Libertades y
derechos humanos

Los índices de gatillo fácil y de asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad crecen año a año y gobierno tras gobierno.
La respuesta gubernamental a la crisis económica y social mantuvo en los últimos 30 años una misma fórmula: palos, gases y balas.
El gobierno de Alberto Fernández preservó el descompuesto aparato policial y represivo de las últimas décadas. Con Berni en la Provincia de Buenos Aires, no tiene nada que envidiarle a Patricia Bulrrich.
Defendemos como el primer derecho de los trabajadores el derecho a huelga, a manifestarnos y a luchar por todas nuestras reivindicaciones
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Basta de gatillo fácil y desapariciones forzadas

Basta de gatillo fácil y desapariciones forzadas

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Las desapariciones forzadas ya superan las 244 desde el regreso de la democracia y son encubiertas por el Estado y sus gobiernos. A los casos más emblemáticos como los de Luciano Arruga, Julio Lopez, Santiago Maldonado se sumaron durante 2020 el de Luis Espinosa en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires, donde los gobiernos acudieron a la vieja fórmula de responsabilizar a las víctima en lugar de buscarla y castigar a los responsables.

Tan solo durante 2021 y bajo pandemia, se computa una muerte cada 20 horas en manos de las fuerzas de seguridad: desapariciones seguidas de muerte, gatillo fácil, muertes en cárceles, en comisarías o bajo custodia. A ello se suma que uno de cada 5 femicidios es cometido por un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad.

Estas muertes, la tortura y vejaciones de las fuerzas represivas son una política de Estado. Las fuerzas represivas no cometen actos inadecuados de violencia sino que son constitutivamente violentas, por la naturaleza de su propia función social: son la defensa última de un régimen de saqueo y explotación del pueblo. Las fuerzas de seguridad no tienen autonomía política en sus acciones sino que responden a una política de Estado dirigida por sus gobiernos que representan a la clase capitalista.

La violencia es la norma porque responde a la finalidad de la creación de los cuerpos represivos como instrumentos de opresión, por ende, las leyes son una fachada de legalidad de la arbitrariedad de una clase sobre otra.

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Basta de reprimir la protesta social

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La respuesta gubernamental a la crisis económica y social mantuvo en los últimos 30 años una misma fórmula: palos, gases y balas.

A la crisis habitacional que sume en la miseria más extrema a trabajadores ocupados y desocupados, en lugar de efectivizar planes de vivienda digna, se dio como respuesta la represión. Así ocurrieron los desalojos militarizados que arrasaron con los asentamientos de Guernica, Morena y La Matanza.

En ArreBeef, contra los obreros que resisten los despidos. En Chubut, contra las marchas ambientales. A los reclamos del sector salud -pilar de la resistencia frente a la pandemia-, ante el reclamo de mejoras laborales también se los reprimió en Neuquén y en la Ciudad de Buenos Aires.

También en Formosa con Insfrán, en Jujuy con Morales. A la hora de apalear la protesta social no hay grieta y eso envalentona a la derecha la que tira bolsas negras en esta misma plaza, con manifestaciones reaccionarias absolutamente repudiables.

Por eso rechazamos la pretensión de mantener el despliegue represivo. Ayer la ministra Bullrich encubrió a Gendarmería y Prefectura en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Hoy Berni encubre a la Bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro y en los asesinatos por gatillo fácil.

Es la maldita policía represora, corrupta, socia de los narcos y la trata,comprometida hasta los huesos con el delito organizado.

Alberto Fernández y todos los gobernadores persisten en reforzar el aparato represivo y de espionaje. Apuntan a disciplinar a los trabajadores, los movimientos sociales, las mujeres y disidencias, la juventud. Porque la represión es su principal carta de respuesta a la respuesta popular frente al ajuste, los despidos y la miseria.

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Basta de reprimir la protesta social
Contra la criminalización de los que luchan

Contra la criminalización de los que luchan

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El gobierno nacional, secundado por los gobernadores e intendentes, intentó prohibir las manifestaciones con la excusa de la pandemia porque no tienen el consenso social para hacerlo a lo Bullrich No obstante, ello no los privó de avanzar en severos recortes a las libertades democráticas y derechos laborales.

Defendemos como el primer derecho de los trabajadores el derecho a huelga, el derecho a manifestarnos y el derecho a luchar como arma de resistencia de nuestra clase.

Mientras el kirchnerismo sostiene a Sergio Berni, de la misma caladura que Patricia Bullirich, la justicia libera al policía asesino Chocobar, legitimando la doctrina Bullrich que da rienda suelta al asesinato de jóvenes. La otra cara de la moneda es el recrudecimiento de la persecución judicial a aquellos que luchan.

El juicio a los militantes César Arakaki del Partido Obrero y Daniel Ruiz del PSTU por la resistencia obrera a la reforma previsional macrista siguen su curso. Continúa realizándose de modo remoto, lo que de por sí afecta las garantías de la publicidad de los juicios.

Por otro lado, la Justicia Federal de Zapala desempolvó 3 causas contra 14 militantes del Polo Obrero y del Partido Obrero por cortes de rutas que se realizaron en reclamo de trabajo genuino en una provincia dominada por los pulpos petroleros -quienes precarizan y amasan fortunas mientras la población no alcanza el mínimo necesario para sobrevivir y la desocupación arrecia.

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