Informes relacionados con la contratación de la empresas a cargo del Sistema de reconocimiento facial dependiente del Minsiterio de Justicia y Seguridad

18/04/2022

Expediente 1099-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y/o de los organismos que correspondan, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados con la contratación de la empresas a cargo del Sistema de reconocimiento facial dependiente del Minsiterio de Justicia y Seguridad:

a) Informe acerca del procedimiento de licitación para la contratación de Danaide S.A.. Informe acerca de plazos, oferentes, condiciones para ofertar.

b) Informe acerca de si la empresa presta otros servicios para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de ser afirmativo especifique cuáles.

c) Informe acerca de si la empresa y/o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó un uso distinto al establecido por ley de los datos recolectados y procesados. En caso afirmativo especifique cuáles.

d) Informe acerca del capital social, las ganancias, sedes y oficinas de funcionamiento de la empresa y si son compatibles con el servicio que debería prestar.

FUNDAMENTOS

El juez Gallardo ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada.

A partir de ello, salió a la luz que el gobierno porteño espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: diputados y dirigentes del FIT-U como Néstor Pitrola, Chiquito Belliboni o Del Caño, pasando por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, e incluso dirigentes de su coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales, Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales, periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.

A su vez, la periodista Irina Hauser ha denunciado múltiples irregularidades en torno a la contratación de la empresa prestataria del servicio, así como también de su composición y de su funcionamiento.

El sistema de videovigilancia tenía el supuesto fin de dar con información de personas prófugas. Sin embargo, el gobierno de Larreta aprovechó para armar informes de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima.  De fondo, tiene el propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la Ciudad, proyectarse nacionalmente y, como complemento de eso, de acallar cualquier oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen.

No es casual que el ministro de Seguridad D’alessandro haya puesto a disposición de la Justicia Nacional las cámaras de la Ciudad para perseguir a los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.

Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero. En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019, Gabriel Solano le respondió a Larreta cuando este pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí sostuvo que “estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta. Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que controla la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres, los jóvenes, los migrantes”.

Es importante señalar que en 2020 se sancionaron modificaciones del sistema de videovigilancia en la Legislatura. Allí, a partir de un proyecto presentado por el Frente de Todos, se consolidó el sistema que hoy se denuncia. A pesar que el kirchnerismo terminó votando en contra, fue el proyecto elaborado por ellos el que pavimentó la discusión. Incluso en ese proyecto no se cuestiona al sistema de vigilancia como tal, sino que se proponían modificaciones para “contribuir a la utilización racional de recursos en la materia”.

En dicha sesión Solano denunció “un Gran Hermano PRO-K”: “Estamos en presencia de un reforzamiento de un Estado policial. Se están violando derechos individuales muy importantes. Defendemos la privacidad de las personas. La intimidad no es un delito. Si uno vive en una sociedad en donde la conspiración por parte del Estado es la norma, como no vamos a pensar que el sistema de vigilancia se va a aplicar para esa conspiración. Después no digan ‘yo no sabía’, porque están todos los elementos para saberlo. Hacemos responsable a los que voten a favor y hacemos responsables a los que hicieron el proyecto”.

El Frente de Izquierda ha presentado un pedido de interpelación al ministro de Seguridad D’alessandro.

Informes relacionados con la obtención de las becas de comedor del nivel inicial y primario

13/04/2022

Expediente 1090-D-2022

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados con la obtención de las becas de comedor del nivel inicial y primario:

a. Informe los motivos de la insuficiencia de alimentos, raciones y viandas destinadas a las escuelas del área de Educación Inicial y Primaria, en sus diversas modalidades.

b. Informe los motivos por los cuales no se priorizó la alimentación de las infancias en lugar de jerarquizar los trámites online de la beca.

c. Informe y justifique con documentación respaldatoria, los motivos por los cuales no se realizaron consultas de cantidad de matrícula a conducciones y supervisiones escolares a fin de garantizar el alimento a la totalidad de las infancias de las escuelas.

d. Informe el presupuesto destinado para las becas de los años 2020.2021 y 2022. Adjunte documentación respaldatoria.

e. Informe el monto dinerario destinado a cada estudiante durante los años 2020, 2021, 2022. Desagregado por nivel, área, modalidad, escuela y dsitrito escolar.  Adjunte documentación respaldatoria.

f. Detalle los menús, el pesaje y los valores nutricionales de los alimentos servidos en los comedores escolares durante el año 2022.

g. Informe los motivos por los cuales se redujeron las cantidades de alimentos tanto en lo concerniente a los almuerzos como a los desayunos y meriendas. Adjunte documentación respaldatoria.

h. Adjunte nómina de las empresas que atienden comedores escolares.  Adjunte pliegos de licitación y presupuesto devengado.

i. Informe la cantidad de becas de comedores solicitadas para el año 2020, 2021, 2022 en el nivel primario e inicial, desagregado por nivel, escuela y distrito escolar.

j. Informe la cantidad de becas de comedores asignadas para el año 2020,2021,2022, en el nivel primario e inicial, desagregado por nivel, escuela y distrito escolar.

k. Informe los motivos por los cuales no se envió la durante los meses de febrero, marzo y abril 2022, la cantidad de alimentos y raciones de diciembre 2021, y cuál fue el criterio aplicado durante dichos meses para contabilizar la cantidad de alimentos y raciones enviados a las escuelas cuyas comunidades no hubieron completado el trámite de la beca. Adjunte documentación respaldatoria.

l. Informe si hubo personal designado con el objetivo de facilitar la inscripción online 2020, 2021, 2022. En caso afirmativo, especifique cantidad de personal y lugares destinados para tal fin.

m. Informe si se registraron inconvenientes en el acceso al sistema de inscripción a las becas de comedor del nivel inicial y primario del año 2020, 2021, 2022. En caso afirmativo especifique si fueron solucionados y las medidas adoptadas a tal efecto.

n. Informe si el sistema del centro de reclamos se ha visto colapsado a causa de la demanda de las comunidades durante los años 2020, 2021, 2022.

ñ. Informe la cantidad de reclamos registrados durante los años 2020, 2021, 2022,

detallados por nivel y distrito escolar.

o. Especifique, en caso de existir centros de reclamos personales, cuáles son los sitios de funcionamiento.

p. Informe si todas las familias tuvieron acceso al turno de validación de la documentación requerida para solicitar la beca. En caso negativo explicite si se desarrollò un plan contingente que aborde y solucione dichos problemas.

q. Informe si las comunidades cuentan con la alternativa de realizar el pedido de la beca a través de los establecimientos escolares y/o supervisiones escolares.

r. Informe si existen medidas contingentes ante las comunidades que no han tenido acceso a la inscripción on-line. En caso afirmativo detállelas.

Artículo 2: Comuníquese

Fundamentos

Sr Presidente:

El gobierno de la CABA junto a su Ministra de Educación Soledad Acuña aplican un ajuste fenomenal.  La escalada de quita de alimentos ha sido vertiginosa y de un desprecio absoluto a las primeras infancias y a las infancias en general.  Primero retiraron las paneras con pan de las mesas de los comedores escolares, luego la leche y en diversos casos el yogurt, postres, y también fueron por la carne para ser reemplazadas por lentejas.  A estos recortes se han sumado las viandas en estado de putrefacción y la mala calidad de los alimentos tanto nutricionalmente como en su preparación.

En este sentido las comunidades denuncian el proceso de recorte en los comedores escolares.  El GCBA recortó viandas, raciones, bajo el título “alimentación saludable” se modificaron los alimentos recibidos por los estudiantes que presenciaron la degradación de las raciones, viandas y cantidad de comida para cada uno.  Al punto que las familias han hecho llegar su preocupación ante el hambre que pasan sus hijxs en las escuelas.  El Gobierno de la CABA en lugar de relevar la matrícula de estudiantes de cada escuela, nivel y modalidad, con el argumento de la tramitación de la beca y la posterior validación de la documentación, recortó arbitrariamente las raciones y viandas con un único criterio: el recorte presupuestario aun a costa de la alimentación de les pibis.

Un caso emblemático se expresa a través de la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº4 D.E. 8º “Organización de Estados Americanos” , quien intimó al Ministerio de Educación porteño a responder de forma “urgente” por la reducción de raciones de desayuno y de almuerzo para más de 400 infancias.

La escuela, que es de jornada completa y está ubicada en Del Barco Centenera 747 en el barrio porteño de Parque Chacabuco, requiere la prestación de 417 raciones de desayuno y 354 raciones de comedor, y la empresa concesionaria CAO Alimentación envía sólo 245 raciones de desayuno y 230 de comedor (en promedio) desde el inicio de este ciclo lectivo.  Claramente Larreta-Acuña aplican un recorte deliberado  en un item tan sensible como es el de la alimentación en las infancias.

No llama la atención que un gobierno que no ha cesado en sus declaraciones y acciones discriminatorias, estigmatizantes y de corte reaccionarias, contra las infancias y las juventudes de los sectores populares y deliberadamente contra la Escuela Pública, aplique un ajuste aleccionador, y de cara a sectores de la burguesía y patronales y del propio FMI en aras del camino electoral de Horacio Rodriguez Larreta hacia 2023.

Además, la modificación del dispositivo de solicitud de becas para comedores escolares del nivel inicial y primario, que pasó de ser presencial (2018) en los establecimientos escolares a un sistema on-line con validación posterior  es denunciado por las familias: una gran cantidad de casos no han podido acceder al sistema on-line, y otras denuncian que no han obtenido el turno de validación de la documentación requerida producto del colapso del sistema.

 Pero también esta modalidad de solicitud pone en jaque a las familias de bajos recursos que no tienen acceso material y/o simbólico a la inscripción on line y que son los que más necesitan recurrir a las becas de comedores y viandas debido a la crisis económica y social que se profundiza.

Está política de continuidad y profundización de ajuste fue previo y durante el período de pandemia en el que la presencialidad escolar no tenía en absoluto condiciones ni sanitarias, ni edilicias, ni de protocolos viables, el propio Ejecutivo informó frente a lxs diputadxs de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que se había achicado el monto destinado a comedores justamente porque la reducción en materia de alimentación fue extremo en medio de una dura situación extraordinaria en el que el empobrecimiento y la pérdida laboral de las comunidades agudizó las necesidades preexistentes.

En las últimas horas, Horacio Rodriguez Larreta apuntó duramente contra las familias de los sectores populares que asisten a las manifestaciones acompañados de sus hijxs.  Nuevamente la expresión del desprecio de clase se pondera ante la situación agobiante que atraviesa la clase trabajadora ocupada y desocupada quienes reclaman por dejar de serlo mediante un trabajo genuino que cubra el costo de la canasta familiar.  Pero el cinismo gubernamental no tiene límites, esxs pibxs que no tienen otro lugar que no sea donde estén sus ma-pa-dres, son lxs mismxs que Larreta-Acuña privan de alimentación de calidad nutricional, de condiciones de vida digna, del derecho a la autonomía para crecer con una perspectiva de desarrollo de potencialidades personales y sociales, y de un sin número de respuestas que amerita la vida de las infancias para un desarrollo pleno.  Son esas familias quienes se desviven para garantizar con menos de $20 mil que sus hijxs asistan a las escuelas, las mismas carentes de condiciones materiales y simbólicas, donde además, el Gobierno, incluso se les niega un vaso de leche.  Es entonces el Estado el que violenta y vulnera la larga nómina de derechos humanos, y de las infancias y juventudes.  No vamos a admitir la doble vara y la doble moral de un gobierno que promueve el hambre dentro y fuera de las escuelas.

Por último, días pasados se dio a conocer el gasto en los denominados desayunos saludables de los funcionarios, los cuales contrastan abrumadoramente con el gasto por desayuno para lxs pibxs de las escuelas públicas de la CABA del nivel Incial y Primaria, en sus diferentes modalidades.  El gobierno destina $710 para funcionarios mientras que nuestras infancias recibien un desayuno de $37.40. 

Estas cifras hablan por sí mismas de las políticas antipopulares que contribuyen al 37.3 % de pobreza en el país, y a los datos del segundo semestre del 2021 que arrojan las laserantes cifras del 54.1 de pobreza en menores de 14 años y al 12.6 de pibxs indigentes.

Desde el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad exigimos se revierta de manera inmediata el recorte en alimentación escolar, se tripliquen las raciones y viandas, y se universalice la beca para todxs les estudiantsx del sistema educativo.

Por lo expuesto, solicitamos se acompañe el presente proyecto.

Convócase al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, para responder sobre el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos

13/04/2022

Expediente 1077-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- Convócase en los términos del artículo 83 inciso 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a concurrir el día 21 de abril a las 12.00 hs al recinto de la Legislatura para responder sobre el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Fundamentos

El juez Gallardo ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada. A partir de ello, salió a la luz que el Gobierno Porteño, espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: diputados y dirigentes del FITU como Néstor Pitrola, Chiquito Belliboni o Del Caño, pasando por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, e incluso dirigentes de su coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales, Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales, periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.

 El sistema de videovigilencia tenía el supuesto fin de dar con información de personas prófugas. Sin embargo, el gobierno de Larreta, aprovechó para armar informes de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima.  De fondo, tiene el propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la Ciudad y proyectarse nacionalmente. Y como complemento de eso, de acallar cualquier oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen. No es casual, que el ministro de Seguridad D’alessandro haya puesto a disposición de la Justicia Nación las cámaras de la Ciudad, para perseguir los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.

Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero. En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019, Gabriel Solano le respondió a Larreta cuando éste pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí sostuvo que: «Estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta. Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que controle la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres, los jóvenes, los migrantes.»

Es importante señalar que en 2020 se sancionaron modificaciones del sistema de videovigilancia en la Legislatura. Allí, a partir de un proyecto presentado por el Frente de Todos, se consolidó el sistema que hoy se denuncia. A pesar que el kirchnerismo terminó votando en contra, fue el proyecto elaborado por ellos el que pavimentó la discusión. Incluso en ese proyecto, no se cuestiona al sistema de vigilancia como tal, sino que se proponían modificaciones para «contribuir a la utilización racional de recursos en la materia».

En dicha sesión Solano denunció » un Gran Hermano PRO-K». «Estamos en presencia de un reforzamiento de un Estado policial. Se están violando derechos individuales muy importantes: defendemos la privacidad de las personas. La intimidad no es un delito. Si uno vive en una sociedad en donde la conspiración por parte del Estado es la norma, como no vamos a pensar que el sistema de vigilancia se va a aplicar para esa conspiración. Después no digan ‘yo no sabía’, porque están todos los elementos para saberlo. Hacemos responsable a los que voten a favor y hacemos responsables a los que hicieron el proyecto.»

Por estos motivos, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

 

Repudia a la represión llevada adelante por la Policía de la Ciudad hacia la movilización al INCAA y exigencia de la inmediata libertad para los detenidos

13/04/2022

Expediente 1075-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art 1- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la represión llevada adelante por la Policía de la Ciudad hacia la movilización al INCAA y exige la inmediata libertad para los detenidos

FUNDAMENTOS

La Policía de la Ciudad reprimió violentamente en la tarde de este lunes 11 de abril una movilización a las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), organismo dependiente del Ministerio de Cultura nacional. Los manifestantes reclaman la salida de la actual conducción del organismo, comenzando por su presidente, Luis Puenzo. En una fuerte denuncia al ajuste y la subejecución presupuestaria, un texto elaborado por la asociación de Documentalistas de la Argentina (Doca) lo coloca como el principal responsable del desguace de la institución en detrimento y perjuicio del cine independiente, así como de los documentalistas, cineastas y trabajadores audiovisuales.

Un enorme operativo listo para reprimir una movilización pacífica a cargo de la fuerza metropolitana comenzó a hacer lo suyo. Empezando por empujones a los manifestantes, el esquema represivo comenzó a actuar y detuvo a una persona. Esto despertó la bronca de los presentes, que al grito de “que lo suelten” comenzó a presionar para lograr la libertad del primer aprehendido. No obstante, la Policía de la Ciudad no cesó en su brutalidad, y los privados en su libertad ya son tres al momento.

Exigimos la inmediata libertad de todos los compañeros que hayan resultado detenidos en el operativo, y denunciamos por igual el ajuste en el sector, que se traduce en una enorme precarización sobre las condiciones de vida y de trabajo de cineastas, documentalistas y trabajadores audiovisuales.

Repudio al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por haberle solicitado al gobierno nacional que le quite los planes sociales a las personas que participan de movilizaciones populares

07/04/2022

Expediente 1009-D-2022

Proyecto de Declaración:

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su más enérgico repudio al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por haberle solicitado al gobierno nacional que le quite los planes sociales a las personas que participan de movilizaciones populares. Tal pedido constituye una criminalización de la protesta social de características inusitadas, en momentos donde el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país está en el pleno crecimiento.

Del mismo modo la Legislatura de la Ciudad Autónoma e Buenos Aires repudia los dichos del Jefe de Gobierno afirmando que las familias llevan a sus hijos a las manifestaciones para usarlos como “escudos humanos”. Estamos ante una infamia contra las familias pobres de la Ciudad y del Conurbano Bonaerense, que en muchos casos concurren a las manifestaciones con sus hijos por la falta de vacantes en el sistema de educación pública. Solo en la Ciudad de Buenos Aires esa falta de vacantes asciende a más de 30.000, concentrándose especialmente en el ciclo inicial de la zona sur de CABA.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia al Jefe de Gobierno, le exige que no tome ninguna medida sancionatoria contra quienes participen en manifestaciones y reclama al gobierno nacional y de la Ciudad que atienden de inmediato los reclamos elevado por las organizaciones sociales.

Fundamentos

Luego de las declaraciones del ministro Juan Zabaleta, que fueron tomadas como una apriete contra el movimiento piquetero, el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que el gobierno nacional profundice el ataque contra las y los desocupados, coordinando la represión y aplicando sanciones y bajas en los planes sociales, mientras crece la pobreza al calor de una inflación explosiva.

La tesis de que las organizaciones piqueteras “toman de rehenes” a los manifestantes y la insistencia de que el derecho a manifestarse se encuentra por detrás del derecho a la libre circulación –aunque este se afecte solo parcialmente- son los latiguillos de las fuerzas políticas patronales y del gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional para arremeter contra las organizaciones piqueteras.

Valiéndose del ejemplo facilitado por Zabaleta y el gobierno, con la quita de los planes sociales a quienes ellos imputan como responsables de los incidentes en el Congreso cuando se votó el pacto con el FMI, Larreta reclama que se extienda el mismo tratamiento para las y los desocupados que se manifiestan por sus reclamos.

La idea de que las organizaciones piqueteras “extorsionan” a las familias para que se movilicen, bajo la amenaza de darles de baja, se inscribe en una provocación total ya que es el Estado el único capaz de extinguir un plan social, no las organizaciones. Algo que se agravaría con el pasaje de los programas sociales a los intendentes, como intenta forzar el gobierno y apoya hasta la derecha de Milei.

Invirtiendo la carga de los acontecimientos, desde la Ciudad afirman que los manifestantes “usan a los chicos y a las mujeres como escudos para que la Policía no los desaloje”, cuando en verdad se utiliza “discrecionalmente” a las fuerzas represivas para cometer todo tipo de atropellos, desde la requisa de carpas y mantas a la provocación, represión y detención de manifestantes cuando desconcentraban tras el acampe piquetero.  El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, eligió a las madres más pobres como eje de sus ataques. Para desanimar la protesta social y para armar las condiciones para reprimirla, reclama que se le retiren los planes sociales, incluida la AUH, específicamente a las madres de los chicos pobres argumentando que ellas los llevan a los piquetes y no al colegio.

Mediante esta declaración queremos reafirmar que no es el Estado el que fomenta el acceso a la educación de los chicos y menos aquel que está en manos de un gobierno que supo confesar que no iban a hacer nada para que, lxs chicxs que salieron de la escolarización en pandemia, volvieran a los colegios sino que son las mujeres más pobres las que se abren paso para darle a sus hijxs el acceso a la educación que los gobiernos les niegan.

El gobierno nacional mantiene diálogo con el ministro represivo de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, para coordinar operativos represivos que impidan el derecho a manifestarse de las y los trabajadores desocupados en el marco del ajuste planteado por el gobierno y su pacto con el FMI.

La idea sería que las fuerzas federales impidan el acceso de los manifestantes a las estaciones de tren y/o el ingreso a CABA con elementos para acampar, lo cual sería un hito en la creación pretoriana de derecho, instaurando el delito de “portación de carpa”. Para esta iniciativa apelan a la buena voluntad y experiencia represiva del ministro Aníbal Fernández, quien cuenta con su cuota de experiencia en la Masacre de Avellaneda.

Si el gobierno está decidido a terminar con los planes sociales la única salida que ni implique un retroceso en los derechos adquiridos de la población trabajadora implica la creación de trabajo genuino, con salario y convenio colectivo, en los municipios y/o en la obra pública provincial y nacional. Y mientras se genera el empleo, la garantía de un seguro universal al desocupado que impide que millones de familias sigan en la pobreza.

Repudio al accionar represivo y persecutorio del gobierno jujeño de Gerardo Morales quien encarceló tres luchadorxs populares del Frente de Lucha Piquetero,  Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque de la dirección del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagaste, del MAR.  Y exige su inmediata e incondicional liberación y el cese de la persecución y la criminalización de la protesta social. Basta de presos por luchar

07/04/2022

Expediente 1008-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su enérgico repudio al accionar represivo y persecutorio del gobierno jujeño de Gerardo Morales quien durante el día miércoles 5 de abril, encarceló tres luchadorxs populares del Frente de Lucha Piquetero,  Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque de la dirección del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagaste, del MAR.  Y exige su inmediata e incondicional liberación y el cese de la persecución y la criminalización de la protesta social. Basta de presos por luchar.

Fundamentos:

En las últimas horas fueron detenidos los compañeros Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque de la dirección del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagaste, del MAR.

La policía de Morales irrumpió en los domicilios con un supuesta orden de allanamiento. La acusación es por haber participado de medidas de luchas del movimiento piquetero, todas las cuales se desarrollaron con miles de participantes en un cuadro de aumento de la miseria y el hambre en la provincia y el país.

No es la primera vez que Gerardo Morales recurre a la represión para frenar los reclamos populares. El 3 de marzo, tras una brutal represión con denuncias de torturas y amenazas, detuvieron a 15 compañerxs que fruto de una intensa campaña y movilización fueron liberados. Se trata de una vía para hacer pasar el ajuste con la grave crisis que viven los trabajadores.

Repudiamos las detenciones y exigimos la inmediata libertad de los compañeros.

La gravedad de la política represiva del gobierno de Jujuy merece masivos pronunciamientos y movilizaciones de repudio.

Informes vinculados con el  Área de Protección Histórica APH2 Parque 3 de Febrero

04/04/2022

Expediente 965-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

APH2 Parque 3 de Febrero

Art. 1° – El Poder Ejecutivo informará en un plazo de 30 días acerca de los siguientes temas vinculados con el  Área de Protección Histórica APH2 Parque 3 de Febrero.

  • Por qué motivo no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la ley 4.334, que obliga a elaborar un Plan de Manejo Integral del Parque en consulta con «…asociaciones civiles de defensa del Parque…» y (entre otras obligaciones), se conforme un cuerpo de Guardaparques para su cuidado.
  • Cuántos, de los 194 árboles originales del “Bosque de Homenaje a las Víctimas de Cromagnón” (creado por la Ley N° 1917), permanecen en pie. Por qué motivo no se han reemplazado los ejemplares sucumbidos de alguna forma. Si tiene previsto colocar un nuevo cartel de identificación, dado el notable deterioro del existente.
  • Por qué motivo fue removido en el año 2016 el atril que conmemoraba la creación del Área de Protección Histórica del Parque 3 de Febrero y rendía homenaje al concejal Ernesto Jaimovich, autor de la ordenanza que le dio origen. Dicho atril, en principio colocado por la AALP fue remplazado por uno oficial colocado por el GCBA en 2014.
  • Bajo que normativa la empresa Mantelectric/Parquizar (con su sede, vestuarios de personaly depósito de materiales y maquinaria) y el Club CUBA (con estacionamiento para sus socios) ocupan espacios en la plaza donde se encontraba emplazado el viejo Velódromo, integrante del Parque 3 de Febrero.
  • Por qué no se ha restaurado el edificio de valor histórico conocido como “El Tambito” o “Casa Joven” luego de su destrucción parcial ocasionada por un incendio hace 20 años.
  • Si está prevista la puesta en valor de los edificios de valor histórico, conocidos como “La Boyera” incorporados al APH2 Parque 3 de Febrero mediante la Ley N° 5.568.
  • Bajo qué normativa se ha construido en el sector de la Plaza Pakistán, que forma parte del APH2, un terraplén de material consolidado, paralelo al viaducto ferroviario y se mantiene un alambrado que impide el uso de un importante sector de la Plaza por parte de los vecinos.
  • Si tiene conocimiento de que gran parte de los planos, que forman parte de la cartelería pública instalada en el Parque, están orientados de forma errónea y generan confusión acerca de la real ubicación de las diferentes zonas a los visitantes. Esto incluye la denominación errónea de la Plaza Andrés Guacurari Artigas como Paseo Marcela Brenda Iglesias.
  • Por qué motivo se permite al Club de Gimnasia y Esgrima el incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 33.919 y mantener un acceso a la vía pública para el “boliche bailable” identificado con el nombre “5.500 Figueroa”

Con respecto al Paseo Marcela Brenda  Iglesias, por qué se permite:

  • a la empresa EDENOR la ocupación del arco número 7 cuando, tanto la Ley N° 2.366 como el convenio celebrado entre la ADIF (o posteriormente la AABE) y la empresa concesionaria, establecen que debe quedar libre como homenaje a la niña trágicamente fallecida en ese lugar.
  • la ocupación de las veredas del Paseo con fines comerciales, cuando la ley establece que forman parte del mismo Paseo como espacio público y Distrito UP.
  • a la empresa concesionaria del bajoviaducto ferroviario y a sus locales, la ocupación con fines comerciales de la vereda de la Plaza de la Shoá que, de acuerdo con la Ley N° 2735, es parte del espacio público destinado a conmemorar a las víctimas del holocausto.
  • a la empresa concesionaria del bajoviaducto ferroviario y a sus locales, la ocupación con fines comerciales de la adyacente Plaza Andrés Guacurari Artigas donde, cono Distrito UP, no están permitidos dichos usos.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El Parque 3 de Febrero de Buenos Aires cumplirá 147 años el próximo 11 de noviembre de 2022. Fue el primer parque público argentino y es todavía el más importante.

La creación de su paisaje por figuras como Carlos Thays (I) y Benito Carrasco, no ha sido motivo de respeto ni hecho mella en las administraciones posteriores a Carlos León Thays (II). Desde aproximadamente la década de los 60 del siglo pasado, las diferentes administraciones de la Ciudad (anterior MCBA y posteriores GCBA) no han estado a la altura de esa magnífica herencia. Nunca lo han tratado como el “Jardín Histórico” que la Carta de Florencia adoptada por elICOMOS (*) indica. Durante mucho tiempo lo abandonaron y, paralelamente, lo consideraron como un lugar para intervenir libremente, casi siempre en función de intereses económicos privados.

Variada es la normativa que le otorga protección legal; mucho nos hemos esforzado a través de los años para que ella exista y que, una vez conseguida, se respete. Pero la discontinuidad de los funcionarios a cargo de su mantenimiento y conservación ha sido también una constante.

Una de las grandes tareas de Amigos del Lago de Palermo fue y sigue siendo comenzar de cero con cada uno de ellos. De ahí los reclamos planteados en este proyecto de Resolución.

Lo conquistado en la defensa, recuperación de 8,7 ha y ampliación en 8,1 ha de la superficie del Parque 3 de Febrero, lo ha sido por escándalo público, por denuncia e intervención judicial y/o medidas legislativas (Ley N° 4334 inclusive). Todo ello por iniciativa de Amigos del Lago de Palermo.

Pero, aún a pesar de lo antedicho, la magnitud de su patrimonio natural, histórico y cultural plasmado en sus grandes lagos, plazas, monumentos y elementos escultóricos es tal, que ni siquiera la labor errática de los funcionarios se la ha podido quitar.

(*) ICOMOSInternational Council of Monuments and Sites-

Titularización masiva a lxs agentes que al momento de la aplicación de la presente Ley se encuentren desempeñando cargos docentes en carácter de interinxs en los programas pertenecientes al Área de Programas Socioeducativos incorporados al Estatuto Docente a través de la Ley 3623/10

04/04/2022

Expediente 961-D-2022

Proyecto de Ley

Art. 1) Confirmase de forma excepcional la titularización masiva a lxs agentes que al momento de la aplicación de la presente Ley se encuentren desempeñando cargos docentes en carácter de interinxs en los programas pertenecientes al Área de Programas Socioeducativos incorporados al Estatuto Docente a través de la Ley 3623/10.

Art. 2) De forma.

Fundamentos:

La docencia de los programas del área socioeducativo han sido  sometidos largamente  a  una situación de precarización laboral y por consiguiente de  vulneración de derechos en relación a la estabilidad laboral. Esto ha valido décadas de lucha de los docentes mencionados, quienes en diversos casos permanecieron bajo contratos de los denominados «basura» y en otros han tenido que ejercer tareas como monotributistas.

Tras incesantes reclamos por el pase al Estatuto Docente y la titularización, luego que el gobierno eliminara las Juntas de Clasificación Docente, se aprueba la ley 3623/10.

Dicha ley se constituye como una respuesta distorsionada por parte del gobierno ya que a través de la misma se desvirtuó el carácter de diversos programas no incorporándolos en sus áreas correspondientes, desconociendo la esencia del reclamo docente,  como en el caso del programa denominado Maestro+Maestro el cual está conformado por docentes de grado, quienes refuerzan los procesos de la lecto escritura en el primer ciclo de las escuelas primarias,  pero sin embargo quedaron fuera del área de pertenencia.  Otros programas dan cuenta de la misma situación, ya que el gobierno creó un área que tiende a paralelizar el propio sistema educativo formal con sus áreas y niveles educativos correspondientes.

Otro aspecto en cuanto a la vulneración de derechos fue la demora del Gobierno en la aplicación de la ley 3623 la cual fue aprobada en el año 2010 pero su aplicación fue en el año 2015.  Es decir, luego de 5 años desde su sanción se dio la primer tanda de titularizaciones pero dejando afuera, por las fechas estipuladas en la letra de la ley en cuestión, a la mayoría de la docencia de los programas.  Esto trajo aparejado una secuela lesiva a los derechos docentes ya que la mitad de quienes se desempeñan en los diferentes programas se encuentran sin derecho a concursar y por consiguiente titularizar los cargos.

De esta manera el Ejecutivo mantiene una deuda en cuanto a la restitución del derecho a la estabilidad laboral, los concursos, la permanencia, los traslados y el ascenso, vulnerando lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Docente en lo relativo a la posibilidad de acceder a los concursos de cargos de manera anual.

Este estado de situación amerita la titularización inmediata de la docencia de los programas del área para subsanar una vulneración que se prolonga a lo largo del tiempo.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Informes vinculados a la inscripción a los Institutos de Formación Docente de la CABA

04/04/2022

Expediente 960-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.– La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que en un plazo máximo de 30 días de recibida la presente, y a través de los organismos que corresponda, informe sobre los siguientes puntos vinculados a la inscripción a los Institutos de Formación Docente de la CABA

a) Detalle los fundamentos pedagógicos por los cuales estableció un examen y/o curso de ingreso a los institutos de formación docente. Adjunte documentación de sustento a la respuesta

b) Informe si el examen es: obligatorio, eliminatorio y/o proscriptivo. En cualquier caso explique fundamentos.

c) Informe las fechas estipuladas para el mismo y si esto afectó el calendario de inscripción a los profesorados.

d) Explique los motivos por los cuales se solicitó a lxs aspirantxs a los Institutos de Formación Docente que conservaran el comprobante para ser presentado en la UniCABA.

e) Explique la metodología del examen y le criterio de clasificación

f) Informe qué actores participan en el proceso de elaboración del examen y quiénes examinan a lxs aspirantxs a la vacante.

g) Informe cantidad de apirantxs que no aprobaron el examen. Fundamente e informe si de todos modos ingresaron a la carrera seleccionada.

Fundamentos

Un nuevo año lectivo comienza en los Institutos de Formación Docente.  Sin embargo los bloqueos para acceder a la inscripción a los mismos, por parte del gobierno, se renuevan.  Este año quienes aspiren a una vacante en los profesorados deben atravesar un examen obligatorio, online, que disfrazado de diagnóstico podría operar prescriptivamente.  Este examen cabe destacar no obtuvo la anuencia pedagógica de lxs rectorxs quienes junto a estudiantxs, docentxs y comunidades vienen desarrollando una defensa incondicional de «los 29» frente a la reforma educativa de la UniCABA perpetrada por Larreta-Acuña.

Este año se inicia con la «novedad» que a quienes han atravesado el examen  mencionado, se les planteaba la conservación de un número para ser presentado ante la UniCABA. Si bien el Gobierno Porteño señaló que se trataba de un error, resulta preocupante por la historia de la UniCABA y sus implicancia negativas, vaciadoras y privatistas en detrimento de los Institutos de Formación Docente.  Con el «valor agregado» de la inobjetable confesión de partes de Soledad Acuña quien en concurrencia de la reunión informativa sobre el proyecto de reforma del Estatuto Docente, ante lxs integrantxs de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, afirmó estar en contra de la formación terciaria y no negó estar a favor del cierre de los Institutos.

A día del inicio del ciclo lectivo para la UniCABA tambien, en la que se solamente se incribieron 1100 estudiantxs, en carreras publicitadas «del futuro» para la formación en las denominadas habilidades blandas para el mundo laboral precarizado al extremo, y que al no tener ni siquiera formación en Educación Sexual Integral, retrotrae a lxs cursantes a un atraso marcado por el oscurantismo,

Pero el gobierno de Larreta y Acuña agudizó su ataque a los institutos de formación docente durante el año 2021 en el que abrieron las inscripciones para 4 nuevos profesorados en la privatista Unicaba: Biología, Matemática, Química y Física. También un Profesorado Universitario con el trayecto pedagogico, destinado a profesionales que optan por el ejercicio de la docencia. Sin embargo las carreras mencionadas, incluso la destinada a las y los profesionales se dictan en los Institutos de Formación Docente.

Desde diciembre del 2017, tras la presentación del proyecto de creación de la UniCABA, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores exigimos el retiro del proyecto, y advertimos que  la coexistencia de los Institutos de Formación Docente  y la UniCABA, sobre la base del desfinanciamiento de los primeros, redundaría en una suerte de «muerte por inanición» de los mismos.  Con lo cual esta paralelización de carreras se colocó como una nueva declaración de guerra contra la formación docente en CABA, que cuenta con oferta para estas carreras en varios institutos.

Por otro lado, analizando los planes de estudio, el argumento del Larreta-Acuña al respecto de “jerarquizar la formación docente dándole el carácter universitario” muestra su falsedad y desprecio por la formación docente de excelencia. Este empobrecimiento de la formación de las y los futurxs docentxs tiene un doble objetivo: eliminar toda materia y contenido que lleve a debatir y pensar las problemáticas que atraviesa al sistema educativo y los impactos de la crisis social que refractan directamente en la escuela, y que apuntan a que lxs docentxs no sean simples “facilitadorxs”, sino que propendan al desarrollo de un pensamiento crítico y de una pedagogía en sintonía con ello.

Son “carreras cortas” con materias cuatrimestrales que carecen de profundidad disciplinar y pedagógica. Ninguno de estos planes contienen Educación sexual integral, Historia de la Educación Argentina, Sujetos del Nivel o Derechos Humanos, tres ejes claves en la formación docente. La degradación y vacuidad educativa de estas nuevas carreras muestran la cara de la degradación de la formación y los planes de estudio: ofrecen carreras chatarras para vaciar los IFD.

La propia página de la Unicaba sostiene que la carrera privilegia “generar una carrera para la formación inicial de educadores de nivel secundario, con un perfil profesional actual, flexible a nuevos desafíos educativos y con una mirada compleja e integral de la enseñanza de las ciencias en el nivel”. Lo que importa no es la formación integral de la juventud y futurxs docentxs, sino cómo desarrollan “competencias” para insertarse en un sistema laboral de flexibilización y precariedad. Es decir: cumple  uno de los grandes objetivos de las reformas (anti) educativas.

El segundo objetivo de este recorte de contenidos lo declaran sin eufemismos al describir “el perfil del egresado/a”: “la presente propuesta es parte de un plan integral de enseñanza de las ciencias que contempla la interrelación con diversas propuestas formativas de la Universidad, lo cual permite ampliar el alcance del título con trayectos complementarios cortos, de manera de especializarse en la enseñanza de una o más disciplinas específicas: Física, Química, Biología, Matemáticas, así como continuar, posteriormente, su formación académica con otras carreras de posgrado que la Universidad ofrece u ofrecerá en el futuro”. En lugar de una carrera integral que prepare y forme a lxs futurxs docentxs en los distintos aspectos pedagógicos y disciplinares, se abren carreras degradadas en sus contenidos y con una formación deficiente, para obligar a lxs estudiantxs y graduadxs a tener que continuar la formación en posgrados, probablemente pagos, fomentando el negocio educativo.

Otro aspecto importante a mencionar es que la Unicaba tiene una carrera creada totalmente a la formación de CEOS de la educación. No solo yendo en contra del Estatuto Docente sino imponiendo a las y los futurxs docentes una reforma laboral ya planteada con el proyecto de ley de reforma del Estatuto Docente anunciado en el inicio de las sesiones legislativas por el propio Larreta.

La ofensiva de vaciamiento sobre los profesorados tuvo una continuidad durante todo el año 2021 por parte del gobierno: el límite en las inscripciones a carreras, un curso de ingreso común entre los 29, la reforma de los postítulos para avanzar en su desvalorización. Esta reforma no se da en un contexto aislado. Mientras el gobierno porteño planteó la coexistencia como la muerte lenta de los institutos, este se encontró con un primer fracaso: a nivel general los terciarios continúan con una inscripción récord mientras que la Unicaba, el proyecto privatista que todas las comunidades educativas de los 29 rechazamos por los motivos largamente expuestos y corroborados en la realidad, abrió sus aulas con 1100 inscriptos. El objetivo del gobierno es desgranar la matrícula en los terciarios, para trasladarla a la Unicaba y sus carreras devaluadas. Pero es importante resaltar que la puja por más matrícula va de la mano con la pelea  por más presupuesto.

Ante estos ataques, las comunidades terciarias, sus estudiantxs, la docencia, lxs rectorxs y sindicatos, y el FIT-U junto a ellxs continuamos en la primera línea de defensa de los institutos de formación docente, y continuamos exigiendo: Abajo la reforma privatista llamada UniCABA, de Larreta y Acuña.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

A 15 años del fusilamiento Carlos Fuentealba, maestro neuquino asesinado por el gobierno de Sobich quien enviara una represión brutal a una lucha docente, basta de impunidad, justicia en la causa Fuentealba II, y juicio, castigo y cárcel común a los responsables políticos y materiales

04/04/2022

Expediente 947-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 15 años del fusilamiento Carlos Fuentealba,  maestro neuquino asesinado por el gobierno de Sobich quien enviara una represión brutal a una lucha docente, declara su exigencia de basta de impunidad, justicia en la causa Fuentealba II, y exige juicio, castigo y cárcel común a los responsables políticos y materiales.

Fundamentos:

En el día de hoy se cumplen 15 años del crimen de estado cometido sobre el docente Carlos Fuentealba en momentos en que se desarrollaba una movilización y corte de ruta en el marco de la lucha docente neuquina del año 2007, exigiendo al gobierno de Sobich aumento de salario y condiciones laborales y educativas, la respuesta fue una represión y el fusilamiento del compañero Fuentealba. Los métodos represivos desatados contra aquella manifestación encuentran hoy su continuidad para aplicar a como dé lugar el ajuste exigido por el pacto con el FMI mientras las penurias del hambre, la miseria y la desocupación recaen sobre los sectores populares.  En este mismo sentido el presupuesto educativo nacional y los de cada jurisdicción han sido recortados provocando mayor vaciamiento.  Las luchas de la docencia misionera y santacruceña, entre otras, son la expresión de las mencionadas necesidades, producto de una política anti educativa que empuja al conjunto del magisterio a reclamos integrales vinculados al salario y a la defensa de la educación pública en general.

Hoy como hace catorce años, las seccionales recuperadas por la docencia clasista y combativa del sindicato ATEN realizan un acto. La docencia combativa que ha transformado esos actos en instancias de independencia política de los gobiernos será blanco de una provocación sin parangón: este año la conducción provincial del  sindicato ATEN ha tomado la iniciativa de realizar acciones en forma conjunta con el propio Estado que avaló la represión ese día. En este caso con el secretario de DD.HH de la Nación, con quien irán a Arroyito el 5 de abril a colocar una “señalización”, como si no existiera ya el monumento que se ha levantado y que recuerda el lugar exacto en que Carlos “dio su última clase”.

Se ha traspasado un límite de clase en la integración política con el Estado represor a través de la participación de funcionarios que comparte actualmente el gobierno con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien en el 2007, como Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, ofreció a Sobisch enviar la Gendarmería a Neuquén. No se trató de una oferta “protocolar” al fusilador, ya que al mismo tiempo la Gendarmería fue enviada a reprimir las huelgas docentes en el sur del país.

Expresamos el repudio y el rechazo a la llegada de un funcionario cómplice de la represión del 2007. Es una acción de provocación de los represores.

Ante 15 años de impunidad, desde el FITU apoyamos y promovemos  el apoyo popular contra el bloqueo político-judicial de la causa Fuentealba II, que investiga las responsabilidades políticas del fusilamiento, y reivindicamos la vigencia de la lucha de Carlos Fuentealba en cada acción en que el pueblo sale a exigir por sus derechos.

El fusilamiento de Carlos fue un crimen de Estado, y como tal, ha sido blindado por todo el aparato de ese Estado, los tres poderes y sus expresiones políticas.

Las banderas de la lucha de Carlos Fuentealba sigue presente en cada reivindicación docente-estudiantil.

¡Cárcel a los responsables! ¡Justicia por Carlos!

Informes referidos a la situación de los trabajadores de salud del Centro Operativo de Emergencia de la Dirección General de Gestión y Experiencia Ciudadana en el Sistema de Salud

31/03/2022

Expediente 926-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Art. 1.- El Poder Ejecutivo informará a través del Ministerio de Salud y dentro de los 10 (diez) días corridos de recibida la presente sobre los siguientes puntos referidos a la situación de los trabajadores de salud del Centro Operativo de Emergencia de la Dirección General de Gestión y Experiencia Ciudadana en el Sistema de Salud perteneciente a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red:

  1. Informe la cantidad total de trabajadores de la Dirección según modalidad de contratación.
  2. Informe el monto mensual de los contratos y su duración.
  3. Informe la cantidad de trabajadores según su profesión.
  4. Informe las tareas que realizan y los horarios que cumplen.
  5. Informe si ha cerrado el turno sadofe del COE y si tiene previsto el cierre de otros turnos o nuevos despidos.
  6. En el caso de la discontinuidad total o parcial del COE informe si tiene prevista la continuidad laboral de los contratados en otras áreas donde sean necesarios.
  7. Informe si tiene previsto un rebrote de Covid 19 para los próximos meses

FUNDAMENTOS

Los trabajadores del Centro Operativo de Emergencia denuncian despidos masivos con el cierre del turno sadofe. Son trabajadores profesionales de la salud precarizados que fueron contratados por la pandemia para tareas de seguimiento y mitigación de la enfermedad del Covid-19. Actualmente prestan servicio más de 400 trabajadores bajo contrato de locación de servicio y con un ingreso que va de los 58.000 a los 63.000 pesos para los que trabajan de lunes a viernes por una jornada de 8 horas de trabajo y de 30.000 pesos para los que trabajan sábados, domingos y feriados. No solamente cobran menos de la mitad que sus pares encuadrados en la Carrera Profesional (ley 6035) sino que carecen por completo de derechos laborales. Cumplieron y cumplen una tarea esencial ya que la pandemia de Covid lamentablemente no ha terminado, como lo demuestran los rebrotes en distintos lugares del mundo y como prevé el propio Ministerio de Salud para los próximos meses. Al día de hoy no tienen información sobre la continuidad de sus puestos de trabajo lo que suma al maltrato y violencia laboral que padecen por la precarización, bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, por ejemplo afectados por una plaga de cucarachas en el edificio central en el barrio de Abasto. Por otra parte, el sistema público de salud padece un enorme déficit de profesionales, por lo que si en algún momento bajara la demanda por el Covid-19, la Ciudad debe reasignar a los trabajadores a otras áreas para las cuales son necesarios. En virtud de estas denuncias y para colaborar con el reclamo de los trabajadores por su continuidad laborar es que presentamos este pedido de informes.

Rechazo a los sistemas de denuncias en las escuelas para sancionar a docentes por razones ideológicas, y apoyo a las acciones pedagógicas críticas que preparan a lxs estudiantes para afrontar la realidad

30/03/2022

Expediente 908-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza enfáticamente los sistemas de denuncias en las escuelas para sancionar a docentes por razones ideológicas, y apoya las acciones pedagógicas críticas que preparan a lxs estudiantes para afrontar la realidad

Fundamentos:

La  legisladora de republicanos unidos que niega la dictadura genocida quiere crear un sistema de denuncias en las escuelas.

La legisladora porteña Marina Kienast, quien negó la dictadura militar en la última sesión de legislatura, acaba de presentar un proyecto de ley denominado “antiproselitismo escolar” de corte fascista, promoviendo un sistema de denuncias anónimas para sancionar a docentes por su ideología, actividad gremial y actividad en las escuelas que, según la legisladora, intenten “influenciar sobre temas de transcendencia social a los niños”.

Hay que recordar que los propios ministros de educación, Esteban Bullrich y luego Soledad Acuña, intentaron montar el 0800-buchon con motivo de las ocupaciones de escuelas secundarias en las luchas estudiantiles para denunciar y amedrentar estudiantes.

De todos modos, el proyecto en cuestión no deja de ser repudiable por su contenido y sus fundamentos, que en medio de una campaña negacionista de la última dictadura militar de 1976, que en algunos casos enarbola la “teoría de los dos demonios”, cuando no directamente se declara a favor de la dictadura genocida y sus métodos del terror, busca justificar la persecución dentro de las escuelas, como lo hicieron los milicos que tuvieron como uno de sus objetivos al sistema educativo, desapareciendo a docentes y estudiantes, tal como se puede leer en el “manual del subversivo” editado en 1977 por la dictadura militar.

En el articulado y los fundamentos del proyecto se promueve que a través de llamados telefónicos, videos, documentos, denuncias escritas anónimas, se incite a marcar y sumariar a docentes que no coincidan con la ideología de estos sectores, de las familias de los estudiantes, con un claro propósito de perseguir la libre organización de los lugares de trabajo y la libertad de cátedra.

Para eso se ampara en el artículo 74 del reglamento escolar, que ya todos conocemos, sobre la imposibilidad de realizar propaganda partidaria, que no es lo mismo que ejercer el derecho a la enseñanza y de opinión.

Sobre esto habría que aclarar que el Estado, los diferentes gobiernos, son los que elaboran los contenidos a enseñar en las escuelas no los docentes y estudiantes, es decir, que tampoco estamos frente a contenidos “neutrales” porque reflejan los intereses sociales de un Estado que se vale de la institución escuela para legitimar su dominación, difundir la cultura burguesa, etc.

Si el estudio de la historia reciente sobre, por ejemplo, la condena a la dictadura militar se ha difundido en los últimos años en las escuelas, fue por la lucha por justicia y verdad que las propias víctimas y las organizaciones de derechos humanos vienen dando desde hace décadas contra el Estado y los partidos que apoyaron a la propia dictadura, no al revés. Y eso es un hecho para reivindicar, pues es el resultado de la lucha popular que permeó las escuelas, ya que finalmente también éstas son un terreno de la lucha de clases.

El proyecto mencionado busca exactamente lo contrario, partiendo de negacionistas no se puede esperar otra cosa. Y está a tono con el lanzamiento de la reaccionaria liga antipiquetera argentina de los Milei que tenemos que denunciar y combatir.

Por otra parte, es evidente que hay que advertir que busca enfrentar a la comunidad educativa entre sí, porque efectivamente considera que toda visión diferente, crítica de la sociedad actual, debe ser perseguida, lo cual generará alarma dentro de las escuelas, como se intentó hacer con el movimiento “Con mis hijos no te metas” contra la educación sexual integral.

Por último, hay que recordar que antes que los Milei y sus diputados saquen los proyectos anti piquetes o anti libertades democráticas, en el 2014 varios diputados del FDT como Kunkel, Conti, Bancalari, ya habían presentados proyectos anti protesta social o “anti piquete” que fracasaron, pues lo que crece es la lucha contra el hambre, la pobreza y por trabajo, contra todo un régimen social y político cuya única respuesta es la represión.

Rechazamos este proyecto y todos los ataques contra la memoria de las y los trabajadores, sus luchas y reivindicaciones históricas. Luego de la impresionante marcha del 24 de marzo en la Plaza de Mayo contra la represión de ayer y de hoy, contra el pacto del FMI, seguimos luchando por memoria y justicia.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto

Repudia a distintos hechos y dichos negacionistas en relación al genocidio perpetrado por la última dictadura militar, tales como la vandalización de sitios de memoria o de homenajes a militantes populares, la reivindicación de los indultos menemistas o la reivindicación de la teoría de los dos demonios

29/03/2022

Expediente 889-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1° – La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia distintos hechos y dichos negacionistas en relación al genocidio perpetrado por la última dictadura militar, tales como la vandalización de sitios de memoria o de homenajes a militantes populares, la reivindicación de los indultos menemistas o la reivindicación de la teoría de los dos demonios.

FUNDAMENTOS

En la últimas semanas, mientras transitábamos un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, se sucedieron distintos hechos que tratan de negar los crímenes de la última dictadura. Estos hechos tienen como propósito provocar un envalentonamiento tanto del aparato represivo del Estado como de sectores civiles hacia la población que lucha por sus reivindicaciones. Como caso paradigmático, citamos la idea por parte de los autodenominados Libertarios de crear un Movimiento Antipiquete, pretendiendo recrear movimientos fascistizantes que han existido en argentina, como ha sido la Liga Patriótica, o en otros sectores del planeta como fueron las Camisas Pardas o las Camisas Negras.

Entre estos hechos podemos enumerar la vandalización que se hizo contra el sitio de memoria Virrey Cevallos (ex centro clandestino de detención), como también la vandalización de la estación de subte Rodolfo Walsh, reivindicado por el grupo de Republicanos Unidos que hoy militan en las filas del oficialismo porteño. Este bloque, junto al de la Libertad Avanza, se pronunciaron contrarios a repudiar el golpe de Estado en la última sesión en la Legislatura.

A su vez, Ramiro Marra, legislador de La Libertad Avanza, reivindicó los indultos para los genocidas efectuados por Menem, repudiando así la lucha de décadas de centenares de organizaciones de Derechos Humanos.

La importancia de repudiar estos hechos está en evitar que movimientos fascistas pretendan aparecer en escena y actuar con impunidad, al amparo del Estado.

Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Conmemoración a los excombatientes y caídos de la Guerra de Malvinas a 40 años del inicio de la guerra, reivindica la soberanía argentina de las Islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y su espacio marítimo, que solo será posible rompiendo y repudiando al imperialismo, sus Estados, sus organizaciones militares y sus organismos financieros, que continúa provocando guerras en todo el planeta

29/03/2022

Expediente 887-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art. 1° – La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires conmemora a los excombatientes y caídos de la Guerra de Malvinas a 40 años del inicio de la guerra, reivindica la soberanía argentina de las Islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y su espacio marítimo, que solo será posible rompiendo y repudiando al imperialismo, sus Estados, sus organizaciones militares y sus organismos financieros, que continúa provocando guerras en todo el planeta.

FUNDAMENTOS

La dictadura encabezada por Galtieri aseguraba proceder para  “recuperar (…) las Islas Malvinas.» Sin embargo, los motivos pasaban por otro lado. El gobierno militar enfrentaba una profunda crisis económica: quiebra de bancos y empresas, desempleo, inflación, peso asfixiante de la deuda.

En ese contexto se daba la recomposición de las luchas obreras y populares desde 1981 , como la huelga de metalmecánicos en junio a las 10 mil personas que el 7 de noviembre habían cantado que “se va a acabar la dictadura militar”. La crisis era tal, que los sectores que habían apoyado a los militares, como la UIA, Sociedad Rural, los bancos empezaban a despegarse del régimen.

Junto a ellos, los partidos de la burguesía comenzaron a preparar un recambio, que reabra la participación democrática, pero en favor de los mismos intereses económicos beneficiados con el golpe del 76. Así, se conformó la multipartidaria, entre el PJ, la UCR, y otros sectores. Pronto recibió la bendición de la Iglesia, y hasta del Partido Comunista. Todos juntos propusieron la reconciliación con los militares genocidas.

Se preparaba un cambio de régimen “controlado”. Hasta sectores de la burocracia sindical colaboracionista convocaron paros y movilizaciones. La clase obrera, muchas veces superando la contención de las burocracias, luchó y  encontró un canal para manifestar su descontento.

El otro tema fundamental en una eventual transición eran los crímenes de la dictadura.

Los crecientes reclamos populares y la inclaudicable lucha de Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos, incluso bajo el régimen de hacían imposible de ocultar las desapariciones de 30 mil trabajadores y trabajadoras y los miles de presos y torturados, incluyendo a reclutas en Malvinas.

Los milicos querían garantías de impunidad y los partidos patronales estaban dispuestos a negociarlas. Pero debían derrotar la lucha popular por la aparición con vida y el castigo a los culpables.

 Así, otro de los propósitos de la incursión militar en Malvinas residía en encolumnar a muchos sectores tras la dictadura decadente. Con el supuesto accionar “nacionalista”, quería imponer el “olvido” de sus crímenes y una “reconciliación” nacional, colocando en un lugar secundario “la cuestión de los desaparecidos”.

La aventura militar en Malvinas apuntaba a reconstruir un régimen que se despedazaba. A pesar de que la dictadura mostraba la guerra como el intento de recuperación de un territorio ocupado por Inglaterra, la realidad era la contraria. La acción tenía una apariencia antiimperialista, pero su proyección real era un mayor sometimiento al imperialismo. 

En primer lugar, porque la dictadura genocida quería apoyarse en el imperialismo norteamericano para este “desplazamiento” del británico. Tanto es así que está documentada la oferta de instalación de bases militares yanquis en unas hipotéticas “Malvinas recuperadas”.

La colaboración de la dictadura con el imperialismo yanki no era una novedad: Argentina, por ejemplo, envió oficiales a colaborar con los Contras, la milicia financiada por los yanquis contra la revolución sandinista en Nicaragua. Era parte de una política contrarrevolucionaria organizada por el imperialismo norteamericano en toda América, como demostró el Plan Cóndor.

Los milicos soñaban con que los servicios prestados a los yankis pudieran cobrarse con algún tipo de apoyo en la guerra, lo cual desde luego no pasó. En realidad, ocurrió lo contrario: el gobierno norteamericano colaboró abiertamente con la flota inglesa durante la guerra. 

En segundo lugar, la dictadura militar no tomó ninguna medida que afectara al capital británico, como la confiscación de la banca o de sus empresas. Muy por el contrario, dijo que “estaría dispuesto a ofrecer a la British Petroleum y otras empresas británicas una participación en la explotación de los recursos en la región, lo mismo que facilidades para su flota.

La derrota de Thatcher y Reagan habría sido un hecho antiimperialista de relieve, favorable a las masas de todo el mundo. Lo demuestra que la victoria imperialista en la guerra rescató a un gobierno en profunda crisis -el de Thatcher- que salió reforzado para emprender una brutal ofensiva contra los trabajadores de su país, como la derrota de la gran huelga minera y las privatizaciones posteriores.

Pero la dictadura genocida no tenía ningún interés en enfrentarlos de verdad. En ningún momento del desarrollo de la guerra se dejó de pagar la deuda externa; nunca se organizó boicot económico contra los intereses del imperialismo y hasta se siguió subsidiando a sus empresas.

Hay un discurso muy difundido según el cual “todo el mundo apoyó la ocupación de las Malvinas por parte de la dictadura”. ¿Es verdad que  “la sociedad así lo quiso”? Hay que ponerle nombre y apellido a ese “apoyo”: en primer lugar, los principales partidos políticos del sistema, como la UCR y el PJ. 

La Iglesia también fue contundente en su adhesión. La burocracia sindical y las cámaras empresariales se encolumnaron tras la iniciativa de Galtieri. 

El 6 de abril de 1982, cuando la Junta Militar organizó en Malvinas el acto de asunción del gobernador designado (general Mario Benjamín Menéndez), viajó una delegación que incluía a dirigentes del PJ, la UCR y otros partidos; los presidentes de la Sociedad Rural y la UIA; jerarcas de la Iglesia. También la burocracia sindical aportó una nutrida delegación, con Ubaldini y Triaca, entre otros. Junto a ellos participó ni más ni menos que Jorge Rafael Videla. 

Luego, el 10 de abril, tuvo lugar una convocatoria en Plaza de Mayo por parte de estas fuerzas sociales. 

Hubo, sin embargo, voces alternativas. El 4 de abril, el periódico antecesor de Prensa Obrera rechazaba la acción de la dictadura. Además, decía: «Cualesquiera sean las derivaciones de la crisis internacional como resultado de las contradicciones y alianzas entre yanquis e ingleses y entre la dictadura y ambos, la ocupación de las Malvinas no es parte de una política de liberación e independencia nacionales, sino un simulacro de soberanía nacional, porque se limita a lo territorial mientras su contenido social sigue siendo proimperialista”.

Este rechazo al accionar de la dictadura y la denuncia a las fuerzas burguesas no se confundía con neutralidad alguna si la guerra de Malvinas contra Inglaterra efectivamente se desarrollaba: “no por patrioterismo, sino por autentico antiimperialismo planteamos: ‘guerra a muerte, guerra revolucionaria al imperialismo’”. Esta tarea, sin embargo, está reservada para una lucha masiva dirigida por la clase obrera y no para una dictadura de torturadores entregados a los compromisos con el imperialismo.

La crisis económica que afrontaba el régimen de facto era generalizada antes de la guerra. Entre 1980 y 1981, los conflictos obreros se multiplicaron por tres en relación con los primeros años de la dictadura. La desocupación y subocupación habían pasado de un 9,2 a un 12,7 por ciento y el salario real había descendido un 40 por ciento respecto de 1974.

A mediados de 1981, distintas plantas mecánicas se habían movilizado frente a un reguero de cierres y suspensiones, lo que llevó a una huelga general el 17 de junio y a la detención en masa de más de mil trabajadores frente a la sede del Smata.

 Por primera vez, la clase obrera le disputó las calles a la dictadura en base a la presencia organizada de columnas fabriles.

 El carácter creciente de este proceso tuvo su momento emblemático en la gran movilización obrera del 30 de marzo de 1982, “la mayor movilización obrera bajo la dictadura”.

 En esa jornada decenas de miles de trabajadores pelearon cuerpo a cuerpo con las fuerzas represivas y marcaron un antes y después.

De palabra, todos los gobiernos desde 1983 a la fecha dijeron “reivindicar el reclamo de soberanía en Malvinas”. Más allá de las diferencias de estilo de cada gobierno, ninguno planteó un choque en serio con el imperialismo. Raúl Alfonsín, de hecho, logró la bendición temprana del imperialismo con su rechazo a la ocupación de Malvinas. 

 Es cierto que algunos llegaron al colmo del cipayismo, como Menem reivindicando las relaciones “carnales” (sic) con el imperialismo y la política de “seducción” hacia los kelpers (la población implantada por el imperio británico en las islas), que incluyó el ridículo envío de “regalos” por parte del canciller Di Tella.

O, más recientemente, con Patricia Bulrrich al proponer la cesión de soberanía respecto de Malvinas en una negociación con Pfizer. Macri, acorde a su línea rabiosamente proimperialista, firmó acuerdos con nuevas concesiones. 

Pero incluso gobiernos como el de Nestor o Cristina Kirchner no pasaron de declaraciones. Mientras que la depredación de los recursos petroleros y pesqueros por parte de los británicos nunca se detuvo.

A la par, continuaron en la colaboración con los crímenes imperiales en el continente, como el envío de tropas argentinas como fuerza de ocupación a Haití, o las misiones de entrenamiento conjunto.

En el caso de Malvinas, es claro que se trató de un acto de rapiña por parte de una potencia, Inglaterra, que se apoderó de un lejano territorio en la primera mitad del siglo XIX, obteniendo ventajas económicas y militares que se proyectan hasta el día de hoy. Para nuestro país es, entonces, una genuina reivindicación. 

Por eso, reivindicamos la movilización del pueblo argentino, que en tiempo real dio muestras de solidaridad emocionantes, con donaciones, comités de apoyo. También al respecto de esto hay crímenes impunes, porque la dictadura era tan descompuesta que se robó hasta lo recolectado en los festivales. Indudablemente, también reivindicamos el honor y la memoria de los soldados caídos. 

Las y los socialistas abogamos por la unidad internacional de lxs trabajadorxs, lo cual incluye la lucha a muerte contra el imperialismo, que es un factor fundamental de opresión.

 La experiencia histórica es concluyente: la dictadura genocida, con sus métodos de terror contra las masas y de completa sumisión al imperialismo, era incapaz de desarrollar una lucha nacional. Luego, los gobiernos democráticos cambiaron metodologías, pero no el hilo conductor: sostener la dependencia colonial en todas sus formas, que hoy, con el enésimo acuerdo con el FMI, vivimos en forma dramática.

Todos los gobiernos mantuvieron buena parte de la legislación creada en dictadura hasta el día de hoy. También pagaron la deuda usuraria, que tuvo un salto en calidad con la estatización de la deuda privada que organizó la dictadura y ningún gobierno posterior repudió.

La clase social que bancó a esos gobiernos tiene nombre y apellido (burguesía nacional, de la UIA, la Sociedad Rural y la banca) y está unida por mil lazos y conveniencias con el imperialismo.

Por eso, la soberanía argentina de Malvinas solo será posible en una lucha real, con otros métodos y con otra clase, que ponga en pie gobiernos de trabajadores y trabajadoras y de las mayorías populares para expulsar al imperialismo de las Islas Malvinas y de todo el continente.

Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Apoyo y solidaridad con el periodista Franco Torchia, quien manifestó su defensa por los derechos de las personas trans, las leyes que ha conquistado el movimiento LGTB en su lucha y contra los discursos de odio

29/03/2022

Expediente 884-D-2022

Adhesión a proyecto de Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa su apoyo y solidaridad con el periodista Franco Torchia, quien públicamente en una entrevista en el programa Todas las tardes emitido por Canal 9, manifestó su defensa por los derechos de las personas trans, las leyes que ha conquistado el movimiento LGTB en su lucha y contra los discursos de odio.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Un debate se desencadenó los últimos días, a partir de las declaraciones de Amalia Granata, legisladora santafecita, contra el colectivo trans, en medio de una nota con Carmen Barbieri para el programa Mañanísimas (Ciudad Magazine), donde manifestó que si «sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización. Nosotros desde el Estado no podemos pagarles cuando ellos pueden ir a trabajar tranquilamente».

Frente a esto, el periodista Franco Torchia, en el programa del cual es panelista Todas las tardes emitido por Canal 9, se hizo eco de ese discurso transodiante y lo cuestionó y rechazó con fuerza. Torchia aseguró entre otras cosas que «todo lo que se esgrimió allí es totalmente falso. Y esto corre por mi estricta cuenta, es totalmente adrede. No hay ningún tipo de ingenuidad en que un discurso así sea puesto en boca de una legisladora como Amalia Granata porque hay intereses políticos y financieros muy fuertes detrás de ella, para que Amalia Granata, siendo como es funcionaria pública y legisladora provincial, viole al aire las leyes que viola». También afirmó que «todo lo que dice es falso. No conozco una sola persona trans, y digo persona trans porque la discusión no puede ceñirse al artículo ‘los’ o ‘las’. Hay varones trans y mujeres trans. También hay personas no binarias. Ninguna percibe un sueldo si no es a partir de la ley que el año pasado sancionó el congreso nacional que es la ley de cupo laboral travesti trans. Que tampoco se cumple como corresponde en la Argentina. Son muy pocas las mujeres trans que han conseguido algún tipo de trabajo. ¿Quieren que les cuente? En general es un trabajo muy mal remunerado. Trabajo registrado pero pésimamente remunerado. Ninguna mujer trans percibe un sueldo por el mero hecho de ser una persona trans. Ninguna identidad trans de la Argentina tiene una casa gratis».

Los dichos de Amalia Granata no son aislados. Días antes de estas expresiones, se refirió en otro programa, a las personas trans que “tienen privilegios” y también se manifestó en contra de los tratamientos de hormonización garantizados por el Estado gracias a la conquista de la Ley de Identidad de Género. En esta oportunidad, Florencia de la V, la reconocida actriz, comediante y vedette argentina, también públicamente repudió esos dichos enumerando los distintos problemas que atraviesan las personas trans: “Cuando hablan de privilegios, es no tener consciencia de que nuestro colectivo tiene un promedio de vida de 35 años, cuando el promedio de vida es de casi de 80 hoy para cualquier persona”. A lo que sumó que “el 80 % de las personas trans son expulsadas de sus casas a muy corta edad, a partir de los 13 años. El 80 % de las personas trans no terminaron el secundario”, aseguró en el programa que conduce por Canal América.

Es notorio que desde que en Argentina, con la lucha de los movimientos LGBT y de la mujer y la conquista de derechos obtenidos con enormes movilizaciones los últimos años, sectores ultra conservadores y reaccionarios han aprovechado para generar discursos de odio contra esas personas y sus reclamos.

Frente a esto, no podemos más que oponernos y rechazarlo con fuerza, brindando toda nuestra solidaridad con todas las personas, activistas, y referentes públicos que cuestionan esos discursos de odio.

Por eso solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Repudia el ataque a la memoria de Rodolfo Walsh que llevó adelante un grupo de personas identificadas como «Jóvenes Republicanos» mediante la vandalización de la estación de subte que lleva el nombre del periodista y escritor de asesinado hace 45 años por una patota de la ESMA

29/03/2022

Expediente 882-D-2022  

Adhesión a proyecto de Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia el ataque a la memoria de Rodolfo Walsh que llevó adelante un grupo de personas identificadas como «Jóvenes Republicanos» mediante la vandalización de la estación de subte que lleva el nombre del periodista y escritor de asesinado hace 45 años por una patota de la ESMA.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Este 24 de Marzo se cumplieron 46 años del inicio de la última dictadura cívico militar genocida.

Mientras decenas de miles volvieron a salir a la calle reclamando Memoria, Verdad y Justicia por las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, un grupo de provocadores negacionistas del último genocidio ocurrido en nuestro país atacó cobardemente la memoria de Rodolfo Walsh. La provocación que llevó adelante este grupo identificado como «Jóvenes Republicanos» quienes resultarían ser una corriente “juvenil” del PRO ligada a Patricia Bullrich, tiene la intención de negar los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar argentina y convertir a las víctimas del terrorismo de estado en victimarios. Es una gravísima repetición de los argumentos y campañas que se lanzaban durante esos años nefastos para justificar las detenciones, las listas negras, las muertes, la pérdida de toda libertad, los campos de concentración y las desapariciones que llevaron adelante los militares junto a la pata civil de la última dictadura.

El escritor y periodista, autor de obras como Operación Masacre y ¿Quien mató Rosendo?, fue asesinado por una patota  hace 45 años justamente en la esquina debajo la cual se encuentra la estación del Subte de la Línea E que lleva su nombre y que ahora fue vandalizada por este grupo de militantes del PRO. Su asesinato fue cometido por un grupo de tareas de la ESMA (lugar donde fue visto por última vez su cuerpo) en el mismo día en que Walsh había comenzado a distribuir el famoso escrito “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” dónde denunciaba los crímenes y atrocidades cometidos por el gobierno a los fines de aplicar un plan político, económico y social de miseria, expresando en dicha carta que “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Este ataque es parte de una estrategia y una ofensiva de grupos de derecha para  intentar negar la  historia, a los 30.000 detenidos desaparecidos, en búsqueda de lograr la impunidad de los genocidas. 

Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Rechazo al maltrato policial que padeció un joven con Condición del Espectro Autista en el Premetro de la Ciudad que constituye un nuevo caso de violencia institucional

29/03/2022

Expediente 881-D-2022

Adhesión a proyecto de Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta el más enérgico rechazo al maltrato policial que padeció un joven con Condición del Espectro Autista, hecho ocurrido el martes 22 de marzo de 2022 en el Premetro de la Ciudad que constituye un nuevo caso de violencia institucional, y expresa su acompañamiento y solidaridad con el joven agredido y su familia.   

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El día 22 de marzo de 2022, cerca de la estación de Villa Lugano, una policía de la Ciudad de Buenos Aires maltrató verbal y físicamente a un joven que estaba sentado en uno de los vagones mientras su madre lo esperaba en el andén. El trato agresivo por parte de la policía produjo una crisis en el joven agredido quien tiene una condición de salud (Condición del Espectro Autista).

De acuerdo al relato de una pasajera que difundió el video a través de redes sociales, los hechos se originaron cuando “la oficial le gritó injustamente a un nene que no quería bajar del Premetro debido a que tiene una condición de salud (CEA), le provocó un ataque de nervios y respondió agresivamente. La mujer no quiso identificarse y no es la primera vez que le falta el respeto a los pasajeros”.

Este nuevo hecho de violencia institucional, en esta oportunidad teniendo como víctima a un joven con una condición de salud, no es un evento aislado. Resulta repudiable y preocupante la sistematicidad del maltrato y la violencia policial en nuestra ciudad y que por lo general tiene como destinatarios a los jóvenes de los sectores más pobres de nuestra ciudad.

Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Preocupación ante la política vaciadora  del Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta y la Ministra de Educación Soledad Acuña sobre  los Institutos de Formación Docente y las carreras dictadas en los mismos

28/03/2022

Expediente 862-D-2022

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  expresa su preocupación ante la política vaciadora  del Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta y la Ministra de Educación Soledad Acuña sobre  los Institutos de Formación Docente y las carreras dictadas en los mismos, agravado por la paralelización constituida por las carreras abiertas en la UniCABA  en detrimento de las ya existentes en los 29 Institutos de Formación Docente. Al mismo tiempo, la Legislatura Porteña rechaza cualquier iniciativa que atente contra la inscripción en los 29 Institutos de Formación Docente de la CABA, y exige se esclarezcan los motivos por los cuales el Ministerio de Educación solicita a lxs apirantxs a los ISFD conserven los números de solicitud a fin de ser presentados ante la UniCABA.

Fundamentos

Un nuevo año lectivo comienza en los Institutos de Formación Docente.  Sin embargo los bloqueos para acceder a la inscripción a los mismos, por parte del gobierno, se renuevan.  Este año quienes aspiren a una vacante en los profesorados deben atravesar un examen obligatorio, online, que disfrazado de diagnóstico podría operar prescriptivamente.  Este examen cabe destacar no obtuvo la anuencia pedagógica de lxs rectorxs quienes junto a estudiantxs, docentxs y comunidades vienen desarrollando una defensa incondicional de «los 29» frente a la reforma educativa de la UniCABA perpetrada por Larreta-Acuña.

Este año se inicia con la «novedad» que a quienes han atravesado el examen  mencionado, se les planteaba la conservación de un número para ser presentado ante la UniCABA. Si bien el Gobierno Porteño señaló que se trataba de un error, resulta preocupante por la historia de la UniCABA y sus implicancia negativas, vaciadoras y privatistas en detrimento de los Institutos de Formación Docente.  Con el «valor agregado» de la inobjetable confesión de partes de Soledad Acuña quien en concurrencia de la reunión informativa sobre el proyecto de reforma del Estatuto Docente, ante lxs integrantxs de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, afirmó estar en contra de la formación terciaria y no negó estar a favor del cierre de los Institutos.

A día del inicio del ciclo lectivo para la UniCABA tambien, en la que se solamente se incribieron 1100 estudiantxs, en carreras publicitadas «del futuro» para la formación en las denominadas habilidades blandas para el mundo laboral precarizado al extremo, y que al no tener ni siquiera formación en Educación Sexual Integral, retrotrae a lxs cursantes a un atraso marcado por el oscurantismo,

Pero el gobierno de Larreta y Acuña agudizó su ataque a los institutos de formación docente durante el año 2021 en el que abrieron las inscripciones para 4 nuevos profesorados en la privatista Unicaba: Biología, Matemática, Química y Física. También un Profesorado Universitario con el trayecto pedagogico, destinado a profesionales que optan por el ejercicio de la docencia. Sin embargo las carreras mencionadas, incluso la destinada a las y los profesionales se dictan en los Institutos de Formación Docente.

Desde diciembre del 2017, tras la presentación del proyecto de creación de la UniCABA, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores exigimos el retiro del proyecto, y advertimos que  la coexistencia de los Institutos de Formación Docente  y la UniCABA, sobre la base del desfinanciamiento de los primeros, redundaría en una suerte de «muerte por inanición» de los mismos.  Con lo cual esta paralelización de carreras se colocó como una nueva declaración de guerra contra la formación docente en CABA, que cuenta con oferta para estas carreras en varios institutos.

Por otro lado, analizando los planes de estudio, el argumento del Larreta-Acuña al respecto de “jerarquizar la formación docente dándole el carácter universitario” muestra su falsedad y desprecio por la formación docente de excelencia. Este empobrecimiento de la formación de las y los futurxs docentxs tiene un doble objetivo: eliminar toda materia y contenido que lleve a debatir y pensar las problemáticas que atraviesa al sistema educativo y los impactos de la crisis social que refractan directamente en la escuela, y que apuntan a que lxs docentxs no sean simples “facilitadorxs”, sino que propendan al desarrollo de un pensamiento crítico y de una pedagogía en sintonía con ello.

Son “carreras cortas” con materias cuatrimestrales que carecen de profundidad disciplinar y pedagógica. Ninguno de estos planes contienen Educación sexual integral, Historia de la Educación Argentina, Sujetos del Nivel o Derechos Humanos, tres ejes claves en la formación docente. La degradación y vacuidad educativa de estas nuevas carreras muestran la cara de la degradación de la formación y los planes de estudio: ofrecen carreras chatarras para vaciar los IFD.

La propia página de la Unicaba sostiene que la carrera privilegia “generar una carrera para la formación inicial de educadores de nivel secundario, con un perfil profesional actual, flexible a nuevos desafíos educativos y con una mirada compleja e integral de la enseñanza de las ciencias en el nivel”. Lo que importa no es la formación integral de la juventud y futurxs docentxs, sino cómo desarrollan “competencias” para insertarse en un sistema laboral de flexibilización y precariedad. Es decir: cumple  uno de los grandes objetivos de las reformas (anti) educativas.

El segundo objetivo de este recorte de contenidos lo declaran sin eufemismos al describir “el perfil del egresado/a”: “la presente propuesta es parte de un plan integral de enseñanza de las ciencias que contempla la interrelación con diversas propuestas formativas de la Universidad, lo cual permite ampliar el alcance del título con trayectos complementarios cortos, de manera de especializarse en la enseñanza de una o más disciplinas específicas: Física, Química, Biología, Matemáticas, así como continuar, posteriormente, su formación académica con otras carreras de posgrado que la Universidad ofrece u ofrecerá en el futuro”. En lugar de una carrera integral que prepare y forme a lxs futurxs docentxs en los distintos aspectos pedagógicos y disciplinares, se abren carreras degradadas en sus contenidos y con una formación deficiente, para obligar a lxs estudiantxs y graduadxs a tener que continuar la formación en posgrados, probablemente pagos, fomentando el negocio educativo.

Otro aspecto importante a mencionar es que la Unicaba tiene una carrera creada totalmente a la formación de CEOS de la educación. No solo yendo en contra del Estatuto Docente sino imponiendo a las y los futurxs docentes una reforma laboral ya planteada con el proyecto de ley de reforma del Estatuto Docente anunciado en el inicio de las sesiones legislativas por el propio Larreta.

La ofensiva de vaciamiento sobre los profesorados tuvo una continuidad durante todo el año 2021 por parte del gobierno: el límite en las inscripciones a carreras, un curso de ingreso común entre los 29, la reforma de los postítulos para avanzar en su desvalorización. Esta reforma no se da en un contexto aislado. Mientras el gobierno porteño planteó la coexistencia como la muerte lenta de los institutos, este se encontró con un primer fracaso: a nivel general los terciarios continúan con una inscripción récord mientras que la Unicaba, el proyecto privatista que todas las comunidades educativas de los 29 rechazamos por los motivos largamente expuestos y corroborados en la realidad, abrió sus aulas con 1100 inscriptos. El objetivo del gobierno es desgranar la matrícula en los terciarios, para trasladarla a la Unicaba y sus carreras devaluadas. Pero es importante resaltar que la puja por más matrícula va de la mano con la pelea  por más presupuesto.

Ante estos ataques, las comunidades terciarias, sus estudiantxs, la docencia, lxs rectorxs y sindicatos, y el FIT-U junto a ellxs continuamos en la primera línea de defensa de los institutos de formación docente, y continuamos exigiendo: Abajo la reforma privatista llamada UniCABA, de Larreta y Acuña.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Informes relacionados a la implementación de la ESI en las escuelas públicas de gestión estatal y privada de la CABA

28/03/2022

Expediente 861-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados a la implementación de la ESI en las escuelas públicas de gestión estatal y privada de la CABA.

a) Informe cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la educación sexual en las escuelas. Incorpore documentación respaldatoria.

b) Informe cuál es el proceso de elaboración de contenidos de la ESI para cada nivel del sistema educativo, y los montos presupuestados desagregado por los ítems correspondientes.

c) Informe si han sido desarrollados materiales relativos a la ESI.  En caso afirmativo, detalle a cargo de quiénes está dicha elaboración, los criterios utilizados para tal fin y especifique las escuelas a las que llegaron desagregadas por distrito escolar y nivel. Adjunte el material.

d) Informe quiénes son los actores que participan de la selección e implementación  de contenidos de ESI.

e) Informe los mecanismos de seguimiento de la implementación de la ESI.

f) Informe los mecanismos a través de los cuales se aplica el art 8 de la ley de 2110.

g) Informe si ha realizado un relevamiento por distrito y nivel educativo, sobre impacto de la ESI y demandas específicas.  En caso afirmativo detállelas.

h) Informe si el GCABA a través del Ministerio de Educación tiene convenios con ONGs para dictar contenidos de ESI. En caso afirmativo, informe cuáles son, montos presupuestarios destinados a las mismas, períodos convenidos y adjunte los pliegos.

i) Detalle cómo el desarrollo de la implementación y el impacto de la resolución nacional 340 en las escuelas de la CABA, detallado por nivel.  Informe montos presupuestarios destinados a la implementación de la resolución.

j) Informe si la o el coordinadora/or ha sido nombrado. En caso afirmativo, comunique nombre, trayectoria en el terreno educativo en general y en el de la ESI en particular. Informe el vínculo con organizaciones de mujeres, centros de estudiantes.

k) Informe si está planificada una oferta de capacitación en servicio para las y los docentes.  En caso afirmativo, especificar duración de los períodos formativos, destinatarios y  si la misma contará con puntaje.

l) Informe la cantidad de vacantes demandadas en el postítulo dictado en el Instituto de Formación Docente Joaquín V. González.  Detallando la cantidad de vacantes satisfechas y la cantidad que quedaron en lista de espera.

m) Informe la cantidad de vacantes demandadas en el postítulo en la Escuela de Maestros.  Detallando la cantidad de vacantes satisfechas y la cantidad que quedaron en lista de espera.

n) Informe si se amplió o se planea multiplicar  la oferta de vacantes del postítulo dictado por la Escuela de maestros y en el Instituto Joaquín V González.  En caso afirmativo explicite la cantidad y el momento en que se efectuará la medida. En caso negativo explicite los motivos.

o) Informe los motivos por los cuales lxs docentes del Postítulo que dictá la formación en ESI permanecen en la precariedad laboral. Explicite si planea titularizarlxs y su pase al Estatuto Docente.

p) Informe si planea la creación del cargo docente destinado a dictar ESI.  En caso afirmativo indique detalladamente el plan con documentación respaldatoria.  En caso negativo adjunte los planes, aplicación y resultados obtenidos en la implementación de la ESI a 15 años de su sanción.

q) Informe los motivos por los cuales no se dicta la ESI en las carreras de laUniCABA. Adjunte documentación repaldatoria

Artículo 2, comuníquese, etc.

Fundamentos

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito ha sido sin lugar a dudas el escenario político donde la juventud secundaria jugó un papel fundamental de la mano de las movilizaciones más masivas y decididas. Esta misma juventud ha podido desarrollar una fuerte intervención de delimitación y de demanda contra la regimentación de las autoridades, el Estado y la Iglesia. Frente a la persecución política, como es el caso de los colegios confesionales, han desatado grandes rebeliones educativas en todo el país con innumerables pañuelazos y pronunciamientos masivos por la conquista de este derecho fundamental alcanzado con el método de la lucha callejera durante diciembre del 2020.

Un movimiento y una generación que creció al calor del Ni Una Menos y que ha ido denunciando y derribando las distintas maniobras e intentos de cooptación por parte del conjunto del poder político y sus lazos con el Vaticano. Contra el intento de limitar el poder de decisión de las pibas, el movimiento secundario puso de manifiesto que quieren una vida libre de opresión y oscurantismo, desarrollar una sexualidad libre, sana y consentida 

Esto está enmarcado en un contexto de un fuerte ataque y ajuste a la educación pública en todos sus aspectos: el vaciamiento y el ajuste en el presupuesto educativo y sus item centrales no ha cesado de caer mientras el Jefe de Gobierno Porteño se pasea por Europa en una gira hacia las elecciones 2023. El derrumbe edilicio, la crisis presupuestaria, falta de vacantes, vaciamiento de los comedores escolares a costa de la hambruna de las y los estudiantes, el desfinanciamiento a la ESI y la formación docente en este sentido, chocan con las políticas anti educativas de un gobierno que lejos está de una vida para las juventudes de desarrollo sexo afectivo pleno.

Durante el período de pandemia, en el cual se multiplicaron los casos de violencia contras mujeres, infancias y diversidades revelaron las profundas dificultades en la implementación de la ESI y la desinversión que no sólo lesionó duramente su aplicación sino también y de manera conjunta a lo largo y ancho del país las víctimas de violencia machista se vieron sin respuesta ni política estatal real que atienda el flagelo.  Esta situación le vale a las mujeres y diversidades, femicidios, crímenes de odio, violaciones grupales a plena luz del día, entre otros aspectos cotidianos que recorren los vínculos fuera de la escuela pero también dentro de las instituciones sin que medie interés e intervención favorable a las víctimas o personas en situación de violencia de género.

En oposición a los planes de ajuste, la irrupción de las mujeres y la juventud en su lucha por el derecho al aborto y por Educación Laica, Científica y respetuosa de la diversidad sexual, marca un rumbo de salida.  Esta batalla puso de manifiesto la falta de Educación Sexual en las escuelas y de instancias de formación docente y en servicio en relación a la ESI y la necesidad de avanzar en la pelea por la separación de la Iglesia del Estado. Allí donde a partir de los esfuerzos individuales de los docentes, se han implementado contenidos de Educación Sexual, muchas niñas y adolescentes pudieron romper el silencio que imponen las violaciones, abusos y vejaciones de las que son víctimas.  Mientras los índices de embarazo infanto juvenil son escalofriantes.

Tanto la resolución 340/18 como los planes jurisdiccionales adaptados a dicha resolución o el programa de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) han demostrado la asociación del Estado y la Iglesia promoviendo el sometimiento y resignación ante los embarazos no deseados e incluso sometiendo a tortura a niñas violadas.

En este sentido es clave la pelea por la definitiva separación de la Iglesia del Estado y abrir rumbo a la conquista de la educación sexual laica y científica que el movimiento secundario supo colocar en la agenda del movimiento de mujeres y popular.

La no aplicación de la ESI, o su aplicación clerical, es producto de un Estado que mantiene sus lazos con la Iglesia, y que es el responsable de reproducir y garantizar un orden social basado en la opresión, la violencia y la discriminación.

En este sentido  la lucha y la vitalidad encausada dentro del movimiento de mujeres y disidencias tienen que ir enteramente de la mano de la lucha contra este feroz ataque a la educación pública en su conjunto, contra el ajuste del gobierno nacional, los gobernadores y el FMI. Ninguna de estas demandas que venimos problematizando se conquistan si no es con la organización contra el régimen de explotación en su conjunto. 

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Informes vinculados al Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia

23/03/2022

Expediente 809-D-2022

Proyecto de resolución 

Artículo 1°.– La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación que en un plazo máximo de 30 días de recibida la presente, y a través de los organismos que corresponda, informe de manera escrita y digital sobre los siguientes puntos vinculados al Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia:

a) Informe el monto destinado a las escuelas infantiles privadas a través del Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia, durate los años 2021 y 2022

b) Explique si los montos destinados a las escuelas maternales privadas forman parte del presupuesto 2021 y el presupuesto 2022, o de una partida extraordinaria.

c) Explicite el origen de los montos devengados destinados al objeto del presente proyecto.

d) Adjunte nómina de establecimientos beneficiados con la medida. Desagregue matrícula de cada uno.

e) Informe si durante el 2020 o años anteriores, dicho Programa destinó partidas a las escuelas infantiles privadas.  En caso afirmativo adjunte documentación respaldatoria con montos y su procedencia. 

f) Informe si en dichas escuelas maternales funcionan escuelas infantiles y/u otros niveles educativos.  En caso afirmativo detallelos desagregando cantidad de salas, grados, cursos, u sus secciones y cantidad de matrícula.

g) Informe cuáles son los requerimientos para acceder al Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia. Adjunte documentación respaldatoria.

h) Informe si dicho Programa está dirigido a las familias o sí van directamente a las instituciones. En el último caso explicite argumentos.

i) Informe los motivos por los cuales define destinar dichos montos a la educación privada y no a la educación pública.

j) Explique los motivos pedagógicos que dan sustento a dicho programa.

k) Explique por qué el presupuesto educativo fue reducido de manera creciente los últimos 10 años.

l) Informe si planea la apertura de escuelas infantiles públicas. En caso afirmativo adjunte planes, plazos, presupuesto y documentación respaldatoria. En caso negativo explique los motivos.

m) Explique en detalle si tiene solución para la Primera Infancia que aún no obtuvo vacante en escuelas infantiles públicas del sistema educativo de CABA.  En caso afirmativo adjunte documentación respaldatoria, en caso negativo explique los motivos.

Fundamentación

El GCABA el día martes 3 de agosto del año 2021 presentó junto  a la ministra de educación Soledad Acuña un refuerzo financiero de un aproximado de 53 millones a 125 escuelas maternales y de nivel inicial privadas a través del Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia el cual consiste justamente en sostener económicamente la educación privada del nivel.

El GCBA argumentó que durante el transcurso de la pandemia (2020-2021) dichas instituciones se vieron afectadas financieramente, sin embargo esta consideración no fue estimada en relación a la Educación Pública, por el contrario la norma ha sido el recorte permanente en términos de presupuestarios durante la última década, no sólo durante el año 2020 y 2021, en el que se recortó lisa y llanamente 371 millones en el Plan Sarmiento ( vinculado a la entrega de dispositivos y conectividad) sino en términos de infraestructura incluyendo obras que ya estaban planificadas, incluso el propio GCABA fue más allá suspendiendo obras en una escuela del distrito escolar 13 debido a que la comunidad se negó a quitar carteles que reclamaban contra la presencialidad sin condiciones y recordaban los fallecimientos evitables de trabajadores de la educación.  Otro motivo que presenta el GCBA para destinar dichos fondos a la educación privada es el problema de la baja matrícula durante el período excepcional de pandemia en el nivel, esto encubre en realidad que quienes en su mayoría dejaron de pagar cuotas a escuelas privadas lo hicieron debido al aumento de la pobreza y la caída de ingreso en la denominada clase media y sectores populares, la cual en múltiples casos recurre a escuelas maternales privadas debido a la falta de vacantes por la insuficiencia absoluta de escuelas públicas del nivel.  Recordemos que son más de 25.000 les pibis y  niñes sin vacante en todos los niveles educativos pero fundamentalmente en el nivel maternal e inicial.  Incluso durante el mes de febrero del corriente año, el diario TIempo Argentino dio a conocer cifras de faltante de vacantes que duplican el número señalado contabilizando diferentes situaciones como vacantes que no satisfacen los requierimientos de las familias en torno a la distancia de la escuela de los hogares, la separación de núcleos familiares en diferentes escuelas, turnos diferentes a los solicitados, entre otros.

En este sentido los colectivos y comunidades que luchan por las vacantes continúan con los reclamos sin respuesta gubernamental positiva alguna.  Un caso paradigmático en este punto es el del fallo nefasto de los jueces que conforman el Tribunal Superior de Justicia quienes a fines del 2020 fallaron en contra de una familia que recurrió a la justicia por una vacante para su hija.  Toda una demostración de la integración de los jueces al GCABA, quienes fueron votados por quienes integran los bloques mayoritarios de la Legislatura Porteña.

A contramano de los reclamos por infraestructura escolar en las escuelas públicas de la CABA , la cual sufrió un recorte de más del 70% en el presupuesto educativo 2021, en el período extraordinario de pandemia y otro elevado porcentaje para el año 2022, Larreta-Acuña pretenden modificar el Estatuto Docente pero no a partir de la base de las necesidades reales educativos, sino de una manera que les abra la posibilidad de vulnerar derechos y conquistas.  La falta de vacantes en el nivel contrasta con iniciativas que no están dirigidas a solucionar dicho problemas que afectan incluso en la oferta laboral para la docencia del nivel.

La educación de la Primera Infancia ha sido el blanco durante años de ataques incesantes y el vaciamiento del nivel, al punto que se recurrió incluso a un cambio de paradigma educativo en cuanto a que las infancias han pasado de ser consideradas sujetos educativos para ser considerados sujetos de cuidado, esto fue el principal eje para la proliferación de Centros de Primera Infancia pertenecientes a la esfera del desarrollo social en la CABA y en todo el país, pero que incluso, en estos meses también son blanco de ataques por parte de Larreta quien puso en subasta pública el edificio de la calle Pringles 340 afectando un CPI.

Desde el bloque del FITU estamos compenetrados en la lucha conjunta de la docencia, comunidades y colectivos por vacantes, por un presupuesto educativo acorde a las necesidades de cada nivel y modalidad, por infraestructura escolar y vacantes en escuelas infantiles y maternales públicas.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Informes referidos la Guia para Mujeres Migrantes en Situación de Violencia de Género

22/03/2022

Expediente 806-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- La Dirección General de la Mujer informará en formato papel y digital, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos la Guia para Mujeres Migrantes en Situación de Violencia de Género:

  1. Informe y explique los fundamentos de la guía para mujeres migrantes. Adjunte documentación respaldatoria.
  2. Informe si existen organismos específicos para recibir y atender denuncias de violencia de género de mujeres migrantes. En caso afirmativo adjunte nómina, cantidad y especialidad de profesionales, situación contractual de dichxs trabajadorxs. 
  3. Detalle las medidas adoptadas y el presupuesto destinado en materia de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y personas del colectivo LGBTI+ migrantes.
  4. Informe si existe algún tipo de asistencia económica y habitacional para las mujeres migrantes y personas del colectivo LGBTI+. En caso afirmativo adjunte documentación respaldatoria. En caso negativo explique los motivos.
  5. Informe cantidad de denuncias recibidas, detalle los organismos que la han recibido. Adjunte documentación respaldatoria.

FUNDAMENTOS

Recientemente la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Maria Migliore, presentó una “Guia para mujeres migrantes en situación de violencia de género”. Se presenta como una actualización de una realizada años atrás, aunque no se encuentra a disposición en los sitios oficiales del gobierno de la ciudad para conocer el contenido del mismo.

Según un informe realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) casi la mitad de victimas de femicidio y travesticidio en la Ciudad entre 2016 y 2019 pertenecian a colectivos migrantes. Un 45,7% de las víctimas eran extranjeras provenientes de países de la región. En una entrevista realizada a representantes de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes indican «¿A qué se debe esta sobrerrepresentación de mujeres extranjeras entre las víctimas de femicidio? Nuestra experiencia nos indica que, en esta población, tanto el acceso a la justicia como a otros derechos sociales se ven obstaculizados por su condición de migrantes, por ser mujeres y, en la mayoría de los casos, por pertenecer a las clases más pobres» (Telam 10/1). Las mujeres migrantes que se organizan junto al Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero, dan cuenta de esta realidad y una opresión específica en tanto mujeres, desocupadas y migrantes.

El presente proyecto apunta a esclarecer el contenido de la guía promocionada por el gobierno de la ciudad en distintos barrios, sumando a su vez el reclamo por una asistencia integral.

Informes vinculados a la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

22/03/2022

Expediente 805-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.– La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que en un plazo máximo de 30 días de recibida la presente,  a través de los organismos que corresponda, informe sobre los siguientes puntos:

a)  Informe las cifras de solicitudes de la práctica de la IVE presentadas en todo organismo de salud de gestión estatal, privada y en las obras sociales, al día de la fecha de tratamiento del presente proyecto. Desagregado por edad de la persona solicitante, y por cada entidad de las mencionadas.

b) Informe y detalle las respuestas a cada solicitud. Desagregado por organismo de salud en los que se hubiere presentado solicitud alguna tanto de gestión estatal, privada u obras sociales.

c) Informe si existe un registro público de profesionales objetores de conciencia. En caso afirmativo adjunte dicho listado. En caso negativo explicite si planea hacerlo e informe la forma en que están identificados frente al Estado.

d) Informe si adquirieron alguna de las medicaciones llamadas Mifepristona y  misoprostol para realizar la práctica química de la IVE. En caso afirmativo adjunte pliegos de contracción, plazos y presupuesto. En caso negativo explicite los motivos e informe el método químico a utilizarse en dicha práctica.

e) Informe los efectores de salud del nivel primario y segundo que realizan la práctica de la IVE a través del método AMEU (aspiración manual endouterina).

f) Informe si capacitó personal médico en la realización de la práctica de IVE a través de la AMEU. En caso afirmativo explicite a través de documentación respaldatoria el alcance de dicha capacitación. En caso negativo explique los motivos.

g) Informe si cada efector de nivel primario cuenta con el equipamiento necesario para la atención e implementación de las solicitudes de la práctica IVE. Presentar un inventario por cada efector. 

h) Presente un listado de aquellos efectores de atención primaria que cuenten con ecógrafos, y explicite si planea equipar con estos aparatos allí donde sea necesario. En caso afirmativo establezca plazos. En caso negativo explique los motivos.

i) Informe si hubo nombramiento de profesionales en los efectores de atención primaria. En caso afirmativo enumere las especialidades, cantidades de profesionales de cada una de ellas, desagregado por casa efector, y explique los términos de su contratación.

j) Informe si se conformaron equipos multidisciplinarios en los efectores primarios y secundarios de atención tal como plantea la ley 27610. En caso afirmativo adjunte documentación respaldatoria desagregada por cada efector y comunique cómo se conforman los mismos. 

k) Informe los montos presupuestarios destinados a la implementación de la IVE. Explicite los montos ejecutados a la fecha de tratamiento del presente proyecto.

l) Informe cantidad de internaciones producto de complicaciones derivadas de abortos antes y después de la vigencia de la ley 27610, desagregado por efector y edades.

m) Informe si se realizó una campaña de información tanto para personal de los centros de atención de efectores de primer y segundo nivel, como sobre la población al respecto del derecho a la IVE.

n) Informe si  se desarrolló o desarrolla el tratamiento del derecho a la IVE en las escuelas a través de la ESI. En caso afirmativo explicite los medios a través de los cuales se difunde el derecho, adjunte documentación respaldatoria. En caso negativo explicite los motivos.

FUNDAMENTOS

En diciembre del año 2020 se aprobó en el país la ley nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto ha sido el resultado de una lucha por parte del movimiento de mujeres y diversidades desde hace más de 35 años.  A los largo de todos esos años de lucha las denuncias por muertes de mujeres por aborto clandestino sumaba por miles a personas gestantes que acudían a dicha práctica de manera insegura en términos sanitarios, en relación a la práctica en sí misma, y a la atención posterior a la misma.  Los números de  muertes en su enorme mayoría pertenecían a mujeres y personas gestantes pobres.

La ley es sin duda una enorme conquista arrancada al Estado y venciendo los enormes escollos ideológicos, políticos y los correspondientes al lobby realizado en el Congreso por parte de las Iglesias Católicas y Evangélicas, y los sectores empresariales médicos.

Sin embargo, las resistencias a su aplicación no se hicieron esperar y a través de maniobras legislativas y/o judiciales, los sectores opuestos a los derechos de mujeres, personas gestantes y diversidades, erigieron medidas orientadas a obstaculizar el acceso al derecho conquistado.  En distintas provincias, localidades y jurisdicciones del país, las Iglesias a través de su asociación con el Estado, han desenvuelto medidas orientadas a sostener la clandestinidad del aborto, los negociados biomédicos, y la consecuente muerte de mujeres y personas gestantes. El caso de Miranda Ruiz en Tartagal, única medica no objetora de conciencia que fue apresada por realizar un aborto en 2021 (y liberada gracias a la lucha popular) es esclarecedor en este punto.

En términos de salud en la CABA los recortes presupuestarios han visibilizado un sistema de salud que ante la pandemia se ha visto seriamente colapsado.  Esto es acompañado por parte del GCBA con salarios paupérrimos para las, los y les trabajadores de la salud.  Esto repercute en el acceso al derecho a la salud de quienes viven y trabajan en la Ciudad.  En tanto la atención de los múltiples problemas, entre ellos la violencia contra las mujeres y diversidades, infancias y juventudes se agravaron producto de la ausencia de medidas que atiendan dichos flagelos.  Tampoco el GCBA garantiza la implementación de la ESI en las escuelas, por ello a 15 años de la sanción de la ley continuamos exigiendo su aplicación y la modificación del artículo 5 de la ley nacional 26150 y el artículo 8 de la ley 2110 de la CABA que permiten la injerencia de las Iglesias en los contenidos que debiesen ser de carácter laico, científico y respetuosos de las diversidades.

Por último, las profesionales de la salud de la CABA denuncian falta de capacitación,  insumos y equipamiento necesarios para garantizar la práctica de la IVE en los centros de salud primarios y secundarios.

Los ataques y bloqueos clericales y anti derechos demuestran que la lucha por la implementación del derecho conquistado continúa vigente.  Desde los sectores independientes del movimiento de mujeres y diversidades continuamos dando batalla por su implementación.  El bloque del Partido Obrero- FITU sostiene un compromiso de hierro en esta perspectiva.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Informes referidos a los Centros Integrales de la Mujer (CIM)

22/03/2022

Expediente 804-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°. – El Poder Ejecutivo informará, a través del organismo correspondiente, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos a los Centros Integrales de la Mujer (CIM):

  1. Detalle modalidad de atención (presencial o virtual) para cada Centro Integral de la Mujer (CIM) de la ciudad. Indique para los que atienden presencialmente horarios y días de atención. 
  2. Detalle la situación edilicia de cada CIM indicando espacios con los que cuentan para la atención y explicite si en alguno de ellos existen problemas de infraestructura o servicios (falta de gas, luz, derrumbe, goteras, riesgo eléctrico, etc). Adjunte documentación correspondiente.  En caso que se expliciten problemas de infraestructura o servicios señale si planea obras vinculadas a los problemas planteados. Adjunte planos de cada edificio en los que funcionan los CIM.
  3. Informe cuál es el presupuesto previsto para los CIM en el 2022. Detalle cuál fue el presupuesto del mismo en 2021 y cuál fue el monto ejecutado. Adjunte documentación correspondiente. 
  4. Informe cuáles son los CIM conveniados indicando tipo de convenio, modalidad de contratación, organización con la que está conveniado, año de inicio del mismo.  En cualquier caso adjunte documentación respaldatoria.
  5. Detalle cómo se realiza la articulación entre cada CIM y la DGMUJ. Adjunte documentación correspondiente. 
  6. Detalle qué tipo de problemáticas se atendieron (tipos de violencia, prevención, orientaciones de qué tipo) en el 2021 y el corriente desagregado por comuna, barrio, franjas etarias. Si existe un registro estadístico de la atención brindada por CIM para los años solicitados, adjuntarlo. 
  7. Señale si existió un plan de contingencia para el funcionamiento durante el período de A.S.P.O. y D.I.S.P.O.  Adjunte documentación respaldatoria.
  8. Detalle qué CIMs permanecieron cerrados durante el periodo A.S.P.O. y D.I.S.P.O. En caso afirmativo señale cuáles, los motivos y si existió un criterio de selección. 
  9. Indique la cantidad de casos que se abordaron mensualmente durante el 2021 en cada CIM y si existen listas de espera para la atención, en caso de existir señale qué criterios se toman para la selección de casos a abordar. Adjunte documentación correspondiente desagregado por comuna, barrio, franjas etarias.
  10. Detalle para cada CIM la nómina de trabajadores profesionales que integran los equipos interdisciplinarios de atención, indicando la formación de cada uno de ellos al corriente. Adjunte documentación correspondiente.
  11. Detalle para cada CIM la nómina de trabajadores administrativos al 2022. Adjunte documentación correspondiente. 
  12. Detalle el tipo de contrato, convenio colectivo y margen horario de jornadas laborales de la nómina total de trabajadores de los centros integrales de la mujer de la ciudad discriminando por centro. Adjunte documentación correspondiente.
  13. Informe si planea ampliar los equipos de profesionales de los CIM existentes.  En caso afirmativo indique cantidades y formas de contratación.  En caso negativo explicite los motivos.
  14. Detalle si existe un plan para la construcción de nuevos CIM en la ciudad. En caso afirmativo indique barrio y espacio en el que será situado, detalle personal a contratar y modalidad de su situación laboral.  En caso negativo explicite los motivos.

Artículo 2°. – Comuníquese, etc.  

FUNDAMENTOS 

Según el Observatorio Lucia Pérez en  2021 se registraron 296 femicidios y transfemicidios. Las estadísticas brindadas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD)  -dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para el conjunto del año 2021 expresa que se presentaron 6109 casos para atender, siendo un 78% de esas personas mujeres y un 22% varones menores de edad. En la mayoría de los casos registrados la violencia ocurre por parte de parejas (49%) o familiares (34%). A su vez se clasifica en Niveles de Riesgo: los casos atendidos siendo un 39% de los casos clasificados como “alto riesgo” y un 53% como “moderado riesgo”.

Como ejemplos de esta realidad tenemos el femicidio de Esther Mamani en febrero del 2021, quien había denunciado reiteradas veces a su ex pareja antes de sufrir el femicidio.

Luego de 6 meses de su asesinato, Mayra una vecina del mismo barrio que Esther (1-11-14) fue golpeada brutalmente por su ex pareja, nuevamente luego de denuncias y hoy se encuentra internada peleando por su vida. No por nada el Observatorio Lucia Perez registró a octubre del 2021, 317 marchas por justicia para victimas de femicidios.

Las agrupaciones del movimiento de mujeres como el Plenario de Trabajadoras que acompañan este tipo de casos y luchan por justicia, señalan constantemente lo difícil que es emprender el camino que implica una denuncia de género. Éstas deben ser radicadas en distintos fueros judiciales (penal y civil) lo que hace lento el proceso de resolución. A su vez, las organizaciones de mujeres denuncian el accionar de la policía que en muchos casos lejos de atender las denuncias revictimizan, ningunean los pedidos de ayuda y otorgan la impunidad para los victimarios al no garantizar que se cumplan perimetrales. 

Los Centros Integrales de la Mujer son dispositivos dependientes de la Dirección General de la Mujer que fueron creados para abordar estos casos por equipos interdisciplinarios especializados que acompañen y asistan a las víctimas de manera integral. Los mismos fueron conseguidos como resultado de la lucha por Ni Una Menos en 2015 pero según las denuncias de las organizaciones de mujeres, están lejos de garantizar una verdadera asistencia integral.

Se denuncia la falta de accesibilidad a los mismos, ya que en comunas como la 8 donde el 52% de les habitantes son mujeres existe solamente 1 CIM, lo mismo ocurre con la comuna 7 donde vecinas de Bajo Flores reclaman la apertura de uno en la villa ya que el que existe se ubica a 30 cuadras. Según el informe de la OVD la mayoría de los casos provienen de la comuna 8 (12%) comuna 4 (11%) comuna 1 (9%) y comuna 7 (8%), el resto de las comunas reportan porcentajes menores al 7%. Que se trate de las comunas donde se encuentran las villas más populosas de la ciudad no es casualidad, pone de relieve la correlación entre la pobreza y la violencia de género. Vecinas de barrios importantes de estas comunas como Soldati, Bajo Flores, Lugano y la villa 31 son justamente las que se encuentran desde hace años demandando que se abran nuevos CIM dentro de los barrios y se garantice que la atención sea las 24hs. Al mismo tiempo, los informes de la OVD arrojan que entre los tipos de violencia más identificados por las denunciantes se encuentran la violencia psicológica (97%) y física (53%), lo que demuestra la importancia instrumental de los CIM para asistir con los equipos de profesionales que trabajan en ellos éstos casos. 

Para revertir la crítica situación que viven las mujeres y diversidades, se necesita un programa integral. La atención y asistencia para víctimas de violencia es un eje importante de aquel programa, la misma debe ser garantizada por el gobierno de la ciudad con centros integrales de la mujer que funcionen las 24hs con equipos profesionales (abogades, psicologues, trabajadores sociales) suficientes para atender la demanda creciente y con derechos laborales.

En este punto es relevante balancear mediante informes de la ciudad, la gestión de los CIM. Se necesita que estos dispositivos no funcionen solamente para el acompañamiento sino también para la prevención. Además un programa integral debe atender a las condiciones materiales de las víctimas de violencia, el trabajo genuino y la vivienda son fundamentales para lograr la independencia económica.  En el último periodo hemos asistido a una escalada de la crisis habitacional, con numerosas tomas de predios y luchas contra desalojos, como se vio el año pasado con la toma “fuerza de mujeres” en la villa 31.

Por los motivos aquí expuestos, es menester contar con información actualizada del gobierno de la ciudad respecto al funcionamiento y actuación de los CIM por lo que llamamos a acompañar el presente proyecto. 

Informes relativos al Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans

22/03/2022

Expediente 803-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Art 1° – El Poder Ejecutivo informará a los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días corridos de recibida la presente sobre los siguientes puntos relativos al Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans.

  1. Cuántxs trabajadorxs travesti/trans se integraron a trabajar en espacios del GCBA a la fecha.
  2. Cuántos CV se han recibido a la fecha.
  3. Qué porcentaje de la planta total del Gobierno de la Ciudad representan trabajadorxs del colectivo travesti/trans.
  4. Qué forma de contratación se realizó a aquellxs que hayan ingresado a trabajar.
  5. Qué políticas públicas de promoción a la integración de personas travesti/trans se realizaron para incrementar su inserción laboral.

Art 2° – Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

El colectivo travesti/trans en la Argentina viene de arrancar una conquista fundamental: Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans. Solo 1 de cada 10 personas travestis, trans y no binaries llega a ser empleada bajo relación de dependencia y la mayoría subsiste de la prostitución para cubrir las necesidades básicas de alimento y vivienda.

Desde el colectivo se vienen organizado por esta reivindicación, por la cual se arrancaron leyes de cupo laboral a nivel provincial, y municipal, y el decreto presidencial firmado por Alberto Fernández, que se implementan a cuentagotas.

La última información disponible en el sitio web del Gobierno de la Ciudad, se remonta a 2017, en el cuál se daba cuenta que solo el 20% de las personas travesti/trans que se habían inscripto al programa, habían sido incorporadas a algún tipo de trabajo.

A su vez, esas 100 personas informadas, representan una ínfima minoría de la planta municipal del Gobierno de la Ciudad, mientras la nueva ley estipula que el 1% de los de los cargos dentro del Estado nacional deban ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgéneros. Esperamos que un porcentaje al menos en ese sentido se aplique para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

En palabras de Lohana Berkins: “Los discursos sobre nosotras han estado siempre ligados a dos cuestiones: lo prostibulario y lo médico. Aunque no se perciba a simple vista este proyecto también tiene que ver con esos dos temas. Por un lado, lo más obvio: porque permite pensarnos a nosotras mismas vinculadas al travajo más allá de la prostitución. Por otro, también se complejiza el discurso médico porque para obtener un derecho históricamente la Justicia nos ha hecho pagar con nuestros cuerpos”. Esto mismo se condice con una realidad concreta, según el libro “La Revolución de las Mariposas” y las estadísticas recogidas por el mismo, solo el 9% de las personas trans encuestadas dijeron estar insertas en el mercado formal del trabajo, con un 70% que no tuvieron acceso a entrevistas laborales luego de la asunción social de sus identidades de género autopercibidas.

Las cifras de la exclusión laboral del colectivo TTNB tienen resultados concretos: para más del 70%, la prostitución sigue siendo la única alternativa de supervivencia. En la misma línea, el 87,2% de las mujeres trans y travestis encuestadas manifestaron el deseo de abandonar la prostitución si tuvieran acceso a un empleo, y el 10% esgrimió que los motivos por los cuales no la abandonarían son en torno a la edad y las pocas expectativas de encontrar un empleo con ganancias equivalentes.

Por esta razón entendemos que garantizar un trabajo genuino es responsabilidad del Estado, ya que es el mismo Estado el que carga con la responsabilidad de garantizar la expulsión sistemática de nuestro colectivo, exponiéndonos a violencias de todo tipo. Como así también carga con la responsabilidad de los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y crímenes de odio. También cuando una travesti o persona trans muere en total condición de miseria y no se le otorga la asistencia suficiente como para satisfacer necesidades primarias o es asesinada por motivos de odio. Esta realidad se vio a las claras con el caso de Tehuel de la Torre en la provincia de Buenos Aires, sin ser buscado por la policía bonaerense para luego caratular la causa como “homicidio agravado” cuando corresponde que la misma sea “averiguación de paradero”. Tehuel fue una falsa entrevista laboral hace más de un año, lo que expone la necesidad de que se presupuesten y apliquen las leyes de cupo trans.

Este nuevo derecho conquistado, con sus limitaciones, debe servirnos como un piso para avanzar en la conquista del trabajo genuino que las travestis y les trans venimos reclamando hace años. La aplicación del cupo laboral en las condiciones que necesitamos no puede ser dejada en manos de los gobiernos ajustadores que recortan las plantas estatales, despiden trabajadorxs y tercerizan nuestras labores con planes de 16 mil pesos que son menores a la línea de indigencia.

Debemos salir fuertemente a las calles para exigir una implementación inmediata, en planta permanente, con un presupuesto acorde y que la formación de todes les compañeres para ocupar las tareas necesarias esté a cargo de las patronales, y los ministerios de Trabajo, Educación y Desarrollo Social. Además, debemos exigir la incorporación de les más de 6 mil compañeres beneficiaries del plan Potenciar a trabajos registrados. Esta lucha es vital cuando avanzan discursos como el de la diputada nacional Granata, que en televisión pública no tiene vergüenza de decir que “lOs trans tienen privilegios” queriendo que el colectivo travesti trans sea un chivo expiatorio del ajuste nacional que vendrá de la mano del FMI.

Por todos estos motivos, solicitamos se apruebe el presente proyecto.

Pase a Planta Permanente de las trabajadoras precarizadas de la DGmuj

22/03/2022

Expediente 799-D-2022

PROYECTO DE  LEY

Capítulo I. Pase a Planta Permanente de las trabajadoras precarizadas de la DGmuj

Artículo 1°- Establézcase el pase a planta permanente con todos sus derechos y obligaciones, según la ley N° 471, para todo el personal que al 1 de enero de 2022 cumpla tareas habituales y permanentes en la Dirección General de la Mujer y que revista bajo la forma de planta transitoria, contratado como monotributista bajo régimen de locación de servicio o locación de obra, o tercerizadas bajo convenios con universidades, empresas privadas, ONGS o cooperativas. 

Art 2° – El personal comprendido en el artículo 1° estará equiparado en cuanto a sus derechos laborales a sus pares de planta permanente y tendrá el reconocimiento de su antigüedad laboral como contratado.  

Artículo 3º. Créase la Comisión de control y seguimiento compuesta por trabajadores y trabajadoras de las respectivas reparticiones, elegidos por voto directo y con cargos revocables, a fin de supervisar el pase a planta permanente establecido en el art. 1. La misma estará compuesta por 1 miembro por cada sindicato con representación en la repartición de referencia y 4 miembros electos en asamblea general unificada de las y los trabajadores de la misma. La Comisión estará encargada de elaborar los  listados de trabajadores indicados en el art. 1 y de realizar el seguimiento y control del cumplimiento y transparencia de su ejecución. La comisión de control y seguimiento responderá ante la asamblea general de las y los trabajadores de cada repartición.

Artículo 4º. Las autoridades competentes deben hacer efectiva esta Ley en un plazo de 3 meses desde su sanción, prohibiéndose expresamente la no renovación o cese del contrato del personal que cumpla con lo expresado en el artículo 1 de la presente Ley.

Artículo 5º. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposita retroactivamente los aportes jubilatorios de todo el personal contemplado en esta Ley desde la fecha de su primera contratación.

Capítulo II. Incorporación de personal

Artículo 6°. La Comisión de Control y Seguimiento creada por el artículo 3° presentará en el plazo de 1 mes un relevamiento de necesidades de personal en cada área de la DGMUJ. El GCBA abrirá concursos públicos para cubrir esos puestos de planta faltantes.

Capítulo III. Triplicación del presupuesto

Artículo 7. Se autoriza al GCBA a triplicar el presupuesto para la DGMUJ para atender lo ordenado por esta ley y la emergencia presupuestaria. 

Artículo 8°. Comuníquese.

Fundamentos

Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer en general y de la línea 144 en particular, quienes en su enorme mayoría son mujeres, atienden múltiples casos de violencia de género sin embargo constituyen uno de los sectores altamente precarizados.  Siendo el propio Estado de la CABA quien intenta perpetuar una política de violencia institucional y laboral contra las trabajadoras mencionadas quienes no sólo enfrentan la situación de contratos «basura», sino que  también este estado de cosas las somete a una discriminación en torno a derechos históricos como la estabilidad laboral, aguinaldo, obra social y cobertura de ART, sin licencias, tampoco recibieron ningún plus salarial por desempeñarse en una actividad considerada esencial, con todo tipo de presiones y hostigamiento de parte de funcionarias a cargo del área.  Los bajos salarios son otro aspecto que sacude el bolsillo, el poder adquisitivo, y golpea las familias de las trabajadoras que han visto lesionadas sus condiciones laborales producto del teletrabajo sin reconocimiento alguno.

 En la ciudad hoy  18.000 trabajadores son precarizados mediante contratación como monotributistas, esto representa un fraude laboral del GCBA. Entre ellos tenemos a las trabajadoras de la DGMuj, que son decenas de precarizadas atendiendo  distintas tareas, desde la atención de la línea 144, hasta el trabajo en los dispositivos en donde atienden y acompañan a mujeres que atraviesan todo tipo de violencia (familiar, redes de trata, etc.).

Cabe destacar que las trabajadoras de la DGMuj están altamente calificadas, sin embargo las trabajadoras del organismo estatal responsable de la asistencia a las mujeres víctimas de violencia trabajan a través de convenios de asistencia técnica con la UBA, es decir, que el gobierno terceriza la tarea.

Las denominadas “políticas públicas” que las funcionarias tanto se jactan de promocionar, las sostienen las trabajadoras de la línea 144 y las trabajadoras que se encuentran en los centros integrales de la mujer (CIMs) que, en definitiva, son las que mantienen en pie los refugios y afrontan las diversas situaciones que se presentan en cada caso. “El denominador común es estar precarizadas por el propio Estado”, dicen estas trabajadoras.

Los reclamos que animan a las trabajadoras son muy claros: ser planta permanente de la Dgmuj (Dirección General de la Mujer), ponerle fin a la tercerización, una actualización salarial igual al costo de la canasta familiar, un plus salarial por la actividad bajo la pandemia, derechos a las licencias correspondientes que deben regir para el sector y recursos para atender la creciente demanda.

Los relatos de las trabajadoras por la falta de recursos para atender, al menos dar resguardo, contención o refugio a las mujeres que se comunican en busca de alguna respuesta concreta, por momentos son desesperantes.

“Somos la primera línea de otra pandemia que azota el mundo y al país: la violencia hacia las mujeres, cuya expresión más grave son los femicidios”, culminan las trabajadoras entrevistadas que se están organizando con sus compañeras.

Durante la pandemia ha sido noticia el aumento de llamadas telefónicas de mujeres en busca de atención. Y el crecimiento de los femicidios. Donde se verifican una y otra vez las denuncias que estas mujeres realizaron previamente, e incluso cómo las familias y organizaciones de mujeres encontraron antes al femicida que los fiscales, policías, etc.

A fin de cuentas, es el propio Estado el que promueve la misoginia en todos los ámbitos, ya que es funcional para la subsistencia de un régimen de explotación. La existencia de un femicidio por día no puede deberse a desviaciones de tipo individual, sino que responde a un sistema que educa en la discriminación hacia las mujeres en función de dividir a la clase obrera, disciplinar a las mayorías y sostener una doble opresión sobre las trabajadoras, las cuales padecen las peores condiciones en el mercado laboral sumado a que cargan sobre sus espaldas el peso del trabajo doméstico, junto con el mandato de la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que el capital impone un ordenamiento social basado en pautas de sometimiento y roles de género puestos al servicio de incrementar las ganancias de la burguesía. Como contrapartida, en el marco de las alianzas que el gobierno mantiene con el clero -garante ideológico de la doble opresión- no existe en el país la implementación de una educación sexual que fomente vínculos no coercitivos y relaciones simétricas entre los géneros.

Esa violencia que se moldea en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, cuando una patronal y el Estado despiden, rebajan salarios, modifican condiciones laborales, u hostigan y acosan a las trabajadoras en sus lugares de trabajo, o como en el caso de las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer están siendo violentadas laboralmente por sus condiciones de trabajo.

Por eso, la violencia que sufre la mujer no es “una omisión del Estado”, sino que este es responsable de un régimen político y social que promueve y encubre toda la barbarie que vive la mujer.

Cada demanda que el movimiento de mujeres levanta, choca con la inacción de los gobiernos. Ni el Consejo de la Mujer en su momento, o el Ministerio hoy, organismos burocráticos que responden a esos gobiernos, han dado respuesta. Y ante el agravamiento de la crisis, pretenden descargarla sobre las y los trabajadores. El desfinanciamiento de todos los dispositivos y programas provocan que las trabajadoras deban desarrollar sus tareas en condiciones de mayor explotación (no cuentan ni siquiera con insumos para higienizar).

En tanto el Estado no destina recursos ante las situaciones de emergencia, desde el bloque del Partido Obrero- FIT y el Plenario de Trabajadoras junto al movimiento independiente de mujeres y diversidades continuamos reclamando un subsidio no menor al costo de la canasta básica total para las mujeres víctimas de violencia, casas refugio, creación y vacantes en escuelas infantiles, salario igual a la canasta familiar, recursos para atención y seguimiento de las denuncias, aumento de personal en planta permanente para la atención, elementos de higiene y prevención del Covid-19, protocolos para actividades esenciales, provisión y producción pública de misoprostol, implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, implementación de una educación sexual integral laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género, entre los reclamos inmediatos e históricos.

El presente proyecto recoge y refleja las reivindicaciones de las trabajadoras de la Dirección General de La Mujer, e intenta colaborar en su organización, a la vez denunciando la responsabilidad directa del Estado en las cadenas de violencias que atraviesan y agravian a las mujeres trabajadoras y sus hijes. 

Es fundamental que las trabajadoras que atienden a víctimas de la violencia de género -en lo que va del 2022, este flagelo ya se cobro 76 vidas- dispongan de estabilidad laboral y derechos laborales plenos. Esto acompañado de un salario que cubra el costo de la canasta familiar.

Por último señalar la necesidad inmediata de un fuero único, la elección directa de las y los jueces desde los 13 años y la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres  bajo el control de sus organizaciones, son aspectos elementales para desarrollar una pelea de fondo contra la violencia, la opresión y la explotación.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Modificación de la Ley 1688 de Centros Integrales de la Mujer (CIM)

22/03/2022

Expediente 798-D-2022

Proyecto de Ley

Artículo 1°.- Modificase el Artículo 15° de la Ley 1688, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 15º.- Centros Integrales de Atención:

a. Denomínase Centros Integrales de la Mujer y Diversidades (CIMyD) a los centros integrales de atención que funcionan bajo la órbita de los Centros Integrales de la Mujer (CIM),

b. Créanse nuevos CIMyD para cada comuna a los fines de contar con un CIMyD cada 50.000 habitantes. La instalación de los mismos comenzará por los siguientes barrios hasta completar el objetivo de la presente ley:

  • Ciudad Oculta
  • Soldati
  • Cildañez
  • Villa 1-11-14
  • Villa 21-24
  • Barracas
  • La Boca
  • Villa 31
  • Rodrigo Bueno
  • Constitución
  • Mataderos
  • Liniers
  • Pompeya

    c. Los CIMyD brindarán atención y realizarán el seguimiento, y la recuperación de la víctima, ofreciendo un espacio de seguridad y un tratamiento integral sobre los orígenes de la violencia sufrida y dispondrán de herramientas sociales y económicas que apunten a la reparación de los daños que la violencia les hubiere generado.

    d. Los CIMyD brindarán atención íntegramente gratuita. Las líneas telefónicas y la atención de manera presencial deberán funcionar las 24 horas los 365 días del año.

    e. Crease para cada CIMyD equipos interdisciplinarios integrados por abogadxs, trabajadorxs sociales, psicólogxs y todo el personal y profesional de cualquier disciplina que se requiera para una correcta atención.

    f. Incorpórase a la planta permanente de GCBA a todo el personal profesional y administrativo quienes cumplan funciones en lo CIMyD existentes hasta la fecha de sanción de la presente ley, y al nuevo personal de los cargos creados a fin de cumplir con la aplicación de la presente ley.

    g. Incorpórese a la órbita de la Dirección General de la Mujer las ONG que actualmente gestionan CIM a los fines de garantizar que el conjunto de CIMyD sean de gestión pública.

    h. Se creará una Comisión de control y seguimiento compuesta por quien dirija la gestión de cada CIMyD, unx representante electx de lxs trabajadorxs de cada Centro y representantes de organizaciones de mujeres y diversidades, de la comunidad de derechos humanos, barriales y sindicales del territorio correspondiente. La misma funcionará con una regularidad de dos veces por mes.”

Artículo 2°- Se destina una partida presupuestaria extraordinaria.

Artículo 3°- Comuníquese

FUNDAMENTOS

Los Centros Integrales de Mujeres (CIM) son dispositivos dependientes de la Dirección General de la Mujer (DGMuj) que fueron creados para abordar casos de violencia de género por equipos interdisciplinarios especializados que acompañen y asistan a las víctimas de manera integral. Los mismos fueron conquistados a través de la intensa lucha por Ni Una Menos en 2015, pero según las denuncias de vecinas de la ciudad y organizaciones de mujeres están lejos de garantizar una verdadera asistencia integral. Se cuestiona la falta de accesibilidad a los mismos. Al existir actualmente solamente uno por comuna, muchos barrios terminan alejados espacialmente de los centros y a su vez no se brinda atención las 24hs. Con la pandemia esta situación se agravó y en distintos barrios asistimos al reclamo de apertura de nuevos centros.

Las estadísticas brindadas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD)  -dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para el conjunto del año 2021 expresa que se presentaron 6109 casos para atender, siendo un 78% de esas personas mujeres y un 22% varones menores de edad. En la mayoría de los casos registrados la violencia ocurre por parte de parejas (49%) o familiares (34%). A su vez se clasifica en Niveles de Riesgo: los casos atendidos siendo un 39% de los casos clasificados como “alto riesgo” y un 53% como “moderado riesgo”. Estas cifras se traducen en ejemplos concretos como el de Esther Mamani asesinada en febrero del 2021, quien había denunciado reiteradas veces a su ex pareja antes de ser víctima de femicidio. Luego de 6 meses de su asesinato, Mayra una vecina del mismo barrio que Esther (1-11-14) fue golpeada brutalmente por su ex pareja, nuevamente luego de denuncias y hoy se encuentra peleando por su vida. Las comunas que mayores casos registran son la 8, la 4, la 1 y la 7. Que se trate de las comunas donde se encuentran las villas más populosas de la ciudad no es casualidad, pone de relieve la correlación entre la pobreza y la violencia de género. Vecinas de barrios importantes de estas comunas como Soldati, Bajo Flores, Lugano y la villa 31 son justamente las que se encuentran desde hace años demandando que se abran nuevos Centros Integrales dentro de los barrios y se garantice que la atención sea las 24hs. Al mismo tiempo, el informe de la OVD arroja que entre los tipos de violencia más identificados por las denunciantes se encuentran la violencia psicológica (97%) y física (53%), lo que demuestra la importancia instrumental de estos centros para asistir con los equipos interdisciplinarios de profesionales que trabajan en ellos éstos casos.

Además se plantea la necesidad de incluir en su denominación,  atención y seguimiento a la población  LGBTI+ de la ciudad. Según un informe realizado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en el primer semestre del 2021 ocurrieron 53 ataques contra las diversidades sexuales, que se distinguen en ataques al derecho a la vida (66%) y ataques a la integridad física (34%). Desgranando las identidades que particularmente sufren la violencia observamos que encabezan la lista las mujeres trans (76%), seguidas por las identidades gay (11%), lesbianas (4%), y varones trans (9%). Respecto a la autoría de los crímenes registrados se distingue entre los perpetrados por particulares (57%) y los ataques perpetrados por acción de funcionarios y organismos del estado (36%) y por las fuerzas de seguridad (7%) que responden al Estado. Para la población trans la expectativa de vida es de 35 años. Además existen las omisiones del estado a los derechos que debe garantizar. Recientemente se aprobó la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans, arrancada por el movimiento LGBTI que históricamente denuncia la exclusión laboral (1 de cada 10 personas TTNB tiene empleo en relación de dependencia y el 70% se dedica a la prostitución como única posibilidad de ingreso). La creación de Centros Integrales con capacidad para atender las problemáticas particulares de este colectivo tan golpeado por la violencia de género y sexual representa no solo un reconocimiento de su situación, sino también una política concreta para paliar y registrar estas cifras escalofriantes. Por el rol que el estado que aquí se describe, la gestión de los centros debe contar con un seguimiento y control de las agrupaciones de mujeres y diversidades comprometidas con la lucha para poner fin a la discriminación y crímenes que se perpetran contra estas identidades.

A estos datos debemos sumar los presentados por el observatorio Lucia Perez que informa 174 femicidios y transfemicidios en el país, es decir 1 cada 29hs.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2015 a esta parte se ha limitado a poner en funcionamiento 16 CIM, esto implica 1 por Comuna y 2 en el caso de la comuna 3.  No se basó en la construcción de nuevos centros, sino en la formulación de convenios con ONGs dedicadas a esta problemática hasta el 2015, lo que derivó en una tercerización de la asistencia. Las limitaciones en el funcionamiento de los centros que vecinxs y organizaciones señalan actualmente responden a esta política de vaciamiento. Refrendando la necesidad de construir nuevos centros es que se plantea la creacion de 1 CIMyD cada 50.000 habitantes de la comuna, independientemente del sexo y género.

Esta cifra redunda en el piso mínimo de 4 CIMyD en comunas que superan los 220.000 habitantes y 3 centros en las comunas con menos habitantes. La propuesta es que la atención de cada Centro se vuelque a la particularidad de los barrios y atendiendo a la urgencia en la demanda de algunos barrios de la capital. Se propone prioridad en las creación de los centros correspondientes a Ciudad Oculta, Soldati, Cildañez, Villa 1-11-14, Villa 21-24, Barracas, La Boca, Pompeya, Villa 31, Rodrigo Bueno, Constitución, Mataderos y  Liniers.

Otro punto fundamental para revertir las deficiencias en el funcionamiento actual tiene que ver con la planta total, condiciones de trabajo y contratación de lxs trabajadorxs de los centros. Para garantizar atención las 24hs los 7 días de la semana se necesita ampliar la planta de profesionales actual, al mismo tiempo el conjunto de lxs trabajadorxs necesitan un salario y convenio laboral acorde a las tareas prestadas para brindar una atención de calidad, por eso se plantea incorporar a la planta permanente del GCBA al conjunto de dichxs trabajadores profesionales y administrativos. A su vez, se plantea que la gestión de los Centros que existen y los que se construyan sean de gestión estatal, dependiendo de la DGMuj y con presupuesto del Gobierno de la Ciudad.

Para involucrar a los sectores que se preocupan y organizan para terminar con las problemáticas de violencia de género se propone la conformación de una comisión de control, con participación organizaciones de mujeres y diversidades de los barrios en cuestión junto a las autoridades del centro y representantes de lxs trabajadorxs del Centro.

Por los argumentos planteados es que llamamos a las distintas agrupaciones y sectores en lucha a apoyar el presente proyecto en las calles, y a lxs legisladorxs integrantes del parlamento porteño a acompañarlo.

Repudia a la vandalización del ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos

22/03/2022

Expediente 797-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Art 1° – La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la vandalización del ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos.

FUNDAMENTOS

En la mañana del 21 de Marzo, en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos se encontraron pintadas sobre la fachada del sitio, en donde funciona un espacio de memoria y la redacción del medio «Grito del Sur».

A pocos días de un nuevo aniversario del golpe genocida debemos llamar la atención del crecimiento de expresiones de odio contra la militancia popular: desde la creación de fuerzas de choque fascistizantes contra los piqueteros por parte de los autodenominados «libertarios», como el operativo de criminalización de la protesta contra la movilización contra el FMI en el Congreso, impulsado por el Gobierno Nacional. Las distintas tentativas de «reconciliación» con la Fuerzas Armadas son el caldo de cultivo para que elementos fascistas sientan que pueden actuar con impunidad.

Fueron los «Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad» quienes lograron que se revelara que ahi habia un CCD.  Esther Pastorino fue la impulsora para que la Legislatura se pronunciara por este sitio

Este año, la convocatoria a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del golpe toma un sentido particular: el gobierno peronista está cerrando un acuerdo con el FMI que implican la bancarrota nacional y la continuidad de los planes de ajuste que se encargó de diseñar e impulsar en la década del ’70 y dio lugar a la más sangrienta dictadura.

La dictadura cívico-militar-eclesiástica argentina secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 30 mil personas, para aniquilar físicamente un proceso ascendente de luchas obreras, que se abriera con el Cordobazo en 1969. Los crímenes del terrorismo de Estado comenzaron antes del golpe de 1976. El gobierno peronista de Isabel Perón ya había puesto en marcha, por un lado, el funcionamiento de la Triple A de López Rega, como así también el Operativo Independencia, con la excusa de combatir la guerrilla en Tucumán.

La dictadura se impuso para implantar un régimen que endeudó y empobreció al país, tanto de la mano del FMI como de otros usureros internacionales. Durante la dictadura, la deuda externa argentina pasó de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Con la derrota de Malvinas, unos días previos a la caída de la dictadura, se estatizó la deuda del sector privado, agravando aún más el peso de la deuda.

Informes referidos a la reducción de la edad para asistir a las escuelas del área de la Educación Especial de Formación Laboral y/o integral

17/03/2022

Expediente 733-D-2022

Proyecto de Resolución

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará en formato papel y digital, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos a la reducción de la edad para asistir a las escuelas del área de la Educación Especial de Formación Laboral y/o integral, a saber:

a) Explique los fundamentos pedagógicos de la determinación. Adjunte documentación que respalde la respuesta.

b) Explicite por qué el Gobierno de la CABA y su Ministra de Educación toman decisiones de corte discriminatorio.

c) En el caso que las hubiere, explique y detalle las opciones alternativas de Educación Formal que brinda el Ministerio de Educación para las y los estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo. En caso negativo, explique si dará alguna solución a los cientos de estudiantes que privaron del derecho a la educación y formación laboral e integral.

d) Informe cuántos estudiantes se vieron afectados por la medida. Incorpore documentación respaldatoria de la respuesta.

e) Informe la demanda actual de matrícula en el área desagregado por escuela y escalafón.

f) Informe la cantidad de vacantes satisfechas en el área desagregado por escuela y escalafón.

Fudamentos:

El Ministerio de Acuña – Larreta recortó la edad de egreso de alumnes que asisten a todos los espacios de Formación Laboral y/o Formación Integral en las Escuelas Especiales, bajándolas de 50 años a 22 años. Siendo hoy la edad de egreso variable según la escuela de la que se trate, en las que menos, es 24, en otras llegan a 50 años o más. Pero Acuña se planta en 22 dejando afuera sin más, a cientos de jóvenes y adultes

Son 13 Escuelas Especiales públicas en todo CABA, las que funcionan como espacios educativos de Formación Integral y/o, Laboral, y es este formato institucional en la mayoría de los casos, la única opción de actividad que existe en la Ciudad para les alumnes, tanto en términos pedagógicos, como en lo que concierne a la vital interacción social y conformación de vínculos por fuera del entorno familiar, lo cual redunda en una lesión al derecho de autonomía y  la construcción de la misma.

En un cuadro creciente de precarización laboral y despidos, las familias de personas con discapacidad o trayectorias diversas, son excluidas de la posibilidad de acceder a Centros Terapéuticos o apoyos terapéuticos privados por no contar con obras sociales que las paguen. Por eso, en los últimos tiempos, crece exponencialmente la demanda de vacantes en Educación Especial pública, más allá de que también, trabajadores que cuentan con obra social, deben lidiar con la negativa por parte de las obras sociales de brindar las prestaciones que les corresponden por Ley a quienes cuentan con CUD.

Por caso en la escuela 9 DE 6, se informó a les docentes durante el año 2021 que en año 2022 se abandonaría  el acompañamiento de las maestras de apoyo a la inclusión para les jóvenes de Formación Integral que se encuentran cursando la primaria para adultos en el CEPAPI. Un proyecto que tiene años de historia y esfuerzo docente.

Pero la drástica, discriminatoria y cruel decisión, no se le puede adjudicar tan sólo al Gobierno de CABA. Tal reforma en la edad de egreso, está basada en la resolución del Consejo Federal de Educación 155/11, que data de los tiempos del Gobierno Nacional de Cristina Kirchner y el Ministro de Educación Sileoni, a la cabeza y también, en la Resolución 311/16 del Gobierno de Macri, con la firma cómplice de todos los Ministros de Educación provinciales del País, que agrupa a todas las fuerzas políticas patronales.

La medida es escandalosa, son las comunidades las que han logrado viralizar el ataque a les estudiantes en situación de discapacidad a quien Larreta-Acuña les niega la oportunidad de acceder  la Educación y la formación laboral

La defensa de los espacios para las y los pibes de educación especial no puede esperar. Por ello solicitamos se acompañe el presente proyecto.

Informes referidos a las carreras dictadas en la UniCABA

17/03/2022

Expediente 732-D-2022

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará en formato papel y digital, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos a las carreras dictadas en la UniCABA, a saber:

a) Explique los fundamentos pedagógicos, y políticos que sustentan la decisión de abrir carreras, ya dictadas en los Institutos de Formación Docente, en la denominada UniCABA. adjunte documentación respaldatoria.

b) Informe el presupuesto designado para la UniCABA, y desagregue los fondos destinados a las carreras en cuestión, durante los años 2020, 2021 y 2022.

c)Detalle el presupuesto  para la Educación Superior destinado y el ejecutado durante los años 2020, 2021 y 2022, desagregando lo destinado a los Institutos de Formación Docente y lo destinado a la UniCABA.  Adjunte documentación.

d) Explicite modalidades y mecanismos de nombramiento de los cargos docentes y directivos de las carreras dictadas en la UniCABA.

e) Presente los planes de estudio de las carreras dictadas en los Institutos de Formación Docente y en la UniCABA.

f) Explique de qué manera se conectan los cuatro profesorados creados ofreciendo una formación en ciencias a partir de trayectos cortos y que implica para la específicidad de la formación pedagógica y disciplinar.

g) Detalle la oferta horaria por carrera dictada en la UniCABA. Adjunte documentación respaldatoria.

h) Explique los motivos por los cuales la enseñanza de la Educación Sexual Integral no forman parte de los planes de estudio de las carreras dictadas en la UniCABA

i) Explique los motivos por los cuales no se convoca a concurso a las y los docentes de los Institutos de Formación Docente.

j) La publicidad paga de la UNICABA reza al año 2021 el siguiente texto: «… se busca generar una carrera para la formación inicial de educadores de nivel secundario, con un perfil profesional actual, flexible a nuevos desafíos educativos y con una mirada compleja e integral de la enseñanza de las ciencias en el nivel…» Explique cuál es el perfil profesional actual que se pretende alcanzar.

k) Los terciarios están obteniendo una inscripción récord y la Universidad abrió las aulas virtuales con menos de 350 estudiantes. En función de ello informe: Cuál va a ser la prioridad para el financiamiento de los profesorados solicitados.

l) Informe si las titulaciones de la UniCABA serán de validez nacional, o cuál será el alcance y competencias de las titulaciones.

m) informe si en la UniiCABA se dictarán cursos o trayectos de formación vinculados al proyecto de Ley de Reforma del Estatuto Docente de autoría del Ejectuvio. En caso afirmativo detalle cuáles son, adjunte la currícula de los mismos e informe si serán pagos

Fundamentos

El gobierno de Larreta y Acuña agudiza su ataque a los institutos de formación docente. Abrieron 4  profesorados en la privatista Unicaba: Biología, Matemática, Química y Física. También un Profesorado Universitario con el trayecto pedagógico, destinado a profesionales que optan por el ejercicio de la docencia. Sin embargo las carreras mencionadas, incluso la destinada a las y los profesionales se dictan en los Institutos de Formación Docente.

Desde diciembre del 2017, tras la presentación del proyecto de creación de la UniCABA, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores exigimos el retiro del proyecto, y advertimos que  la coexistencia de los Institutos de Formación Docente (IFD) y la UniCABA, sobre la base del desfinanciamiento de los primeros, redundaría en una suerte de «muerte por inanición» de los mismos.  Con lo cual esta paralelización de carreras se constituye como una nueva declaración de guerra contra la formación docente en CABA, que cuenta con oferta para estas carreras en varios institutos.

Por otro lado, analizando los planes de estudio, el argumento del Larreta-Acuña al respecto de “jerarquizar la formación docente dándole el carácter universitario” muestra su falsedad y desprecio por la formación docente de excelencia. Este empobrecimiento de la formación de las y los futuras/os docentes tiene un doble objetivo: eliminar toda materia y contenido que lleve a debatir y pensar las problemáticas que atraviesa al sistema educativo y los impactos de la crisis social que refractan directamente en la escuela, y que apuntan a que las y los docentes no sean simples “facilitadores”, sino que propendan al desarrollo de un pensamiento crítico y de una pedagogía en sintonía con ello.

Son “carreras cortas” con materias cuatrimestrales que carecen de profundidad disciplinar y pedagógica. Ninguno de estos planes contienen Educación sexual integral, Historia de la Educación Argentina, Sujetos del Nivel o Derechos Humanos, cuatro ejes claves en la formación docente. La degradación y vacuidad educativa de estas nuevas carreras muestran la cara de la degradación de la formación y los planes de estudio: ofrecen carreras chatarras para vaciar los IFD.

La propia página de la Unicaba sostiene que la carrera privilegia “generar una carrera para la formación inicial de educadores de nivel secundario, con un perfil profesional actual, flexible a nuevos desafíos educativos y con una mirada compleja e integral de la enseñanza de las ciencias en el nivel”. Lo que importa no es la formación integral de la juventud y futuras/os docentes, sino cómo desarrollan “competencias” para insertarse en un sistema laboral de flexibilización y precariedad. Es decir: cumple  uno de los grandes objetivos de las reformas (anti) educativas.

El segundo objetivo de este recorte de contenidos lo declaran sin eufemismos al describir “el perfil del egresado/a”: “la presente propuesta es parte de un plan integral de enseñanza de las ciencias que contempla la interrelación con diversas propuestas formativas de la Universidad, lo cual permite ampliar el alcance del título con trayectos complementarios cortos, de manera de especializarse en la enseñanza de una o más disciplinas específicas: Física, Química, Biología, Matemáticas, así como continuar, posteriormente, su formación académica con otras carreras de posgrado que la Universidad ofrece u ofrecerá en el futuro”. En lugar de una carrera integral que prepare y forme a las y los futuras/os docentes en los distintos aspectos pedagógicos y disciplinares, se abren carreras degradadas en sus contenidos y con una formación deficiente, para obligar a las y los estudiantes y graduadas/os a tener que continuar la formación en posgrados, probablemente pagos, fomentando el negocio educativo..

Otro aspecto importante a mencionar es que la Unicaba tiene una carrera creada totalmente para formar a docentes directivos o que aspiran a serlo con una formación de CEOS de la educación aspirando a un perfil gerencial. Esta orientación contraria a principios pedagógicos apunta contra del Estatuto Docente imponiendo a las y los futuras/os docentes una reforma laboral encubierta.

 La ofensiva de vaciamiento sobre los profesorados tuvo una continuidad durante todo el año 2021 por parte del gobierno: el límite en las inscripciones a carreras, un curso de ingreso común entre los 29, la reforma de los postítulos para avanzar en su desvalorización. Esta reforma no se da en un contexto aislado. Mientras el gobierno porteño planteó la coexistencia como la muerte lenta de los institutos, este se encontró con un primer fracaso: a nivel general los terciarios continúan con una inscripción récord mientras que la Unicaba, el proyecto privatista que todas las comunidades educativas de los 29 rechazamos por los motivos largamente expuestos y corroborados en la realidad, abrió sus «aulas virtuales» este cuatrimestre con poco menos de 350 inscriptos. El objetivo del gobierno es desgranar la matrícula en los terciarios, para trasladarla a la Unicaba y sus carreras devaluadas. Pero es importante resaltar que la puja de hoy por más matrícula, va a ser la pelea de mañana por más presupuesto.

Ante estos ataques, las comunidades de la Formación Superior, sus estudiantes, al docencia, las y los rectores y sindicatos, y el FIT-U junto a ellas y ellos continuamos en la primera línea de defensa de los institutos de formación docente, y continuamos exigiendo: Abajo la reforma privatista llamada UniCABA, de Larreta y Acuña.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto.

Rechazo al recorte de la edad  de 50 años a 22 años, para acceder a las escuelas de formación laboral las cuales conforman, entre otras, el área de la Educación Especial

17/03/2022

Expediente 731-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura Porteña rechaza de manera enérgica el recorte de la edad  de 50 años a 22 años, para acceder a las escuelas de formación laboral las cuales conforman, entre otras, el área de la Educación Especial. Siendo estas escuelas fundamentales en la construcción de la autonomía de las y los estudiantes, exige se retrotraiga la medida de manera perentoria y se restituyan a las vacantes denegadas.

Fudamentos:

El Ministerio de Acuña – Larreta recortó la edad de egreso de alumnes que asisten a todos los espacios de Formación Laboral y/o Formación Integral en las Escuelas Especiales, bajándolas de 50 años a 22 años. Siendo hoy la edad de egreso variable según la escuela de la que se trate, en las que menos, es 24, en otras llegan a 50 años o más. Pero Acuña se planta en 22 dejando afuera sin más, a cientos de jóvenes y adultes

Son 13 Escuelas Especiales públicas en todo CABA, las que funcionan como espacios educativos de Formación Integral y/o, Laboral, y es este formato institucional en la mayoría de los casos, la única opción de actividad que existe en la Ciudad para les alumnes, tanto en términos pedagógicos, como en lo que concierne a la vital interacción social y conformación de vínculos por fuera del entorno familiar, lo cual redunda en una lesión al derecho de autonomía y  la construcción de la misma.

En un cuadro creciente de precarización laboral y despidos, las familias de personas con discapacidad o trayectorias diversas, son excluidas de la posibilidad de acceder a Centros Terapéuticos o apoyos terapéuticos privados por no contar con obras sociales que las paguen. Por eso, en los últimos tiempos, crece exponencialmente la demanda de vacantes en Educación Especial pública, más allá de que también, trabajadores que cuentan con obra social, deben lidiar con la negativa por parte de las obras sociales de brindar las prestaciones que les corresponden por Ley a quienes cuentan con CUD.

Por caso en la escuela 9 DE 6, se informó a les docentes durante el año 2021 que en año 2022 se abandonaría  el acompañamiento de las maestras de apoyo a la inclusión para les jóvenes de Formación Integral que se encuentran cursando la primaria para adultos en el CEPAPI. Un proyecto que tiene años de historia y esfuerzo docente.

Pero la drástica, discriminatoria y cruel decisión, no se le puede adjudicar tan sólo al Gobierno de CABA. Tal reforma en la edad de egreso, está basada en la resolución del Consejo Federal de Educación 155/11, que data de los tiempos del Gobierno Nacional de Cristina Kirchner y el Ministro de Educación Sileoni, a la cabeza y también, en la Resolución 311/16 del Gobierno de Macri, con la firma cómplice de todos los Ministros de Educación provinciales del País, que agrupa a todas las fuerzas políticas patronales.

La medida es escandalosa, son las comunidades las que han logrado viralizar el ataque a les estudiantes en situación de discapacidad a quien Larreta-Acuña les niega la oportunidad de acceder  la Educación y la formación laboral

La defensa de los espacios para las y los pibes de educación especial no puede esperar. Por ello solicitamos se acompañe el presente proyecto.

Declárese de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro «Desaparecer en Democracia” de la periodista Adriana Meyer

17/03/2022

Expediente 730-D-2022

Adhesión proyecto Alejandrina Barry

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárese de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro «Desaparecer en Democracia” de la periodista Adriana Meyer, publicado por la Editorial Marea.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Adriana Meyer es periodista. Actualmente es redactora en la sección política en el diario Página 12 y columnista de Justicia y Sociedad en radio La Red. Es colaboradora en las revistas Cítrica, Acción  y en La Izquierda Diario. A lo largo de su extensa labor periodística ha realizado innumerables investigaciones y coberturas de casos de violación a los Derechos Humanos en nuestro país. Es, también, docente universitaria en la UBA.   

En “Desaparecer en democracia” la autora plasma una profunda investigación sobre casos de desapariciones forzadas que ocurrieron en nuestro país durante los gobiernos constitucionales de las últimas cuatro décadas. Muchas de esas investigaciones fueron realizadas mientras la autora cubría como periodista y acompañaba muchos de los procesos que luchaban por la aparición con vida de las víctimas. Desde esa proximidad logra, a lo largo de toda la obra, que el lector tome dimensión no solo de la extensión y de la vigencia de las desapariciones forzadas de personas a manos de las fuerzas de seguridad sino también de las peleas que deben dar los familiares de las víctimas y de los organismos de DDHH que los acompañan.

El libro abarca las desapariciones forzadas ocurridas durante los gobiernos constitucionales que asumieron desde el fin de la última dictadura cívico militar. Abarcando casos ocurridos en la década del 80 como los de José Luis Franco, Néstor Gutierrez, el de Osvaldo Sivak. Además de los casos emblemáticos de la década del 90 y la primera década del 2000 como los de Miguel Bru, Sebastián Bordón, Natalia Melmann, María de los Angeles Verón, Jorge Julio López y Luciano Arruga, la obra también atestigua y relata sobre muchísimas desapariciones forzadas que, no siempre con igual repercusión social, permiten determinar el nivel de sistematicidad de estas prácticas por parte de las distintas fuerzas de seguridad federales y de las distintas provincias. También se encuentran relatados distintos casos de desapariciones forzadas ocurridas en nuestra ciudad. Los casos recorren todo el territorio de nuestro país en prueba de la extensión y dimensión de estos crímenes.

Por último, la autora desarrolla en profundidad los casos ocurridos desde el año 2015 a la actualidad.

Desaparecer en Democracia es una obra de denuncia a los responsables de la desaparición forzada de las 218 personas en nuestro país desde diciembre de 1983 hasta julio de 2021. También permite tomar dimensión de lo profundamente enraizado que se encuentra esa práctica en las fuerzas de seguridad de nuestro país, el cometido de las mismas en función de políticas represivas con objetivos precisos, y en las redes de impunidad que operan en favor de la vigencia de las mismas y que anidan en los miembros del poder judicial que, por ejemplo, en muchos casos niegan los habeas corpus presentados en favor de las víctimas.

Por lo aquí expuesto y conociendo el compromiso y la sensibilidad de mis pares es que solicitó el acompañamiento de este proyecto.

Repudio a los despidos realizados en la fábrica textil de Lugano RA Intertrading e insta a los gobiernos a imponer los medios para su inmediata reincorporación y para atender las demás demandas de los trabajadores

15/03/2022

Expediente 696-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN           

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia los despidos realizados en la fábrica textil de Lugano RA Intertrading e insta a los gobiernos a imponer los medios para su inmediata reincorporación y para atender las demás demandas de los trabajadores.

FUNDAMENTOS

Los trabajadores de RA Intertrading, una planta de indumentaria radicada en Villa Lugano en la que trabajan 900 compañeros, vienen realizando distintas medidas de lucha ante represalias ilegales que la empresa viene realizando a sus trabajadores. La semana del 14 de marzo despidió a dos trabajadores como forma de aleccionar ante una movilización al Ministerio de Trabajo en rechazo a más de 30 suspensiones dictadas por la patronal que,  a su vez, habían sido un “castigo” a un reclamo salarial.

La empresa fabrica para Adidas, Nike, Puma, entre otras marcas deportivas. Remeras de estas marcas se comercializan en $17.500 cada unidad, sin embargo, con básicos que no superan los $35.000, los trabajadores dependen de los premios a la productividad y a la asistencia para alcanzar un ingreso que no supera la línea de pobreza pero los empuja a intensificar los ritmos de trabajo, o directamente a trabajar enfermos.

Recientemente organizaron un reclamo a la empresa para que mejore los pésimos salarios del convenio del Soiva, pero la respuesta fueron amenazas. Ante ello, en asamblea los compañeros resolvieron paros progresivos los días 23 de febrero, y 2 y 4 de marzo, que tuvieron un acatamiento del 95%. En represalia la patronal suspendió a más de 30 compañeros. La intención es alejar unos días al activismo de la planta y apretar a los compañeros.

No les va a ser tan sencillo. Una nueva asamblea resolvió rechazar las suspensiones y realizar un quite de colaboración frenando los ritmos de trabajo. preparan nuevas acciones de lucha.

Los compañeros denuncian que el gremio no atiende sus reclamos desde hace años, incluso habiendo tolerado el despido de dos delegados combativos.

Por estos motivos, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Declárese de interés educativo la muestra “La escuela pública dice Nunca Más” del autor León Ferrari a realizarse en la escuela n°4 de 9“Nicolás Avellaneda” entre los días 21 y 25 de marzo de 2022

14/03/2022

Expediente 683-D-2022

Proyecto de Declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de interés educativo la muestra “La escuela pública dice Nunca Más” del autor León Ferrari a realizarse en la escuela n°4 de 9“Nicolás Avellaneda” entre los días 21 y 25 de marzo de 2022.

Fundamentos

En el marco del 46° aniversario del golpe de estado militar y conforme a la Ley Nacional de Educación 26206 en su artículo 3° donde dice que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

Y atentos a la Ley de la Ciudad Nº 6.017/2018 en su ARTÍCULO 1 cuando expresa “Declárase el 24 de marzo de cada año como el Día de la Memoria en homenaje a todas las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamientos, torturas, muerte o desaparición durante la represión llevada a cabo por el terrorismo de Estado. Y también el Artículo 3º que dice que “El Poder Ejecutivo de la Ciudad, a través de la Secretaría de Educación, incluirá el 24 de marzo de cada año en el calendario escolar de los distintos niveles el dictado de clases alusivas a los golpes de Estado y a la consecuente ruptura del orden constitucional y la violación de los Derechos Humanos, fortaleciendo los valores del sistema democrático y sus instituciones.”

En el mismo sentido, tomando la tradición escolar de nuestra institución encuadrado en el proyecto escuela que expresa que “Nuestro proyecto educativo se basa en dos ejes: transitar pedagogías educativas inclusivas y construir ciudadanías libres, pensantes y reflexivas. Esto implica que nuestra enseñanza tiene como objetivo que los/las alumnos/as logren tener una mirada integral sobre el mundo, que se comprometan con la defensa de la democracia y de la libertad de expresión y que fomenten el respeto por los derechos de todos y por la diversidad en todo el significado de la palabra.” (https://colegio4de9.wixsite.com/nicolasavellaneda/caracteristicas)

Nuestra escuela Nicolás Avellaneda se caracterizó siempre por una construcción y defensa de la vida democrática del país. En ese sentido, hemos consolidado hace décadas la idea de tomar la conmemoración de la ruptura democrática como parte de esa enseñanza democrática y búsqueda de la verdad y la justicia.

En el mismo sentido, hemos incluido la fecha del 24 de marzo en las jornadas que denominamos “Semana de la memoria” donde trabajamos conceptos como Democracia/Dictadura, Derechos Humanos, Exilios, Estado de derechos etc.

Asimismo, participaron de las actividades los estudiantes que participan del proyecto Taller de la memoria y que asumen esta fecha como una de las más importantes del calendario escolar.

Este año, durante la Semana de la memoria,realizaremos una muestra denominada “La escuela pública dice Nunca Más”. Una exposición de imágenes del reconocido artista plástico León Ferrari sobre la dictadura militar de 1976 a 1983.

La actividadnos permitirá trabajar, de forma interdisciplinariamente, con los contenidos curriculares de las materias Historia, Sociedad y Estado, Formación Ética y ciudadana entre otras.

Esta actividad, conforme al trabajo en equipos que ya venimos realizando en la institución, será parte de una planificación más amplia que contemple la producción de trabajos prácticos multidisciplinarios, expresiones artísticas, proyección de audiovisuales y charlas con organismos de derechos humanos de reconocimiento legal.

La actividad cuenta con el aval de la familia del artista plástico, quienes autorizan legalmente la exposición de las obras y la participación de la curadora Andrea Wain quien dará una conferencia sobre la obra del artista.

En definitiva, solicitamos el aval de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos permitiría elevar el estándar de la muestra, de la EscuelaPública y nos ayudaría acompartirla con todas las escuelas medias de la región VIII.

Ampliase, con carácter excepcional, el reconocimiento de titularidad en el cargo de miembro de equipo de orientación escolar y asistencia socioeducativa de la planta orgánica funcional del Área de Servicios Profesionales a los agentes que han ingresado en condición de contratados, planta transitoria, a partir del mes de septiembre del año 2012 e interinizados con fecha 1ro  de enero del 2017

14/03/2022

Expediente 682-D-2022

Proyecto de Ley

Artículo 1: Ampliase, con carácter excepcional, el reconocimiento de titularidad en el cargo de miembro de equipo de orientación escolar (EOE) y asistencia socioeducativa (ASE) de la planta orgánica funcional del Área de Servicios Profesionales prevista en el artículo 3° inc. h) de la ordenanza N° 40.593, establecidos en la Ley 4354/12, a los agentes que han ingresado en condición de contratados, planta transitoria, a partir del mes de septiembre del año 2012 e interinizados con fecha 1ro  de enero del 2017 que  figurasen en la Resolución N° 301/MEGC/17, cuya nómina se adjunta.

Artículo 2°: Se reconozca excepcionalmente, como consta en la Disposición DI-2016-87-DGCDO en su artículo 1 y 2, la antigüedad trabajada en el Área de Servicios Profesionales, a los agentes mencionados en la Resolución N° 301/MEGC/17.

Artículo 3: Comuníquese, etc.

Fundamentos

En el año 2012 se sanciona la Ley 4354, que titulariza a los miembros de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) y Asistencia Socioeducativa (ASE) de la Ciudad de Buenos Aires que se desempeñaban desde los inicios de su creación en el año 1984 hasta mediados del año 2012. 

La sanción de la misma fue resultado de años de demandas por parte de trabajadores del sector y de dos años de trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, los sindicatos Ademys y UTE y representantes de las diferentes situaciones de revista, elegidos en asambleas de los mencionados Equipos.

Fundamentó la sanción de dicha ley que el Área de Servicios Profesionales fue incorporada al Estatuto del docente en el año 1998  -si bien los EOE funcionaban desde el año 1984 con el advenimiento de la democracia en el país y en las escuelas- y que  durante todos esos años  los/as profesionales que trabajaban en los mismos eran incorporados por tres vías: o como comisión de servicios con diferentes cargos titulares de base en diversas Áreas de la docencia o bien provenientes de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o por contratos del tipo “locación de servicios” o planta transitoria docente ejecutados por el Ministerio de Educación. En todos los casos y más allá de las diferencias (en cuanto a los salarios, régimen jubilatorio, estabilidad laboral)  quienes fueron incorporados y permanecieron en sus cargos fueron privados de los derechos laborales y estatutarios  correspondientes (en cuanto a la percepción de sus haberes acorde al cargo “miembro de equipo” y a la participación de concursos, traslados, ascensos).

En el contexto del proceso de regularización del Área y al momento de la sanción de la ley, el ministerio incluyó a un grupo de trabajadores que quedaban excluidos del alcance de la misma en calidad de Planta Transitoria Docente. Las privaciones de derechos estatutarios anteriormente mencionados afectan actualmente a este pequeño colectivo de trabajadores/as que ingresaron al momento de la sanción de la ley, a partir de Septiembre de 2012.

Quienes han sido incorporados a los Equipos de Orientación Escolar y de Asistencia Socioeducativa han dado muestra de idoneidad para la realización de la tarea, lo cual motivó la renovación sistemática de sus contratos por parte del ministerio desde sus incorporaciones.

Por Disposición DI-2016-87-DGCDO, en su artículo 1 y 2, se reconoce la antigüedad trabajada en el área de Servicios Profesionales, a los profesionales que se desempeñan bajo la modalidad de planta transitoria docente, bajo la denominación “Miembro de Equipos de Orientación y Asistencia Educativa”, lo que afirma su trayectoria en estos cargos.

A partir del 1 de enero de 2017 por Resolución N° 301/MEGC/17 se les reconoce nominativamente por anexo 1 como interinos.

La posible convocatoria de sus cargos a concursos de ingreso, traslado, acumulación, en las actuales condiciones, podría producir daños irreparables, generando desprotección, lo que va contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (y 10 y 43 de la constitución CABA)

Se incumple actualmente la disposición por la cual se daría, junto con la interinización, la apertura de las mesas de trabajo para avanzar hacia la titularización de sus cargos, como consta en el acta acuerdo firmada el día 03/10/2016 con miembros de EOE y ASE y ratificada vía informe N° IF-2016-24148217-DGCDO en Referencia del expediente EX-2016-16357758-MGEYA-DGCLEI. 

El 20 de Julio de 2018 en reunión con la Gerenta Operativa de Equipos de Apoyo, la titular de Carrera Docente y representantes de EOE y ASE, se realizó una reunión donde se discutieron los mecanismos para que se garantice la estabilidad laboral, pero sin obtener resultados favorables para tal fin.

Por otro lado, cabe aclarar, que en la modificación del «Manual de Procedimientos» de 2019, que la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo  ofrece como instructivo para el desempeño laboral, se cita en la historia de los EOE y ASE, que … «en el año 2012, se incorporaron más de 40 profesionales, permitiendo fortalecer a los equipos, desmembrados hasta ese momento, reivindicando su aporte para el sistema educativo» (sic), lo que habla del reconocimiento a su labor, para solicitar la ley de titularización, luego de 7 años de cumplir con idoneidad los cargos.

La experiencia adquirida durante los años de actividad profesional posee un valor de gran importancia para los equipos y para la comunidad educativa en su conjunto.  

Los equipos realizan históricamente acciones  que tienden a mejorar la calidad educativa desde una perspectiva preventiva, con el fin de abordar situaciones complejas que se presentan en el orden de lo Institucional, grupal e individual. 

Los EOE y ASE acompañan a los docentes, conducciones, supervisiones escolares y comunidad educativa,  programando y organizando las tareas desde cuatro ejes : Prevención, Asesoramiento y Orientación, Derivación y/o promoción e Investigación. 

Por lo anteriormente expuesto los/as profesionales que se desempeñan en calidad de ex planta transitoria docente, e interinizados en Enero de 2017 por Resolución N° 301/MEGC/17 deben ser incluidos en los alcances de la ley de titularización, resguardando de este modo sus derechos y lo cual daría el cierre necesario para la regularización definitiva del área.

Informes referidos la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires

11/03/2022

Expediente 664-D-2022

Proyecto de Resolución

Art. 1°- El Poder Ejecutivo informará, a través del Ministerio de Cultura y los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, a saber: 

  1. Informe si se ha dispuesto de forma permanente una sala de ensayo con las condiciones de capacidad, acústica, calefacción, refrigeración, luminosidad, calidez y confort necesarios para la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. En caso negativo explique los motivos.
  2. Informe si se establecieron los mecanismos para realizar los concursos para los 20 (veinte) cargos vacantes que hoy en día existen en la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. En caso negativo explique los motivos.

FUNDAMENTOS

La Banda Sinfónica de la Ciudad es un organismo profesional de excelencia por lo cual requiere que todo lo que hace a su actividad tenga características de calidad profesional, ya sean los instrumentos, atriles, sillas y por supuesto,  la sala de ensayo en la que realiza su principal actividad: preparar los conciertos.

Una sala adecuada debe tener capacidad suficiente para albergar a sus 96 músicos ejecutantes, además de archivistas, sonidistas, iluminadores, copistas, músicógrafos y personal administrativo.

Pero además del espacio es necesario que la sala de ensayo esté preparada acústicamente,  de manera que la emisión del sonido no altere la calidad de las obras y tampoco dañe los oídos de los músicos.

La gran variedad de instrumentos exige un sistema de calefacción y refrigeración  de acuerdo a los cambios estacionales, ya que un exceso de frío o calor podría ocasionar daños irreparables.

No podemos olvidar la incidencia de la luz. Los músicos deben leer partituras a mucha velocidad a una distancia donde es necesaria una buena iluminación.

Toda labor artística necesita un ambiente de calidez y confort junto a prestaciones básicas como baños, oficinas y depósitos donde guardar partituras, sillas, instrumentos.

La mayoría de Bandas y orquestas en nuestro país y el mundo han encontrado una respuesta satisfactoria a estas demandas. Por eso, los músicos de la Banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires hoy se siguen preguntando por qué a pesar de los 112 años de trayectoria, todavía no tienen una sala de ensayo definitiva con todas las prestaciones que exige un organismo profesional del siglo XXI.

Informes sobre los siguientes puntos referidos al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

08/03/2022

Expediente 586-D-2022

Proyecto de Resolución

Art. 1°- El Poder Ejecutivo informará, a través del Ministerio de Salud y los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá a saber: 

  1. Informe si se le ha negado al personal hacer uso de la licencia días de vacaciones. En caso afirmativo explique los motivos.
  2. Informe si se ha rotado al personal en relación a sus turnos y/o sectores. En caso afirmativo explique los motivos.
  3. Informe si se han iniciado sumarios al personal. En caso afirmativo explique los motivos.
  4. Informe si se le ha negado al personal hacer uso de la licencia por días de estudio. En caso afirmativo explique los motivos.

FUNDAMENTOS

Trabajadores de la Maternidad Sardá vienen realizando reclamos contra la violencia que sobre por parte de la dirección de ese hospital. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, enfermeras de dicho hospital realizaron una protesta en la puerta contra la persecución de los jefes a las trabajadoras que se organizan. Allí, han denunciado que sufren distintos tipos de maltratos y de violencia: se les han negado vacaciones como también el uso de licencias por estudio; han denunciado rotaciones sin fundamento y hasta les han iniciado sumarios.

Esta situación se replica en los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, así como también en otras dependencias del Ejecutivo porteño. Un caso paradigmático es el de Maia del Teatro Colón, que fue despedida luego de denunciar los maltratos que ella y otras trabajadoras del área de sastrería sufrían por parte de su jefa. Fue despedida cuando cursaba un embarazo de 8 meses. Luego de una lucha por parte de los trabajadores del Teatro, se vieron obligados a reincorporarla, pero queriendo trasladarla de sector y manteniendo a la jefa maltratadora en su puesto.

La violencia hacia la mujer tiene varias expresiones. La precarización laboral, el maltrato, la arbitrariedad en cuanto a las condiciones laborales, la miseria salarial son algunas de ellas, con la particularidad que son ejercidas directamente por parte del Estado. Este 8 de marzo, en un nuevo día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, seguimos reclamando contra toda forma de violencia hacia la mujer y denunciando que el Estado es responsable.

Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Repudia a la represión llevada a cabo el pasado jueves 3 de marzo en la provincia de Jujuy en el marco de las movilizaciones que reclamaban por trabajo y el reconocimiento y la asistencia a comedores populares

08/03/2022

Expediente 573-D-2022

Proyecto de declaración

Artículo 1°.- La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia la represión llevada a cabo el pasado jueves 3 de marzo en la provincia de Jujuy en el marco de las movilizaciones que reclamaban por trabajo y el reconocimiento y la asistencia a comedores populares, y exige la inmediata libertad a los 7 detenidos que aún continúan en esa situación, el cierre de las causas como así también el cese de las persecuciones políticas y de las amenazas y atentados.

Fundamentos

El pasado jueves 3 de marzo se llevaron adelante manifestaciones en distintos puntos de la provincia de Jujuy cuyo reclamo era el reconocimiento y la asistencia a merenderos y comedores populares que funcionan a pulmón día a día, como así también el acceso a trabajo genuino para miles de desocupados de la provincia. En este contexto, la policía provincial del gobernador Gerardo Morales llevó adelante una brutal represión sobre los manifestantes en Perico, San Pedro, La Quiaca y varias localidades, sirviéndose de balas de goma, golpes y arrojando piedras sobre los mismos, produciendo decenas de heridos dentro de los cuales se hallaban niños y niñas, además de llevarse detenidos a más de 20 manifestantes.

Esta represión se ubica en un marco de ajuste en la provincia, donde los trabajadores de la salud, docentes y municipales vienen reclamando y yendo al paro por el reclamo de aumento de salarios mientras la pobreza aumenta permanentemente y el gasto social es utilizado para reforzar a los punteros y las organizaciones ligadas al gobierno. Es por esto que ya desde el día previo a la movilización, se había advertido a las organizaciones que iban a llevar adelante el reclamo que no se les permitiría llegar con el transporte público a la capital provincial y por lo tanto el día jueves tuvieron que hacer los reclamos en los distintos puntos del interior de la provincia.

Luego de las detenciones, se les negaba a los familiares y los compañeros de los detenidos conocer su paradero, y una vez liberados algunos de ellos se constató que habían sufrido torturas y habían sido golpeados dentro de las comisarías teniendo que ser atendidos por médicos.

Al momento aún se encuentran detenidos 7 manifestantes, entre ellos una mujer embarazada que fue detenida en el marco de un proceso violento y riesgoso para su situación, siendo golpeada mientras le aseguraban que la iban a hacer abortar. En la noche del viernes siguiente, el auto de uno de estos 7 detenidos fue incendiado en la puerta de su casa, donde funciona un comedor, mientras se habían avistado policías alrededor esperando a cazar a todo aquel que se acerque. Se han realizado movilizaciones en distintos puntos del país (Misiones, Santiago del Estero, CABA, Jujuy) exigiendo la libertad de los detenidos, el fin de las persecuciones y que se atiendan los reclamos.

Es por todo esto que pedimos la aprobación del presente proyecto.

Traspaso del Palacio Ceci a la Escuela-Comunidad «Bartolomé Ayrolo» para personas sordas, plan de obras y apertura del museo planificado por la comunidad

08/03/2022

Expediente 568-D-2022

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige al Jefe de Gobierno Horario Rodríguez Larreta y a la Ministra de Educación Soledad Acuña el traspaso del Palacio Ceci a la Escuela-Comunidad «Bartolomé Ayrolo» para personas sordas, el plan de obras en el mencionado Edificio,  largamente solicitado por la docencia y  comunidad de la Escuela cita en el barrio de Villa Devoto, y el arbitrio de los medios necesarios para la apertura del museo planificado por la comunidad mencionada.

Fundamentos:

El día miércoles 2 de marzo en el barrio porteño de Villa Devoto, frente a la escuela especial para personas con discapacidad auditiva se dio lo que en diversos medios y portales se caracterizó como una verdadera poblada. No es para menos: cientos de docentes, exalumnos, la Confederación Argentina de Sordos (CAS), la comunidad educativa, vecinos del barrio, sindicatos docentes y legisladores comenzaron a llegar a la escuela para defender el Palacio Ceci, patrimonio de la escuela Ayrolo y la comunidad, de la especulación vaciadora de la educación y privatista de Larreta-Acuña y evitar la entrega de las llaves del mencionado edificio, el cual el gobierno de la CABA y el Ministerio de  Educación pretenden destinar al denominado Distrito del Vino.

La movilización y la acción decidida demostraron una vez más que el camino de la defensa y la lucha por derechos tan elementales como el educativo traza la ruta para enfrentar este y otro tipo de ataques por parte del Estado que no cesa en sus embates a la Educación Pública.

Los funcionarios del ministerio que se apersonaron en la escuela, entre los cuales se encontraba el subsecretario de Educación y asesores del área de la Educación Especial, se fueron sin las llaves del Palacio, y se comprometieron a no quitárselo a la escuela de sordos. Un paso importante que requiere de un seguimiento minucioso ya que la codicia y el desprecio concentrado en este gobierno buscará la forma de golpear a la comunidad y destinar el Palacio Ceci para sus fines lucrativos.

Desde la escuela se han realizado diversas solicitudes de restauración del Palacio Ceci ya que su proyecto pedagógico está estrechamente vinculado a dicho espacio y planean destinarlo a un museo de la comunidad sorda, pero estos pedidos obtuvieron como respuesta el comienzo de la restauración del edificio para ser destinado a fines comerciales incorporándolo al “Distrito del Vino” votado durante el 2021 en la Legislatura porteña, con oposición de los legisladores del Frente de Izquierda Unidad entre otros, justamente por su orientación contraria a los intereses de las y los vecinos del barrio de Villa Devoto y quienes trabajan y estudian allí, favoreciendo exenciones impositivas y todo tipo de negociado.

Este ataque sin parangón es discriminatorio y expulsivo contra una comunidad con necesidades específicas para su desarrollo, quienes tienen que dar batallas cotidianas no solo por sus condiciones de vida sino también por preservar su historia. Va en consonancia con la decisión de Larreta-Acuña de recortar la edad de acceso a las escuelas especiales para personas con trastornos mentales y/o emocionales. Dichas decisiones se inscriben en una dura situación que atraviesa la educación pública de CABA con recortes presupuestarios y posteriores subejecuciones, emergencia en infraestructura escolar, falta de vacantes, etc.

El Jefe de Gobierno no contaba con la enorme movilización que supo frenar la iniciativa antieducativa en defensa de la Educación Pública, sus derechos, y su patrimonio el cual también está formado por su historia.

Por lo expuesto, solicito se acompañe el presente proyecto

Rechazo al acuerdo alcanzado por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional

07/03/2022

Expediente 558-D-2022

Proyecto de declaración

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza enérgicamente el acuerdo alcanzado por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional, denunciando a su vez el carácter colonialista del mismo y las consecuencias de ajuste y miseria que traerá para la población trabajadora.

Fundamentos

El gobierno nacional anunció recientemente la concreción de un nuevo acuerdo con el fondo monetario internacional. Frente a la terrible situación social que atraviesa el país con cifras de pobreza (40%) y desocupación (8%) alarmantes, jubilados cobrando salarios de indigencia y una situación sanitaria grave por el vaciamiento sostenido del sistema de salud, el frente de todos decide convalidar tanto la estafa del acuerdo “stand by” realizado por el macrismo, como el conjunto de las deudas que la argentina hereda de las distintas dictaduras militares que han sido reconocidas y pagadas por todos los gobiernos capitalistas desde el 83 a esta parte y que han conllevado un ataque fenomenal a las condiciones de vida de lxs trabajadorxs argentinxs, lo que a su vez generó rebeliones como la del 2001. 

Como sucedió en los 21 acuerdos con el fondo celebrados previo a este, el gobierno actual promete un acuerdo “sin ajuste” algo poco fiable. Por un lado, porque sin acuerdo el gobierno viene realizando un ajuste en regla desde que asumió en el 2019, quitando la movilidad jubilatoria, achicando el gasto público y permitiendo que avance la inflación. Por el otro, porque todos los sectores que están celebrando el anuncio tienen intereses contrarios a los de la población trabajadora argentina. Desde el gobierno de los Estados Unidos y los fondos buitre, pasando por la Asociación Empresaria Argentina y la Unión Industrial Argentina. Se trata precisamente de los sectores que han salido beneficiados con la deuda contraída en el 2017. Distintos informes e investigaciones confirman que se trató de una deuda ilegal e ilegítima que violó los propios estatutos del FMI y que esos fondos fueron para pagar deuda a los especuladores y para financiar la fuga de capitales de grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Unión, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras. Incluso la oposición cambiemita que contrajo la deuda calificó el acuerdo de “positivo”.  

La CGT también apoya este acuerdo lo que augura la aceptación sin resistencias por parte de la burocracia sindical de cualquier política de reforma laboral, como ya sucedió con el convenio colectivo de Toyota en el 2021. Los supuestos representantes de lxs trabajadorxs defienden una nueva deuda que se empezará a pagar en 2026 y compromete al país a devolver en 12 años, hasta el 2034. Los desembolsos estarán condicionados por “revisiones” trimestrales del FMI lo que implica un virtual cogobierno. Se realizarán en tanto y en cuanto el gobierno aplique el “sendero fiscal” es decir los tarifazos necesarios para terminar con los subsidios a las empresas de servicios, la “reducción de la brecha cambiaria” es decir, devaluación de la moneda y  el “aumento de las tasas de interés reales positivas” mayores a la inflación, lo que encarecerá los créditos productivos y al consumo. Sumado a esto, se quieren tratar en el congreso leyes que beneficien a petroleras, agronegocios y automotrices. El saqueo extractivista, sumado a la superexplotacion de trabajadores denigrando salarios y precarizando convenios es el plan para pagar este nuevo acuerdo. Así se pretende “crecer para pagar”.

El frente de izquierda rechaza este nuevo acuerdo con un contenido de defensa de los intereses de los laburantes, no como la ultra derecha de los liberales que pretende un ajuste mayor. Señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores. Ademas de repudiar este acuerdo infame que solo traerá más penurias al pueblo trabajador, llamamos a movilizarse y protestar contra el mismo en las calles para torcer este rumbo. La única deuda a pagar es con la clase trabajadora y los sectores populares.

Llamamos a continuar la movilización después de la gran jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socio ambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI del 11 de diciembre que colmó la Plaza de Mayo y demás plazas del país, levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora como el que señalamos anteriormente. Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida obrera y popular y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, grandes empresarios, los banqueros y terratenientes.

Rechazo a la intención de subastar un inmueble ubicado en Pringles 340/42/44 donde funciona un Centro de Desarrollo Infantil

04/03/2022

Expediente 511-D-2022

Proyecto de declaración

 La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su total rechazo a la intención de subastar un inmueble ubicado en Pringles 340/42/44 donde funciona un Centro de Desarrollo Infantil e insta al GCABA a retirarla del listado de inmuebles a subastar.

Fundamentos

Sr Presidente:

El siguiente proyecto tiene como objetivo primordial que la Legislatura se pronuncie contra el intento de avanzar en la subasta de un inmueble donde funciona actualmente un Centro de desarrollo Infantil. Subasta que sólo profundizará el problema de acceso a las vacantes para niñes de entre 45 días y 3 años en la Ciudad. Consideramos de carácter urgente denunciar  la irresponsabilidad por parte del GCABA frente a la actual problemática en relación a la educación en general pero en particular a su desinterés sobre aspectos sustanciales referidos a la primera infancia.

Mientras el gobierno de la Ciudad de Larreta y la Ministra de Educación Soledad Acuña se presentan en los medios de comunicación como si fueran un gobierno que se preocupa por la educación, las políticas educativas demuestran lo contrario. Con el presupuesto educativo más bajo de los últimos 10 años, sin inversión en la infraestructura escolar y  un plan de vacunación masiva somos las y los docentes quiénes pagamos con nuestras vidas con una presencialidad que no podemos dejar de señalar como criminal.

A este problema, debemos sumarle la falta políticas concretas a la hora de resolver de manera estructural la falta de vacantes para la educación pública en desmedro del derecho a la educación de las y los niñxs de la Ciudad. Con fecha 24 de febrero de 2019 el diario Tiempo Argentino publicó un informe donde señala que 14.209 niños  estaban en listas de espera para el nivel inicial.  En el 2018 las cifras habrían sido de 14.832 en el nivel inicial.  El 28 de febrero 2021, Tiempo Argentino afirma que para el nivel inicial se solicitaron 37.945 vacantes y sólo fueron asignadas 18.384.

Esta situación ha provocado dos fenómenos. Por un lado, ha favorecido el aumento de matrícula en la educación privada debido a los múltiples inconvenientes producidos durante el proceso de inscripción que obligaron a las familias a buscar recursos por fuera de sus posibilidades económicas para poder garantizar a sus hijos/as el inicio del ciclo lectivo luego de comenzadas las clases en varios de los casos relevados. Lo mencionado, referente al proceso de inscripción en línea para las escuelas públicas de la CABA, es sólo un aspecto de la problemática estructural que está atravesando el sistema educativo público, el cual se encuentra en una situación de emergencia alarmante provocada por una política sostenida de vaciamiento fundada en la intención clara de privatizar el acceso a la educación.

Pero por otro lado, ha generado un proceso de desescolarización de numerosos niños y adolescentes que hoy se encuentran desescolarizados en los barrios más carenciados de la zona que es una de las más vulnerables de la ciudad.

En el nivel inicial ya es un problema crónico que se viene denunciando desde sindicatos docentes como Ademys, diferentes asociaciones civiles, grupos de padres auto-convocados, y distintas organizaciones sociales y políticas.  El gobierno de la Ciudad  de Larreta y el Ministerio de Educación no sólo no dan una respuesta a los reclamos; ahora se debe sumar un nuevo oprobio, que consiste en la subasta de propiedades donde funcionan los Cedi que el mismo GCABA publicita desde su página institucional.

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes presentaron una acción de amparo colectivo a fin de que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley N° 6.287 que autorizó la venta de numerosos inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad.

Esta ley fue sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre de 2019, con 42 votos a favor y 14 votos negativos, y autorizó la venta de 58 inmuebles que el GCBA consideró innecesarios para su gestión. La justificación para vender estos predios es que el producto de la venta será destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.

La misma trampa retórica. El dinero que ingresa no incrementa el presupuesto destinado para la prestación de estos servicios públicos, sino que libera recursos estatales para ser destinados a otros gastos para nada prioritarios en el marco de la emergencia ambiental, habitacional, económica y sanitaria que vive la Ciudad.

Advertimos nuestro rechazo  a que el inmueble sito en la calle Pringles N° 354, lindero al jardín Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) sito en Pringles N° 340/42/44 cuya enajenación fue aprobada por la Ley N° 3.397 se encuentra entre otros inmuebles a ser subastados. Este jardín es uno de los pocos que admiten alumnas/os de 45 días a 3 años. En la Comuna N° 5 faltan 500 vacantes para ese rango etario. La situación es preocupante.

La subasta del predio de Pringles 340 tiene un precio base de USD 295.081. El precio, claramente, no está en consonancia con los establecido por un inmueble valuado por las leyes del mercado. Por otra parte, subastar un espacio CeDI cuando en el nivel inicial hay un total de 12.370 casos de vacantes que no son otorgadas es una absoluta y total falta de compromiso con la educación pública.

Consecuentes con nuestras propuestas educativas, a principio del ciclo lectivo 2021 presentamos a esta legislatura un proyecto de resolución Nº 355-D-2021 donde advertimos sobre la grave situación de los CeDIS en CABA. Allí solicitamos un informe sobre la falta de vacantes en el ciclo inicial. A su vez, también hemos presentado un proyecto de ley cuyo Nº 1382-D-2021 tiene como eje central el traspaso al Ministerio de Educación tanto de los Cedi como los CPI que se encuentran en la actualidad bajo la administración del Ministerio de Desarrollo y Hábitat.

Por todo lo expuesto, se pide la aprobación de este proyecto de declaración.