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Expediente 1714-D-2022
Proyecto de Declaración
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, adhiere a las movilizaciones en el marco de este aniversario y exige la condena efectiva a los responsables materiales y políticos y repudia todas las manifestaciones antipiqueteras realizadas por los bloques políticos patronales.
Fundamentos
El 26 de junio se cumplen 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, se trató de una operación represiva en regla, por lo cual es ajustada la denominación de Masacre de Avellaneda. En dicha jornada hubo treinta y tres heridos de bala producidos por las tropas conjuntas de la Policía Bonaerense, Prefectura y la Policía Federal, que dispusieron francotiradores desde las inmediaciones con armas especialmente escogidas para disimular la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, por lo cual numerosos heridos lo fueron por balas de calibre 22 para luego montar la farsa de que eran heridos o muertos víctimas de los propios manifestantes.
No se trató de una represión más de las tantas que hemos tenido bajo todos los gobiernos constitucionales -no solo bajo la dictadura genocida- contra los trabajadores en lucha. Aquella represión fue preparada minuciosamente por un Consejo de Seguridad comandado por el gabinete nacional que era de “unidad nacional” porque lo integraban no sólo los peronistas del presidente Eduardo Duhalde, sino también un radical como Jorge Vanossi, activo inspirador y conspirador de la operación. Ese gabinete expresaba a la “liga de gobernadores”, sostén del presidente provisional elegido por la asamblea legislativa, después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre que acabó con el gobierno de De la Rúa y Cavallo.
El movimiento piquetero era el heredero político y continuador del Argentinazo que derivó en el “que se vayan todos”. El gobierno surgido del telefonazo entre Raúl Alfonsín y Duhalde cuando se sucedían cinco presidentes en una semana venía a rescatar al Estado sacudido por la irrupción popular donde confluyeron piqueteros y ahorristas estafados en la famosa unión de piquetes y cacerolas. Había que golpearlo, derrotarlo, para recomponer esa autoridad perdida por el Estado de los explotadores.
Claro que la política de la burguesía no fue solo represión y ni siquiera empezó por allí. El problema fue que un importante sector –como hoy la Unidad Piquetera- escapó a aquella cooptación: el Bloque Piquetero Nacional, el MIJD y el MTD Aníbal Verón. Había que golpear y quebrar a aquellos díscolos que organizaban crecientemente a millones de desocupados que habían alcanzado el pavoroso porcentaje del 22% durante aquel 2002.
Y, a no dudar, la operación represiva destinada a “aleccionar” a los “cortadores de ruta” contaba con la anuencia de los dueños del poder, algo seguramente hablado en discretas reuniones del Alvear entre banqueros, terratenientes y poderosos industriales. Recomponer un ciclo de negocios requería disciplina social y que el mal ejemplo piquetero no se extendiera a las fábricas y lugares de trabajo, que ya demasiado tenían con la ola de ocupaciones de fábrica que derivaron en las gestiones obreras. Aquellas gestas en las que tanto se destacó apoyando el Polo Obrero: Brukman, Zanón, Lavalán, Grissinopolis, o los obreros del subte que impusieron las seis horas en una de las grandes luchas de la etapa. El ala devaluacionista que tenía nada menos que a jugadores como Techint en sus filas había impuesto una devaluación de 3 a 1, ahora había que garantizar los negocios y la regimentación de las grandes víctimas de toda megadevaluación, los trabajadores.
La operación represiva fracasó. El gobierno de Duhalde tuvo que apurar su salida, cuando la lucha del movimiento piquetero desde la tarde misma de la Masacre desbarató la mentira más famosa de Clarín: “la crisis se cobró dos nuevas víctimas”, como tituló su tapa. La reacción extraordinaria del Bloque Piquetero armando la conferencia de prensa y la movilización del día siguiente fueron decisivas en una batalla que llevaría días, semanas, hasta el acampe en Plaza de Mayo del 7 de agosto.
En estos días se ha denunciado con justa indignación el pedido de libertad a Fanchiotti y Acosta, los asesinos materiales de Darío y Maxi. Denunciamos el hecho de que Aníbal Fernández, uno de los autores intelectuales de la Masacre, uno de los máximos responsables políticos, alguien que también formó parte del operativo de impunidad en el crimen de Mariano Ferreyra, no solo esté impune sino que sea ministro de Seguridad. Hay en ello un mensaje profundo. El de una clase social que rescata a quién rescata y prepara al Estado con tipos como él y como Berni. Sin duda una fuerte lección para quienes creyeron ver en el kirchnerismo una corriente liberadora y antirrepresiva después que Néstor descolgara el cuadro de Videla. A no engañarse, nos dicen, aquí estamos para defender la recomposición del Estado como Duhalde y después Néstor Kirchner la defendieron tras el Argentinazo y el Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002.
A 20 años, centenares de miles de piqueteros se organizan de manera independiente a los gobiernos, mostrando la vigencia de un movimiento histórico de los más explotados dentro de los explotados. Pero también son 20 años que nos muestran que bajo todos los que nos gobernaron en estas dos décadas perdemos los trabajadores. Por eso la vigencia de las banderas de la gran Marcha Federal “por el trabajo y el salario, contra el hambre y la pobreza”. Por eso hoy tenemos que luchar por la libertad y la absolución de todos los condenados y procesados por luchar. Porque la derrota de fondo de los asesinos de Kosteki y Santillán será la derrota de una clase social y sus gobiernos, será la victoria del gobierno de los trabajadores para lo cual tenemos que organizarnos como alternativa política y de poder.
