Boleto gratuito para Trabajadoras de Casas Particulares .

Artículo 1.-ESTABLECESÉ el Boleto Gratuito para Trabajadoras de Casas Particulares en la órbita de la Ciudad de Córdoba. 

Articulo 2.- EL OBJETO de la presente ordenanza es el reconocimiento como trabajadoras esenciales a las Trabajadoras de Casas Particulares, comprendiendo a todas aquellas personas que desempeñan tareas laborales de limpieza y/o cuidados en casas particulares. Con ello, se las hace beneficiarias del Boleto Gratuito para el acceso al servicio de Transporte Urbano de Pasajero en la Ciudad de Córdoba (TUP), según lo establecido en el artículo 1. 

Artículo 3.- ALCANCE. Este beneficio alcanzará todas las categorías contempladas en el régimen especial de trabajadoras de casas particulares, independientemente de la relación laboral que revistan, incluyendo a trabajadoras registradas y no registradas. Asimismo tendrá vigencia las 24hs, sin cupo o restricción alguna.

Artículo 4.- ACCESO. El acceso al programa será irrestricto para todas las trabajadoras que lo requieran. La inscripción será mediante el Ciudadano Digital con el único requisito de la presentación de una declaración jurada. 

Artículo 5.- ORDENESE a la Municipalidad de Córdoba a establecer las adecuaciones presupuestarias necesarias para disponer los recursos económicos que garanticen el efectivo cumplimiento del programa creado por art. 1. 

Artículo 6.- ORDENESE a través de convenios con la provincia hace extensivo el Boleto Gratuito para Trabajadoras de Casas Particulares al conjunto de la provincia, abarcando el Transporte Interurbano de pasajeros. 

Artículo 7.- La presente ordenanza entrará en vigencia en un plazo máximo de 20 días corrido desde su aprobación. 

Artículo 8.- de forma.

FUNDAMENTOS

Nuestro país se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayor proporción de mujeres empleadas en el rubro “doméstico”. Se trata del mayor colectivo de trabajadoras en Argentina, abarcando a medio millón de mujeres. Según lo relevado por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y la Encuesta Nacional de Trabajadores en 2018, previo a la pandemia las trabajadoras del sector representaban el 17% del total de personas ocupadas y registradas, y el 22% del mercado laboral femenino. Se estima que un 78,8% de las trabajadoras que desempeñan tareas de limpieza y/o cuidado en casas particulares trabajan en la informalidad.

Durante la pandemia este colectivo de trabajadoras sufrió todo tipo de atropellos laborales. Esta trabajadoras que fueron consideradas esenciales para que continuaran trabajando presencialmente a pesar de la ASPO, no son reconocidas como tales en materia de derechos laborales y sociales.

La informalidad que prima en el rubro habilitó miles de despidos a las trabajadoras, desconociendo los DNU presidenciales que prohibían despidos y suspensiones. Según datos de UTDA y Ecofeminita en 2020 se perdieron el 60% de los puestos de trabajos en el sector. Asimismo, la pandemia impuso un régimen laboral aún más precario. Se impulsó el cambio compulsivo de categoría para que las trabajadoras quedaran extensas de las restricciones de movilidad, y continuaran con sus labores presenciales a pesar del ASPO. Esto en ningún caso se vio reflejado en incrementos salariales, por el contrario los empleadores descontaban el IFE de los salarios de sus trabajadoras. A pesar de las recurrentes presentaciones realizadas por el colectivo de trabajadoras de Casas Particulares ante el Ministerio de Salud, no se establecieron protocolos claros para preservar la salud de las trabajadoras y sus familias en plena pandemia; incluso fueron forzadas a costear de sus magros salarios los gastos en equipo de protección personal e insumos de sanitización para desempeñas sus tareas laborales. 

El extenso paro de colectivos del 2020, que llevó más de 5 meses, fue un factor agravante para la precaria economía de las trabajadoras del sector. Durante meses las trabajadoras pagaron de sus bolsillos movilidad particular para ir y volver a sus lugares de trabajo, en muchos casos se vieron obligadas a renunciar porque los costos de transporte eran superior al salario percibido.

Esta realidad de brutal discriminación laboral y económica contra una mayoría de mujeres se completa con el decreto presidencial que establece un techo salarial para el sector que se actualiza al ritmo del salario mínimo. El pasado 16 de junio la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó el último aumento salarial para el sector del 42% en cuatro no acumulativas, a saber, 13% en junio, 12% en septiembre, 5% en diciembre de este año y finalmente 12% en marzo de 2022. Así las cosas, una trabajadora de categoría 5 en junio cobró $25.725,01, por debajo de la línea de indigencia que supera los 28mil.

Con el último aumento de transporte, el boleto quedó fijado en $49,88, con un incremento acumulado del 27% en lo que va del año, muy lejano al 13% recibido por las Trabajadoras de Casas Particulares. Con estos valores una trabajadora que use solo dos colectivos por día para ir y volver a sus lugares de trabajo estaría gastando alrededor de 2mil pesos mensuales, lo que representa alrededor del 10% de los ingresos promedios de las trabajadoras. Este porcentaje se incrementa sustancialmente si consideramos que la inmensa mayoría de las trabajadoras toman entre cuatro y seis colectivos diarios. Se trata de una confiscación en toda la línea de los ingresos de las trabajadoras del sector.

La violencia económica que se descarga sobre este masivo colectivo de mujeres, invisibiliza el carácter esencial de las tareas por ellas desempeñadas para garantizar el funcionamiento de la vida social, reproductiva y económica. Hablamos de trabajadoras que al finalizar su jornada laboral, continúan con el trabajo de cuidados no remuneradas en sus casas atendiendo a sus hijos/as y/o adultos/as mayores, realizando tareas de limpieza, cocina y preservación del hogar, entre otras. En pleno siglo XXI se descarga sobre ellas un régimen laboral de semiexclavitud con salarios de indigencia.

La política de ajuste gubernamental no ha hecho más que agravar esta situación, alejando cada vez más de las mujeres los recursos para la socialización de las tareas de cuidados de menores y mayores: menos escolarización, sin recursos para la educación a distancia, sin jardines materno-paternales, sin ámbitos de socialización deportiva y cultural, sin vivienda digna y así podríamos seguir.

El presente proyecto tiene el propósito de establecer una reparación económica ante la precariedad laboral a la que son sometidas centenares de mujeres en nuestra ciudad, a la vez que implica el reconocimiento como trabajadoras esenciales sentando las bases para avanzar en derechos laborales negados hasta el momento. 

Por todo lo expuesto, y a los efectos de respaldar el proceso de organización del colectivo nacional de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, que reclaman la registración de todas las trabajadoras informales, la reincorporación de todas las despedidas, un incremento salarial del 100%, una moratoria jubilatoria a cargo del estado y un seguro a la desocupada de $30mil, es que solicito a mis pares den tratamiento y aprobación a la presente ordenanza.