Salud mental
Salud mental
Secuelas psicológicas de la pandemia y la cuarentena
Los efectos de la pandemia y el aislamiento en la salud mental de la población mundial son un hecho. Estudios comprueban que todos los índices de salud mental retrocedieron. Proliferan los trastornos de ansiedad y depresión, y las tasas de suicidio aumentaron exponencialmente. Pero estas problemáticas no empezaron con la pandemia. Las crisis sociales y económicas, que los gobiernos descargan sobre el pueblo trabajador, son un factor determinante para el malestar psíquico.
En Argentina, estudios recientes advierten un gran aumento del consumo de psicofármacos. Muchos de ellos sin prescripción médica, lo cual muestra la ausencia de políticas públicas para brindar atención a un amplio espectro de la población.
En niños y adolescentes, el cuadro también es grave. Según el informe anual de Unicef, el 15,1% padece trastornos diagnosticados. Entre los jóvenes, el 19% dice sentirse deprimidos a menudo o con poco interés en realizar actividades.
Por su parte, está comprobando que personas que tuvieron Covid pueden tener problemas neurológicos o psiquiátricos, luego de una infección aguda, ya que es un virus que se fija en el sistema nervioso central y otros tejidos.
Una emergencia social de la magnitud de esta pandemia requiere más dispositivos de atención: en torno al duelo, el encierro, los vínculos intrafamiliares, el estrés laboral, entre otros.
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Salud mental “para pocos”
Fruto del vaciamiento que se vive en el área, la posibilidad de que el conjunto de la población pueda acceder a la salud mental se encuentra muy limitada.
Los hospitales y dispositivos públicos están vaciados, y no se designan nuevos cargos de profesionales de salud mental. Ejemplo de esto es el recorte en los cargos de psicólogos en efectores de salud: desde el 2019 y hasta la fecha se han eliminado alrededor de 150 puestos en todo CABA, dejando Hospitales y Centros de Salud sin atención en Salud Mental. Así, la espera para acceder a la atención puede ser de meses. Las obras sociales y prepagas, en los casos que el trabajador pueda tener acceso a ellas, se sirven del vaciamiento provocado por los sucesivos gobiernos para su lucro privado. La cobertura es muy limitada e insuficiente. Nos vemos empujados a elegir entre pagar de forma privada -si disponemos del dinero- o no tener acceso a este derecho.
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La salud mental vaciada y privatizada
A pesar de las alarmas sobre las consecuencias psíquicas que la pandemia y la cuarentena -reconocidas por la propia ministra de Salud- trajeron a la población, los gobiernos de la Nación, de Caba y del resto de los distritos, no aplicaron ninguna acción concreta. Todo lo contrario, el presupuesto en salud mental disminuyó.
Para este año, se destinó el 0,5% del PBI nacional a salud, y solo el 1,47% de ese presupuesto fue para la salud mental. En la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto se redujo del 8% al 6,5%. De ese monto, cerca del 85% se utiliza para cubrir el funcionamiento de los cuatro hospitales neuropsiquiátricos. Esto desnuda el nulo aporte de recursos para el resto de los efectores, que debe ser elevado de inmediato -ampliando las partidas totales en salud mental. El desfinanciamiento del área pública estatal favoreció la mercantilización y privatización de la atención en favor de las empresas de salud (prepagas y tercerizaciones de las obras sociales).
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Trabajadores precarizados y mal pagos
La otra cara del vaciamiento en la salud mental es la precarización de los trabajadores del sistema de atención público y privado.
La otra cara del vaciamiento en la salud mental es la precarización de los trabajadores del sistema de atención público y privado.
En lo público es brutal el ataque al salario y a las condiciones laborales, efectuado por todos los gobiernos con la participación necesaria de la burocracia sindical.
La degradación laboral es tal que un sector de los profesionales ni siquiera percibe salario ni goza de ningún derecho laboral. Es el caso del sistema de concurrencias, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, que año tras año sufren nuevos recortes a manos del gobierno.
Muchos profesionales, especialmente los que trabajan con obras sociales y prepagas, se ven forzados a adoptar el régimen de monotributo, sin contar con estabilidad laboral y teniendo que recurrir a más de un trabajo para llegar a fin de mes.
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Por un plan Integral de Salud Mental
Bajo control de sus trabajadores y trabajadoras. Es una medida elemental para gestionar los recursos en función de criterios sanitarios y no empresariales. Concebimos esta centralización como una medida transitoria hacia un funcionamiento único, nacional, gratuito y universal para el conjunto del sistema de salud.
Concretar un sistema de atención que de respuestas dignas a las personas internadas en los neuropsiquiátricos y todo el espectro de padecimientos mentales, evitando la sobre-medicación, institucionalización y medicalización imperante. Apertura de centros de salud mental en todos los barrios, con equipos interdisciplinarios y personal bajo convenio colectivo.
Para conocer concretamente el estado de situación de la salud mental y tomar las medidas sanitarias correspondientes. Relevamiento y fiscalización de los entes del sector privado.
Implementación efectiva e integral de las leyes de salud mental N°26.657 (Nación), N°448 (CABA) y en cada distrito. Terminar con la lógica manicomial imperante.
Promover el abordaje integral y evitando los rótulos, que nutren la discriminación y segregación de quienes sufren y padecen, y fragmentan el sistema de atención, incluyendo los consumos problemáticos y adicciones.
No al negociado de Larreta y las universidades con nuestra formación. Por remuneración y beneficios de convenio para concurrentes; aumento salarial para el personal de salud.
Aumento del nomenclador según canasta familiar; regulación de los pagos. Basta de precarización por los Centros y Fundaciones, pase a planta bajo convenio. Reconocimiento del acompañamiento terapéutico. No al lucro de obras sociales y prepagas.
Reintegrar el área de adicciones a salud mental, para romper el negocio de comunidades y granjas terapéuticas -mayormente gestionadas por iglesias evangélicas, cristianas y grupos privados- que no están sometidas a ninguna regulación estatal. Además de evitar el desarraigo en los usuarios y contribuir en su terapéutica.
Conocé a las y los candidatos que defienden estas propuestas: