EXPTE N°2279-D-2025
Repudiar la decisión comunicada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, a distintos tribunales de Comodoro Py, informando el traslado de distintos represores detenidos en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que funciona como una cárcel VIP.
Denunciar que esta medida se inscribe en el marco de una política más general del gobierno de Javier Milei, para amnistiar a los genocidas de la última dictadura cívico militar eclesiástica, y reponer a las FFAA en tareas represivas en materia de seguridad interior, que incluye despidos masivos y el desmantelamiento de organismos y espacios de la memoria, la visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza a estos mismos militares condenados por delitos de lesa humanidad el año pasado, el video institucional pro genocidas publicado por las redes de la Casa Rosada el pasado 24 de marzo, y las provocaciones sistemáticas contra la lucha por memoria, verdad y justicia.
Apoyar el reclamo de los organismos de derechos humanos para que no se consume este traslado ni se otorgue ningún beneficio pro impunidad a los condenados por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
Exigir juicio y castigo para todos los genocidas y responsables de la dictadura y la apertura de los archivos secretos de la dictadura.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del Sistema Penitenciario Federal (SPF), Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza, donde se encuentran actualmente detenidos numerosos represores condenados por su participación en el terrorismo de Estado bajo la última dictadura cívico, militar, eclesiástica.
Con este anuncio se evidencia que la ministra Patricia Bullrich, de quien depende el SPF, quiere enviar genocidas presos a la cárcel vip de Campo de Mayo. Se trata de otro guiño del gobierno a los criminales que formaron parte de la última dictadura, en línea con su plan para avanzar hacia una amnistía generalizada, y una “reconciliación” de las Fuerzas Armadas con la sociedad, con el fin de introducirlas en tareas de represión interna.
Actualmente, los represores están en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. Entre los que podrían verse beneficiados se encuentran personajes conocidos como Alfredo Astiz, quien integró el grupo de tareas que estaba a cargo del centro clandestino de detención de la ESMA y se infiltró como espía en las organizaciones de derechos humanos, y Guillermo Suárez Mason, también conocido como “el carnicero del Olimpo” (fue el principal responsable de ese centro de detención), quien formó parte del elenco de militares que impulsó un golpe fallido contra Juan Perón en 1951 y de otro que participó del Operativo Independencia durante el gobierno de Isabel Perón.
En la lista también figuran Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. La Unidad 34 de Campo de Mayo, donde actualmente hay 52 detenidos, cuenta con cancha de tenis, huertas, gimnasio con aparatos, pistas para caminar y diversos espacios de ocio y esparcimiento. Incluso hay represores que tienen televisor en sus habitaciones. Uno de los criminales vip es Marcelo Cinco Courtaux, cuyo hijo trabaja con la vicepresidenta Villarruel en el Senado. El gobierno negacionista afirma que tomó la medida para “combatir” la sobrepoblación carcelaria. Dos de los genocidas mencionados (Astiz y Cavallo) se sintieron empoderados y exigieron celdas individuales.
Esta política se inscribe en el plan del gobierno de amnistiar a los genocidas de la última dictadura militar, que ya tuvo varios capítulos. Bullrich y Villarruel organizaron una visita de diputados libertarios a distintos represores encarcelados. En diciembre pasado, Milei y Petri enviaron al Senado un pedido de ascenso de militares de la Armada frenado por tratarse de parientes de represores que tienen denuncias por crímenes de lesa humanidad. El gobierno ha vaciado los espacios de memoria, medida que ha sido resistida por sus trabajadores. La ministra de Seguridad acaba de eliminar las recompensas para encontrar genocidas prófugos, y su jefe de gabinete dejó trascender que estaban trabajando en una propuesta para liberar a detenidos mayores de 70 años.
Una de las últimas muestras de esta orientación progenocidas fue el video protagonizado por el intento de historiador Agustín Laje, publicado por la Casa Rosada en el marco del 24 de marzo: un cúmulo de mentiras para justificar los crímenes de la dictadura militar. Los libertarios buscan profundizar la impunidad progenocidas que reina desde hace años. Siguiendo los pasos de Videla, Milei persigue opositores, intenta ilegalizar el derecho a huelga, entrega el país al capital internacional y montó una bicicleta financiera de la que se benefician distintos grupos capitalistas. Además, acaba de habilitar a las Fuerzas Armadas a reprimir protestas y detener personas que cometan delitos en flagrancia en la frontera norte.
Milei gobierna para la misma clase social que promovió y apoyó el golpe: la clase capitalista. Es la misma clase social que controló los resortes de la economía bajo los gobiernos democráticos de las últimas décadas, y que, junto a sus representantes políticos, llevó a la Argentina a sumirse nuevamente a las políticas de sometimiento y saqueos promovidas por el FMI.
Seguimos peleando por juicio y castigo para todos los genocidas y responsables de la dictadura, cárcel común y efectiva para todos ellos y por la apertura de los archivos secretos desde 1974 hasta 1983 y contra este gobierno negacionista.
Por estos motivos solicitamos a las y los diputados nacionales, el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto.
Vanina Biasi
Vilma Ripoll
Nicolás Del Caño
Christian Castillo
Alejandro Vilca
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