La crisis habitacional hunde sus raíces en la expansión de la especulación inmobiliaria. Las grandes constructoras acaparan las tierras en las principales ciudades del país, muchas veces favorecidas por ventas de terrenos públicos a precios irrisorios.

Intendentes y gobernadores disponen todo tipo de exenciones impositivas, modifican los códigos urbanísticos y flexibilizan las regulaciones para habilitar los grandes emprendimientos que, lejos de dar una salida a la situación habitacional, la agravan. La construcción de emprendimientos habitacionales de gran valor expulsa a la población trabajadora a las periferias y localidades aledañas. La carencia habitacional se agravaba mientras se experimenta un boom de la construcción. Es un fenómeno que sucede en todo el país y con el que han gobernado oficialistas y opositores. Como solución es necesario un programa integral, que debe incluir un límite a los precios de los alquileres para que no superen el 10% del salario, la quita de los impuestos inmobiliarios a familias con una única propiedad, la imposición de un impuesto progresivo a las viviendas ociosas y su entrega en comodato a los jubilados, el cese de la entrega de terrenos públicos al capital inmobiliario y un plan de viviendas populares y urbanización de villas y asentamientos precarios bajo control obrero.