una entrevista con “El Destape Radio”, donde también negó que los detenidos
fueran “terroristas”, criticó el operativo policial por “desorganizado”, “falta de
entrenamiento y de conocimiento” y sostuvo que en las causas judiciales abiertas por las
detenciones las fuerzas federales están “tirando cada una por su lado”.
El saldo de estas acciones fue de más de 200 heridos y 33 detenidos, que fueron acusados
por el fiscal Stornelli de “lesiones, daños simples, incendio, estrago, delitos contra la
seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la
violencia, organizar grupos permanentes o transitorios para imponer sus ideas, o combatir
ideas ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos, atentado contra
la autoridad, resistencia a la autoridad, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo
legislativo”. Previamente la Oficina del Presidente emitió un comunicado donde acusa de
“grupos terroristas” a los manifestantes y ese mismo día, el ministerio de Seguridad
anunció que su querella “apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación
de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con
el agravante del artículo 41 quinques, previsto para acciones terroristas”. Es evidente que
desde el Poder Ejecutivo escribieron el libreto del fiscal Stornelli -lo cual cuestiona
seriamente la división de poderes y las garantías constitucionales en nuestro país, donde
se tuvo varios días detenidas a 33 personas por acusaciones políticas de parte del poder
político, que se encuentran actualmente procesadas y aún 5 de ellas detenidos.
Bien miradas, varias de estas acusaciones pueden perfectamente dirigirse a la ministra
que comandó el operativo contra ciudadanos que simplemente ejercían su derecho a la
protesta amparados por las leyes y la Constitución.
En declaraciones a LN+ el día 15 la ministra Bullrich habló de “golpe de estado moderno”
y pidió a la Justicia imputar por “sedición” a los detenidos y anunció que su ministerio se
presentaría como querellante en la causa.
“Vamos a pedirle a la Justicia que sea carátula de sedición. El presidente Javier Milei
habló de golpe de Estado, que son la lógica del desgaste de la gobernabilidad. Yo
desgasto, yo no dejo que funcione un gobierno y con eso lo volteo. Es el concepto de
golpe de Estado y por eso vamos a ponerle la figura de sedición”. “Lo que pasó ayer es el
kirchnerismo, la izquierda y los convocantes sindicatos, que se fueron temprano, se lo
agradecemos, pero que tomen conciencia que son los provocadores de violencia que
generan un discurso de querer voltear al gobierno porque no les gusta las cosas que el
gobierno decide”, expresó y sostuvo que “se van a sorprender” con los antecedentes de
quienes participaron de los incidentes “ya van a ver cuando salgan los currículum, los
antecedentes de las personas. Los van a conocer a todos uno por uno”.
Todas estas acusaciones quedaron desmentidas a medida que la jueza Servini de Cubría
iba liberando por falta de mérito a la inmensa mayoría de los detenidos y detenidas,
alojados en cárceles federales, sometidos a torturas físicas y psicológicas durante varios
días. Como ya hemos señalado, en esa situación aún continúan, privados de libertad, 5
manifestantes.
En su fallo la jueza reconoce “orfandad probatoria” ya que a los acusados “No se les
secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas,
piedras, palos, etc.)”. No existen pruebas testimoniales ya que todas son de la policía y
contradictorias entre las actas y declaraciones, ni imágenes luego de visualizar 100 horas
de registros, y pocos elementos incautados que varios detenidos denunciaron les fueron
plantados por la misma policía. Por otra parte, el juzgado no recibió denuncia alguna por
el auto incendiado perteneciente a Cadena 3.
No existen motivos para continuar con la detención de los últimos 5 manifestantes, todos
acusados de “intimidación pública”, con un embargo de 500 mil pesos. Cristian Valiente;
Patricia Daniela Calarco Arredondo, del Movimiento Teresa Rodríguez – Votamos
Luchar; Facundo Gómez; David Sica -un hombre en situación de calle y Roberto María
de la Cruz Gómez son 5 presos políticos por luchar en nuestro país para quienes
reclamamos la inmediata liberación y la anulación de cualquier tipo de persecución
judicial.
El delito de intimidación se usa para sostener la prisión preventiva sin haberse demostrado
el peligro de entorpecimiento de la investigación mientras la justicia tiene en su poder las
cámaras y celulares de los acusados. Se trata de una manipulación del objeto de la prisión
preventiva que pretende ser una medida “aleccionadora” y de amedrentamiento contra
quienes se movilizan y enfrentan las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno.
Nos encontramos frente a un verdadero golpe contra las libertades democráticas, el
derecho de reunión y organización y, fundamentalmente, el derecho a la protesta. Una
campaña política reaccionaria impulsada por el gobierno y agitada por importantes
medios afines que se han ensañado con las organizaciones de desocupados, con
allanamientos irregulares e ilegales y falsas acusaciones, en momentos de un crecimiento
descomunal de la desocupación, y que ha pegado un salto con el allanamiento de la sede
central del Partido Obrero.
La gravedad de estos hechos represivos y persecutorios ha llevado a pronunciarse en
pocos días a miles de firmantes, personalidades nacionales e internacionales que en
número de 65.000 fueron presentados en los Tribunales Federales el día 19 del corriente,
reclamando por la situación de los compañeros detenidos y procesados tras la
movilización del día 12 de junio.
A la luz de estos hechos y denuncias, resulta necesario convocar a la ministra de seguridad
a comparecer a la interpelación pública que aquí requerimos.
Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento
y la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

PROYECTO DE LEY EMERGENCIA NACIONAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

24/06/2024

Artículo 1°: Declárase la Emergencia Nacional en materia de discapacidad a los efectos de garantizar
el pleno cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como la cobertura total
de los tratamientos, medicamentos y prestaciones ordenadas por las y los profesionales
correspondientes, acorde a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional.
Artículo 2°: Fíjase el valor mínimo de la Pensión por Invalidez y la Jubilación para trabajadores con
discapacidad en un valor equivalente al costo de la Canasta del Jubilado estimada por la Defensoría
de la Tercera Edad de Ciudad de Buenos Aires, que se actualizará mensualmente de acuerdo a la
evolución del valor de la Canasta Básica que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Artículo 3°: Dispóngase un aumento del 100 por ciento de las asignaciones por hijo/a con
discapacidad, y de toda otra prestación destinada a las personas con discapacidad.
Artículo 4°: Dispóngase el otorgamiento de la Tarjeta ALIMENTAR para las personas con
discapacidad beneficiarias de pensiones, tanto provinciales como nacionales o que acrediten la
necesidad de incorporación a dicho programa.
Artículo 5°: Dispóngase un aumento al valor de la Canasta Básica que establece el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) de todos los aranceles del Sistema Único de Prestaciones para
personas con discapacidad, que deberá ajustarse en forma mensual para que los honorarios y aranceles
se adecúen a la inflación. No podrá diferirse el pago de los mismos.
Articulo 6º: Se establecerá la unificación de criterios de presentación de los planes de tratamiento,
facturación y presupuesto para la realización de prestaciones en discapacidad para profesionales
autorizados y se establecerá una renovación automática de tratamientos prolongados. En el caso de
revisión y/o auditoría, no permitirá la interrupción o cesación de los tratamientos a la persona así
como tampoco en la cadena de pagos a las y los profesionales que los efectúan.
Artículo 7°: Establécese un aumento inmediato del trescientos por ciento (300 %) a los pagos de los
servicios de traslados para personas con discapacidad en base a la actualización del valor
nomenclador, que deberá ajustarse mensualmente para que se adecúen a la inflación, y cuyo piso
deberá ser del valor de un kilómetro de nafta, según el precio de referencia de YPF en la Ciudad de
Buenos Aires. No podrá diferirse el pago de los servicios de traslados.
Artículo 8°: Las prestaciones de terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos/as, kinesiólogos/as,
acompañantes terapéuticos/as, músicoterapeutas, psicologos/as, psicomotricistas, maestros/as
integradores/as, equinoterapia, hidroterapia y otros profesionales o prestadores/as de servicios para
personas con discapacidad, deberán ser remuneradas al momento de la presentación de las facturas
correspondientes, no pudiendo diferirse el pago de las mismas. Todas las terapias deberán ser
incluidas en el Nomenclador. Incorpórese al cuerpo de la Comisión Directiva que fija el valor
nomenclador a personas con discapacidad, familiares y prestadores.
Artículo 9°: Todos aquellos trabajadores y trabajadoras que presten tareas como terapistas
ocupacionales, fonoaudiólogos/as, kinesiólogos/as, acompañantes terapéuticos/as, músico terapeutas,
psicomotricistas, maestros/as integradores/as, psicólogos/as y otros profesionales y prestadores/as de
servicios para personas con discapacidad definirán las formas de contratación y condiciones de
empleo que estimen más favorables a su situación con el objetivo de tener garantizado su derecho a
la registración laboral, contar con aportes previsionales, obra social, etc, sea en establecimientos
públicos o privados donde ejerzan las prestaciones. Se constituirán Comités de Trabajadores/as a para
el cumplimiento y control de lo anteriormente dispuesto, y con el objeto de hacer cumplir los
siguientes derechos: pase a planta permanente, eliminación del fraude laboral que implica el régimen
de monotributo, derecho a la sindicalización, pago a mes vencido, aumento salarial de emergencia y
establecimiento de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta de consumos mínimos
familiar que elaboran y publican mensualmente los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec,
régimen de licencias, cobertura médica, vacaciones pagas, control sobre la prevención de riesgos del
trabajo y la protección de la salud y seguridad de las y los trabajadores en el ámbito de dicho
establecimiento y toda otra cuestión atinente al desempeño de las tareas de las y los trabajadores.
Artículo 10°: Toda persona con discapacidad, con o sin hijos/as, que no disponga de vivienda podrá
solicitar a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación su inmediato acceso a una
vivienda digna y acorde a sus necesidades y a las de las personas que tuviere a cargo. Asimismo,
tendrá derecho a solicitar al Banco de la Nación Argentina, quien deberá otorgarse con carácter de
urgencia mediante un plan específico, el beneficio de créditos a tasa cero para la adquisición de su
vivienda única y familiar. Se podrán solicitar plazos de pago de hasta veinte (20) años. En ningún
caso la cuota mensual podrá superar el veinticinco por ciento (25%) del ingreso mensual del o la
solicitante.
Artículo 11°: Suspensión de los desalojos de las personas con discapacidad y sus familias frente a la
imposibilidad de pagar alquileres o créditos hipotecarios.
Artículo 12°: En un plazo no mayor a los 30 días de aprobada la presente ley, la autoridad de
aplicación deberá iniciar un Plan de acciones tendientes a establecer el acceso a un Sistema Integral
Único de Salud, compuesto por prestaciones del sector público y privado a fin de garantizar la
accesibilidad completa a los derechos en salud y atención así como la desburocratización de los
trámites que impiden una atención rápida y eficaz para las personas con discapacidad, mediante el
cual cualquier prestación, tratamiento, medicación, estudio o cualquier otra indicación de cualquier
trabajador de salud, profesional o prestador tratante, deberá ser garantizado de manera gratuita, por
zona de cercanía por cualquier prestador sea público o privado.
Artículo 13°: Derógase la Resolución 2484/23 de la Superintendencia de Servicios de Salud,
publicada en el Boletín Oficial del 8/12/2023, y que instituye la “Plataforma de gestión integral
mecanismo integración” y crea el “Aplicativo de registración, geolocalización y validación de
Prestaciones”.
Artículo 14°: Pase a planta permanente de todo empleado o empleada con discapacidad que cumpla
funciones en la administración pública nacional, sea cual fuese su relación contractual y que realice
tareas y funciones correspondientes al personal de planta permanente, a fin de garantizar el efectivo
cumplimiento del cupo laboral establecido por ley 22.431, bajo convenios colectivos de trabajo en
todas las áreas del Estado nacional, empresas del Estado y empresas concesionarias de servicios
públicos. En el marco de la emergencia declarada, extiéndase el cupo laboral del cinco por ciento
(5%) al sector privado a fin de garantizar el derecho al trabajo digno para todas las personas con
discapacidad.
Artículo 15°: Dispóngase la reincorporación inmediata de las trabajadoras y los trabajadores
despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en sus puestos de trabajo y la
inmediata reapertura de los Centros de Referencia, los que deberán contar con personal idóneo y
correctamente remunerado/a con un salario igual al costo de la canasta básica familiar.
Artículo 16°: Créase equipos interdisciplinarios de profesionales de salud mental y salud en general,
trabajadores/as sociales, abogados/as, y todo otro profesional que se considere conveniente a fin de
garantizar el acompañamiento y asesoramiento de las personas con discapacidad y sus familias, a los
fines de dar cumplimiento a los derechos que reconoce esta ley y la legislación vigente.
Artículo 17°: La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) convocará a un comité de emergencia
con participación mayoritaria de personas con discapacidad, familias, prestadores, profesionales y
docentes de Universidades Públicas Nacionales vinculadas a la temática a los efectos de elaborar un
protocolo operativo a fin de desburocratizar el proceso de autorización y facturación de las
prestaciones, garantizando la transparencia en el proceso, al igual que para la tramitación y
renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Artículo 18°: La presente ley es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y deberá
ser reglamentada en un plazo máximo de 30 días.
Artículo 19°: El financiamiento necesario para el cumplimiento de la presente será garantizado
mediante impuestos progresivos sobre las ganancias netas de las empresas de laboratorios que se
adicionará a la alícuota del impuesto a las Ganancias, los cuáles no podrán ser trasladados al
consumidor final de los medicamentos.
Artículo 20°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Romina del Pla

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto de Emergencia en materia de discapacidad, que tiene como antecedente el Expte. 4862-D-2022 y se propone dar respuesta urgente a la acuciante situación que vive el colectivo de discapacidad, que en los últimos años viene protagonizando históricas jornadas de movilización en todo el país para poner sobre la agenda la cruda realidad que viven las personas con discapacidad, familiares, trabajadores/as de la salud y de la educación,
prestadores, etc.
Su lucha persistente permitió visibilizar una problemática que lleva décadas y que se explica por la política de privatización, desfinanciamiento y desarticulación sistemática de la salud pública que viene desde el menemismo y que todos los gobiernos hasta el día de hoy profundizaron. Tiene el agravante de que se trata de quienes más necesitan la asistencia para vivir. Hoy esa pelea se profundiza En el marco del brutal ataque sobre los ingresos de las mayorías populares que viene implementando el gobierno de Javier Milei, y en particular sobre el colectivo de personas con discapacidad que no sólo ven agravadas sus condiciones de vida por la situación económica sino por la desregulación implementada en el sector de la salud mediante el DNU 70/2023 que deja desprotegidas a las personas con discapacidad, en una relación completamente desigual con las obras sociales y las empresas de
medicina prepaga. Este ataque se complementa con despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad y el virtual cierre de Centros de Referencia en todo el país, que en muchos casos constituyen casi el único punto de acceso a derechos de las personas con discapacidad, y la vigencia de la resolución 2484/2023 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que incorporó además, mecanismos de control y persecución a los prestadores, atentando contra determinadas condiciones de las personas con discapacidad y la accesibilidad a los dispositivos.

Al momento de la presentación original del presente proyecto dábamos cuenta de una enorme pelea colectiva que tuvo como detonante la resolución 826/2022 del gobierno anterior a través de la cual se recortaban fondos en salud, además de vivienda y educación. Tres días después de esa resolución diversos prestadores en varias provincias denunciaron que la Superintendencia de Salud les notificó sobre “un nuevo diferimiento en los pagos de todas las prestaciones por discapacidad”.

Fue así que en todo el país personas con discapacidad, trabajadores y familias de personas con
discapacidad agrupados en el “Colectivo de Discapacidad” protagonizaron enormes e históricas
movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades del Área Metropolitana, La Plata, Chubut, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Misiones, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Neuquén, Salta y Jujuy, llegando a instalar en Plaza de Mayo una carpa para visibilizar sus reclamos. Previo a eso tuvieron que soportar el amedrentamiento policial por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue aquel intento de ajustar a los más vulnerables que llevó a la calle y a la movilización a
personas con discapacidad y familiares hartos del maltrato y la falta de respuesta ante sus
reclamos, encontrándose movilizados con sus terapistas, maestras integradoras, acompañantes
y otros profesionales de la salud, que también permitió poner bajo la lupa la precariedad en la
que trabajan quienes se ocupan de dar prestaciones a personas con discapacidad y la angustia
de éstas personas y sus familias, que no pueden interrumpir sus tratamientos o que necesitan
dichas prestaciones para situaciones básicas y cotidianas. Las personas con discapacidad por
su propia condición requieren atención y sostén en aspectos vitales, que no pueden de ninguna
manera ser postergadas ya que de ello depende en casos extremos su vida. Para ellas y sus
familias la interrupción de un tratamiento, la falta de prestaciones, la demora burocrática en las
autorizaciones de medicación, estudios y tratamiento, traen consecuencias irreparables
obstaculizando el acceso a sus derechos fundamentales a la salud, a la educación, a la dignidad
y la vida misma.

Como señalamos, el ajuste en discapacidad viene de hace rato, con demoras en los pagos, denuncias de usuarios y familiares de pedidos de cirugías y tratamientos por discapacidad que están congelados o no son autorizados por obras sociales y prepagas. A esto se suma que hay demoras de 3, 4 y hasta 5 meses en turnos médicos. Ni hablar de los montos de las pensiones y asignaciones por discapacidad, que están muy lejos de cubrir necesidades mínimas.

Asimismo, cabe señalar que mediante las Resoluciones conjuntas del Ministerio de Salud y la
Agencia Nacional de Discapacidad N° 1/2023, 4/2023, 5/2023, 7/2023, 1/2024 y 2/2024 se
dispusieron incrementos en los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención
Integral que quedaron muy rezagados respecto al contexto inflacionario y que acumulan una suba de 227% entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, cuando la inflación acumulada en el mismo período fue de 372%, implicando una pérdida de poder adquisitivo de los aranceles de más de un 30% sólo en los últimos 15 meses.

Por su parte, las asignaciones familiares por hijo con discapacidad sufrieron un derrumbe acelerado en su poder de compra pasando a representar casi la mitad de su valor respecto a diciembre de 2022. Esto se debe a que el incremento que tuvieron fue de apenas 168%, entre dicho mes y marzo de 2024, muy por detrás de la inflación acumulada en el mismo período (372%), acusando un golpe de un 43% de su poder adquisitivo, que se agrega al deterioro previo por la pérdida agraviada por la fórmula de movilidad previsional con la cual son actualizadas trimestralmente.

De continuar este curso, sólo accederán a sus prestaciones y tratamientos adecuados quienes puedan pagarlos, considerando que a lo magro de los ingresos se suman las subas de tarifas de aranceles, los tarifazos, los aumentos de los alimentos, y todos aquellos tratamientos especializados que no son cubiertos, en muchos casos, por las obras sociales y mucho menos aún por el sistema público de salud que está desfinanciado.

Resulta pertinente citar aquí el “Informe de situación de las personas con discapacidad de Argentina – Marzo de 2024” elaborado conjuntamente por las siguientes organizaciones de la sociedad civil de Argentina: – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Mesa de trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos Córdoba – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Asociación Civil Andar – Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), en el que se señala que “en este contexto, como consecuencia de la adopción de ciertas decisiones, y de la omisión de tomar medidas que protejan específicamente a este colectivo, los derechos más básicos de las personas con discapacidad, como el acceso a la salud y a la protección social, se encuentran en serio riesgo, tal y como detallaremos a continuación. En primer lugar, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el gobierno desreguló completamente el precio de las
aseguradoras de salud, denominadas prepagas, que es un sistema mediante el cual miles de personas con discapacidad acceden a la salud. Como consecuencia, su costo se incrementó más de un 100% en el primer trimestre, y se esperan aún mayores aumentos. Así, miles de personas con y sin discapacidad no podrán seguir enfrentando el pago de las cuotas, debiendo interrumpir tratamientos, terapias, profesionales, y debiendo pasar al sistema de obras sociales o al sistema público de salud, que ya se encuentra colapsado”. También dicho informe detalla que “a este escenario se suma el fuerte incremento en los precios de los medicamentos, muy por encima de la inflación promedio, y la interrupción del programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que otorgaba subsidios
para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, que no poseen cobertura médica”.
Asimismo, el informe aquí citado explica que “como hecho de suma gravedad mencionamos el
reciente despido de 170 personas trabajadoras de esta dependencia (en Buenos Aires en su mayoría y en el interior del país), 16 de ellas con discapacidad y profesionales con amplia formación en la temática. Además los funcionarios de gobierno recientemente nombrados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), la autoridad de aplicación en la materia, no sólo no son personas con discapacidad, lo que de por sí vulnera la histórica demanda del colectivo que esos cargos de toma de decisiones en discapacidad sean ocupados por personas con discapacidad formadas en la gestión pública, en el marco del derecho a la participación política y el protagonismo efectivo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones en materia de política pública, sostenido en la consigna/estándar de derechos humanos: “nada de nosotros/as sin nosotros/as”; sino que además no tienen ningún vínculo reconocido con la discapacidad ni trayectoria pública en la materia”.

El contexto actual de profunda crisis social amerita más que nunca la total cobertura de todos los tratamientos, prestaciones y medicamentos necesarios (muchos de los cuales se encuentran
congelados y demorados); el pago en término de las prestaciones; la recomposición salarial de
trabajadores del sector y un aumento urgente de pensiones y asignaciones por discapacidad tiene que formar parte de la agenda de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Hoy es uno de los ajustes más brutales, por eso no hay que dejarlo pasar. Profundizar las movilizaciones y medidas de lucha es el camino, en apoyo a esa pelea ponemos a disposición el presente proyecto de emergencia.

Entre otras medidas, este proyecto pone sobre la mesa también la emergencia habitacional y la
histórica demanda del cupo laboral, ya que comprendemos que la comunidad organizada alrededor de la discapacidad plantea sus demandas de manera transversal dando cuenta que no sólo exige la cobertura completa de sus tratamientos sino su inclusión integral a la vida en sociedad, no bajo el paradigma de rehabilitación, encierro o el abordaje médico hegemónico, sino con una perspectiva integral de las vidas en sociedad.

Por las razones expuestas y las que ampliaremos en ocasión de su tratamiento solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Romina del Pla

PROYECTO DE LEY REGIMEN DE JUBILACION UNIVERSAL – 1580-D-2024

24/06/2024

La Cámara de Diputados y Senado de la Nación reunidos en el congreso Nacional
sancionan con fuerza de ley:

REGIMEN DE JUBILACION UNIVERSAL

ARTÍCULO 1° — Incorpórese a todos los hombres de 65 años o más y a todas las
mujeres de 60 años o más al sistema integrado previsional argentino (SIPA) en calidad
de jubilados con derecho a pensión independientemente de los aportes realizados a lo
largo de su vida laboral.
ARTÍCULO 2° — Se fija el haber mínimo en un valor equivalente a la canasta básica
para los adultos mayores, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de
Buenos Aires, el que se actualizará mensualmente, según la variación operada de acuerdo
a los índices de salarios que publica el Indec, o el RIPTE (Ministerio de Trabajo), el más
favorable para los jubilados.
ARTÍCULO 3° — Las personas que se encuentren percibiendo la Pensión Universal para
el Adulto Mayor (PUAM) al momento de promulgarse la presente ley serán integradas al
régimen general que se desprende de los artículos 1° y 2°. Capítulo II Financiación
ARTÍCULO 4°— Restitución de aportes. Los aportes patronales a la jubilación
ascenderán al 23% del salario neto, rectificando la modificación de la ley 24.241 y
retomando el valor necesario en el artículo 14 de dicha norma.
ARTÍCULO 5°— Registración laboral. Todo trabajador o trabajadora cuya relación
laboral, sea esta del ámbito público o privado, no estuviere registrada o lo estuviere
deficientemente, está habilitado para denunciar esta situación al Ministerio de Trabajo
mediante una simple nota escrita, telegrama obrero (ley 23.789) o carta documento y a
intimar fehacientemente a su empleador para que en forma inmediata regularice dicha
relación inscribiéndola como un contrato de trabajo en relación de dependencia. Se
entiende por relación laboral deficientemente registrada aquella en la que el empleador
declare una fecha de ingreso posterior a la real, una remuneración menor a la percibida
por el trabajador, una jornada de trabajo inferior a la real y toda aquella relación
encubierta con contratos denominados como locación de servicios, de obra, de
representación, de pasantía o con cualquier otra denominación que fraudulentamente
pretenda ocultar una relación laboral dependiente.
ARTÍCULO 6°— Estabilidad laboral. El trabajador que hubiere realizado la denuncia
y/o intimación previstas en el Art. 5º de esta ley gozará desde el momento de la realización
de las mismas, de estabilidad en su puesto de trabajo durante un período de 48 (cuarenta
y ocho) meses. En el mismo período no podrán modificarse sus condiciones de trabajo.
ARTÍCULO 7° — Multas y penalidades. La regularización de la relación laboral a partir
de la denuncia y/o intimación previstas en el Art. 5º de esta ley, no releva al empleador
infractor de las deudas contraídas con los trabajadores y con el sistema de la seguridad
social. La reglamentación de la ley deberá establecer las multas y penalidades a los
empleadores que hayan incumplido con la correcta registración laboral de los empleados.
La recaudación de dichas penalidades se destinará completamente al financiamiento del
SIPA.
ARTÍCULO 8°— Aplicar un “Impuesto a las Ganancias Bancarias” aplicable a los
beneficios de las entidades financieras y bancarias del sector privado. Este impuesto
surgirá de aplicar una tasa del 20 % del resultado neto del ejercicio cerrado por dichas
entidades en los últimos 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive.
ARTÍCULO 9° — Establécese un “Impuesto a las Altas Rentas” aplicable a los
beneficios empresariales y rentas de capital que superasen los $230.000.000 (PESOS
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES) Serán sujetos del impuesto todas aquellas
personas humanas, jurídicas, fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades y
empresas privadas o mixtas que operan en el territorio nacional, sean de origen nacional
o extranjero, independientemente de su actividad económica, incluyendo las empresas
privatizadas de servicios públicos, de extracción y distribución de minerales metalíferos
o petroleros, las empresas agropecuarias, industriales, de la construcción y de servicios.
ARTÍCULO 10° — Se derogan todas las disposiciones en las normas legales en vigencia
que contradigan el contenido de la presente ley.
ARTÍCULO 11° — La presente ley comenzará a regir, a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 12° — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Romina Del Plá
Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca
Christian Castillo

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Reproducimos a continuación los fundamentos de este proyecto presentado por primera
vez en julio de 2022. Entendemos que la realidad de los jubilados no ha hecho más que
agravarse a lo largo de este periodo y, para peor, el gobierno de Javier Milei pretende
anular las moratorias dejando sin ningún tipo de prestación a millones de jubilados y
jubiladas. Este proyecto tiene entonces más vigencia que nunca e invitamos a las y los
diputados a acompañarlo con su firma.
La situación de los adultos mayores en nuestro país es cada vez más dramática. El estado
es responsable del padecimiento de millones de trabajadores y trabajadoras inactivos,
ya sea por acción u omisión. Las razones del deterioro de las condiciones de vida de este
sector son variadas, pero es indudable que el enorme crecimiento del trabajo informal,
precario o tercerizado influye de manera significativa, ya que desfinancia al sistema
previsional a partir de la evasión fiscal de miles de empleadores. El monotributo es la
forma que ha adoptado el fraude laboral para millones de trabajadores que trabajan en
relación de dependencia, pero sus empleadores no aportan como tales. La volatilidad en
los índices de empleo, deriva en que frente a cada crisis económica se expulsa de sus
puestos de trabajo a centenares de miles de trabajadores, que obviamente no estarán en
condiciones de aportar a la seguridad social hasta volver a conseguir empleo. Es
evidente que un mercado laboral atravesado por estos fenómenos redunda en
jubilaciones de miseria y la necesidad de moratorias que hacen las veces de parches para
adultos mayores que llegan a la edad de jubilarse sin los aportes necesarios para
retirarse. Estamos en presencia de un combo explosivo: 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada
10 hombres en edad de jubilarse cubren los requisitos necesarios de acuerdo a la
normativa vigente hasta ahora. Las diversas moratorias que se han sancionado en los
últimos años representan más del 65% del total de las jubilaciones liquidadas en la
actualidad. Someter a trabajadores en edad jubilatoria a que se paguen sus propios
aportes es hacerlos cargo de la deficiente registración que han tenido a lo largo de su
vida laboral. Implica indirectamente volcar sobre las espaldas de la clase obrera la
compensación de aquello que han evadido los capitalistas a partir del trabajo no
registrado, algo inadmisible. Es que la jubilación es entendida como un salario diferido
ya que durante toda nuestra vida laboral nos han descontado un porcentaje de nuestro
salario bruto para cuando ya estemos inactivos y en el caso de los trabajadores no
registrados ese descuento estuvo encubierto detrás de los menores salarios percibidos.
Por eso este proyecto de ley le reconoce a todos y todas quienes hayan cumplido la edad
de jubilarse (60 años para las mujeres y 65 para los hombres, en medio de ataques
patronales que quieren extender la vida laboral como un ahorro al estado a costa de la
vida del trabajador) la garantía de poder hacerlo y de percibir desde el primer día una
jubilación mínima que le permita afrontar su costo de vida. La actualidad de quienes hoy
se encuentran jubilados o en edad de jubilarse es muy distinta. La jubilación mínima es
cerca de un tercio del valor de la canasta de la tercera edad y la Prestación Universal
para el Adulto Mayor es el ochenta por ciento de una jubilación mínima que, para peor,
no contempla el derecho a pensión. Por eso el artículo 3 de este proyecto contempla la
incorporación de todas las personas que perciben la PUAM a ser jubilados plenos. El
proyecto no es una mera declaración de deseos. Al contrario, incorpora todo un capítulo
dedicado a su financiamiento, demostrando la viabilidad del mismo en caso que se
priorice el bienestar de los adultos mayores. En este sentido es que se restituyen los
aportes patronales que fueron reducidos por el ex ministro Domingo Cavallo y que
ninguno de los gobiernos que lo sucedieron estuvieron dispuestos a restituir, al mismo
tiempo que se incorpora un impuesto extraordinario a los bancos y las grandes
sociedades que hayan obtenido beneficios superiores a un monto que solo las grandes
empresas superan en nuestro país. La sostenibilidad de la medida está asociada a un
plan de blanqueo laboral para todos los trabajadores que hoy se encuentran bajo un
régimen de fraude laboral o sometidos a la precarización en cualquiera de sus formas.
La pelea contra la precarización y contra el trabajo no registrado es el puntapié inicial
para fortalecer los recursos del ANSES que no les pertenecen a los gobiernos de turno,
sino a las y los trabajadores que son quienes terminan financiando al Estado y no al
revés. Por todo lo expuesto, solicito a las y los diputados acompañen este proyecto de
ley.

PROYECTO DE DECLARACIÓN EN REPUDIO AL ALLANAMIENTO AL LOCAL DEL PARTIDO OBRERO – EXPTE N°2979-D-2024

23/06/2024

La Cámara de Diputados declara:

Repudiar el allanamiento realizado el día 3 de junio contra la sede central del Partido
Obrero, sito en Bartolomé Mitre 2162, CABA, por constituir un acto de atropello a las
libertades políticas y democráticas en Argentina, tratándose de un hecho inédito y de una
gravedad inusitada.

Rechazar la persecución política y judicial contra las organizaciones sociales, piqueteras
y los partidos opositores por parte del Gobierno Nacional. El allanamiento de un local
partidario a su sede legal, de manera ilegal, que se hizo sin la orden correspondiente, es
un salto cualitativo en la persecución a la oposición política.

Denunciar que en el mismo allanamiento sólo se filmaron todas las instalaciones y se
realizaron croquis de las mismas bajo la absurda denominación de “inspección ocular”,
lo cual constituye en un claro trabajo de espionaje.

Acompañar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos impulsada
por el Partido Obrero, toda vez que el acto descripto vulnera derechos políticos y
democráticos de naturaleza constitucional.

Romina Del Plá
Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca
Christian Castillo
Germán Martínez
Juan Marino
Margarita Stolbizer
Andrea Freites
Esteban Paulón
Carolina Yutrovic
Pablo Carro
Sabrina Selva
Natalia Zaracho
Carlos Castagneto
Ana María Ianni
Gabriela Estévez
Eugenia Alianiello
Natalia Zabala Chacur
Hilda Aguirre
Ana Carolina Gaillard
Lorena Pokoik
Blanca Inés Osuna
Eduardo Toniolli
Ricardo Daives

PROYECTO DE LEY: DECLARESE LA EMERGENCIA NACIONAL EN EL ACCESO A LA VIVIENDA

23/06/2024

DECLARESE LA EMERGENCIA NACIONAL EN EL ACCESO A LA
VIVIENDA
IMPUESTO PROGRESIVO A LA VIVIENDA OCIOSA CON FIN DE BANCO
DE TIERRAS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

ARTÍCULO 1°— Declárase la emergencia en el acceso a la vivienda en todo el
territorio nacional. El Poder Ejecutivo Nacional destinará partidas presupuestarias
extraordinarias en el marco de esta emergencia para garantizar lo que esta ley dictamine.

ARTÍCULO 2°— Impuesto a la vivienda ociosa. Se gravará con el 1,5% anual del valor
de mercado a toda vivienda que se encontrare desocupada por el término de 6 meses,
plazo que podrá ampliarse en el caso de localidades turísticas. El mismo se pagará en
cuotas mensuales actualizadas según la variación promedio de los alquileres. El gravamen
se incrementará sobre los propietarios que superen los 1000 (un mil) metros cuadrados
desocupados a razón de + 0,5% cada 1000 (un mil) metros cuadrados.

ARTÍCULO 3°— Impuesto a los acaparadores inmobiliarios.
a) Establézcase un impuesto extraordinario a la persona física o jurídica que posea
más de TRES (3) inmuebles en el territorio nacional, cualquiera sea su uso.
b) Se establece una alícuota mensual extraordinaria en el impuesto inmobiliario a
partir del cuarto inmueble, que resultará de la adición del 10% de dicho impuesto.
Se incrementará la alícuota en la medida que se posea más inmuebles, a razón de
5 puntos porcentuales por cada otro inmueble que se posea. El pago de este impuesto no puede ser trasladado a eventuales inquilinos o locatarios, ni puede ser
trasladado al precio de un eventual alquiler.
c) Quedan exceptuados del artículo 2° los pequeños propietarios cuyo inmueble
no supere los 100 metros cuadrados cubiertos o aquellos que posean dos unidades
de no más de 60 metros cuadrados cada una.

ARTÍCULO 3° BIS— Aportes del Estado Nacional
Las Provincias y Municipios que adhieran a la presente Ley recibirán por parte del Estado
Nacional una suma equivalente a lo que hubieren recaudado por los gravámenes
descriptos en art. 2° y 3°, debiendo estos recursos destinarse exclusivamente a la
construcción de viviendas en coordinación con la Comisión de Planificación de Viviendas
Populares descripta en art. 8°

ARTÍCULO 4°— Vivienda única. Se eliminan todos los impuestos inmobiliarios a la
vivienda única habitada por su propietario.

ARTÍCULO 5°— Suspensión de desalojos. Se suspenden los desalojos por 2 años, sea
por ocupaciones de tierra para habitarla o frente a la imposibilidad de pagar los alquileres
o créditos

ARTÍCULO 6°— Comisión de Revisión de tierras e inmuebles públicos enajenados

a) Se crea la Comisión de Revisión de Tierras e Inmuebles Públicos enajenados
integrado por representantes de organizaciones sociales con intervención en las villas,
organizaciones de inquilinos, de profesionales de universidades nacionales que
apliquen en la materia. Se asegura la asignación presupuestaria y dotación de personal
necesaria para su funcionamiento. Su función será revisar toda venta de tierra pública
y/o inmueble ejecutado por organismos del Estado con o sin aval parlamentario y
determinará su provecho o no para las necesidades habitacionales de la población. En
caso que la Comisión determine que su venta fue en detrimento de los intereses de la
población la venta quedará sin efecto, se restituirá como tierra/inmueble fiscal y de
utilidad pública y la Comisión establecerá la compensación correspondiente, si
existiere.

ARTÍCULO 7°— Banco Nacional de Tierra y Vivienda (BNTV). Se crea el Banco
Nacional de Tierra y Vivienda (BNTV) con recursos de los gravámenes definidos en el
artículo 2° y 3° y con uno idéntico sobre la tierra urbana ociosa. Serán funciones del BNTV: financiar la construcción de vivienda popular sobre las tierras
ociosas y fiscales que pueden ser destinadas para loteos sociales y para la vivienda única,
adquirir inmuebles ya construidos para destinarlos al alquiler social o venderlos bajo el
régimen de créditos hipotecarios precisado en el artículo 10°, organizar un censo de
inmuebles desocupados e investigación de la propiedad de estos, así como de inquilinatos
y conventillos.

ARTÍCULO 8°— Plan de viviendas populares. Créase la Comisión de Planificación
de Viviendas Populares. La misma estará integrada por representantes de vecinos,
trabajadores, organizaciones sociales con intervención en las villas, organizaciones de
inquilinos, organizaciones ambientales y profesionales (arquitectos, ingenieros) de
universidades nacionales. Los diputados de la Nación podrán participar como veedores.
Se asegura la asignación presupuestaria y dotación de personal necesaria para su debido funcionamiento.

a) La Comisión elaborará un plan de construcción de viviendas a partir de la
disposición de tierras establecidas en el artículo 7°. Las viviendas contarán con
todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesarias.
b) La Comisión establecerá el número de viviendas necesarias a partir del Censo
2022.
c) La Comisión establecerá la asignación, el tipo de vivienda y el orden de
prioridades para el otorgamiento de las viviendas.
d) El valor de las viviendas quedará establecido a partir del costo de construcción
de las mismas.
e) El Estado proveerá los materiales y el asesoramiento técnico, empleando mano
de obra de trabajadores actualmente desocupados, registrándolos bajo el convenio
de la actividad. Los planes de construcción y/o autoconstrucción serán controlados colectivamente por los trabajadores y vecinos involucrados a través de
mecanismos asamblearios democráticos incluyendo a los trabajadores extranjeros,
sin discriminaciones.
f) De igual modo deberán destinarse recursos para la urbanización efectiva de los
llamados “barrios populares”, villas de emergencia y asentamientos, bajo control
de los vecinos para garantizar la extensión de los servicios básicos (electricidad, agua, cloacas, gas e internet). La Comisión en acuerdo con los vecinos podrá
definir si esas tierras son aptas para urbanizar o si corresponde otra alternativa
para garantizar las necesidades habitacionales de dichos vecinos.

ARTÍCULO 9°— Créditos para el acceso a la vivienda. El Estado otorgará créditos a
través del Banco Nación a todo aquel que no posea inmueble. El mismo cubrirá el
CIENTO POR CIENTO (100%) del valor de la vivienda requerida del plan de viviendas
establecido en el artículo 9 de la presente ley. Se podrá solicitar plazos de pago de hasta
veinte (20) años. La tasa de actualización de las cuotas se incrementará de forma anual
proporcionalmente al Índice Salarial del INDEC que pondera también la variación de los
ingresos informales. En ningún caso la cuota mensual puede superar el VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) del ingreso normal del solicitante.

ARTÍCULO 10°— De forma.

Firmantes:
Romina Del Plá
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca
Christian Castillo

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
“Hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda la verdadera «penuria de la vivienda»” Federico Engels (1873)-
Luego de una intensa campaña de los especuladores inmobiliarios cuyo objetivo es
terminar con cualquier regulación sobre los precios de los alquileres, plazos de
actualización y extensión de los contratos, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el
Decreto 70/23 arrasó con la Ley de Alquileres vigente provocando como era de esperar
un aumento exponencial en los valores de los alquileres favoreciendo exclusivamente a
los especuladores inmobiliarios, dejando en la absoluta indefensión a los inquilinos.
Tras la derogación de la Ley de Alquileres, por ejemplo, el 91,5% de los contratos pasó
a tener actualización cada seis meses o menos (antes, era anual). Los contratos de dos o
tres años dieron paso a otros de corta duración. Así, el 41% de los contratos firmados luego
del DNU 70 son por un plazo menor a un año. Los aumentos del alquiler y las expensas,
sumados a la caída estrepitosa del salario hace que su incidencia supere el 50% de los
ingresos promedio.
Atribuir esta incompatibilidad absoluta entre las necesidades de propietarios e inquilinos
a las regulaciones menores que establecía la Ley de alquileres oculta que el
encarecimiento de la propiedad en los conglomerados urbanos es un proceso de larga data
que merece un análisis más profundo.
Los valores de las viviendas y de los alquileres se han convertido en inaccesibles para la
inmensa mayoría de la población. Con propiedades que cotizan en dólares y salarios en
pesos devaluados, la posibilidad de adquirir una vivienda es prácticamente imposible. La
relación entre la cantidad de salarios necesarios para adquirir una propiedad media (un
departamento de 3 ambientes de 60 metros cuadrados) se ha incrementado notablemente.
Pasó de una media histórica de 60 salarios a unos 250 salarios en la actualidad -el
equivalente a más de 20 años de trabajo. Según el último censo (INDEC 2022) en
Argentina hay 2.084.013 viviendas desocupadas. Según el Centro de Estudios para el
Desarrollo Económico, Social y Urbano (CEDESU), en CABA superan las 228.000
unidades. Según cálculo de investigaciones especializadas en el país el déficit de
viviendas oscila entre los 3,5 y los 4 millones de viviendas para sendas familias que no
disponen de ellas.
El derecho a una vivienda digna, consagrado por la Constitución y varios tratados
internacionales suscriptos por el país es letra muerta a pesar de fallos de la Justicia en el
sentido de que no se trata de un principio abstracto sino de una obligación del Estado.
Según el último relevamiento sobre situación habitacional del INDEC (2020) 7,2 millones
de personas habitan en viviendas de calidad total o parcialmente insuficiente. 1,4 millones
viven en condiciones de hacinamiento (4 o más personas en un cuarto), 2,3 millones viven
cerca de basurales y 3,6 millones en zonas inundables.
En cuanto al acceso a los servicios públicos 3,5 millones no cuentan con agua potable, 10
millones de personas no tienen cloacas y 11,2 millones carecen de conexión de gas. El
53,6% de la población no accede a algún servicio público esencial.
La combinación entre la caída del salario y la especulación inmobiliaria produce una
permanente expulsión hacia la periferia de las ciudades. Esto genera un costo económico
gigantesco ya que la mayoría de los que trabajan en las ciudades viven en los suburbios,
dedicando muchas horas de su vida y parte de sus ingresos solo a trasladarse a su empleo.
La vivienda promedio tiene un costo de 2.500 dólares el m2
construido, el costo de la
construcción no representa más de U$S 500 (IProfesional 5/3/22), el resto corresponde al
valor del suelo. Este es una mercancía peculiar, ya que al no ser producto del trabajo
humano su valor no está determinado por el tiempo socialmente necesario para su
producción, sino que se deduce teniendo en cuenta la renta que arroja y la tasa de interés
vigente (“es renta capitalizada”). Si por ejemplo la renta que arroja es 1.000 dólares y la
tasa de interés es 10% se concluirá que un terreno tendrá por valor 10.000 dólares. Ese
valor del terreno luego se transfiere a la propiedad, lo que se denomina costo de
incidencia. A partir de esta consideración se deduce que a mayor posibilidad de
construcción en un terreno mayor será el valor de la tierra. El valor que el suelo representa
en el costo total es el resultado de distintas modificaciones a los códigos urbanos que
autorizan a seguir construyendo en altura, invadiendo el espacio público o cediendo
tierras fiscales urbanas al gran capital especulativo.
Así se incrementa sistemáticamente el precio de la tierra urbana generando propiedad
suntuaria y ociosa que impacta artificialmente sobre los costos de compra y alquiler. Gran
parte de la renta agraria es volcada en la especulación inmobiliaria. La propiedad
inmobiliaria es crecientemente usada como reserva de valor y no como bien de uso
destinado a satisfacer la necesidad de techo de vastos sectores de la población.
El valor de la vivienda no está determinado ni por la capacidad adquisitiva del salario ni
por su costo de producción. Si se disminuyera drásticamente el valor de la tierra se podría
disminuir significativamente el costo de las viviendas y hacerlas accesibles para el
conjunto de la población. La crisis habitacional hunde sus raíces en la expansión de la
especulación inmobiliaria. La construcción de emprendimientos habitacionales de gran
valor expulsa a la población trabajadora a las periferias y localidades aledañas. La
carencia habitacional se agrava mientras se experimenta un boom de la construcción, un
fenómeno de flagrante contradicción que sucede en todo el país. La inversión especulativa
y parasitaria es parte del problema y no de la solución a la catástrofe habitacional que
padece el pueblo argentino.
La política de incentivos fiscales a los capitalistas para garantizar derechos es inocua
como lo demuestran las exenciones de todo tipo para promover el empleo registrado. En
lugar de propiciar el no pago de impuestos planteamos gravar fuertemente a la propiedad
habitacional ociosa.
Este proyecto plantea que a todas las viviendas desocupadas se les imponga un impuesto
progresivo -absoluta y relativamente- para que sean colocadas en el mercado para la venta
o alquiler. Quedarán exceptuados los pequeños propietarios de hasta dos viviendas en
alquiler, que suelen ser trabajadores y jubilados intentando compensar sus magros
ingresos, cuya realidad dista abismalmente de la de los acaparadores inmobiliarios. Frente
al incumplimiento el Estado podrá incautar dichas propiedades y entregarlas en comodato
a personas en situación de emergencia habitacional. Un impuesto progresivo al
acaparamiento de viviendas incentivaría la venta, bajando precios de ventas y alquileres.
No deberían cobrarse impuestos inmobiliarios a quien habita su única vivienda y por ende
no recibe renta.
Recientes ejemplos internacionales demuestran que no es un planteo utópico.
Este tipo de impuesto se viene aplicando en el Reino Unido, Dinamarca, España y
Canadá, en todos los casos con un importante incremento de la oferta de alquileres. En
Berlín, una consulta popular, votó la incautación de 240.000 viviendas desocupadas.
El alquiler es sólo un aspecto del problema. El Estado no propicia una política de acceso
universal al crédito hipotecario para los sectores populares. El anunciado plan Casa Propia
otorga sólo 65.000 créditos para refacción inferiores a dos salarios mínimos, aunque se
exige a quien lo recibe ingresos superiores a esa cifra. Lo mismo sucede con el Procrear
y el Reconstruir, programas que no constituyen una solución al problema.
Por el contario el Estado privilegia las ganancias de los bancos colocando a los
trabajadores hipotecados por los créditos UVA al borde del desalojo debido a la perdida
sistemática de su poder adquisitivo. En 2021 la cuota supero el 100% de aumento.
Como planteáramos en 2019 al presentar un proyecto de anulación de este sistema “La
salida que ha esbozado el gobierno ante esta situación es una suerte de endeudamiento a
perpetuidad: prolongar las cuotas. Es decir, el trabajador que no pueda cubrir este
desfasaje entre la indexación de la unidad de vivienda y el salario va a tener que ir
incrementando cada vez más una determinada cantidad de cuotas, es decir que se van a
prolongar en el tiempo. Una hipoteca que en un periodo razonable de la vida de un
trabajador permite el acceso a la vivienda es una cuestión, pero lo que aquí tenemos es
otra cosa: se trata de una carga usuraria perpetua sobre un trabajador y eventualmente la
ejecución de esa hipoteca y un desalojo, que es a todas luces confiscatorio” “con este
sistema se ha creado una burbuja financiera. Si el valor de la propiedad se deprime, como
está sucediendo, no tenemos como contrapartida una caída de la cuota, que se sigue
indexando de acuerdo a la inflación general, sino que lo que tenemos es que el deudor
debe mucho más que la propiedad que opera como garantía de la hipoteca”.
Proponemos además un impuesto a la tierra ociosa para financiar la construcción de
vivienda popular y constituir un Banco Nacional de Tierra y Vivienda para conocer y dar
a conocer exactamente la cantidad de tierras ociosas y fiscales que pueden ser destinadas
para loteos sociales y para la vivienda única. Revisando aquellas que el Estado cedió a
particulares, revisando los procesos de enajenación de dichas tierras más allá de que
contaran o no con la aprobación de los cuerpos legislativos. Sobre estas tierras el Estado
debe garantizar la construcción inmediata de un millón de viviendas de calidad y
entregarlas a través de créditos hipotecarios cuyas cuotas no deberán superar el 25% del
ingreso familiar mensual. Para esta tarea deberá emplearse mano de obra de trabajadores
actualmente desocupados, registrados y bajo el convenio de la actividad.
De igual modo deberán destinarse recursos para la urbanización efectiva de los barrios,
villas y asentamientos, bajo control de los vecinos, para garantizar la extensión de los
servicios básicos (electricidad, agua, cloacas, gas e internet).
Promovemos la suspensión de los desalojos de tierras que han sido recuperadas en todo
el territorio nacional por personas que no poseen ni tierra ni vivienda.
La suspensión de las ejecuciones a los hipotecados UVA y la eliminación del sistema y
su reemplazo por cuotas que nunca superen el 25% del ingreso familiar.
Eliminación del Impuesto inmobiliario sobre la vivienda única.
Volvemos a citar nuestras conclusiones de aquel proyecto contra el sistema confiscatorio
de los créditos UVA, tan vigentes hoy como lo eran para el gobierno anterior.
“A la luz de todo lo expuesto, se hace evidente como primera conclusión que la política
de los gobiernos en esta materia no ha hecho más que reproducir su orientación
económica más general: el endeudamiento. En este caso el endeudamiento de las familias
a perpetuidad, igual que ocurre en el país. La ‘salida’ oficial de alargar las cuotas, es
muy parecida a las cláusulas que abarcan a la deuda pública argentina, donde se crea
el síndrome de la deuda eterna, la refinanciación usuraria y permanente y la
esclavización del país al capital financiero. En este caso es la esclavización de las
familias al capital financiero.”
“La conclusión es que el drama de fondo de la vivienda popular sólo puede ser encarado
positivamente con una transformación social profunda, que reorganice por completo las
prioridades nacionales, mediante una reorganización económica y social que tenga por
eje los intereses de los trabajadores. Sería necesario un shock de inversión real a cargo
del Estado, con trabajadores bajo convenio, la expropiación de las grandes
constructoras y su capacidad ociosa, y centralizar el crédito bancario mediante la
nacionalización de la banca y el comercio exterior. Esta será una tarea de primer orden
de un gobierno de los trabajadores”.
El gran drama que enfrenta la población trabajadora para acceder a la vivienda familiar
es, en primer lugar, el resultado de la especulación inmobiliaria, del aumento en el valor
del suelo y de las propiedades que surge de un proceso económico, que no solo toleraron,
sino que alentaron los que han gobernado el país en las últimas décadas. Se trata de un
fenómeno vinculado a los extraordinarios beneficios del capital agrario, minero y de otros
sectores, que se localizaron en la compra del suelo y en la especulación inmobiliaria. El
Estado ha sido un factor activo en este encarecimiento, bajo todos los gobiernos. No hubo
grieta en esta materia.
Por todo lo expuesto. Llamamos a todos los Diputados y las diputadas a estudiar y apoyar
este proyecto.

 

PROYECTO DE RESOLUCION: Pedido de Informes a la ministra de seguridad Patricia Bullrich. EXPTE N°5171-D-2023

05/02/2024

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que, conforme lo establecido por el Artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y en virtud de lo señalado en el Artículo 71 de la Constitución Nacional, se cite de forma urgente a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, para que concurra al recinto de esta Cámara a los efectos de brindar explicaciones respecto de la brutal represión desatada los días 31 de enero y 1° de febrero por las fuerzas federales a su cargo sobre ciudadanos que manifestaban pacíficamente, jubilados, asambleas populares y organizaciones sindicales, sociales y políticas, sobre decenas de periodistas y aún sobre diputados de esta Cámara.

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente.

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de interpelación urgente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a fin de que brinde explicaciones respecto de la feroz represión a su cargo los días 31 de enero y 1°de febrero del corriente por las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso mientras esta Cámara de Diputados debatía la llamada Ley Ómnibus.

Como se ha visto de forma directa en diversos medios de comunicación durante todo el desarrollo de la jornada, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería desataron una feroz represión sin ningún tipo de justificación hacia miles de personas reunidas con el objetivo de manifestarse pacíficamente contra los agravios que contienen la llamada “Ley Ómnibus”, con centenares de artículos que se pretenden sancionar y que afectarían gravemente a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Este violento accionar, que se desarrolló bajo las órdenes de la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, demuestra que la represión en la calle y en el propio predio de la Plaza de los dos Congresos, está orientada a cercenar no solamente el corte de calle sino también a suprimir la protesta social en cualquier de sus formas. La búsqueda de facultades delegadas que se pretende con esta ley, para gobernar por decreto, viene a dar legalidad a esta ambición de criminalizar, reprimir y cercenar los más elementales derechos.

 

La brutalidad de esta represión evidenciada en las más de 25 trabajadoras y trabajadores de prensa heridos por las balas de goma por hacer su trabajo, cercenando el derecho a la libertad de expresión e información; en el accionar del  grupo GOM de la Policía Federal, que con sus motos recorrió la Plaza del Congreso  disparando a mansalva, tirando gases lacrimógenos incluso sobre varios diputados y diputadas que nos acercamos con el fin de intervenir para frenar semejantes atropellos y en el brutal accionar sobre el abogado Matías Aufieri, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH.) y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y asesor del Bloque del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad, quien sufrió un balazo en el ojo y  fue operado en el día de hoy con diagnostico reservado. También la represión al diputado Alejandro Vilca, del mismo bloque del Frente de Izquierda, que en ocasión de haberse acercado a llevar solidaridad a los manifestantes fue atacado por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos químicos; de Vanina Biasi, diputada rotativa electa, con cuatro impactos de bala de goma y Eduardo Belliboni que fue hospitalizado, entre decenas de manifestantes que atiborraron guardias de hospitales y del instituto del quemado ante el efecto lesivo agudo de un nuevo gas pimienta.

La consecuencia directa han sido al menos 60 heridos por las balas de goma. Sin embargo, son centenares los afectados por gases arrojados con el fin de provocar a los manifestantes y que según se ha denunciado contienen componentes desconocidos hasta ahora para los médicos que durante horas atendieron a los afectados con químicos que provocan importantes quemaduras en la piel.

Exigimos que se clarifique que tipo de químicos se arrojó contra los manifestantes pacíficos.

Denunciamos que las fuerzas Federales no tienen atribuciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en la que no rige el ilegítimo protocolo de la ministra Bullrich.

Repudiamos las detenciones completamente arbitrarias producidas sobre la militante radical Ivanna Bunge junto a tres mujeres que se solidarizaron con ella, así como las de los militantes del Partido Obrero Víctor Da Vila y Martin Rodríguez en la Provincia de Mendoza.

En ese sentido, es importante que esta Cámara de Diputados de la Nación se pronuncie claramente rechazando la represión, y ratifique el derecho del pueblo argentino a ejercer la libertad de expresión, de opinión y de protesta.

Por todo lo expuesto, solicitamos su acompañamiento para la citación de manera urgente de la ministra, aprobando este Proyecto de Resolución.

 

Firmantes

Romina Del Plá

Nicolás del Caño

Myriam Bregman

Alejandro Vilca

Christian Castillo

Carlos Daniel Castañeto

María Eugenia Alianiello

 Eduardo Leandro Toniolli

Repudio a la política de apartheid y represión fascista por parte del gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino. Proyecto de declaración.

19/12/2022

EXPTE N°6709-D-2022

Proyecto de declaración. 

1°- Repudiar el Golpe de Estado que en la República del Perú destituyó al presidente
Pedro Castillo y acompañar la lucha popular para echar al régimen golpista que se ha
instaurado.
2°- Exigir la libertad del presidente Pedro Castillo y pronunciarse por el levantamiento
del Estado de Emergencia y por la plena vigencia de las libertades democráticas, el cese
de la represión, la libertad de los detenidos en las protestas y una Asamblea Constituyente
libre y soberana que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.
3°- Rechazar el apoyo dado por el presidente Alberto Fernández y por el canciller
Santiago Cafiero a la presidenta golpista Dina Boularte.

 

FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta
El Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo a través del voto de un centenar
de diputados que se arroga la soberanía de destituir a un presidente votado por 9 millones
de peruanos.
Desde el momento de su asunción, hace 16 meses, el gobierno de Castillo sufrió reiterados
ataques para vacarlo (destituirlo) por parte del parlamento unicameral donde tiene
predominancia la derecha, pese a que progresivamente iba abandonando sus
compromisos electorales en función de las exigencias de esos sectores que responden al
poder concentrado empresarial. En todo este periodo la derecha parlamentaria actúo con
claros propósitos golpistas.
La derecha, escasa de pruebas sobre denuncias de corrupción, fundamentó su cargo en un
pedido de declaración de “incapacidad moral permanente” de Castillo. El miércoles 7 de
diciembre, el parlamento debía votar por su destitución o no.
Desde hace varios días se venían denunciando “presiones” para obtener la mayoría
necesaria –que en dos votaciones anteriores no se consiguió- que permitiera darle un
barniz constitucional al golpe “parlamentario” que derribara al presidente Castillo.
Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y policiales anunciaron su apoyo a la
resolución del parlamento de destituir a Castillo. Este se encuentra detenido en
instalaciones militares.
El parlamento nombró “presidente” a Dina Boluarte, vicepresidenta electa en la misma
fórmula que Castillo, también acusada de “incompetencia moral” acusación que fue
levantada pocos días antes del golpe. Evidentemente, una vez que se plegó al accionar
golpista. A partir de ese momento trabajadores, campesinos y sectores populares salieron
a manifestar su oposición a ese parlamento de derecha y a Boluarte como cabeza del golpe
parlamentario. La presidenta ilegítima ordenó una brutal represión a los manifestantes
que en casi todas las regiones del país hermano se manifiestan por echar al gobierno
golpista y reclaman por una Asamblea Constituyente y elecciones inmediatas.
Al día de hoy, ya son al menos 8 los muertos por la represión policial y hay decenas de
heridos y detenidos, mientras el 14 de este mes, en una clara provocación a quienes salen
a la calle reclamando su legítimo derecho democrático, decretó un estado de emergencia
que suspende derechos democráticos y habilita la intervención de las Fuerzas Armadas
en la represión contra el pueblo.
Este nuevo golpe en el Perú -donde hace un par de años se dio una situación similarrepite la orientación del imperialismo en América Latina de impulsar golpes de estado
para imponer gobiernos afines, bajo la fachada de medidas constitucionales como se ha
hecho en Honduras, Brasil y Paraguay en los últimos años.
Reclamamos el cese de la represión y nos pronunciamos por la convocatoria de una
asamblea constituyente libre y soberana.
Por estos motivos, solicitamos a los y las diputadas nacionales el acompañamiento y la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Romina Del Plá
Nicolás Del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

Proyecto de declaración en repudio a la aparición de siniestros muñecos en la movilización del “tractorazo”.

28/04/2022

PROYECTO DE DECLARACION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

DECLARA
Repudiar la instalación de muñecos ahorcados simbolizando a dirigentes
políticos, sociales, sindicales y de DDHH, realizada en el marco del denominado
“tractorazo” a Plaza de Mayo.
A su vez, repudiar y rechazar todo tipo de acciones y discursos que inciten al
odio con el solo objetivo de impulsar a la represión y criminalización de la
protesta social, generando asimismo un envalentonamiento a unos sectores
violentando a otros.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En la movilización realizada a Plaza de Mayo el pasado 23 de abril de carácter
meramente patronal, permitió evidenciar el contenido reaccionario y fascistizante
de quienes la organizaron, promovieron y apoyaron. La instalación de muñecos
ahorcados con la cara de dirigentes políticos -que incluyó a dirigentes del Frente
de Izquierda y de Trabajadores Unidad como Néstor Pitrola y Nicolás del Caño;
de DDHH como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini; sindicalistas como Hugo
Moyano; gobernadores y funcionarios como Alicia Kirchner, Mayra Mendoza,
Santiago Cafiero, Máximo Kirchner y Victoria Donda; dirigentes de
organizaciones sociales como Juan Grabois de la Utep, entre otros- es la
conclusión lógica del envalentonamiento derechista que distintos sectores
políticos realizan contra quiénes luchan.
El PRO en su conjunto, como los denominados libertarios, apoyaron y se
movilizaron junto a las patronales agrarias. Son ellos mismos quienes
promueven una línea de ataques fascistizantes cuando los que se movilizan son
sectores trabajadores: el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta acusó a las piqueteras de usar de escudos
humanos a sus hijos y que deberían sacarle el plan social a quién se movilice,
mientras que el espacio de Javier Milei promueve la conformación de un grupo
de choque contra quién se movilicen por reclamos populares. Estos ataques, sin
embargo, se transforma en su extremo contrario cuando son los capitalistas
quienes se movilizan, cortan rutas, o hasta ingresan tractores a la Plaza de Mayo.
No podemos dejar de mencionar que, a pesar de que en esta oportunidad
también fueron víctimas del ataque, funcionarios del Gobierno Nacional han
tenido declaraciones del mismo tenor, como las que realizaron Juan Zabaleta o
Sergio Berni.
Esos discursos de odio contra la población trabajadora, contra los sectores más
vulnerables de la población que impulsan a la represión y criminalización de la
protesta social, cuando no a grupos de choque de corte fascistoide, se traducen
en un envalentonamiento por parte de sus seguidores, que ya ha tenido otros
episodios en la historia y que se van traduciendo en ataques “simbólicos” -como
los expuestos en el “tractorazo”- para ir pasando hacia ataques físicos -como ya
se pueden ver en atentados contra locales de organizaciones populares, o como
fue hacia la estación de Subte Rodolfo Walsh.
Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el
presente Proyecto de Declaración.

Proyecto de repudio y rechazo a la implementación del sistema de reconocimiento facial por Larreta.

28/04/2022

ROYECTO DE DECLARACION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA

Repudiar y rechazar enérgicamente el accionar por parte del Ministerio de Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la utilización del Sistema de Reconocimiento
Facial de Prófugos (SRFP) dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de
Horacio Rodríguez Larreta Jefe de Gobierno, para acceder a datos biométricos de millones de
personas que no estaban siendo buscadas por la justicia.

Entre las personas se encuentran dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos
humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Repudiar, asimismo, todo tipo de espionaje por parte del Estado que tiene por objetivo la
intromisión para desarticular la organización de aquellos y aquellas que reclaman por causas
populares, y que de esta manera se suma a otros casos como el llamado Proyecto X, o el
Proyecto AMBA, o el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan y del REPUNTE. Este
abanico de investigaciones ilegales fue producido sin distinción de signo político de los gobiernos
de turno.

Rechazar, también el reforzamiento de un Estado policial que viola los derechos individuales.

Fundamentos
Sr. Presidente:
Como es de público conocimiento el juez Roberto Gallardo ordenó suspender el sistema
de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada.
A partir de ello, salió a la luz que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos
funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: desde diputaos y dirigentes del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores -Unidad como ser la diputada nacional Myriam
Bregman, el diputado nacional Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, también diputado (MC),
o a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, pasando por propio Presidente de la
Nación, Alberto Fernández y la Vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, e
incluso dirigentes de la coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales,
Facundo Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales,
periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.
Vale señalar que, a su vez, la periodista Irina Hauser ha denunciado múltiples
irregularidades en torno a la contratación de la empresa prestataria del servicio, así
como también de su composición y de su funcionamiento.
El sistema de videovigilancia tenía el supuesto fin de dar con información de personas
prófugas. Sin embargo, el gobierno de la CABA se valió del sistema para armar informes
de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima. De fondo, tiene el
propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la
Ciudad, proyectarse nacionalmente y, como complemento de eso, de acallar cualquier
oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen.
No es casual que el ministro de seguridad de la CABA Marcelo D´Alessandro haya
puesto a disposición de la Justicia Nacional las cámaras de la Ciudad para perseguir a
los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.
Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero.
En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019. Gabriel Solano, dirigente del
Partido Obrero (actual Legislador de la CABA) le respondió a Horacio Rodríguez Larreta
cuando este pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí
sostuvo que “estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta.
Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que
controla la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la
justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres,
los jóvenes, los migrantes”.
Este nuevo espionaje por parte del Ministerio de Seguridad d la CABA se suma a otros
que también hemos denunciado en tiempo y forma.
Como el espionaje a los familiares de Ara San Juan en donde la resolución del juez
Martín Bava, señala que agentes de la AFI elevaban sus informes a la cúpula del
organismo, integrada entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quienes a su vez
mantenían al tanto al expresidente Mauricio Macri.
Uno de los partes anticipaba, con gran nivel de detalle, los reclamos que los familiares
presentarían al exmandatario en la Casa Rosada. Otro informaba que aquellos se
acercarían a la quinta de Chapadmalal, en la que se encontraba el empresario en
febrero de 2018, para entregarle una carta con una solicitud de pedidos de informes.
El espionaje sufrido por los familiares, que querían conocer las razones del hundimiento
y cuestionaban al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, formó parte de este
despliegue mucho más vasto que montan los servicios de inteligencia. En el marco del
Proyecto AMBA, se crearon seis bases de la AFI en el Conurbano, entre 2016 y 2017,
que se sumaban a las ya existentes en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata.
De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), esas bases estuvieron
dirigidas por excomisarios que cumplieron funciones durante la última dictadura militar.
Y llevaron a cabo tareas de inteligencia contra decenas de organizaciones obreras,
sociales, políticas, e incluso comedores populares y merenderos. Los sindicatos
docentes, grupos piqueteros, de Derechos Humanos, y las organizaciones que integran
el Frente de Izquierda, fueron objetivos de los espías.
El espionaje contra las organizaciones de lucha fue un recurso al servicio de las políticas
de ajuste, amedrentamiento y represión, que tuvieron uno de sus capítulos en la
aprobación de la reforma previsional y el posterior enjuiciamiento y condena de los
compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz por participar de las manifestaciones contra el
robo a los jubilados.
Se suma a este andamiaje de espionajes los dichos de Marcelo Villegas exministro de
trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en donde expresa su deseo de contar con una
“Gestapo” para embestir contra los trabajadores y los sindicatos.
Pero no ha sido un recurso privativo del macrismo, como lo enseña el Proyecto X de la
época kirchnerista. Es decir, todos los gobiernos “democráticos” se valieron de los
instrumentos del Estado, para llevar a cabo sus propósitos contra los derechos más
elementales, y no solo incluyendo a quienes fueron partícipes de la última dictadura
militar, sino implementando sus métodos; secuestro, tortura seguida de muerte fue lo
que la policía Bonaerense a cargo de Sergio Berni hizo con Facundo Astudillo Castro.
Hasta el día de hoy el homicidio sigue impune, manteniendo el encubrimiento del
ministro de seguridad amparado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Del famoso Proyecto X, se publicaron documentos de la información que recababa
Gendarmería con datos de los dirigentes sociales de todas las villas de la Ciudad o un
listado de más de mil organizaciones monitoreadas por la fuerza que incluyeron gremios,
entidades del campo y organismos de derechos humanos.
Cabe señalar también las declaraciones de Rodrigo Jara, quien fuera bailarín de
Showmatch, programa conducido por Marcelo Tinellli. En una entrevista en 2021,
reconoció sin mosquearse que hacía 15 años atrás, en 2006, integró los servicios de
inteligencia de la policía bonaerense.
Jara relató: “trabajaba de civil. Tenía barba, arito, pelo largo, te dejaban tener tatuajes.
Cuanto menos parecieras policía, mejor”, y detalló que “en ese momento había
‘explotado’ el tema de los piquetes. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en
las manifestaciones para ver qué era lo que querían y cuánto tiempo se iban a quedar,
si se iban a ir a otro lado y quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La
Plata, a la superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía”.
Además, agregó que participó incluso de las escuchas telefónicas de la fuerza luego de
la desaparición de Julio López, un “full-time” del espionaje.
No es menor que Jara presente que le asignaron esta tarea “cuando estallaron los
piquetes”. El 2006 fue un año destacado para el movimiento piquetero que venía de
protagonizar la rebelión popular del 2001. Quienes gobernaban en los años en que Jara
era un servicio de inteligencia infiltrado, son los mismos que gobiernan hoy con las
mismas políticas. Basta con decir que la policía bonaerense respondía a las órdenes del
gobierno provincial de Felipe Solá, que gobernó con Menem, con Ruckauf, con los
Kirchner y hoy con los Fernández.
Las declaraciones de Jara blanquearon un método que ya es conocido y se repite
constantemente.
Esta política de echar mano a los servicios de inteligencia no tiene otro fin que digitar la
represión a las movilizaciones populares. Existe hoy, existía en 2006 y existe desde
hace décadas, arrastrando incluso elementos y recursos de la dictadura militar.
Por eso, es necesario un repudio y rechazo a estas prácticas que van en contra de los
intereses de las y los trabajadores.
Para finalizar, hacer mención a que este Proyecto de Declaración se complementa con
los ya presentados en la Legislatura porteña por los legisladores del Frente de Izquierda
y Trabajadores Unidad.1
Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el presente
Proyecto de Declaración.

 https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122720

https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122689

 

Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

 

Repudia a la represión llevada adelante por la Policía de la Ciudad hacia la movilización al INCAA y exigencia de la inmediata libertad para los detenidos

13/04/2022

Expediente 1075-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art 1- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la represión llevada adelante por la Policía de la Ciudad hacia la movilización al INCAA y exige la inmediata libertad para los detenidos

FUNDAMENTOS

La Policía de la Ciudad reprimió violentamente en la tarde de este lunes 11 de abril una movilización a las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), organismo dependiente del Ministerio de Cultura nacional. Los manifestantes reclaman la salida de la actual conducción del organismo, comenzando por su presidente, Luis Puenzo. En una fuerte denuncia al ajuste y la subejecución presupuestaria, un texto elaborado por la asociación de Documentalistas de la Argentina (Doca) lo coloca como el principal responsable del desguace de la institución en detrimento y perjuicio del cine independiente, así como de los documentalistas, cineastas y trabajadores audiovisuales.

Un enorme operativo listo para reprimir una movilización pacífica a cargo de la fuerza metropolitana comenzó a hacer lo suyo. Empezando por empujones a los manifestantes, el esquema represivo comenzó a actuar y detuvo a una persona. Esto despertó la bronca de los presentes, que al grito de “que lo suelten” comenzó a presionar para lograr la libertad del primer aprehendido. No obstante, la Policía de la Ciudad no cesó en su brutalidad, y los privados en su libertad ya son tres al momento.

Exigimos la inmediata libertad de todos los compañeros que hayan resultado detenidos en el operativo, y denunciamos por igual el ajuste en el sector, que se traduce en una enorme precarización sobre las condiciones de vida y de trabajo de cineastas, documentalistas y trabajadores audiovisuales.

Defensa de las Libertades Democráticas

29/03/2022

Artículo 1º.- GARANTICESE en todo el ámbito de la Municipalidad de Córdoba las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación y toda otra libertad y/o derecho que haga al más pleno desarrollo político, social y económico del pueblo trabajador. 

 

Artículo 2°.- PROHÍBASE toda resolución, disposición, normativa o reglamentación que busque sancionar, multar o restringir de cualquier manera el ejercicio del derecho legítimo a la protesta social, sea contra las personas y/o organizaciones sociales, sindicales o populares que integren, por su carácter enteramente arbitrario e inconstitucional.

 

Artículo 3°.- PROHÍBASE toda medida, disposición, normativa o reglamentación que suprima y/o restringa el acceso a la asistencia alimentaria, social y laboral a personas en situación de vulnerabilidad social, no pudiendo aplicarse ninguna multa y/o sanción que afecte planes socio-laborales, programas asistenciales, o programas sociales de cualquier tipo.

 

Artículo 4°.- DEROGUESE el art. 154 del Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, Ordenanza Nº 12468, y toda reglamentación, disposición o resolución de orden municipal que atentara o contradiga el derecho a la protesta social instituido por la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis y la legislación nacional.

 

Artículo 5º.- de forma.

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

La agudización de la crisis social, alimentada por una inflación creciente, el deterioro del poder adquisitivo de las familias trabajadoras, y el incremento de la precarización y la desocupación, acicatean los reclamos sociales en la ciudad, como en todo el país. 

En este marco, el ascenso de la lucha popular de los movimientos sociales y de los trabajadores, en reclamo de trabajo genuino, asistencia social y alimentaria, aumento y universalización de los planes sociales, el paicor y el servicio de comedios, ha sido punto de ataque de todo el arco patronal y sus representantes políticos. 

El proyecto iniciado por el Concejal Negri, de la UCR, que plantea la supresión o restricción de la asistencia social a quienes protagonicen medidas de protesta, tuvo su antecedente en el proyecto de Diego Casado, del bloque Hacemos por Córdoba, que planteaba aumentar las multas a quienes desarrollen medidas de lucha en la vía pública. 

Oficialistas y opositores confluyen en un planteo común, aplicar una política de “mano dura” contra las medidas de protesta que proliferan en la ciudad, en este caso reforzando una normativa represiva por excelencia, como lo es el Código de Convivencia Ciudadano de la Ciudad de Córdoba. En ambos casos nos encontramos frente a medidas que atentan contra el legítimo derecho a la protesta instituido por la Constitución Nacional, profundizando una línea fascistizante para amedrentar y aplacar las protestas sociales, que tiene alcance nacional. 

Esta posición tuvo su expresión más acabada en las declaraciones del referente libertario y tributario de Milei, Ramiro Marras, quién llamó a impulsar un “Movimiento Antipiquetero Argentino”. Se trata de un planteo de contenido claramente fascista, que rememora las décadas del terrorismo de estado en nuestro país. Un planteo que le costó miles de caídos y 30.000 desaparecidos a la clase obrera argentina. 

El reforzamiento de la represión y judicialización a los trabajadores que luchan es, sin embargo, un hecho. La brutal represión que sufrieron las organizaciones de la Unidad Piquetera en San Pedro, Perico, y en distintas localidades de Jujuy, cuando desarrollaban un plan de lucha por trabajo genuino y alimento para los comedores y merenderos populares sostenidos a pulmón, tenía el objetivo de escarmentar a los compañeros movilizados, dejando un saldo de decenas de heridos, y detenidos. De este modo el gobierno jujeño de Gerardo Morales llevó a fondo lo que es una política por la que pugnan los diversos sectores capitalistas a nivel nacional.

Un nuevo capítulo  de esta posición lo vivimos con la reciente represión en frente al Congreso de la Nación cuando se desarrollaba una masiva movilización contra el pacto con el FMI. Luego de una cacería de brujas contra los manifestantes, que implicó un enorme despliegue de las fuerzas represivas, se avanzó en la judicialización de los luchadores; mientras que desde el ejecutivo nacional se procedió en un ataque político contra las organizaciones. 

El propio Ministro de Desarrollo, Zabaleta, anunció un día después de los incidentes que se habían identificado a los supuestos autores de los ataques al Congreso y se les habría suspendido la asistencia social que percibían, en este caso el Potenciar Trabajo. El proyecto presentado por el concejal Negri, no es más que la búsqueda de institucionalizar una medida inaugurada por el propio kirchnerismo. 

Ahora bien, privar a una familia en situación de vulnerabilidad de la mínima asistencia que brinda el Estado por protestar contra las causas de que el 60% de la población esté por debajo de la línea de la pobreza, es una política criminal, y profundamente antipopular. 

Por su parte la justicia, mediante la utilización de figuras como la de daños, resistencia a la autoridad, lesiones, la de asociación ilícita, o intimidación pública, arremeten contra los manifestantes y sus organizaciones. 

La figura de intimidación pública ya fue utilizada por la justicia para condenar a Cesar Arakaki y Daniel Ruíz, por haber participado de las masivas movilizaciones en el Congreso contra la reforma jubilatoria, bajo el gobierno macrista. Sin embargo, la implementación de la figura en asociación ilícita en este tipo de manifestaciones, implica un salto en la persecución política que facilita la aplicación preventiva más allá de toda prueba, como así también la persecución judicial a las organizaciones en su conjunto. 

Estamos ante una avanzada represiva a nivel nacional, que en Córdoba ya ha tenido sus antecedentes. A la penosa disposición de llevar a juicio a 27 estudiantes que lideraron la lucha universitaria en 2018, se suman una serie de hechos represivos, donde se desataca el desalojo y la posterior detención de las familias de Estación Ferreyra, o los operativos policiales contra las luchas obreras como en ERSA.

Las crecientes movilizaciones de las organizaciones sociales de las organizaciones sociales, acicateadas por una crisis social sin precedentes, son la consecuencia directa de la política de ajuste de sus gobiernos que hambrea a la población trabajadora. Si verdaderamente existiera la voluntad de resolver el problema de las protestas, se debiera comenzar por atacar las raíces de las mismas, respondiendo a las demandas sociales que las generan: trabajo, salario y vivienda. 

Sin embargo, el gobierno de Llaryora ha optado por alinearse al FMI y profundizar el ajuste, delineado en su propio presupuesto. Vale mencionar, que en una ciudad con el 13% de desocupación, un 50% de personas bajo la línea de la pobreza, y uno de cada 6 niños con hambre, el presupuesto municipal preveía unos 2.414 millones de pesos para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad; de los cuales la mitad se destina a comedores, mientras que casi mil millones va al programa de Servidores Urbanos (1985 beneficiarios), y encargadas de comedores (1077 beneficiarias).

Las presiones para avanzar en una línea fascistizante y antiderechos, se encuentran en plena sintonía con el giro derechista que ha adoptado el ejecutivo nacional tras la asunción de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad, un declarado enemigo del movimiento piquetero, quien fuera responsable político del asesinato de Kosteky y Santilla, y de nuestro compañero Mariano Ferreyra. 

No se trata de un exabrupto de los concejales, estamos ante una posición que ha sido parte fundamental del gobierno de Llaryora. Recientemente el Concejo Deliberante, con el rechazo de la bancada del FIT, modificó el estatuto municipal para habilitar las sanciones contra las y los municipales que ejerzan su legítimo derecho a la protesta. 

El ejecutivo municipal ha hecho propio todo tipo de métodos de apriete y extorsiones contra las y los trabajadores violando el primer y más importante cuerpo legal que consagra el Derecho a huelga y protege de esta manera a quienes decidan ejercerlo, que es la Constitución Nacional, la que en su Artículo 14 bis establece, en el segundo párrafo, los Derechos colectivos del trabajo, garantizando a los gremios el de la negociación colectiva y el Derecho de Huelga. Entendiendo los constituyentes el concepto gremio como el colectivo de lxs Trabajadorxs de una actividad, estén o no afiliadxs a un Sindicato; como así también Ley N° 20, o la Ley N.º 23.551 de Asociaciones.

La política desarrollada por el Concejal Negri, con el cual coincide el oficialismo, resulta a todas luces arbitraria, discriminatoria y promotora del odio a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Asimismo, se desconocen abiertamente las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación, que ha sido garantizadas por la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Pactos y Tratados Internacionales. Es muy grave lo que está sucediendo porque de esa forma se impulsa la represión estatal, que está emparentada al terrorismo de Estado. Justo en momentos donde se acaba de cumplir un nuevo aniversario del golpe genocida que avanzo en varios de los planteos que hace el concejal. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a éste cuerpo apruebe el presente proyecto, rechazando todo intento formal, legal y/o político, de avanzar en la criminalización de la protesta social, o medidas punitivas de cualquier orden. 

                                                                                

Declárese de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro “Desaparecer en Democracia” de la periodista Adriana Meyer

17/03/2022

Expediente 730-D-2022

Adhesión proyecto Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárese de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro “Desaparecer en Democracia” de la periodista Adriana Meyer, publicado por la Editorial Marea.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Adriana Meyer es periodista. Actualmente es redactora en la sección política en el diario Página 12 y columnista de Justicia y Sociedad en radio La Red. Es colaboradora en las revistas Cítrica, Acción  y en La Izquierda Diario. A lo largo de su extensa labor periodística ha realizado innumerables investigaciones y coberturas de casos de violación a los Derechos Humanos en nuestro país. Es, también, docente universitaria en la UBA.   

En “Desaparecer en democracia” la autora plasma una profunda investigación sobre casos de desapariciones forzadas que ocurrieron en nuestro país durante los gobiernos constitucionales de las últimas cuatro décadas. Muchas de esas investigaciones fueron realizadas mientras la autora cubría como periodista y acompañaba muchos de los procesos que luchaban por la aparición con vida de las víctimas. Desde esa proximidad logra, a lo largo de toda la obra, que el lector tome dimensión no solo de la extensión y de la vigencia de las desapariciones forzadas de personas a manos de las fuerzas de seguridad sino también de las peleas que deben dar los familiares de las víctimas y de los organismos de DDHH que los acompañan.

El libro abarca las desapariciones forzadas ocurridas durante los gobiernos constitucionales que asumieron desde el fin de la última dictadura cívico militar. Abarcando casos ocurridos en la década del 80 como los de José Luis Franco, Néstor Gutierrez, el de Osvaldo Sivak. Además de los casos emblemáticos de la década del 90 y la primera década del 2000 como los de Miguel Bru, Sebastián Bordón, Natalia Melmann, María de los Angeles Verón, Jorge Julio López y Luciano Arruga, la obra también atestigua y relata sobre muchísimas desapariciones forzadas que, no siempre con igual repercusión social, permiten determinar el nivel de sistematicidad de estas prácticas por parte de las distintas fuerzas de seguridad federales y de las distintas provincias. También se encuentran relatados distintos casos de desapariciones forzadas ocurridas en nuestra ciudad. Los casos recorren todo el territorio de nuestro país en prueba de la extensión y dimensión de estos crímenes.

Por último, la autora desarrolla en profundidad los casos ocurridos desde el año 2015 a la actualidad.

Desaparecer en Democracia es una obra de denuncia a los responsables de la desaparición forzada de las 218 personas en nuestro país desde diciembre de 1983 hasta julio de 2021. También permite tomar dimensión de lo profundamente enraizado que se encuentra esa práctica en las fuerzas de seguridad de nuestro país, el cometido de las mismas en función de políticas represivas con objetivos precisos, y en las redes de impunidad que operan en favor de la vigencia de las mismas y que anidan en los miembros del poder judicial que, por ejemplo, en muchos casos niegan los habeas corpus presentados en favor de las víctimas.

Por lo aquí expuesto y conociendo el compromiso y la sensibilidad de mis pares es que solicitó el acompañamiento de este proyecto.

Repudio a la represión realizada por la Policía de la Ciudad hacia organizaciones piqueteras y repudio a los dichos del Ministro Zabaleta catalogando de “extorsión” a las movilizaciones y anunciado que no habrá más planes sociales

17/02/2022

Expediente 2928-D-2021

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1°- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión realizada por la Policía de la Ciudad hacia organizaciones piqueteras y repudia los dichos del Ministro Zabaleta catalogando de “extorsión” a las movilizaciones y anunciado que no habrá más planes sociales.

FUNDAMENTOS

En el día de ayer, miembros de distintas organizaciones piqueteras que reclamaban asistencia social fueron reprimidas en la avenida 9 de Julio por la Policía de la Ciudad, dependiente del Gobierno de Larreta, debiendo algunos de ellos ser hospitalizados. En este repudiable hecho, se grafica como los distintos partidos políticos patronales actúan en común para cumplir los acuerdos con el FMI.

En los días y semanas previos, personeros de los autodenominados “libertarios” exigían una respuesta más represiva hacia los sectores en lucha. Luego de la represión, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, acusó a los movilizados de “extorsión” y declaró que no habrá más altas en los planes sociales. Se trata de la excusa para hacer frente al acuerdo del FMI, para de esa forma encontrar una vía para reducir el déficit fiscal, a costa de los sectores más empobrecidos.

Este ataque a los que luchan también se dio a otros sectores en lucha como  los ferroviarios del Sarmiento y los controladores áereos.

La respuesta a la pobreza que abarca a la mitad de la población no vendrá de la mano de la represión ni del acuerdo con el FMI, sino rompiendo con el Fondo, desconociendo la deuda externa y nacionalizado la banca y el comercio exterior para reorientar los recursos del país en la generación de trabajo genuino.

Por estos motivos, solicito la aprobación del presente proyecto.

A 20 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del año 20001, justicia por las 38 víctimas de la masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad actuantes, y exige juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales

06/12/2021

Expediente 2745-D-2021

Proyecto de Declaración:

A  20 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del año 20001, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  exige justicia por las 38 víctimas de la masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad actuantes, y exige  juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales, y el cese inmediato de la persecución y criminalización de la protesta social de ayer y de hoy. 

Fundamentos:

En las Jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, la respuesta ante la rebelión popular fue una  feroz represión, el último manotazo del gobierno de la Alianza –y de los gobernadores peronistas– para permanecer en el poder. El gobierno de la Alianza debutó matando a dos compañeros en el puente de Corrientes-Resistencia y se fue como llegó, con una masacre de 38 personas.

Veinte años después del Argentinazo, el signo sigue siendo el de la impunidad. De las 38 muertes, sólo ocho fueron llevadas a juicio y obtuvieron alguna condena.

Por las siete muertes producidas en Capital Federal fueron juzgados, a principios del 2016, solamente cuatro homicidios –y las penas dictadas resultaron irrisorias.

Mientras el pueblo trabajador era subsumido por un ajustazo, sacudido por la inflación, la corrida cambiaria, la corrida bancaria y el “corralito”, el gobierno de De la Rúa y los provinciales seguían pactando con los organismos internacionales de crédito la sangría popular. 

El principal responsable de la masacre, el ex presidente Fernando de la Rúa, ni siquiera pasó por el banquillo de los acusados.

Los dos funcionarios de mayor jerarquía que llegaron a juicio, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron penas de cuatro años y nueve meses de cárcel más nueve años de inhabilitación y de cuatro años de prisión, respectivamente, por hallarlos culpables de los “homicidios culposos”  de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cuatro homicidios que llegaron a la instancia de juicio oral. Otros policías, de distinta jerarquía, recibieron penas similares. De los 17 acusados, seis fueron absueltos y dos sobreseídos. 

En la provincia de Santa Fe, donde se produjeron diez asesinatos, sólo fue llevado a juicio el de Carlos “Pocho “ Lepratti. El autor fue condenando a 14 años y otros siete oficiales recibieron dos años y 8 meses de castigo por alteración de pruebas en la investigación. Fueron las únicas condenas.

La situación no fue diferente en la provincia de Buenos Aires. De las nueve víctimas, sólo los casos de Ariel Maximiliano Salas y Damián Vicente Ramírez –de apenas 14 años–, asesinados en La Matanza, llegaron a juicio. Fueron condenados dos civiles: el comerciante Luis Mazzi, a 14 años, y su custodio, a 4 años y 6 meses, por homicidio en riña. Los siete homicidios restantes, cuyos autores materiales fueron identificados como miembros de la policía bonaerense, siguen impunes.

Con excepción del homicidio de Ramón Alberto Arapi, en Corrientes, donde se condenó a 20 años de prisión al autor material y por encubrimiento y adulteración de pruebas a otros seis oficiales de la policía correntina, el resto de los asesinados el 19 y 20 de diciembre siguen impunes.

Para este régimen, por norma, la represión es una “decisión política no judiciable”. Sobre todo, cuando se trata de una rebelión popular.  En tanto la condena a los militantes César Arakaki y Daniel Ruiz sigue la línea represiva y criminalizadora de la protesta social.  Ambos militantes condenados por su participación en las jornadas contra la reforma previsional de Macri, demuestran que la política persecutorio y las condenas disciplinantes son, invariablemente gobierne quien gobierne, contra el pueblo, sus interese y contra quien los defiende.

Convócase al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a concurrir el día 25 de noviembre a las 12.00 hs al recinto de la Legislatura para responder sobre los hechos referidos al asesinato de Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad

19/11/2021

Expediente 2635-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- Convócase en los términos del artículo 83 inciso 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a concurrir el día 25 de noviembre a las 12.00 hs al recinto de la Legislatura para responder sobre los hechos referidos al asesinato de Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Fundamentos

Cuatro jóvenes de 17 años fueron interceptados el miércoles por policías de civil en Barracas, y uno de ellos -Lucas González- fue baleado en la cabeza. En horas de la tarde de este jueves, su tío confirmó el fallecimiento. La versión policial es que hubo un «enfrentamiento», pero cae por su propio peso. Los chicos estaban desarmados, aunque la policía de Larreta dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban.

Lucas, el joven asesinado, venía con sus tres compañeros de probarse en las inferiores del club Barracas Central.

En el marco del ataque, los padres de los chicos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. «La Policía dice que los vieron en calidad de sospechosos y que habían atropellado a alguien. Cuando le hicieron la pericia de los chicos y sacaron un arma que terminó siendo de juguete. ¿A ustedes les parece que tengan un arma los chicos? Ellos recién salían de probarse en un club», dijo el padre de uno de los jóvenes.

«Le di el auto porque mi mujer no lo pudo traer ahí. Yo pongo las manos en el fuego por mi hijo. Es más, tienen las rodillas lastimadas de haber jugado al fútbol hoy. Incluso, si fueren delincuentes, ellos no hubiesen parado a pedir ayuda a la Policía misma», agregó. En este sentido, el hombre agregó que los jóvenes fueron detenidos en carácter de «sospechosos» y trasladados a un centro de detención de menores (luego fueron liberados).

Los vecinos se movilizaban por la tarde del jueves hacia la comisaría, para repudiar el crimen policial. Los efectivos involucrados habrían sido pasados a disponibilidad.

«Es un claro caso de gatillo fácil; por eso la policía de la Ciudad, que cuenta con un historial de casos de este tipo, ha intentado presentar su versión de los hechos inventando un tiroteo. Es la misma fuerza policial descompuesta que viene siendo reforzada con recursos por parte del gobierno de Larreta», señaló el Polo Obrero en un comunicado.

Según denuncia CORREPI, desde su creación hace 5 años, la Policía de la Ciudad ha asesinado a 121 personas en casos de gatillo fácil. Este recinto viene de homenajear a fuerzas represivas que actúan en la Ciudad, con la única excepción de los diputados del Frente de Izquierda Unidad

Reclamamos que el crimen se esclarezca con urgencia. Justicia por Lucas.

Repudio a los episodios de gatillo fácil ocurridos en Barracas el miércoles 17 de noviembre por parte de la Policía de la Ciudad,  exige que se juzgue a los responsables y que el Gobierno de explicaciones de lo ocurrido

18/11/2021

Expediente 2626-D-2021

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia los episodios de gatillo fácil ocurridos en Barracas el miércoles 17 de noviembre por parte de la Policía de la Ciudad,  exige que se juzgue a los responsables y que el Gobierno de explicaciones de lo ocurrido.

Fundamentos

Cuatro jóvenes de 17 años fueron interceptados por policías de civil en Barracas, y uno de ellos fue baleado en la cabeza y se encuentra de gravedad. La versión policial es que hubo un «enfrentamiento», pero cae por su propio peso. Los chicos estaban desarmados, aunque la policía de Larreta dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban.

Lucas González, el joven que fue baleado, venía con sus tres compañeros de probarse en las inferiores del club Barracas Central.

En el marco del ataque, los padres de los chicos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. «La Policía dice que los vieron en calidad de sospechosos y que habían atropellado a alguien. Cuando le hicieron la pericia de los chicos y sacaron un arma que terminó siendo de juguete. ¿A ustedes les parece que tengan un arma los chicos? Ellos recién salían de probarse en un club», dijo el padre de uno de los jóvenes.

«Le di el auto porque mi mujer no lo pudo traer ahí. Yo pongo las manos en el fuego por mi hijo. Es más, tienen las rodillas lastimadas de haber jugado al fútbol hoy. Incluso, si fueren delincuentes, ellos no hubiesen parado a pedir ayuda a la Policía misma», agregó. En este sentido, el hombre agregó que los jóvenes se encuentran detenidos en carácter de «sospechosos» y que el mismo miércoles a la tarde fueron trasladados a un centro de detención de menores hasta que se esclarezca la causa.

El operativo de encubrimiento por parte del gobierno hacia las fuerzas policiales es total: aún no se conoce la identidad de los policías que atacaron a los menores, abonando la impunidad. Reclamamos que el hecho se esclarezca con urgencia por parte de Horacio Rodríguez Larreta. Justicia por Lucas. Solicitamos el acompañamiento al presente proyecto.

Repudio a la represión sufrida por el pueblo mapuche a la Lof Quemquemtrew y exigencia al cese de la represión y que se desestimen las causas judiciales a los integrantes de la Lof

29/09/2021

Expediente 2311-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión sufrida por el pueblo mapuche a la Lof Quemquemtrew y exige el cese de la represión y que se desestimen las causas judiciales a los integrantes la Lof Quemquemtrew

FUNDAMENTOS

A mediados de este mes se inició por parte de la Lof Quemquemtrew el proceso de recuperación territorial en la zona conocida como Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón. En un comunicado público, desde la comunidad expresaron dicha acción. En él manifiestan volver al lugar en el que supieron vivir sus ancestros a través de diferentes comunidades conformadas con varias autoridades como machi, longko, pillancushe, werken, lawentuchefe, entre otras. También se mantenían costumbres muy valiosas como camarucos y nguillipun. Actualmente la zona se encuentra totalmente militarizada tras llevarse a cabo una violenta cacería e intento de desalojo el pasado viernes, y parte de la Lof Quemquemtrew se encuentra sin poder comunicarse con integrantes que quedaron en el lugar. Tampoco los pueden asistir con alimentos desde entonces, ya que la policía de Río Negro, en una decisión que no puede calificarse como menos que criminal, les prohíbe el ingreso.

El intento de desalojo se produce a pesar de que el fiscal Francisco Arrien, de El Bolsón, se había comprometido a esperar la realización de un encuentro de comunidades para volver a tomar una decisión de conjunto el lunes 27; pero no se cumplió ese compromiso. La decisión de la fiscal en Jefe de Bariloche Betiana Cendón, en conjunto con el juez Ricardo Calcagno, fue ordenar que se identifique a las personas, lo que devino en desalojo y represión. Esto dejó como saldo el encarcelamiento a cuatro integrantes de la comunidad que finalmente fueron liberados, pero se les abrieron causas judiciales.

En el comunicado de la Lof la comunidad denuncia que el lugar recuperado está “deshabitado hace más de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos”. Pero se arroga la titularidad de la zona Rolando Rocco, quien se apropió del lugar talando el bosque nativo y plantando pinos (especie nociva para el ecosistema del lugar).

Los intentos de desalojo y la represión que se está llevando adelante en Río Negro, como ocurre ahora en Cuesta del Ternero, en Villa Mascardi o también en el intento de desalojo a la comunidad Cañumil en la zona de Chenqueniyen Arriba, no escapan a lo que fue el llamado «Consenso Bariloche» realizado en agosto pasado. En ese encuentro el poder político provincial, junto a los grupos económicos especuladores con intereses en la zona, resolvieron ir hasta las últimas consecuencias para quedarse las tierras ociosas que hoy están recuperando las comunidades mapuche y cientos de familias que se ven obligadas a tomarlas ante la enorme crisis habitacional.

Lo denunciamos en su momento como un encuentro peligroso, porque no venía a resolver la falta habitacional o las demandas del pueblo mapuche, sino a profundizar la represión en defensa del negocio inmobiliario, megaminero y del turismo. Finalmente, se confirma nuestra denuncia, y tiene como principales responsables políticos al gobierno provincial de Arabela Carreras, quien encabezó el foro Consenso Bariloche en su momento poniendo al Estado al servicio del negocio especulador.

A pesar de la situación represiva y de las advertencias de lo que significó el foro, ni el gobierno nacional ni sus funcionarios condenaron las políticas de represión al pueblo mapuche en Río Negro y Chubut. No han tomado cartas en el asunto, colocándose de manera cómplice en la misma línea política provincial.

Exigimos el cese de la represión. Abajo las causas judiciales a los integrantes la Lof Quemquemtrew. Justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

Por todos estos motivos, solicitamos se apruebe el proyecto

Repudio a los sucesivos ataques y agresiones a locales, murales y militantes del Frente de Izquierda

27/09/2021

Expediente 2286-D-2021

Proyecto de Ley

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia los sucesivos ataques y agresiones a locales, murales y militantes del Frente de Izquierda

Fundamentos

En las últimas semanas, el Frente de Izquierda fue víctima de sucesivas agresiones hacia locales, murales y militantes del Frente de Izquierda Unidad. Entre ellos se encuentran el ataque a los locales partidarios de Izquierda Socialista en Chacarita y el MST en Caballito, la vandalización del mural homenaje a Mariano Ferreyra en Parque Rivadavia, el ataque de una patota a militantes del Partido Obrero que realizaban una actividad política en Villa Ortúzar , y el agravio anti semita que recibió la candidata del FITU Myriam Bregman.

Estos hechos tienen una conexión entre sí, referida a los sucesivos discursos contra la izquierda, los trabajadores y los movimientos piqueteros que se fomentan desde referentes políticos que luego son amplificados a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

El ataque hacia el mural de Mariano Ferreyra fue realizado por gente ligada a Milei. La patota que atacó a militantes del Partido Obrero en Villa Ortúzar estaba identificada con el partido filo nazi que tiene como figura a Biondini, y se desenvolvieron ante la vista cómplice de la policía de la Ciudad.

Naturalizar o dejar pasar estos hechos engendran un peligro enorme ya que la violencia política que no es condenada, toma más impulso y puede tomar formas de violencia física de mayores dimensiones y consecuencias. Todo movimiento fascista fue engendrando supuestos “enemigos internos” a los cuales se los fue atacando de forma crecientemente violenta hasta llegar al exterminio físico sobretodo de militantes ligados a la izquierda.

Por todos estos motivos, solicitamos a la Legislatura la aprobación del presente proyecto.

Recuerdo a la noche de los lápices y exigencia del fin de la represión, el gatillo fácil, apertura de los archivos y contra la impunidad de ayer y hoy

24/09/2021

Expediente 2273-D-2021

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al cumplirse 45 años del secuestro y desaparición de estudiantes en la ciudad de La Plata a manos de la última dictadura militar a raíz del pedido del boleto estudiantil, llama a recordar “que los lápices siguen escribiendo”

A su vez exige el fin de la impunidad de ayer y de hoy, ningún genocida libre, contra el gatillo fácil, la represión y por la apertura de los archivos de inteligencia de todas las fuerzas represivas para recuperar a todos los hijos y nietos que aún nos faltan.

Fundamentos

Sr Presidente:

Hace 45 años atrás en plena dictadura cívico-militar, secuestraron, desaparecieron, torturaron y asesinaron a estudiantes en la ciudad de la Plata a raíz del legítimo reclamo por un boleto estudiantil. La fecha ha quedado grabada en la memoria colectiva como la “noche de los lápices”, ya que las víctimas del terrorismo de estado eran alumnos de escuela secundaria.

La noche del 16 de septiembre de 1976, luego de una protesta fueron secuestrados en sus propios domicilios por la dictadura de Jorge Videla. El operativo de secuestro fue realizado por un comisario de la Bonaerense comandada por Camps.

Pablo Díaz, Emilce Moler, Patricia Miranda, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Claudio de Acha fueron secuestradosy torturados entre el 16 y el 21 de setiembre. De todos ellos, solo los tres primeros lograron sobrevivir, así como también lo hizo Gustavo Calotti quien había sido secuestrado una semana antes que sus compañeros.

El silencio fue la norma para quienes los asesinaron. En los “Juicios por la Verdad” que se realizaron en La Plata, los nombres de los represores señalan, entre ellos, a Miguel Etchecolatz,Valentín Pretti, alias “Saracho”, y al ex cabo de la Bonaerense Roberto Grillo. Ellos tenían el secreto del destino de los adolescentes.

Desde la Asociación de Docentes Ademys, como todos los años se conmemora la lucha de los estudiantes de La Plata y se denuncia de manera tajante el accionar de la última dictadura militar. “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

A su vez, denunciamos a todos los gobiernos constitucionales que gobernaron la Argentina desde 1983 con represión, ajuste y entrega. Es la misma clase capitalista que propició el golpe del ‘76 haciendo negocios con la dictadura la que continuó dominando al país durante todos los gobiernos constitucionales. Son los que de la mano de los gobiernos de turno continuaron precarizando, atacando y llevando a la pobreza a millones de familias trabajadoras. Fueron los gobiernos “democráticos” los que honraron la deuda externa gestada centralmente por la dictadura, profundizando la dependencia nacional, el sometimiento y la entrega del país al imperialismo “pagando serialmente” y aumentando exorbitantemente la deuda que contrajo la dictadura. Los jóvenes de ayer y hoy llaman a escribir un futuro que no se encuentre atado a las decisiones que van contra los intereses del pueblo trabajador.

Por todo lo expuesto, se pide la aprobación de este proyecto de declaración.

Repudia al ataque sufrido por militantes del Partido Obrero por parte de un grupo del “Frente Patriótico” durante una actividad de campaña

07/09/2021

Expediente 2168-D-2021

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia el ataque sufrido por militantes del Partido Obrero por parte de un grupo del “Frente Patriótico” durante una actividad de campaña en la esquina de Av. Triunvirato y Av. Los Incas el pasado 4 de septiembre.

Fundamentos

El pasado sábado 4 de septiembre, durante una actividad de volanteo de campaña electoral, como las que se desarrollan todos los sábados en la esquina de Triunvirato y Los Incas, un grupo de militantes del “Frente Patriótico” agredió de forma física y violenta, al grito de “marxistas” y “zurdos de mierda”, a un militante del Frente de Izquierda sin mayor motivo que el hecho de estar en la misma esquina que ellos, teniendo que ser atendido por el SAME.

El accionar de la policía de la ciudad fue amparar esta violencia, dejándolos actuar, e incluso, de manera previa al ataque, instando a los militantes del Partido Obrero a que se vayan de la esquina para evitar malos entendidos. Luego de la agresión realizaron una imputación de un lado y del otro como si se hubiera tratado de un altercado, cuando hay pruebas grabadas en video que evidencian que la agresión vino justamente de quienes se reivindican nacionalistas y tienen planteos supremacistas. El ataque continuó luego a través de mensajes privados en las redes sociales.

La violencia proferida y el ataque sufrido se ubican en el marco donde ciertos grupos y partidos políticos incitan a “combatir el zurdaje”, incluso durante sus discursos de campaña. Estos discursos, propios de quienes no respetan una ideología diferente a la propia y no tienen problema en cuestionar las libertades democráticas, deben ser fuertemente cuestionados. No se pueden permitir tales agresiones y menos en el marco de una actividad política. Pedimos la aprobación del presente proyecto, instamos al Gobierno de la Ciudad a repudiar el hecho e instamos a la justicia a cambiar la carátula de lo sucedido.

Ordenanza Mateo: Asistencia social a familias vulnerables

15/06/2021

Artículo 1°: OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto disponer una serie de medidas de asistencia social para familias en situación de vulnerabilidad, en el contexto de emergencia sanitaria y social. 

 

Artículo 2°: DISPONER la realización de un relevamiento habitacional, socio-sanitario, en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones, detallando las condiciones ambientales, habitacionales y sanitarias, el grado de urbanización, condiciones de seguridad y familias afectadas.

 

Artículo 3°: REALIZAR un padrón de casillas y casas precarias que no cuenten con condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad. 

 

Artículo 4°: DISPONER un plan de refacciones y mejoras inmediatas de casillas y casas precarias, para garantizar las condiciones de seguridad y salubridad habitacional.

 

Artículo 5°: ESTABLECER un plan de urbanización de emergencia destinado a garantizar la conexión de servicios esenciales, agua potable, gas, energía eléctrica, a casas y casillas precarias radicadas en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

 

Artículo 6°: REALIZAR un empadronamiento de personas desocupadas y subocupadas que habitan en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

 

Artículo 7°: CREASE una bolsa de trabajo, que integrará a las personas relevadas en el art. 6, con el objeto de emplear a sus integrantes en las obras de refacción y mejoras de casas y casillas, como así también en el plan de urbanización en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

 

Artículo 8°: CREASE un Programa Mateo de Asistencia Social a Familias Vulnerables en contexto de crisis sanitaria. Los beneficiarios podrán acceder mediante un empadronamiento directo cuya único requerimiento será el de presentar como una declaración jurada de ingresos familiares de bajos recursos.

 

Artículo 9°: Los inscriptos en el Programa Mateo de Asistencia Social a Familias Vulnerables en contexto de crisis sanitaria, recibirán los siguientes beneficios:

  1. Entrega mensual de módulos alimentarios familiares. Entrega semanal de viandas calientes para estudiantes de escuelas municipales y provinciales que se encuentren dentro del ejido urbano de la ciudad.
  2. Serán exentos del pago de taza, tarifas y servicios hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiéndose prorrogar automáticamente el beneficio mientras dure la emergencia sanitaria.
  3. Acceso a un Seguro Médico Total, que garantice la accesibilidad de ambulancias y servicios de emergencia a los asentamientos bajo entera responsabilidad estatal.

 

Artículo 10°: ESTABLECER un SEGURO AL PARADO, destinado a personas que no cuenten con un trabajo registrado. El mismo tendrá un monto equivalente a los $40.000 y se pagará mensualmente por el periodo que duren las restricciones sanitarias.

 

Artículo 11°: de forma  

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

Los primeros días de Junio un incendio arrasó la casa de Yudith Villarruel, ubicada en el barrio conocido como la “toma de Cabildo”. Como consecuencia del siniestro, la familia perdió todo. Yudith es madre soltera. Tiene 4 hijos a cargo, dos nenas de 3 y 5 años y dos nenes de 12 y 6 años respectivamente. La familia alcanzó a salir con lo justo de la casa que se quemó. De modo que los niños y Yudith se quedaron con lo puesto. En ese marco se solicitó la asistencia del gobierno de la provincia, pedido que hasta ahora es negado. 

Vale recordar que la toma de Cabildo se convirtió en un barrio obrero por la lucha colectiva de las y los compañeros organizados en el Polo Obrero. Si fuera por el gobierno, estas familias serian parte de las miles de personas que no tienen acceso a la tierra y la vivienda.

La situación de Yudith es la misma que atraviesan muchas familias en la ciudad. Con la llegada de las bajas temperaturas, en las viviendas que no cuentan con un sistema de calefacción en condiciones crece el riesgo de incendios. Los incendios en hogares de familias trabajadoras se dan en un cuadro concreto de pobreza, precarización laboral y desocupación.

La nevada del pasado martes 16 de junio recrudeció la situación para miles de familias cordobesas. El inédito suceso que dejó postales históricas, puesto que desde hace 14 años no caía una nevada en la ciudad, tuvo como telón de fondo el padecimiento extremo de las familias vulnerables que viven en situaciones de precariedad en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones. 

La ola polar en contexto de pobreza y miseria social, ya ha dejado sus víctimas. A Mateo Natanael Álvarez, el niño de 9 meses fallecido tras un incendio en B° 40 Guasos, se suman al menos cinco víctimas de intoxicación por monóxido de carbono. Vale aclarar que todas ellas se dieron en casillas y casas precarias, sin condiciones mínimas de seguridad y la prestación de servicios adecuada.

No se trata de tragedias inexplicables, sino de muertes evitables. La situación de precariedad y déficit habitacional que afecta a más de 120.000 familias en la ciudad de Córdoba, es consecuencia directa de una política que favorece los emprendimientos inmobiliarios de grandes constructoras y especuladores, mientras desplaza a miles de familias a las periferias de la ciudad. No se trata de una orientación exclusiva de la gestión del ex intendente Ramón Mestre. Cabe señalar que el gobierno de Martín Llaryora acaba de aprobar un nuevo ordenamiento territorial en la ciudad para favorecer la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de la tierra por parte de las constructoras. 

Esta orientación de privación de tierra y vivienda a los que más la necesitan es también  sostenida por el gobierno de Juan Schiaretti. Según un reciente informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (Otes), “a pesar de la crisis manifiesta, el gobierno de la provincia de Córdoba pone en práctica una amplia subejecución de recursos presupuestados en áreas sensibles a la coyuntura actual, como lo son Vivienda y Producción”. En este sentido, el estudio señala que “dicha insensibilidad se re-expresa en el proyecto de ley del presupuesto 2021, donde el Estado provincial proyecta aumentos por debajo de la inflación para Vivienda”.

Con la bancada del Frente de Izquierda hemos impulsado en este Concejo varios proyectos tendientes a abordar y solucionar el problema habitacional. En esta línea se encuentra el proyecto de ordenanza para la creación de un Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba destinado a la construcción de viviendas únicas, familiares y sociales. Y la creación de un Plan de Viviendas destinado a satisfacer las necesidades habitacionales actuales y/o futuras establecidas de acuerdo al registro permanente de los grupos familiares que no cuentan con vivienda propia. 

El presente proyecto de ordenanza viene a establecer una intervención inmediata y de emergencia, para atender la crisis social que tiene al 42% de la población por debajo de la línea de pobreza. Asimismo prevé una serie de medida para anticiparse a las bajas temperaturas que se prevén en las próximas semanas. Según indicó el meteorólogo Mario Navarro, se avecina una nueva ola polar, “el 6 de julio empieza la rotación de viento al sur, con heladas y nevadas. Incluso, también para la otra semana. Vamos a tener otra nevada, casi con seguridad”. 

Es por todo lo expuesto, y atento a la dramática situación por la que atraviesan las familias más vulnerables de nuestra ciudad, es que solicito a mis pares presten aprobación al presente proyecto de ordenanza. 

Declara preocupación y rechazo a las causas abiertas a doce dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero en la provincia de Neuquén

14/06/2021

Expediente 1559-D-2021

Declaración 

Art 1° – Su preocupación y rechazo a las causas abiertas a doce dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero en la provincia de Neuquén por parte del Juzgado Federal de Zapala. 

Art 2° – Su solicitud de proceder al archivo de las causas que aplican el Código Penal a un conflicto social por reclamos. 

Art 3° – De forma. 

FUNDAMENTOS 

A fines de marzo y comienzos de abril, tras un mes de desarrollo de la histórica huelga de Salud, comenzaron a llegar a una docena de dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero, citaciones a indagatoria de parte del Juzgado y la Fiscalía Federal de Zapala. En los imputados están el compañero Cesar Parra, concejal y dirigente del Partido Obrero y el Polo Obrero; Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto de Aten Zapala, y grandes compañeros/as del Partido Obrero y el Polo Obrero. Evidentemente se trata de represalias orquestadas junto al gobierno provincial contra las organizaciones que han apoyado incondicionalmente la lucha de las y los autoconvocados de Salud. Que la circunstancia que los hechos imputados se produjeron en el año 2019, muestra la clara intencionalidad de persecución política que tiene la activación ahora de las dos causas. Previo a la pandemia, en el 2019, el aumento de la desocupación en la zona central de la provincia marcaba registros récord, así como el incremento de la miseria social. Por lo que el reclamo de trabajo bajo convenio, en una ciudad que tenía adjudicadas varias obras públicas en el presupuesto de ese año, era un reclamo de estricta justicia. Sin embargo el gobierno provincial del MPN y el local (en ese entonces en manos del Frente Grande), en complicidad con la patria contratista optaban por permitir bajo sus narices el trabajo precario o en negro en las obras o el otorgamiento clientelar de la ayuda social. El reclamo en los términos del Polo Obrero era inadmisible para los gobiernos, y rechazaron todo tipo de reclamos por nota, reuniones, etc., previas al piquete. Luego de todo un proceso de movilizaciones al municipio y Acción Social, se decidió la instalación de los piquetes por los cuales hoy, un año y medio después, se producen las citaciones. Hace dos años la intendencia del Frente Grande, y ahora la del MPN, así como la Gendarmería y las instituciones oficiales, trataron de presentar un panorama de caos y desabastecimiento. La propia fiscal Federal dice en su imputación que el día 23 de setiembre de 2019 recorrió comercios, estaciones de servicio, bancos, farmacias y otros lugares, para constatar la situación. De su propio escrito surge que, prácticamente en el 100% de las consultas que hizo, la respuesta fue negativa respecto a que faltaran mercancías o insumos. No obstante, y a pesar de mencionar que los supermercados estaban cerrados por ser el día del empleado de comercio y no pudo verificarlos, la fiscal afirma que “le consta el desabastecimiento de los mismos por comentarios de vecinos”. Pero además, a pesar de reconocer que la jurisdicción provincial no adhirió al “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad” (de Patricia Bullrich entonces), la fiscal se permite aplicarlo para “acompañar una nueva mirada de bienestar social”. No había desabastecimiento, se toma de un “Protocolo” que no debería aplicar al caso. Tal es la “seriedad” con que la parte acusadora pretende fundamentar los supuestos estragos económicos y sociales causados por el Polo Obrero. Esto solo, ya pinta de cuerpo entero que se trata de una causa amañada, con fundamentos forzados y que tomó impulso en plena huelga de Salud. Las citaciones son, precisamente, contemporáneas al día en que los autoconvocados/as de Salud instalaron el primer piquete en Arroyito el 1º de abril. Una fiscal que para acusar afirma que no verificó, pero que le “consta”, no es una contradicción legal, es una afirmación política de su intención punitiva contra el reclamo social. Es a la luz de estos hechos que hay que valorar la tozudez de las y los autoconvocados de Salud para que no se tomen represalias ni administrativas, ni penales contra su lucha. Otras medidas de presión fueron ejecutadas por el Ejecutivo Provincial, como ha sido la negativa de entrega de alimentos para los comedores y merenderos de las organizaciones como el Polo Obrero y el FOL, cuando ya estaban comprometidas y cuando crece el hambre de miles de familias. Que no cuentan además con otro recursos que los comedores que son sostenidos por las organizaciones sociales. Es a la luz de estos hechos que hay que contextualizar la “venganza” del gobierno del MPN de retacear la ayuda a los merenderos y a los programas de las organizaciones sociales que apoyan la huelga de Salud. Sin pasar por alto que otros dos militantes del Partido Obrero han sido imputados en otra causa en la ciudad de Chos Malal por el Juzgado Provincial. Nuestro proyecto se inscribe en la campaña de pronunciamientos provincial, nacional e internacional por el archivo de las causas y la anulación de las mismas, en todos los lugares de trabajo y estudio, en la convicción que derrotar este intento regimentador del Estado es una victoria para el conjunto de las luchas. Solicito tratamiento y aprobación de la presente declaración, porque el derecho a luchar es el primer y natural derecho de los que solo tienen sus brazos para poner un plato de comida en la mesa de sus hijas/os.

Repudio a la persecución del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza sobre Soledad Sosa, y los trabajadores judiciales

10/06/2021

Expediente 1536-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESUELVE

Repudiar la persecución, hostigamiento y violencia que ejercen las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza sobre su empleada y ex diputada nacional, Soledad Sosa, y los trabajadores judiciales de la provincia.

Exigir a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el fin de estas prácticas persecutorias y de hostigamiento dentro del Poder Judicial de la Provincia, y que tome las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir.

FUNDAMENTOS

Sr. presidente:

El Poder Judicial de la provincia de Mendoza está llevando a cabo una política de persecución, hostigamiento y violencia sobre Soledad Sosa, empleada de la institución, ex diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y dirigente política, sindical y del movimiento de lucha de las mujeres de Mendoza. 

Una vez terminado su mandato como diputada nacional (2015-2017), Soledad Sosa se reincorpora a su lugar de trabajo en el Poder Judicial mendocino y comienza a sufrir traslados (tres veces) de su lugar de trabajo sin ningún tipo de justificativo. Posteriormente, también es víctima de maltrato y violencia de género por parte de funcionarios que responden a la Corte, lo cual está todo debidamente documentado.

Soledad desarrolla una importante acción sindical en la provincia, como dirigente de la agrupación naranja judicial y secretaria adjunta de la CTA Mendoza. Es en este rol que ha rechazado la política de ajuste, flexibilización laboral y ajuste salarial que sufren los trabajadores judiciales, siendo esto lo que ha motivado una persecución, hostigamiento y violencia sobre su persona. Como prueba a esto, es que uno de los traslados injustificados sucedió un día después de que Soledad organizara una asamblea de piso en el tribunal donde trabaja en ese momento.

En los últimos meses, particularmente luego de haber tenido a su hija y finalizada la licencia por maternidad, el hostigamiento, la violencia laboral y el maltrato han ido creciendo. En primera instancia intentaron desconocer su pedido de licencia por maternidad y horario de lactancia mientras pretendían que bajo la pandemia volviera a la presencialidad sin ninguna reglamentación y por fuera de la acordada de la Corte. 

Esta situación motivó una denuncia por parte de Soledad Sosa al administrador de su juzgado y al jefe de recursos humanos en la Sub secretaría de trabajo y en la Corte Suprema de Justicia. Pero la discrecionalidad e impunidad con la que actúa el Poder Judicial es digno de una banda de mafiosos amigos, ya que esta denuncia no ingresó (fue cajoneada) hasta que el administrador realizara una denuncia por malos tratos contra Soledad, semanas después y posterior a un pedido de pronto despacho presentado por ella.

El recrudecimiento de la pandemia y el reclamo de los trabajadores judiciales por medidas efectivas de protección sumó otro capítulo, pues las autoridades se dedicaron a presionar a los trabajadores para que tomaran tareas de forma presencial, en condiciones de casi hacinamiento, en oficinas y edificios que prácticamente no cubren las necesidades de ventilación básicas para la vida, más aún en periodos de bajas temperaturas. Las autoridades se dedicaron a esconder los contagios e incluso los casos positivos con la única motivación de no afectar los negocios de financieras que reclaman las ejecuciones de embargos.

Soledad fue solicitada para una entrevista por un canal televisivo de la provincia por la gravedad de las denuncias mediante sus redes sociales. El administrador, bajo la directiva de las autoridades del Poder Judicial provincial, mandó a la fuerza policial a retirar a los periodistas y a Soledad del edificio en una clara violación del derecho de expresión y la libertad de prensa. Y no contento con esta acción anti democrática solicitó la apertura de un nuevo sumario contra Soledad por expresar, en medios periodísticos, su descontento con el desprecio a la vida de los trabajadores judiciales por parte de la Corte.

El estado público que tomó en la provincia de Mendoza esta situación y las denuncias de violencia laboral y abuso de poder por parte de Soledad ha destapado una situación estructural de trato misógino contra las trabajadoras judiciales, de violencia psicológica y laboral permanente para garantizar una mayor “productividad”, extensiones horarias violando toda legislación laboral vigente. Es en este marco que crecen las denuncias, reuniones y asambleas de los trabajadores judiciales para ponerle un freno a esta situación.

Ante la gravedad de los hechos, se hace necesario reclamar el fin de la persecución y violencia contra Soledad y todos los trabajadores judiciales ya que es un derecho democrático elemental. 

Por todos estos motivos, solicitamos a los y las diputados que acompañen el presente Proyecto de Declaración.

Protección integral de los derechos humanos de las personas en situación de calle o riesgo a situación de calle

25/04/2021

Artículo 1°.- Objeto. La ordenanza tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el ámbito de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- Mesa Inter Ministerial. Créase una Mesa Inter Ministerial con participación y control de la Comisión de Organizaciones Sociales, creada por el artículo 3 de la presente ordenanza. La Mesa integrará a todas las áreas municipales correspondientes en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el Ministerio  de Obras Públicas de la Provincia, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Provincia. La misma tendrá carácter de Autoridad de Aplicación en la presente ordenanza. 

Artículo 3°.- Comisión de Organizaciones Sociales. Créase una Comisión de Organizaciones Sociales compuesta por representantes de las organizaciones sociales que actúen en el ámbito de la ciudad de Córdoba, con cargos electos de manera directa por asambleas de vecinos, de carácter rotativo y revocable. La misma tendrá por objeto direccionar y controlar las políticas estatales tendientes a ejecutar las obligaciones del estado municipal previstas en la presente ordenanza, como así también la de velar por el ejercicio de derechos a personas en situación de vulnerabilidad social previstos en la normativa nacional, provincial y municipal. Para ello contará con las más amplias facultades. 

Artículo 4°.-Alcance. La presente ordenanza comprenderá: 

  1. A personas en situación de calle son quienes, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados.
  2. Personas en riesgo a la situación de calle, quienes sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra:
  3. a) Residan en establecimientos públicos o privados -sean médicos, asistenciales, penitenciarios u otros- de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso.
  4. b) Se encuentren notificadas de una situación inminente de desalojo o de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo, y no tengan recursos para procurarse una vivienda.
  5. c) Habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica, que estén o no incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto 358/2017.

Artículo 5º. Principio general. La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Artículo 6º.- Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física. El Estado municipal debe realizar acciones tendientes la eliminación de toda discriminación o estigmatización.

Artículo 7º.- Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad. El Estado municipal debe garantizar la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria.

Artículo 8º.- Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. El Estado municipal debe abstenerse de cualquier acción coercitiva dirigida a impedir o hacer cesar dicho acceso y uso, estableciendo políticas tendientes a garantizar el acceso a dichos servicios.

Artículo 9º.- Derecho al acceso pleno a los servicios socio-asistenciales, de salud y a un trabajo genuino. El Estado municipal articulara las medidas necesarias para el acceso pleno de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle a los servicios socio-asistenciales, de salud, y al trabajo genuino, en relación de dependencia, bajo convenio colectivo de trabajo y con plenos derechos laborales.  

Artículo 10°.- Derecho al acceso a una vivienda digna. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente. 

Artículo 11°.- Plan de construcción de cien mil viviendas populares. Los proyectos y la ejecución contemplaran la totalidad de obras de infraestructura y de servicios, tendiente a satisfacer las demandas de salud, defensa del ambiente, educación, recreación, cultura y espacios verdes de las viviendas y de los barrios.

Artículo 12°.- Plan de obras públicas. Las obras de construcción de viviendas y las de infraestructura y servicios se ejecutarán y financiaran por administración directa del municipio, sin participación alguna de empresa o grupo privado.

Artículo 13°: Bolsa de Trabajo. Para la ejecución de las obras de construcción el Estado municipal se empleará  mano de obra a través de una bolsa de trabajo realizada por la Comisión de Organizaciones Sociales comprendida por las personas alcanzadas por la presente ordenanza que cuenten con diversos oficios y/o profesiones. 

Artículo 14°.- Relevamiento. La Autoridad de Aplicación, en el plazo de treinta días a partir de la publicación de la presente ordenanza y luego anualmente, organizará y realizará un relevamiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en forma coordinada y conjunta con la Comisión de Organizaciones Sociales

El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un diagnóstico para la implementación de las políticas públicas integrales para este sector de la población, considerando sus diferentes subgrupos. En el diseño y la realización del relevamiento deben participar especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas por personas en situación de calle o personas en riesgo a la situación de calle.

Artículo 15°.- Centros de Integración Social. La Autoridad de Aplicación, creará una red de Centros de Integración Social, con las siguientes características:

1.- Estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares. En el caso de grupos familiares con niños, niñas o adolescentes se dispondrá un área institucional específica con profesionales capacitados/as para el cumplimiento de sus derechos.

2.- Serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación interdisciplinaria, continua y permanente, veinticuatro horas por día, todos los días del año 

3.- Promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares, articulando acciones con instituciones públicas y organizaciones sociales dedicadas a esta problemática.

4.- Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios.

5.- Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas y se crearan nuevos Centros de Integración Social, de acuerdo a las necesidades relevadas.

Artículo 16°.- Plantel Interdisciplinario. Establécese la conformación de un plantel interdisciplinario de profesionales de la psicología, del trabajo social, del derecho, trabajadores en general, etc, con carácter de planta estable y con plenas garantías laborales, para la asistencia integral de las personas alcanzadas por la presente ordenanza con funcionamiento eficaz en cada uno de los centros de Integración Social. El plantel dependerá de las Secretaria de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la ciudad de Córdoba.     

Artículo 17°.- Sistema de Atención Telefónica. Se creará un sistema de atención telefónica permanente de carácter gratuito, para la intervención inmediata de los organismos competentes en la atención de las situaciones comprendidas en esta ordenanza.

Artículo 18°.- Sistema de Atención Móvil. Se creará un sistema de móviles de servicio permanente, para la intervención inmediata y personal en las situaciones comprendidas en esta ordenanza.

 

Artículo 19°.- Informe anual. La Autoridad de Aplicación publicará un informe anual que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 20°.- Presupuesto. El Presupuesto General para la Administración Municipal tendrá una partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente ordenanza.

MEDIDAS TRANSITORIAS

Artículo 21°.- Suspensión de desalojos. Suspéndase, hasta el cumplimiento efectivo de las prerrogativas establecidas en la presente ordenanza, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda. Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la presente. 

Artículo 22°.- de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Córdoba más de 400 personas se encuentran directamente en situación de calles, es decir que viven en la vía pública, otras tantas se encuentra en riesgo de situación de calles. Las cifras, reconocidas el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad de la  Defensoría del Pueblo a través de un relevamiento anual  se incrementan todos los años. 

El relevamiento realizado en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba incluyó segmentos de barrios, también céntricos, como General Paz, Alberdi, Nueva Córdoba y Cofico. Pese a que la Municipalidad de Córdoba sostiene el Programa Personas en Situación de Calle desde comienzos del año 2019, que depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia del Gobierno de la ciudad, sin atender las condiciones de fondo que configuran el caldo de cultivo para este fenómeno social, la situación se agrava de manera alarmante, constando, incluso la permanencia de familias enteras en situación de calle. 

 Los alojamientos del Estado resultan insuficientes incluso durante la pandemia. Además, surge el interrogante sobre qué sucederá con las personas, hoy contenidas temporalmente en esos espacios, luego de la segunda ola de contagios por Covid y la apertura de nuevas flexibilizaciones o el cambio de estación climática. El riesgo latente es que retornen nuevamente a la vía pública sin solución de fondo.

La propia defensoría del pueblo reconoce que el 50% de la población actual es gente que nunca estuvo bajo programa. La pobreza, el desalojo de muchas familias en el último periodo y las políticas de ajuste impactaron en la duplicación de gente viviendo en la calle. Como contrapartida hay una disminución de la población en los albergues transitorios. En 2018 y en 2019, la población en situación de calle hogarizada fue de 212 y de 231, respectivamente. Pero, por la implementación de las medidas sanitarias de prevención, están funcionando al 60 por ciento de sus capacidades. Además, deben afrontar dificultades económicas, de escasez de recursos humanos y de materiales para gestionar sus instituciones en un escenario de nuevas exigencias y desafíos presentados por la pandemia.

De acuerdo con el relevamiento de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de la población en situación de calle padece, al menos, un problema de salud. En la mayoría de los casos, es algún tipo de enfermedad crónica, que implica la necesidad de un tratamiento sostenido en el tiempo y con diversas especialidades médicas. Durante las entrevistas, algunos reconocieron situaciones de consumo de sustancias, previas o durante la situación de calle. Quienes están consumiendo dijeron que lo hacen “como una manera de sobrellevar las condiciones en las que viven”.

En cuanto al acceso a las instituciones de salud, aproximadamente un tercio manifestó haber tenido inconvenientes para acceder a los hospitales públicos y para encontrar solución a su problema de salud. Algunas de las personas entrevistadas expresaron que en el último año les ha resultado aún más difícil acceder a las instituciones sanitarias. Esto responde a diversos motivos. 

Por un lado, las instituciones públicas de salud a las que acuden se han encontrado afectadas a la atención de casos de Covid-19 de manera exclusiva, y otras han restringido su atención en los momentos de aumento de casos y de ocupación de camas críticas. Otro motivo que responde al riesgo que implica acercarse a los establecimientos de salud. Al poseer una enfermedad crónica, se considera un factor de riesgo ante las probabilidades de contagio de coronavirus.

A través del presente proyecto de ordenanza planteamos un programa de “Protección integral de los derechos humanos de las personas en situación de calle o riesgo a situación de calle”. Partimos del cumplimiento de los derechos humanos de personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad, que han sido despojados de absolutamente todo. Para ello es necesario atender las condiciones de fondo que llevaron a esa situación, la inaccesibilidad del empleo genuino y a la vivienda digna, los bloqueos a la salud y la educación pública y los escasos recursos del Estado destinados a la asistencia social en el marco de un brutal ajuste que tiene como trasfondo el pago de la deuda externa y el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. 

Por eso nuestro proyecto parte de la creación de una Mesa Interministerial con participación y control de las organizaciones sociales que trabajan con independencia de cualquier compromiso con los gobiernos. Partimos del derecho a la indentidad, a la dignidad personal y a la integridad física, y que se respeten todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Para ello resulta fundamental el acceso al trabajo genuino  y la vivienda digna. Proponemos un plan de obra pública y la construcción de cien mil viviendas populares que además contenga la realización de una bolsa de trabajo compuesta por las mismas personas alcanzadas por este programa. Asimismo, una red de Centros de Integración Social, con trabajadores y profesionales de carácter interdisciplinario y  de planta estable. El relevamiento permanente de las personas que se encuentran en situación de calles y/o corren riesgo que estarlo, y la inmediata asistencia integral a cargo del Estado. 

Estos son solo algunos aspectos centrales para la atención de una problemática social que se agudiza al calor de la crisis a la que nos llevaron todos los que gobernaron. Entendemos de suma urgencia atender esta situación para no seguir socavando los derechos humanos de las personas que habitan nuestra ciudad, y por ello solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ordenanza.      

       

  

 

 

Proyecto de declaración en repudio al fallo “2×1” en favor de los genocidas de la última dictadura cívico-militar

10/05/2017

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

 DECLARA

 Su repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró aplicable el beneficio del 2×1, enmarcado en la derogada ley 24.390, en el caso de Luis Muiña, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Su rechazo a la política de reconciliación con los genocidas de la dictadura que este fallo expresa -que fue iniciada con la designación de Milani al frente del Ejército bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y es continuada por el actual gobierno de Mauricio Macri-, que tiene por objetivo la reinserción de las Fuerzas Armadas en la represión interior. 

 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El día 3 de mayo se conoció el fallo de la Corte Suprema de la Nación que por mayoría, declaró aplicable la derogada Ley 24.390, que establece el cómputo del 2×1 en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires –Expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”.

El beneficiado por este fallo, Luis Muiña, integró durante la dictadura la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de “Swat”, y que operó dentro del Posadas, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”. En la citada causa fue condenado a 13 de años de prisión por ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, agravado por su rol de funcionario público, en el Hospital Posadas de Haedo (provincia de Buenos Aires), cuando un operativo militar con tanques y helicópteros -comandado personalmente por Reynaldo Bignone- ocupó en marzo de 1976 dicho establecimiento y detuvo trabajadores que luego fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como “El Chalet”.

El fallo no fue unánime. Votaron por la afirmativa los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti, mientras que Lorenzetti y Maqueda votaron en disidencia, señalando que esa reducción de penas no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

En la fundamentación de su rechazo a esta resolución en beneficio de Muiña, Lorenzatti y Maqueda sostuvieron que el juzgamiento de delitos de lesa humanidad “no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).” Y en alusión al argumento esgrimido por sus pares respecto de que el artículo 2 de la ley penal establece el beneficio de la aplicación la ley penal más benigna, señalaron que “el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”. Es una manera de decir que el fallo en sí mismo pone en cuestión cuál es la valoración de los delitos de lesa humanidad que prima en la justicia argentina. 

Importa agregar que la referida Ley 24.390, que estuvo en vigencia entre los años 1994 y 2001, fue derogada en ese año mediante la ley 25.430. Los jueces que votaron en disidencia por ello argumentan que “no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390” (ídem, Infobae, 03/05/2017).

El aspecto más grave y repudiable del fallo, que lo coloca en el terreno de la impunidad, es que instituye en causas de lesa humanidad la “conmutación de penas”: un indulto parcial por el que se sustituye una pena por otra de menor grado o rigor. Esto pone en riesgo y frustra el proceso de investigación, en un país donde los pocos genocidas juzgados han sido condenados en varias causas y es muchas veces en virtud de ello que están cumpliendo una pena – no se avanza en el juzgamiento de responsables y partícipes por fuera de un pequeño grupo, al que ahora se quiere garantizarle la impunidad.

Respecto de los juicios contra los genocidas cabe señalar que los mismos se desarrollan de manera fragmentada, en audiencias cortas y de pocos días por semana que garantizan, además, la impunidad biológica. Mientras tanto, el Estado conserva secretos los archivos de la dictadura. Los números hablan por sí solos: desde el 2006 hasta hoy, sobre 2800 genocidas acusados, 1279 están libres (¡el 45%!); un 38% es el porcentaje de genocidas que recibieron prisión perpetua en el marco de 13 juicios que se llevaron adelante en nueve jurisdicciones (un porcentaje que no llega a contemplar un represor por centro clandestino que funcionó en el país); hay 426 acusados que fallecieron antes de terminar el proceso y 50 genocidas que se encuentran prófugos. Es evidente que los límites de los juicios responden a una decisión política de Estado de no ir a fondo contra los genocidas.

El fallo contó con el inmediato respaldo del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, en nombre de la “independencia de la justicia”, un argumento bochornoso por parte de un funcionario del gobierno que designó a los jueces de la Corte que impulsan estas medidas tendientes a la amnistía de los genocidas y a la conmutación de penas, ambas prohibidas por el derecho internacional porque frustrarían los procesos de juzgamiento –claro que la designación de los mismos contó con el acuerdo de los senadores del PJ y el FPV. 

Aunque parte del máximo poder judicial, este fallo se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del gobierno, que se puso en evidencia en su momento con las declaraciones de Lopérfido, Gómez Centurión y del propio presidente Macri. Este operativo de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas que impulsa todo un sector de la burguesía en nuestro país, tiene como antecedentes más recientes las reuniones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con los defensores de los genocidas, y la Conferencia Episcopal en la que se anunció que los obispos recibirán a familiares tanto de desaparecidos como de militares partícipes de la dictadura, en un proceso orientado a la “reconciliación en el marco de la cultura del encuentro” (Infobae, 2/5). A nadie se le escapa entonces que la Iglesia, que fue cómplice del terrorismo de Estado de la última dictadura, se ha sumado a la comparsa pro-impunidad. Así lo advierte incluso un editorialista de Clarín cuando destaca que “la decisión se toma en momentos en que la cúpula de la Iglesia Católica ha llamado a un diálogo sobre la reconciliación entre familiares”.

Se trata entonces de una línea política de fondo que postula la “reconciliación” y la impunidad en función de reintroducir a las fuerzas armadas en tareas de “seguridad interior”. Es el mismo rumbo que ensayaron los gobiernos kirchneristas en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”, y pretendieron formar un ejército “nacional y popular” bajo la conducción del genocida César Milani.

Resulta que el mismo Estado que discute el agravamiento de penas en todos los planos de la vida social –y particularmente el de la protesta– se vuelve garantista a la hora de juzgar al cuerpo de oficiales que ejecutó el genocidio dictatorial. Por ello no tienen reparos en echar mano de una ley derogada hace más de quince años.

Detrás de este fallo está en juego una orientación de impunidad a los genocidas y reforzamiento represivo de la vida política y social, a través de un mayor protagonismo y una reconciliación con las FFAA.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Fuera Milani

13/11/2015

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Repudiar el ascenso del General César Luis Milani al grado de Teniente General y su
nombramiento como Jefe del Ejército Argentino.
Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional su inmediata destitución del cargo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El nombramiento de César Luis Milani, como Jefe del Ejército, y su reciente ascenso a
Teniente General, a pesar de las numerosas denuncias de familiares de detenidos desaparecidos,
organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales y políticas del país que pesan
sobre su persona, en cuanto a su vinculación con casos de desapariciones de personas durante
la última dictadura militar de 1976 al 1983, constituye un agravio y atropello a la lucha
que por casi cuarenta años vienen llevando adelante los organismos de derechos humanos
y el movimiento popular argentino por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio.

Los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas llevan realizadas
contundentes y sólidas denuncias que sustentan este proyecto de resolución. Nos referimos
a las que vinculan al ahora Teniente General Milani con la desaparición en 1976 del
conscripto Alberto Agapito Ledo, con el secuestro y torturas que sufrieran Ramón Alfredo
Olivera -y su padre-, en un centro clandestino de La Rioja y con el secuestro del periodista
riojano Oscar Plutarco Schaller (causa 1828/00 contra Luciano Benjamín Menéndez). Estas
gravísimas acusaciones fueron realizadas hace décadas por las víctimas y sus familiares. A
ello se debe agregar la participación de Milani en el “Operativo Independencia”, que
eliminó físicamente a gran parte de la militancia obrera y juvenil de la provincia de
Tucumán; su paso como oficial de inteligencia por el Batallón de Ingenieros de
Construcciones 141 con sede en La Rioja, que fue el epicentro de la represión en aquella
provincia y donde funcionó un Centro Clandestino de Detención, y finalmente, su paso
también por el Batallón de Inteligencia 601, de acuerdo a los listados desclasificados y
publicados por primera vez en febrero de 20 l O en la revista Veintitrés. No podemos dejar
de señalar que allí Milani compartió tareas de espionaje para el secuestro, tortura y
desaparición de personas junto al actual titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrado
también como Milani al supuesto “proyecto nacional” que se pregona desde el gobierno
nacional.

Como es de público conocimiento, los senadores del oficialismo y sus aliados adujeron la
figura del principio de inocencia para sostener su designación, a pesar de que Milani está
siendo investigado por estos crímenes y delitos. Sin embargo, esto contradice numerosos
antecedentes de ascensos a militares objetados por militantes y organismos de derechos
humanos en virtud de los cuales fueron denegados por la Cámara Alta. Fueron los casos,
por ejemplo, de Rafael Braga (pliego rechazado el 18 de diciembre de 2002, condenado a
prisión perpetua tiempo después) y de Julio César Binotti (pliego rechazado el 27 de
noviembre de 2002, actualmente imputado en la causa ESMA por su participación en los
llamados “vuelos de la muerte”). No nos equivocamos si consideramos la designación de
un represor de la dictadura al frente del Ejército como un punto final en la demagogia
derecho humanista del gobierno nacional y como un fuerte golpe a la lucha popular por el
juicio y castigo a los asesinos, genocidas y represores de ayer y de hoy. Un gobierno que
pasó de “descolgar el cuadro de Videla” a designar a un acusado por genocidio como
máximo exponente del ejército deja claro que en vez de “defender los derechos humanos”,
como lo ha venido diciendo con su doble discurso, los viola.

Milani es un oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, ex jefe de ese organismo. Por
primera vez, un oficial de Inteligencia se desempeña en la comandancia en jefe del Ejército.
Ese servicio de inteligencia está denunciado -como los servicios de inteligencia de la
Policía Federal y de Gendarmería- por espionaje interno a las organizaciones de
trabajadores, populares y políticas. Incluso, han reasignado partidas presupuestarias y le
otorgaron a inteligencia del Ejército fondos adicionales ($ 1.325 millones de partidas
extras), mayores que los que recibe la propia SI del Estado. Se advierte claramente en el
perfil de la designación una orientación política sobre el rol del Ejército en cuestiones
internas, lo que junto a los antecedentes como represor de la dictadura, configuran un claro
peligro para la plena vigencia de las libertades democráticas. Esa presunción de
intervencionismo del Ejército en cuestiones internas se vio confirmada con el
desplazamiento de tropas que colaboraron con otras fuerzas de seguridad
en la provincia de Santa Cruz para el desalojo de familias sin techo ocupantes de tierras. El
ex Presidente Fernando De la Rúa intentó utilizar a esta fuerza para sofocar la rebelión
popular de diciembre de 200 1, sin éxito. En los últimos días se emitió un radiograma con
“orden de apresto” para los efectivos del Ejército hasta el 31 de diciembre del corriente por
las tensiones sociales que rodean este fin de año 2013 de aguda inflación y reclamos
sociales y salariales. El gobierno nacional está dando continuidad a la repudiada aprobación
de la llama Ley Antiterrorista, con una jefatura del ejército a la medida de la aplicación de
esa ley que introduce las herramientas de un estado de excepción contra las libertades
democráticas.

Si el oficialismo, a pesar de los cuestionamientos, decidió ignorar estas denuncias y
precedentes es por estos motivos de fondo. No se puede soslayar que el nombramiento del
cuestionado Milani se produce en un marco de crisis de fin de ciclo del Gobierno y de una
aguda descomposición de los aparatos de seguridad y en un marco donde arrecian los
reclamos populares contra la carestía y el ajuste sobre las condiciones de vida, lo que
constituye, a juzgar por la experiencia, una clara señal de reforzamiento del aparato
represivo del Estado, en momentos de crisis económica y política, que será oportunamente
utilizado contra los reclamos del movimiento popular y los trabajadores. Ya es parte de una
“política de Estado” de este Gobierno utilizar a las fuerzas armadas para la represión
interior y el espionaje político contra opositores, en lo cual la Gendarmería Nacional es un
caso emblemático. César Luis Milani colaboró con la profundización del Proyecto X,
conjuntamente con la ex ministra de Defensa Nilda Garré. Recordemos, también, que dicho
programa de espionaje contra organizaciones políticas y sociales opositoras tiene su
cabecera en Campo de Mayo, una dependencia del Ejército y la Gendarmería.
Vale decir que la designación de Milani viene a jugar un rol político concreto en la crisis
actual.

El Gobierno Nacional pretende volver a darles a las FFAA un protagonismo político,
cuestión que se evidenció en el discurso de asunción del propio Milani, quien se encargó de
destacar su intención de poner al Ejército al servicio de un supuesto “proyecto nacional”.
Más allá de su alineación política real, lo que traduce de gravitar en el poder político y la
crisis política en curso.

César Luis Milani no sólo no debería haber sido ascendido y designado como Jefe del
Ejército, sino que debería estar siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Si aún no
lo está -al igual que miles de partícipes militares y civiles del genocidio- se debe al imperio
durante más de 17 años de las leyes y decretos de impunidad impuestos por gobiernos
radicales y justicialistas, y a un sistema actual de juicios donde toda la carga de la prueba
cae sobre los pocos sobrevivientes del genocidio, mientras que el Estado cuenta al día de
hoy con archivos que este Gobierno, al igual que sus antecesores desde 1983, se niega a
hacer públicos.

Por todo lo expuesto, llamamos a esta Cámara de Diputados y al pueblo trabajador, a
acompañar el presente proyecto de resolución. No sólo están en juego la reivindicación de
la lucha de más de 35 años por el juicio y castigo a los genocidas: será también una fuerte
señal de rechazo y resistencia ante los preparativos que están en marcha de reforzamiento
del aparato militar y de espionaje, que apuntan inequívocamente contra el movimiento
popular.