Fuera Milani

  • Derechos Humanos
Presentado por:  
  • Congreso Nacional
Proyecto de declaración que repudiaba la designación de Cesar Milani al frente del Ejercito argentino.
Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en email
Compartir en whatsapp

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Repudiar el ascenso del General César Luis Milani al grado de Teniente General y su
nombramiento como Jefe del Ejército Argentino.
Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional su inmediata destitución del cargo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El nombramiento de César Luis Milani, como Jefe del Ejército, y su reciente ascenso a
Teniente General, a pesar de las numerosas denuncias de familiares de detenidos desaparecidos,
organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales y políticas del país que pesan
sobre su persona, en cuanto a su vinculación con casos de desapariciones de personas durante
la última dictadura militar de 1976 al 1983, constituye un agravio y atropello a la lucha
que por casi cuarenta años vienen llevando adelante los organismos de derechos humanos
y el movimiento popular argentino por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio.

Los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas llevan realizadas
contundentes y sólidas denuncias que sustentan este proyecto de resolución. Nos referimos
a las que vinculan al ahora Teniente General Milani con la desaparición en 1976 del
conscripto Alberto Agapito Ledo, con el secuestro y torturas que sufrieran Ramón Alfredo
Olivera -y su padre-, en un centro clandestino de La Rioja y con el secuestro del periodista
riojano Oscar Plutarco Schaller (causa 1828/00 contra Luciano Benjamín Menéndez). Estas
gravísimas acusaciones fueron realizadas hace décadas por las víctimas y sus familiares. A
ello se debe agregar la participación de Milani en el "Operativo Independencia", que
eliminó físicamente a gran parte de la militancia obrera y juvenil de la provincia de
Tucumán; su paso como oficial de inteligencia por el Batallón de Ingenieros de
Construcciones 141 con sede en La Rioja, que fue el epicentro de la represión en aquella
provincia y donde funcionó un Centro Clandestino de Detención, y finalmente, su paso
también por el Batallón de Inteligencia 601, de acuerdo a los listados desclasificados y
publicados por primera vez en febrero de 20 l O en la revista Veintitrés. No podemos dejar
de señalar que allí Milani compartió tareas de espionaje para el secuestro, tortura y
desaparición de personas junto al actual titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrado
también como Milani al supuesto "proyecto nacional" que se pregona desde el gobierno
nacional.

Como es de público conocimiento, los senadores del oficialismo y sus aliados adujeron la
figura del principio de inocencia para sostener su designación, a pesar de que Milani está
siendo investigado por estos crímenes y delitos. Sin embargo, esto contradice numerosos
antecedentes de ascensos a militares objetados por militantes y organismos de derechos
humanos en virtud de los cuales fueron denegados por la Cámara Alta. Fueron los casos,
por ejemplo, de Rafael Braga (pliego rechazado el 18 de diciembre de 2002, condenado a
prisión perpetua tiempo después) y de Julio César Binotti (pliego rechazado el 27 de
noviembre de 2002, actualmente imputado en la causa ESMA por su participación en los
llamados "vuelos de la muerte"). No nos equivocamos si consideramos la designación de
un represor de la dictadura al frente del Ejército como un punto final en la demagogia
derecho humanista del gobierno nacional y como un fuerte golpe a la lucha popular por el
juicio y castigo a los asesinos, genocidas y represores de ayer y de hoy. Un gobierno que
pasó de "descolgar el cuadro de Videla" a designar a un acusado por genocidio como
máximo exponente del ejército deja claro que en vez de "defender los derechos humanos",
como lo ha venido diciendo con su doble discurso, los viola.

Milani es un oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, ex jefe de ese organismo. Por
primera vez, un oficial de Inteligencia se desempeña en la comandancia en jefe del Ejército.
Ese servicio de inteligencia está denunciado -como los servicios de inteligencia de la
Policía Federal y de Gendarmería- por espionaje interno a las organizaciones de
trabajadores, populares y políticas. Incluso, han reasignado partidas presupuestarias y le
otorgaron a inteligencia del Ejército fondos adicionales ($ 1.325 millones de partidas
extras), mayores que los que recibe la propia SI del Estado. Se advierte claramente en el
perfil de la designación una orientación política sobre el rol del Ejército en cuestiones
internas, lo que junto a los antecedentes como represor de la dictadura, configuran un claro
peligro para la plena vigencia de las libertades democráticas. Esa presunción de
intervencionismo del Ejército en cuestiones internas se vio confirmada con el
desplazamiento de tropas que colaboraron con otras fuerzas de seguridad
en la provincia de Santa Cruz para el desalojo de familias sin techo ocupantes de tierras. El
ex Presidente Fernando De la Rúa intentó utilizar a esta fuerza para sofocar la rebelión
popular de diciembre de 200 1, sin éxito. En los últimos días se emitió un radiograma con
"orden de apresto" para los efectivos del Ejército hasta el 31 de diciembre del corriente por
las tensiones sociales que rodean este fin de año 2013 de aguda inflación y reclamos
sociales y salariales. El gobierno nacional está dando continuidad a la repudiada aprobación
de la llama Ley Antiterrorista, con una jefatura del ejército a la medida de la aplicación de
esa ley que introduce las herramientas de un estado de excepción contra las libertades
democráticas.

Si el oficialismo, a pesar de los cuestionamientos, decidió ignorar estas denuncias y
precedentes es por estos motivos de fondo. No se puede soslayar que el nombramiento del
cuestionado Milani se produce en un marco de crisis de fin de ciclo del Gobierno y de una
aguda descomposición de los aparatos de seguridad y en un marco donde arrecian los
reclamos populares contra la carestía y el ajuste sobre las condiciones de vida, lo que
constituye, a juzgar por la experiencia, una clara señal de reforzamiento del aparato
represivo del Estado, en momentos de crisis económica y política, que será oportunamente
utilizado contra los reclamos del movimiento popular y los trabajadores. Ya es parte de una
"política de Estado" de este Gobierno utilizar a las fuerzas armadas para la represión
interior y el espionaje político contra opositores, en lo cual la Gendarmería Nacional es un
caso emblemático. César Luis Milani colaboró con la profundización del Proyecto X,
conjuntamente con la ex ministra de Defensa Nilda Garré. Recordemos, también, que dicho
programa de espionaje contra organizaciones políticas y sociales opositoras tiene su
cabecera en Campo de Mayo, una dependencia del Ejército y la Gendarmería.
Vale decir que la designación de Milani viene a jugar un rol político concreto en la crisis
actual.

El Gobierno Nacional pretende volver a darles a las FFAA un protagonismo político,
cuestión que se evidenció en el discurso de asunción del propio Milani, quien se encargó de
destacar su intención de poner al Ejército al servicio de un supuesto "proyecto nacional".
Más allá de su alineación política real, lo que traduce de gravitar en el poder político y la
crisis política en curso.

César Luis Milani no sólo no debería haber sido ascendido y designado como Jefe del
Ejército, sino que debería estar siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Si aún no
lo está -al igual que miles de partícipes militares y civiles del genocidio- se debe al imperio
durante más de 17 años de las leyes y decretos de impunidad impuestos por gobiernos
radicales y justicialistas, y a un sistema actual de juicios donde toda la carga de la prueba
cae sobre los pocos sobrevivientes del genocidio, mientras que el Estado cuenta al día de
hoy con archivos que este Gobierno, al igual que sus antecesores desde 1983, se niega a
hacer públicos.

Por todo lo expuesto, llamamos a esta Cámara de Diputados y al pueblo trabajador, a
acompañar el presente proyecto de resolución. No sólo están en juego la reivindicación de
la lucha de más de 35 años por el juicio y castigo a los genocidas: será también una fuerte
señal de rechazo y resistencia ante los preparativos que están en marcha de reforzamiento
del aparato militar y de espionaje, que apuntan inequívocamente contra el movimiento
popular.