Parlamento: Congreso Nacional

EXPTEN°3184-D-2022

Artículo 1.- El objetivo de la presente ley es la modificación de la Ley 26.150, que
establece la enseñanza de Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos
públicos y privados de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipal., para asegurar su plena aplicación.
Artículo 2.- Se reemplaza el artículo 1° de la Ley 26.150, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1.- Todas/os los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual
integral, científica y laica, desprovista de vínculos de sometimiento de cualquier tipo y
respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo respecto de la
atención en salud para los adolescentes y en métodos de anticoncepción basado en
conocimientos científicos, en los establecimientos educativos públicos y privados de las
jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral,
científica y laica la que articula aspectos biológicos, psicológicos y sociales.
Artículo 3.- Se reemplaza el artículo 5° de la Ley 26150, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5.- Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo
lectivo, de acciones educativas sistemáticas con contenidos específicos y transversales,
en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral, brindando información científica respecto de la
anticoncepción y sus métodos, y promoviendo la participación de centros de
estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones defensoras de los derechos de las
mujeres y de la diversidad sexual y de género, y distintos especialistas para abrir un
debate colectivo que apunte a examinar la sexualidad a la luz de las relaciones entre las
personas en el presente de nuestra sociedad, examinando de manera crítica tanto los
vínculos interpersonales como los lineamientos impartidos por el Estado a través de sus
políticas, sus leyes, reglamentos y perfiles institucionales, y
Artículo 4.- Se reemplaza el texto del artículo 8° de la Ley 26150, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8.- Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La creación de espacios curriculares exclusivos para el dictado de ESI y contenidos
transversales en todos los niveles educativos bajo su dependencia
b) El nombramiento de las y los docentes necesarios para el dictado de la materia-taller
tanto en las escuelas de gestión estatal como privada, a fin de garantizar no solo el
dictado sino también la orientación pedagógica y de contenidos que estipula la
presente ley.
c) La formación y actualización en servicio en ESI, con puntaje de las y los docentes, a
fin de que puedan tener las herramientas necesarias para abordar el proceso de
enseñanza-aprendizaje sobre lo establecido en la presente norma.
d) La ampliación de los cargos de profesionales de los equipos interdisciplinarios
(EOE, DOE y otros) con el objetivo de que en un período de dos años funcionen
gabinetes interdisciplinarios en todas las escuelas de todos los niveles, incorporando
profesionales psicólogos, abogados y médicos para abordar los casos de violencia de
género que pudieran presentarse en el establecimiento.
e) La creación de carreras, postítulos, capacitaciones, de Educación Sexual Integral
que serán de acceso gratuito a fin de contar con docentes especialmente formados
para el dictado de cátedras y talleres. Se abrirán las comisiones y se nombrarán los
docentes necesarios para atender la totalidad de la demanda de vacantes.
Artículo 5.- Se reemplaza el inciso c) del artículo 9° de la Ley 26150 que quedará
redactado de la siguiente manera:
c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los
objetivos del programa promoviendo la oferta de talleres de formación y reflexión para
madres, padres, tutores, familiares y todo otro responsable legal, al respecto del
ejercicio y goce de una sexualidad libre, donde primen los principios de respeto e
igualdad entre géneros y de cuestionamiento a los vínculos de dominación y
sometimiento tanto interpersonales como desde el Estado y sus instituciones.
Artículo 6.- Se reemplaza el texto del artículo 10 de la Ley 26150, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Articulo 10.- La presente ley es de orden público y de carácter obligatorio en
todo el territorio nacional.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este proyecto de ley fue presentado por primera vez en el año 2018, al calor de la
marea verde y la enorme lucha de la juventud a lo largo y ancho del país, reclamando
por este derecho. Es producto de una elaboración colectiva de estudiantes, docentes y
compañeras de movimientos de lucha de la mujer, que junto al equipo de la diputada
Romina del Pla del Frente de Izquierda y de los trabajadores Unidad, realizamos como
aporte a ese movimiento de lucha. Creemos oportuno volver a impulsar este proyecto
ya que, a 16 años de la sanción de la ESI, podemos afirmar que su aplicación efectiva
resulto insuficiente: solo 2 de cada 10 estudiantes tienen acceso a la ESI en sus
colegios. En este sentido, el presente proyecto modifica la Ley de Educación Sexual
Integral para asegurar su plena aplicación contra el bloqueo sistemático que ha sufrido
por parte de los gobiernos y la Iglesia Católica y refuerza la necesidad de evitar la
injerencia de sectores que, bajo la cobertura de creencias personales, demostraron una
negativa a la formación científica y laica, respetuosa de la diversidad sexual y de
género, que eduque en el cuestionamiento a vínculos opresivos y de sometimiento de
todo orden.
En los últimos años el movimiento estudiantil secundario viene reclamando con
insistencia la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todo el País.
Las y los estudiantes han protagonizado movilizaciones masivas por este reclamo que
adquirió el carácter de una demanda popular en el marco del tratamiento y posterior
conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Las acciones masivas que protagonizó la juventud desde el año de la marea verde, en
2018, han colocado a la Argentina a la vanguardia de la lucha por los derechos de las
mujeres y las disidencias a nivel mundial, inspirando a movimientos de toda América
Latina en la exigencia a sus gobiernos por la legalización del aborto. Las recientes
movilizaciones en EEUU en respuesta al intento de la Corte Suprema de anular la
sentencia Roe v. Wade, que en 1973 estableció garantías para el acceso al aborto,
muestra la vigencia del movimiento de lucha de mujeres y diversidades. En el plano
nacional, se destacan las manifestaciones masivas por el #NiUnaMenos, que continúan
siendo una respuesta colectiva de las mujeres ante el crecimiento exponencial de los
femicidios y la violencia de género; y el paro internacional de mujeres llevado adelante
los últimos 8 de Marzo, que unió la cuestión de la mujer a una perspectiva de clase,
avanzando en la compresión de que el patriarcado y toda forma de violencia y
discriminación encuentran en el Estado capitalista un sostén y promotor fundamental.
En este sentido, el reclamo estudiantil por la aplicación de la ESI forma parte de la
lucha por terminar con todo tipo de opresión, violencia y discriminación en lo que hace
a las relaciones entre las personas.
En la inmensa mayoría de los colegios e instituciones educativas del país no se imparte
educación sexual. Incluso en algunas provincias es obligatoria la educación religiosa.
En las pocas instituciones donde sí se dicta, se aborda la temática desde una perspectiva
biologicista, omitiendo una crítica a las relaciones sociales subyacentes que son la razón
de fondo que determinan la naturaleza discriminadora y opresora que adquiere la
sexualidad en la actual sociedad. En las instituciones confesionales la situación es aún
más grave, ya que la legislación actual (que se propone aquí modificar) habilita a la
Iglesia a impartir educación sexual según sus preceptos oscurantistas, prejuiciosos y
discriminadores, que le reserva a la mujer un status subalterno al hombre en la sociedad,
y considera a las relaciones sexuales que no se encuadran en la heterosexualidad como
desviaciones, situaciones patológicas y hasta enfermedades. Es la Iglesia Católica hoy
quien encabeza la ofensiva contra los derechos de las mujeres y diversidades y la
resistencia a la aplicación efectiva del derecho al aborto.
La información y educación en materia de anticoncepción y los métodos científicos
disponibles para ello –tal como se menciona en los Artículos 2 y 3 de la presente- es la
clave para el ejercicio libre, responsable y gozoso de la sexualidad por parte de la
juventud. Este aspecto implica incluir en el contenido curricular el derecho de acceso a
la anticoncepción, abortos seguros, la importancia de los controles ginecológicos, y en
términos generales, facilitar el acceso a la educación, a salud sexual y a la atención
sanitaria para la juventud. Existe un desnivel muy grande en nuestro país, con
desinformación y difusión de falsos métodos de cuidado, incluido el desconocimiento
del uso correcto del preservativo.
El verdadero boicot a la aplicación de la ESI en el país encuentra su razón de fondo en
la naturaleza de clase del Estado, que es el que asegura un orden social basado en la
opresión, la violencia y la discriminación. Una educación sexual integral, en tanto
crítica a este orden social y las relaciones sociales que le dan sustento, nunca podrá
venir de la mano de este Estado. Tampoco es compatible con el sometimiento del
Estado a la Iglesia Católica, una institución fundada sobre la base de la discriminación y
la opresión de las mujeres.
Fiel a ese principio, las modificaciones que proponemos le otorgan centralidad en la
aplicación de la educación sexual integral a los centros de estudiantes, a los sindicatos
docentes y a los movimientos de mujeres y colectivos de la diversidad sexual y de
género. Son quienes luchan por esta reivindicación justa y necesaria quienes no sólo
deben verificar la aplicación de la norma, sino también jugar un papel central en la
elaboración de contenidos, atendiendo su carácter científico, y determinar la forma que
debe asumir el dictado de la materia, que por su propia naturaleza tiene que asegurar el
debate colectivo y democrático. En el mismo sentido, modifica el artículo 5 de la ley
ESI, pues éste actualmente le otorga a la Iglesia Católica la posibilidad de impartir en
sus colegios una educación sexual reñida con los principios más elementales de la
ciencia y el respeto a la diversidad. Por último, en el artículo 6 proponemos la presente
ley como de orden público y de carácter obligatorio en todo el territorio nacional.
La conquista de la educación sexual integral requiere de una lucha independiente que
envuelva al movimiento de mujeres y el movimiento estudiantil y docente del país. Por
eso, seguimos impulsando la lucha por una educación sexual laica, científica,
contemplativa de las diversidades sexuales y de género y no binaria, para barrer con la
educación clerical que se nos imparte desde el Estado. La necesidad de su aplicación es
urgente, y la discusión de sus contenidos entre docentes, estudiantes, profesionales y
organizaciones de mujeres y LGBTI+ es vital para lograr la ESI que necesitamos.
Por estos motivos, solicitamos a las/os diputadas y diputados a acompañar este proyecto
de ley. 

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  Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.

Proyecto de declaración

 La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina declara:

 Rechazar la circular del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo tanto en las escuelas, como en las distintas situaciones áulicas y comunicaciones oficiales, por su carácter retrógrado, oscurantista, discriminatorio y contrario a todo principio de defensa de la Educación Sexual Integral, y al derecho a la identidad de género.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El día 9 de junio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación Soledad Acuña, anunciaron la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de CABA bajo riesgo de sanción para los y las docentes que incumplan la medida.

El argumento surge de los resultados negativos de las evaluaciones FEPBA y TESBA, donde ambos funcionarios asocian en forma directa y sin vinculación alguna, los resultados negativos de las evaluaciones con el uso escolar del lenguaje inclusivo intentando ocultar que el fracaso educativo es de su propio gobierno.  En efecto, la profunda desinversión en materia educativa durante más de 14 (catorce) años, escuelas sin computadoras, ni conectividad, sin los nombramientos docentes necesarios para acompañar trayectorias escolares con dificultades y la recuperación de contenidos y aprendizajes, la obligatoriedad de trabajo gratuito para las y los estudiantes en actividades que van en detrimento de su formación,  los recortes en becas estudiantiles, los salarios docentes de miseria, las escuelas sin condiciones de infraestructura adecuadas y una situación de pobreza que se agrava días tras días,  dan cuenta de una educación cada vez más degradada que tienen como principal responsable a los gobiernos.

Tanto el jefe de gobierno como la ministra de educación intentan anclar su definición sobre el planteo de la RAE y sus marcas de género, a sabiendas que el organismo oficia de policía del lenguaje hegemónico y heteronormativo. Esta resolución se asemeja a la que recomendó el ministro de educación de Jair Bolsonaro cuando asumió, y se inscribe en una corriente internacional que ataca los derechos de las mujeres y diversidades de género, entre quienes se destaca también ‘los Milei’.

En este sentido, la medida, a todas luces repudiable, nada tiene que ver con preocupaciones semánticas ni con el uso correcto del lenguaje según la RAE, sino que es un acto político que busca disciplinar a las infancias y juventudes, y es un acto contrario a la construcción de identidades libres, a la docencia que se organiza y lucha por la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral en todo el país, al colectivo LGTBIQ+ y al movimiento de mujeres.

El lenguaje en tanto construcción social, cultural e histórica, es dinámico y refleja, particularmente en el último período, las luchas del movimiento de mujeres y diversidades en torno al reclamo por el Ni Una Menos, el aborto legal, la implantación de la ESI, el cupo laboral travesti trans, etc. En estas luchas, los y las jóvenes han sido los grandes protagonistas y han inundado a las escuelas con el uso del lenguaje inclusivo, contra situaciones de violencia dentro, contra los códigos de vestimenta, y la implementación de la ESI.

Las y los estudiantes y docentes, junto al movimiento de mujeres y diversidades, rechazamos cualquier prohibición del uso del lenguaje inclusivo, toda vez que implica negar el derecho a la libre expresión de las y los docentes y estudiantes.

Por lo expuesto, solicito se acompañé el presente proyecto de declaración.

Romina Del Plá

Nicolás del Caño

Myriam Bregman

Alejandro Vilca

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  Vanina Biasi: “Milei usa a sus presos políticos para amedrentar la organización popular”

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  Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.

EXPTE N°2545-D-2022

SALAS INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO
Dentro de la Ley 20.744 (LCT)
Artículo 1° – En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo
de 50 (cincuenta) trabajadores, independientemente de las modalidades de
contratación, el empleador deberá habilitar salas infantiles para niños/as hasta
la edad de 5 (cinco) años, poniendo las mismas bajo la custodia de personal
médico, psicopedagogo y cuerpo docente competente para garantizar el
aprendizaje colectivo y la recreación de los niños/as que asistan al
establecimiento. A su vez, debe contar con un comedor donde el niño/a cuente
con desayuno, almuerzo y merienda.
La jornada de las salas infantiles debe durar lo mismo que la jornada laboral de
la madre o el padre. La misma no debe ser cambiada en función de un régimen
rotativo de trabajo durante la permanencia del niño/a en la sala infantil. Si el
progenitor/a prefiriera (por razones de comodidad, distancia, etc.) dejar a su
hijo/a en otra escuela infantil cercana a su domicilio, se le abonara el 100% (cien
por ciento) del gasto de la misma contra la presentación de los recibos
correspondientes.
A los efectos del cómputo de la cantidad de personas que trabajan en el
establecimiento, se tendrán en cuenta tanto las y los dependientes del
establecimiento principal, como aquellas y aquellos dependientes de otras
empresas, en tanto presten servicios en el establecimiento principal.
En caso de que el establecimiento laboral contare con menos de 50 (cincuenta)
empleados, el empleador debe asumir el 100% (cien por ciento) del gasto de una
escuela infantil hasta la edad considerada en el presente proyecto.
Artículo 2° – Todas las disposiciones del Artículo 1° son igualmente obligatorias
para todos los establecimientos de la Administración Pública Nacional y sus
dependencias en todo el territorio nacional, así como para la Administración
Pública de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Artículo 3° – De forma.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores
Unidad volvemos a presentar este proyecto de ley, por cuarta vez consecutiva,
tras sucesivos bloqueos a su tratamiento por los bloques capitalistas que
dominan esta cámara. Seguimos reclamando por su urgente tratamiento para
atender un reclamo elemental de las mujeres trabajadoras.
El presente establece la obligatoriedad del empleador de garantizar salas
infantiles para niños/as hasta los cinco años de edad en los lugares de trabajo a
partir de los 50 empleados, o asumir el 100% (cien por ciento) del gasto de una
escuela infantil hasta la edad considerada en caso de ser preferencia del
trabajador/a o de contar con un número inferir de empleados/as.
Estas disposiciones son mucho más ajustadas a las necesidades que viven las
y los trabajadores en nuestro país que lo dispuesto por el reciente decreto del
Poder Ejecutivo. En su decreto reglamentario, el gobierno establece la obligación
de contar con salas materno paternales para los establecimientos laborales
recién a partir de los 100 empleados y hasta los tres años de edad de los niños
y niñas. En caso de que el empleador deba cubrir gastos particulares del
trabajador o trabajadora para garantizar el cuidado de sus hijos/as, la
reglamentación gubernamental tampoco garantiza la cobertura integral (del
100%) -y dicha medida queda establecida como una opción de la patronal para
las empresas con más de 100 empleados. Para el pago de este monto no
remunerativo, se indica un piso mínimo de las sumas dinerarias equivalente al
40% de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” del Personal con retiro
del régimen previsto en ley de trabajo de casas particulares. Al 1° de marzo la
escala salarial para esa categoría laboral indicaba un salario de $37.973
mensuales. El piso por lo tanto es de $15.189,20. Ahora bien, ese piso sólo es
aplicable a las y los trabajadores que laboran en jornada completa y se reduce
proporcionalmente si una trabajadora o un trabajador está contratado en una
jornada reducida o media jornada.
Aunque esta suma supera con creces las establecidas en acuerdos paritarios
como beneficios sociales en los convenios donde ya se encontraba garantizado
el reintegro de gastos, lo cierto es que la posibilidad de sustitución beneficia
superlativamente a las patronales pues el pago de dicha suma la exime de
garantizar efectivamente los espacios de cuidado que tiene un costo mayor del
que representa el pago de dichas sumas. También debe considerarse que la
suma supliría en los hechos la obligación de la creación de espacios de cuidados
con personal profesional idóneo para la atención de las infancias y deja a la
deriva a las trabajadoras y trabajadores a procurarse el lugar de cuidado posible
en función de sus reales ingresos.
Otra cuestión, es que el piso se encuentra atado a una “paritaria” que impone el
Estado a las trabajadoras de casas particulares cuyos salarios se encuentran
entre los más bajos casi en la línea de indigencia y siendo uno de los sectores
de la clase obrera más precarizados. La sustitución que si bien no es
incompatible desnaturaliza la obligación de la patronales y el derecho de las y
los trabajadores a contar efectivamente con espacios de cuidados tal como lo
dispone el artículo 179.
Para completar, el decreto del PEN da un plazo de un año para que sus
disposiciones empiecen a regir.
Recordemos que el artículo 179 fue incorporado en el texto original de la ley de
contrato de trabajo en 1974, y después de 48 años recién contamos con una
norma que operativiza (limitadamente) dicho derecho, luego de que se llegara a
la Corte producto de los sucesivos recursos que interpusieron los gobiernos de
Cristina Kirchner y de Macri contra las primeras sentencias que reconocían el
derecho.
Desde que la Corte dictó la sentencia pasó mucha agua debajo del puente. En
enero de este año la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió
una nota al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, en la cual ponían
de manifiesto la posible “resistencia de los empleadores a contratar trabajadores
con una expectativa etaria de posible paternidad/maternidad, distorsión del costo
empresario y consecuente traslado a precios, entre otros”, y continuaban
diciendo en su comunicación “entendemos que la reglamentación puede y debe
dar la opción al empleador de optar por ese reintegro debidamente
documentado”. Los planteos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
eran y son representativos de todo el arco patronal.
Este lobby del sector empresarial de nuestro país es el que impuso los límites
del decreto oficial, con absoluta complicidad por parte de la CGT y las CTA que
vienen pavimentando la pérdida de conquistas de la clase obrera durante más
de 40 años entregando los derechos de las y los trabajadores mediante la
reforma de los convenios colectivos de trabajo.
Es una necesidad urgente tomar medidas para que la función laboral de la
trabajadora y/o el trabajador no vaya en detrimento de la decisión de conformar
una familia por parte de los mismos o que esta decisión no implique el abandono
obligatorio de alguno de ellos a sus trabajos.
Representa un enorme esfuerzo para el y la trabajador/a mantener una familia
cumpliendo con las necesidades de cuidado, cariño y dedicación que requiere
un/a niño/a, y a la vez mantener su fuente de trabajo que es lo que constituye la
única posibilidad de poder contar con el poder adquisitivo para alimentar y
sostener dicha familia. Lo fundamental es la defensa de la integridad de la familia
trabajadora.
Entendemos que el presente proyecto toma en cuenta la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nro. 26.061 a la vez
que reconoce como una tarea del empleador garantizar la posibilidad de que su
empleado/a pueda decidir conformar una familia bajo la contención y la
protección social de quienes detentan el poder de otorgarle al trabajador/a sus
medios de existencia.
A su vez, este derecho debe ser extensivo a los padres no solo porque
defendemos la posibilidad de conformación de familias con personas del mismo
sexo -atento a la Ley de Matrimonio igualitario Nro. 26.618- sino porque existe
un gran bache en términos de reglamentación legislativa sobre aquellos casos
en los que es el padre el único sostén de la familia, mientras que la madre se
ocupa de la casa o trabaja por cuenta propia. Queremos dejar en claro que, en
estos casos, debe ser a nombre del padre el derecho a utilizar la escuela infantil
del establecimiento de trabajo, ya que la tarea de criar un niño no corre por
cuenta de solo de uno de los padres. Esta idea aparece reforzada a partir de la
necesidad de combatir la imposición de que es la madre quien debe ocuparse
de la crianza de los niños/as.
Por todos estos motivos, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del
presente Proyecto de ley para su pronto tratamiento.

Romina Del Plá

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  Vanina Biasi: “Milei usa a sus presos políticos para amedrentar la organización popular”

  La diputada nacional visitó a Daniela Calarco que desde el 12/6 continúa privada de su libertad en Ezeiza.

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  Basta de despidos, reincorporación de todos los despedidos de la industria y del Estado

  Este viernes la Plaza de Mayo a las 16:30H será escenario de una una movilización de los sectores afectados por la ola descomunal de despidos, tanto en el sector público como privado.

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  Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.

EXPTE: 2368-D-2022

SOBRE LICENCIA ESPECIALES DE LA LEY 20744
LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO – Dentro de la Ley 20744 (LCT)

Artículo 1. – Incorpórese al artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), como
inciso f el siguiente texto:
f). Licencia por violencia de género. Los tiempos de la licencia serán evaluados
por personal médico, psicológico o especializado en violencia de género,
proporcionado gratuitamente por los centros salud y los centros de atención y
asistencia a la víctima, no necesitando el empleador más prueba fehaciente. la
licencia puede prorrogarse, extendiéndose el plazo de días que dura la misma,
todas las veces que el personal médico / psicológico / especializado que asisten a
la víctima indiquen que sea necesario.
Artículo 2: Modifíquese el artículo 159 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo. 159. —Salario. Cálculo.
Las licencias a que se refiere el artículo 158 serán pagas, y el salario se calculará con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 155 de esta ley.
En el caso de la licencia establecida en el artículo 158 inciso f la trabajadora afectada
percibirá el 100% (cien por ciento) de su salario.
Artículo 3: De Forma.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores
Unidad volvemos a presentar este proyecto de ley, por cuarta vez consecutiva,
tras sucesivos bloqueos a su tratamiento por los bloques capitalistas que
dominan esta cámara. Seguimos reclamando por su urgente tratamiento para
atender un reclamo elemental de las mujeres trabajadoras.
Reproducimos a continuación los fundamentos de su presentación, realizada bajo
mi autoría, con el N° de Expte. 2535-D-2018:
La violencia de género constituye un flagelo social de envergadura en nuestro país y en
el mundo. La conmoción ante los terribles casos de femicidios que se sucedieron en el
último período –la estación terminal de una larga cadena de violencias que sufrimos las
mujeres-, dio lugar a masivas movilizaciones que irrumpieron con el #NiUnaMenos el 3
de junio de 2015 y se sucedieron a lo largo de estos últimos cuatro años, ganando en
masividad y organización del movimiento de mujeres. La lucha contra la violencia hacia
las mujeres dio lugar al desarrollo de un programa de reivindicaciones que atienen a la
subordinación de la mujer en los distintos ámbitos de su vida y, en particular, en el mundo
del trabajo. Las licencias por violencia de género es uno de los reclamos más elementales
que sigue siendo desoído por todos los gobiernos.
Tras la multitudinaria movilización por las mujeres el pasado 8 de marzo, Día
Internacional de Mujer Trabajadora, que congregó a medio millón de personas ante el
Congreso Nacional, el gobierno de Macri presentó un proyecto de ley llamado de
“equidad de género, de oportunidades y de salario”, que no supera el status de una
maniobra demagógica. Sobre el tema que nos ocupa en este proyecto, el gobierno plantea
en su proyecto que “se establecerán 10 días corridos de licencia por año por violencia
de género”. La arbitrariedad de colocar un límite de diez días anuales, más que otorgar
un derecho, es establecer una restricción que pesará exclusivamente sobre la víctima, no
sobre el golpeador. ¿Qué ocurrirá más allá del décimo día? El proyecto oficial, hasta
donde se conoce, no incorpora, en cambio, centros de ayuda las 24 horas, construcción
de casas refugio, subsidios para las víctimas, ni nada de eso.
La mujer sufre una fuerte discriminación en el ámbito laboral, generalmente con menores
salarios que los trabajadores varones, ante la cual la iniciativa oficial no da ninguna
respuesta de fondo. La gran mayoría de ellas solo consiguen trabajos precarios con
jornadas extenuantes. Sumado a esto, el Estado le impide el derecho al aborto seguro y
gratuito condenando a miles de mujeres a morir en abortos clandestinos,
mayoritariamente mujeres de la clase trabajadora. Tales son las formas que toma la
violencia contra la mujer.
Las mujeres que padecen este flagelo, no solo no tienen la contención y protección que
merecen por parte Estado, sino que no cuentan con ninguna cobertura legal que impida
a los empleadores suspenderlas o echarlas por ausentarse del trabajo.
Queremos mencionar que la falta de regulación en este punto, conduce a muchas de las
mujeres violentadas a tener que utilizar el artículo 45 del LCT de “licencia psiquiátrica”,
lo que resulta contraproducente porque esta herramienta puede redundar en un
argumento en contra de la tenencia de los hijos. Este fue el caso de una docente en Chubut
que se transformó en un caso testigo y llevó a la implementación de la licencia por
violencia en esa provincia.
Esta violencia que pesa sobre las mujeres no encuentra su fundamento sólo en un
problema de género; el tipo de organización social capitalista favorece la
descomposición social que lleva a situaciones de extrema violencia y un mayor grado de
explotación hacia las mujeres. El Estado juega un fuerte rol en este sentido, permitiendo
esa mayor explotación y discriminación laboral.
En contraposición a la farsa que propone el gobierno, nuestro planteo es que la licencia,
además, cuente con el pago del 100% del salario en el período de tiempo que dure, y que
la misma pueda ser prorrogada por todo el tiempo que resulte necesario para que la
trabajadora afectada reúna las condiciones necesarias para reinsertarse laboralmente.
El presente proyecto pretende darle un marco de protección legal a las miles de mujeres
que padecen de violencia de género y no cuentan con herramientas para conservar uno
de los elementos fundamentales que le pueden permitir avanzar hacia la separación de
su golpeador; la continuidad de su fuente de trabajo como posibilidad de su
independencia económica. Es fundamental colocar a la violencia de género como un
motivo para solicitar una licencia.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al proyecto de los Sres./as.
Diputados/as.
Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

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  Vanina Biasi: “Milei usa a sus presos políticos para amedrentar la organización popular”

  La diputada nacional visitó a Daniela Calarco que desde el 12/6 continúa privada de su libertad en Ezeiza.

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  Basta de despidos, reincorporación de todos los despedidos de la industria y del Estado

  Este viernes la Plaza de Mayo a las 16:30H será escenario de una una movilización de los sectores afectados por la ola descomunal de despidos, tanto en el sector público como privado.

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  Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.

EXPTE: 2371-D-2022

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Artículo 1° – Modificase el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744)
y su título de la manera siguiente;
De la Protección de la Maternidad y la Paternidad
Art. 177. – Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo.
a) Queda prohibido el trabajo del personal femenino o personal gestante durante
los 45 (cuarenta y cinco) días anteriores al parto y hasta 135 (ciento treinta y
cinco) días después del mismo. Sin embargo, la persona gestante podrá optar
porque se le reduzca la licencia anterior al parto, en tal caso no podrá ser inferior
a 30 (treinta) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
b) Queda prohibido el trabajo del padre o la otra persona progenitora no gestante,
durante los 10 (diez) días anteriores al parto y hasta los 80 (ochenta) días
posteriores al mismo.
No obstante, a partir de los 90 (noventa) días de licencia de la persona gestante,
los progenitores podrán optar por intercalar los 45 (cuarenta y cinco) días de
licencia restantes entre ambos.
c) Para las trabajadoras y trabajadores alcanzados en los incisos a) y b), en caso
de nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los 180
(ciento ochenta) días.
En caso de nacimiento múltiple la licencia posterior al parto se incrementará en
la cantidad de 30 (treinta) días por cada hijo. Si se tratara de niños o niñas o
adolescentes con discapacidad, enfermedad crónica o discapacidad
sobreviniente o diagnosticada dentro de los 365 (trescientos sesenta y cinco)
días posteriores al nacimiento, la licencia se incrementará en 180 (ciento
ochenta) días. En todos los casos, la extensión de la licencia se añadirá al
período de licencia obligatoria.
d) Queda prohibido el trabajo del personal femenino adoptante por 20 (veinte)
días inmediatamente posteriores a la notificación fehaciente de la resolución
judicial que otorga la guarda con fines de adopción del niño o de la niña o
adolescente y hasta 135 (ciento treinta y cinco) días después del mismo. Sin
embargo, la persona adoptante podrá optar porque se le reduzca la licencia
anterior a la notificación referida; el resto del período total de licencia se
acumulará al período de descanso posterior al otorgamiento de la guarda con
fines de adopción.
e) Queda prohibido el trabajo del personal masculino o la otra persona adoptante,
durante los 10 (diez) días anteriores a la a la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga la guarda con fines de adopción del niño o de la
niña o adolescente y hasta los 80 (ochenta) días posteriores al mismo.
No obstante, a partir de los 90 (noventa) días de licencia de la persona
adoptante, los progenitores podrán optar por intercalar los 45 (cuarenta y cinco)
días de licencia restantes entre ambos. De igual modo corresponde para las
parejas de sexo masculino, que podrán optar a quién de los dos se le extiende
la licencia en los términos contemplados en el inciso d) de la presente.
f) Para las trabajadoras y trabajadores alcanzados en los incisos d) y e), si se
tratara de adopciones múltiples, la licencia se extenderá por el plazo de 30
(treinta) días por cada hijo o hija a partir del segundo o de la segunda. Si se
tratara de niños o niñas o adolescentes con discapacidad, enfermedad crónica o
discapacidad sobreviniente o diagnosticada dentro de los 365 (trescientos
sesenta y cinco) días posteriores al nacimiento, la licencia se incrementará en
180 (ciento ochenta) días. En todos los casos, la extensión de la licencia se
añadirá al período de licencia obligatoria.
g) La trabajadora y el trabajador deberán comunicar fehacientemente el
embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. En el
caso de la trabajadora y el trabajador adoptante, deberán presentar el certificado
de nacimiento de su hijo o hija al empleador o a la empleadora, o la notificación
fehaciente de la resolución judicial que otorga en guarda con fines de adopción
al niño o a la niña o adolescente, respectivamente.
h) La trabajadora y el trabajador conservarán su empleo durante los períodos
indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de
seguridad social, que garantizarán a los mismos la percepción de una suma igual
a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
i) La trabajadora y el trabajador tendrán derecho a una licencia de 30 días en el
caso de que su hijo naciere sin vida o falleciere al poco tiempo de nacer.
j) En caso de fallecimiento de la madre o persona gestante en ocasión o como
consecuencia del parto, el padre o la persona no gestante tendrá derecho al goce
de la licencia completa posterior al parto que en éste artículo se prevé para la
madre.
k) Garantizase a toda persona gestante o adoptante, mujer, hombre o personas
trans, el derecho a la estabilidad en el empleo durante el período mencionado.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la
trabajadora y el trabajador practiquen la notificación al que se refiere el párrafo
anterior.
l) En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a
consecuencia de enfermedad que, según certificación médica, deba su origen al
embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencido aquellos plazos, la
mujer o persona gestante será acreedora de los beneficios previstos en el
artículo 208 de esta ley.
Artículo 2° – Modificase el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la
manera siguiente;
Despido por causa del embarazo. Presunción.
Art. 178. – Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer
trabajadora o persona gestante obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses
anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer o persona
gestante haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el
hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, el
despido será considerado nulo de nulidad absoluta, debiendo ser reintegrada la
mujer o persona en su puesto de trabajo abonándosele los salarios devengados
y no percibidos. La trabajadora o persona gestante podrá también optar por la
indemnización dispuesta en el artículo 182 de la presente ley.
Artículo 3° – De forma.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores
Unidad volvemos a presentar, por cuarta vez consecutiva, este proyecto de ley.
La importancia de este proyecto la revela el sólo hecho de que nuestro país se
encuentra, en materia de licencias maternoparentales, por detrás del piso de días
establecido por la OIT para las mujeres: un piso bastante estrecho que establece
el organismo internacional. Si esta suerte le cabe a las mujeres y familias
trabajadoras que están amparadas por la ley de contrato de trabajo, mucho más
dramática es la del enorme universo que trabajan en la informalidad –donde la
composición femenina es mayoritaria- y que no cuentan con ningún tipo de
protección laboral en esta materia.
El cajoneo sistemático de este tipo de iniciativas legislativas por parte de los
bloques políticos mayoritarios en esta Cámara es una radiografía del interés de
clase que defienden y los límites de una mentada perspectiva de género que
excluye a las mujeres trabajadoras y sus demandas.
El reciente anteproyecto de ley presentado por el presidente Alberto Fernández
con el apoyo de las centrales sindicales (a quienes no se les conoce una sola
acción de lucha por las reivindicaciones laborales del colectivo femenino de la
clase obrera), atiende parcialmente la problemática que aquí tratamos, ya que
amplía el piso mínimo que tenemos actualmente en nuestro país, pero por detrás
de lo establecido en este proyecto y de aún de muchos otros países. Establece
asimismo un régimen de progresividad desde la sanción de la ley que finalmente
dependerá de su efectiva aplicación. Finalmente, no equipara la situación de
trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares que, de este modo,
son reforzadas como una responsabilidad individual de la mujer trabajadora.
Lejos de un planteo progresivo en materia de las tareas de cuidado, el proyecto
del gobierno reproduce los mecanismos necesarios para sostener la división
social del trabajo actual.
La propuesta del Poder Ejecutivo Nacional es al mismo tiempo un proyecto de
ley “ómnibus” –que incorpora sendas modificaciones a un amplio abanico de
normativas (cuenta con 91 artículos)- que da cuenta de su dudoso tratamiento
legislativo. Por ese motivo desde la banca del Frente de Izquierda, insistiremos
con nuestro paquete de proyectos particulares, atendiendo cada una de las
demandas esgrimidas en el proyecto del PEN, desde una perspectiva integral de
defensa de los derechos de las mujeres y disidencias de la clase trabajadora.
El mega proyecto del gobierno, no sobra decirlo, no altera un sistema laboral en
el cual más de la mitad de la población trabajadora activa se encuentra
precarizada y bajo situaciones de empleo no registrado, y donde dentro de esta
mayoría, el porcentaje de mujeres es superlativamente abrumador. Asimismo,
tiene como principal promotor de su financiamiento a las trabajadoras y los
trabajadores –un sistema regresivo basado en la reducción de aportes
patronales que sostuvieron y agravaron todos los gobiernos desde Menem y
Cavallo hasta nuestros días.
En lo que respecta al presente Proyecto de ley, se extienden las licencias por
maternidad y paternidad entendiendo que el desarrollo de los niños en la infancia
temprana, contenido por la presencia de ambos progenitores, es fundamental
para su bienestar y su desarrollo ulterior como persona. A su vez reconoce lo
estipulado en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes Nro. 26.061 que indica en su artículo 7 que “El padre y la madre
tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta
al cuidado, desarrollo y educación de sus hijos “.
Entendemos, además, que esta necesaria modificación al LCT, que estipula la
posibilidad de intercalar el tiempo de licencia a partir de los 90 (noventa) días
entre el padre, o persona no gestante, y la madre, o persona gestante, avanza
en la concreción de lo estipulado en la Ley 26.485 en su artículo 3, inciso (j), que
reza “La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y
mujeres”, ya que históricamente la crianza de los hijos fue considerada una tarea
exclusiva de la madre, cargando a la mujer de las tareas de; trabajar para
ganarse el pan, realizar las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Esta tiple
opresión hacia las mujeres es una forma cotidiana que toma la violencia que se
imparte sobre ellas. Por lo tanto, vemos que esta modificación puede constituir
un aporte a mejorar este aspecto tan naturalizado en nuestra sociedad.
Los mismos principios son reproducidos para el caso de las personas
adoptantes, considerando los derechos de la diversidad sexual y de género de
las distintas parejas adoptantes.
Por los argumentos expuestos y porque las madres y padres, o personas no
gestantes, también tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos a la par
de las madres es inadmisible que nuestra legislación actual se mantenga tan
ajena a esta realidad. Es urgente avanzar sobre el debate de esta modificación.
Asimismo, atentos a la Ley de Matrimonio igualitario Nro. 26.618 que supone,
además del matrimonio, la formación de familias con personas del mismo sexo,
es menester que la legislación laboral contemple el reconocimiento de sus plenos
derechos.
La actual legislación dictada por la Ley de Contrato de Trabajo (20744) se
encuentra muy por detrás incluso de lo que dispone la OIT que establece que
“Su licencia de maternidad debe durar por lo menos 14 semanas.” Este retraso
en la reglamentación argentina debe revertirse atento a las necesidades
sociales.
Solicitamos el acompañamiento del presente Proyecto para su pronto
tratamiento.
Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

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  Vanina Biasi: “Milei usa a sus presos políticos para amedrentar la organización popular”

  La diputada nacional visitó a Daniela Calarco que desde el 12/6 continúa privada de su libertad en Ezeiza.

• 
  Basta de despidos, reincorporación de todos los despedidos de la industria y del Estado

  Este viernes la Plaza de Mayo a las 16:30H será escenario de una una movilización de los sectores afectados por la ola descomunal de despidos, tanto en el sector público como privado.

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  Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.

EXPTE: 2372-D-2022

IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIOS EN EL ÁMBITO LABORAL Y
ESPACIOS PÙBLICOS Y PRIVADOS
Artículo 1.- Objetivo. Implementar la disponibilidad, en el espacio público y
privado, de las condiciones necesarias para promover la lactancia materna,
respetando el derecho de las mujeres a amamantar en condiciones de higiene y
seguridad.
Artículo 2.- Disponer el establecimiento de lactarios en los siguientes espacios;
a) Espacios públicos; establecimientos educativos; dependencias del
Estado, parques nacionales, provinciales, municipales; plazas, estaciones de
trenes y subtes.
b) Espacio privado; establecimientos laborales, educativos y de
esparcimiento.
Artículo 3.- Llevar adelante un control sobre la higiene de los lactarios
dispuestos. Los mismos deben encontrarse en un espacio cuidado que permita
a las madres trabajadoras extraer su leche materna en condiciones de higiene,
seguridad y comodidad y su almacenamiento.
Artículo 4.- Es autoridad de aplicación de la presente ley, la que determine el
Poder Ejecutivo Nacional, quien debe coordinar su aplicación en los distintos
espacios.
Artículo 5.- Modifíquese el artículo 179 de la ley 20.744 que quedara redactado
de la siguiente manera:
“Art. 179. -Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de
media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo,
y por un período no superior a dos (2) años posteriores a la fecha del nacimiento,
salvo que por razones médicas y/o de creencias religiosas sea necesario que la
madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado. El empleador deberá
habilitar salas maternales y escuelas escolares para niños/as hasta la edad y en
las condiciones que oportunamente se establezcan.
Artículo 6.- De forma.-

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,
Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores
Unidad volvemos a presentar este proyecto de ley, por cuarta vez consecutiva,
tras sucesivos bloqueos a su tratamiento por los bloques capitalistas que
dominan esta cámara. Seguimos reclamando por su urgente tratamiento para
atender un reclamo elemental de las mujeres trabajadoras.
Reproducimos a continuación los fundamentos de su presentación, realizado bajo mi
autoría, con el N° de Expte. 2537-D-2018:
Hace dos años se conoció la denuncia de Constanza Santos, quien publicó en
su muro de Facebook que dos mujeres policía de San Isidro la desalojaron
violentamente de la plaza pública donde estaba amamantando a su bebé. La
policía local blandió falsamente la existencia de una ley que prohibiría
amamantar en público, un abuso policial que fue legitimado en varias instancias
estatales posteriores a las que se dirigió la denunciante -dos comisarías, la
fiscalía y el juzgado de la zona.
Al caso de Constanza se suman numerosos casos de mujeres que, sin recursos
para convertir la persecución estatal en denuncia y en lucha por un derecho,
fueron removidas de distintas calles de nuestro país.
Los criterios oscurantistas que priman sobre la exposición del cuerpo de la mujer
-como ocurre en los casos de censura a madres que amamantan- han conducido
a todo tipo de atropellos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta
situación dio lugar a importantes movilizaciones en nuestro país bajo el lema de
“tetazo” –tal es el caso de la concentración en Obelisco que tuvo lugar en febrero
de 2017 luego de que 20 policías impidieran a tres mujeres tomar sol en topless
en un balneario de la localidad bonaerense de Necochea.
La censura contra el amamantamiento en público tiene una larga data y no sólo
criolla. A principios de año en Inglaterra se desató una fuerte polémica luego de
que un restaurante obligara a una mamá a taparle la cara a su bebé con una
servilleta mientras amamantaba, lo que empujó al premier Cameron a pronunciar
un discurso a favor de la lactancia. Algo similar sucedió en los EE. UU también
a inicios de año. El antecedente más resonante es el que se produjo hace unos
años en Guadalajara, México cuando un corrimiento similar de una mujer
amamantando en un Centro comercial, desató una manifestación masiva de
mujeres dando de amamantar en Plazas de todo el país.
La idea de que el amamantamiento deber ser un acto privado corresponde a una
realidad social en la cual la crianza y el cuidado de los niños son tareas privativas
de la familia nuclear y particularmente de la mujer, cuyas labores se realizan de
espaldas a la sociedad, con sacrificio y entrega.
La sanción de la exhibición de las tetas como una parte impúdica del cuerpo de
la mujer, es favorable a la mercantilización del cuerpo femenino por cuya
exhibición se beneficia la industria de la pornografía y otras industrias. Todo lo
que implique la comercialización del cuerpo femenino es intocable para el Estado
y sus representantes: la misma comisaría llena sus arcas con las coimas de los
prostíbulos de la zona que esclavizan tetas por importantes sumas de dinero. Ni
se les pasaría por la cabeza interrumpir este proceso de comercialización de los
cuerpos femeninos.
La condena al amamantamiento en público no proviene de personas aisladas
timoratas o educadas en el atraso, ellas sólo expresan las consecuencias. La
degradación de esta actividad exclusiva de la mujer, proviene de lineamientos
impartidos desde el Estado.
Argentina formalmente responde a las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud relativas a la importancia de la lactancia para la salud del
bebé entre los 6 meses y 2 años de vida, las condiciones materiales para el
amamantamiento y el cuidado de la primera infancia distan mucho de ser las
adecuadas.
Con un 40% de trabajo en negro, con una gran parte de la población femenina
sumergida en la pobreza, la lactancia se convierte en una invisible tabla de
salvación para los niños y la madre, condenada socialmente. Una mujer lactante
inserta en el mercado laboral en negro, no tiene ni chaces de reclamar por este
derecho. Gracias si logra mantener el trabajo habiendo quedado embarazada.
El pretendido fanatismo por las mujeres y sus frutos, no son más que otro
discurso hipócrita que se desvanece frente a la realidad que se les impone a la
mayoría.
La Ley de Contrato de Trabajo establece dos descansos de media hora para que
la trabajadora amamante en su domicilio o en lugares privados destinados a tales
fines, pero existe un vacío legal sobre la obligación del Estado y las patronales
de disponer espacios acordes para la lactancia, ya sean salas maternales o
guarderías (Iprofesional ) . Dado que la mayoría de los
establecimientos públicos y privados no disponen de lactarios o espacios
acordes, las mujeres trabajadoras suelen juntar ambos recesos en uno de una
hora para “escaparse” a algún lugar donde dar la teta, o recurren a las leches
fortificadas, una rama importante para el negocio de las empresas lácteas. Dar
la teta, no es negocio, incrementa el costo laboral y en definitiva, pertenece a las
tareas femeninas que debieran ser realizadas en cualquier circunstancia sin
pedir nada al respecto.
De manera pública o privada, relajadas o en pleno proceso de socialización,
divirtiéndose o atravesando un trauma, la modalidad de dar la teta debe poder
ser elegida, en la medida de sus posibilidades, por la mujer. La decisión de no
dar la teta también debe convertirse en una elección respetada. Como sea, la
decisión de la mujer debe dejar de ser degradada en el altar de principios
sociales creados interesadamente para preservar un orden social violento y
estigmatizante.
Por las razones expuestas, llamamos a los/as sres/as diputados/as a acompañar
el presente proyecto.
Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

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  Vanina Biasi: “Milei usa a sus presos políticos para amedrentar la organización popular”

  La diputada nacional visitó a Daniela Calarco que desde el 12/6 continúa privada de su libertad en Ezeiza.

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  Basta de despidos, reincorporación de todos los despedidos de la industria y del Estado

  Este viernes la Plaza de Mayo a las 16:30H será escenario de una una movilización de los sectores afectados por la ola descomunal de despidos, tanto en el sector público como privado.

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  Ante la defensa de Patricia Bullrich hacia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la diputada Vanina Biasi declaró contra la ministra.