Sección de proyecto: Derechos Humanos

Artículo 1º.- GARANTICESE en todo el ámbito de la Municipalidad de Córdoba las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación y toda otra libertad y/o derecho que haga al más pleno desarrollo político, social y económico del pueblo trabajador. 

Artículo 2°.- PROHÍBASE toda resolución, disposición, normativa o reglamentación que busque sancionar, multar o restringir de cualquier manera el ejercicio del derecho legítimo a la protesta social, sea contra las personas y/o organizaciones sociales, sindicales o populares que integren, por su carácter enteramente arbitrario e inconstitucional.

Artículo 3°.- PROHÍBASE toda medida, disposición, normativa o reglamentación que suprima y/o restringa el acceso a la asistencia alimentaria, social y laboral a personas en situación de vulnerabilidad social, no pudiendo aplicarse ninguna multa y/o sanción que afecte planes socio-laborales, programas asistenciales, o programas sociales de cualquier tipo.

Artículo 4°.- DEROGUESE el art. 154 del Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, Ordenanza Nº 12468, y toda reglamentación, disposición o resolución de orden municipal que atentara o contradiga el derecho a la protesta social instituido por la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis y la legislación nacional.

Artículo 5º.- de forma.

FUNDAMENTOS

La agudización de la crisis social, alimentada por una inflación creciente, el deterioro del poder adquisitivo de las familias trabajadoras, y el incremento de la precarización y la desocupación, acicatean los reclamos sociales en la ciudad, como en todo el país. 

En este marco, el ascenso de la lucha popular de los movimientos sociales y de los trabajadores, en reclamo de trabajo genuino, asistencia social y alimentaria, aumento y universalización de los planes sociales, el paicor y el servicio de comedios, ha sido punto de ataque de todo el arco patronal y sus representantes políticos. 

El proyecto iniciado por el Concejal Negri, de la UCR, que plantea la supresión o restricción de la asistencia social a quienes protagonicen medidas de protesta, tuvo su antecedente en el proyecto de Diego Casado, del bloque Hacemos por Córdoba, que planteaba aumentar las multas a quienes desarrollen medidas de lucha en la vía pública. 

Oficialistas y opositores confluyen en un planteo común, aplicar una política de “mano dura” contra las medidas de protesta que proliferan en la ciudad, en este caso reforzando una normativa represiva por excelencia, como lo es el Código de Convivencia Ciudadano de la Ciudad de Córdoba. En ambos casos nos encontramos frente a medidas que atentan contra el legítimo derecho a la protesta instituido por la Constitución Nacional, profundizando una línea fascistizante para amedrentar y aplacar las protestas sociales, que tiene alcance nacional. 

Esta posición tuvo su expresión más acabada en las declaraciones del referente libertario y tributario de Milei, Ramiro Marras, quién llamó a impulsar un “Movimiento Antipiquetero Argentino”. Se trata de un planteo de contenido claramente fascista, que rememora las décadas del terrorismo de estado en nuestro país. Un planteo que le costó miles de caídos y 30.000 desaparecidos a la clase obrera argentina. 

El reforzamiento de la represión y judicialización a los trabajadores que luchan es, sin embargo, un hecho. La brutal represión que sufrieron las organizaciones de la Unidad Piquetera en San Pedro, Perico, y en distintas localidades de Jujuy, cuando desarrollaban un plan de lucha por trabajo genuino y alimento para los comedores y merenderos populares sostenidos a pulmón, tenía el objetivo de escarmentar a los compañeros movilizados, dejando un saldo de decenas de heridos, y detenidos. De este modo el gobierno jujeño de Gerardo Morales llevó a fondo lo que es una política por la que pugnan los diversos sectores capitalistas a nivel nacional.

Un nuevo capítulo  de esta posición lo vivimos con la reciente represión en frente al Congreso de la Nación cuando se desarrollaba una masiva movilización contra el pacto con el FMI. Luego de una cacería de brujas contra los manifestantes, que implicó un enorme despliegue de las fuerzas represivas, se avanzó en la judicialización de los luchadores; mientras que desde el ejecutivo nacional se procedió en un ataque político contra las organizaciones. 

El propio Ministro de Desarrollo, Zabaleta, anunció un día después de los incidentes que se habían identificado a los supuestos autores de los ataques al Congreso y se les habría suspendido la asistencia social que percibían, en este caso el Potenciar Trabajo. El proyecto presentado por el concejal Negri, no es más que la búsqueda de institucionalizar una medida inaugurada por el propio kirchnerismo. 

Ahora bien, privar a una familia en situación de vulnerabilidad de la mínima asistencia que brinda el Estado por protestar contra las causas de que el 60% de la población esté por debajo de la línea de la pobreza, es una política criminal, y profundamente antipopular. 

Por su parte la justicia, mediante la utilización de figuras como la de daños, resistencia a la autoridad, lesiones, la de asociación ilícita, o intimidación pública, arremeten contra los manifestantes y sus organizaciones. 

La figura de intimidación pública ya fue utilizada por la justicia para condenar a Cesar Arakaki y Daniel Ruíz, por haber participado de las masivas movilizaciones en el Congreso contra la reforma jubilatoria, bajo el gobierno macrista. Sin embargo, la implementación de la figura en asociación ilícita en este tipo de manifestaciones, implica un salto en la persecución política que facilita la aplicación preventiva más allá de toda prueba, como así también la persecución judicial a las organizaciones en su conjunto. 

Estamos ante una avanzada represiva a nivel nacional, que en Córdoba ya ha tenido sus antecedentes. A la penosa disposición de llevar a juicio a 27 estudiantes que lideraron la lucha universitaria en 2018, se suman una serie de hechos represivos, donde se desataca el desalojo y la posterior detención de las familias de Estación Ferreyra, o los operativos policiales contra las luchas obreras como en ERSA.

Las crecientes movilizaciones de las organizaciones sociales de las organizaciones sociales, acicateadas por una crisis social sin precedentes, son la consecuencia directa de la política de ajuste de sus gobiernos que hambrea a la población trabajadora. Si verdaderamente existiera la voluntad de resolver el problema de las protestas, se debiera comenzar por atacar las raíces de las mismas, respondiendo a las demandas sociales que las generan: trabajo, salario y vivienda. 

Sin embargo, el gobierno de Llaryora ha optado por alinearse al FMI y profundizar el ajuste, delineado en su propio presupuesto. Vale mencionar, que en una ciudad con el 13% de desocupación, un 50% de personas bajo la línea de la pobreza, y uno de cada 6 niños con hambre, el presupuesto municipal preveía unos 2.414 millones de pesos para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad; de los cuales la mitad se destina a comedores, mientras que casi mil millones va al programa de Servidores Urbanos (1985 beneficiarios), y encargadas de comedores (1077 beneficiarias).

Las presiones para avanzar en una línea fascistizante y antiderechos, se encuentran en plena sintonía con el giro derechista que ha adoptado el ejecutivo nacional tras la asunción de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad, un declarado enemigo del movimiento piquetero, quien fuera responsable político del asesinato de Kosteky y Santilla, y de nuestro compañero Mariano Ferreyra. 

No se trata de un exabrupto de los concejales, estamos ante una posición que ha sido parte fundamental del gobierno de Llaryora. Recientemente el Concejo Deliberante, con el rechazo de la bancada del FIT, modificó el estatuto municipal para habilitar las sanciones contra las y los municipales que ejerzan su legítimo derecho a la protesta. 

El ejecutivo municipal ha hecho propio todo tipo de métodos de apriete y extorsiones contra las y los trabajadores violando el primer y más importante cuerpo legal que consagra el Derecho a huelga y protege de esta manera a quienes decidan ejercerlo, que es la Constitución Nacional, la que en su Artículo 14 bis establece, en el segundo párrafo, los Derechos colectivos del trabajo, garantizando a los gremios el de la negociación colectiva y el Derecho de Huelga. Entendiendo los constituyentes el concepto gremio como el colectivo de lxs Trabajadorxs de una actividad, estén o no afiliadxs a un Sindicato; como así también Ley N° 20, o la Ley N.º 23.551 de Asociaciones.

La política desarrollada por el Concejal Negri, con el cual coincide el oficialismo, resulta a todas luces arbitraria, discriminatoria y promotora del odio a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Asimismo, se desconocen abiertamente las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación, que ha sido garantizadas por la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Pactos y Tratados Internacionales. Es muy grave lo que está sucediendo porque de esa forma se impulsa la represión estatal, que está emparentada al terrorismo de Estado. Justo en momentos donde se acaba de cumplir un nuevo aniversario del golpe genocida que avanzo en varios de los planteos que hace el concejal. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a éste cuerpo apruebe el presente proyecto, rechazando todo intento formal, legal y/o político, de avanzar en la criminalización de la protesta social, o medidas punitivas de cualquier orden. 

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  Hora y lugar de votación de Vanina Biasi candidata a legisladora Frente de Izquierda

Artículo 1°: OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto disponer una serie de medidas de asistencia social para familias en situación de vulnerabilidad, en el contexto de emergencia sanitaria y social. 

Artículo 2°: DISPONER la realización de un relevamiento habitacional, socio-sanitario, en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones, detallando las condiciones ambientales, habitacionales y sanitarias, el grado de urbanización, condiciones de seguridad y familias afectadas.

Artículo 3°: REALIZAR un padrón de casillas y casas precarias que no cuenten con condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad. 

Artículo 4°: DISPONER un plan de refacciones y mejoras inmediatas de casillas y casas precarias, para garantizar las condiciones de seguridad y salubridad habitacional.

Artículo 5°: ESTABLECER un plan de urbanización de emergencia destinado a garantizar la conexión de servicios esenciales, agua potable, gas, energía eléctrica, a casas y casillas precarias radicadas en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

Artículo 6°: REALIZAR un empadronamiento de personas desocupadas y subocupadas que habitan en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

Artículo 7°: CREASE una bolsa de trabajo, que integrará a las personas relevadas en el art. 6, con el objeto de emplear a sus integrantes en las obras de refacción y mejoras de casas y casillas, como así también en el plan de urbanización en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones.

Artículo 8°: CREASE un Programa Mateo de Asistencia Social a Familias Vulnerables en contexto de crisis sanitaria. Los beneficiarios podrán acceder mediante un empadronamiento directo cuya único requerimiento será el de presentar como una declaración jurada de ingresos familiares de bajos recursos.

Artículo 9°: Los inscriptos en el Programa Mateo de Asistencia Social a Familias Vulnerables en contexto de crisis sanitaria, recibirán los siguientes beneficios:

1. Entrega mensual de módulos alimentarios familiares. Entrega semanal de viandas calientes para estudiantes de escuelas municipales y provinciales que se encuentren dentro del ejido urbano de la ciudad.
2. Serán exentos del pago de taza, tarifas y servicios hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiéndose prorrogar automáticamente el beneficio mientras dure la emergencia sanitaria.
3. Acceso a un Seguro Médico Total, que garantice la accesibilidad de ambulancias y servicios de emergencia a los asentamientos bajo entera responsabilidad estatal.

Artículo 10°: ESTABLECER un SEGURO AL PARADO, destinado a personas que no cuenten con un trabajo registrado. El mismo tendrá un monto equivalente a los $40.000 y se pagará mensualmente por el periodo que duren las restricciones sanitarias.

Artículo 11°: de forma  

FUNDAMENTOS

Los primeros días de Junio un incendio arrasó la casa de Yudith Villarruel, ubicada en el barrio conocido como la “toma de Cabildo”. Como consecuencia del siniestro, la familia perdió todo. Yudith es madre soltera. Tiene 4 hijos a cargo, dos nenas de 3 y 5 años y dos nenes de 12 y 6 años respectivamente. La familia alcanzó a salir con lo justo de la casa que se quemó. De modo que los niños y Yudith se quedaron con lo puesto. En ese marco se solicitó la asistencia del gobierno de la provincia, pedido que hasta ahora es negado. 

Vale recordar que la toma de Cabildo se convirtió en un barrio obrero por la lucha colectiva de las y los compañeros organizados en el Polo Obrero. Si fuera por el gobierno, estas familias serian parte de las miles de personas que no tienen acceso a la tierra y la vivienda.

La situación de Yudith es la misma que atraviesan muchas familias en la ciudad. Con la llegada de las bajas temperaturas, en las viviendas que no cuentan con un sistema de calefacción en condiciones crece el riesgo de incendios. Los incendios en hogares de familias trabajadoras se dan en un cuadro concreto de pobreza, precarización laboral y desocupación.

La nevada del pasado martes 16 de junio recrudeció la situación para miles de familias cordobesas. El inédito suceso que dejó postales históricas, puesto que desde hace 14 años no caía una nevada en la ciudad, tuvo como telón de fondo el padecimiento extremo de las familias vulnerables que viven en situaciones de precariedad en barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones. 

La ola polar en contexto de pobreza y miseria social, ya ha dejado sus víctimas. A Mateo Natanael Álvarez, el niño de 9 meses fallecido tras un incendio en B° 40 Guasos, se suman al menos cinco víctimas de intoxicación por monóxido de carbono. Vale aclarar que todas ellas se dieron en casillas y casas precarias, sin condiciones mínimas de seguridad y la prestación de servicios adecuada.

No se trata de tragedias inexplicables, sino de muertes evitables. La situación de precariedad y déficit habitacional que afecta a más de 120.000 familias en la ciudad de Córdoba, es consecuencia directa de una política que favorece los emprendimientos inmobiliarios de grandes constructoras y especuladores, mientras desplaza a miles de familias a las periferias de la ciudad. No se trata de una orientación exclusiva de la gestión del ex intendente Ramón Mestre. Cabe señalar que el gobierno de Martín Llaryora acaba de aprobar un nuevo ordenamiento territorial en la ciudad para favorecer la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de la tierra por parte de las constructoras. 

Esta orientación de privación de tierra y vivienda a los que más la necesitan es también  sostenida por el gobierno de Juan Schiaretti. Según un reciente informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (Otes), “a pesar de la crisis manifiesta, el gobierno de la provincia de Córdoba pone en práctica una amplia subejecución de recursos presupuestados en áreas sensibles a la coyuntura actual, como lo son Vivienda y Producción”. En este sentido, el estudio señala que “dicha insensibilidad se re-expresa en el proyecto de ley del presupuesto 2021, donde el Estado provincial proyecta aumentos por debajo de la inflación para Vivienda”.

Con la bancada del Frente de Izquierda hemos impulsado en este Concejo varios proyectos tendientes a abordar y solucionar el problema habitacional. En esta línea se encuentra el proyecto de ordenanza para la creación de un Banco de Tierras de la ciudad de Córdoba destinado a la construcción de viviendas únicas, familiares y sociales. Y la creación de un Plan de Viviendas destinado a satisfacer las necesidades habitacionales actuales y/o futuras establecidas de acuerdo al registro permanente de los grupos familiares que no cuentan con vivienda propia. 

El presente proyecto de ordenanza viene a establecer una intervención inmediata y de emergencia, para atender la crisis social que tiene al 42% de la población por debajo de la línea de pobreza. Asimismo prevé una serie de medida para anticiparse a las bajas temperaturas que se prevén en las próximas semanas. Según indicó el meteorólogo Mario Navarro, se avecina una nueva ola polar, “el 6 de julio empieza la rotación de viento al sur, con heladas y nevadas. Incluso, también para la otra semana. Vamos a tener otra nevada, casi con seguridad”. 

Es por todo lo expuesto, y atento a la dramática situación por la que atraviesan las familias más vulnerables de nuestra ciudad, es que solicito a mis pares presten aprobación al presente proyecto de ordenanza. 

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  Vanina Biasi: «Los vecinos pagan los costos del abandono de los gobiernos»

  La diputada nacional y candidata del Frente de Izquierda se refirió a la terrible inundación que están sufriendo las familias especialmente de la Ciudad frente a la falta de políticas públicas del GCBA.

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  Néstor Pitrola: «A nosotros nos ordena la lucha contra el ajuste eterno de Milei y los gobernadores del cual no es excepción Kicillof»

  Néstor Pitrola, diputado nacional rotativo electo por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, desarrolla una intensa jornada en Bahía Blanca, con incursión en Coronel Suárez y Coronel Pringles de la sexta sección electoral. Pitrola declaró en conferencia de prensa:

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  Hora y lugar de votación de Vanina Biasi candidata a legisladora Frente de Izquierda

Artículo 1°.- Objeto. La ordenanza tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el ámbito de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- Mesa Inter Ministerial. Créase una Mesa Inter Ministerial con participación y control de la Comisión de Organizaciones Sociales, creada por el artículo 3 de la presente ordenanza. La Mesa integrará a todas las áreas municipales correspondientes en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el Ministerio  de Obras Públicas de la Provincia, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Provincia. La misma tendrá carácter de Autoridad de Aplicación en la presente ordenanza. 

Artículo 3°.- Comisión de Organizaciones Sociales. Créase una Comisión de Organizaciones Sociales compuesta por representantes de las organizaciones sociales que actúen en el ámbito de la ciudad de Córdoba, con cargos electos de manera directa por asambleas de vecinos, de carácter rotativo y revocable. La misma tendrá por objeto direccionar y controlar las políticas estatales tendientes a ejecutar las obligaciones del estado municipal previstas en la presente ordenanza, como así también la de velar por el ejercicio de derechos a personas en situación de vulnerabilidad social previstos en la normativa nacional, provincial y municipal. Para ello contará con las más amplias facultades. 

Artículo 4°.-Alcance. La presente ordenanza comprenderá: 

1. A personas en situación de calle son quienes, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados.
2. Personas en riesgo a la situación de calle, quienes sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra:
3. a) Residan en establecimientos públicos o privados -sean médicos, asistenciales, penitenciarios u otros- de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso.
4. b) Se encuentren notificadas de una situación inminente de desalojo o de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo, y no tengan recursos para procurarse una vivienda.
5. c) Habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica, que estén o no incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto 358/2017.

Artículo 5º.– Principio general. La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Artículo 6º.- Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física. El Estado municipal debe realizar acciones tendientes la eliminación de toda discriminación o estigmatización.

Artículo 7º.- Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad. El Estado municipal debe garantizar la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria.

Artículo 8º.- Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. El Estado municipal debe abstenerse de cualquier acción coercitiva dirigida a impedir o hacer cesar dicho acceso y uso, estableciendo políticas tendientes a garantizar el acceso a dichos servicios.

Artículo 9º.- Derecho al acceso pleno a los servicios socio-asistenciales, de salud y a un trabajo genuino. El Estado municipal articulara las medidas necesarias para el acceso pleno de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle a los servicios socio-asistenciales, de salud, y al trabajo genuino, en relación de dependencia, bajo convenio colectivo de trabajo y con plenos derechos laborales.  

Artículo 10°.- Derecho al acceso a una vivienda digna. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente. 

Artículo 11°.- Plan de construcción de cien mil viviendas populares. Los proyectos y la ejecución contemplaran la totalidad de obras de infraestructura y de servicios, tendiente a satisfacer las demandas de salud, defensa del ambiente, educación, recreación, cultura y espacios verdes de las viviendas y de los barrios.

Artículo 12°.- Plan de obras públicas. Las obras de construcción de viviendas y las de infraestructura y servicios se ejecutarán y financiaran por administración directa del municipio, sin participación alguna de empresa o grupo privado.

Artículo 13°: Bolsa de Trabajo. Para la ejecución de las obras de construcción el Estado municipal se empleará  mano de obra a través de una bolsa de trabajo realizada por la Comisión de Organizaciones Sociales comprendida por las personas alcanzadas por la presente ordenanza que cuenten con diversos oficios y/o profesiones. 

Artículo 14°.- Relevamiento. La Autoridad de Aplicación, en el plazo de treinta días a partir de la publicación de la presente ordenanza y luego anualmente, organizará y realizará un relevamiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en forma coordinada y conjunta con la Comisión de Organizaciones Sociales. 

El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un diagnóstico para la implementación de las políticas públicas integrales para este sector de la población, considerando sus diferentes subgrupos. En el diseño y la realización del relevamiento deben participar especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas por personas en situación de calle o personas en riesgo a la situación de calle.

Artículo 15°.- Centros de Integración Social. La Autoridad de Aplicación, creará una red de Centros de Integración Social, con las siguientes características:

1.- Estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares. En el caso de grupos familiares con niños, niñas o adolescentes se dispondrá un área institucional específica con profesionales capacitados/as para el cumplimiento de sus derechos.

2.- Serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación interdisciplinaria, continua y permanente, veinticuatro horas por día, todos los días del año 

3.- Promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares, articulando acciones con instituciones públicas y organizaciones sociales dedicadas a esta problemática.

4.- Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios.

5.- Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas y se crearan nuevos Centros de Integración Social, de acuerdo a las necesidades relevadas.

Artículo 16°.- Plantel Interdisciplinario. Establécese la conformación de un plantel interdisciplinario de profesionales de la psicología, del trabajo social, del derecho, trabajadores en general, etc, con carácter de planta estable y con plenas garantías laborales, para la asistencia integral de las personas alcanzadas por la presente ordenanza con funcionamiento eficaz en cada uno de los centros de Integración Social. El plantel dependerá de las Secretaria de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la ciudad de Córdoba.     

Artículo 17°.- Sistema de Atención Telefónica. Se creará un sistema de atención telefónica permanente de carácter gratuito, para la intervención inmediata de los organismos competentes en la atención de las situaciones comprendidas en esta ordenanza.

Artículo 18°.- Sistema de Atención Móvil. Se creará un sistema de móviles de servicio permanente, para la intervención inmediata y personal en las situaciones comprendidas en esta ordenanza.

Artículo 19°.- Informe anual. La Autoridad de Aplicación publicará un informe anual que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 20°.- Presupuesto. El Presupuesto General para la Administración Municipal tendrá una partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente ordenanza.

MEDIDAS TRANSITORIAS

Artículo 21°.- Suspensión de desalojos. Suspéndase, hasta el cumplimiento efectivo de las prerrogativas establecidas en la presente ordenanza, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda. Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la presente. 

Artículo 22°.- de forma.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Córdoba más de 400 personas se encuentran directamente en situación de calles, es decir que viven en la vía pública, otras tantas se encuentra en riesgo de situación de calles. Las cifras, reconocidas el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad de la  Defensoría del Pueblo a través de un relevamiento anual  se incrementan todos los años. 

El relevamiento realizado en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba incluyó segmentos de barrios, también céntricos, como General Paz, Alberdi, Nueva Córdoba y Cofico. Pese a que la Municipalidad de Córdoba sostiene el Programa Personas en Situación de Calle desde comienzos del año 2019, que depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia del Gobierno de la ciudad, sin atender las condiciones de fondo que configuran el caldo de cultivo para este fenómeno social, la situación se agrava de manera alarmante, constando, incluso la permanencia de familias enteras en situación de calle. 

 Los alojamientos del Estado resultan insuficientes incluso durante la pandemia. Además, surge el interrogante sobre qué sucederá con las personas, hoy contenidas temporalmente en esos espacios, luego de la segunda ola de contagios por Covid y la apertura de nuevas flexibilizaciones o el cambio de estación climática. El riesgo latente es que retornen nuevamente a la vía pública sin solución de fondo.

La propia defensoría del pueblo reconoce que el 50% de la población actual es gente que nunca estuvo bajo programa. La pobreza, el desalojo de muchas familias en el último periodo y las políticas de ajuste impactaron en la duplicación de gente viviendo en la calle. Como contrapartida hay una disminución de la población en los albergues transitorios. En 2018 y en 2019, la población en situación de calle hogarizada fue de 212 y de 231, respectivamente. Pero, por la implementación de las medidas sanitarias de prevención, están funcionando al 60 por ciento de sus capacidades. Además, deben afrontar dificultades económicas, de escasez de recursos humanos y de materiales para gestionar sus instituciones en un escenario de nuevas exigencias y desafíos presentados por la pandemia.

De acuerdo con el relevamiento de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de la población en situación de calle padece, al menos, un problema de salud. En la mayoría de los casos, es algún tipo de enfermedad crónica, que implica la necesidad de un tratamiento sostenido en el tiempo y con diversas especialidades médicas. Durante las entrevistas, algunos reconocieron situaciones de consumo de sustancias, previas o durante la situación de calle. Quienes están consumiendo dijeron que lo hacen “como una manera de sobrellevar las condiciones en las que viven”.

En cuanto al acceso a las instituciones de salud, aproximadamente un tercio manifestó haber tenido inconvenientes para acceder a los hospitales públicos y para encontrar solución a su problema de salud. Algunas de las personas entrevistadas expresaron que en el último año les ha resultado aún más difícil acceder a las instituciones sanitarias. Esto responde a diversos motivos. 

Por un lado, las instituciones públicas de salud a las que acuden se han encontrado afectadas a la atención de casos de Covid-19 de manera exclusiva, y otras han restringido su atención en los momentos de aumento de casos y de ocupación de camas críticas. Otro motivo que responde al riesgo que implica acercarse a los establecimientos de salud. Al poseer una enfermedad crónica, se considera un factor de riesgo ante las probabilidades de contagio de coronavirus.

A través del presente proyecto de ordenanza planteamos un programa de “Protección integral de los derechos humanos de las personas en situación de calle o riesgo a situación de calle”. Partimos del cumplimiento de los derechos humanos de personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad, que han sido despojados de absolutamente todo. Para ello es necesario atender las condiciones de fondo que llevaron a esa situación, la inaccesibilidad del empleo genuino y a la vivienda digna, los bloqueos a la salud y la educación pública y los escasos recursos del Estado destinados a la asistencia social en el marco de un brutal ajuste que tiene como trasfondo el pago de la deuda externa y el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. 

Por eso nuestro proyecto parte de la creación de una Mesa Interministerial con participación y control de las organizaciones sociales que trabajan con independencia de cualquier compromiso con los gobiernos. Partimos del derecho a la indentidad, a la dignidad personal y a la integridad física, y que se respeten todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Para ello resulta fundamental el acceso al trabajo genuino  y la vivienda digna. Proponemos un plan de obra pública y la construcción de cien mil viviendas populares que además contenga la realización de una bolsa de trabajo compuesta por las mismas personas alcanzadas por este programa. Asimismo, una red de Centros de Integración Social, con trabajadores y profesionales de carácter interdisciplinario y  de planta estable. El relevamiento permanente de las personas que se encuentran en situación de calles y/o corren riesgo que estarlo, y la inmediata asistencia integral a cargo del Estado. 

Estos son solo algunos aspectos centrales para la atención de una problemática social que se agudiza al calor de la crisis a la que nos llevaron todos los que gobernaron. Entendemos de suma urgencia atender esta situación para no seguir socavando los derechos humanos de las personas que habitan nuestra ciudad, y por ello solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ordenanza.      

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