[Iglesia-Estado][CABA] “El Estado financia una institución reaccionaria y discriminadora de la diversidad sexual y la mujer”

El bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizó un acto frente a la Catedral para presentar su proyecto de separación de la Iglesia del Estado, poniendo fin a los beneficios económicos millonarios que recibe el Episcopado por distintas vías y anulando la sesión de predios cedidos en el 2015.


El proyecto fue presentado por el diputado Gabriel Solano junto con un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones de a cuánto asciende el financiamiento que la Ciudad otorga a la Iglesia.


En el acto Gabriel Solano señaló que “los beneficios económicos que el Estado de la Ciudad le otorga a la Iglesia se cuentan por centenares de millones de pesos anuales. El Episcopado es el principal propietario de bienes raíces de la Ciudad. Tiene 360 propiedades, sobre la que no paga el impuesto inmobiliario. Para ver la magnitud del dinero en juego, solamente por la sede de la Universidad Católica de Puerto Madero se debiera pagar $ 702.000 mensuales, pero al estar ´exenta´ ese dinero quedan en el arca de la Iglesia. Se trata de un beneficio para una empresa privada, que cobra aranceles superiores a los 17.000 mensuales para sus carreras. Una estimación de lo que la Ciudad deja de recaudar de ABL por las 360 propiedades exentas ronda los 220 millones de pesos al año”.


“La Ciudad tampoco le cobra Ingresos Brutos a las actividades comerciales de la Iglesia, así como el Estado nacional no le cobra ni Ganancias ni IVA. La Iglesia tiene playas de estacionamiento, como la que está ubicada en Córdoba y Rodríguez Peña, exenta de todos los impuestos. También tiene sedes, como la Catedral, que por una disposición de la dictadura aún vigente se le paga el servicio de electricidad. Por todos estos impuestos que no paga a nivel nacional, los montos en juego superan con holgura los 1.000 millones de pesos”.


“Estos recursos –concluyó Solano- son usados por la Iglesia para sus campañas oscurantistas contra los derechos democráticos más elementales, sea el aborto legal o la implementación de la ley de educación sexual integral. Una organización que tiene en su cúspide a un Papa que pide que los niños homosexuales sean tratados por psiquiatras debe ser separada de toda función educativa y cultural. La religión debe reservarse al ámbito privado y ser solventada por sus feligreses”.


Marcelo Ramal, ex legislador del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, se refirió también al proyecto. Señaló que “en el 2015 todos los bloques de la Legislatura con excepción del FIT votaron la entrega de 17 predios de la Ciudad valuados en más de 5 millones de dólares a la Iglesia. Fue un tributo de todos los partidos al Clero, un impuesto de hecho que el Estado le impuso a la población a favor de una organización oscurantista. Del mismo modo que en su momento rechazamos esa entrega ahora planteamos en el proyecto su anulación y que esos predios vuelvan a ser propiedad de la Ciudad”.


Ramal concluyó señalando que la “el sostenimiento económico a la Iglesia compromete al Estado a utilizar su capacidad de coerción y represión para imponer la política oscurantista al conjunto de la sociedad. Una asamblea constituyente soberana debiera proceder a la separación de la Iglesia del Estado, nacionalizando integralmente sus propiedades y poniendo fin a sus beneficios económicos. Inscribimos esta tarea en el cuadro general de lucha de los trabajadores contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI”.


Vanina Biasi, dirigente del Plenario de la Mujer Trabajadora y del Partido Obrero, destacó que “las denuncias contenidas en el proyecto del Frente de Izquierda muestran el entrelazamiento entre la Iglesia con el Estado, que explican a su turno el rechazo al aborto legal que fue reclamado en las calles por 2 millones de personas en oportunidad del tratamiento en el Senado. Este rechazo involucró a senadores de todos los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, mostrando la dependencia de los partidos capitalistas al clero.  En momentos de ajuste, ninguno de estos partidos quiere prescindir de la contención social que el Clero realiza en la población más explotada, para evitar una reacción ante el empobrecimiento generalizado”.


“Para continuar la lucha por el aborto legal hemos planteado a todas las organizaciones y sectores movilizados la necesidad de impulsar una consulta popular vinculante. Queremos que sea el pueblo el que resuelva y no que la decisión quede reservada a un grupo de 38 senadores. Para avanzar en esta lucha y en la organización socialista de la mujer, el Plenario de la Mujer Trabajadora realizará este sábado 1 un Congreso Nacional con la presencia de miles de compañeras de todo el país”. 


 


Gabriel Solano: 1556901514 


Marcelo Ramal: 1556901943


Vanina Biasi: 1554859472

.