Repudio ante las últimas declaraciones realizadas por el diputado nacional Javier Milei en donde defendió la venta de órganos como “un mercado más”

03/06/2022

Expediente 1566-D-2022

Proyecto de declaración

Art 1º.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia enérgicamente las últimas declaraciones realizadas por el diputado nacional Javier Milei en donde defendió la venta de órganos como “un mercado más”.

Fundamentos

En las últimas semanas el diputado nacional Javier Milei, quien fue electo por la Ciudad de Buenos Aires en el 2021, viene desarrollando un discurso polémico para colocarse en el centro de la escena de cara a las elecciones 2023. El mismo pone de relieve un contenido reaccionario, anti obrero y peligroso. A las anteriores declaraciones referidas a la venta libre de armas, o a la apertura de cárceles nacionales privadas se suma el planteo de la libre comercialización de órganos.

El argumento principal que sustenta todo su planteo se basa en la supuesta libre voluntad de los individuos, un concepto abstracto que descarta cualquier elemento del contexto socioeconómico. El primer elemento que omite el diputado es que los “individuos” que venden sus órganos pertenecen a una clase social concreta, son trabajadores que no actúan por una libre decisión, sino por una necesidad de subsistencia. Por el contrario quienes comercializan y venden tales órganos forman parte de otra clase social concreta, la capitalista que en esa rama clandestina e ilegal de la economía cosecha ganancias multimillonarias a nivel global como sucede también con las redes de trata y el narcotráfico.

Los trabajadores que se ven obligados a vender sus órganos lo hacen condicionados por un régimen social y económico. En su etapa actual, el capitalismo sólo ofrece a los trabajadores salarios de miseria, reformas que degradan los derechos laborales allí donde hay convenios colectivos de trabajo, una extendida informalidad laboral para no garantizar esos derechos, asistencias monetarias miserables para quien no consigue trabajo y ningún plan de desarrollo económico que realmente genere trabajo. El no acceso al alimento, a la vivienda, a la salud y educación pública de calidad es la regla en la vida de cualquier trabajador. Siendo el 50% de la población argentina privada de estos derechos, el planteo de la promoción de la venta de órganos como “un mercado más” apunta no sólo a reivindicar a los sectores capitalistas que se enriquecen en él, sino también a presentar ante el conjunto de la población las necesidades sociales de los trabajadores como decisiones individuales que nada tienen que ver con el sistema que habitamos.

Por otro lado, el diputado da cuenta de una doble moral. Entrevistado por Lanata para Radio Mitre declaró “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?” (Infobae, 2/6) Sin embargo, al referirse al cuerpo de las mujeres que deciden libremente frenar un embarazo no deseado su posición era la de las iglesias oscurantistas. En consonancia con sus anteriores declaraciones negacionistas de la desigualdad social entre hombres y mujeres, la falta de rigor científico no es una torpeza sino una decisión consciente de una fuerza política que se origina como reacción al movimiento de mujeres.

Conmemoracion del 1ero de Mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, y reivindica su carácter de lucha contra los capitalistas, sus Estados y sus gobiernos

26/04/2022

Expediente 1178-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1°- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora el 1ero de Mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, y reivindica su carácter de lucha contra los capitalistas, sus Estados y sus gobiernos y se pronuncia por el rechazo al pacto con el FMI, por el salario y el trabajo, contra la represión a los que luchan, contra la Guerra en Ucrania: Guerra a la Guerra, fuera la Otan y el FMI, abajo la burocracia de Putin.

FUNDAMENTOS

En 1889, al cumplirse el centenario de la Revolución Francesa, cuando la clase burguesa de todo el mundo, se reunió en París, para celebrar la consolidación de su régimen, simultáneamente se estaba fundando la Internacional Socialista (IS), conocida como II Internacional, para unir a “los proletarios del mundo” en su lucha contra el capital y por el socialismo. Una resolución del congreso fue convocar una movilización internacional de los trabajadores, el 1° de Mayo. Como reivindicación destacada: la lucha por la jornada de 8 horas, reduciendo drásticamente las 10-12 horas cotidianas de labor vigentes.

Se terminó imponiendo mundialmente al finalizar la Primera Guerra Mundial, después de 30 años de dura lucha. La clase obrera argentina participó desde el primer 1° de Mayo en 1890. Las movilizaciones de los 1° de Mayo eran prohibidas y reprimidas. En 1909 una salvaje represión costó la vida de 14 trabajadores, 80 heridos de bala y numerosos detenidos. Provocó una huelga general de 8 días, sostenida por todas las corrientes obreras (anarquistas, socialistas).

La burguesía trató de hacer desaparecer el carácter de lucha clasista del 1° de Mayo. Primero lo transformó en un día feriado con Yrigoyen. Luego con Perón, en la “fiesta del trabajo” con festivales, carrozas e incluso elección de la “reina del trabajo”.

Pero, frente a cada crisis, los 1° de Mayo, vuelven a emerger como jornada de lucha por los reclamos obreros.

Es imposible que alguien plantee que el 1° de Mayo de este año es un día de fiesta para los trabajadores. El salario real y las jubilaciones retroceden sistemáticamente, el trabajo precario y superexplotador crece, el hambre se instala en sectores enteros del pueblo. Es el gobierno de Alberto y Cristina Fernández quien ejecuta un plan de ajuste contra el pueblo trabajador, acordado-dictado por el FMI, con apoyo –en este aspecto- de toda la clase patronal.

En la crisis hay sectores burgueses que se enriquecen más que nunca. La guerra de Ucrania y la crisis económica capitalista llevó el precio de los alimentos (granos, carne, aceites) por las nubes. Significa superganancias del capital agrario, bancos, exportadoras e industriales. Al mismo tiempo, mayor empobrecimiento para los trabajadores que sufren una inflación pavorosa que achica su capacidad de consumo. La inflación de marzo último fue del 6,7% pero la canasta básica de consumo subió 7,2%.

Las masas trabajadoras se encuentran maniatadas por las direcciones sindicales burocráticas. La dirección burocrática de la CGT no llama a movilizar este 1° de Mayo. Por el contrario, declara que va a persistir en el “diálogo” con las entidades empresarias; con aquellos que remarcan a diario los precios que debemos pagar los trabajadores. La burocracia de la CGT apoya al gobierno de Alberto Fernández y a sus ministros de Economía (Guzmán) y de Trabajo (Moroni), que ejecutan el ajuste del FMI.

Guzmán viajó a Washington a rendir cuentas ante la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, del ajuste que está imponiendo a los trabajadores. Ha sobrepasado las metas fijadas en reducción del déficit fiscal, informó. Lo ha hecho instrumentando la inflación que licua los salarios y jubilaciones y acrecienta la recaudación gubernamental sobre mayores precios que pagan los trabajadores-consumidores. En lugar de “llenar la heladera” como prometieron Alberto y Cristina en la campaña electoral, la están terminando de vaciar (consumo de carne en caída). A esta vorágine inflacionaria se le sumarán ahora los “tarifazos”.

La burocracia sindical afirma que con la reapertura de paritarias va a lograr “con responsabilidad, pero con firmeza, recuperar el valor real de los salarios en las mesas de negociaciones”. Pero hasta ahora el salario real viene retrocediendo. Por cuarto año consecutivo, el salario real cayó en el 2021. La burocracia ha entregado “en las negociaciones” paritarias, con “responsabilidad”, aceptando las pautas del gobierno, no reconquistando las pérdidas salariales. Este cuatrimestre se aceleró el salto inflacionario. El título de la declaración cegetista (“La única salida a la crisis es con más producción y trabajo”) indica que estamos marchando a una nueva entregada burocrática. Plantea que va a discutir gremio por gremio y rama de actividad por rama, porque “cada organización sindical conoce mejor que nadie las necesidades de sus trabajadores y las posibilidades empresarias de su sector”. Significa que va a vender “reformas laborales”-pérdidas de conquistas- por algún centavo extra.

Los pliegos de reclamos obreros para las paritarias deben ser discutidos y votados en asambleas de fábrica y asambleas generales sindicales, los paritarios electos por las bases (y revocables en caso de no defender los mandatos votados) y los acuerdos aprobados también en asambleas generales. Democracia sindical y no dictadura burocrático-patronal-gubernamental contra los trabajadores.

Los piqueteros del agrupamiento papal de San Cayetano (Movimiento Evita de Emilio Pérsico, Somos Barrios de Pie de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete) anunciaron que harán una marcha el 1° de Mayo. Pero se trata de una marcha de apoyo al presidente Fernández; de apoyo a la política que está ejecutando contra la clase obrera: los bajos salarios y jubilaciones, el trabajo precario, la inflación. Afirman movilizarse para defender un proyecto –que todavía siquiera presentado- de impuesto a las “rentas inesperadas”, sobre empresas que ganan más de 1.000 millones de pesos. No se sabe de cuánto es el monto de ese pretendido impuesto, pero sí la garantía de que tocaría solo al 1% de los monopolios, no a las fortunas personales, ni al campo, etc. Con ese dinero, afirman, se respondería a la “deuda social” que tiene la sociedad capitalista con los trabajadores. Ese proyecto, además de totalmente insuficiente y manejado en forma arbitraria, no tiene vistas de salir. El Congreso directamente no funciona porque los diferentes bloques burgueses oficialistas y opositores están divididos y no pueden garantizar mayorías en las votaciones. La “propuesta” es un engaña pichanga para mantener alguna expectativa en el gobierno.

El presidente dijo en el congreso del Movimiento Evita que el acuerdo que firmó con el FMI “no se dio en un marco de ajuste, no somos un gobierno que ajusta, somos un gobierno que invierte y que ayuda a los que menos tienen, como lo hicimos con el incremento excepcional”, del nuevo IFE. ¿Y la inflación qué es?

La burocracia cegetista y piquetera habla de la “sensibilidad social” del gobierno que toma medidas paliativas como el nuevo IFE a los desocupados. Pero es una “sensibilidad” muy limitada, porque decreto un bono de 18 mil pesos a pagar en 2 cuotas, cuando en el 2020 había otorgado 30 mil pesos en 3 cuotas, y en el ínterin la inflación superó el 100%.

Juan Grabois, el dirigente de la CTEP, también se comprometió a participar de la marcha de los piqueteros oficialistas santificados por el Papa. No se puede estar con Dios y el Diablo, dice el refrán popular.

Aunque se lo haga aparecer como una concesión producto de la “sensibilidad” de Alberto Fernández, a nadie se le escapa que es un subproducto de las masivas marchas y acampes piqueteros. Una concesión insuficiente.

Por su lado, La Cámpora kirchnerista lanzó una campaña con afiches, mesas y actividades con recolección de firmas incluidas planteando “Que la deuda la paguen los que la fugaron”. Otra burla a la juventud y al pueblo trabajador. Se trata de un blanqueo (uno más) de capitales que cada tanto realizan los gobiernos para que se repatrien y legalicen fondos evadidos o de actividades ilegales. Por otra parte, es un nuevo reconocimiento K de su disposición a pagar al FMI y los “Fondos de Inversión” de los especuladores.

El FIT-U convocó un acto central en Plaza de Mayo y las plazas frente a las gobernaciones provinciales, con banderas independientes, clasistas y de lucha. “Abajo el Pacto del gobierno con el FMI”. Se trata de un acto de la izquierda y las luchas obreras y populares. El FIT-U mantiene vigente la “tradición” clasista e internacionalista del 1° de Mayo. Jornada de Lucha, Jornada de Protesta Obrera y Popular. Será una tribuna para denunciar la política del gobierno y la clase burguesa, para plantear un programa alternativo de los trabajadores y la necesidad de un plan de lucha para derrotar los ajustes.

Pedido de informes por la entrega en mal estado del servicio alimentario en las escuelas públicas de Moreno..

10/04/2022

SOLICITUD DE PEDIDO DE INFORMES

VISTO las denuncias recibidas por la comunidad educativa de la primaria 49 y la primaria 25 en relación al servicio alimentario escolar.

Que actualmente no hay comedores dentro de los establecimientos escolares y por ese motivo se brindan viandas a las instituciones.

Que la comunidad denuncia que han llegado porciones de tartas en mal estado para el almuerzo de sus hijo/as dentro del establecimiento.

Que existen otros establecimientos donde les ha llegado el mismo producto.

Que las porciones de tarta que han llegado son muy pequeñas para considerarlas un “almuerzo”.

Que no es la primera vez que ocurre este tipo de irregularidades en relación al servicio alimentario escolar.

 

CONSIDERANDO que el SAE es esencial para garantizar la alimentación de cada uno de los alumnos, atendiendo la gran necesidad nutricional que existe en las niñas y niños de Moreno, distrito donde abunda la miseria y la pobreza, y por ello, la alimentación brindada por el Estado a través de las instituciones escolares se vuelve imprescindible.

Que el servicio alimentario escolar es gestionado actualmente por el Municipio y que el servicio depende de la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario.

Por lo expuesto precedentemente, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, en uso de las facultades que le son propias resuelve solicitar un pedido de informe sobre:

  1. El listado de proveedores del servicio alimentario escolar;
  2. La forma de adjudicación;
  3. Los montos que se abona a dichos proveedores;
  4. Los informes bromatológicos realizados sobre los productos en cuestión;
  5. El listado de escuelas donde el proveedor entregó dichos productos en mal estado.

Repudio al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por haberle solicitado al gobierno nacional que le quite los planes sociales a las personas que participan de movilizaciones populares

07/04/2022

Expediente 1009-D-2022

Proyecto de Declaración:

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su más enérgico repudio al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por haberle solicitado al gobierno nacional que le quite los planes sociales a las personas que participan de movilizaciones populares. Tal pedido constituye una criminalización de la protesta social de características inusitadas, en momentos donde el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país está en el pleno crecimiento.

Del mismo modo la Legislatura de la Ciudad Autónoma e Buenos Aires repudia los dichos del Jefe de Gobierno afirmando que las familias llevan a sus hijos a las manifestaciones para usarlos como “escudos humanos”. Estamos ante una infamia contra las familias pobres de la Ciudad y del Conurbano Bonaerense, que en muchos casos concurren a las manifestaciones con sus hijos por la falta de vacantes en el sistema de educación pública. Solo en la Ciudad de Buenos Aires esa falta de vacantes asciende a más de 30.000, concentrándose especialmente en el ciclo inicial de la zona sur de CABA.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia al Jefe de Gobierno, le exige que no tome ninguna medida sancionatoria contra quienes participen en manifestaciones y reclama al gobierno nacional y de la Ciudad que atienden de inmediato los reclamos elevado por las organizaciones sociales.

Fundamentos

Luego de las declaraciones del ministro Juan Zabaleta, que fueron tomadas como una apriete contra el movimiento piquetero, el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que el gobierno nacional profundice el ataque contra las y los desocupados, coordinando la represión y aplicando sanciones y bajas en los planes sociales, mientras crece la pobreza al calor de una inflación explosiva.

La tesis de que las organizaciones piqueteras “toman de rehenes” a los manifestantes y la insistencia de que el derecho a manifestarse se encuentra por detrás del derecho a la libre circulación –aunque este se afecte solo parcialmente- son los latiguillos de las fuerzas políticas patronales y del gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional para arremeter contra las organizaciones piqueteras.

Valiéndose del ejemplo facilitado por Zabaleta y el gobierno, con la quita de los planes sociales a quienes ellos imputan como responsables de los incidentes en el Congreso cuando se votó el pacto con el FMI, Larreta reclama que se extienda el mismo tratamiento para las y los desocupados que se manifiestan por sus reclamos.

La idea de que las organizaciones piqueteras “extorsionan” a las familias para que se movilicen, bajo la amenaza de darles de baja, se inscribe en una provocación total ya que es el Estado el único capaz de extinguir un plan social, no las organizaciones. Algo que se agravaría con el pasaje de los programas sociales a los intendentes, como intenta forzar el gobierno y apoya hasta la derecha de Milei.

Invirtiendo la carga de los acontecimientos, desde la Ciudad afirman que los manifestantes “usan a los chicos y a las mujeres como escudos para que la Policía no los desaloje”, cuando en verdad se utiliza “discrecionalmente” a las fuerzas represivas para cometer todo tipo de atropellos, desde la requisa de carpas y mantas a la provocación, represión y detención de manifestantes cuando desconcentraban tras el acampe piquetero.  El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, eligió a las madres más pobres como eje de sus ataques. Para desanimar la protesta social y para armar las condiciones para reprimirla, reclama que se le retiren los planes sociales, incluida la AUH, específicamente a las madres de los chicos pobres argumentando que ellas los llevan a los piquetes y no al colegio.

Mediante esta declaración queremos reafirmar que no es el Estado el que fomenta el acceso a la educación de los chicos y menos aquel que está en manos de un gobierno que supo confesar que no iban a hacer nada para que, lxs chicxs que salieron de la escolarización en pandemia, volvieran a los colegios sino que son las mujeres más pobres las que se abren paso para darle a sus hijxs el acceso a la educación que los gobiernos les niegan.

El gobierno nacional mantiene diálogo con el ministro represivo de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, para coordinar operativos represivos que impidan el derecho a manifestarse de las y los trabajadores desocupados en el marco del ajuste planteado por el gobierno y su pacto con el FMI.

La idea sería que las fuerzas federales impidan el acceso de los manifestantes a las estaciones de tren y/o el ingreso a CABA con elementos para acampar, lo cual sería un hito en la creación pretoriana de derecho, instaurando el delito de “portación de carpa”. Para esta iniciativa apelan a la buena voluntad y experiencia represiva del ministro Aníbal Fernández, quien cuenta con su cuota de experiencia en la Masacre de Avellaneda.

Si el gobierno está decidido a terminar con los planes sociales la única salida que ni implique un retroceso en los derechos adquiridos de la población trabajadora implica la creación de trabajo genuino, con salario y convenio colectivo, en los municipios y/o en la obra pública provincial y nacional. Y mientras se genera el empleo, la garantía de un seguro universal al desocupado que impide que millones de familias sigan en la pobreza.

Conmemoración a los excombatientes y caídos de la Guerra de Malvinas a 40 años del inicio de la guerra, reivindica la soberanía argentina de las Islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y su espacio marítimo, que solo será posible rompiendo y repudiando al imperialismo, sus Estados, sus organizaciones militares y sus organismos financieros, que continúa provocando guerras en todo el planeta

29/03/2022

Expediente 887-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1° – La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires conmemora a los excombatientes y caídos de la Guerra de Malvinas a 40 años del inicio de la guerra, reivindica la soberanía argentina de las Islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y su espacio marítimo, que solo será posible rompiendo y repudiando al imperialismo, sus Estados, sus organizaciones militares y sus organismos financieros, que continúa provocando guerras en todo el planeta.

FUNDAMENTOS

La dictadura encabezada por Galtieri aseguraba proceder para  “recuperar (…) las Islas Malvinas.” Sin embargo, los motivos pasaban por otro lado. El gobierno militar enfrentaba una profunda crisis económica: quiebra de bancos y empresas, desempleo, inflación, peso asfixiante de la deuda.

En ese contexto se daba la recomposición de las luchas obreras y populares desde 1981 , como la huelga de metalmecánicos en junio a las 10 mil personas que el 7 de noviembre habían cantado que “se va a acabar la dictadura militar”. La crisis era tal, que los sectores que habían apoyado a los militares, como la UIA, Sociedad Rural, los bancos empezaban a despegarse del régimen.

Junto a ellos, los partidos de la burguesía comenzaron a preparar un recambio, que reabra la participación democrática, pero en favor de los mismos intereses económicos beneficiados con el golpe del 76. Así, se conformó la multipartidaria, entre el PJ, la UCR, y otros sectores. Pronto recibió la bendición de la Iglesia, y hasta del Partido Comunista. Todos juntos propusieron la reconciliación con los militares genocidas.

Se preparaba un cambio de régimen “controlado”. Hasta sectores de la burocracia sindical colaboracionista convocaron paros y movilizaciones. La clase obrera, muchas veces superando la contención de las burocracias, luchó y  encontró un canal para manifestar su descontento.

El otro tema fundamental en una eventual transición eran los crímenes de la dictadura.

Los crecientes reclamos populares y la inclaudicable lucha de Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos, incluso bajo el régimen de hacían imposible de ocultar las desapariciones de 30 mil trabajadores y trabajadoras y los miles de presos y torturados, incluyendo a reclutas en Malvinas.

Los milicos querían garantías de impunidad y los partidos patronales estaban dispuestos a negociarlas. Pero debían derrotar la lucha popular por la aparición con vida y el castigo a los culpables.

 Así, otro de los propósitos de la incursión militar en Malvinas residía en encolumnar a muchos sectores tras la dictadura decadente. Con el supuesto accionar “nacionalista”, quería imponer el “olvido” de sus crímenes y una “reconciliación” nacional, colocando en un lugar secundario “la cuestión de los desaparecidos”.

La aventura militar en Malvinas apuntaba a reconstruir un régimen que se despedazaba. A pesar de que la dictadura mostraba la guerra como el intento de recuperación de un territorio ocupado por Inglaterra, la realidad era la contraria. La acción tenía una apariencia antiimperialista, pero su proyección real era un mayor sometimiento al imperialismo. 

En primer lugar, porque la dictadura genocida quería apoyarse en el imperialismo norteamericano para este “desplazamiento” del británico. Tanto es así que está documentada la oferta de instalación de bases militares yanquis en unas hipotéticas “Malvinas recuperadas”.

La colaboración de la dictadura con el imperialismo yanki no era una novedad: Argentina, por ejemplo, envió oficiales a colaborar con los Contras, la milicia financiada por los yanquis contra la revolución sandinista en Nicaragua. Era parte de una política contrarrevolucionaria organizada por el imperialismo norteamericano en toda América, como demostró el Plan Cóndor.

Los milicos soñaban con que los servicios prestados a los yankis pudieran cobrarse con algún tipo de apoyo en la guerra, lo cual desde luego no pasó. En realidad, ocurrió lo contrario: el gobierno norteamericano colaboró abiertamente con la flota inglesa durante la guerra. 

En segundo lugar, la dictadura militar no tomó ninguna medida que afectara al capital británico, como la confiscación de la banca o de sus empresas. Muy por el contrario, dijo que “estaría dispuesto a ofrecer a la British Petroleum y otras empresas británicas una participación en la explotación de los recursos en la región, lo mismo que facilidades para su flota.

La derrota de Thatcher y Reagan habría sido un hecho antiimperialista de relieve, favorable a las masas de todo el mundo. Lo demuestra que la victoria imperialista en la guerra rescató a un gobierno en profunda crisis -el de Thatcher- que salió reforzado para emprender una brutal ofensiva contra los trabajadores de su país, como la derrota de la gran huelga minera y las privatizaciones posteriores.

Pero la dictadura genocida no tenía ningún interés en enfrentarlos de verdad. En ningún momento del desarrollo de la guerra se dejó de pagar la deuda externa; nunca se organizó boicot económico contra los intereses del imperialismo y hasta se siguió subsidiando a sus empresas.

Hay un discurso muy difundido según el cual “todo el mundo apoyó la ocupación de las Malvinas por parte de la dictadura”. ¿Es verdad que  “la sociedad así lo quiso”? Hay que ponerle nombre y apellido a ese “apoyo”: en primer lugar, los principales partidos políticos del sistema, como la UCR y el PJ. 

La Iglesia también fue contundente en su adhesión. La burocracia sindical y las cámaras empresariales se encolumnaron tras la iniciativa de Galtieri. 

El 6 de abril de 1982, cuando la Junta Militar organizó en Malvinas el acto de asunción del gobernador designado (general Mario Benjamín Menéndez), viajó una delegación que incluía a dirigentes del PJ, la UCR y otros partidos; los presidentes de la Sociedad Rural y la UIA; jerarcas de la Iglesia. También la burocracia sindical aportó una nutrida delegación, con Ubaldini y Triaca, entre otros. Junto a ellos participó ni más ni menos que Jorge Rafael Videla. 

Luego, el 10 de abril, tuvo lugar una convocatoria en Plaza de Mayo por parte de estas fuerzas sociales. 

Hubo, sin embargo, voces alternativas. El 4 de abril, el periódico antecesor de Prensa Obrera rechazaba la acción de la dictadura. Además, decía: “Cualesquiera sean las derivaciones de la crisis internacional como resultado de las contradicciones y alianzas entre yanquis e ingleses y entre la dictadura y ambos, la ocupación de las Malvinas no es parte de una política de liberación e independencia nacionales, sino un simulacro de soberanía nacional, porque se limita a lo territorial mientras su contenido social sigue siendo proimperialista”.

Este rechazo al accionar de la dictadura y la denuncia a las fuerzas burguesas no se confundía con neutralidad alguna si la guerra de Malvinas contra Inglaterra efectivamente se desarrollaba: “no por patrioterismo, sino por autentico antiimperialismo planteamos: ‘guerra a muerte, guerra revolucionaria al imperialismo’”. Esta tarea, sin embargo, está reservada para una lucha masiva dirigida por la clase obrera y no para una dictadura de torturadores entregados a los compromisos con el imperialismo.

La crisis económica que afrontaba el régimen de facto era generalizada antes de la guerra. Entre 1980 y 1981, los conflictos obreros se multiplicaron por tres en relación con los primeros años de la dictadura. La desocupación y subocupación habían pasado de un 9,2 a un 12,7 por ciento y el salario real había descendido un 40 por ciento respecto de 1974.

A mediados de 1981, distintas plantas mecánicas se habían movilizado frente a un reguero de cierres y suspensiones, lo que llevó a una huelga general el 17 de junio y a la detención en masa de más de mil trabajadores frente a la sede del Smata.

 Por primera vez, la clase obrera le disputó las calles a la dictadura en base a la presencia organizada de columnas fabriles.

 El carácter creciente de este proceso tuvo su momento emblemático en la gran movilización obrera del 30 de marzo de 1982, “la mayor movilización obrera bajo la dictadura”.

 En esa jornada decenas de miles de trabajadores pelearon cuerpo a cuerpo con las fuerzas represivas y marcaron un antes y después.

De palabra, todos los gobiernos desde 1983 a la fecha dijeron “reivindicar el reclamo de soberanía en Malvinas”. Más allá de las diferencias de estilo de cada gobierno, ninguno planteó un choque en serio con el imperialismo. Raúl Alfonsín, de hecho, logró la bendición temprana del imperialismo con su rechazo a la ocupación de Malvinas. 

 Es cierto que algunos llegaron al colmo del cipayismo, como Menem reivindicando las relaciones “carnales” (sic) con el imperialismo y la política de “seducción” hacia los kelpers (la población implantada por el imperio británico en las islas), que incluyó el ridículo envío de “regalos” por parte del canciller Di Tella.

O, más recientemente, con Patricia Bulrrich al proponer la cesión de soberanía respecto de Malvinas en una negociación con Pfizer. Macri, acorde a su línea rabiosamente proimperialista, firmó acuerdos con nuevas concesiones. 

Pero incluso gobiernos como el de Nestor o Cristina Kirchner no pasaron de declaraciones. Mientras que la depredación de los recursos petroleros y pesqueros por parte de los británicos nunca se detuvo.

A la par, continuaron en la colaboración con los crímenes imperiales en el continente, como el envío de tropas argentinas como fuerza de ocupación a Haití, o las misiones de entrenamiento conjunto.

En el caso de Malvinas, es claro que se trató de un acto de rapiña por parte de una potencia, Inglaterra, que se apoderó de un lejano territorio en la primera mitad del siglo XIX, obteniendo ventajas económicas y militares que se proyectan hasta el día de hoy. Para nuestro país es, entonces, una genuina reivindicación. 

Por eso, reivindicamos la movilización del pueblo argentino, que en tiempo real dio muestras de solidaridad emocionantes, con donaciones, comités de apoyo. También al respecto de esto hay crímenes impunes, porque la dictadura era tan descompuesta que se robó hasta lo recolectado en los festivales. Indudablemente, también reivindicamos el honor y la memoria de los soldados caídos. 

Las y los socialistas abogamos por la unidad internacional de lxs trabajadorxs, lo cual incluye la lucha a muerte contra el imperialismo, que es un factor fundamental de opresión.

 La experiencia histórica es concluyente: la dictadura genocida, con sus métodos de terror contra las masas y de completa sumisión al imperialismo, era incapaz de desarrollar una lucha nacional. Luego, los gobiernos democráticos cambiaron metodologías, pero no el hilo conductor: sostener la dependencia colonial en todas sus formas, que hoy, con el enésimo acuerdo con el FMI, vivimos en forma dramática.

Todos los gobiernos mantuvieron buena parte de la legislación creada en dictadura hasta el día de hoy. También pagaron la deuda usuraria, que tuvo un salto en calidad con la estatización de la deuda privada que organizó la dictadura y ningún gobierno posterior repudió.

La clase social que bancó a esos gobiernos tiene nombre y apellido (burguesía nacional, de la UIA, la Sociedad Rural y la banca) y está unida por mil lazos y conveniencias con el imperialismo.

Por eso, la soberanía argentina de Malvinas solo será posible en una lucha real, con otros métodos y con otra clase, que ponga en pie gobiernos de trabajadores y trabajadoras y de las mayorías populares para expulsar al imperialismo de las Islas Malvinas y de todo el continente.

Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Informes referidos la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires

11/03/2022

Expediente 664-D-2022

Proyecto de Resolución

Art. 1°- El Poder Ejecutivo informará, a través del Ministerio de Cultura y los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, a saber: 

  1. Informe si se ha dispuesto de forma permanente una sala de ensayo con las condiciones de capacidad, acústica, calefacción, refrigeración, luminosidad, calidez y confort necesarios para la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. En caso negativo explique los motivos.
  2. Informe si se establecieron los mecanismos para realizar los concursos para los 20 (veinte) cargos vacantes que hoy en día existen en la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. En caso negativo explique los motivos.

FUNDAMENTOS

La Banda Sinfónica de la Ciudad es un organismo profesional de excelencia por lo cual requiere que todo lo que hace a su actividad tenga características de calidad profesional, ya sean los instrumentos, atriles, sillas y por supuesto,  la sala de ensayo en la que realiza su principal actividad: preparar los conciertos.

Una sala adecuada debe tener capacidad suficiente para albergar a sus 96 músicos ejecutantes, además de archivistas, sonidistas, iluminadores, copistas, músicógrafos y personal administrativo.

Pero además del espacio es necesario que la sala de ensayo esté preparada acústicamente,  de manera que la emisión del sonido no altere la calidad de las obras y tampoco dañe los oídos de los músicos.

La gran variedad de instrumentos exige un sistema de calefacción y refrigeración  de acuerdo a los cambios estacionales, ya que un exceso de frío o calor podría ocasionar daños irreparables.

No podemos olvidar la incidencia de la luz. Los músicos deben leer partituras a mucha velocidad a una distancia donde es necesaria una buena iluminación.

Toda labor artística necesita un ambiente de calidez y confort junto a prestaciones básicas como baños, oficinas y depósitos donde guardar partituras, sillas, instrumentos.

La mayoría de Bandas y orquestas en nuestro país y el mundo han encontrado una respuesta satisfactoria a estas demandas. Por eso, los músicos de la Banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires hoy se siguen preguntando por qué a pesar de los 112 años de trayectoria, todavía no tienen una sala de ensayo definitiva con todas las prestaciones que exige un organismo profesional del siglo XXI.

Rechazo al acuerdo alcanzado por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional

07/03/2022

Expediente 558-D-2022

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza enérgicamente el acuerdo alcanzado por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional, denunciando a su vez el carácter colonialista del mismo y las consecuencias de ajuste y miseria que traerá para la población trabajadora.

Fundamentos

El gobierno nacional anunció recientemente la concreción de un nuevo acuerdo con el fondo monetario internacional. Frente a la terrible situación social que atraviesa el país con cifras de pobreza (40%) y desocupación (8%) alarmantes, jubilados cobrando salarios de indigencia y una situación sanitaria grave por el vaciamiento sostenido del sistema de salud, el frente de todos decide convalidar tanto la estafa del acuerdo “stand by” realizado por el macrismo, como el conjunto de las deudas que la argentina hereda de las distintas dictaduras militares que han sido reconocidas y pagadas por todos los gobiernos capitalistas desde el 83 a esta parte y que han conllevado un ataque fenomenal a las condiciones de vida de lxs trabajadorxs argentinxs, lo que a su vez generó rebeliones como la del 2001. 

Como sucedió en los 21 acuerdos con el fondo celebrados previo a este, el gobierno actual promete un acuerdo “sin ajuste” algo poco fiable. Por un lado, porque sin acuerdo el gobierno viene realizando un ajuste en regla desde que asumió en el 2019, quitando la movilidad jubilatoria, achicando el gasto público y permitiendo que avance la inflación. Por el otro, porque todos los sectores que están celebrando el anuncio tienen intereses contrarios a los de la población trabajadora argentina. Desde el gobierno de los Estados Unidos y los fondos buitre, pasando por la Asociación Empresaria Argentina y la Unión Industrial Argentina. Se trata precisamente de los sectores que han salido beneficiados con la deuda contraída en el 2017. Distintos informes e investigaciones confirman que se trató de una deuda ilegal e ilegítima que violó los propios estatutos del FMI y que esos fondos fueron para pagar deuda a los especuladores y para financiar la fuga de capitales de grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Unión, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras. Incluso la oposición cambiemita que contrajo la deuda calificó el acuerdo de “positivo”.  

La CGT también apoya este acuerdo lo que augura la aceptación sin resistencias por parte de la burocracia sindical de cualquier política de reforma laboral, como ya sucedió con el convenio colectivo de Toyota en el 2021. Los supuestos representantes de lxs trabajadorxs defienden una nueva deuda que se empezará a pagar en 2026 y compromete al país a devolver en 12 años, hasta el 2034. Los desembolsos estarán condicionados por “revisiones” trimestrales del FMI lo que implica un virtual cogobierno. Se realizarán en tanto y en cuanto el gobierno aplique el “sendero fiscal” es decir los tarifazos necesarios para terminar con los subsidios a las empresas de servicios, la “reducción de la brecha cambiaria” es decir, devaluación de la moneda y  el “aumento de las tasas de interés reales positivas” mayores a la inflación, lo que encarecerá los créditos productivos y al consumo. Sumado a esto, se quieren tratar en el congreso leyes que beneficien a petroleras, agronegocios y automotrices. El saqueo extractivista, sumado a la superexplotacion de trabajadores denigrando salarios y precarizando convenios es el plan para pagar este nuevo acuerdo. Así se pretende “crecer para pagar”.

El frente de izquierda rechaza este nuevo acuerdo con un contenido de defensa de los intereses de los laburantes, no como la ultra derecha de los liberales que pretende un ajuste mayor. Señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores. Ademas de repudiar este acuerdo infame que solo traerá más penurias al pueblo trabajador, llamamos a movilizarse y protestar contra el mismo en las calles para torcer este rumbo. La única deuda a pagar es con la clase trabajadora y los sectores populares.

Llamamos a continuar la movilización después de la gran jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socio ambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI del 11 de diciembre que colmó la Plaza de Mayo y demás plazas del país, levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora como el que señalamos anteriormente. Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida obrera y popular y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, grandes empresarios, los banqueros y terratenientes.

Condena a la guerra que ha pegado un salto con la incursión de Rusia en territorio ucraniano. Considera que la principal responsabilidad de este conflicto reside en la política militarista agresiva del imperialismo y la OTAN. Reclama el cese de los bombardeos y el retiro de las tropas rusas de Ucrania

03/03/2022

Expediente 216-D-2022

PROYECTO DE DECLARACION

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires condena la guerra que ha pegado un salto con la incursión de Rusia en territorio ucraniano. Considera que la principal responsabilidad de este conflicto reside en la política militarista agresiva del imperialismo y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Denuncia el saqueo económico del imperialismo de la mano de una colonización y aplicación de planes fondomonetaristas que han llevado a Ucrania a niveles de miseria inauditos. Reclama el cese de los bombardeos y el retiro de las tropas rusas de Ucrania. Se pronuncia por el retiro de la OTAN, de sus tropas, misiles, bases y armas de la región. Por el rechazo de los planes de ajuste del FMI y el repudio a las deudas externas que están hundiendo a los pueblos en la miseria. Se opone también, a la política de sanciones económicas impulsada por el imperialismo contra Rusia. Se pronuncia por una Ucrania independiente, unida y socialista y llama a los pueblos de Ucrania, Rusia y Europa a unirse para poner fin a la guerra y a los regímenes y gobiernos responsables de esta pesadilla.

FUNDAMENTOS

La carne de cañón de esta guerra son y serán los trabajadores de Ucrania, Rusia y el mundo entero. Estamos frente a un nuevo capítulo de un conflicto que tiene como primer y gran responsable al imperialismo. Ucrania ha sido convertida en una colonia de las metrópolis occidentales, en primer lugar, de Estados Unidos. El país viene siendo objeto de una colonización y saqueo económico por parte del gran capital internacional. Ucrania tiene una deuda de 10.000 millones de dólares con el FMI, en el marco de una deuda cercana a su PBI y viene siendo víctima de un feroz ajuste en el marco de los acuerdos pactados con los organismos multilaterales de crédito. Ucrania, en definitiva, ha pasado a ser tierra arrasada, convirtiéndose en la nación más pobre de Europa.

El desembarco y penetración económica de las principales potencias capitalistas en Ucrania y en general, en el este europeo ha ido de la mano del avance militar y la anexión a la Otan de los países de la región. En el plazo de dos décadas, la OTAN se fortaleció con la incorporación –entre otros- de Polonia, Hungría, Rumania, Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Albania, Kosovo, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia. La incorporación a la OTAN, propuesta ahora a Ucrania -un país con largas fronteras con Rusia- está planteada para culminar el cerco en las fronteras occidentales y preparar las condiciones para próximos ataques más directos. Esta escalada no solo tiene como propósito afianzar su dominio en ese espacio geográfico, sino que es un tiro por elevación contra Rusia, que enfrenta un verdadero cerco militar que rodea su frontera occidental. El objetivo último del imperialismo es completar la colonización del ex espacio soviético con la penetración de los monopolios, y la subordinación económica y política al imperialismo avanzando en un desmembramiento de Rusia, como ocurrió en Yugoslavia.

La incursión militar de Rusia no responde a un interés popular ni a una causa de emancipación nacional y social de los trabajadores -ni siquiera a las genuinas aspiraciones autonomistas de los trabajadores del este ucraniano-, sino a los intereses y apetitos de la camarilla y oligarquía restauracionista rusa, en su pulseada con Occidente. Putin concibe al este ucraniano como una pieza de ajedrez geopolítica y prenda de negociación con Occidente, no como parte de un combate de los pueblos del mundo contra el imperialismo. Prueba de ello es la política que el Kremlin viene llevando de desigualdad social en su territorio y opresión nacional con las naciones que aún permanecen bajo la órbita de Moscú.

La política putiniana está en las antípodas de la sostenida en la revolución de octubre de 1917, basada en el respeto de la autodeterminación de los pueblos de la región y su asociación en una federación común que dio lugar al nacimiento de la Unión Soviética. El bolchevismo ha sido el único defensor del derecho a la autodeterminación de Ucrania y los países del Este. Lo que luego fue pisoteado tanto por las potencias capitalistas como por el estalinismo y finalmente por la burocracia restauracionista que hoy está al frente de Rusia. Putin viene de criticar severamente a los bolcheviques a quienes los responsabilizó por una política de entrega territorial que debilitó a Rusia. Eso es mirar con los lentes del imperio zarista y no con los del avance de la causa de los trabajadores del mundo.

 La guerra en Ucrania instala un escenario bélico en forma directa en Europa y, por su contenido, tiene un alcance internacional. Una guerra que involucre nada menos que a la Otan y Rusia desmiente, una vez más, a los apologistas de la globalización y la supuesta superación de los antagonismos nacionales. Al revés, la crisis capitalista mundial conduce a un recrudecimiento de los mismos y somete a los pueblos a la pesadilla de los choques y confrontaciones bélicos. Y, de la mano de ello, a penurias sociales y económicas, que ya se están haciendo sentir. Junto al derrumbe de bolsas y los temblores de la economía mundial, estamos asistiendo a un aumento de los precios del petróleo y los commodities que impactan directamente en el bolsillo popular.

Con vacilaciones iniciales, el gobierno argentino ha decidido sumarse al campo de los EE.UU. y la Otan. Así debe interpretarse su comunicado donde le pide a Rusia que cese las acciones militares, pero nada dice del avance de la Otan en la región y la colonización que el imperialismo ha llevado adelante sobre Ucrania. El gobierno que pacta con el FMI para descargar la crisis sobre nuestro pueblo no puede denunciar el plan de ajuste que ese mismo FMI aplicó sobre el pueblo ucraniano en los últimos años, transformándolo en uno de los más pobres de toda Europa. Ucrania es un espejo del futuro que le espera a la Argentina si se concluye el Pacto que está armando el gobierno de los Fernández con el FMI. Un pacto de ajuste contra el pueblo trabajador.

Al adoptar esta posición el Frente de Todos coincide con Juntos por el Cambio, algo que no debiera llamar la atención ya que ambas fuerzas se han comprometido a votar el acuerdo con el FMI en el Congreso Nacional.

 “Guerra a la guerra”. Fuera la Otan y el FMI. Abajo la burocracia restauracionista de Putin. Cese de los bombardeos e incursión militar de Moscú. Por la unidad de los pueblos de Rusia y Ucrania. Unidad internacional de los trabajadores. El enemigo está en nuestros propios países. En oposición a la política de sometimiento de la Otan y el imperialismo, por un lado, y del Kremlin, por el otro, planteamos la unión de los explotados del este y oeste en una Ucrania independiente, unida y socialista, en el marco de los Estados Unidos Socialistas de Europa, incluyendo Rusia.

Condena a la guerra en Ucrania. A su vez, condena el avance militar y expansionista de la OTAN sobre el este europeo, que es la vía para la penetración económica de los principales países capitalistas. La Legislatura se pronuncia contra la burocracia de Putin y su incursión militar. Por la unidad de los pueblos y trabajadores de Ucrania y Rusia.

24/02/2022

Expediente 2943-D-2021

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1° – La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires condena la guerra en Ucrania. A su vez, condena el avance militar y expansionista de la OTAN sobre el este europeo, que es la vía para la penetración económica de los principales países capitalistas. La Legislatura se pronuncia contra la burocracia de Putin y su incursión militar. Por la unidad de los pueblos y trabajadores de Ucrania y Rusia.

FUNDAMENTOS

El Partido Obrero condena la guerra que ha pegado un salto con la incursión de Rusia en territorio ucraniano. La carne de cañón de esta guerra son y serán los trabajadores de Ucrania, Rusia y los trabajadores del mundo entero. Estamos frente a un nuevo capítulo de un conflicto que tiene como primer y gran responsable al imperialismo. Ucrania ha sido convertida en una colonia de las metrópolis occidentales, en primer lugar, de Estados Unidos. El país viene siendo objeto de una colonización y saqueo económico por parte del gran capital internacional. Ucrania tiene una deuda de 70.000 millones de dólares con el FMI superior a Argentina y viene siendo víctima de un feroz ajuste en el marco de los acuerdos pactados con los organismos multilaterales de crédito. Ucrania, en definitiva, ha pasado a ser tierra arrasada, convirtiéndose en la nación más pobre de Europa.

El desembarco y penetración económica de las principales potencias capitalistas en Ucrania y en general, en el este europeo ha ido de la mano del avance militar y la anexión a la Otan de los países de la región. Esta escalada no solo tiene como propósito afianzar su dominio en ese espacio geográfico sino que es un tiro por elevación contra Rusia, que enfrenta un verdadero cerco militar que rodea su frontera occidental. El objetivo último del imperialismo es completar la colonización del exespacio soviético con la penetración de los monopolios, y la subordinación económica y política al imperialismo avanzando en un desmembramiento de Rusia, como ocurrió en Yugoslavia.

La incursión militar de Rusia no responde a un interés popular ni a una causa de emancipación nacional y social de los trabajadores -ni siquiera a las genuinas aspiraciones autonomistas de los trabajadores del este ucraniano-, sino a los intereses y apetitos de la camarilla y oligarquía restauracionista rusa, en su pulseada con Occidente. Putin concibe al este ucraniano como una pieza de ajedrez geopolítica y prenda de negociación con Occidente, no como parte de un combate de los pueblos del mundo contra el imperialismo. Prueba de ello es la política que el Kremlin viene llevando de desigualdad social en su territorio y opresión nacional con las naciones que aún permanecen bajo la órbita de Moscú.

La política putiniana está en las antípodas de la sostenida en la revolución de Octubre, basada en el respeto de la autodeterminación de los pueblos de la región y su asociación en una federación común que dio lugar al nacimiento de la Unión Soviética. El bolchevismo ha sido el único defensor del derecho a la autodeterminación de Ucrania y los países del Este que luego fue pisoteado tanto por las potencias capitalistas como por el estalinismo y finalmente por la burocracia restauracionista que hoy está al frente de Rusia. Putin viene de criticar severamente a los bolcheviques a quienes los responsabilizó por una política de entrega territorial que debilitó a Rusia. Eso es mirar con los lentes del imperio zarista y no con los del avance de la causa de los trabajadores del mundo.

La guerra en Ucrania instala un escenario bélico en forma directa en Europa y, por su contenido, tiene un alcance internacional. Una guerra que involucre nada menos que a la Otan y Rusia desmiente, una vez más, a los apologistas de la globalización y la supuesta superación de los antagonismos nacionales. Al revés, la crisis capitalista mundial conduce a un recrudecimiento de los mismos y somete a los pueblos a la pesadilla de los choques y confrontaciones bélicos. Y, de la mano de ello, a penurias sociales y económicas, que ya se están haciendo sentir. Junto al derrumbe de bolsas y los temblores de la economía mundial, estamos asistiendo a un aumento de los precios del petróleo y los commodities que impactan directamente en el bolsillo popular.

Dejando de lado las vacilaciones iniciales, el gobierno argentino ha decidido sumarse al campo de los EE.UU. y la Otan. Así debe interpretarse su comunicado donde le pide a Rusia que cese las acciones militares, pero nada dice del avance de la Otan en la región y la colonización que el imperialismo ha llevado adelante sobre Ucrania. El gobierno que pacta con el FMI para descargar la crisis sobre nuestro pueblo no puede denunciar el plan de ajuste que ese mismo FMI aplicó sobre el pueblo ucraniano en los últimos años, transformándolo en uno de los más pobres de toda Europa. Al adoptar esta posición el Frente de Todos coincide con Juntos por el Cambio, algo que no debiera llamar la atención ya que ambas fuerzas se han comprometido a votar el acuerdo con el FMI en el Congreso Nacional.

La consigna del momento es “guerra a la guerra”. Fuera la Otan y el FMI. Abajo la burocracia restauracionista de Putin. Cese de los bombardeos e incursión militar de Moscú. Por la unidad de los pueblos de Rusia y Ucrania. Unidad internacional de los trabajadores. El enemigo está en nuestros propios países. En oposición a la política de sometimiento de la Otan y el imperialismo, por un lado, y del Kremlin, por el otro, planteamos la unión de los explotados del este y oeste en una Ucrania independiente, unida y socialista.

Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Solicitud de informes a Berni y Kreplak respecto a la crisis por la cocaína adulterada

04/02/2022

Proyecto de solicitud de informes presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) referido a la crisis por la cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires. Número de expediente: D- 5019 / 21-22

 

La Plata, 4 de febrero de 2022.-

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Dirigirse al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a fin de solicitar informe por escrito a la brevedad de las siguientes cuestiones referidas a la intoxicación de decenas de personas por cocaína adulterada, y la muerte, hasta el momento, de más de 20 de ellas.

 

  • ¿En qué consistió la respuesta del poder ejecutivo frente a la crisis por la droga adulterada? ¿Qué resoluciones tomó el “comité de emergencia”, que incluía al gobernador Axel Kicillof y a distintos ministros, dentro de los cuales se encuentra usted?
  • En las últimas horas se detuvo a Joaquín “el paisa” Aquino, y otras personas presuntamente relacionadas a una red de narcotráfico, ¿Desde cuándo tenían identificada esta red? ¿Por qué se lo detiene luego de una tragedia y no antes?
  • ¿Cuál es el procedimiento con la droga incautada en función de arribar a conclusiones sobre su composición? ¿Qué actuaciones hubo por parte de las autoridades hasta el momento?
  • ¿Por qué la policía bonaerense y el ministerio de seguridad de la Provincia no actuaron frente a las 23 denuncias por venta ilegal de estupefacientes, realizadas durante 2021 por los vecinos del barrio Puerta 8 de Tres de Febrero?
  • Informe detallado acerca de las causas judiciales y detenciones de efectivos policiales vinculados al narcotráfico, profundizando acerca de las declaraciones realizadas a la prensa por el Sr. ministro, marcando que: “todos los días tenemos alguna detención de policías vinculados con el narcotráfico”. ¿Cuántos efectivos están implicados? ¿A qué nivel? ¿Qué acciones se tomaron al respecto? ¿Por qué persisten estos casos?
  • ¿Cómo es posible que un negocio como el del narcotráfico, que, según estimaciones, significa varios cientos de millones de dólares anuales, opere con el gran nivel de impunidad que lo hace?
  • También según declaraciones del Sr. Ministro, se venden “200.000 dosis de cocaína todos los días”. ¿Cómo tienen dimensionado ese mercado sin actuar sobre ello? ¿Cuántos puntos de venta de cocaína estiman que hay en la provincia y bajo qué condiciones para permitir esa venta diaria?
  • ¿Qué seguimiento hay de los activos y el lavado de dinero de la plata que surge del narcotráfico? ¿Qué medidas se han tomado respecto de las instituciones financieras que procesan sus ganancias?
  • ¿Qué funcionamiento tienen los programas estatales en el ámbito de la salud apuntados al combate a las adicciones? ¿Qué tasa de éxito tienen?
  • ¿Qué extensión tiene el consumo de opiáceos que son endémicos en nuestro país, y su comparación con la misma problemática en otros países?

 

 

FUNDAMENTOS

El 2 de febrero, el país y la provincia se vieron conmocionados por una verdadera masacre: Al menos 23 personas fallecieron y 84 permanecen internadas en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires luego de intoxicarse con cocaína adulterada. Según las primeras versiones, la droga podría contener sustancias como veneno para ratas o fentanilo, un estupefaciente que puede ser letal en muchos casos.

A día de hoy, no se sabe con exactitud el alcance del producto, pero se espera que el número de muertos crezca a medida que se reporten más casos, incluyendo la posibilidad de víctimas que puedan haber fallecido sin haber recibido atención médica.

Esta tragedia, como no podía ser de otra manera, despertó la bronca popular de los vecinos de las localidades afectadas. En Hurlingham, una de las localidades más afectadas por el caso, un gran grupo de personas arremetió contra un patrullero en la puerta del hospital municipal, denunciando la complicidad de la policía con el narcotráfico que se desarrolla todos los días en sus barrios.

El narcotráfico en nuestro país es un gran flagelo. Pero sobre todo es un negocio multimillonario, que no tendría lugar sin el amparo del poder político y las fuerzas represivas a las redes de narcotráfico.

Este caso es una demostración brutal de esa complicidad que lleva años. Los vecinos del Barrio Puerta 8 de Tres de Febrero, donde se comercializó la primera droga contaminada, habían hecho durante el año pasado 23 denuncias por venta de estupefacientes. Sin embargo, y aún habiéndose hecho dos procedimientos en noviembre y diciembre, nada impidió que se siguiera adelante con la venta de una droga potencialmente letal.

Lo que siguió después de la tragedia fue también demostrativo de una política que evita caer sobre los responsables directos del narcotráfico. La primera acción oficial del ministro Berni y la policía bonaerense fue plagar el barrio Puerta 8 de oficiales, alterando a los familiares ya consternados por la situación de las víctimas, e incluso apresando personas inocentes, según las denuncias de los vecinos. Justamente, quienes viven en Puerta 8 denuncian que, como sucede en la mayoría de los casos, allí se comercializa la droga pero quienes manejan el negocio no viven allí.

En este mismo sentido, la persecución a los consumidores es un intento de “lavar” la responsabilidad que le cabe al poder político. Mientras tanto, las redes de narcotráfico operan impunemente, con zonas liberadas por las fuerzas policiales.

El Estado tampoco tiene ninguna respuesta para darle a la juventud que consume y que sufre dependencia física y psicoemocional hacia este tipo de sustancias. No hay un acompañamiento de las adicciones ni de las familias que ven a sus seres queridos atravesar la enfermedad, ni tampoco del resto de los problemas de salud a largo plazo que genera el consumo. A su vez son escasos los dispositivos puestos en marcha, que no pasan de algunos centros de atención ambulatoria en zonas de población vulnerable y Comunidades Terapéuticas para internaciones de quienes lo requieran, previa evaluación por profesionales del Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Denunciamos que una parte del presupuesto destinado a este fin es desviado a iglesias y a ONG’s, como el “programa de atención en ámbito religioso”. El estado no asume la responsabilidad de tener una política frente a la salud de los adictos, y lo deriva incluso en instituciones reaccionarias.

No podemos dejar de mencionar que, más allá de este hecho, lo cierto es que todos los días se consumen drogas adulteradas -es común que los vendedores intenten abultar el producto con otra sustancia más fácil de conseguir y más barata-, y todos los días mueren pibes por ello.

La lucha contra el narcotráfico es, en definitiva, una lucha de fondo contra un régimen social que arrastra a la clase trabajadora, a través de la violencia y la explotación, a refugiarse en el consumo de sustancias de manera problemática, mientras que luego la persigue por ello. Por ese motivo, desde el Frente de Izquierda Unidad también reclamamos la despenalización del consumo y la necesidad de poner en pie toda una serie de dispositivos para acompañar a las víctimas y las familias de víctimas del narcotráfico, a quienes cuentan con adicciones y sus allegados y a toda la población que requiera atención, que cuente con presupuesto propio y estén bajo control de profesionales de la salud del área.

Desmantelamiento de todas las redes de narcotráfico, libertad para todos los consumidores detenidos y derogación de la ley de drogas 23.737 de la dictadura.

 

Por todos estos motivos solicitamos a los señores Diputados la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes

Proyecto de declaración rechazando el acuerdo del gobierno nacional con el FMI

03/02/2022

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

 

La Plata, 3 de Febrero de 2022.-

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

-Su oposición y rechazo al acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, que traerá un mayor endeudamiento y un mayor ajuste contra el pueblo argentino, y que implica una intromisión directa del FMI en la política económica nacional.

 

FUNDAMENTOS

El pasado 28 de enero, el presidente Alberto Fernández anunció que el ejecutivo nacional arribó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo estipula un duro ajuste contra el pueblo y admite una intromisión directa de los funcionarios del organismo de crédito en el país, con un régimen de monitoreo trimestral sobre el conjunto de la política económica.

Como ha sucedido con los anteriores 21 acuerdos que el estado nacional suscribió con el FMI desde el año 1956, estamos frente a un pacto que coloca a nuestro país en una posición colonial.

De acuerdo con lo informado por el ejecutivo, queda claro que entramos en un período de gran ajuste. El déficit fiscal primario que estaba previsto en 3,3% del PBI en 2022 pasará a 2,5% este año, a 1,9% en 2023 y a un 0,9% en 2024. Para ejemplificar, si volviera a ponerse en debate el Presupuesto 2022, rechazado en el Congreso Nacional, esta nueva “meta” respecto al déficit significaría que el gobierno nacional debería presentar un proyecto con un recorte de 400.000 millones de pesos (a valor actual).

El texto que difundió el directorio fondomonetarista sobre el acuerdo clarifica que habrá nuevos “tarifazos” en los servicios básicos, como la luz, el gas y el agua. Justamente, uno de los requerimientos para lograr el descenso del déficit fiscal es avanzar en fuertes recortes a los subsidios, lo que se trasladará a las boletas de los usuarios. Así lo estamos viendo en estas últimas semanas con los aumentos del 20% en la luz y el gas, y un 32% en el agua (Aysa).

Además, el presidente y su ministro de economía hablan de una “mayor recaudación impositiva” como la clave para el éxito de este acuerdo. Sin embargo, el sentido del “Consenso fiscal” que pretenden tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional es habilitar subas en Ingresos Brutos, lo que impacta directamente en los precios de los productos de consumo masivo. Es decir que la cuenta del acuerdo rubricado la pagarán los trabajadores y el pueblo argentino en general.

En términos del desarrollo económico nacional, el acuerdo implicará un nuevo escollo para cualquier tipo de repunte productivo. La reducción del déficit fiscal, con los recortes del gasto estatal y aumentos como el de ingresos brutos, repercutirán en la baja del consumo popular y en un descenso de la obra pública. Los tarifazos a la energía, por su parte, también aumentarán los costos de la industria.

El objetivo fijado de contar con reservas internacionales por 5.000 millones de dólares para fin del 2022 también es recesivo. Para garantizarlo, requerirá de mayores trabas a las importaciones como forma de evitar la salida de divisas. Más aún cuando todos los pronósticos, por diversos motivos, apuntan a una fuerte caída de los niveles de exportación, que el año pasado fueron récord.

Sumado a todo esto, el acuerdo presentado no implica de ninguna manera una caída del endeudamiento, sino que significará todo lo contrario. Nos llevará, con seguridad, a nuevas crisis de deuda, estirando indefinidamente la tutela del Fondo y del imperialismo sobre la economía argentina. Gracias al acuerdo, esta tutela tomará una forma de “co-gobierno” durante los próximos años, debido al monitoreo directo del directorio del FMI sobre toda la política económica nacional.

En torno al endeudamiento, la política monetaria que establece este acuerdo (financiamiento vía emisión de pesos limitado al 1% del PBI) ya anticipa que el gobierno deberá tomar deuda por nada menos que 10.000 millones de dólares para que las cuentas públicas cierren en 2022 con el déficit fiscal propuesto y los pagos de intereses a los bonistas y al propio FMI. Advertimos que la Casa Rosada ya se encuentra gestionando nuevos préstamos de otros organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial con ese objetivo, lo cual refuerza la subordinación del país a los mismos.

A fin de cuentas, el gobierno del Frente de Todos, que despotricaba contra el “endeudamiento” del macrismo y decía que lo iba a “investigar”, ahora avala y honra esa deuda con este pacto con el FMI, y abre la puerta a un mayor endeudamiento y dependencia de los organismos de crédito internacionales que responden al imperialismo.

En los hechos, puede afirmarse, los requerimientos del Fondo Monetario Internacional son cumplidos desde antes del acuerdo por el gobierno de Alberto Fernández. Podemos verlo en el ajuste a las jubilaciones, cuya representación en el PBI perdió más de 1% el último año. También en la caída de los salarios, y en el crecimiento de la precarización laboral, como parte de una “reforma laboral” de hecho que se quiere imponer contra los trabajadores.

Rubricado a espaldas del pueblo argentino, incluso sin haber pasado aún por el Congreso Nacional, el acuerdo debe ser repudiado por su contenido. No habrá crecimiento nacional ni salida a los reclamos populares de la mano del Fondo Monetario Internacional.

Para abrir paso a un desarrollo nacional es necesaria la ruptura con el FMI y los “acreedores”, y el repudio de la deuda externa usuraria e ilegítima, que es un instrumento de saqueo de los recursos nacionales por parte del imperialismo. Es necesario destinar esos recursos a impulsar una reorganización social bajo el mando de un gobierno de los trabajadores. En ese sentido, el impulso a la movilización popular para repudiar este acuerdo resulta fundamental, y en eso nos empeñamos desde el Frente de Izquierda Unidad.

 

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Declaración.

 

 

Diputado Guillermo Kane – PO – Frente de Izquierda Unidad