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Expediente 1539-D-2022
Proyecto de declaración
Art 1°- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del 8vo aniversario del movimiento Ni Una Menos, exige al poder ejecutivo soluciones inmediatas a los reclamos de asistencia integral para víctimas de violencia de género creando nuevos centros integrales de la mujer con el presupuesto necesario para garantizar su funcionamiento las 24hs, la incorporación de nuevos profesionales bajo convenio y con salarios iguales a la canasta familiar para atender en los mismos, e incorporando a su vez a la planta permanente a las trabajadoras de la línea 144 que se encuentran trabajando de forma precaria. A su vez, adhiere a la movilización de lucha que se realizará de congreso a plaza de mayo el próximo 3 de junio.
Fundamentos
En el 2015 el caso de Chiara Paez fue la gota que rebalsó el vaso de la indignación de las mujeres y diversidades en todo el país, frente a los sucesivos hechos de femicidios y violencia. El asesinato de la joven de 14 años impulsó nuevamente la puesta en pie del movimiento de mujeres, uno de los más trascendentes durante los últimos años en la situación política de nuestro país. Bajo la consigna “ni una menos, vivas nos queremos” se realizaron masivas movilizaciones en diferentes latitudes no solo nacionales, sino también en el resto del mundo replicando la iniciativa argentina.
El dinamismo del movimiento se generó a partir de un método acertado de frente único de lucha. La combinación entre instancias intensas de debate -a partir de las asambleas preparatorias de cada jornada, pero también en los encuentros de mujeres- y acciones de lucha unificadas resueltas a partir de esas asambleas. Ese método permitió que el programa del movimiento se amplíe, avanzando en reclamos claves como la cuestión del empleo precario en dónde mayormente se contratan mujeres, el reclamo de igual salario por igual trabajo para poner fin a la brecha salarial, la lucha contra las redes de trata y el negocio de la prostitución, el reclamo del reconocimiento de las tareas domésticas, la implementación de la Educación Sexual Integral, la separación de la iglesia del estado y reclamos que se transformaron en conquistas históricas como fue el aborto legal o el cupo laboral trans.
El plenario de trabajadoras fue la agrupación impulsora de la adhesión de la consigna "El estado es responsable" fuertemente resistida por las agrupaciones de mujeres oficialistas en tiempos tanto del macrismo como del peronismo. Pero el desarrollo del movimiento sorteó esas resistencias, siendo que en cada nuevo caso se ponía de relieve aquella responsabilidad de los gobiernos. La justeza de esa iniciativa se verifica en la vigencia de la realidad, dónde al día de la fecha el observatorio Lucia Pérez registra 155 femicidios, es decir alrededor de una asesinada por día. Todos los gobiernos de ambos lados de la grieta manejaron estas cifras lamentables, demostrando su incapacidad para solucionar el problema.
La responsabilidad de los mismos se sigue verificando con los fallos vergonzosos que garantizaban la impunidad para los agresores/femicidas, en especial cuando se trata de victimarios relacionados a los sectores del poder político o policial. La policía y la justicia sistemáticamente ningunean a las víctimas para evitar que las denuncias se realicen, e incluso muchos asesinatos se producen contra mujeres que emprendieron denuncias y cuentan con botones antipánico. Pero no solo se trata de la falta de voluntad política para intervenir en casos urgentes de violencia, sino también en la falta de políticas de presupuesto para la asistencia monetaria, habitacional, psicológica y médica de las víctimas.
El gobierno porteño, por caso, precariza a las profesionales que atienden la línea 144 y constantemente denuncian la falta de presupuesto, que se siente también en hogares y refugios. El presupuesto 2022 fijó para la DGMUJ $514 por mujer, una miseria. Además, el pasado 8M se les descontaron porcentajes salariales a las trabajadoras municipales, docentes, y enfermeras que pararon en dicho día, un claro ataque al derecho a la protesta. La aprobación de la ley 5466 que modifica la ley 1688 de prevención y asistencia a las víctimas que postula la creación de un Centro Integral de la Mujer para asistir a víctimas por comuna fue fruto de la intensa lucha inaugurada en el 2015, no gracias a la voluntad del gobierno que constantemente cajonea y rechaza proyectos para que se abran nuevos centros o se mejoren las condiciones de los mismos. La cruda realidad verifica que los que existentes son insuficientes, principalmente en las villas y barrios obreros donde la violencia contra las mujeres es moneda corriente. En horarios limitados y sin los profesionales suficientes, no son capaces de abordar el sin fin de casos que aparecen. En 2021, las denuncias de violencia de género en la ciudad crecieron un 54% respecto al 2020.
A nivel nacional el panorama no es diferente. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, no inauguró un cambio en la orientación política anterior de ajuste en el presupuesto. Con casi 3 años de funcionamiento las medidas impulsadas fueron escuetas y al compás electoral, el programa acompañar resulta en un monto miserable que no soluciona el problema monetario ni habitacional de las mujeres que necesitan emanciparse de sus agresores siendo que se cobra tan solo por 6 meses y el equivalente a un salario mínimo. Por otro lado, se conoce que el presupuesto del mismo ha sido subejecutado. Aunque los espacios que lo conducen dicen que “la deuda es con nosotras” ofrendan el presupuesto para las políticas al FMI.
Las funcionarias e incluso la ministra del Ministerio de Mujeres, todas personalidades que llegaron a esos cargos a partir de su anterior participación en el movimiento, les propusieron a las mujeres abandonar el método que nos otorgó todas las conquistas que arrancamos a los gobiernos. Abandonar las calles y las asambleas organizativas, y confiar en instituciones de un estado que es el principal responsable de la realidad que seguimos viviendo las mujeres. Esta estrategia de cooptación, es peligrosa al calor del crecimiento de los Milei, Espert y toda la banda “libertaria”, que surgieron como reacción de nuestro movimiento amparando el discurso de las “dos vidas” luego de la lucha por el aborto y plantean abiertamente su voluntad de atacar nuestras conquistas, negando la brecha salarial y la necesidad de poner presupuesto público para terminar con esta realidad. Abandonar la lucha callejera y el debate necesario para un frente único de lucha, les regala ese espacio a los fascistas. Para el Plenario de Trabajadoras por el contrario el desafío actual no es solo volver a colmar las calles por todos nuestros reclamos que siguen vigentes, sino también para demostrar nuestra masividad, ganando nuevamente a todas las capas de la población a nuestro planteo (como hicimos con el aborto) en oposición a la reacción clerical.
Por esto vamos a las calles este 3 de junio contra los reaccionarios, y los gobiernos responsables de que sigamos teniendo motivos por los que luchar. Por asistencia integral para víctimas de violencia, trabajo genuino y con derechos para mujeres y diversidades, vivienda, cumplimiento de la ESI laica y científica, y por todos nuestros derechos.
