Partido Obrero está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Expediente 1559-D-2021
Declaración
Art 1° - Su preocupación y rechazo a las causas abiertas a doce dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero en la provincia de Neuquén por parte del Juzgado Federal de Zapala.
Art 2° - Su solicitud de proceder al archivo de las causas que aplican el Código Penal a un conflicto social por reclamos.
Art 3° - De forma.
FUNDAMENTOS
A fines de marzo y comienzos de abril, tras un mes de desarrollo de la histórica huelga de Salud, comenzaron a llegar a una docena de dirigentes y militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero, citaciones a indagatoria de parte del Juzgado y la Fiscalía Federal de Zapala. En los imputados están el compañero Cesar Parra, concejal y dirigente del Partido Obrero y el Polo Obrero; Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto de Aten Zapala, y grandes compañeros/as del Partido Obrero y el Polo Obrero. Evidentemente se trata de represalias orquestadas junto al gobierno provincial contra las organizaciones que han apoyado incondicionalmente la lucha de las y los autoconvocados de Salud. Que la circunstancia que los hechos imputados se produjeron en el año 2019, muestra la clara intencionalidad de persecución política que tiene la activación ahora de las dos causas. Previo a la pandemia, en el 2019, el aumento de la desocupación en la zona central de la provincia marcaba registros récord, así como el incremento de la miseria social. Por lo que el reclamo de trabajo bajo convenio, en una ciudad que tenía adjudicadas varias obras públicas en el presupuesto de ese año, era un reclamo de estricta justicia. Sin embargo el gobierno provincial del MPN y el local (en ese entonces en manos del Frente Grande), en complicidad con la patria contratista optaban por permitir bajo sus narices el trabajo precario o en negro en las obras o el otorgamiento clientelar de la ayuda social. El reclamo en los términos del Polo Obrero era inadmisible para los gobiernos, y rechazaron todo tipo de reclamos por nota, reuniones, etc., previas al piquete. Luego de todo un proceso de movilizaciones al municipio y Acción Social, se decidió la instalación de los piquetes por los cuales hoy, un año y medio después, se producen las citaciones. Hace dos años la intendencia del Frente Grande, y ahora la del MPN, así como la Gendarmería y las instituciones oficiales, trataron de presentar un panorama de caos y desabastecimiento. La propia fiscal Federal dice en su imputación que el día 23 de setiembre de 2019 recorrió comercios, estaciones de servicio, bancos, farmacias y otros lugares, para constatar la situación. De su propio escrito surge que, prácticamente en el 100% de las consultas que hizo, la respuesta fue negativa respecto a que faltaran mercancías o insumos. No obstante, y a pesar de mencionar que los supermercados estaban cerrados por ser el día del empleado de comercio y no pudo verificarlos, la fiscal afirma que “le consta el desabastecimiento de los mismos por comentarios de vecinos”. Pero además, a pesar de reconocer que la jurisdicción provincial no adhirió al “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad” (de Patricia Bullrich entonces), la fiscal se permite aplicarlo para “acompañar una nueva mirada de bienestar social”. No había desabastecimiento, se toma de un “Protocolo” que no debería aplicar al caso. Tal es la “seriedad” con que la parte acusadora pretende fundamentar los supuestos estragos económicos y sociales causados por el Polo Obrero. Esto solo, ya pinta de cuerpo entero que se trata de una causa amañada, con fundamentos forzados y que tomó impulso en plena huelga de Salud. Las citaciones son, precisamente, contemporáneas al día en que los autoconvocados/as de Salud instalaron el primer piquete en Arroyito el 1º de abril. Una fiscal que para acusar afirma que no verificó, pero que le “consta”, no es una contradicción legal, es una afirmación política de su intención punitiva contra el reclamo social. Es a la luz de estos hechos que hay que valorar la tozudez de las y los autoconvocados de Salud para que no se tomen represalias ni administrativas, ni penales contra su lucha. Otras medidas de presión fueron ejecutadas por el Ejecutivo Provincial, como ha sido la negativa de entrega de alimentos para los comedores y merenderos de las organizaciones como el Polo Obrero y el FOL, cuando ya estaban comprometidas y cuando crece el hambre de miles de familias. Que no cuentan además con otro recursos que los comedores que son sostenidos por las organizaciones sociales. Es a la luz de estos hechos que hay que contextualizar la “venganza” del gobierno del MPN de retacear la ayuda a los merenderos y a los programas de las organizaciones sociales que apoyan la huelga de Salud. Sin pasar por alto que otros dos militantes del Partido Obrero han sido imputados en otra causa en la ciudad de Chos Malal por el Juzgado Provincial. Nuestro proyecto se inscribe en la campaña de pronunciamientos provincial, nacional e internacional por el archivo de las causas y la anulación de las mismas, en todos los lugares de trabajo y estudio, en la convicción que derrotar este intento regimentador del Estado es una victoria para el conjunto de las luchas. Solicito tratamiento y aprobación de la presente declaración, porque el derecho a luchar es el primer y natural derecho de los que solo tienen sus brazos para poner un plato de comida en la mesa de sus hijas/os.
