Esta confiscación salarial es la otra cara de la cada vez más grosera eximición del pago de impuestos a los capitalistas, como hemos visto de modo exponencial en plena pandemia (mientras eliminan el IFE y recortan asistencias a las necesidades más urgentes de la mayoría de la población) y mantienen –por ejemplo- los subsidios a las privatizadas de los servicios públicos (el petróleo, el gas, la energía).

Existe una enorme transferencia de fondos que se extraen de una superexplotación sobre las condiciones de trabajo, como este gravoso impuesto sobre los salarios, hacia el beneficio del bolsillo empresarial, que reciben un regalo impositivo –pese a que son los responsables del vaciamiento de nuestros recursos naturales y energéticos y de la contaminación de nuestro territorio. Los trabajadores estamos financiando los beneficios que recibieron los capitalistas. El ajuste en curso es la garantía de las “condiciones de pago” que Alberto Fernández y Guzmán le ofrece a los acreedores del FMI y los usureros de la deuda –que no vieron en la modificación de la ley de ganancias actual ningún peligro al ajuste fiscal, que garantiza por la vía de la inflación y la recaudación de impuestos como el IVA, continuar con la confiscación al salario obrero. Sumado a que, con el mecanismo de actualización de la cuarta categoría con un indicador que excluye la inflación, se garantizan el pronto retorno a este gravamen de muchxs de quienes hoy se verán circunstancialmente eximidos.