Defensa Integral de la Educación Publica en Pandemia

  • Educación
Presentado por:  
  • Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba
La presente Ordenanza tiene por objeto la defensa integral de la  educación pública en el ámbito de la ciudad de Córdoba, garantizando el proceso educativo libre y sin restricciones de ningún tipo durante la pandemia de Covid-19.  
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Artículo 1.-OBJETO. La presente Ordenanza tiene por objeto la defensa integral de la  educación pública en el ámbito de la ciudad de Córdoba, garantizando el proceso educativo libre y sin restricciones de ningún tipo durante la pandemia de Covid-19.  

 

Articulo 2.- GARANTICESE el acceso libre y gratuito a la Red Wi Fi en plazas, barrios y espacios públicos que asegure la conectividad de estudiantes, docentes y personal afectado a la actividad escolar en el nivel inicial, medio y superior en todo el ámbito de la ciudad Córdoba. 

 

Artículo 3.- ORDENESE el relevamiento y empadronamiento de estudiantes matriculados y docentes de todos los niveles del sistema educativo municipal a los fines de la provisión gratuita de dispositivos electrónicos (computadoras, tablets, notebooks, etc) para garantizar la continuidad del proceso educativo. 

 

Articulo 4.- ORDENESE el relevamiento inmediato de las condiciones edilicias, de infraestructura y de suministro de servicios en los establecimientos educativos de la ciudad. En virtud de ello, dispóngase la adecuación y/o las refacciones necesarias en el término de 30 días de entrada en vigencia la presente ordenanza, para hacer efectiva las condiciones de cursado y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad que eviten brotes de contagio de Covid- 19.

 

Artículo 5.- DISPONGASE la entrega de becas de estudio por un monto no inferior a $10.000 actualizado según la inflación y kits de materiales para todos los estudiantes que así lo requieran, matriculados en la ciudad de Córdoba en cualquiera de los niveles educativos, siendo necesaria solo una declaración jurada de bajos recursos del estudiante o persona mayor a cargo.     

 

Artículo 6.- ORDENESE la provisión permanente de recursos críticos (alcohol en gel, barbijos, detergente, etc) en cada establecimiento educativo de la ciudad dependiente de la municipalidad de Córdoba. Asimismo, la entrega gratuita al personal educativo y estudiantes de Kits individuales de bioseguridad.

 

Artículo 7.- ORDENESE a través de convenios con la provincia, la Universalización del servicio de comedor para todos los estudiantes matriculados en establecimientos educativos de la ciudad de Córdoba. Asimismo, garantícese la entrega de viandas calientes con independencia de la modalidad de cursada virtual, presencial o semipresencial. 

 

Artículo 8.- INSTRUMENTESE la cobertura inmediata de cargos vacantes titulares, suplentes e interinos de todos los niveles educativos, incluyendo los cargo de jornada extendida y materias especiales. Arbítrese las medidas necesarias para la inoculación de toda la comunidad educativa.  

 

Artículo 9.- ORDENESE la reorientación de los recursos del municipio y la triplicación del presupuesto educativo a los fines de la aplicación efectiva de la presente Ordenanza. 

 

Articulo 10.- CREANSE los comités educativos de bioseguridad compuestos por representantes docentes y auxiliares en cada establecimiento educativo, y estudiantiles, allí donde centro educativos para jóvenes y adultos, cuyo fin será velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza. Para ello contará con las más amplias facultades. Asimismo, tendrá la facultad de establecer los protocolos de funcionamiento cotidiano que considere pertinentes a los efectos de preservar la salud de la comunidad educativa.

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

Durante 2020 más de un millón y medio de estudiantes de los diferentes niveles en el orden nacional quedaron fuera del sistema educativo porque no tuvieron los recursos para continuar cursando. En Córdoba, la cifra superó los 80.000 estudiantes. Este año, con la llegada de una segunda ola de coronavirus, el regreso a clases presenciales sin que se hayan atendido los problemas centrales que presenta el sistema educativo el panorama se agrava notoriamente para toda la comunidad educativa, y en especial para los estudiantes. 

Las consecuencias drásticas de las políticas ajustadoras sobre la población trabajadora están a la vista: el 42% de la población cayó en la pobreza y seis de cada diez pibxs son pobres. La ciudad de Córdoba no es ajena a esta situación, en virtud de que se concentran amplios contingentes de la población empobrecida.

El cuadro de ajuste y carestía social empobrece fuertemente a la niñez y juventud. Muchos de los jóvenes han tenido que abandonar los estudios para buscar trabajo, sin embargo quienes logran conseguir trabajo lo hacen de manera precarizada, con salarios por debajo de la canasta básica, en negro, sin obra social ni cobertura sindical. Los que aún permanecen dentro del sistema educativo, por ejemplo jóvenes secundarios, son sacudidos por el ajuste de igual manera, producto que sus familias se encuentran desempleadas o con salarios muy por debajo del costo de vida. Millones de familias pueden comer gracias a los comedores populares. La situación es asfixiante, naturalmente, estas condiciones atentan contra la posibilidad de la juventud a estudiar. 

El rumbo de ajuste que llevan adelante, desde el gobierno nacional de Alberto Fernández hasta el municipal de Martín Llaryora, es un ataque frontal contra la educación pública y contra el acceso y permanencia en el sistema educativo. El 2020 fue récord en materia de deserción estudiantil, producto de la virtualidad sin condiciones que impulsaron los gobiernos. 

Durante el año 2020 no se proveyeron las medidas necesarias para mejorar la infraestructura de las escuelas, y el personal que se designó durante el año 2021 se ha contratado bajo la figura de becarios, por fuera del convenio laboral municipal. Por ello, en su gran mayoría las escuelas se caen a pedazos y no hay protocolos serios y efectivos de bioseguridad porque las condiciones contextuales en las que se inscriben las escuelas son de pobreza creciente.

La vuelta improvisada a clases presenciales, al igual que la virtualidad, fracasará con más fuerza si no se garantizan las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, las condiciones de bioseguridad, de infraestructura y el suministro de los servicios básicos para garantizar la conectividad en los establecimientos.

Remediar de manera inmediata esta situación es indispensable, y requiere de responder a demandas concretas. Para ello resulta clave que las escuelas cuenten con la infraestructura, los servicios y los recursos críticos necesarios para garantizar una cursada sin riesgos. Por ello, proponemos en el término de 30 días se resuelva un plan de obras que solucionen estos problemas. 

Otro aspecto central está vinculado al nombramiento del personal necesario para el funcionamiento correcto y efectivo de las burbujas. No se puede sustituir a los docentes aislados mediante personal ad honorem: debería garantizarse al menos un docente por turno escolar para cubrir eventuales ausencias. Es claro que sin condiciones materiales de infraestructura y personal necesarios, cualquier protocolo de bioseguridad es inaplicable porque las burbujas que se crean de manera artificial se rompen permanentemente.

La segunda ola de la pandemia demandada poner todos los recursos necesarios al servicio de evitar que las escuelas se conviertan en un foco de contagio masivo, resguardando la bioseguridad en los establecimientos educativos, por un lado, y garantizando los recursos para una virtualidad inclusiva, por el otro. 

Por ello mediante este proyecto de Ordenanza proponemos que se asegure el acceso libre a Wi-Fi en plazas, barrios y espacios públicos, y la entrega gratuita de dispositivos (computadoras, tablets o netbooks) para que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para seguir cursando. En el mismo orden de cosas, proponemos un plan de becas cuyo monto no sea inferior a los $10.000 pesos y la entrega de materiales de estudios. Asimismo, la universalización del servicio de comedor y la entrega de viandas calientes porque con hambre no se puede estudiar. 

En el presente cuadro epidemiológico, garantizar dispositivos y medios de conexión resultan de vital importancia para defender el acceso a la educación. El reciente cierre temporal de las escuelas en AMBA, sustituyendo la educación presencial por la educación virtual, da cuenta del alto grado de circulación comunitaria del virus lo que, combinado con la apertura de los establecimientos escolares y la presencialidad sin condiciones, ha llevado a duplicar los nuevos casos de COVID-19 en la población infantil de 6 a 12 años.

En un artículo de la reconocida revista científica The Lancet (*), se afirma que “la reapertura de escuelas sin una sólida mitigación del Covid-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia”. Asimismo ratifica que “los cierres de escuelas primarias y secundarias se han asociado con reducciones sustanciales a lo largo del tiempo en el número de reproducción efectiva (Rt) en muchos países (incluida Inglaterra) y períodos de tiempo”. 

Para The Lancet, se debe tener en cuenta el “semáforo epidemiológico” elaborado por los CDC de EEUU, que mide objetivamente el nivel de mitigación de la transmisión del virus en la sociedad para tomar la decisión de una apertura total o parcial de las escuelas, y afirma que “dada la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo en la salud de la infección por SARS-CoV-2, no sería prudente dejar que el virus circule en los niños, con el consiguiente riesgo para sus familias. Reabrir plenamente en un entorno de alta transmisión comunitaria sin las salvaguardias adecuadas corre el riesgo de privar a muchos niños de la educación y la interacción social nuevamente, agravando las desigualdades existentes. Al contribuir a una alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes.” 

Así las cosas, en un cuadro creciente de casos, y con un sistema de salud colapsado, garantizar la virtualidad educativa no solo implica defender el derecho a niñxs y jóvenes a estudiar, sino preservar la salud y la vida del conjunto de la comunidad educativa.

Para la realización de lo planteado en esta norma se debe reorientar los recursos del municipio, estableciendo la triplicación del presupuesto destinado a la educación. Además, la única garantía de su cumplimiento solo puede estar en manos de los estudiantes y la comunidad educativa, principal afectada por el desfinanciamiento en la educación,  por ello proponemos la creación de comités educativos en cada establecimiento.

Por último, es de destacar que el presente proyecto recoge las demandas centrales del movimiento estudiantil que ha emprendido un plan de lucha nacional en defensa de la educación pública.  En virtud de todo lo planteado solicito a mis pares su tratamiento y aprobación. 

 

(*)“La reapertura de la escuela sin una sólida mitigación del COVID-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia”, publicado por The Lancet, el 10/03/2021. Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00622-X/fulltext [ii] Elaborado por Juan Winograd, matemático de la UBA, en base al dataset del Ministerio de Salud