EXPTE 1007-D-2026
Manifestar el más enérgico repudio al cierre del programa “Volver al Trabajo”.
Solicítese al Gobierno de la Nación Argentina y al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que retrocedan en la decisión de dar de baja y cerrar el programa “Volver al Trabajo”, garantizando la continuidad de las políticas de asistencia directa a casi un millón de trabajadores desocupados y precarizados.
Néstor Pitrola
Romina Del Plá
Myriam Bregman
Nicolás del Caño
FUNDAMENTOS
El cierre del programa “Volver al Trabajo” constituye un ataque directo contra cerca de un millón de trabajadores y trabajadoras desocupados y precarizados, que encuentran en este ingreso un sostén elemental para su subsistencia. La eliminación de los aproximadamente $78.000 mensuales implica, en los hechos, dejar sin recursos a cientos de miles de familias en un cuadro social ya atravesado por el hambre y la miseria.
La medida impacta de lleno sobre quienes sostienen tareas esenciales en los barrios populares: comedores y merenderos, espacios de cuidado de infancias y adultos mayores, centros comunitarios de salud y educación, así como actividades productivas como el reciclado, la producción textil, la agricultura familiar y la venta ambulante. Se trata de trabajos socialmente necesarios, invisibilizados por el Estado y ahora directamente atacados.
Este avance se inscribe en la política de la “motosierra” del gobierno de Javier Milei, que descarga la crisis sobre los sectores más explotados mientras avanzan los cierres de fábricas, la destrucción del empleo registrado y la caída general de las condiciones de vida. En los últimos años se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo y miles de empresas bajaron sus persianas, profundizando un escenario de recesión.
Los propios datos oficiales dan cuenta de este deterioro: la desocupación ronda el 7,5%–7,9%, alcanzando a cerca de 1,7 millones de personas, con una subocupación que supera el 12% y una masa creciente de trabajadores que, aun teniendo empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas.
Se trata, además, de un recorte con fuerte impacto territorial, cuyo alcance en las economías provinciales es significativo. La distribución de titulares del programa muestra una alta concentración en distritos como la provincia de Buenos Aires, con más de 413.000 beneficiarios, seguida por Tucumán con casi 47.000 y la Ciudad de Buenos Aires con más de 35.000, en un contexto donde el promedio nacional supera los 31.000 titulares por jurisdicción. La eliminación de estos ingresos implica una contracción directa del consumo en los barrios populares de todo el país, afectando no sólo a las familias alcanzadas sino también a las economías regionales que dependen de ese circuito básico, especialmente en los pequeños comercios de proximidad que dependen de ese consumo para su funcionamiento cotidiano. Con este recorte, el impacto económico total por año es de 600 millones de dólares, siendo el Noroeste la región más castigada, que a su vez es la que mayor pobreza concentra.
En este cuadro, la eliminación del programa no es un hecho aislado sino un salto en la ofensiva contra el conjunto de la clase trabajadora. Al empujar a cientos de miles de personas a la desocupación abierta, el gobierno apunta a abaratar la fuerza de trabajo y presionar a la baja los salarios de todos.
El reemplazo del programa por “vouchers de capacitación” es una maniobra fraudulenta. No garantiza ingresos, no resuelve la subsistencia y encubre la eliminación de la asistencia social. Lejos de existir un plan serio de formación, no hay infraestructura ni dispositivos reales de capacitación: se trata de una ficción montada para justificar el ajuste.
Las y los trabajadores del programa no sólo no accedieron a las capacitaciones prometidas, sino que tampoco fueron incorporados al mercado laboral. El discurso oficial sobre la “empleabilidad” encubre la responsabilidad del propio gobierno en la destrucción del empleo.
La implementación de la medida, comunicada de manera arbitraria a través de la aplicación “Mi Argentina” y con plazos perentorios, profundiza la incertidumbre y deja en evidencia el carácter improvisado y coercitivo de la política oficial.
El ataque apunta también a desarticular la organización independiente de los trabajadores desocupados. La eliminación de la asistencia social busca quebrar a las organizaciones que sostienen la lucha en los barrios y liberar recursos para destinarlos al pago de la deuda y a beneficios para el gran capital.
Frente a esta ofensiva, el movimiento piquetero ha comenzado a dar una respuesta en las calles. El Polo Obrero, junto a otras organizaciones sociales y piqueteras, impulsaron ollas populares, asambleas en puntos estratégicos como Once, Constitución y Retiro, y un piquetazo nacional con decenas de cortes en todo el país, como parte de un plan de lucha contra el intento de dejar sin ingresos a un millón de trabajadores.
Estas acciones expresan la tendencia a la organización y a la lucha de los sectores más golpeados, que enfrentan un ajuste que pretende hacer recaer la crisis sobre sus espaldas. La defensa de los programas sociales, de los comedores populares y de las condiciones de vida en los barrios se ha convertido en un punto de concentración de la resistencia obrera y popular.
En un contexto de crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupación, la eliminación del programa “Volver al Trabajo” constituye una política criminal que agrava la emergencia social. Lejos de garantizar una salida laboral, empuja a la población trabajadora a una mayor exclusión.
Corresponde, por el contrario, garantizar un ingreso que cubra las necesidades básicas de las familias trabajadoras, ampliar los programas existentes, abrir nuevas inscripciones y avanzar hacia un seguro al desocupado financiado con recursos provenientes del no pago de la deuda y de un impuesto progresivo al gran capital.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
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