Libertades y
derechos humanos
Basta de gatillo fácil y desapariciones forzadas
Las desapariciones forzadas ya superan las 244 desde el regreso de la
democracia y son encubiertas por el Estado y sus gobiernos. A los casos más
emblemáticos como los de Luciano Arruga, Julio Lopez, Santiago Maldonado
se sumaron durante 2020 el de Luis Espinosa en Tucumán y Facundo
Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires, donde los gobiernos
acudieron a la vieja fórmula de responsabilizar a las víctima en lugar de
buscarla y castigar a los responsables.
Tan solo durante 2021 y bajo pandemia, se computó una muerte cada 20 horas
en manos de las fuerzas de seguridad: desapariciones seguidas de muerte,
gatillo fácil, muertes en cárceles, en comisarías o bajo custodia.
A ello se suma que uno de cada 5 femicidios es cometido por un agente o ex
agente de las fuerzas de seguridad.
Estas muertes, la tortura y vejaciones de las fuerzas represivas son una política
de Estado. Las fuerzas represivas no cometen actos inadecuados de violencia
sino que son constitutivamente violentas, por la naturaleza de su propia función
social: son la defensa última de un régimen de saqueo y explotación del
pueblo. Las fuerzas de seguridad no tienen autonomía política en sus acciones sino que responden a una política de Estado dirigida por sus gobiernos que
representan a la clase capitalista.
La violencia es la norma porque responde a la finalidad de la creación de los
cuerpos represivos como instrumentos de opresión, por ende, las leyes son
una fachada de legalidad de la arbitrariedad de una clase sobre otra.
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Basta de reprimir la protesta social
La respuesta gubernamental a la crisis económica y social mantuvo en los
últimos 30 años una misma fórmula: palos, gases y balas.
A la crisis habitacional que sume en la miseria más extrema a trabajadores
ocupados y desocupados, en lugar de efectivizar planes de vivienda digna, se
dio como respuesta la represión. Así ocurrieron los desalojos militarizados que
arrasaron con los asentamientos de Guernica, Morena y La Matanza.
En ArreBeef, contra los obreros que resisten los despidos. En Chubut, contra
las marchas ambientales. A los reclamos del sector salud -pilar de la
resistencia frente a la pandemia-, ante el reclamo de mejoras laborales también
se los reprimió en Neuquén y en la Ciudad de Buenos Aires.
También en Formosa con Insfrán, en Jujuy con Morales. A la hora de apalear la protesta
social no hay grieta y eso envalentona a la derecha la que tira bolsas negras en
esta misma plaza, con manifestaciones reaccionarias absolutamente
repudiables.
Por eso rechazamos la pretensión de mantener el despliegue
represivo. Ayer la ministra Bullrich encubrió a Gendarmería y Prefectura en la
desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato
de Rafael Nahuel. Hoy Berni encubre a la Bonaerense en la desaparición
forzada seguida de muerte de Facundo Castro y en los asesinatos por gatillo
fácil.
Es la maldita policía represora, corrupta, socia de los narcos y la
trata,comprometida hasta los huesos con el delito organizado.
Alberto Fernández y todos los gobernadores persisten en reforzar el aparato
represivo y de espionaje. Apuntan a disciplinar a los trabajadores, los
movimientos sociales, las mujeres y disidencias, la juventud. Porque la
represión es su principal carta de respuesta a la respuesta popular frente al
ajuste, los despidos y la miseria.
DIFUNDIR
Contra la criminalización de los que luchan
Defendemos como el primer derecho de los trabajadores el derecho a huelga,
el derecho a manifestarnos y el derecho a luchar como arma de resistencia de
nuestra clase.
Mientras el kirchnerismo sostiene a Sergio Berni, de la misma caladura que
Patricia Bullirich, la justicia libera al policía asesino Chocobar, legitimando la
doctrina Bullrich que da rienda suelta al asesinato de jóvenes. La otra cara de
la moneda es el recrudecimiento de la persecución judicial a aquellos que
luchan.
La condena a los militantes César Arakaki del Partido Obrero y Daniel Ruiz del
PSTU por la resistencia obrera a la reforma previsional macrista sigue su
curso.
Por otro lado, la Justicia Federal de Zapala desempolvó 3 causas contra 14
militantes del Polo Obrero y del Partido Obrero por cortes de rutas que se
realizaron en reclamo de trabajo genuino en una provincia dominada por los
pulpos petroleros -quienes precarizan y amasan fortunas mientras la población
no alcanza el mínimo necesario para sobrevivir y la desocupación arrecia.
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