Pedido de informe planta Bajo Grande

RESUELVE:
Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE (15) días proceda a informar a este Cuerpo sobre los siguientes puntos, a saber:

¿Cuál es la inversión para la ampliación de la planta Bajo Grande?
¿De qué manera se establece la compatibilización y sucesión de procesos entre el funcionamiento de la vieja planta y la nueva? ¿Se tiene en cuenta que ambas tienen procesos de depuración diferentes?
En abril de 2017 se constató el volcamiento de líquidos cloacales sin tratar al cauce del Río Suquía. ¿Cuál es el saneamiento y el tratamiento realizado desde entonces sobre el Rio Suquía?
¿En qué estado se encuentra el sumario administrativo iniciado en 2019 por la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia al constatar mediante relevamientos periódicos el mal funcionamiento de la planta depuradora Bajo Grande? ¿Existen consecuencias judiciales?
¿Cuáles son los resultados de los análisis del agua que se está devolviendo al rio luego de pasar por la planta en la actualidad? ¿Cuál es la frecuencia de estos relevamientos y análisis sobre los líquidos? ¿De qué manera se dan a conocer los resultados a la población interesada?
¿Existe un toque de alarma en la planta para evitar el volcamiento de agua contaminada? En caso de existir: ¿Cuáles son los parámetros que se consideran para esa alarma? ¿Cuáles son las consecuencias sobre el ecosistema y la vida como resultado del volcamiento en líquidos cloacales sin tratamientos? ¿Existen registros de estas consecuencias en el Río Primero entre el tramo Bajo Grande y Capilla de los Remedios?
¿Qué elementos se buscan en los análisis de muestras de agua en el Rio Suquia? ¿Los análisis comprenden los residuos arrojados por el cinturón industrial que también se conecta a esta red cloacal?
¿Se ha dispuesto recursos sanitarios para la población afectada? ¿Se han dispuesto estudios y relevamientos sobre las poblaciones en toda la extensión territorial? ¿Cuenta el sistema sanitario con las historias clínicas unificadas dela población afectada rio abajo? ¿Existen mecanismos municipales dispuestos para seguir la evolución socio ambiental y sanitario de cada caso?
¿Se ha dispuestos los recursos y la conformación de equipos interdisciplinarios para el seguimiento de las nuevas enfermedades que emergen a partir de los volcamientos de agua contaminada?

Artículo 2: de forma.

FUNDAMENTOS:

Luego de reiteradas denuncias sobre el estado de los líquidos arrojados al Río Suquía provenientes de la planta de tratamiento de Bajo Grande, en abril de 2017 se constató el tratamiento deficitario o la falta de tratamiento de los residuos líquidos que llegan a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR, Bajo Grande).
Las denuncias indicaban que el EDAR está funcionando a un 70% de su capacidad arrojando al cauce del Río Suquía un 30% de líquidos cloacales con un mínimo de tratamiento denominado clorado. En esa instancia el ingeniero químico, ex jefe del laboratorio de Dipas, César Bertucci y un estudio realizado por Cequimap advirtieron sobre los riesgos en el ambiente y la salud de la población. Los estudios realizados detectaron la presencia de bacterias coliformes fecales y de Escherichia coli fue de 930 mil cada 100 mililitros de agua en el Suquía luego de la Edar. En ese momento lejos de brindarse una solución a una situación de suma gravedad, el municipio decidió mediante una resolución vetar el ingreso de cualquier funcionario para inspeccionar Bajo Grande.
El municipio tiene una larga historia alrededor de las obras necesarias para revertir esta situación. Sin embargo gobierno tras gobierno, gestión tras gestión la política es la misma, negocios detrás de la obra y contaminación para la población.
En ese sentido un breve recorrido. Inicialmente bajo la gestión de Ramón Javier Mestres la obra debió llevarla a cabo la Corporación América, del multimillonario Eduardo Eurnekián, según el acuerdo con la Municipalidad de Córdoba, como contraprestación para habilitarle una enorme inversión inmobiliaria sobre el valiosísimo espacio verde céntrico correspondiente al ex Batallón 141. En el año 2013, se firmó el contrato original donde especificaba que Eurnekián iba a construir una segunda planta depuradora para la zona sur de la ciudad, cuyos populosos barrios hasta la fecha padecen severos problemas de desechos cloacales. Pero estos trabajos no avanzaron, y recién a principios del año 2020, se inició una investigación a cargo de la justicia Federal por los casos de contaminación en el Río Suquía, cuyos desechos desembocan en la laguna Mar Chiquita. La fiscalía a cargo de Graciela López de Filoñuk, pidió imputar al ex intendente Mestre y otros siete funcionarios municipales, por no haber mantenido las inversiones requeridas por esa infraestructura.
La gestión municipal de Martin Llaryora llegó acompañada de recursos del Gobierno provincial por lo que en la actualidad la obra para una nueva planta depuradora está a cargo de la empresa Supercemento financiada por la Provincia. La obra no serviría de nada sin la red de colectoras cloacales por un total de 46 kilómetros de caños bajo tierra en el norte, noroeste, centro y sur de la ciudad. A tal fin la provincia dispuso inicialmente la suma de 4,8 mil millones. Al no bastar los fondos públicos presupuestados, el Estado cordobés emitió bonos de deuda a nivel internacional en dólares, con ruinosas tasas de interés, que según los manuales de finanzas públicas, se trata de impuestos futuros anticipados. La inversión en la planta de tratamiento de efluentes y los cuatro colectores principales asciende a 15.400 millones de pesos. La Nación financia el 67 por ciento del capital y la Provincia asume el 33 por ciento restante.
Las obras arrancaron en diciembre de 2016 pero la realidad es que continúan las denuncias por el volcamiento de líquidos cloacales sin sanear, sumado a la ausencia de una política sanitaria y de saneamientos en los territorios y sobre población afectada. Por otro lado, se debe señalar la denuncia realizada por un ex empleado sobre los negociados de sobreprecios que involucran a la empresa Supercemento, también vinculada con la causa de los cuadernos.
Los sucesos que se desarrollaron en torno a el desborde de la planta de tratamiento de residuos toxico TAYM alertaron a la población sobre las condiciones del agua que consumen gran parte de los cordobeses. La situación de la planta de Bajo Grande, los negociados detrás de la obra pública, la falta de respuestas en cuanto a la situación ambiental y sanitaria coloca en manos de este concejo intervenir. Por eso solicitamos a las y los ediles la aprobación del presente pedido de informes.