ALQUILERES:
la soga al cuello

Los alquileres se vuelven cada día más inaccesibles al subir cada vez más rápido que los aumentos salariales.
Lxs trabajadorxs sufrimos la especulación inmobiliaria, la reducción de los planes de viviendas sociales, la caída continua del salario real y el incremento en flecha de la pobreza.
La política impositiva vigente trata de la misma manera al propietario de una única vivienda que a quien acapara 200.
La nueva ley de alquileres dejó muchos cabos sueltos y agravó en muchos sentidos la situación de los inquilinos.
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Alquileres por el ascensor, los salarios por la escalera

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Mientras los alquileres aumentaron un 60% durante el año pasado, los salarios en blanco en promedio lo hicieron por debajo del 35% (Ripte Indec).

Eso explica en parte el crecimiento del endeudamiento de los hogares (80%), con la mitad que tomó deuda solo para pagar otra deuda. La entrada en vigencia de la Ley de Alquileres agravó la problemática, al retirarse del mercado de alquiler del 6 al 14% de la oferta en el AMBA, un sector se pasó al mercado de venta también deprimido o al alquiler temporario. Los salarios tienen que subir al costo de la canasta familiar en la que se debe incorporar el costo de alquilar y la política estatal debe promover el acceso a la vivienda y no la especulación inmobiliaria.

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Una política impositiva que fomenta la especulación inmobiliaria

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Paga la misma tasa el propietario de una vivienda única que aquel que acapara 200.

Un impuesto progresivo al acaparamiento de viviendas incentivaría la venta, bajando precios de ventas y alquileres. El impuesto inmobiliario no debe cobrarse a quien habite su única vivienda y por ende no recibe renta. Tampoco se debe gravar a los pequeños propietarios de hasta dos viviendas en alquiler, que no superen los 100 metros cuadrados cada una -que suelen ser trabajadorxs y jubiladxs haciendo la diferencia para llegar a fin de mes, cuya realidad dista abismalmente de la de los acaparadores y especuladores inmobiliarios. Alimentada por la renta agraria, se desarrolla un proceso de especulación inmobiliaria en las ciudades. Grandes torres y edificios que se encuentran mayoritariamente sin usar, donde rentistas ahorran ‘en ladrillo’ y ni siquiera lo ponen en alquiler. Este proceso encarece el suelo, la vivienda y el alquiler. Planteamos un fuerte impuesto a la vivienda ociosa que promueva su oferta en alquiler o venta y la cesión en comodato a jubilados de las viviendas ociosas para que las usufructúen.

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Las raíces estructurales del déficit habitacional

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La caída continua del salario real y el incremento en flecha de la pobreza, la reducción de los planes de viviendas sociales y el proceso de especulación inmobiliaria están en la base de la crisis de vivienda.

El gobierno de Menem redujo el aporte patronal quitando el 5% del salario indirecto que el patrón tenía que pagar como aporte patronal exclusivamente para financiar el FONAVI que era para construir viviendas. Todos los gobiernos posteriores sostuvieron esta ‘conquista’ patronal del menemismo acentuando el déficit habitacional. Exigimos la restitución del aporte patronal y junto a la nacionalización de la banca y el comercio exterior, capturar la renta nacional para un desarrollo social y productivo que incorpore un plan masivo de viviendas para acceder a la propiedad con cuotas que no superen el 25% del ingreso familiar.

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Derechos del inquilino

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La nueva ley de alquileres plantea una indexación a través de un coeficiente (ICL) que promedia la variación salarial (Ripte) con inflación (IPC).

De esta manera los alquileres se indexarán automáticamente en julio de este año por un 41% -varios puntos por encima de la evolución salarial. Planteamos reemplazar el “ICL” por el Ripte, que el ajuste se haga exclusivamente en base a la variación de los salarios y que la inflación no confisque doblemente a los trabajadores. Planteamos la abolición de la garantía propietaria al estar el salario como garantía embargable. La cuota del alquiler no puede superar el 10% del ingreso familiar. Planteamos la extensión del plazo de contrato que se estiró a 3 años con la nueva ley al plazo de 5 u 8 años como rige en Europa. Las comisiones deben ir a cuenta del dueño locador y no del inquilino. La devolución del depósito debe ser automática e indexada siempre que el inmueble esté en condiciones

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Planteamos

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