Ambiente

En nuestro país y en el mundo se agrava una profunda crisis ambiental: desmontes, los incendios, la destrucción de los humedales, los agrotóxicos, la megaminería y la destrucción de los glaciares.
Esta crisis tiene un alcance global, como lo vemos en el calentamiento global.
Los responsables de esta catástrofe son los capitalistas y los gobiernos, que se benefician de formas de explotación que depredan y destruyen el ambiente.
Frente a esto, en todo el país se han producido grandes movilizaciones. Los pueblos salen a la calle a defender el derecho al agua, el ambiente y la vida.
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda acompaña estos reclamos y plantea una salida de fondo: un gobierno de las y los trabajadores que termine con el régimen capitalista responsable de la crisis y la depredación ambiental.
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Prohibición de la megaminería a cielo abierto

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Prohibición de la megaminería a cielo abierto y de toda industria contamintante. En la cordillera se han instalado decenas de emprendimientos mineros a cielo abierto. Utilizan masivamente el agua en desmedro de las comunidades y pueblos.

Emplean cianuro y todo tipo de materiales tóxicos que quedan almacenados en depósitos generando un riesgo ambiental para futuras generaciones, como revelan los reiterados derrames de cianuro en Veladero (San Juan) que han provocado enormes daños. Las mineras multinacionales gozan de exenciones ambientales y fiscales que la convierten en una explotación de naturaleza colonial. Tanto el gobierno de Alberto Fernández como antes el de Macri han hecho de la promoción de la megaminería un eje de su política económica, buscando avanzar en nuevos emprendimientos en todo el país. Contra esta política se levantaron los pueblos de Chubut, Mendoza o Catamarca. El Partido Obrero acompañó cada una de estas luchas

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No a los agrotóxicos. Fuera Monsanto

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En los últimos años han quedado expuestas las brutales consecuencias que el glifosato genera en seres humanos y animales. Cáncer, malformaciones y muerte, como los pueblos fumigados vienen denunciando desde hace años

La agricultura sobre la base de agrotóxicos y transgénicos benefician a Monsanto y las corporaciones del capital agrario. El gobierno de Fernández busca habilitar el trigo transgénico HB4 que requiere glufosinato de amonio, un herbicida varias veces más tóxico que el glifosato. Esta habilitación ampliaría el uso de agrotóxicos agravando el problema y profundizando la expansión de la frontera agraria a costa de nuevas quemas, desmontes y desalojos de comunidades originarias.

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Nacionalización de la industria energética

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Alberto Fernández y su Ministerio de Ambiente prometen en cumbres climáticas internacionales reducir la emisión de carbono (que genera efecto invernadero), producidas especialmente por la utilización de combustibles fósiles como el gas y el petróleo.

Pero en simultáneo subsidian el fracking en Vaca Muerta, que consume enormes cantidades de agua en zonas de estrés hídrico y conlleva riesgos sísmicos; e impulsan la exploración petrolera off shore frente a la costa de Mar del Plata, que impactaría en la fauna marina, en la pesca y el turismo fundamentales para la región. Además de los beneficios a las petroleras nacionales y extranjeras, la construcción de represas hidroeléctricas por empresas chinas o las tratativas por instalar una central nuclear rusa muestran que no existe ningún tipo de planificación energética. Depende de la rentabilidad que se puede garantizar a las empresas, o de acuerdos comerciales coloniales.

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No al desmonte. Protección de bosques y humedales

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Los devastadores incendios en la Patagonia, el Delta del Paraná o las sierras de Córdoba pusieron en agenda la necesidad de garantizar una protección real de los bosques nativos y humedales.

Además de traer sequías e inundaciones masivas, los desmontes e incendios vienen acompañados de la expulsión de campesinos y pueblos originarios de sus tierras. Detrás de los incendios y la deforestación están especialmente los intereses de terratenientes y desarrolladores inmobiliarios, o la expansión de la frontera sojero ganadera, e incluso de la industria maderera. Los gobiernos provinciales se sirven de la Ley de Bosques para habilitar los desmontes, el gobierno nacional recorta el presupuesto para Manejo del Fuego, mientras oficialismo y oposición bloquean hasta la sanción de una Ley de Humedales.

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Comités obreros de higiene y seguridad contra la contaminación

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Ocho millones de personas en Argentina no tienen acceso a agua potable. Este dato, en plena pandemia, es una demostración de la gravísima situación sanitaria del país.

La crisis hídrica también tiene sus responsables. La industria reduce los controles ambientales y de seguridad, contaminando las grandes cuencas y cursos de agua o emanando gases y partículas tóxicas al aire, generando saturnismo, cáncer y todo tipo de enfermedades entre sus trabajadores y las poblaciones cercanas. Los basurales a cielo abierto, la ausencia de políticas de recuperación de los residuos sólidos urbanos, el ajuste histórico en obras de saneamiento y de cloacas y redes de agua corriente, ilustran la actuación del Estado en todos sus niveles.

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Basta de saqueo y depredación ambiental

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Al igual que con el macrismo, el Frente de Todos mantuvo una política económica de incentivos al capital agrario, las mineras y las petroleras, que son los pilares de la depredación ambiental, ejecutada en mayor medida por grandes multinacionales que saquean nuestra tierra.

El objetivo es recaudar dólares para cumplir con el repago de la deuda externa y llegar a un acuerdo con el FMI, que va a profundizar esta orientación. Para ponerle fin a todo un régimen de depredadores del ambiente, es necesario romper con el Fondo Monetario Internacional y cesar el pago de la deuda externa fraudulenta y usuraria, para poner por delante las necesidades sociales, el desarrollo nacional y el equilibrio con la naturaleza.

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