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Expediente 2851-D-2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rechaza la Resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con firma del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié, que habilita la exploración petrolera off shore en la costa de Mar del Plata y apoya el reclamo popular contra dicha política.
FUNDAMENTOS
La reciente publicación en el Boletín Oficial de la resolución que dictamina la explotación petrolera off-shore en el Mar Argentino ha generado una gran preocupación. También, como sucediera en ocasión de la Ley de Zonificación Minera en Chubut, ha merecido un amplio rechazo popular. El mismo se está expresando en numerosas movilizaciones en todo el país, y particularmente en nuestra Provincia de Buenos Aires a lo largo de la costa atlántica, bajo la denominación de “Atlanticazo”.
La gravedad de la medida es denunciada por múltiples especialistas, que coinciden en señalar que este tipo de actividad daña fuertemente a los ecosistemas marinos y a las poblaciones costeras. De hecho, en la Audiencia Pública N°1 del 21 de Julio, convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 95% de los más de 300 participantes que tomaron la palabra se expresaron en contra.
Para hacer estos trabajos en ultramar, los buques sísmicos efectúan bombardeos acústicos, disparos con cañones de aire que crean ruidos increíblemente fuertes (superiores a los 215 decibeles) con alta frecuencia, cuyo impacto puede cubrir una superficie de más 4.000 Kilómetros.
La fauna marina (como la ballena franca austral, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos e incluso las poblaciones de peces) es gravemente afectada y sufre los efectos de esta actividad tan dañina. La exposición a estos ruidos genera desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, reducción de la viabilidad de los huevos, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o envaramiento.
Una vez concluida la etapa exploratoria, los riesgos con la explotación, están asociados a posibles explosiones y derrames. Según un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), “la probabilidad de ocurrencia de derrames para diferentes niveles de producción de petróleo offshore obtenida a partir de más de 50 años de datos estadísticos, para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, tiene una ocurrencia del 100%, incluso de derrames de grandes cantidades mayores a 1.000 bbl” (noviembre 2020).
En nuestro país existe el antecedente del Golfo San Jorge, en el cual no se realizaron estudios previos de los efectos sobre la pesca y existió un fallo a favor de los pescadores al respecto.
En otros casos icónicos alrededor del mundo, se puede mencionar el derrame producido por la empresa Shell en el Delta del Níger, que ocasionó una causa judicial que lleva 10 años y la multinacional sólo ha cumplido con el 10% de las tareas de limpieza, generando efectos irreversibles a los pueblos de la región. Otro derrame grave fue el de Deep Water Horizon en el Golfo de México, responsabilidad de British Petroleum y Halliburton. Allí, los trabajadores que efectuaron la limpieza de los restos de petróleo fueron expuestos al crudo y a los gases emanados, lo que impactó gravemente sobre su salud. Estudios e informes médicos posteriores registraron que los efectos tóxicos derivaron en trastornos como dolores de cabeza, tos crónica, dificultad para respirar, erupciones cutáneas y serios riesgos de desarrollar cáncer de hígado, leucemia, entre otros.
No parece casual que los estudios que avalan este proyecto y califican su impacto ambiental como “leve” sean los que ha contratado la compañía Equinor, interesada en la explotación. La consultora Serman y Asociados, responsable del estudio en cuestión, es reconocida por elaborar estudios muy cuestionados en distintos emprendimientos que conllevan un gran riesgo ambiental. Por ejemplo, ha elaborado el cuestionado estudio de impacto ambiental para las represas de Santa Cruz, un caso que se encuentra en la Corte Suprema por la subestimación consciente del riesgo para los glaciares de la elevación del nivel del Lago Argentino.
En este caso, la explotación petrolera en las cosas del Mar Argentino también afectaría a la población local, impactando negativamente en el resto de las actividades de la región. Especialmente se vislumbran los efectos perjudiciales que tendría sobre los derivados de la economía asociada a la pesca, su industria y el turismo, que abarcan en el distrito a una cantidad de empleos no comparables con los que la industria petrolera pudiera generar.
Además de todo esto, la medida se intenta implementar en medio de una aguda crisis socioambiental que atraviesa nuestro país, con focos de incendio en 11 provincias. La muerte de dos tripulantes en la caída de un helicóptero sobre el incendio en Aluminé, ha demostrado las condiciones extremas y de absoluta precariedad sobre las cuales actúan los brigadistas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha tomado las medidas de prevención antes, ni ahora toma medidas ni amplía recursos para combatir el fuego. Nos preguntamos, ¿Qué sucedería entonces frente a un hipotético derrame en el mar argentino?
Denunciamos que el Gobierno avanza con estos proyectos que destruyen el ambiente, aún en medio de esta crisis, con el objetivo de pagar la deuda al FMI y a los acreedores internacionales. Nada tiene que ver esto con un supuesto “desarrollo nacional”. Mientras los recursos son explotados por multinacionales, en un esquema semicolonial de saqueo habilitado por acuerdos secretos entre el Estado y empresas como Equinor, Shell o Chevron, las divisas que quedan para el Estado terminan en la fuga de capitales o en el pago de la deuda.
Como mostró el Chubutazo que quebró el intento de imponer la Ley de Zonificación Minera que habilitaba la megaminería contaminante, los trabajadores y el pueblo argentino pueden derrotar esta medida. ¡Fuera las petroleras de nuestros mares!
Por todos estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
