PROPUESTAS
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Parlamento: Legislatura CABA

Repudio a los dichos de la ministra Soledad Acuña y exige al ejecutivo del GCABA que la separe de su cargo

20/01/2022

Expediente 2870-D-2021

Proyecto de declaración

Art 1°- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia los dichos de la ministra Soledad Acuña y exige al ejecutivo del GCABA que la separe de su cargo.

Fundamentos

Una vez más, Soledad Acuña, la ministra de Educación de CABA, se expresó en declaraciones radiales de forma discriminatoria y reaccionaria contra los y las estudiantes que tuvieron que desertar de la escuela, producto de la pandemia y la falta de políticas educativas, demostrando su orientación como defensora de un régimen social que solo hace crecer la pobreza y la deserción escolar. Además de no hacerse cargo de su propia política, en tanto la deserción abarca también a la matrícula de la ciudad de Buenos Aires y hay registros de las escuelas que denuncian que faltan recursos para renvincular estudiantes, a su vez que se desentiende sobre cualquier tipo de plan para reintegrar a las y los estudiantes.

Una Ministra de Educación que declara que “es muy tarde para salir a buscar a los chicos” que quedaron fuera del sistema educativo, confiesa que no puede cumplir con la tarea elemental de esa cartera, que es garantizar la educación al conjunto de la población, particularmente a la población pobre. Por eso exigimos que sea removida de su cargo.

El tema de fondo en las declaraciones radiales era la deserción escolar, innegable luego de la pandemia. Los datos y la propia experiencia de las familias, la juventud y la docencia lo demuestran.

¿De quién es la responsabilidad de la deserción escolar y qué hicieron los gobiernos para evitarlo?

A nivel nacional, todos los años alrededor de 360.000 estudiantes deben dejar sus estudios. Con la pandemia se expresó con mayor crudeza esta cifra. Proyecciones, realizadas en forma separada por la Universidad Di Tella y Flacso, coinciden en hablar de una pérdida de 1,5 millones de alumnos, es decir, entre 13 y 15% en los tres niveles obligatorios (inicial, primaria y secundaria) y en el superior no universitario. El gobierno anunció que 1.800.000 estudiantes presentaron dificultades ya sea por haber perdido contacto con la escuela o por haber discontinuado su proceso de aprendizaje durante la pandemia.

La deserción escolar durante la pandemia estuvo directamente relacionada con una desigualdad social creciente que impacta en las trayectorias educativas. Quien no tuvo computadoras ni conectividad, que era la única forma de hacer un acompañamiento pedagógico durante la suspensión de clases presenciales, se quedó afuera de la escuela.

No hubo programa nacional o juridiccional de distribución masiva de dispositivos, ni conectividad en los barrios. Tampoco becas para adquirirlas. Tanto el gobierno nacional, como el de la ciudad son responsables de la deserción escolar.

La “pelea” entre nación y ciudad sobre la presencialidad en pandemia, con el riesgo que ello conlleva para la comunidad educativa, tuvo como contexto la falta de recursos disponibles para acompañar la escolaridad, producto de un ajuste histórico en las partidas presupuestarias del área social y educativo.

El gobierno de la ciudad, que hizo una bandera de la presencialidad, vio la oportunidad de hacer demagogia con este tema, mientras no ponía un peso para acompañar el proceso educativo. Los 6.500 “desvinculados”, una cifra inverosímil si la contrastamos con los aproximadamente 750.000 estudiantes matriculados en todo el sistema educativo de CABA, nunca fueron demostrados- a pesar que se solicitó información oficial desde esta bancada y desde diversos organismos de defensa de los derechos del niño, niña y adolescente- y en cada escuela hay registros muy por encima de esta cifra de estudiantes que desertaron. En este punto, aunque intenten diferenciarse de las provincias estimando que solo 100 estudiantes quedaron sin contacto escolar, hay que desmentirlo rotundamente, porque además no se está tomando en cuenta los que hace rato ya no están en la escuela o nunca ingresaron y que, por lo tanto, se debe tener una política para que reingresen a la escuela.

La falta de nombramientos de docentes para montar un programa integral de seguimiento de trayectorias escolares, las improvisadas “evaluaciones” de fin de año con contenidos educativos básicos y los anuncios “marketineros” no pueden esconder que la crisis educativa se agudizó y que es un problema crucial que preocupa a toda la comunidad educativa.

En un país con el 60% de pibes pobres, las declaraciones de la ministra son un ataque violento para aquellos estudiantes que se organizaron bajo duras condiciones reclamando que se le otorguen computadoras, conectividad y becas en los barrios, para acceder al elemental derecho a estudiar. En particular, hubo tres manifestaciones a la cartera educativa de CABA para solicitar computadoras, acceso a la conectividad y becas. Hemos acompañado como legisladores estos reclamos, que no dieron como resultado que se otorguen las justas demandas. Tampoco el ministerio nacional, a cargo de Nicolás Trotta, otorgó respuestas a las y los estudiantes quienes tuvieron que acampar en las puertas de dicho ministerio.

Rechazamos las declaraciones de Acuña y reclamamos su renuncia, pues su permanencia es incompatible con la defensa de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires.

Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Dejar sin efecto los aumentos establecidos para 2022 para las tarifas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas

12/01/2022

Expediente 2858-D-2021

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°- Dejar sin efecto los aumentos establecidos para 2002 para las tarifas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas.

Artículo 2°- Se convoca a una audiencia pública de carácter vinculante que tendrá como propósito poner en consideración la propuesta de tarifas elaborada por el Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El gobierno de Larreta comenzó el año oficializando los aumentos para distintos servicios concesionados que rigen en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas.

Los aumentos establecidos llegan hasta el 51% que según señala el ejecutivo se trata de una actualización a partir de la inflación de los costos fijos que estos servicios tienen. Sin embargo, dichos costos son desconocidos para la población de la Ciudad y no son sometidos a un control para determinar las ganancias de dichas empresas.

No rige la misma suerte para los trabajadores que son usuarios de dichos servicios, sus salarios no son actualizados por inflación, ni siquiera aquellos dependientes del Gobierno de la Ciudad: docentes, trabajadores de la salud, municipales. Se trata, por lo tanto, de un tarifazo en desmedro del bolsillo de los trabajadores.

Para revertir esta situación, reclamamos que se dejen sin efecto dichos aumentos y la convocatoria a una audiencia pública de carácter vinculante para poner en consideración la propuesta de tarifas elaborada por el Poder Ejecutivo. Las realizadas solo cumplen la formalidad establecida por la ley. Sin embargo, el Gobierno de Larreta, deshecha las opiniones vertidas en ellas, así como ocurrió con las audiencias sobre la construcción de megatorres, y se vale de su carácter no vinculante para actuar a su antojo.

Los recientes apagones eléctricos son la prueba irrefutable de que los servicios públicos concesionados o privatizados no funcionan al servicio de la población, sino que son un botín para distintas empresas, que se valen de subsidios y tarifazos recurrentes sin la necesidad de invertir para un mejor servicio. Los gobiernos ceden a las presiones de las empresas que exigen tarifazos para conservar su tasa de ganancia.

Por estos motivos solicito la aprobación del presente proyecto

Rechazo a la Resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial de la Nación que habilita la exploración petrolera off shore en la costa de Mar del Plata y apoya el reclamo popular contra dicha política

04/01/2022

Expediente 2851-D-2021

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rechaza la Resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con firma del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié, que habilita la exploración petrolera off shore en la costa de Mar del Plata y apoya el reclamo popular contra dicha política.

FUNDAMENTOS

La reciente publicación en el Boletín Oficial de la resolución que dictamina la explotación petrolera off-shore en el Mar Argentino ha generado una gran preocupación. También, como sucediera en ocasión de la Ley de Zonificación Minera en Chubut, ha merecido un amplio rechazo popular. El mismo se está expresando en numerosas movilizaciones en todo el país, y particularmente en nuestra Provincia de Buenos Aires a lo largo de la costa atlántica, bajo la denominación de “Atlanticazo”.

La gravedad de la medida es denunciada por múltiples especialistas, que coinciden en señalar que este tipo de actividad daña fuertemente a los ecosistemas marinos y a las poblaciones costeras. De hecho, en la Audiencia Pública N°1 del 21 de Julio, convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 95% de los más de 300 participantes que tomaron la palabra se expresaron en contra.

Para hacer estos trabajos en ultramar, los buques sísmicos efectúan bombardeos acústicos, disparos con cañones de aire que crean ruidos increíblemente fuertes (superiores a los 215 decibeles) con alta frecuencia, cuyo impacto puede cubrir una superficie de más 4.000 Kilómetros.

La fauna marina (como la ballena franca austral, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos e incluso las poblaciones de peces) es gravemente afectada y sufre los efectos de esta actividad tan dañina. La exposición a estos ruidos genera desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, reducción de la viabilidad de los huevos, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o envaramiento.

Una vez concluida la etapa exploratoria, los riesgos con la explotación, están asociados a posibles explosiones y derrames. Según un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), “la probabilidad de ocurrencia de derrames para diferentes niveles de producción de petróleo offshore obtenida a partir de más de 50 años de datos estadísticos, para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, tiene una ocurrencia del 100%, incluso de derrames de grandes cantidades mayores a 1.000 bbl” (noviembre 2020).

En nuestro país existe el antecedente del Golfo San Jorge, en el cual no se realizaron estudios previos de los efectos sobre la pesca y existió un fallo a favor de los pescadores al respecto.

En otros casos icónicos alrededor del mundo, se puede mencionar el derrame producido por la empresa Shell en el Delta del Níger, que ocasionó una causa judicial que lleva 10 años y la multinacional sólo ha cumplido con el 10% de las tareas de limpieza, generando efectos irreversibles a los pueblos de la región. Otro derrame grave fue el de Deep Water Horizon en el Golfo de México, responsabilidad de British Petroleum y Halliburton. Allí, los trabajadores que efectuaron la limpieza de los restos de petróleo fueron expuestos al crudo y a los gases emanados, lo que impactó gravemente sobre su salud. Estudios e informes médicos posteriores registraron que los efectos tóxicos derivaron en trastornos como dolores de cabeza, tos crónica, dificultad para respirar, erupciones cutáneas y serios riesgos de desarrollar cáncer de hígado, leucemia, entre otros.

No parece casual que los estudios que avalan este proyecto y califican su impacto ambiental como “leve” sean los que ha contratado la compañía Equinor, interesada en la explotación. La consultora Serman y Asociados, responsable del estudio en cuestión, es reconocida por elaborar estudios muy cuestionados en distintos emprendimientos que conllevan un gran riesgo ambiental. Por ejemplo, ha elaborado el cuestionado estudio de impacto ambiental para las represas de Santa Cruz, un caso que se encuentra en la Corte Suprema por la subestimación consciente del riesgo para los glaciares de la elevación del nivel del Lago Argentino.

En este caso, la explotación petrolera en las cosas del Mar Argentino también afectaría a la población local, impactando negativamente en el resto de las actividades de la región. Especialmente se vislumbran los efectos perjudiciales que tendría sobre los derivados de la economía asociada a la pesca, su industria y el turismo, que abarcan en el distrito a una cantidad de empleos no comparables con los que la industria petrolera pudiera generar.

Además de todo esto, la medida se intenta implementar en medio de una aguda crisis socioambiental que atraviesa nuestro país, con focos de incendio en 11 provincias. La muerte de dos tripulantes en la caída de un helicóptero sobre el incendio en Aluminé, ha demostrado las condiciones extremas y de absoluta precariedad sobre las cuales actúan los brigadistas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha tomado las medidas de prevención antes, ni ahora toma medidas ni amplía recursos para combatir el fuego. Nos preguntamos, ¿Qué sucedería entonces frente a un hipotético derrame en el mar argentino?

Denunciamos que el Gobierno avanza con estos proyectos que destruyen el ambiente, aún en medio de esta crisis, con el objetivo de pagar la deuda al FMI y a los acreedores internacionales. Nada tiene que ver esto con un supuesto “desarrollo nacional”. Mientras los recursos son explotados por multinacionales, en un esquema semicolonial de saqueo habilitado por acuerdos secretos entre el Estado y empresas como Equinor, Shell o Chevron, las divisas que quedan para el Estado terminan en la fuga de capitales o en el pago de la deuda.

Como mostró el Chubutazo que quebró el intento de imponer la Ley de Zonificación Minera que habilitaba la megaminería contaminante, los trabajadores y el pueblo argentino pueden derrotar esta medida. ¡Fuera las petroleras de nuestros mares!

Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

Creación del Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

04/01/2022

Expediente 2848-D-2021

Proyecto de Ley

Artículo 1°.- Se crea el Programa de Atención a damnificados por la Emergencia Eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El Programa contemplará la creación de un Comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética, integrado por: 

1°)  Un representante de cada bloque de la Legislatura de la Ciudad. 

2°)  Representantes de los Consejos Consultivos de las Comunas y de los barrios afectados. 

3°)  Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía. 

4°)  Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Artículo 3°.– Son funciones del Comité de Emergencia: 

1°) Realizar un mapa de las zonas de la Ciudad afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados. 

2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia. 

3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.

4) Organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto.

Artículo 4°.-  El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria  un padrón de técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la formación de un mínimo de 60 (sesenta) cuadrillas de emergencia, a razón de cuatro por Comuna de la Ciudad. Atenderán de inmediato la reparación de cámaras, subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

Artículo 5°.- Se establece como criterio prioritario para la elaboración de los padrones de técnicos y operarios electricistas a aquellos trabajadores de la empresa EMA servicios S.A. que fueron despedidos durante el 2021. En segundo lugar, se establece la prioridad en dicha elaboración a los trabajadores de empresas tercerizadas dependientes de EDENOR y EDESUR.

Artículo 6°.- El Comité de Emergencia receptará  las denuncias de los vecinos sobre pérdidas materiales, ya sea de mercadería o equipos electrónicos causados por los cortes de energía,  y gestionará el cobro de indemnizaciones.

Artículo 7°.– El Programa para la atención de damnificados por la Emergencia Eléctrica será íntegramente financiado por un impuesto extraordinario a las empresas prestadoras del servicio eléctrico en el ámbito de la Ciudad equivalente al 5% de su facturación.

FUNDAMENTOS

A la fecha de presentación del presente proyecto van contados cinco días desde el comienzo de los cortes de luz, extendidos por el Amba, que alcanzaron picos de entre 50.000 y 60.000 usuarios sin suministro eléctrico y que desataron el enojo de los vecinos, con cortes y algunos cacerolazos. Llegado este punto, la concesionarias privadas alegan “pérdidas” por las tarifas “controladas” y el gobierno “sanciona” al tiempo que libera tarifas y aumenta los millonarios subsidios.

Se trata del recurrente juego entre las distribuidoras eléctricas (Edesur y Edenor) y el gobierno, donde ambas se pasan la responsabilidad por la evidente desinversión en infraestructura y los cortes en el suministro eléctrico

Para desentenderse de su responsabilidad, el gobierno ha multado a Edesur –la que acumula más cortes- por $105 millones por las interrupciones y $133 millones por atención deficiente, además de reclamar el no cobro de la energía no suministrada: chirolas que no compensan el daño emergente. Lo que se omite mencionar es que las distribuidoras absorben este “gasto excepcional” con los subsidios millonarios del Estado.

Las concesionarias privadas alegan que vienen realizando inversiones y que incluso llevan “perdidos”, hasta septiembre del 2021, $15.000 millones. Claro que esto responde a la contabilidad creativa de este sector parasitario, que se vale de los cortes de luz para reclamar mayor liberación de tarifas y recursos.

Esto ocurre a pesar de que el gobierno ya dio el visto bueno para un aumento de entre el 17 y 20% en las tarifas energéticas y cuando avanza con segmentación tarifaria y el quite de “beneficios” en la facturación por vía del reempadronamiento compulsivo.

La titular del Ente Regulador de Energía (Enre), Soledad Manín, ha salido a despegarse de Edesur y Edenor, señalando que durante el macrismo las distribuidoras recibieron un 3.200% de aumento en las facturas, sin que eso se traduzca en mayor inversión.

Los tarifazos del macrismo (ingreso directo a las distribuidoras) fueron en detrimento de los subsidios (ingreso indirecto). Asumido Alberto Fernández se invirtió la ecuación, preservando siempre los intereses de estos capitalistas parasitarios: los subsidios pasaron de US$ 4.400 millones en 2019, superando los US$ 10.000 millones para el 2021, según estimaciones del Instituto Mosconi.

Se estima que en los últimos diez años los subsidios energéticos acumularon US$ 132.000 millones, tres veces lo adeudado al FMI, para que llegado el 2022 la infraestructura energética siga colapsando con un golpe de calor.

A la presión de las distribuidoras eléctricas, a las cuales el gobierno amenaza de tanto en tanto sin producir ningún resultado concreto, por mayores tarifazos que eliminen la “tutela” del Estado de sus ganancias, se suma la presión por el aumento de los combustibles, sector desde donde reclaman una “actualización” del 30%. De consumarse todas estas aspiraciones patronales estaríamos ante un nuevo salto en los indicadores de pobreza e indigencia.

El negocio espurio de las distribuidoras energéticas debe terminarse comenzando por la apertura de los libros de toda la cadena energética (productoras, transportadoras y distribuidoras), para determinar el costo real de producción y garantizar las inversiones necesarias con la nacionalización del sector para ponerlo bajo control obrero y de los usuarios. Kirchneristas y macristas son ambos responsables de una política de saqueo y desinversión energética.

Repudio a la ley contaminante de zonificación minera en Chubut y repudio a la represión al pueblo de chubutense que se movilizaba contra dicha ley

17/12/2021

Expediente 2820-D-2021

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la ley contaminante de zonificación minera en Chubut y repudia la represión al pueblo de chubutense que se movilizaba contra dicha ley

Fundamentos

La escandalosa aprobación del proyecto de zonificación minera en la Legislatura de Chubut dio lugar a lo que se esperaba: una poderosa reacción popular, en la senda las formidables rebeliones y expresiones de lucha que se han producido en Chubut durante los últimos años, en defensa de los salarios y también contra la represión.

Si bien el epicentro de las protestas callejeras es la capital Rawson, donde se encuentra la Legislatura, la Casa de Gobierno y los diferentes ministerios y edificios públicos, la movilización popular también se replica fuertemente en los diferentes municipios y concejos deliberantes, ya que en su último artículo la ley aprobada establece un porcentaje de regalías específico (el 14%) para aquellos municipios que “adhieran” y un 1% para los que no lo hagan, dentro de los próximos días. Hay que aclarar que los pomposos porcentajes que se mencionan para los diferentes sectores parten de un mísero 3% del total de la producción sobre el valor en boca de mina, es decir el mineral sin ningún tipo de intervención previa.

La bronca popular se ha expresado con enormes movilizaciones en las diferentes ciudades, frente a la brutal represión y “cacería” desarrollada en la capital Rawson el miércoles 15 en la madrugada posterior a la aprobación de la zonificación. La bronca también se expresó con la quema de edificios públicos, como la Casa de Gobierno, la Fiscalía de Rawson, la sede del Superior Tribunal de Justicia, el municipio de Trelew, entre otros. #NoEsNo, “Fuera Arcioni”, “Que se vayan todos” se escucha en las calles de Chubut.

Por estas horas corre el rumor de la declaración del un “estado de sitio” en la provincia, algo sólo previsto a nivel nacional, pero lo cierto es que parece imponerse de hecho, pues la represión y las “razzias” recrudecen en Rawson y también en Trelew. Según información de la Comisión por la Justicia y contra la Impunidad, durante la noche hubo 20 personas detenidas, ya liberadas, aún hay tres menores demorados, junto a Diego Oria, un conocido activista de las asambleas de Trelew.

Es muy grande la comprensión de que la aprobación de esta ley ha sido una maniobra del régimen político en su conjunto. La sesión especial que aprobó la ley, incorporada sobre tablas a la orden del día, fue convocada por el acuerdo entre el presidente de la legislatura (el vicegobernador Ricardo Sastre) y todos los presidentes de bloque (arcionismo, PJ-Frente de Todos, UCR y los diferentes unibloques). Más allá de que luego el resultado haya sido 14 a 11, todos los bloques son responsables, porque además ninguno, en su momento, impulsó un dictamen favorable, para su tratamiento, de la Iniciativa Popular 2020 que prohibía definitivamente la megaminería en toda la provincia.

Dentro del bloque político megaminero se encuentra también la burocracia sindical (petroleros, camioneros y Uocra), ya que según la ley de zonificación el 2% de las regalías va directo a la caja de los sindicatos involucrados en los emprendimientos mineros. El hecho de ser una caja política para funcionar como fuerza de choque es que petroleros privados (“Loma” Ávila, patotero de docentes) y Jerárquicos (José Yugdar) también percibirán este porcentaje. Los obreros petroleros no tienen nada que ver, en ningún lado, con la producción en una mina.

Ha resultado novedoso que incluso otros gremios controlados por la burocracia, como en el sector de la pesca, Somu (marineros), Supa (estibadores), Sutap (administradores portuarios), se han pronunciado en contra de la zonificación e incluso habían llamado a movilizar para la sesión suspendida del jueves 16, ya que consideran que la megaminería podría afectar el agua y por lo tanto sus puestos de trabajo. En Madryn varios  trabajadores de Aluar participaron de la movilización popular, así como también se destacó un grupo de guardavidas.

Otro de los elementos que completa el cuadro de bronca popular, y deja en claro que sólo piensan en el agua para las mineras, es el hecho de que la zonificación que abrió la puerta a la megaminería se aprobó en el momento en que varias ciudades y localidades están sin agua hace varios días, como Yala Laubat, Epuyén, Puerto Pirámides y Comodoro Rivadavia, la ciudad más populosa de la Patagonia, por la rotura de un acueducto que deberá ser reparado por una empresa perteneciente al empresario kirchnerista Cristóbal López, CPC, tras estar judicializada varios años por el gobierno de Macri.

El apoyo a la lucha del pueblo de Chubut se replica en todo el país e incluso a nivel internacional. Una gran marcha de agrupaciones socioambientales combativas, encabezadas por la coordinadora Basta de Falsa Soluciones, repudió la represión frente a la Casa de Chubut en CABA. También hubo acciones en Misiones, La Pampa, Neuquén, Mar del Plata, entre otros puntos de todo el país.

Es necesario redoblar los esfuerzos. Las grandes movilizaciones de la provincia, los piquetes en las rutas y la lucha en las calles marcan el camino, son la mayor herramienta para enfrentar a los dueños del poder y la depredación ambiental capitalista, ligada en Argentina al acuerdo con el FMI.

Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto

Rechazo a las denominadas prácticas profesionalizantes y exigencia de inversión en dispositivos y conectividad, infraestructura escolar y becas estudiantiles

10/12/2021

Expediente 2809-D-2021

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza las denominadas prácticas profesionalizantes y exige inversión en dispositivos y conectividad, infraestructura escolar y becas estudiantiles.

Fundamentos

El jefe de gobierno, anunció las prácticas denominadas “profesionales”, a partir del 5to año del 2022,  de la escuela secundaria. Las mismas serán de 120 horas, de carácter obligatorio y gratuitas. La medida se encuadra en las reformas -anti- educativas llamadas Secundaria del Futuro (SdF) , la cual representa la profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES).

Bajo el argumento falaz del desarrollo de nuevas capacidades, de la toma de decisiones y autonomía, y de estimular el pensamiento crítico y la creatividad, el jefe de gobierno entrega a les estudiantes a una situación de extrema explotación laboral por parte de empresas que deberán inscribirse en un registro del cual no se conocen presiciones ni requisitos que deban cumplir. Es decir que lo único público hasta el momento es el peso de la obligatoriedad del trabajo no remunerado para les estudiantes del nivel medio. 

Pero los argumentos pedagógicos que utiliza Larreta-Acuña para aplicar este principio de esclavitud del siglo XXI, no son más que conceptos que intentan embellecer lo que ellos mismos intentan  destruir. A contramano de cualquier principio de desarrollo del pensamiento crítico, el GCABA se ocupa sistemáticamente de contribuir al  bloqueo el desarrollo de la plenitud de les estudiantes. Recordemos que durante el período que va del año 2012 al 2018, fueron les estudiantes quienes con medidas de luchas, toma y permanencia de escuelas, y movilizaciones, se opusieron por el vértice a las reformas como la NES y la Secundaria (sin) Futuro por recorte orientaciones, acotar el alcance de ellas titulaciones y vaciar de contenidos los trayectos educativos del nivel, y en reclamo de la implementación de la ESI.

Estás reformas que han encontrado su marco nacional en la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo, se constituyen como el correlato educativo de la pretendida y exigida reforma laboral de los organismos internacionales de crédito como el FMI, con quien los gobiernos comenzando por el nacional se aprestan a realizar acuerdos que no traerán otra cosa más que penurias para el pueblo que trabaja y estudia.

Es decir, las reformas educativas vienen a imponer modificaciones profundas que apuntan a adaptar la educación a un mundo laboral precarizado que desconoce cualquier conquista por parte de les trabajadores y sus convenios colectivos.

La falta de formación  es otra pata argumental del GCABA para explicar la desocupación en la juventud, sin embargo el discurso toyotista no encuentran línea de continuidad con la realidad. Los índices de desocupación en la Argentina son de extrema preocupación y se debe a la carencia de trabajo genuino bajo convenio. Larreta pretende colocar otra viga en favor de los empresarios y de la desocupación y precarización de la juventud cuyos índices de pobreza son estremecedores.

Pero el gobierno que argulle  la inclusión laboral para la juventud que estudia, es quien cercena incluso derechos consagrados universalmente como es el de las personas con discapacidades cerrando la formación integral y laboral y más de 600 personas de hasta 50 años que asisten a escuelas cuyos tramos pedagógicos los contienen en sus proyectos. Claro está: las personas con discapacidad no son parte del negocio para Larreta-Acuña.

La política del GCABA en materia educativa llega a niveles de cinismo impensados, en horas en que se trata el presupuesto de la CABA, el área educativa, la cual viene de “podas” permanentes, ha vuelto a pasar por la tijera de Larreta y sus socios. Ningún ítem del presupuesto, aún con subas nominales, arranca de recortes y su ejecuciones previas y no cubre la proyección inflacionaria real,  nuevamente es el caso de la infraestructura escolar (recordemos q en 2021 el ítem fue ajustado en un 71%) la cual ha sido un problema material concreto incluso al momento de aplicar las reformas establecidas por los gobiernos y los organismos internacionales de crédito. La publicidad de mobiliario y aulas “NES” no pasaron ninguna prueba de calidad. Las escuelas no contaron, ni cuentan con inversiones que incluso permitan lo que quiere aplicar el gobierno.

Estamos ante una nueva estafa de Larreta-Acuña quien hace meses ha comenzado su campaña hacia el 2023,  y embanderaándose con la reforma laboral quiere competir en la demotración de su disposición a aplicar requerimientos de esclavitud si fuera necesario ante el FMI.

Desde el FIT-U, se han presentado múltiples proyectos de rechazo a las reformas por su carácter anti educativo,  y por responder a las exigencias de quienes nada tienen para ofrecerle al pueblo trabajador, a las mujeres, a la juventud y las infancias.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Informes referidos a la Educación Especial

10/12/2021

Expediente 2808-D-2021

Proyecto de resolución

Artículo 1°.– El Poder Ejecutivo informará en formato papel y digital, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos a la Educación Especial, a saber:

a)Explique los motivos pedagógicos por los cuales acorta la edad de 50 años a 22 años, que posibilita el acceso a las escuelas de Formación Integral y Laboral del área de la Educación Especial. Adjunte documentación repaldatoria.

b) Explicite, en caso de su existencia, las medidas correspondiente a la Educación formal que asumirá el GCABA a través del Ministerio de Educación frente a los más de 600 estudiantes que quedan por fuera del sistema educativo formal. Adjunte documentación respaldatoria

c) Informe la demanda actual de matrícula en el área desagregado por escuela y escalafón.

d) Informe la cantidad de vacantes satisfechas en el área desagregado por escuela y escalafón.

Articulo 2º.- Comuníquese, etc.

Fundamentos:

El Ministerio de Educación  pretende imponer, de cara al año que viene, la baja de la edad de egreso de alumnes que asisten a todos los espacios de Formación Laboral y/o Formación Integral en las Escuelas Especiales, bajándolas de 50 años a 22 años. Siendo hoy la edad de egreso variable según la escuela de la que se trate, en las que menos, es 24, en otras llegan a 50 años o más.

Son 13 Escuelas Especiales públicas en todo CABA, las que funcionan como espacios educativos de Formación Integral y/o, Laboral, y es este formato institucional en la mayoría de los casos, la única opción de actividad que existe en la Ciudad para les alumnes, tanto en términos pedagógicos, como en lo que concierne a la vital interacción social y conformación de vínculos por fuera del entorno familiar, lo cual redunda en una lesión al derecho de autonomía y  la constucción de la misma.

En un cuadro creciente de precarización laboral y despidos, las familias de personas con discapacidad o trayectorias diversas, son excluidas de la posibilidad de acceder a Centros Terapéuticos o apoyos terapéuticos privados por no contar con obras sociales que las paguen. Por eso, en los últimos tiempos, crece exponencialmente la demanda de vacantes en Educación Especial pública, más allá de que también, trabajadores que cuentan con obra social, deben lidiar con la negativa por parte de las obras sociales de brindar las prestaciones que les corresponden por Ley a quienes cuentan con CUD.

Por caso en la escuela 9 DE 6, se informó a les docentes que “la bajada” es que el año próximo se abandonará el acompañamiento de las maestras de apoyo a la inclusión para les jóvenes de Formación Integral que se encuentran cursando la primaria para adultos en el CEPAPI. Un proyecto que tiene años de historia y esfuerzo docente.

Pero la decisión discriminatoria, no se le puede adjudicar tan sólo al Gobierno de CABA. Tal reforma en la edad de egreso, está basada en la resolución del Consejo Federal de Educación 155 del año 2011 y la resolución 311 del año 2016.

La medida es escandalosa, son las comunidades las que han logrado viralizar el ataque a les estudiantes en situación de discapacidad a quien el GCABA y el ministerio de educación les niega la oportunidad de acceder  la Educación y la formación laboral

La defensa de los espacios para las y los pibes de educación especial no puede esperar. Por ello solicitamos se acompañe el presente proyecto.

Informes relativos a la situación de la atención de salud mental en el Hospital J. T. Borda

09/12/2021

Expediente 2748-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º.- El Ministerio de Salud de la ciudad informará en un plazo no superior a 30 (treinta) días corridos de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relativos a la situación de la atención de salud mental en el Hospital J. T. Borda:

  1. Informe sobre los hechos ocurridos durante la madrugada del 1ero de Diciembre del corriente, donde según denuncias se registró la muerte de un paciente por el accionar de otro interno. 
  2. Detalle con documentos respaldatorios las circunstancias de los hechos, la situación clínica y social de los pacientes involucrados y el lugar en donde se encontraban.
  3. Informe sobre los trabajadores de salud/salud mental al momento de los hechos que se denuncian, si se encontraban presentes o ausentes indicando en caso de ausencia los motivos. Adjunte el registro de trabajadores de la salud/salud mental afectados al esquema de atención del hospital Borda. 
  4. Informe sobre la cantidad de personas internadas en la actualidad en el Hospital.
  5. Informe si se ha realizado una intervención judicial, en caso de confirmarse el hecho.
  6. Informe qué intervención ha tenido el Órgano de Revisión Nacional.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

En mayo del 2020 la muerte del paciente Jorge Marcheggiano en el parque del Hospital Borda luego de ser atacado por una jauría de perros, puso sobre la mesa la desidia y abandono resultante del modelo manicomial que promueve el gobierno de la ciudad. Un año después, la noticia de una pelea que derivó en la muerte de un paciente por otro en el mismo hospital durante la madrugada del 1ero de diciembre reabre el debate, dando cuenta de una reiteración de las condiciones de abandono por parte del estado, incumpliendo las leyes 448 de la ciudad y la ley de salud mental nacional.

El modelo manicomial también explica la falta de eficiencia de una gestión que siendo la que mayor presupuesto otorga a los 4 hospitales neuropsiquiatricos de la ciudad (7% del total destinado a salud, la ley de salud mental nacional plantea que debe ser del 10%) no logra atender de manera singular y desde el modelo de la salud mental con pleno derecho. Según otros pacientes presentes al momento de los hechos no habían enfermeros para separar los pacientes involucrados en la pelea, como tampoco los hubo cuando la jauría de perros atacó a JM.

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