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Artículo 1°: DISPONGASE el ingreso a planta permanente de todo el personal contratado por art. 8 de ordenanza 7244 y monotributista que desempeñe tareas en el ámbito de la salud pública municipal, incluyendo hospitales municipales, centros de salud barriales, DEM (Dirección de Especialidades Médicas), DAPS (Dirección de Atención Primaria de Salud), como así también cualquier otro dispositivo móvil de atención sanitaria en la ciudad.
Artículo 2°: Podrán acceder al pase a planta de manera directa todos/as aquellos trabajadores/as que al momento de aprobada la presente ordenanza cuenten con una antigüedad superior a los dos años y haya rendido concurso en los últimos 10 años. El ingreso a planta permanente será efectivo en un plazo no superior a los 60 días de aprobada la presente ordenanza.
Artículo 3°: En el caso de aquellos/as trabajadores/as contratados por art. 8 de ordenanza 7244 o monotributistas que no contaran con alguno o ninguno de los requisitos previstos en el art. 2, tendrán derecho a acceder a un concurso cerrado con tribunal electo por los trabajadores para el ingreso a planta permanente. El mismo deberá ser convocado en un plazo no superior a los 60 días de aprobada la presente ordenanza, con aplicación inmediata.
Artículo 4°: Los becarios, cualquiera sea la precedencia de su beca, desempeñarán tareas de carácter exclusivamente formativas sujetas a un plan de formación previamente fijado, no pudiendo en ningún caso desempeñar tareas correspondientes a trabajadores de planta permanente o art. 8. Las becas tendrán una extensión no superior a 1 año, pudiéndose prorrogarse por 1 año más única vez en caso de no haberse llegado a cumplimentar con el plan de formación previsto. Una vez finalizada la misma, todo becario tendrá derecho a acceder a un concurso cerrado para el ingreso a planta permanente.
Artículo 5°: De forma.
Fundamentos
En dos años de gestión, Hacemos por Córdoba avanzó como nunca en la precarización laboral. Aunque no es una novedad de la actual gestión (los años de gobierno mestrista multiplicaron los contratos y monotributos), lo cierto es que, en el afán de liquidar las condiciones laborales de las y los municipales y abrirse camino para nuevos negociados, el gobierno de Llaryora ha hecho de ésta una marca distintiva de su gobierno. Según cifras publicadas oficialmente, el 23% de los trabajadores que desempeñan tareas para el municipio estarían bajo modalidades precarias de contratación. Estamos hablando de 2.381 trabajadores/as.
En todas las reparticiones hay becarios que cobran hasta $40.000, y en algunas duplican a los trabajadores de planta, mostrando a las claras que la sustitución de trabajadores bajo convenio por precarizados constituye una política de gestión municipal con el expreso objetivo de liquidar la fuente laboral y proceder a otras formas de contratación ajenas al convenio de manera permanente. Esta situación se advierte también en los CPC, donde la merma de trabajadores, consecuencia de la pasividad anticipada, ha sido reemplazada aún en áreas sensibles a los intereses municipales. Sin embargo, el reemplazo se asocia en la mayoría de los casos a relaciones estrechas con funcionarios afines a la gestión.
En las escuelas, las tareas de auxiliares/maestranza son desempeñadas por becarios, y en cada una de ellas hay dos becarios de Defensa Civil (fuera de convenio). Mientras tanto, en tránsito el nuevo convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la policía de la provincia, por el cual se librarían actas de constatación de infracciones de tránsito a través de cámaras de seguridad, es sostenido por trabajadores becarios que salen a la calle a realizar tareas de la PMT sin estar habilitados, y por lo tanto sin el poder ni la autoridad vinculadas a la función.
A esto se suma el batallón de servidores urbanos que se despliega en toda la ciudad, tomando cada vez más funciones de trabajadores municipales.
En el caso de salud, la situación es extremadamente grave. El intendente Martín Llaryora aprovechó una situación de emergencia sanitaria y social para llenar los hospitales municipales, dispensarios y centros de testeos con personal precario bajo diferentes modalidades: monotributistas, contratos, becarios, residentes, etc. El ejecutivo municipal hoy, echa mano de esa situación de precarización para avanzar en el recorte fiscal que exige el Fondo Monetario, afectando nada más ni nada menos que a la salud de los cordobeses.
Desde hace meses se vienen produciendo despidos hormigas. Y a pesar de que el Ejecutivo prorrogó la emergencia sanitaria en la ciudad, se está avanzando en un desguace de los dispositivos de emergencia. El personal que debería ser reubicado en los centros de salud y hospitales, que se encuentran desbordados por la falta de personal, está siendo despedido. Se trata de enfermeras, médicos y practicantes que expusieron su salud durante la pandemia.
Esta avanzada precarizadora de Llaryora supone un ataque de lleno al estatuto municipal y un ataque sustancial a los servicios que brinda la Ciudad de Córdoba, orientando la ejecución de las partidas presupuestarias hacia la contratación de empresas que tercerizan, ligadas a los propios funcionarios de turno.
La defensa del estatuto municipal y sus condiciones laborales es indisoluble de la lucha contra la proliferación de diversas modalidades de precarización laboral en la ciudad, puesto que es una herramienta extorsiva que utiliza el ejecutivo para nivelar para abajo y degradar así las condiciones de vida del conjunto de las familias trabajadoras.
En este sentido es que impulsamos el presente proyecto para poner fin a la precarización laboral, empezando por uno de los sectores más sensibles para la población como lo son las dependencias de salud municipal. Por todo lo expuesto, y lo que oportunamente señalaré durante el tratamiento del presente proyecto, es que solicito a mis pares presten su aprobación.
