Defensa del Transporte Público de Pasajeros y de las y los Trabajadores

Artículo 1°: Declarase la emergencia en materia de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en la Ciudad de Córdoba, y dispónese la inmediata recisión de los contratos de concesión con las empresas prestatarias del servicio de TUP.

Artículo 2°: Establécese la expropiación de unidades, infraestructura e insumos de las  empresas prestatarias del servicio del TUP, con una indemnización que no podrá ser superior a $1. Las empresas deberán responder por los pasivos con los trabajadores, ambiental y fiscal que tuvieran al día de la entrada en vigencia de la presente ordenanza. 

Artículo 3°: Prohíbase los despidos y las suspensiones de las y los trabajadores del TUP, quienes pasaran a ser dependientes de la Ciudad de Córdoba, garantizando todos sus derechos convencionales, adquiridos y demás que actualmente les corresponda.

Artículo 4°: Los recorridos afectados del sistema del TUP de pasajeros serán explotados de manera exclusiva por la Ciudad de Córdoba, quedando el mencionado servicio bajo control de la “Comisión de Contralor” según dispone el art. 5 de la presente. 

Artículo 5°: Créase el órgano de contralor obrero y popular del TUP de la Ciudad de Córdoba, el cual se denominara “Comisión de Contralor”. La misma estará integrada por diez representantes de los trabajadores que prestan servicios en el TUP, y por diez representantes de la población de la Ciudad de Córdoba.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el voto directo y secreto de la totalidad de los empleados que presten efectivamente servicios en relación dependencia en el TUP, sean estos de planta permanente o se encuentren en situación de tercerización y/o precarización laboral.  La elección se realizará por listas y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

Los representantes de la población serán elegidos por el voto directo y secreto de los habitantes de la Ciudad de Córdoba, mayor de dieciséis años. La elección se realizará por candidatos postulados por los partidos políticos actuantes en distrito único y los cargos se distribuirán por el sistema denominado D’Hont.

El mandato de todos los integrantes de la Comisión de Contralor durara un año. Todos los integrantes de la Comisión de Contralor se encuentran amparados por las garantías establecidas en los artículos 40, 48, 50 y 52 de la Ley Nacional Nº 23.551.  

Artículo 6º: La Comisión de Contralor deberá velar por el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal relativa al transporte de Pasajeros, a las cuestiones laborales y ambientales. Para ello contará con las más amplias facultades. Asimismo la Comisión de Contralor deberá auditar los estados contables de la empresa pública que preste el servicio del transporte de pasajeros; como así también el destino de los subsidios percibidos, sean estos de carácter nacional, provincial o municipal y otras formas de financiamiento. Los resultados de estas auditorías tendrán carácter público.

Artículo 7°: Establécese la dotación mínima de unidades en funcionamiento efectivo del TUP, de acuerdo a lo que disponga la Comisión de Contralor. Asimismo el Gobierno de la Ciudad de Córdoba, a propuesta de la Comisión de Contralor, procederá a diseñar los recorridos necesarios para brindar el servicio de TUP de pasajeros a todos aquellos barrios que a la fecha de sancionada la presente ordenanza, se encuentren sin la debida provisión del servicio.

Artículo 8°: Dispónese el congelamiento de todas las tarifas del TUP, a partir del 1° de marzo de 2020. Estos valores tendrán una vigencia de 12 meses, pudiéndose prorrogar. Luego de ese plazo, la tarifa del boleto del TUP de  Córdoba, solo podrá ser modificada anualmente en un porcentaje tope máximo que no podrá superar la mitad del porcentaje de aumento del índice de Salarios Nivel General difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o el organismo que lo reemplace en el futuro.

En ningún caso se podrán ver afectados los programas vigentes del Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Social Cordobés (BSC), Boleto Obrero Social (BOS), Boleto al Adulto Mayo (BAM).

Artículo 9º: Deróguense toda aquella normativa que sea contraria a los mandatos de la presente ordenanza.

Artículo 10º: De forma.

Fundamentos

Este 23 de junio un nuevo paro del transporte paralizó a la ciudad de Córdoba. El detonante es el mismo que el de los últimos paros, el incumplimiento de las empresas concesionarias en el pago integral del salario. A esta nueva provocación patronal se suman los rumores de que las y los trabajadores percibirían parte de su sueldo mediante la tarjeta Activa, destinada a la compra en locales específicamente habilitados por el municipio para tal fin.

Ante incumplimiento por parte de las empresas, la UTA convocó al paro. Mientras tanto se realizó una autoconvocatoria frente al sindicato para exigir respuestas a la conducción del gremio. Esto da cuenta de una predisposición de lucha. Sin dudas un elemento clave para arrancar el compromiso del intendente Martín Llaryora de garantizar el pago integral del salario en las próximas horas, lo que terminó con la medida de fuerza.

Sin embargo, lejos está de llegarse a una solución de fondo. Y es que la situación se vuelve insostenible, la falta de pago se da en el marco de una negociación paritaria que lleva tres meses de vencida, con un salario promedio de $63 mil pesos.

Un festín de subsidios para las empresas

Ante el empantanamiento de las negociaciones que llevan adelante los gobiernos locales y el gobierno nacional por el aumento de los subsidios al transporte, los continuos incumplimientos por parte de la patronal son a todas luces una extorsión por la liberación de fondos.

Las empresas usan el reclamo de las y los trabajadores por un aumento salarial del 40% para demandar más subsidios. Para ello, incurriendo en todo tipo de irregularidades, desconocen el Marco Regulatorio y los Pliegos de Licitación, y privan a las y los trabajadores de un servicio esencial.

El intendente Martín Llaryora en lugar de aplicar las medidas a disposición del municipio para garantizar el transporte, avanzando en la apertura de los libros de las empresas, en la aplicación de sanciones, o incluso en determinar la caducidad de la concesión frente a los reiterados incumplimientos, se ha colocado como portavoz de las empresas reclamando ante Nación por la disparidad en la entrega de subsidios en Amba y en interior del país.

El gobierno de Fernández respondió redoblando la apuesta. Colocándose como el garante de la renta empresaria ofreció un aumento de 8 mil millones de pesos en subsidios a partir de junio, a condición de que las provincias pongan otros 8 mil millones más. De esta forma a los $180 millones de Nación, los $90 millones de provincia y los $60 millones de la municipalidad que las empresas perciben mensualmente, se sumarían uno $1.467 millones anuales en subsidios.

El festín de subsidios que reciben las empresas sin embargo no se ve reflejado en el servicio. Al deteriorado sistema de transporte se sumó la eliminación de líneas, el recorte de recorridos, la quita de unidades de circulación y una frecuencia cada vez más larga. Fernández, Schiaretti y Llaryora se pelean por ver qué caja estatal será la que responda a las exigencias empresarias, pero nadie controla el destino de esos fondos.

Según lo informado por las empresas el 80% de los salarios de las y los trabajadores del transporte estaría cubierto por subsidios; además el gasoil se encuentra subsidiado y los empresarios reciben un subsidio por unidad en funcionamiento. A esto se suma lo que recaudan por uno de los boletos más caros del país.

Sin embargo, las propias empresas admiten que en los últimos años no hubo renovación ni mantenimiento de la flota; por el contrario, se han retirado numerosas unidades de circulación sin reemplazarlas. Aun así, afirman ser insolventes a la hora de dar respuestas al reclamo salarial de las y los trabajadores del transporte.

La crisis terminal del sistema pone de manifiesto al fracaso absoluto de la política de la privatización del transporte. Mediante subsidios, aumentos sistemáticos en el costo del boleto y un progresivo recorte salarial, trabajadores y usuarios financiamos de nuestro bolsillo la renta empresaria.

Desde la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo hemos elevado un pedido de informe la apertura de los libros de las empresas para determinar con claridad el destino de los millones que usuarios y trabajadores aportamos. Y denunciamos frente a Defensa del Consumidor los incumplimientos reiterados de la legislación vigente.

A su vez presentamos una serie de proyectos para intervenir frente a la crisis, declarando la emergencia sanitaria en el sistema de transporte para disponer de una serie de medidas de emergencia que incluyen la restitución de líneas y recorridos; el aumento de la flota y el respeto de las frecuencias previstas en los pliegos de licitación; la provisión de elementos de bioseguridad, la incorporación de las y los trabajadores del transporte al calendario de vacunación como personal esencial, y la constitución de una comisión de bioseguridad integrada por las y los trabajadores.

En apoyo al proceso de autoconvocatorias impulsamos el aumento salarial de emergencia que eleve el básico al costo de la canasta familiar, hoy en $100.000, y repudiamos cualquier intento de alterar el pago de los haberes mediante la tarjeta Activa.

Sin embargo, al rotundo fracaso de la gestión privada del transporte es necesario oponerle la estatización del servicio, bajo control de trabajadores y usuarios, para que deje de ser un negocio de Ersa, Aucor y Ciudad de Córdoba, y sea efectivamente un derecho. Por todo lo expuesto solicito a mis las y los concejales, presten tratamiento y aprobación al presente proyecto de ordenanza.