En la conferencia de prensa realizada este mediodía tras el allanamiento sufrido por el Partido Obrero en su local central de la calle Bme. Mitre 2162 estuvieron presentes dirigentes políticos, de organizaciones de derechos humanos, piqueteras, sindicales, también llegaron adhesiones del interior del país e internacionales. Gabriel Solano denunció que se trata de un atropello a las libertades políticas y democráticas en Argentina y anunció que presentarán la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que en Argentina no están garantizadas las libertades políticas y democráticas por ninguno de los tres poderes del Estado. También informó que presentarán una denuncia judicial contra Petovello por fraude e incumplimiento de deberes de funcionaria pública entre otros delitos por su negativa de distribuir la comida en los comedores populares y por la contratación de ñoquis a un costo para el Estado de 120 millones de pesos.
En la conferencia, Gabriel Solano señaló: “El allanamiento al local central del Partido Obrero es un hecho inédito y de una gravedad inusitada. A las medidas represivas que el gobierno viene aplicando contra las luchas populares ahora se le suma la persecución política contra partidos opositores. La medida fue claramente ilegal porque se hizo sin la orden correspondiente para allanar a nuestro partido. Como era previsible no encontraron ninguna información, pero a pesar de ello filmaron todas las instalaciones y realizaron un croquis de las instalaciones, lo cual constituye un trabajo de espionaje”.
Para tomar dimensión de la gravedad de lo sucedido, Solano recordó que el PO es un partido que se presenta a elecciones desde 40 años, tiene sus personerías electorales en todas las provincias, representación parlamentaria y ha presentado sus balances económicos a la Justicia, siendo siempre aprobados.
Solano explicó que: “la decisión de presentar una denuncia internacional contra el Estado argentino ante la CIDH se debe a que ninguno de los poderes del estado garantizan la vigencia de las libertades democráticas. Lo prueba la vigencia del DNU 70/23 y del Protocolo represivo de Bullrich, que en ambos casos atropellan la Constitución Nacional de manera evidente. En ese sentido forma parte de la miserable campaña de persecución, represión y estigmatización de las organizaciones populares y piqueteras, que se lleva adelante para poder avanzar en el plan de ajuste.”
Para concluir, Solano anunció que “junto a la presentación ante la CIDH presentará una denuncia en sede judicial contra Sandra Petovello por fraude contra la administración pública, incumplimiento de deberes, cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo, soborno transaccional, malversación de los caudales públicos. La diputada Romina Del Plá, junto con el resto de los diputados del Frente de Izquierda, presentó un pedido de interpelación a la Ministra en el Congreso. Se roban el alimento, se roban la plata mientras el pueblo se muere de hambre. El crecimiento de la pobreza y la indigencia en estos meses es responsabilidad completa de este gobierno.”
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