Adhesión al proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS

Artículo 1°: ADHIÉRESE al proyecto de ley  de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS presentado en el Congreso de la Nación Argentina, para ser tratado en las sesiones del año 2022, bajo el número de trámite 0304-D-2022.

Artículo 2°: INDIQUESÉ a los Diputados y Senadores por la provincia de Córdoba, impulsen el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley indicado en el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3°: de forma

FUNDAMENTOS

El proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS fue elaborado de manera conjunta entre redes, organizaciones y autoconvocades que viven con VIH o Hepatitis nucleados en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Fue presentado por primera vez, después de dos años de construcción, en 2016. Su valor radica en la participación, escucha, y trabajo colaborativo con les principales afectades e involucrades en la temática,  que pocas veces se observa en el Congreso de la Nación. 

Para la anterior presentación de septiembre de 2020, el proyecto fue construido con aportes de activistas de distintas ciudades y provincias de todo el país y presentado por diputadas y diputados de diferentes bloques y partidos. Pese a contar con despacho favorable de las comisiones de salud y presupuesto y pese a haber sido incluido en el temario de sesiones extraordinarias, finalmente no fue tratado. Por este motivo, este año se realizó la cuarta presentación del proyecto buscando que sea tratado y convertido en ley.

Argentina fue uno de los primeros países de la región en contar con una Ley Nacional de sida, la Nº 23.798 del año 1990, la cual tiene como objetivo el control de la epidemia e incluye taxativamente la responsabilidad del Estado en garantizar la atención y asegurar la confidencialidad para las personas que viven con VIH. Estas mismas obligaciones son trasladadas posteriormente a la seguridad social Ley 24.445 del año 95 y a las empresas de medicina prepagas ley 24.754 del mismo año. En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación crea también en el año 1995 el Programa Nacional de lucha contra el Sida y retrovirus del humano, transformado actualmente en la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, las Hepatitis Virales, otras ITS y la Tuberculosis, la cual define y coordina las políticas de prevención y atención del VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual en el ámbito nacional.

El proyecto plantea una perspectiva de atención integral de las personas que conviven con VIH, garantizando no solo el acceso a los estudios para diagnóstico y para seguimiento (CD4; carga viral y test de resistencia) así como la medicación antirretroviral, sino que también se constituye en una garantía para quienes se ven afectades por Hepatitis Virales, Tuberculosis, y otras infecciones de transmisión sexual, siendo ellas invisibilizadas, condenando así a quienes lo transitan, sin considerar la necesidad humana de cuidados y protección en los momentos de mayor vulnerabilidad, compromiso que surge de los tratados de derechos humanos que nuestro país reconoce con rango superior a las leyes o como parte de nuestra Constitución Nacional.

Bajo esta visión integral de la atención sanitaria se contempla también el acceso al derecho a la salud mental y la construcción de políticas públicas que atiendan a distintas situaciones de vulnerabilidad que atraviesan estas poblaciones debido al estigma y la discriminación que siguen viviendo. Ejemplo claro de ello es la falta de acceso a un trabajo mediante la realización de test de VIH en los exámenes preocupacionales pese a que esta práctica se encuentra prohibida por la resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo de Nación. El proyecto de nueva ley de VIH, Hepatitis, TBC e ITS busca así prohibir estas prácticas así como todo tipo de discriminación en el ámbito laboral junto con garantizar el acceso a Pensiones No Contributivas para quienes, producto del estigma, no tengan garantizado el derecho a acceder a un trabajo formal. 

En este sentido, el proyecto cuenta con una perspectiva de derechos humanos y de género atendiendo a las realidades de mujeres y personas gestantes con VIH o Hepatitis atendiendo a realidades de violencia de género, violencia obstétrica y ginecológica fomentando la formación y sensibilización con esta perspectiva. A su vez, también se contempla los derechos de les niñes que nacen de este grupo de mujeres y personas gestantes.  Así se contempla la extensión de la cobertura en materia de lactancia pudiendo acceder a leche de fórmula hasta los 18 meses. No existe la posibilidad de un crecimiento saludable en las infancias, si sus principales cuidadoras no pueden garantir la lactancia en una etapa del crecimiento en la que es fundamental.

Es prioritaria también la optimización de las estrategias para mejorar el acceso de las personas tanto a los estudios de diagnóstico como a los tratamientos, y a las herramientas de prevención sin descuidar las estrategias de integración social y su derecho al desarrollo, que hacen a una mejor calidad de vida.

A más de tres décadas de los primeros reportes de casos de sida diagnosticados en la Argentina, la última estimación realizada conjuntamente por el Ministerio de Salud y ONUSida indica que en el país viven 140000 personas con VIH. Se calcula que anualmente se producen alrededor de 5600 nuevas infecciones, y 1.400 muertes a causa del sida. Además se calcula que el 17% de las personas que conviven con VIH no conocen su diagnóstico, dándose la situación de que el 29% de las personas toman conocimiento de su diagnóstico en un estadío avanzado. Si bien a nivel nacional la epidemia está amesetada desde hace dos décadas, al mirar más allá del área central del país se advierte un aumento de las tasas de diagnóstico y muchas asimetrías en el comportamiento de los indicadores epidemiológicos.  Se observa un mantenimiento de la proporción de diagnósticos tardíos en un 29,9%; un descenso de la tasa de mortalidad en 2,81 por cada 100.000 habitantes. En tanto que la tasa de transmisión vertical de los últimos 2 años presenta el inconveniente de que el 42,2% de los nacidos no fue testeado.

Estos datos estadísticos demuestran 2 situaciones al mismo tiempo: por un lado el avance que se ha realizado ante la epidemia pero también deja a la vista el accionar limitado del Estado en estos últimos años. En este sentido es que planteamos que son necesarios más recursos principalmente en los sectores educativos y de la salud pública, entre tantos otros.

La respuesta del gobierno nacional es una Dirección Nacional de Respuesta al VIH acéfala desde marzo del 2021 (cuando renunció Cecilia Santamaría) hasta el mes pasado, en el marco de denuncias por demoras en la compra y entrega de medicamentos, llevando a que peligre la salud y la vida de quienes están en tratamiento, los cuales representan un 67% de les seropositives, que se atienden en el sistema de salud público.

Todo ello se da en el marco de falta de políticas públicas para terminar con el estigma y la discriminación, al centrarse las acciones a una mirada biomédica de testeos-tratamientos no garantidos, excluyendo de plano todo lo que hace a una persona, como la educación, el trabajo, y la salud mental, algo que cuestiona y desarrolla el proyecto presentado en el congreso. Ejemplo de ello es el artículo que plantea la creación de una Comisión Nacional de Respuesta al VIH, las Hepatitis Virales, la TBC e ITS conformada por organizaciones de la sociedad civil y científica para el diseño y monitoreo de las políticas públicas atendiendo a las distintas realidades, así como generando campañas de información y sensibilización en la temática en distintos sectores sociales como es en todos los niveles educativos acompañando la ley 26.150 de Educación Sexual Integral; para los distintos poderes del Estado tomando de ejemplo la ley 27499 (ley Micaela); para les trabajadores de los medios de comunicación; para les trabajadores de la salud; entre otres.

En el problema en materia educativa podemos ver, la no-aplicación total y efectiva de la ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles, con un presupuesto acorde a la problemática. Un sistema educativo que no garantiza que todes les estudiantes accedan a los métodos preventivos, ni a formación para evitar la discriminación que siguen viviendo les seropositives. Sabemos que esta parte de la problemática no se resuelve con discursos por arriba, y sobrecargo de tareas para les  trabajadores de la educación en las aulas. La perspectiva biologicista e higienista que impera en la actualidad como ESI, se centra meramente en tratar a los cuerpos despojados de vida, sin tomar en cuenta la necesidad de conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, estigmatizando a la comunidad sexodisidente, de persones en situación de prostitución, usuaries de sustancias entre otres como los únicos colectivos que transmiten el virus, cuando en los hechos es claro que la transmisión puede ocurrir en cualquier persona independientemente de su orientación sexual, su identidad de género , o condición de vida . Esta visión es la que se intenta erradicar con el proyecto de ley presentado.

Por eso es que exigimos un mayor presupuesto, a costa de la quita de los grandes subsidios a la educación privada y la iglesia católica. Esto último no es un planteo abstracto, sino que tiene sus bases en el uso de dicha institución religiosa de los fondos estatales recibidos para imponer sus fundamentos morales en contra de las personas seropositivas, como lo ha demostrado desde los inicios de la pelea contra el virus. Hoy en día es esa misma Iglesia que hablaba de “peste rosa” o de “castigo de Dios a la homosexualidad”, la que se opone a través de todos sus voceros en el nombre de una supuesta defensa de la moral, al uso de preservativos; la planificación familiar; el derecho a decidir de las mujeres y persones gestantes sobre sus cuerpos con el acceso al aborto; la libre construcción de la identidad de género y sexual, como lo dejó en claro el Papa Francisco hace unos años llamando a una “cruzada contra el matrimonio igualitario” o refiriéndose a las personas trans como “bombas nucleares”.

La desidia de los diferentes gobiernos al poner en riesgo la vida de la población seropositiva no hace diferencia de signos políticos (kirchnerismo o macrismo vienen aplicando el mismo ajuste que directa o indirectamente perjudica a la respuesta al VIH y las Hepatitis). Al hablar del ámbito de la salud, no podemos dejar de nombrar la última campaña llevada a cabo por el gobierno provincial de Juan Schiaretti, cargada de estigmatización hacia el colectivo LGBTIQ+ centrandose en una perspectiva falaz de “poblaciones claves”, que fue borrada inmediatamente la comunidad alertó sobre el contenido discriminatorio.

Además de ello, los edificios de los hospitales se caen a pedazos y no tienen siquiera elementos básicos para atender a la población en general por el ajuste económico, el cual se recrudecerá, a partir del acuerdo del pago de la deuda externa con el FMI.  Todo ello enmarcado en la situación de pandemia actual, donde durante meses se vio coartada la posibilidad de atención médica, por el colapso del sistema de salud debido al Covid-19, que decantó en una incertidumbre acerca del acceso a la salud, y una lucha para quienes requerían de servicios de internación y tratamiento ambulante.

La salud debe ser contemplada de manera integral, ante ello se justifica que se adapte el sistema de salud, pero también la seguridad social. Les persones que conviven con el virus de VIH, y quienes padecen alguna de las infecciones o enfermedades en las que hace foco este proyecto de ley, suelen presentar envejecimiento prematuro producto de los tratamientos, ante ello es necesario que se adapte el sistema de jubilaciones y pensiones. Sobre todo si tenemos en cuenta que en Argentina más de la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El Estado debe responsabilizarse para garantizar los derechos que les asisten como seres humanes.

Es por esto y otras razones que así lo requieran es que solicito el acompañamiento en el siguiente proyecto de resolución.