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PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO 1°: Con el objetivo de garantizar la seguridad de los choferes del transporte colectivo de pasajeros, se establece en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la instalación obligatoria en cada unidad funcional (vehículo colectivo) de una cabina de blindaje, aislante, que proteja al chofer y lo separe de cualquier contacto físico directo con los pasajeros, y cámaras de seguridad.
ARTÍCULO 2°: El costo de la instalación de las cabinas de blindaje, cámaras de seguridad y de contratación de personal de seguridad, queda a cargo de las empresas titulares en cada línea respectiva y queda expresamente prohibido el traslado de su costo económico a las tarifas que abonan los usuarios.
ARTÍCULO 3°: Los recorridos de todas las líneas a lo largo del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben contar con luminaria adecuada, sin excepción, a lo largo de todos sus tramos. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el cumplimiento de esta disposición en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde que se aprueba la presente ley.
ARTÍCULO 4°: En cada línea de colectivos se constituirá un Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL), que tendrá como objeto el ejercicio del control activo por parte de los trabajadores sobre la prevención de accidentes durante la jornada del trabajo y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito de su desempeño laboral.
ARTÍCULO 5°: El CCOSL se integrará con representantes electos en asamblea o por el voto secreto de todos los trabajadores de cada línea de colectivos, en una proporción de un delegado cada 20 (veinte) trabajadores.
En el Comité estarán representados todas las diferentes secciones y turnos de trabajo existentes en cada línea, en las proporciones establecidas en el párrafo anterior.
También podrán integrar el CCOSL los usuarios que puedan demostrar a través de su tarjeta SUBE ser frecuentes pasajeros de cada línea, en una proporción que no supere al 30% de los delegados choferes electos.
ARTÍCULO 7°: Entre las funciones inmediatas del CCOSL se hayan el seguimiento y monitoreo de los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, a fin de garantizar su efectivo cumplimiento.
Las empresas de cada línea y los Poderes Ejecutivos nacionales y locales deberán responder ante toda solicitud que eleve el CCOSL en virtud de que se garanticen las disposiciones de la presente ley.
La CCOSL tiene la potestad de interrumpir una línea o un coche que se encuentre en situación riesgosa para los trabajadores y usuarios (derecho a veto).
La actuación del Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL) no relevará al empleador, a las aseguradoras de riesgos del trabajo que este hubiera contratado, ni a la autoridad de aplicación, de sus obligaciones indelegables de prevención y protección de la salud y seguridad laboral.
ARTÍCULO 8°: De forma.
FUNDAMENTOS
Un contundente paro de las líneas de la zona oeste del Gran Buenos Aires y una concentración en la Ruta 3 que se mantuvo todo el día fue la respuesta inicial frente al asesinato del trabajador de la línea 620, Daniel Barrientos, en La Matanza.
Con el correr de las horas, y sobre todo tras el repudio a la inacción del gobierno frente a la inseguridad en las condiciones laborales de los choferes que tuvo como blanco al ministro Sergio Berni, el piquete se transformó en la caja de resonancia de un descontento generalizado que excede largamente las reivindicaciones “propias”, y que se expresó en el cuestionamiento al gobierno y a la burocracia sindical oficial de Roberto Fernández en la UTA.
Los “diques” con las que la UTA convocó la medida de fuerza fueron en varios aspectos desbordados. El piquete, que no estaba en el libreto del sindicato, se nutrió de la movilización de delegaciones y activistas de decenas de líneas, entre ellas la 60, La Primera de Grand Bourg, la 540, entre otras. A esto se sumaron muchos vecinos y algunos dirigentes de izquierda (como la diputada nacional Romina Del Plá, el legislador provincial Guillermo Kane y el concejal matancero Juan Romero).
A su vez, en las líneas de Dota -cuya representación sindical dirige la fracción de la burocracia opositora: la agrupación “Juan Manuel Palacios” encabezada por el moyanista Miguel Bustinduy- el paro se extendió por 12 horas, pero sin movilización.
La “oposición”, al igual que Fernández, jugó a una medida ultralimitada y adentro de las empresas, sin ofrecer un verdadero canal de desarrollo de la movilización. Bustinduy puso el centro en su disputa con la conducción nacional de la UTA, sin formular la menor denuncia ni reclamo a las patronales del sector ni al gobierno.
El propio Berni, después de los sucesos en Ruta 3 -en los que hay que incluir una dura represión de la Policía de la Ciudad-, reconoció la existencia de tres sectores en la movilización, refiriéndose a la corriente combativa y “autoconvocada” que es la que le pone el contenido y el cuerpo al reclamo.
A medida que se intensificaba el conflicto crecía la adhesión y las denuncias de trabajadores y vecinos por las zonas liberadas y el desastre social que se vive en las barriadas.
El gobernador Axel Kicillof debió convocar a una reunión de urgencia con los ministerios de Seguridad, Transporte y la conducción de la UTA con el objetivo de “encausar la crisis”, es decir conspirar con la burocracia para obtener el levantamiento de la huelga y sostener a Berni. Respecto a los reclamos de los choferes hubo nulos resultados; apenas la promesa de acelerar la instalación de cámaras. El gobierno acusó a las empresas de haber desviado hacia otros “gastos” la parte de los subsidios destinados a la compra de cámaras de seguridad para monitoreo en las unidades; sin explicar qué gastos ni por qué no existe control de esos fondos.
La tragedia sirvió para avivar la puja alrededor de los subsidios entre los monopolios y concesionarias del transporte y el gobierno, que está al rojo vivo tras la amenaza de las empresas de no pagar los salarios de marzo si no se amplía la ayuda estatal.
Paralelamente, la asamblea de centenares de choferes convocada en Ruta 3 discutía cómo dar continuidad a la lucha. La exigencia de un paro nacional chocó contra el rechazo cerrado de la burocracia. Lo mismo otras alternativas, como mantener el paro por 72 horas con movilización en las líneas de zona oeste. Por ahora el paro continúa solo en la línea 620.
En los próximos días se expresarán, sin dudas, los coletazos de este importante proceso de lucha. Es de primer orden la deliberación en las líneas y la continuidad de un plan de lucha “autoconvocado”, a partir de los sectores que intervinieron en la jornada de ayer.
Reclamamos inversión en infraestructura en los recorridos y barrios aledaños, paradas, luminarias, además de la propia inversión en las unidades, en particular las cabinas de seguridad; que las patronales implementen las medidas de seguridad necesarias y pongan freno a los despidos de los compañeros que sufren accidentes laborales. Por Comités de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL), con delegados elegidos en casa línea. ¡Recomposición salarial ya!
El proyecto de ley de seguridad laboral para los choferes presentado por la diputada Romina Del Plá, de la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad, contiene este conjunto de medidas, y es un aporte a fortalecer y difundir la lucha de los choferes. Por eso lo replicamos en esta Legislatura.
Impulsemos este planteo en todas las líneas. Solo la organización independiente de los choferes puede arrancar las soluciones que necesitamos todos. La situación general de crisis terminal del transporte es la base para una lucha masiva y sostenida.