PROPUESTAS
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Sección de proyecto: Libertades democráticas

PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA EXPTE N°3399-D-2024

28/06/2024

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación Resuelve:
Su completo repudio y condena a la asonada golpista protagonizada por las Fuerzas
Armadas el día 26/6/2024 frente a la Casa de Gobierno en Bolivia.
Su apoyo a la movilización popular que logró el repliegue de los militares alzados y el
encarcelamiento de sus mandos militares, y su llamado a reforzar la organización de los
trabajadores bolivianos contra los animadores de estos intentos golpistas y represivos.
Su denuncia a los intereses imperialistas que operan en Bolivia, para reforzar el saqueo
colonial del pueblo y sus recursos naturales, como la explotación del litio en la mayor
reserva del mundo que constituye Bolivia junto a nuestro país y Chile.
Su repudio al silencio del presidente Milei, que mientras acusa a los manifestantes
populares de “golpistas”, no rechazó el intento de golpe de Estado en Bolivia.

Vanina Biasi
Nicolás del Caño
Mónica Schlotthauer
Christian Castillo
Alejandro Vilca

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El intento de golpe de Estado que tuvo lugar en el día de ayer, miércoles 26 de junio, en
Bolivia constituye un hecho gravísimo. El comandante del Ejército de Bolivia, Juan José
Zuñiga, ocupó la Plaza Murillo, frente a la Casa de Gobierno (Palacio Quemado), con
tanquetas, blindados y fuerzas militares. Penetró a la Casa de Gobierno rompiendo la
puerta con una tanqueta.
Su reclamo público fue el de impedir que Evo Morales, dirigente del MAS, se pudiera
presentar como candidato a presidente para las elecciones del 2025, disputando el intento
de reelección del actual presidente Luis Arce, de una fracción del MAS enfrentada.
Con el correr de las horas se evidenció que el resto de las Fuerzas del Ejército
permanecían acuarteladas y no se sumaban a la asonada golpista de Zuñiga. Al tiempo
que Evo Morales convocaba a la huelga general y al corte nacional de rutas para enfrentar
el golpe. La Central Obrera Boliviana (COB) y las centrales campesinas lanzaron el
llamamiento.
Según versiones periodísticas, Arce habría destituido a Zuñiga la noche del martes. Pero
esto no fue publicitado, ni anunciado quién lo reemplazaba en la Jefatura del Ejército.
Recién después del allanamiento militar a la Casa de Gobierno, Arce hizo pública la
destitución de Zuñiga y del alto mando militar y su reemplazo por el General José
Sánchez.
En la Plaza Murillo comenzaron a congregarse los primeros contingentes de ciudadanos
repudiando el golpe, que fueron dispersados por las fuerzas alzadas con gases
lacrimógenos.
Aislado, Zuñiga montó en una tanqueta y se retiró, produciéndose un desbande de las
fuerzas golpistas, que fueron perseguidas y hostilizadas por crecientes sectores populares
que acudían contra el golpe. Pocos minutos más tarde, Zuñiga y otros mandos militares
eran detenidos por la policía.
Zuñiga hizo declaraciones que implicaban al propio presidente Arce. Manifestó que el
domingo tuvo una entrevista con él, quién le pidió ayuda ante los difíciles momentos que
atravesaba el gobierno. Que su accionar militar sobre la Casa de Gobierno respondía a
ese pedido: darle fuerza al presidente para desautorizar la posibilidad que Evo Morales
pudiera presentarse. Amenazando, Zuñiga, con arrestar al propio Evo Morales para cesar
con la agitación antigubernamental que se venía desarrollando. De ser ciertas estas
declaraciones, estaríamos frente a una especie de autogolpe de Arce, proceso que se le
terminó escapando de las manos.
Zuñiga también pidió la liberación de los presos políticos de la derecha responsables del
golpe del 2019 (la “presidenta” golpista Añez, el exgobernador fascistoide Camacho, etc.)
y terminar con la “elite” que estaba hundiendo en la crisis a Bolivia.
La disputa interna del MAS que enfrenta al presidente Arce de un lado y Evo Morales del
otro, y que tiene como telón de fondo la interpretación constitucional de si este último
tiene derecho a presentarse nuevamente en elecciones como candidato a presidente, viene
escalando. El fin de semana último, las organizaciones del MAS amenazaron con lanzar
una ola de cortes de rutas por esta disputa, en defensa de la candidatura de Morales. El
gobierno de Arce respondió que buscaban provocar una “crisis estructural” con los
bloqueos, buscando incluso acortar el mandato presidencial para “imponer” su
candidatura.
En medio de este mar de acusaciones cruzadas se desarrolló la asonada golpista.
Corresponde señalar que el gobierno de Arce se ve acuciado por un creciente y rápido
crecimiento de la crisis económica y social. Hay una disparada de los precios de alimentos
de primera necesidad, falta de combustibles (que ha elevado también el precio de los
mismos) y también falta de dólares para importar productos. Las patronales camioneras
ya realizaron dos paros con bloqueos de ruta de 24 y 48 horas.
Para este jueves 27 estaba anunciada una huelga general camionera con nuevos bloqueos
por tiempo indeterminado de las rutas. Horas antes de que se iniciara la asonada golpista,
el gobierno de Arce llegó a un acuerdo con la patronal Cámara Boliviana de Transporte.
Por la misma se habría avenido a responder satisfactoriamente a los reclamos patronales
reduciendo o subsidiando naftas y diesel, eliminando o disminuyendo impuestos, etc.
Razón por la cual los transportistas levantaron el lanzamiento del paro.
En el último período, el gobierno de Arce acudió crecientemente a las fuerzas militares.
Estas fueron colocadas custodiando las estaciones de servicio para impedir que se fugaran
combustibles para ser vendidos en el mercado negro o en contrabandos exportadores.
También fue el Ejército el encargado de operativos en las fronteras para evitar el
contrabando de alimentos y combustibles.
Hay denuncias concretas de que se habían ido produciendo depuraciones de oficiales
afines a Evo Morales, colocando en su lugar otros más ligados a Arce.
“El gobierno argentino, fue –según el diario Clarín (27/6/2024)- uno de los últimos en
condenar el levantamiento militar e intento de Golpe de Estado en Bolivia”.
Prácticamente, cuando éste ya se había resuelto en forma desfavorable para los golpistas.
Lo hizo a través de la Canciller, Diana Mondino, pero no hubo declaraciones del
presidente, tan prolífico para acusar de “golpistas” a luchadores populares y llamado a
silencio cuando se debía denunciar un golpe de Estado en curso en nuestro país vecino.
Y nada dicen tampoco sobre el grave hecho de que la canciller está gestionando el asilo
político a los golpistas brasileros bolsonaristas que se alzaron contra el electo gobierno
de Lula en enero del 2023.
Los trabajadores y explotados del altiplano deben enfrentar esta crisis en curso. La
resolución lograda con el repliegue de los militares alzados y el encarcelamiento de los
mandos militares es parcial y momentánea.
Las masas bolivianas han protagonizada en reiteradas oportunidades su capacidad de
lucha contra los golpes cívico/militares que pretenden instaurar regímenes de represión,
proscripción y avasallamiento de las libertades democráticas. El golpe que llevo a la
presidencia a Jeanine Añez en el 2019 fue derrocado por la huelga general y el bloqueo
de caminos protagonizada por el pueblo. Ese es el camino, la movilización y la huelga
general.
Por todos estos motivos solicitamos a las y los diputados el acompañamiento del presente
Proyecto de Resolución.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: INTERPELACIÓN A BULLRICH POR 12 DE JUNIO EXPTE N°3396-D-2024

28/06/2024

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación Resuelve

Citar para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional
y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación- a
la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una sesión abierta de la
Cámara de Diputados, a fin de que informe públicamente y responda las inquietudes de
los legisladores nacionales sobre la feroz represión contra miles de personas que se
manifestaban el 12 de junio pasado en ocasión del tratamiento por parte de la Cámara de
Senadores de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, así como las detenciones arbitrarias y anti
democráticas de 33 personas judicializadas luego de que el gobierno las acusara de
“sedición” e “intento de golpe de estado”.

Vanina Biasi

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El día 12 de junio, en momentos en que se desarrollaba una multitudinaria concentración
en la Plaza de los dos Congresos, las fuerzas de seguridad federales que comanda la
Ministra Patricia Bullich (Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional)
junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que responde a Jorge Macri, desataron
una brutal represión con el objetivo de desalojar a quienes se manifestaban contra la
aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara de Senadores, que culminó
con una brutal cacería de manifestantes y decenas de detenciones arbitrarias e ilegales de
quienes ejercían su democrático derecho a la protesta. Previamente, y sin mediar incidente
alguno, cinco diputados sufrieron ataques con gas pimienta en sus rostros.
Como pudo observarse en todos los registros periodísticos, se trató de una acción
premeditada, aprovechando la desconcentración de una parte de las columnas sindicales,
con el objetivo de evitar la llegada de miles de personas que se sumarían al culminar su
jornada laboral.
Con un descomunal despliegue represivo que incluyó gases lacrimógenos y gas pimienta,
balas de goma, camiones hidrantes, miles de efectivos y cientos de ellos motorizados;
luego de forzar la retirada de la mayoría de los manifestantes que se encontraban en las
inmediaciones de la Plaza de los dos Congresos, desataron una feroz cacería “al voleo”
que continuó a muchas cuadras de distancia en zonas donde no existía concentración ni
incidente alguno. Sin embargo, a escasos metros del Congreso, unas pocas personas
pudieron volcar e incendiar un vehículo de la Cadena 3 -incendio que no fue combatido
a pesar de encontrarse un carro hidrante en el lugar que era utilizado contra los
manifestantes, y de haber ocurrido a la vista de las fuerzas de seguridad, que no actuaron,
ni los detuvieron, ni los identificaron. Se agrega a ello, la sospecha de que haya
participado personal de las fuerzas represivas vestidas de civil, “infiltrados” entre los
manifestantes y montando las provocaciones que luego se utilizaron para justificar la
represión y las detenciones. Es precisamente lo que acaba de declarar la jueza María
Servini en una entrevista con “El Destape Radio”, donde también negó que los detenidos
fueran “terroristas”, criticó el operativo policial por “desorganizado”, “falta de
entrenamiento y de conocimiento” y sostuvo que en las causas judiciales abiertas por las
detenciones las fuerzas federales están “tirando cada una por su lado”.
El saldo de estas acciones fue de más de 200 heridos y 33 detenidos, que fueron acusados
por el fiscal Stornelli de “lesiones, daños simples, incendio, estrago, delitos contra la
seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la
violencia, organizar grupos permanentes o transitorios para imponer sus ideas, o combatir
ideas ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos, atentado contra
la autoridad, resistencia a la autoridad, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo
legislativo”. Previamente la Oficina del Presidente emitió un comunicado donde acusa de
“grupos terroristas” a los manifestantes y ese mismo día, el ministerio de Seguridad
anunció que su querella “apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación
de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con
el agravante del artículo 41 quinques, previsto para acciones terroristas”. Es evidente que
desde el Poder Ejecutivo escribieron el libreto del fiscal Stornelli -lo cual cuestiona
seriamente la división de poderes y las garantías constitucionales en nuestro país, donde
se tuvo varios días detenidas a 33 personas por acusaciones políticas de parte del poder
político, que se encuentran actualmente procesadas y aún 5 de ellas detenidos.
Bien miradas, varias de estas acusaciones pueden perfectamente dirigirse a la ministra
que comandó el operativo contra ciudadanos que simplemente ejercían su derecho a la
protesta amparados por las leyes y la Constitución.
En declaraciones a LN+ el día 15 la ministra Bullrich habló de “golpe de estado moderno”
y pidió a la Justicia imputar por “sedición” a los detenidos y anunció que su ministerio se
presentaría como querellante en la causa.
“Vamos a pedirle a la Justicia que sea carátula de sedición. El presidente Javier Milei
habló de golpe de Estado, que son la lógica del desgaste de la gobernabilidad. Yo
desgasto, yo no dejo que funcione un gobierno y con eso lo volteo. Es el concepto de
golpe de Estado y por eso vamos a ponerle la figura de sedición”. “Lo que pasó ayer es el
kirchnerismo, la izquierda y los convocantes sindicatos, que se fueron temprano, se lo
agradecemos, pero que tomen conciencia que son los provocadores de violencia que
generan un discurso de querer voltear al gobierno porque no les gusta las cosas que el
gobierno decide”, expresó y sostuvo que “se van a sorprender” con los antecedentes de
quienes participaron de los incidentes “ya van a ver cuando salgan los currículum, los
antecedentes de las personas. Los van a conocer a todos uno por uno”.
Todas estas acusaciones quedaron desmentidas a medida que la jueza Servini de Cubría
iba liberando por falta de mérito a la inmensa mayoría de los detenidos y detenidas,
alojados en cárceles federales, sometidos a torturas físicas y psicológicas durante varios
días. Como ya hemos señalado, en esa situación aún continúan, privados de libertad, 5
manifestantes.
En su fallo la jueza reconoce “orfandad probatoria” ya que a los acusados “No se les
secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas,
piedras, palos, etc.)”. No existen pruebas testimoniales ya que todas son de la policía y
contradictorias entre las actas y declaraciones, ni imágenes luego de visualizar 100 horas
de registros, y pocos elementos incautados que varios detenidos denunciaron les fueron
plantados por la misma policía. Por otra parte, el juzgado no recibió denuncia alguna por
el auto incendiado perteneciente a Cadena 3.
No existen motivos para continuar con la detención de los últimos 5 manifestantes, todos
acusados de “intimidación pública”, con un embargo de 500 mil pesos. Cristian Valiente;
Patricia Daniela Calarco Arredondo, del Movimiento Teresa Rodríguez – Votamos
Luchar; Facundo Gómez; David Sica -un hombre en situación de calle y Roberto María
de la Cruz Gómez son 5 presos políticos por luchar en nuestro país para quienes
reclamamos la inmediata liberación y la anulación de cualquier tipo de persecución
judicial.
El delito de intimidación se usa para sostener la prisión preventiva sin haberse demostrado
el peligro de entorpecimiento de la investigación mientras la justicia tiene en su poder las
cámaras y celulares de los acusados. Se trata de una manipulación del objeto de la prisión
preventiva que pretende ser una medida “aleccionadora” y de amedrentamiento contra
quienes se movilizan y enfrentan las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno.
Nos encontramos frente a un verdadero golpe contra las libertades democráticas, el
derecho de reunión y organización y, fundamentalmente, el derecho a la protesta. Una
campaña política reaccionaria impulsada por el gobierno y agitada por importantes
medios afines que se han ensañado con las organizaciones de desocupados, con
allanamientos irregulares e ilegales y falsas acusaciones, en momentos de un crecimiento
descomunal de la desocupación, y que ha pegado un salto con el allanamiento de la sede
central del Partido Obrero.
La gravedad de estos hechos represivos y persecutorios ha llevado a pronunciarse en
pocos días a miles de firmantes, personalidades nacionales e internacionales que en
número de 65.000 fueron presentados en los Tribunales Federales el día 19 del corriente,
reclamando por la situación de los compañeros detenidos y procesados tras la
movilización del día 12 de junio.
A la luz de estos hechos y denuncias, resulta necesario convocar a la ministra de seguridad
a comparecer a la interpelación pública que aquí requerimos.
Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento
y la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

PROYECTO DE DECLARACIÓN EN REPUDIO AL ALLANAMIENTO AL LOCAL DEL PARTIDO OBRERO – EXPTE N°2979-D-2024

23/06/2024

La Cámara de Diputados declara:

Repudiar el allanamiento realizado el día 3 de junio contra la sede central del Partido
Obrero, sito en Bartolomé Mitre 2162, CABA, por constituir un acto de atropello a las
libertades políticas y democráticas en Argentina, tratándose de un hecho inédito y de una
gravedad inusitada.

Rechazar la persecución política y judicial contra las organizaciones sociales, piqueteras
y los partidos opositores por parte del Gobierno Nacional. El allanamiento de un local
partidario a su sede legal, de manera ilegal, que se hizo sin la orden correspondiente, es
un salto cualitativo en la persecución a la oposición política.

Denunciar que en el mismo allanamiento sólo se filmaron todas las instalaciones y se
realizaron croquis de las mismas bajo la absurda denominación de “inspección ocular”,
lo cual constituye en un claro trabajo de espionaje.

Acompañar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos impulsada
por el Partido Obrero, toda vez que el acto descripto vulnera derechos políticos y
democráticos de naturaleza constitucional.

Romina Del Plá
Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca
Christian Castillo
Germán Martínez
Juan Marino
Margarita Stolbizer
Andrea Freites
Esteban Paulón
Carolina Yutrovic
Pablo Carro
Sabrina Selva
Natalia Zaracho
Carlos Castagneto
Ana María Ianni
Gabriela Estévez
Eugenia Alianiello
Natalia Zabala Chacur
Hilda Aguirre
Ana Carolina Gaillard
Lorena Pokoik
Blanca Inés Osuna
Eduardo Toniolli
Ricardo Daives

PROYECTO DE RESOLUCION: Pedido de Informes a la ministra de seguridad Patricia Bullrich. EXPTE N°5171-D-2023

05/02/2024

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que, conforme lo establecido por el Artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y en virtud de lo señalado en el Artículo 71 de la Constitución Nacional, se cite de forma urgente a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, para que concurra al recinto de esta Cámara a los efectos de brindar explicaciones respecto de la brutal represión desatada los días 31 de enero y 1° de febrero por las fuerzas federales a su cargo sobre ciudadanos que manifestaban pacíficamente, jubilados, asambleas populares y organizaciones sindicales, sociales y políticas, sobre decenas de periodistas y aún sobre diputados de esta Cámara.

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente.

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de interpelación urgente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a fin de que brinde explicaciones respecto de la feroz represión a su cargo los días 31 de enero y 1°de febrero del corriente por las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso mientras esta Cámara de Diputados debatía la llamada Ley Ómnibus.

Como se ha visto de forma directa en diversos medios de comunicación durante todo el desarrollo de la jornada, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería desataron una feroz represión sin ningún tipo de justificación hacia miles de personas reunidas con el objetivo de manifestarse pacíficamente contra los agravios que contienen la llamada “Ley Ómnibus”, con centenares de artículos que se pretenden sancionar y que afectarían gravemente a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Este violento accionar, que se desarrolló bajo las órdenes de la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, demuestra que la represión en la calle y en el propio predio de la Plaza de los dos Congresos, está orientada a cercenar no solamente el corte de calle sino también a suprimir la protesta social en cualquier de sus formas. La búsqueda de facultades delegadas que se pretende con esta ley, para gobernar por decreto, viene a dar legalidad a esta ambición de criminalizar, reprimir y cercenar los más elementales derechos.

 

La brutalidad de esta represión evidenciada en las más de 25 trabajadoras y trabajadores de prensa heridos por las balas de goma por hacer su trabajo, cercenando el derecho a la libertad de expresión e información; en el accionar del  grupo GOM de la Policía Federal, que con sus motos recorrió la Plaza del Congreso  disparando a mansalva, tirando gases lacrimógenos incluso sobre varios diputados y diputadas que nos acercamos con el fin de intervenir para frenar semejantes atropellos y en el brutal accionar sobre el abogado Matías Aufieri, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH.) y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y asesor del Bloque del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad, quien sufrió un balazo en el ojo y  fue operado en el día de hoy con diagnostico reservado. También la represión al diputado Alejandro Vilca, del mismo bloque del Frente de Izquierda, que en ocasión de haberse acercado a llevar solidaridad a los manifestantes fue atacado por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos químicos; de Vanina Biasi, diputada rotativa electa, con cuatro impactos de bala de goma y Eduardo Belliboni que fue hospitalizado, entre decenas de manifestantes que atiborraron guardias de hospitales y del instituto del quemado ante el efecto lesivo agudo de un nuevo gas pimienta.

La consecuencia directa han sido al menos 60 heridos por las balas de goma. Sin embargo, son centenares los afectados por gases arrojados con el fin de provocar a los manifestantes y que según se ha denunciado contienen componentes desconocidos hasta ahora para los médicos que durante horas atendieron a los afectados con químicos que provocan importantes quemaduras en la piel.

Exigimos que se clarifique que tipo de químicos se arrojó contra los manifestantes pacíficos.

Denunciamos que las fuerzas Federales no tienen atribuciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en la que no rige el ilegítimo protocolo de la ministra Bullrich.

Repudiamos las detenciones completamente arbitrarias producidas sobre la militante radical Ivanna Bunge junto a tres mujeres que se solidarizaron con ella, así como las de los militantes del Partido Obrero Víctor Da Vila y Martin Rodríguez en la Provincia de Mendoza.

En ese sentido, es importante que esta Cámara de Diputados de la Nación se pronuncie claramente rechazando la represión, y ratifique el derecho del pueblo argentino a ejercer la libertad de expresión, de opinión y de protesta.

Por todo lo expuesto, solicitamos su acompañamiento para la citación de manera urgente de la ministra, aprobando este Proyecto de Resolución.

 

Firmantes

Romina Del Plá

Nicolás del Caño

Myriam Bregman

Alejandro Vilca

Christian Castillo

Carlos Daniel Castañeto

María Eugenia Alianiello

 Eduardo Leandro Toniolli

Repudio al Golpe de Estado en Perú – Proyecto de declaración

19/12/2022

EXPTE N°6710-D-2022 

1°- Repudiar el Golpe de Estado que en la República del Perú destituyó al presidente
Pedro Castillo y acompañar la lucha popular para echar al régimen golpista que se ha
instaurado.
2°- Exigir la libertad del presidente Pedro Castillo y pronunciarse por el levantamiento
del Estado de Emergencia y por la plena vigencia de las libertades democráticas, el cese
de la represión, la libertad de los detenidos en las protestas y una Asamblea Constituyente
libre y soberana que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.
3°- Rechazar el apoyo dado por el presidente Alberto Fernández y por el canciller
Santiago Cafiero a la presidenta golpista Dina Boularte.

FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta
El 29 de noviembre se conmemoro el día internacional de solidaridad con la lucha del
pueblo palestino. En la Argentina, se realizo, el 1° de diciembre, una movilización frente
a la Embajada de Israel. Un amplísimo operativo policial valló la zona impidiendo
acercarse una delegación para entregar un reclamo.
En los territorios palestinos que las tropas sionistas ocuparon fueron construidos muros y
campos de alambrados que mantienen encerrados a centenares de miles de palestinos. La
Franja de Gaza es considerada el mayor campo de concentración de la historia mundial
(superando al Ghetto de Varsovia y otros similares usados por los nazis para el
aniquilamiento del pueblo judío).
Los “territorios ocupados” van siendo colonizados por “voluntarios” israelíes, expulsando
para ello a las poblaciones palestinas originarias. Siempre con el apoyo activo de la
represión militar en constante desarrollo. La empresa sionista de aguas, Mekorot, actúa
como punta de lanza de esta ofensiva militar-colonizadora, desviando las aguas de su
curso natural para dejar sin el vital elemento las aldeas palestinas, arruinar sus cultivos y
forzarlos a “emigrar”.
Junto a esto se ha incrementado notablemente la represión con centenares de víctimas. En
el reciente mes de octubre una incursión de tropas israelíes, en Cisjordania, dejo una
decena de muertos y más de 20 heridos. Pero no es un rayo en cielo sereno. En el curso
de este año se llevan 130 palestinos asesinados por el ejército israelí. La mayor cifra en
una década. Este sí que es un verdadero crimen del Estado sionista con el pueblo árabepalestino. Bombardeos sobre la Franja de Gaza, provocaciones en la Explanada de las
Mezquitas en Jerusalén a la que se impide el acceso de árabes y palestinos, etc.
El gobierno argentino no ha repudiado este accionar racista-fascista del gobierno sionista.
Por el contrario, el primer viaje que realizo apenas ascendió a la presidencia, Alberto
Fernández fue a entrevistarse con las autoridades de Israel. Y, ahora, es el ministro del
Interior, Wado de Pedro, el que ha viajado a Israel para establecer “acuerdos”. La empresa
Mekorot responsable del hambre de miles de palestinos por el robo de sus aguas, ha sido
beneficiada con la realización de obras en provincias argentinas (La Rioja, Mendoza,
etc.).
Llamamos a que el Congreso de la Nación se pronuncie contra el apartheid, repudie el
accionar cómplice de las autoridades argentinas y reclame el derecho al retorno de los
palestinos a sus tierras.
El Frente de Izquierda Unidad hace este planteo en la perspectiva de la lucha por una
Palestina única, laica y socialista en el marco de una Federación Socialista de los
trabajadores del Medio Oriente.
Por todos estos motivos solicitamos a las Diputadas y Diputados el acompañamiento a
este proyecto de Resolución.

Romina Del Plá
Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

 

Proyecto declaración justicia por Dario y Maxi

23/06/2022

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

 

Artículo 1°.- Declarar su repudio a la inacción, el encubrimiento y el silencio que, por parte del Estado y la Justicia, se sigue perpetuando en torno a los responsables políticos e intelectuales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a 20 años de la Masacre de Avellaneda.

 

Artículo 2°.- Reclamar el urgente avance de las causas que deben investigar la responsabilidad de las autoridades políticas involucradas en la brutal represión, que culminó con decenas de heridos y dos asesinatos, del 26 de junio de 2002.

 

Artículo 3°.- Denunciar que la impunidad de los responsables pólticos del brutal crimen de Estado que terminó con las vidas de Kosteki y Santillán tiene la finalidad reaccionaria de garantizar cobertura política e institucional para el ejercicio de la represión contra las luchas populares, que se recrudece como política de Estado ante la profunda crisis económica y social que se agrava día a día.

 

Artículo 4°.- Expresar la solidaridad y apoyo a los familiares y organizaciones sociales que luchan por Justicia. Y rendir homenaje a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, luchadores sociales que fueron víctimas de un crimen de Estado contra el pueblo trabajador.

 

Artículo 5°.- de forma.

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

El próximo 26 de junio se cumplirán 20 años de los asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillan. Un crimen de Estado que tenía como objetivo sacar de las calles al movimiento piquetero independiente en el marco de una rebelión popular ante la bancarrota del país y sus brutales consecuencias. 

El gobierno surgido del acuerdo de Alfonsín y Duhalde venía a rescatar al Estado sacudido por la irrupción popular donde confluyeron piqueteros y ahorristas estafados. Había que golpearla y derrotarla para recomponer esa autoridad perdida por el Estado de los explotadores. 

Con la ayuda de la Iglesia habían logrado integrar a la CTA, a la CCC y a la FTV de Luis D’Elía al Consejo Consultivo, pero no podían permitir que aquellos movimientos que rechazaban la cooptación del Estado siguieran organizando a millones de desocupados. Había que aleccionarlos. Así el Jefe de Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof anunció que no permitirían que fuera cortado el Puente Pueyrredón: “cueste lo que cueste”.

La masacre de Avellaneda fue un operativo planificado desde la presidencia de Duhalde y la gobernación de Solá por un Consejo de Seguridad comandado por un gabinete de “unidad nacional” integrado por peronistas pero también radicales como Jaunarena y Vanossi, este último, activo inspirador de la operación. La represión fue perpetrada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en coordinación con todas las fuerzas federales. 

La intervención de los servicios de inteligencia de la ex SIDE, a cargo de Carlos Soria y Oscar Rodríguez fue clave, tanto en la infiltración en las asambleas piqueteras, como en el armado de la ficción que atribuía a los piqueteros haberse enfrentado a los tiros. Es lo que explica que los 32 heridos lo fueron de balas calibre 22, no usadas habitualmente por las fuerzas represivas del Estado. Es lo que explica que los jueces no intervinieran en las primeras horas, que se allanaran locales partidarios.

20 años después continúa la impunidad de los responsables intelectuales de estos crímenes. No solo eso. A los responsables políticos se los reivindica y se los premia. A Felipe Solá con candidaturas y el cargo de Canciller. A Aníbal Fernández nombrándolo Ministro de Seguridad, el mismo que siendo ese día Secretario General de la Presidencia aseguró que los piqueteros iniciarían la “lucha armada”, el mismo que acusó al Partido Obrero de incendiar trenes, el mismo que dejó liberada la zona para que actuara la patota de Pedraza en el asesinato de Mariano Ferreyra, otro crimen contra la clase obrera. Hay en ello un mensaje profundo. El de una clase social que rescata a quién rescata y prepara al Estado con tipos como él y como Berni. 

Sin dudas, se trató de un crimen de la clase capitalista, necesitada de recomponer su ciclo de negocios lo que requería disciplina social y que el mal ejemplo piquetero no se extendiera a las fábricas y lugares de trabajo, que ya demasiado tenían con la ola de ocupaciones que derivaron en las gestiones obreras. Aquellas gestas de Brukman, Zanón, Lavalán, Grissinopoli, o los obreros del subte que impusieron las seis horas en una de las grandes luchas de la etapa. 

Los grandes empresarios como Techint habían impuesto una devaluación de 3 a 1, ahora querían garantizar sus negocios y la regimentación de las grandes víctimas de toda megadevaluación, los trabajadores.

A 20 años, centenares de miles de piqueteros se organizan con el Polo Obrero, con el Frente de Lucha Piquetero, con la Unidad Piquetera mostrando la vigencia de un movimiento histórico de los más explotados dentro de los explotados. Pero también son 20 años que nos muestran que bajo todos los que nos gobernaron en estas dos décadas perdemos los trabajadores. Por eso la vigencia de las banderas de la gran Marcha Federal “por el trabajo y el salario, contra el hambre y la pobreza”. Por eso hoy tenemos que luchar por la libertad y la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, el desprocesamiento de Sebastián Copello y Juan Chorolque y de tantas compañeras y compañeros. Porque la derrota de fondo de los asesinos de Kosteki y Santillán será la derrota de una clase social y sus gobiernos, será la victoria del gobierno de los trabajadores para lo cual debemos organizamos como alternativa política y de poder.

Por todo lo expuesto, repudiamos la inacción estatal, el encubrimiento y el silencio oficial durante estos veinte largos años. Hacemos propio el reclamo por el inmediato avance de las causas judiciales contra los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Y solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de declaración.

 

 

 

Repudio a las detenciones e imputaciones de activistas ambientales integrantes de la Asamblea el Algarrobo de la ciudad de Andalgalá

02/06/2022

Proyecto de Declaración
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina, declara:

Repudiar las más de 25 imputaciones, y las detenciones de 2 (dos) activistas
ambientales integrantes de la Asamblea el Algarrobo de la ciudad de Andalgalá en
la Provincia de Catamarca por luchar en contra de la instalación del
megaemprendimiento minero MARA – Agua Rica.
Asimismo, exigir la inmediata liberación de los detenidos, y el cese a la represión,
persecución y hostigamiento al movimiento antiminero por parte del poder político,
judicial, policial y empresarial.
Del mismo modo rechazar esta embestida contra los pobladores de Andalgalá, la
cual, se suma a las persecuciones a quienes fueron detenidos el año pasado y
permanecieron más de una semana en las celdas de una comisaría, en causas de
las que al día de hoy nada se pudo probar.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde el pasado 30 de mayo siguen detenidos dos activistas ambientales
integrantes de la Asamblea el Algarrobo de la ciudad de Andalgalá de la Provincia
de Catamarca. Aldo Flores y Enzo Brizuela tras brindar declaraciones, quedaron
detenidos bajo los cargos de “daños y entorpecimiento de transportes por tierra” y
“desobediencia judicial”, luego de los operativos represivos con que el gobierno
provincial buscó habilitar el paso de camiones y camionetas que subían
ilegalmente materiales a la mina.
En una nueva oleada de citaciones, que ya suman 25 vecinos imputados, las que
están hechas a la medida de la criminalización de la protesta social por luchar en
contra de la instalación del megaemprendimiento minero MARA – Agua Rica. Esta
embestida contra los pobladores de Choya se suma a las persecuciones a quienes
fueron detenidos el año pasado y permanecieron más de una semana en las
celdas de la comisaría, en causas de las que al día de hoy nada se pudo probar.
Estás nuevas imputaciones y detenciones parten de una avanzada contra los que
luchan, que tiene a los activistas ambientales entre sus blancos, en una política
que recorre todo el país, sin distinción del color político de quién gobierne, es
decir, que lo aplica desde el Frente de Todos como Raúl Jalil en Catamarca o
Mariano Arcioni en Chubut, pero también a los de la oposición de Juntos por el
Cambio como Gerardo Morales en Jujuy.
La población de Andalgalá viene sufriendo sistemáticas represiones y, desde hace
años. En este último mes los efectivos de la Policía de Catamarca reprimieron en
cercanía de la ruta provincial 47, una manifestación que tenía como objeto impedir
el paso de camiones, maquinaria y combustible para el proyecto minero de
exploración de la empresa Agua-Rica. Semanas más tarde, los vecinos de Choya
sufrieron otra represión en Minas Capillitas, mientras sostenían un acampe.
Las represiones en Andalgalá a manos de la policía provincial ordenadas por el
gobierno provincial y la justica en defensa de la empresa MARA-Agua Rica
denotan los intereses de clase para los que gobierna Jalil.
Con frases como: “La minería es el progreso de los pueblos” y que se repite en
cada acto oficial y resuena en las bocas de oficialistas y opositores, pero, que la
experiencia muestra lo contrario. En Catamarca se desarrolló el emprendimiento
Bajo la Alumbrera que durante 20 años exportó metales generando riquezas por
millones de dólares, pero en estos 20 años la Provincia de Catamarca no ha
generado ninguna condición de progreso, no ha habido industrialización alguna,
por lo contrario, se han destruido líneas enteras de producción.
Hoy, en MARA-Agua Rica se están desempeñando 250 trabajadores que en su
gran mayoría son contratados por tercerizadas que ofrecen servicios a la empresa;
las formas de contratos son precarias y con menores derechos laborales. Esta
situación ha quedado reflejada en la empresa GALAXY (empresa minera de litio),
cuando los trabajadores reclamaron derechos básicos por sus condiciones de
trabajo, ya que la respuesta que encontraron fue la de despidos y persecución.
Por otro lado, la proporción de empleo que genera dicho emprendimiento es
mínima: 250 trabajadores para una población en Andalgalá de más de 14mil
personas y 300 mil en todo Catamarca.
Es innegable que un emprendimiento de las características de MARA, aportado a
17 kilómetros del pueblo de Andalgalá y asentado en los afluentes de agua del
pueblo, generará un retroceso en las condiciones de vida de la población. En el
proceso de exploración que está desarrollando de manera ilegal Yamana Gold inc.
viene causando gastroenteritis en la población de Choya, mostrando que el
impacto será demoledor en el momento que comiencen las voladuras.
El Estado provincial ha decidido imponer el emprendimiento a pesar que no
existe la licencia social para llevarlo adelante. Para realizar los cambios de
turno de los trabajadores y el abastecimiento del campamento de MARA tuvieron
que apelar a la represión. Sin ir más lejos, el año pasado, la respuesta popular
frente a las provocaciones de parte de la empresa fue duramente reprimida, y
trabajadores y referentes fueron encarcelados. Las movilizaciones en el pueblo de
Andalgalá son habituales y cuentan con un amplio apoyo de la población.
El auge de la megaminería en estos dos últimos años en la Argentina está
relacionado directamente al acuerdo con el FMI. El gobierno, en el afán de recabar
divisas como garantía de pago de la deuda, fomenta la colonización de los
recursos naturales a manos de pulpos internacionales. Esta política vale también
para la oposición y las diferentes variantes en las provincias.
Por otra parte, no podemos dejar de señalar que el mes pasado el gobierno lanzó
una “Mesa Nacional de Minería Abierta a la Comunidad”, con la presencia de
ejecutivos de grandes mineras, de representantes de la burocracia sindical de
Aoma y de referentes de agrupaciones ambientalistas integradas al Ministerio de
Ambiente, y montaron una puesta en escena para darle “licencia social” a grandes
emprendimientos cuya puesta en marcha, como lo mencionamos anteriormente,
es fuertemente cuestionada.
En ese sentido, es ilustrativo que, por ejemplo, el Sistema de Información Abierta
a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina que anunciaron en el acto
tenga una serie de registros con datos sobre la actividad económica del sector,
excluyendo olímpicamente toda información sobre los pasivos ambientales de la
actividad, ni las demandas judiciales, ni nada. Esto en un rubro que descarga
millones de litros de agua cianurada en ríos y acuíferos, además de metales
pesados y otros químicos.
En un país con una profunda crisis hídrica que afecta gravemente a amplias
zonas, quieren imponer a las comunidades el modelo megaminero que derivó en
verdaderos desastres como los derrames de la Barrick Gold en Jáchal, San Juan,
donde se han contaminado la mayoría de los cursos de agua afectando la
provisión de los pueblos y de las producciones agropecuarias.
Son hechos por los cuales la multinacional pagó una multa irrisoria y los
responsables gozan de total impunidad. Un contraste brutal comparado con los
muchos luchadores ambientales que son detenidos y sufren persecución judicial a
través de causas armadas para amedrentar a quienes se movilizan contra la
megaminería, como en Chubut y Andalgalá.
Desde las bancan del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
acompañamos a los vecinos en la lucha contra la minería contaminante, exigimos
el fin de la persecución judicial y la liberación de los detenidos, defendiendo el
derecho de los pueblos a luchar por sus condiciones de vida y repudiamos el
ensañamiento judicial hacia los luchadores.
Por todos estos motivos solicitamos a las diputadas y diputados el
acompañamiento de este proyecto de declaración.
Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

Proyecto de declaración en repudio a las sanciones contra los docentes Jorge Adaro y Juan Manuel De Vicenzo

27/05/2022

EXPTE N° 2546-D-2022

Proyecto de Declaración
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara:

Proyecto de Declaración
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara:

Repudiar enérgicamente las sanciones aplicadas por el Ministerio de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los docentes Jorge Adaro y Juan
Manuel De Vicenzo, y asimismo exigir el inmediato retiro de dichas medidas por
ser de índole persecutorias y antisindicales.

Fundamentos
Sr. Presidente:
El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
decisión de suspender por 30 (treinta) días sin goce de haberes al Secretario Adjunto
del sindicato ADEMYS Jorge Adaro, y al delegado gremial Juan Manuel De Vicenzo. A
través de un dictamen infame, hace alusión a dos artículos del Estatuto del Docente, los
cuales; tanto la ministra de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad
Acuña, así como el Director General de Educación de Gestión Estatal Fabian Capponi
incumplen cotidianamente.
Este fallo se inscribe en un ataque más general a la docencia, los cuales se constatan,
entre otros, con la medida antieducativa de la reforma del Estatuto Docente. La misma,
fue rechazada masivamente con un paro docente que interpela no sólo las políticas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino el problema salarial profundo
que hoy postra los salarios docentes ante la inflación. Es en este sentido que el Jefe de
Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra Soledad Acuña apuntan
contra la organización gremial mediante sanciones que intentan ser ejemplificadoras y
disciplinantes de las voces educativas y sindicales disonantes.
Durante el año 2021 en momentos en los que la docencia de la CABA daba una ardua
batalla por una presencialidad escolar bajo condiciones sanitarias y edilicias seguras
contra el Covid-19, y tras haber lamentado la pérdida de 35 compañeras/os trabajadores
de la educación, el director general Fabián Capponi, se presentó en la Escuela Primaria
N°19 del barrio de Soldati intentando arrancar los carteles que la docencia de la escuela
había colgado con los reclamos propios del establecimiento y los educativos en general.
Ante este temperamento, las/os docentes solicitaron que cesara en su actitud la cual
reviste un sentido profundo de censura y por lo tanto antidemocrático. Fabian Capponi,
con una actitud “patoteril” y de aprietes- harto conocida entre la docencia-, se alejó para
volver con dos funcionarios más. Ante esta situación y por el repudio que la docencia
sostiene sobre quienes son la representación de la precarización laboral y el
vaciamiento educativo, más aún en tiempos de pandemia, su ingreso al establecimiento
fue impedido bajo la consideración de la violencia institucional que reviste Capponi y
sus políticas aplicadas. Cabe destacar que nada de esto sucedió frente a las/los
niñas/os de la escuela contrariamente a lo que sostiene la ministra Acuña en sus redes
sociales.
Dicha escuela se caracteriza por el enorme esfuerzo y compromiso de sus docentes y
directivos ante la comunidad educativa, la cual mantiene un lazo estrecho con la escuela
a partir del reconocimiento, trayectoria y respeto ganado por la labor pedagógica que
allí se desenvuelve. La escuela 19 de Villa Soldati donde justamente, al igual que en el
resto de la CABA, pero con los agravantes sociales inherentes a una de las comunas
más pobres y abandonadas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se reclamaron incesantemente dispositivos y conectividad para garantizar el acceso a
la educación de cientos de pibxs del barrio y de las distintas comunidades escolares, sin
respuesta positiva por parte de Larreta, Acuña, Capponi y cía. Para dichas
comunidades la consideración gubernamental en la voz reaccionaria de la ministra son
lxs pibxs de barriadas como la de Soldati quienes se perdieron para siempre en los
pasillos de una villa para dedicarse a actividades vinculadas al narcotráfico: toda una
declaración de desprecio y cinismo, pero también del fracaso rotundo de su gobierno y
su propia gestión. Es decir que la política antieducativa, estigmatizante y discriminatoria
también es contra las/los estudiantes.
La criminalización de la protesta son medidas de los peores momentos de la historia del
país, y Fabian Capponi representa el atraso de este gobierno que encierra
características de perfidia.
Hace pocos días, los docentes del programa Maestro+Maestro realizaron un
“aplausazo” ante la irrupción prepotente y violenta de dicho funcionario en ocasión de
una capacitación del programa. Capponi quien cobardemente filmó el rechazo de la
docencia para luego transformarla en objeto de persecución y sanciones conoce
profundamente el rechazo que tiene la gestión de gobierno en el magisterio.
Estamos ante un dictamen de persecución sindical ante la organización inminente de la
docencia. Desde el Interbloque del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
reclamaremos el cese de dicha persecución y el retiro de las sanciones. Todo nuestro
apoyo a las y los trabajadores de la educación.
Por todo lo expuesto, solicitamos a las/os diputadas/os el acompañamiento del presente
proyecto.
Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

Repudio a la represión desatada el día 12 de mayo contra docentes y estudiantes en el marco de una jornada de paro docente y movilización frente a la Legislatura en ocasión del tratamiento del proyecto de reforma laboral docente de Larreta- Acuña

13/05/2022

Expediente 1383-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su repudio a la represión desatada el día 12 de mayo contra docentes y estudiantes en el marco de una jornada de paro docente y movilización frente a la Legislatura en ocasión del tratamiento del proyecto de reforma laboral docente de Larreta- Acuña.

Fundamentos:                              

Sr Presidente, el día 12 de mayo el ejecutivo dio la orden de reprimir a manifestantes docentes, y estudiantes del nivel superior, quienes se encontraban movilizados como expresión de protesta de la medida del gobierno porteño de reformar el estatuto docente y aprobar una titularización ultra limitada que dejó afuera a miles de docentes de la CABA a quienes el propio Estado porteño no les respeta el derecho establecido en el propio estatuto docente a acceder a los concursos y actos públicos de titularización.

La docencia que llevaba adelante una jornada de paro en rechazo a lo que se constituye como una reforma laboral: la modificación del Estatuto Docente, ley regulatoria de la actividad docente, demuestra que las políticas del Larreta y su ministra de educación son contrarias a todo interés y necesidad real de la docencia y e lxs estudiantes.

Una vez más la legislatura de la CABA sesiona entre vallas, policías y represión, tal como ocurriera en la aprobación de la UniCABA por ejemplo,  es la demostración cabal que el republicanismo del Juntos por el Cambio tiene patas cortas, las mentiras de la participación y consulta ciudadana, en este caso particular la participación y la consulta a la docencia, no fue tal.  En un tratamiento exprés el Ejecutivo se aprestó a votar la reforma y la exclusión de miles de docentes de un derecho elemental como es el del trabajo y la estabilidad laboral de espaldas a la docencia que dejó plasmado su rechazo palmario a la medida.

Desde el bloque del Frente de Izquierda Unidad expresamos nuestro apoyo incondicional a los reclamos educativos y a la defensa de la Educación Pública y los intereses docentes y estudiantiles y repudiamos toda política represiva, criminalizadora y estigmatizante de la protesta social.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Manifestación a favor del derecho a movilizarse por los justos reclamos de la Marcha Federal por trabajo y salario, contra el hambre y la pobreza

09/05/2022

Expediente 1338-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art 1°- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se manifiesta a favor del derecho a movilizarse por los justos reclamos de la Marcha Federal por trabajo y salario, contra el hambre y la pobreza que se realizará el 10, 11 y 12 de mayo convocada por la Unidad Piquetera

FUNDAMENTOS

El enorme impacto alcanzado por el plan de lucha de la Unidad Piquetera -que trazó una agenda reivindicativa y política el 11 y 12 de marzo en la Plaza de Mayo, con más de 3.500 delegados y delegadas de todo el país- ha sido innegable y suscitó el ataque del conjunto de la burguesía y de las clases dominantes contra la acción que enfrentó en la calle el ajuste como ningún otro sector de la clase obrera argentina.

La medida del impacto de nuestra lucha debe ser medida por el calibre del ataque de nuestros enemigos. Desde Milei hasta el gobierno nacional, pasando por los gobernadores de Juntos por el Cambio, con el encarcelamiento de varios militantes de nuestras organizaciones, han sido las respuestas que la clase capitalista ha tenido para con la acción de la Unidad Piquetera, que puso en la agenda el problema de la pobreza, del hambre, del salario y de la necesidad de una lucha unificada para derrotar el ajuste del gobierno y el FMI, que cuenta con el apoyo de la oposición patronal.

La Unidad Piquetera ha establecido una nueva fecha del plan lucha que continúa fuertemente en todo el país: una gran Marcha federal -el 10, 11 y 12 de mayo-, que reunirá fuerzas con su dirección a la cabeza, partiendo del extremo norte -La Quiaca-, pasando por Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Corrientes, Córdoba y Cuyo, también desde el extremo sur, desde Caleta Olivia (Santa Cruz), pasando por Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, sumando fuerzas en Neuquén y en Río Negro, incorporando a los compañeros de Bahía Blanca, del conjunto del interior de la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata a San Nicolás entre otros) y también desde el litoral de Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa hasta Santa Fe y Entre Ríos, realizaremos asambleas y actos con otros sectores del movimiento obrero en cada punto del país. La Unidad Piquetera llama a la organización y a la movilización de las masas explotadas de la Argentina para levantar un pliego de reivindicaciones y un programa contra la política de ajuste, y para abrirle un camino al conjunto de los explotados a partir del desenvolvimiento de la lucha de clases.

Plantea la deliberación de los trabajadores por la base, para superar a la burocracia con un planteo de paro nacional; la convocatoria a una movilización nacional por un salario equivalente a la canasta familiar; por un aumento de emergencia para que ningún trabajador ni jubilado esté por debajo de la canasta de pobreza; por un aumento inmediato en los programas sociales y su apertura para todos los que lo necesitan, que no estén por debajo de la canasta de pobreza; por la asistencia integral a los comedores populares y por la universalización de todos los programas sociales mientras dure la crisis. Una salida obrera y de los trabajadores a la crisis impone desarrollar un plan de lucha del conjunto de la clase obrera para abrir el camino con una alternativa de los trabajadores, y para un gobierno obrero y socialista.

Proyecto de declaración en repudio a la aparición de siniestros muñecos en la movilización del “tractorazo”.

28/04/2022

PROYECTO DE DECLARACION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

DECLARA
Repudiar la instalación de muñecos ahorcados simbolizando a dirigentes
políticos, sociales, sindicales y de DDHH, realizada en el marco del denominado
“tractorazo” a Plaza de Mayo.
A su vez, repudiar y rechazar todo tipo de acciones y discursos que inciten al
odio con el solo objetivo de impulsar a la represión y criminalización de la
protesta social, generando asimismo un envalentonamiento a unos sectores
violentando a otros.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En la movilización realizada a Plaza de Mayo el pasado 23 de abril de carácter
meramente patronal, permitió evidenciar el contenido reaccionario y fascistizante
de quienes la organizaron, promovieron y apoyaron. La instalación de muñecos
ahorcados con la cara de dirigentes políticos -que incluyó a dirigentes del Frente
de Izquierda y de Trabajadores Unidad como Néstor Pitrola y Nicolás del Caño;
de DDHH como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini; sindicalistas como Hugo
Moyano; gobernadores y funcionarios como Alicia Kirchner, Mayra Mendoza,
Santiago Cafiero, Máximo Kirchner y Victoria Donda; dirigentes de
organizaciones sociales como Juan Grabois de la Utep, entre otros- es la
conclusión lógica del envalentonamiento derechista que distintos sectores
políticos realizan contra quiénes luchan.
El PRO en su conjunto, como los denominados libertarios, apoyaron y se
movilizaron junto a las patronales agrarias. Son ellos mismos quienes
promueven una línea de ataques fascistizantes cuando los que se movilizan son
sectores trabajadores: el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta acusó a las piqueteras de usar de escudos
humanos a sus hijos y que deberían sacarle el plan social a quién se movilice,
mientras que el espacio de Javier Milei promueve la conformación de un grupo
de choque contra quién se movilicen por reclamos populares. Estos ataques, sin
embargo, se transforma en su extremo contrario cuando son los capitalistas
quienes se movilizan, cortan rutas, o hasta ingresan tractores a la Plaza de Mayo.
No podemos dejar de mencionar que, a pesar de que en esta oportunidad
también fueron víctimas del ataque, funcionarios del Gobierno Nacional han
tenido declaraciones del mismo tenor, como las que realizaron Juan Zabaleta o
Sergio Berni.
Esos discursos de odio contra la población trabajadora, contra los sectores más
vulnerables de la población que impulsan a la represión y criminalización de la
protesta social, cuando no a grupos de choque de corte fascistoide, se traducen
en un envalentonamiento por parte de sus seguidores, que ya ha tenido otros
episodios en la historia y que se van traduciendo en ataques “simbólicos” -como
los expuestos en el “tractorazo”- para ir pasando hacia ataques físicos -como ya
se pueden ver en atentados contra locales de organizaciones populares, o como
fue hacia la estación de Subte Rodolfo Walsh.
Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el
presente Proyecto de Declaración.

Proyecto de repudio y rechazo a la implementación del sistema de reconocimiento facial por Larreta.

28/04/2022

ROYECTO DE DECLARACION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA

Repudiar y rechazar enérgicamente el accionar por parte del Ministerio de Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la utilización del Sistema de Reconocimiento
Facial de Prófugos (SRFP) dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de
Horacio Rodríguez Larreta Jefe de Gobierno, para acceder a datos biométricos de millones de
personas que no estaban siendo buscadas por la justicia.

Entre las personas se encuentran dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos
humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Repudiar, asimismo, todo tipo de espionaje por parte del Estado que tiene por objetivo la
intromisión para desarticular la organización de aquellos y aquellas que reclaman por causas
populares, y que de esta manera se suma a otros casos como el llamado Proyecto X, o el
Proyecto AMBA, o el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan y del REPUNTE. Este
abanico de investigaciones ilegales fue producido sin distinción de signo político de los gobiernos
de turno.

Rechazar, también el reforzamiento de un Estado policial que viola los derechos individuales.

Fundamentos
Sr. Presidente:
Como es de público conocimiento el juez Roberto Gallardo ordenó suspender el sistema
de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada.
A partir de ello, salió a la luz que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos
funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: desde diputaos y dirigentes del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores -Unidad como ser la diputada nacional Myriam
Bregman, el diputado nacional Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, también diputado (MC),
o a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, pasando por propio Presidente de la
Nación, Alberto Fernández y la Vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, e
incluso dirigentes de la coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales,
Facundo Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales,
periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.
Vale señalar que, a su vez, la periodista Irina Hauser ha denunciado múltiples
irregularidades en torno a la contratación de la empresa prestataria del servicio, así
como también de su composición y de su funcionamiento.
El sistema de videovigilancia tenía el supuesto fin de dar con información de personas
prófugas. Sin embargo, el gobierno de la CABA se valió del sistema para armar informes
de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima. De fondo, tiene el
propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la
Ciudad, proyectarse nacionalmente y, como complemento de eso, de acallar cualquier
oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen.
No es casual que el ministro de seguridad de la CABA Marcelo D´Alessandro haya
puesto a disposición de la Justicia Nacional las cámaras de la Ciudad para perseguir a
los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.
Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero.
En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019. Gabriel Solano, dirigente del
Partido Obrero (actual Legislador de la CABA) le respondió a Horacio Rodríguez Larreta
cuando este pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí
sostuvo que “estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta.
Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que
controla la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la
justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres,
los jóvenes, los migrantes”.
Este nuevo espionaje por parte del Ministerio de Seguridad d la CABA se suma a otros
que también hemos denunciado en tiempo y forma.
Como el espionaje a los familiares de Ara San Juan en donde la resolución del juez
Martín Bava, señala que agentes de la AFI elevaban sus informes a la cúpula del
organismo, integrada entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quienes a su vez
mantenían al tanto al expresidente Mauricio Macri.
Uno de los partes anticipaba, con gran nivel de detalle, los reclamos que los familiares
presentarían al exmandatario en la Casa Rosada. Otro informaba que aquellos se
acercarían a la quinta de Chapadmalal, en la que se encontraba el empresario en
febrero de 2018, para entregarle una carta con una solicitud de pedidos de informes.
El espionaje sufrido por los familiares, que querían conocer las razones del hundimiento
y cuestionaban al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, formó parte de este
despliegue mucho más vasto que montan los servicios de inteligencia. En el marco del
Proyecto AMBA, se crearon seis bases de la AFI en el Conurbano, entre 2016 y 2017,
que se sumaban a las ya existentes en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata.
De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), esas bases estuvieron
dirigidas por excomisarios que cumplieron funciones durante la última dictadura militar.
Y llevaron a cabo tareas de inteligencia contra decenas de organizaciones obreras,
sociales, políticas, e incluso comedores populares y merenderos. Los sindicatos
docentes, grupos piqueteros, de Derechos Humanos, y las organizaciones que integran
el Frente de Izquierda, fueron objetivos de los espías.
El espionaje contra las organizaciones de lucha fue un recurso al servicio de las políticas
de ajuste, amedrentamiento y represión, que tuvieron uno de sus capítulos en la
aprobación de la reforma previsional y el posterior enjuiciamiento y condena de los
compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz por participar de las manifestaciones contra el
robo a los jubilados.
Se suma a este andamiaje de espionajes los dichos de Marcelo Villegas exministro de
trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en donde expresa su deseo de contar con una
“Gestapo” para embestir contra los trabajadores y los sindicatos.
Pero no ha sido un recurso privativo del macrismo, como lo enseña el Proyecto X de la
época kirchnerista. Es decir, todos los gobiernos “democráticos” se valieron de los
instrumentos del Estado, para llevar a cabo sus propósitos contra los derechos más
elementales, y no solo incluyendo a quienes fueron partícipes de la última dictadura
militar, sino implementando sus métodos; secuestro, tortura seguida de muerte fue lo
que la policía Bonaerense a cargo de Sergio Berni hizo con Facundo Astudillo Castro.
Hasta el día de hoy el homicidio sigue impune, manteniendo el encubrimiento del
ministro de seguridad amparado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Del famoso Proyecto X, se publicaron documentos de la información que recababa
Gendarmería con datos de los dirigentes sociales de todas las villas de la Ciudad o un
listado de más de mil organizaciones monitoreadas por la fuerza que incluyeron gremios,
entidades del campo y organismos de derechos humanos.
Cabe señalar también las declaraciones de Rodrigo Jara, quien fuera bailarín de
Showmatch, programa conducido por Marcelo Tinellli. En una entrevista en 2021,
reconoció sin mosquearse que hacía 15 años atrás, en 2006, integró los servicios de
inteligencia de la policía bonaerense.
Jara relató: “trabajaba de civil. Tenía barba, arito, pelo largo, te dejaban tener tatuajes.
Cuanto menos parecieras policía, mejor”, y detalló que “en ese momento había
‘explotado’ el tema de los piquetes. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en
las manifestaciones para ver qué era lo que querían y cuánto tiempo se iban a quedar,
si se iban a ir a otro lado y quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La
Plata, a la superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía”.
Además, agregó que participó incluso de las escuchas telefónicas de la fuerza luego de
la desaparición de Julio López, un “full-time” del espionaje.
No es menor que Jara presente que le asignaron esta tarea “cuando estallaron los
piquetes”. El 2006 fue un año destacado para el movimiento piquetero que venía de
protagonizar la rebelión popular del 2001. Quienes gobernaban en los años en que Jara
era un servicio de inteligencia infiltrado, son los mismos que gobiernan hoy con las
mismas políticas. Basta con decir que la policía bonaerense respondía a las órdenes del
gobierno provincial de Felipe Solá, que gobernó con Menem, con Ruckauf, con los
Kirchner y hoy con los Fernández.
Las declaraciones de Jara blanquearon un método que ya es conocido y se repite
constantemente.
Esta política de echar mano a los servicios de inteligencia no tiene otro fin que digitar la
represión a las movilizaciones populares. Existe hoy, existía en 2006 y existe desde
hace décadas, arrastrando incluso elementos y recursos de la dictadura militar.
Por eso, es necesario un repudio y rechazo a estas prácticas que van en contra de los
intereses de las y los trabajadores.
Para finalizar, hacer mención a que este Proyecto de Declaración se complementa con
los ya presentados en la Legislatura porteña por los legisladores del Frente de Izquierda
y Trabajadores Unidad.1
Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el presente
Proyecto de Declaración.

 https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122720

https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122689

 

Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca

 

Prohíbase en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Sistema de Reconocimiento Facial y todo programa o mecanismo análogo que permita identificar a las personas mediante sus rasgos faciales o datos biométricos

19/04/2022

Expediente 1123-D-2022

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Prohíbase en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Sistema de Reconocimiento Facial y todo programa o mecanismo análogo que permita identificar a las personas mediante sus rasgos faciales o datos biométricos.

Dentro de los 30 (treinta) días de sancionada la presente ley, el Gobierno de la Ciudad deberá eliminar y remover, según corresponda, todo software, dispositivo, información y datos personales que posea como consecuencia del referido sistema.

Artículo 2°.- Rescíndase la Contratación Directa N° 2900-0472-CDI19, adjudicada a la empresa Danaide S.A., cuyo objeto es la contratación de un servicio de análisis integral de video para permitir el reconocimiento facial

Dentro de los 30 (treinta) días de sancionada la presente ley, dicha empresa deberá eliminar y remover, según corresponda, todo software, dispositivo, información y datos personales que posea como consecuencia del referido sistema.

Artículo 3°.- Deróguese la Ley Nº 6.339 la Resolución N° 398/2019 del Ministerio de Justicia y Seguridad y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto que busca prohibir en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Sistema de Reconocimiento Facial y de todo mecanismo análogo que permita identificar a las personas mediante sus rasgos faciales. Se plantea derogar la Ley 6.339 y la Resolución N° 398/2019 del Ministerio de Justicia y Seguridad – que implementó el sistema en cuestión – y de todo otra norma que consagre o regule dicho sistema. Como consecuencia de dicha derogación, se plantea rescindir la Contratación Directa N° 2900-0472-CDI19, adjudicada a la empresa Danaide S.A., dado que el objeto de la misma es la contratación de un servicio de análisis integral de video y la aplicación del referido sistema de reconocimiento facial.

El sistema de reconocimiento facial implementado y regulado por la legislación referida y que este proyecto busca derogar derivó  en abusos gravísimos por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de nuestra Ciudad. En efecto a partir de la investigación llevada adelante en el marco de la causa “OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMATICO ARGENTINO O.D.I.A. y otros C/ GCBA S/AMPARO”, Expte. 182908/2020, recientemente se conoció que a través de un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad con el  ReNaPer, se habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos e información de personas que se encontraban prófugas de la justicia para incorporarlo a un software de reconocimiento facial de las capturas realizadas por las miles de cámaras que están en la Ciudad. Pero lo que constató la investigación judicial referida es que entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad, con el evidente fin de realizar tareas de espionaje ilegal por razones políticas y de persecución a personas por ser referentes de organismos de Derechos Humanos y sociales.  El Gobierno de la Ciudad, a través de la Policía porteña, hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. Es decir que solicitó y obtuvo una migración de datos personales y biométricos completamente injustificada e ilegal afectando a millones de personas en el marco de la utilización del sistema de reconocimiento facial y el uso indiscriminado de video vigilancia sobre un población que mas que duplica la población de nuestra ciudad mientras que las personas incluidas en los listados de la CONARC no superan las 40.000.

En la resolución de la causa citada se estableció que, entre otros, fueron “espiados” usando esta migración de datos Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Juan Grabois, Elisa Carrió, Pablo Moyano, Estela de Carlotto, Néstor Pitrola y los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. De muchos de ellos se realizaron una cantidad de migraciones de datos a repetición, indicando lo deliberado e inusitado del uso del sistema para la vigilancia de determinadas personas. 

Estos burdos y condenables abusos, ahora constatados mediante una investigación judicial y los informes brindados por las entidades públicas involucradas, fueron posibles gracias a la vigencia de un sistema que abre la puerta a las más diversas violaciones a diversas garantías reconocidas constitucionalmente. Los mismos  vienen a comprobar que la Resolución N° 398/2019 del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y la Ley Nº 6.339 establece un sistema cuestionado en todo el mundo por ser altamente impreciso, generando muchos falsos positivos (personas detenidas por errores del sistema, donde el sistema “marca” a una persona que no es la del registro). Según denuncian los abogados de Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), que promovió una investigación judicial referida anteriormente, la efectividad del sistema implementado es de un 52 %. Es decir la cantidad de falsos positivos es enorme. Pero lo que resulta aún más ilustrativo es que los falsos positivos se dan con mayor frecuencia en personas de tez oscura. Esto es así ya que el sistema utiliza algoritmos que son programados con determinados “sesgos”  y que los datos relacionados con los porcentajes sobre los falsos positivos evidencian que los mismos son de un marcado rasgo racista, provocando casos de discriminación por rasgos fisonómicos.

El sistema permite una vigilancia masiva y automatizada inédita y resulta de una seria afectación sobre el derecho a la protesta subproducto de la utilización del sistema sobre los referentes sociales y los manifestantes en general. En efecto se conoció la migración ilegal de datos de personalidades políticas, judiciales, periodísticas y también de múltiples referentes sociales.  Por esto mismo el sistema posee denuncias por haberse utilizado para criminalizar la protesta social en Hong Kong y en Estados Unidos, durante las protestas por el brutal asesinato de George Floyd.

La persecución a la protesta social con estos mecanismos ya ha ocurrido en el país: las cámaras que el gobierno de la Ciudad compartía con AFI han sido utilizadas, por ejemplo, para seguir a los trabajadores del Astillero Río Santiago, mientras manifestaban en Congreso contra la Ley de Presupuesto en octubre de 2018.

La proliferación masiva de cámaras de video vigilancia, además de promover un negocio multimillonario a favor de las empresas del rubro de la seguridad, habilitan la instalación de las mismas en lugares también útiles para llevar adelante tareas de espionaje  político. 

Diversas asociaciones y organizaciones de Derechos Humanos también han presentado, ante este mismo cuerpo, fuertes críticas al Sistema de Reconocimiento Facial.

Beatriz Busaniche, en representación de la Fundación Vía Libre, denunció que el “uso de tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas buscadas por la justicia supone la identificación constante de toda persona que transite por el espacio monitoreado, esto supone un efecto directo sobre las personas ante la posibilidad de ser monitoreadas, perder su derecho a circular en anonimato y ser identificadas limitando la libertad de circulación, la libertad de reunión y comprometiendo la privacidad de esas personas. A su vez, impacta en el debido proceso y la presunción de inocencia, ya que cuando el sistema automatizado dispara una alerta, queda en cabeza de la persona sindicada probar su inocencia y/o demostrar el error” y solicitó que se “promueva una moratoria y/o una prohibición directa del uso de estas tecnologías en defensa de los derechos de la ciudadanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todas aquellas personas que transitan por ella cotidianamente”.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) destacó que este sistema “ha potenciado la vigilancia del espacio público como nunca antes”, dado que  “el reconocimiento facial presenta serios problemas y desafíos. No solo para los derechos a la privacidad y la protección de datos personales, sino también para garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso, los derechos a la no discriminación, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.”. Por tal motivo, esta Asociación aconsejó “dejar de utilizar, y suspender en el futuro inmediato, cualquier implementación de tecnologías de reconocimiento facial con fines de vigilancia en el espacio público”.

En similar sentido, la organización Acces Now planteó que los problemas en el sistema “dan lugar a un potencial uso arbitrario y abusivo de la tecnología de reconocimiento facial. Por estas razones, muchos países y gobiernos locales del mundo han suspendido su utilización hasta tanto existan salvaguardas suficientes para evitar producir daños, mientras que otros incluso han prohibido su uso”, añadiendo que a ello “se suma a la falta de información sobre cómo fueron adquiridos estos sistemas, cómo se utilizan, la ausencia de estudios de impacto sobre derechos humanos y de protocolos para disminuir los riesgos que implican”.

La postura y exigencia de prohibición de estas organizaciones ha sido receptada en distintas partes del mundo. Así, San Francisco fue la primera ciudad en prohibir la tecnología de reconocimiento facial en EE UU. También lo hicieron varias ciudades, que prohibieron el uso mediante ordenanzas municipales: Berkeley, Oakland y Alameda. En el estado de Massachusetts, se sancionaron ordenanzas similares en Easthampton, Boston, Springfield, Cambridge, Northampton, Brookline y Somerville.

Por su parte, en agosto 2020 la Corte de Apelaciones del Reino Unido falló a favor de una demanda contra el uso de reconocimiento facial en vivo por la Policía de Gales del Sur.

En síntesis, y en consonancia con las posturas y tendencias descriptas a lo largo del presente proyecto y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Informes relacionados con la contratación de la empresas a cargo del Sistema de reconocimiento facial dependiente del Minsiterio de Justicia y Seguridad

18/04/2022

Expediente 1099-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y/o de los organismos que correspondan, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados con la contratación de la empresas a cargo del Sistema de reconocimiento facial dependiente del Minsiterio de Justicia y Seguridad:

a) Informe acerca del procedimiento de licitación para la contratación de Danaide S.A.. Informe acerca de plazos, oferentes, condiciones para ofertar.

b) Informe acerca de si la empresa presta otros servicios para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de ser afirmativo especifique cuáles.

c) Informe acerca de si la empresa y/o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó un uso distinto al establecido por ley de los datos recolectados y procesados. En caso afirmativo especifique cuáles.

d) Informe acerca del capital social, las ganancias, sedes y oficinas de funcionamiento de la empresa y si son compatibles con el servicio que debería prestar.

FUNDAMENTOS

El juez Gallardo ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada.

A partir de ello, salió a la luz que el gobierno porteño espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: diputados y dirigentes del FIT-U como Néstor Pitrola, Chiquito Belliboni o Del Caño, pasando por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, e incluso dirigentes de su coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales, Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales, periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.

A su vez, la periodista Irina Hauser ha denunciado múltiples irregularidades en torno a la contratación de la empresa prestataria del servicio, así como también de su composición y de su funcionamiento.

El sistema de videovigilancia tenía el supuesto fin de dar con información de personas prófugas. Sin embargo, el gobierno de Larreta aprovechó para armar informes de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima.  De fondo, tiene el propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la Ciudad, proyectarse nacionalmente y, como complemento de eso, de acallar cualquier oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen.

No es casual que el ministro de Seguridad D’alessandro haya puesto a disposición de la Justicia Nacional las cámaras de la Ciudad para perseguir a los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.

Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero. En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019, Gabriel Solano le respondió a Larreta cuando este pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí sostuvo que “estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta. Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que controla la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres, los jóvenes, los migrantes”.

Es importante señalar que en 2020 se sancionaron modificaciones del sistema de videovigilancia en la Legislatura. Allí, a partir de un proyecto presentado por el Frente de Todos, se consolidó el sistema que hoy se denuncia. A pesar que el kirchnerismo terminó votando en contra, fue el proyecto elaborado por ellos el que pavimentó la discusión. Incluso en ese proyecto no se cuestiona al sistema de vigilancia como tal, sino que se proponían modificaciones para “contribuir a la utilización racional de recursos en la materia”.

En dicha sesión Solano denunció “un Gran Hermano PRO-K”: “Estamos en presencia de un reforzamiento de un Estado policial. Se están violando derechos individuales muy importantes. Defendemos la privacidad de las personas. La intimidad no es un delito. Si uno vive en una sociedad en donde la conspiración por parte del Estado es la norma, como no vamos a pensar que el sistema de vigilancia se va a aplicar para esa conspiración. Después no digan ‘yo no sabía’, porque están todos los elementos para saberlo. Hacemos responsable a los que voten a favor y hacemos responsables a los que hicieron el proyecto”.

El Frente de Izquierda ha presentado un pedido de interpelación al ministro de Seguridad D’alessandro.

Repudio a la detención de militantes sociales en Jujuy.

07/04/2022

Proyecto de Declaración

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos
en Congreso declaran:

Repudiar las detenciones de 3 (tres) militantes sociales por participar de las
enormes movilizaciones en la Provincia de Jujuy, en las cuales reclamaban
derechos elementales como ser alimentos para comedores comunitarios y
apertura de merenderos.
Asimismo, repudiar el modo en que se realizaron las detenciones y pronunciarse
contra las persecuciones, represiones, torturas y amenazas por parte de la policía
provincial a cargo del Gobernador Gerardo Morales.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En las últimas horas, en la Provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales fueron
detenidos; Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque, de MTR 12 de Abril, y
Verónica Urzagasti, de MAR, los tres referentes por las luchas sociales.
La policía irrumpió en los domicilios con una supuesta orden de allanamiento. La acusación
es por haber participado de medidas de luchas del movimiento piquetero, todas las cuales
se desarrollaron con miles de participantes.
La movilización popular en la Provincia de Jujuy ha tomado fuerza en los últimos meses
producto del cuadro de aumento de la miseria y el hambre. El agravamiento en la situación
económica y social de la población jujeña se refleja en las “propuestas” salariales de miseria
a los docentes y estatales y en la negativa por parte del gobernador a dar algún tipo de
solución concreta a los miles de desocupados.
Frente a esta política las y los trabajadores docentes y estatales respondieron con
convocatorias a paros y movilizaciones, por un lado y movilizaciones de las y los
trabajadores desocupados nucleados en el Frente de Lucha Piquetero por el otro.
Es así que el Frente de Lucha Piquetero de Jujuy lanzó un plan de lucha provincial por los
reclamos más elementales, como el reconocimiento de merenderos y comedores que
funcionan a pulmón a lo largo de toda la provincia.
El movimiento piquetero independiente viene sosteniendo merenderos y comedores a
pulmón sin recibir ni un gramo de arroz por parte del gobierno provincial.
Luego del impacto que tuvo el acampe piquetero en todo el país y particularmente en Jujuy
donde hace años no se veían estas acciones de lucha Morales se sumó a la ofensiva
punitivista: A través de los medios afines al gobernador, el responsable del Juzgado
Contravencional N°1, Matías Ustarez Carrillo (Radical puesto a dedo por Morales), anunció
que las multas para los tres supuestos “dirigentes” del acampe, (Sebastián Copello del Polo
Obrero, Juan Chorolque, de MTR 12 de Abril, y Verónica Urzagasti, de MAR) podrían ser
de hasta un millón de pesos, arresto o trabajo comunitario. Las declaraciones tuvieron un
claro tono persecutorio.
Esta persecución se extiende a un modus operandi del gobernador contra todo opositor a
su política. En los últimos días se lanzó un ataque a Gastón Remy, concejal del FIT-U,
tergiversando y calumniando su intervención sobre el 40 aniversario de Malvinas.
El ataque salió desde la propia Casa de Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del
Facebook del secretario de Gobierno Diego Rotela. También desde el propio Ejecutivo se
lanzó un pedido de detención a “Nando” Acosta, de la Verde y Blanca de ATE, por participar
de la manifestación en la apertura de sesiones legislativas.
Al tratarse de una política persecutoria no podemos obviar que la dirigente de la Tupac
Amaru Milagro Sala fue apresada en 2016 en Jujuy, en una clara operación política del
gobierno provincial de Gerardo Morales en entrelazamiento con el aparato judicial. Todo el
proceso estuvo lleno de irregularidades.
Todos estos casos relatan un gobierno que se apoya en un régimen policiaco para hacer
pasar el ajuste en la provincia. Desde la asunción de Gerardo Morales la pobreza en Jujuy
aumentó a un 45% y los salarios estatales vienen perdiendo por quinto año consecutivo.
Este ajuste no podría pasar sin la persecución judicial y la represión.
Por otro lado vale aclarar que el código contravencional es un mecanismo de persecución
directa por parte del Poder Ejecutivo. A través del juzgado contravencional se sentencia
con multas y hasta arrestos cualquier reclamo popular hacia el poder político. Es decir que
el gobierno actúa como juez y parte. Estamos frente a un accionar anticonstitucional, que
pasa por encima del derecho a peticionar a las autoridades y manifestarse garantizado en
la Constitución Nacional.
Gerardo Morales recurre a la represión para frenar los reclamos populares. Como lo hizo el
3 de marzo, tras una brutal represión en localidades como San Pedro, Perico y otras, donde
detuvieron a 15 compañeros, los que sufrieron torturas y amenazas, y que fruto de una
intensa campaña y movilización fueron liberados. Se trata de una vía para hacer pasar el
ajuste con la grave crisis que viven las y los trabajadores.
La criminalización de la protesta no va a frenar la lucha de los que más sufren la crisis y el
ajuste de los gobiernos en la pelea por trabajo genuino y el pan de todos los días.
Repudiamos las detenciones y exigimos la inmediata libertad de los compañeros.
La gravedad de la política represiva del gobierno de Jujuy merece masivos
pronunciamientos y movilizaciones de repudio.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.
Romina Del Plá

Myriam Bregman
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca

 

Proyecto de declaración en repudio al fallo “2×1” en favor de los genocidas de la última dictadura cívico-militar

10/05/2017

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

 DECLARA

 Su repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró aplicable el beneficio del 2×1, enmarcado en la derogada ley 24.390, en el caso de Luis Muiña, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Su rechazo a la política de reconciliación con los genocidas de la dictadura que este fallo expresa -que fue iniciada con la designación de Milani al frente del Ejército bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y es continuada por el actual gobierno de Mauricio Macri-, que tiene por objetivo la reinserción de las Fuerzas Armadas en la represión interior. 

 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El día 3 de mayo se conoció el fallo de la Corte Suprema de la Nación que por mayoría, declaró aplicable la derogada Ley 24.390, que establece el cómputo del 2×1 en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires –Expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”.

El beneficiado por este fallo, Luis Muiña, integró durante la dictadura la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de “Swat”, y que operó dentro del Posadas, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”. En la citada causa fue condenado a 13 de años de prisión por ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, agravado por su rol de funcionario público, en el Hospital Posadas de Haedo (provincia de Buenos Aires), cuando un operativo militar con tanques y helicópteros -comandado personalmente por Reynaldo Bignone- ocupó en marzo de 1976 dicho establecimiento y detuvo trabajadores que luego fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como “El Chalet”.

El fallo no fue unánime. Votaron por la afirmativa los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti, mientras que Lorenzetti y Maqueda votaron en disidencia, señalando que esa reducción de penas no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

En la fundamentación de su rechazo a esta resolución en beneficio de Muiña, Lorenzatti y Maqueda sostuvieron que el juzgamiento de delitos de lesa humanidad “no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).” Y en alusión al argumento esgrimido por sus pares respecto de que el artículo 2 de la ley penal establece el beneficio de la aplicación la ley penal más benigna, señalaron que “el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”. Es una manera de decir que el fallo en sí mismo pone en cuestión cuál es la valoración de los delitos de lesa humanidad que prima en la justicia argentina. 

Importa agregar que la referida Ley 24.390, que estuvo en vigencia entre los años 1994 y 2001, fue derogada en ese año mediante la ley 25.430. Los jueces que votaron en disidencia por ello argumentan que “no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390” (ídem, Infobae, 03/05/2017).

El aspecto más grave y repudiable del fallo, que lo coloca en el terreno de la impunidad, es que instituye en causas de lesa humanidad la “conmutación de penas”: un indulto parcial por el que se sustituye una pena por otra de menor grado o rigor. Esto pone en riesgo y frustra el proceso de investigación, en un país donde los pocos genocidas juzgados han sido condenados en varias causas y es muchas veces en virtud de ello que están cumpliendo una pena – no se avanza en el juzgamiento de responsables y partícipes por fuera de un pequeño grupo, al que ahora se quiere garantizarle la impunidad.

Respecto de los juicios contra los genocidas cabe señalar que los mismos se desarrollan de manera fragmentada, en audiencias cortas y de pocos días por semana que garantizan, además, la impunidad biológica. Mientras tanto, el Estado conserva secretos los archivos de la dictadura. Los números hablan por sí solos: desde el 2006 hasta hoy, sobre 2800 genocidas acusados, 1279 están libres (¡el 45%!); un 38% es el porcentaje de genocidas que recibieron prisión perpetua en el marco de 13 juicios que se llevaron adelante en nueve jurisdicciones (un porcentaje que no llega a contemplar un represor por centro clandestino que funcionó en el país); hay 426 acusados que fallecieron antes de terminar el proceso y 50 genocidas que se encuentran prófugos. Es evidente que los límites de los juicios responden a una decisión política de Estado de no ir a fondo contra los genocidas.

El fallo contó con el inmediato respaldo del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, en nombre de la “independencia de la justicia”, un argumento bochornoso por parte de un funcionario del gobierno que designó a los jueces de la Corte que impulsan estas medidas tendientes a la amnistía de los genocidas y a la conmutación de penas, ambas prohibidas por el derecho internacional porque frustrarían los procesos de juzgamiento –claro que la designación de los mismos contó con el acuerdo de los senadores del PJ y el FPV. 

Aunque parte del máximo poder judicial, este fallo se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del gobierno, que se puso en evidencia en su momento con las declaraciones de Lopérfido, Gómez Centurión y del propio presidente Macri. Este operativo de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas que impulsa todo un sector de la burguesía en nuestro país, tiene como antecedentes más recientes las reuniones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con los defensores de los genocidas, y la Conferencia Episcopal en la que se anunció que los obispos recibirán a familiares tanto de desaparecidos como de militares partícipes de la dictadura, en un proceso orientado a la “reconciliación en el marco de la cultura del encuentro” (Infobae, 2/5). A nadie se le escapa entonces que la Iglesia, que fue cómplice del terrorismo de Estado de la última dictadura, se ha sumado a la comparsa pro-impunidad. Así lo advierte incluso un editorialista de Clarín cuando destaca que “la decisión se toma en momentos en que la cúpula de la Iglesia Católica ha llamado a un diálogo sobre la reconciliación entre familiares”.

Se trata entonces de una línea política de fondo que postula la “reconciliación” y la impunidad en función de reintroducir a las fuerzas armadas en tareas de “seguridad interior”. Es el mismo rumbo que ensayaron los gobiernos kirchneristas en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”, y pretendieron formar un ejército “nacional y popular” bajo la conducción del genocida César Milani.

Resulta que el mismo Estado que discute el agravamiento de penas en todos los planos de la vida social –y particularmente el de la protesta– se vuelve garantista a la hora de juzgar al cuerpo de oficiales que ejecutó el genocidio dictatorial. Por ello no tienen reparos en echar mano de una ley derogada hace más de quince años.

Detrás de este fallo está en juego una orientación de impunidad a los genocidas y reforzamiento represivo de la vida política y social, a través de un mayor protagonismo y una reconciliación con las FFAA.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Revista en Defensa del Marxismo
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